Tomado de: http://www.diariodecuba.com/cuba/1428023329_13742.html
Si por sociedad civil se entiende un conjunto de asociaciones autónomas, espacios públicos, derechos y libertades mediante las cuales los ciudadanos intercambian opiniones, toman decisiones y participan en los asuntos políticos, económicos y sociales de su interés, sin más autorización que las que emanan de las leyes, entonces tenemos que convenir que esa institución existió en Cuba desde la época colonial, se desarrolló durante la República, desapareció después de 1959 y está en proceso de resurgimiento.

La existencia. Desde la primera mitad del siglo XIX figuras ilustres como el padre Félix Varela, quien llamó a la Cátedra de Constitución del Seminario San Carlos cátedra de la libertad, de los derechos del hombre y se empeñó en la formación de virtudes; José Antonio Saco, que desde la Revista Bimestre Cubana generó un debate forjador de conciencia cívica; Domingo Delmonte, quien al clausurarse ese medio y otros espacios encontró en las tertulias la forma de continuar los debates sin permiso de las autoridades; y José de la Luz y Caballero, quien se consagró a la educación cívica como premisa de los cambios sociales, forjaron con su labor el terreno para la participación ciudadana. Sobre ese suelo, en 1878, cuando España en cumplimiento de los acuerdos del Pacto del Zanjón concedió a Cuba las libertades de prensa, reunión y asociación, brotó la sociedad civil cubana: partidos políticos, periódicos, sindicatos, asociaciones de negros, fraternales y de diversa índole.

El desarrolló. Con el nacimiento de la República en 1902, la sociedad civil, extendida por todo el país, participó en las luchas sindicales, campesinas, estudiantiles y en los debates de la intelectualidad sobre los problemas que aquejaban a la nación a través de la prensa escrita, la radio y la televisión. Su importancia fue destacada por Fidel Castro en el juicio por el asalto al Cuartel Moncada en 1953 cuando al referirse a las limitaciones que la sociedad civil sufrió con el Golpe de Estado de 1952 dijo: Había una vez una república. Tenía su Constitución, sus leyes, sus libertades; Presidente, Congreso, Tribunales; todo el mundo podía reunirse, asociarse, hablar y escribir con entera libertad. El gobierno no satisfacía al pueblo, pero el pueblo podía cambiarlo y ya sólo faltaban unos días para hacerlo. Existía una opinión pública respetada y acatada y todos los problemas de interés colectivo eran discutidos libremente. Había partidos políticos, horas doctrinales de radio, programas polémicos de televisión, actos públicos y en el pueblo palpitaba el entusiasmo.

La Desaparición. La revolución de 1959 convertida en fuente de derecho, en vez de restablecer plenamente la Constitución de 1940, la sustituyó sin consulta popular por la Ley Fundamental del Estado Cubano e inició un proceso fatal para la sociedad cubana:  la concentración de poder, la eliminación de la propiedad privada y el desmontaje de la sociedad civil.

Las organizaciones que lucharon contra el gobierno de Fulgencio Batista se fundieron en las Organizaciones Revolucionarias Integradas, las que en 1963 se convirtieron en el Partido Unido de la Revolución y en octubre de 1965 en el Partido Comunista de Cuba. El diverso movimiento juvenil desapareció para dar paso primero a la Asociación de Jóvenes Rebeldes y luego a la Unión de Jóvenes Comunistas. Las asociaciones femeninas de todo tipo se convirtieron en la Federación de Mujeres Cubanas. Las asociaciones de estudiantes universitarios en la FEU y las de nivel preuniversitario en la Unión de Estudiantes Secundarios: El movimiento obrero fue intervenido, mientras la Autonomía Universitaria, que había sido refrendada en el artículo 53 de la Constitución de 19401 desapareció con la Reforma Universitaria de 1962.

