La coincidencia entre agotamiento de un modelo obsoleto, el estancamiento de la nación, el descontento ciudadano y la sucesión del poder, sitúan a Cuba ante la única opción positiva: cambiar. Esa parece la intención del gobierno.

El planteamiento de que Cuba cambió en 1959, es cierto sólo en el sentido de que la Revolución fue un momento de nuestra historia; tomarlo como argumento para no cambiar constituye un disparate. La historia, resultado de la actividad humana a través de la sucesión de generaciones, es inagotable; y el cambio, su característica principal. Hablar de que ya se cambió y por tanto echar anclas en el pasado, es lo mismo que decir que la historia terminó; a menos que los que lo afirmen piensen que con ellos termina la historia.

La justicia y la paz social, en cuyos cimientos está la dignidad humana, constituyen los objetivos por los que los cubanos han luchado durante siglos. La independencia y la soberanía de la nación son como una estación intermedia, para desde ahí arribar a las libertades individuales y a la soberanía popular. El tramo por recorrer necesita de la institucionalización, enseñanza, promoción y respeto de los derechos y libertades fundamentales, reconocidos por la comunidad internacional. Quizás ese era uno de los sentidos de las palabras de Juan Pablo II cuando pidió que el mundo se abriera a Cuba y que Cuba se abriera al mundo.

El proceso de traspaso de poder que se inició con la “Proclama del Comandante en Jefe al pueblo de Cuba” el 31 de Julio de 2006, acaba de concluir con la elección de un nuevo Consejo de Estado. A juzgar por los discursos, entrevistas y declaraciones, su nuevo Presidente ha manifestado tener conciencia de las múltiples deficiencias del sistema, de las carencias materiales y espirituales de los cubanos, y de la necesidad de cambios encaminados a su solución. Necesidades inmediatas e insoslayables, a través de las cuales los cubanos podrían transitar desde la participación como “masa” ejecutora a la participación como sujetos activos en las decisiones.

Una peculiaridad del caso cubano es que generalmente los procesos de cambios son encabezados por las fuerzas que arriban al poder. En nuestro caso el rol protagónico lo asume un nuevo Consejo de Estado que emerge de las mismas fuerzas que han gobernado al país en los 49 años precedentes. Una característica que determinará, al menos durante un período de tiempo, el punto de inicio, el ritmo, la profundidad y la velocidad de los cambios.

En ese sentido considero positivo el conjunto de proyecciones en el campo de la economía y en el sistema de organismos de la administración central del Estado, anunciadas por el Presidente del Consejo de Estado el pasado 24 de febrero en la clausura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. De ejecutarse sería el primer programa de cambios reales en las últimas décadas.

Priorizar la satisfacción de las necesidades básicas de la población partiendo del fortalecimiento sostenido de la economía nacional; democratizar al Partido y a la sociedad; no temer a las discrepancias y al intercambio de opiniones divergentes con propósitos sanos y responsabilidad; la consulta a los ciudadanos; medidas dirigidas a incrementar las producciones agropecuarias y perfeccionar su comercialización; la progresiva reevaluación del peso cubano; enfrentar el problema de la doble moneda en la economía; la protección e incremento paulatino de los ingresos y ahorros de la población; lograr que el salario recupere su papel; comenzar a eliminar prohibiciones y darle mayor importancia a la iniciativa local, entre otras medidas, trazan una considerable diferencia con anteriores discursos y un primer intento de llenar de contenido la frase expresada el 26 de julio pasado acerca de cambiar todo lo que deba ser cambiado.

Si a lo anterior se une la firma del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –instrumentos de obligatorio cumplimiento, cuya violación sería una flagrante contradicción con las responsabilidades contraídas por Cuba ante el Movimiento de los No Alineados y las Naciones Unidas- sería, además de peligroso, muy poco probable un intento de marcha atrás. Solo resta que el tiempo, el más inflexible de todos los jueces, dicte su sentencia.