En el primer trimestre de 2008 el gobierno cubano firmará el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La noticia ofrecida por el canciller de Cuba, además de sorpresa, ha generado entusiasmo y escepticismo dentro y fuera del país, tanto por lo que se anuncia como por la explicación y los condicionamientos que acompañan la noticia

Ambos pactos –instrumentos básicos de la libertad, la justicia y la paz – fueron aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1966 y una década después entraron en vigor. Ahora, con más de treinta años de retraso, el gobierno cubano ha decidido incorporarse a una exigencia y/o sugerencia promovida desde dentro y desde fuera de Cuba, tanto por personas como por organizaciones, instituciones, gobiernos e incluso amigos de las autoridades de la Isla. De igual forma dicha recomendación ha aparecido de manera reiterada en diferentes foros internacionales, a veces en conversaciones extraoficiales, o plasmada en documentos.

El argumento central del gobierno de Cuba para desatender ese reclamo ha sido siempre la existencia de presiones del gobierno de los Estados Unidos. Ahora se fundamenta la decisión de firmar los acuerdos en la “rotunda victoria” obtenida en el actual Consejo de Derechos Humanos, al anularse la existencia de un relator para vigilar  la conducta del gobierno cubano. Cuba “no ha actuado ni actuará jamás bajo presiones” declaró el canciller Felipe Pérez Roque al dar a conocer la noticia, aclarando que “de enrarecerse el ambiente, nuestro país se verá obligado a volver a plantar batalla”.

Toda vez que la promoción, instrumentación y protección de los derechos humanos tienen como eje central el reconocimiento de la “dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables”, nada, mucho menos la presión de un gobierno extranjero, puede ser motivo en ningún lugar del mundo contemporáneo,  para la negación o violación de estos instrumentos básicos del desarrollo social.

Da la impresión de que la política interna de Cuba se somete más a la intención de parecer desobediente frente a los Estados Unidos que a las necesidades de nuestra realidad, o para expresarlo con las palabras de un humorista “viviríamos en el capitalismo salvaje si a Kennedy se le hubiera ocurrido imponernos la construcción del socialismo”.

Si la decisión de firmar los pactos mencionados hubiera emergido de reconocer la necesidad de cambiar la política  respecto a los derechos y libertades de los cubanos, entonces si habría sido una verdadera y gran noticia. Si pasamos por alto las formalidades del anuncio, lo que trasciende son las nuevas obligaciones que contrae el gobierno, con independencia de que se haya declarado que los derechos expuestos en ambos pactos son instrumentos internacionales que se encuentran “ampliamente protegidos por el ordenamiento jurídico cubano”, pues lo que se firman son pactos de carácter vinculante y por ello, más allá de lo declarado por el canciller, el gobierno cubano está contrayendo un compromiso de obligatorio cumplimiento con sus ciudadanos y a la vez con la comunidad internacional.

Habrá que ver entonces como se entenderá el derecho a la huelga y a la libre sindicalización; el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que recibirán sus hijos, los derechos a entrar y salir libremente del país y a radicarse donde uno quiera y sobre todo los derechos a ejercer la libertad de expresión y de asociación.

Podremos suponer que  dentro de poco nadie será molestado por sus opiniones políticas y eso sí será una grata sorpresa.

De cumplirse cabalmente el contenido de los pactos, Cuba entraría en una nueva etapa, no sólo diferenciada del último medio siglo, sino de nuestra centenaria historia, frecuentemente caracterizada por la exclusión de diversos grupos, sectores o tendencias.

A los historiadores les tocará determinar si la razón por la que el gobierno cubano firma estos pactos es que ya nadie lo presiona para hacerlo, o porque hay una nueva concepción sobre la convivencia civilizada, o por otras razones. En lo que tenemos que centrarnos ahora es en que se cumplan los deberes contraídos, asumiendo que nadie nos va a tocar a la puerta para decirnos que ya podemos disfrutar de los nuevos derechos que se otorgan, pues no habrá convocatorias a formar partidos o sindicatos ni invitaciones a regresar al país o a movernos libremente dentro de él, no obstante se supone que dentro de poco podremos hacerlo sin temor a represalias.

Consejo de Redacción