Las asociaciones de empleadores corrieron la misma suerte. La Asociación de Hacendados de Cuba, la Asociación de Colonos de Cuba, la de Cosecheros de Tabaco y la Asociación Nacional Campesina fueron sustituidas por la Asociación Nacional de Colonos, la que luego pasó a denominarse Asociación Nacional de Agricultores Pequeños.

La  prensa escrita, radial y televisiva, la enorme red de cines, la producción editorial y las instituciones culturales quedaron limitadas a la frontera establecida desde el poder con la intervención del jefe de la Revolución en el Congreso de Cultura de 1961, cuando preguntó: ¿Cuáles son los derechos de los escritores y de los artistas revolucionarios o no revolucionarios? Y se respondió así mismo: Dentro de la Revolución: todo; contra la Revolución ningún derecho… Y esto no sería ninguna ley de excepción para los artistas y para los escritores. Este es un principio general para todos los ciudadanos.

Las organizaciones que integraron la sociedad  antes de su desmantelamiento no eran subordinadas al Estado ni a los gobiernos de turno. Eran autónomas, condición ineludible sin la cual no habrían podido desempeñar el papel que tuvieron en la República. La subordinación se concretó con la Constitución de 1976. El artículo 5 estipula que el Partido Comunista es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado. En correspondencia, el artículo 53 reconoce la libertad de palabra y de prensa conforme a los fines de la sociedad socialista y el 62 define que ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado socialista.

El resurgimiento emerge del estancamiento y retroceso en la economía, de la generalización de la corrupción causada por la insuficiencia de los salarios, del éxodo creciente de los cubanos y del envejecimiento poblacional debido a la diáspora y a la negativa de las cubanas a parir en esas condiciones, al extremo de situar al país ante la disyuntiva de cambiar o estallar por medio de la violencia. Ello demuestra que la crisis estructural en que Cuba está inmersa tiene su causa fundamental en la ausencia de las libertades fundamentales, en el desmantelamiento de la sociedad civil autónoma y la ausencia del ciudadano.

Sin embargo, en el proceso de normalización de relaciones con Estados Unidos y en víspera de la participación de Cuba por vez primera en la Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en Panamá, el Gobierno cubano en vez de reconocer el papel que paralelo al Estado le corresponde a la sociedad civil autónoma, insiste en demostrar lo obsoleto, absurdo e indemostrable: que cualquier asociación que no responda a los objetivos del Partido Comunista es una creación externa y sus miembros asalariados del enemigo.

En la III Cumbre de la CELAC, en Costa Rica, el 28 de enero de 2015, el presidente cubano, Raúl Castro, planteó que La contraparte estadounidense no debería proponerse relacionarse con la sociedad cubana como si en Cuba no hubiera un gobierno soberano. Un planteamiento retrógrado dirigido a continuar negando la existencia de sectores de la sociedad civil que no están bajo el control del Gobierno. Y en la Novena Cumbre Extraordinaria del ALBA, celebrada el 17 de marzo, reiteró que: La sociedad civil cubana será la voz de los sin voz y desenmascarará a los mercenarios que presentarán allí como sociedad civil de Cuba y a sus patrones.

En correspondencia con esa conducta el Partido y el Estado han movilizado en estos días a cientos de asociaciones oficialistas en el “Foro de la sociedad civil de la VII Cumbre de las Américas”, y en el foro “La Juventud y las Américas que queremos”, así como entre otros eventos, para defender un pasado indefendible, sin comprender ni aceptar que, incluso en esas asociaciones oficialistas –como se evidenció en los eventos mencionados– se escucharon voces plantear que era necesario propiciar el debate y crear sitios donde puedan confrontarse los criterios de la sociedad civil para derivar en una construcción colectiva de los temas del país.

La normalización de las relaciones con Estados Unidos no será suficiente para sacar al país de la crisis si la misma no se acompaña con el restablecimiento de las libertades fundamentales. De lo que no cabe duda es que esas relaciones coadyuvarán al empoderamiento ciudadano y al restablecimiento de la sociedad civil autónoma y de la condición de ciudadano.

1 El artículo 53 reza: “La Universidad de La Habana es autónoma y estará gobernada de acuerdo con sus Estatutos y con la Ley a que los mismos deban atemperarse”
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Tomado de: http://www.diariodecuba.com/cuba/1427276832_13593.html

La Sociedad de la Información (SI) es efecto de un proceso de convergencia entre los avances tecnológicos, la democratización de la información y las comunicaciones, que irrumpió alrededor de los ochenta del pasado siglo, con tal fuerza que condujo a las Naciones Unidas a convocar una cumbre mundial de la información, celebrada en la ciudad suiza de Ginebra, en el año 2003. En ella se adoptó una Declaración de Principios y un Plan de Acción, cuyos principales beneficiario son las personas, con formación para el uso inteligente y creativo de las modernas tecnologías, sin lo cual será imposible el progreso social y cultural.

Una de las exigencias de las novedosas tecnologías de la información por su carácter transformador, es la necesaria inmediatez en su introducción. Una peculiaridad que distinguió a Cuba desde la época colonial. La máquina de vapor, patentada 1769 fue introducida en la producción azucarera cubana casi inmediatamente. El ferrocarril, inaugurado en 1825, enlazó las localidades de La Habana y Bejucal en 1837. El telégrafo, que envió el primer mensaje a distancia en 1844, inició su primera línea en Cuba nueve años después. El teléfono, que estrenó su primer servicio en 1877, llegó a Cuba en 1881. El alumbrado eléctrico, que en 1879 era disfrutado solo por algunas ciudades importantes del mundo, en 1889 se utilizaba en La Habana, Cárdenas y Puerto Príncipe y en teatros como Payret y Tacón. El cine, patentado en 1895 fue exhibido en La Habana en 1897. La radio estrenada en 1920 fue inaugurada en 1922 en Cuba. La televisión, casi paralela con Estados unidos, inauguró la primera emisora cubana en 1950. Mientras que Internet, comenzó oficialmente en Cuba en 1996, separado por más de diez años de su explotación en otras latitudes.

El pasado mes de febrero, el primer vicepresidente del Consejo de Estado, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en la clausura del primer Taller Nacional de Informatización y Ciberseguridad, planteó algunas cuestiones acerca de la SI que exigen ser comentadas, debatidas y consensuadas.

1- El acceso a  Internet supone al mismo tiempo desafíos y oportunidades y  constituye una acción necesaria para el desarrollo de la sociedad en las condiciones contemporáneas.

Si la Sociedad de la Información se distingue por el uso generalizado y eficiente de las modernas tecnologías en la época de la globalización, cuando la información ha devenido materia prima de toda actividad y de cada persona, nadie podría negar que la misma,  además de necesaria, contenga desafíos y oportunidades que hay que afrontar. Con esta tesis no puede haber discrepancias.

2- La estrategia a su acceso debe convertirse en un arma fundamental de los revolucionarios para lograr la participación social en la construcción del proyecto de sociedad que queremos, desde un diseño integral del país. Y agregó que la estrategia de uso de esta herramienta… tiene que ser liderada por el Partido y debe involucrar a todas las instituciones y a la sociedad para lograr el más pleno uso de sus potencialidades en función del desarrollo nacional.

Si partimos de que es una necesidad de todos, la estrategia de acceso a Internet no puede convertirse en un arma fundamental de los revolucionarios, sino de todos, pues los revolucionarios son solo una parte. Y el proyecto de sociedad que queremos –si ese queremos incluye a todos– tiene que ser consensuado con todos. Entonces esa estrategia inclusiva no debe ni puede ser liderada por un partido, que como lo indica su acepción, representa una parte, mientras el desarrollo compete a todos, no sólo a los revolucionarios y a los miembros de un partido. Este planteamiento se contradice con otra parte del discurso donde Díaz-Canel dijo, que necesitamos  distinguirnos por una informatización con todos y para el bien de todos.

3- Las regulaciones y normas que rigen el acceso a Internet y su uso, deben ser coherentes con la legislación vigente y alinearse con los principios generales de la Constitución y demás leyes y ajustarse a las cambiantes necesidades del desarrollo social.

Es decir, además de liderada por el Partido y ser arma fundamental de los revolucionarios,  su uso debe ser coherente con la legislación vigente y alinearse con los principios generales de la Constitución y demás leyes. Aquí la contradicción es tan flagrante que resulta inadmisible. Un fenómeno tan moderno y cambiante como la Sociedad de la Información no puede subordinarse a una Constitución que reclama con urgencia una profunda reforma, a menos que el propósito sea que la informatización corra la misma suerte del resto de los proyectos estancados en el país. El planteamiento debe ser en dirección opuesta: los cambios que implica la sociedad de la información nos obliga a reformar una constitución que hace rato no responde a las necesidades del desarrollo, sobre todo lo relativo a derechos y libertades ciudadanas, que constituyen una necesidad insoslayable de la Sociedad de la Información, que en la Constitución vigente están subordinadas a una ideología y a un partido.

Lo anterior es demostrativo de que la Sociedad de la Información implica, ineludiblemente, el respeto y defensa plena de los derechos humanos, el  reconocimiento de su universalidad, indivisibilidad e interrelación, y el acceso democrático a la infraestructura y los servicios de las tecnologías informativas.

El discurso de Díaz-Canel fue pronunciado  dos décadas después del inicio oficial de Internet y después que, el presidente Barack Obama, entre las medidas dirigidas a empoderar al pueblo cubano planteara que, Cuba tiene una de las tasas más bajas de acceso a internet en el mundo, que el costo de las telecomunicaciones es exorbitantemente alto y que los servicios que se ofrecen son extremadamente limitados, incrementar el  acceso de Cuba a las comunicaciones y su capacidad para comunicarse de manera libre, autorizara la exportación comercial de artículos dirigidos a mejorar la capacidad de los cubanos para comunicarse, incluyendo la venta de dispositivos de comunicaciones y artículos para establecer y actualizar los sistemas relacionados con las mismas.

La demora en su introducción ha estado acompañada  de restricciones para que la información obtenida del ciberespacio se correspondiera con la ética revolucionaria y no afectase a la seguridad del país. En 1996 se emitió el Decreto 2091, cuyo articulado define que la política será trazada priorizando en la conexión las personas jurídicas y las instituciones de mayor relevancia para la vida y el desarrollo del país; que para garantizar el cumplimiento de los principios expuestos en el presente Decreto, el acceso a los servicios de redes informáticas de alcance global tendrá carácter selectivo; y que el acceso directo desde la República de Cuba a la información en redes informáticas de alcance global tendrá que estar autorizado por la Comisión Interministerial que se crea por el Presente Decreto. Luego, en el año 2003, la Resolución No. 1802 resolvió: Disponer que la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba  emplee todos los medios técnicos necesarios que permitan detectar e impedir el acceso al servicio de navegación por Internet, desde líneas telefónicas que operan en moneda nacional no convertible a partir del 1ro de enero del 2004.

La creación de la Sociedad de la Información es incompatible con la prioridad de los revolucionarios, con la subordinación a las ideologías y con una Constitución que refrenda esas restricciones. La contradicción está planteada. Se asumen las exigencias de la modernidad o se corre el riesgo de continuar ensanchando la brecha informativa del país y de los cubanos respecto al mundo.

El uso pleno de las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la información para fomentar una información libre y autónoma, rica y diversificada, plural y temática, interactiva y personalizada, es una necesidad. Especialmente en la época en que la diferencia entre niveles de desarrollo se mide por la cantidad de conexiones a Internet. Sencillamente, la informatización a la vieja usanza tiene que ser desterrada.

1 Decreto No, 209 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros Sobre el Acceso desde La República de Cuba a Redes Informáticas de Alcance Global de 14 de junio de 1996.
2 Resolución No. 180/2003 de fecha 31 de diciembre de 2003, del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones.

Tomado de: http://www.diariodecuba.com/deportes/1425627113_13248.html

El domingo 1 de marzo de 2014, a los 91 años de edad, el cubano Saturnino Orestes Armas Miñoso, una de las glorias del béisbol de todos los tiempos, radicado en Estados Unidos desde la década del 60, expiró su último aliento sin volver a ver la tierra en que nació.

Su trayectoria

En Cuba, después de darse a conocer en el circuito semiprofesional con el equipo del Central España, Miñoso jugó de 1946 a 1960 con los Tigres de Marianao (única novena cubana con arraigo regional debido a que el ayuntamiento la proclamó representante del municipio). En esas 14 temporadas, Miñoso fue elegido Novato del Año en la primera y Jugador Más Valioso en otras dos. De cinco pies diez pulgadas de estatura, 175 libras de peso y poseedor de un potente brazo, jugando el jardín izquierdo y la tercera almohadilla se destacó como bateador, tocador y robador de bases.

En Estados Unidos jugó con los New York Cubans en 1947, equipo que ganó la Serie Mundial de las Ligas Negras. En 1949 debutó en las Ligas Mayores con los Indios de Cleveland —que habían roto la barrera racial en la Liga Americana—, donde fue elegido Novato del Año. Luego estuvo con los Medias Blancas de  Chicago, donde jugó 12 de 17 campañas. En este equipo, al debutar, en su primer turno al bate, saludó a las graderías con un batazo de cuatro esquinas. También jugó con los Cardenales de San Luis y con los Senadores de Washington.

Si en Cuba Miñoso bateó para 280 de promedio, en las Mayores lo hizo para 298. Con los Medias Blancas conectó 135 jonrones y empujó 808 carreras. Estableció el récord de jugar durante cinco décadas. En múltiples temporadas fue líder en hits, dobles, triples, elevados de sacrificio y bases robadas, y fue golpeado por lanzamientos en 192 ocasiones.

Si el norteamericano Jackie Robinson fue el primero en romper la barrera racial, el primer negro cubano y latinoamericano en jugar en Grandes Ligas fue Orestes Miñoso, además de ser el primero en integrar un Todos Estrellas. Participó en siete Juego de las Estrellas y ganó tres Guantes de Oro.

Aunque se le conoció como “El Cometa” o “El Charro”, su apodo predominante fue “Minnie”, el único pelotero cubano al que se le compuso una canción: Cuando Miñoso batea de verdad la bola baila el chachachá….

Por su labor fue exaltado al Salón de la Fama del béisbol cubano de Miami; al Salón de la Fama del Caribe, con sede en República Dominicana; al Salón de la Fama de México y, recientemente, en diciembre de 2014, al rescatado Salón de la Fama del béisbol cubano, que había sido clausurado en 1960 por el Gobierno Revolucionario. Sin embargo, falleció sin ver realizado el sueño de integrar el Salón de la Fama de Cooperstown, en Estados Unidos.

El racismo

El béisbol, aunque nos llegó de Estados Unidos, donde existía un fuerte racismo, en Cuba encontró un escenario diferente. A pesar de que las manifestaciones racistas no habían desaparecido, las guerras de independencia del siglo XIX les propinaron un golpe tan fuerte, que imposibilitaba la separación de negros y blancos en la pelota, como igualmente era imposible separarlos en el disfrute del baile y la música, tres componentes de la identidad nacional que trascienden el color de la piel y la posición económica.

Ese hecho explica, con excepción del circuito amateur, la alta presencia de cubanos negros y mulatos de origen humilde que jugaban junto a los cubanos blancos en  el resto de los circuitos beisboleros del país. En ese sentido, la pelota desempeñó un papel similar al de las guerras de independencia. A su vez, por razones económicas, los jugadores de tez oscura fueron de índole más profesional que los blancos, pues no podían darse el lujo de jugar pelota amateur como entretenimiento.

A partir de la toma del poder por parte de Fidel Castro, la impedimenta de competir libremente debido a la abolición del profesionalismo, la implantación de fuertes restricciones a la emigración y el no poder jugar en los circuitos profesionales, dio lugar a la diáspora de peloteros cubanos, antes y después de promulgarse la Ley de Ajuste. En el caso del legendario Miñoso hay que agregar que —al igual que le ocurrió a otros como Humberto Fernández, que perdió sus propiedades— parte de su fortuna, obtenida en las Grandes Ligas, la invirtió en una casa de apartamentos que le fue confiscada por el Estado revolucionario.

Una de las causas de la subordinación del deporte a la política fue la participación de  militares en la dirección de los organismos deportivos. Esta tendencia mundial, al asociar a los deportistas con los Estados, supuso que los equipos nacionales representaban a sus países del mismo modo que los ejércitos en las guerras.

Cuba, que tenía excelentes resultados en el béisbol, se vio arrastrada por esa corriente. En 1936, cuando se creó el puesto de Comisionado de Pelota Profesional, recayó en el coronel Ignacio Galíndez; y en 1938, cuando se fundó la Dirección General de Deportes (DGND), quedó bajo la dirección del coronel Jaime Mariné. Así, el deporte cubano, a partir de 1960, heredó esa subordinación, en la que el Jefe de la Revolución cubana fue su máximo exponente, al extremo que su papel determinó el destino del deporte en el país. Esa perjudicial política —razón por la cual una figura de la talla de Orestes Miñoso no pudo regresar a su país— tiene que cambiar radicalmente.

Gracias a la iniciativa de un grupo de entusiastas de la pelota cubana, encabezados por el cineasta Ian Padrón, se logró recientemente rescatar el Salón de la Fama del Béisbol cubano y elegir de forma democrática a dos legendarias figuras que residían en Estados Unidos: Orestes Miñoso y Camilo Pascual.

El Minnie no fue invitado oficialmente a la exaltación que tuvo lugar en el estadio Mártires de Barbados el pasado mes de diciembre. Su ausencia privó a la mayor parte de la afición cubana, incluso a los habitantes de su Perico natal, de conocerlo y brindarle un merecido homenaje. Su desaparición física nos ha dejado con ese mal sabor.

La enseñanza de lo ocurrido obliga a las autoridades a invitar a esa otra gloria, Camilo Pascual, quien ya sobrepasó los 81 años de edad y está dispuesto a pisar nuevamente su tierra. Pascual, como pitcher, se destacó en Cuba con los equipos de Marianao y Cienfuegos, y en Estados Unidos con los Senadores de Washington, los Indios de Cleveland, los Mellizos de Minnesota, los Rojos de Cincinnati y los Dodgers de los Ángeles.

Volviendo al Minnie, a quien le correspondía un homenaje no menor al recibido por Benny Moré, el Bárbaro del Ritmo, en el momento de su muerte, la prensa cubana, sobre todo la televisiva, casi lo obvió. Se pasó por alto el acontecimiento de su muerte, para escarnio de nuestro deporte, la cultura y la nación cubana.

En contraste, el presidente norteamericano, Barack Obama, en un discurso pronunciado el mismo domingo en que falleció Miñoso, lo recordó como un ídolo, como hijo ilustre de Chicago. Ojalá este hecho, representativo de lo que no debe ser, sirva para que nunca más ocurra. Ahora nos corresponde pedir perdón a Miñoso.

Tomado de: http://www.diariodecuba.com/cuba/1423676467_12831.html

Tres momentos de nuestra historia política en que la negociación predominó sobre la fuerza.

El discurso de Raúl Castro en la III Cumbre de la CELAC, pronunciado una semana después del inicio de las conversaciones con EEUU, fue de signo contrario a la disposición expresada el 17 de diciembre de 2014 respecto a la normalización de las relaciones entre los dos países.

La eliminación del embargo, la devolución de la base naval de Guantánamo, el cese de las trasmisiones de Radio y Televisión Martí y la compensación por los daños ocasionados son exigencias que corresponde resolver en el transcurso de las negociaciones y no de forma previa al restablecimiento de las relaciones diplomáticas, donde la contraparte también tiene demandas. Por ello pudo interpretarse como una patada a la mesa de negociaciones.

Por la importancia de un tema tan crucial para el destino de la nación y de todos los cubanos, considero útil dedicar unas cuantas líneas a los principios que sustentan los procesos de negociación y a las enseñanzas que emanan de dichos procesos.

La negociación es una oportunidad para intercambiar promesas y contraer compromisos con el fin de solucionar diferencias. En el caso que nos ocupa, se trata del restablecimiento de las relaciones entre Cuba y EEUU, después del fracaso de más de cinco décadas de confrontación y cuando ambas partes decidieron abandonar la fuerza para entrar en el terreno de la política: un escenario donde se excluye la victoria y se requiere de la disposición de las partes a ceder en algunos aspectos para lograr beneficios en otros.

A partir de ese enunciado, el primer paso consiste en que las partes se sientan obligadas a negociar para solucionar las diferencias que no pudieron resolverse mediante el empleo de la fuerza. De ahí que la negociación se defina como una oportunidad única de comunicación directa para aclarar posturas, políticas y propuestas de cambios.

Para que el proceso negociador arroje resultados positivos, en la etapa preparatoria se anticipan las propuestas para establecer los aspectos y objetivos de la negociación. De tal forma, cuando se va a la mesa de negociación, las intenciones de cada parte ya han sido definidas, y por tanto de antemano queda excluida la búsqueda de la victoria que no se pudo obtener durante la confrontación.

La riqueza de las interpretaciones de hechos pasados le brinda a la historiografía una función facilitadora para el enfoque de los acontecimientos actuales. Basado en este axioma me remito a tres momentos de nuestra historia política en que la negociación predominó sobre el empleo de la fuerza y que encierran enseñanzas de utilidad para el actual proceso de negociación entre Cuba y EEUU.

El Pacto del Zanjón

Después de diez años de guerra que ocasionaron la pérdida de miles de vidas, de sufrimientos y de cuantiosos daños materiales sin lograr la independencia de Cuba ni la abolición de la esclavitud, el 10 de febrero de 1878 se firmó el Pacto del Zanjón entre la mayor parte de las fuerzas insurrectas y el Gobierno de España.

Para el coronel de la Guerra de Independencia e historiador Ramón Roa el fracaso de la guerra radicó en las indisciplinas, motines y sublevaciones que se produjeron desde 1874 hasta el fin de la contienda. En un análisis autocrítico expresó: “acogimos el lema de ‘Independencia o Muerte’; pero sin soñar siquiera que tendríamos que luchar con nosotros mismos: no digo con la inmensa mayoría de los cubanos, que era indiferente, estaba con España, o no atinaba a socorrernos, sino con nosotros mismos”.

El generalísimo Máximo Gómez, argumentó: “se ha tratado de buscar una víctima a quien hacer responsable, mas no se ha procurado estudiar los hechos, conocer el estado del ejército, y los recursos de que podía disponer, el más o menos auxilio… recibido de la emigración y el cómo ha respondido en general el pueblo de Cuba a la llamada de sus libertadores”. Por esas razones planteó que “la responsabilidad se divida entre todos, que la culpa sea del pueblo cubano y no de la minoría heroica”.

En el mismo sentido José Martí, resultado de un estudio crítico de los errores cometidos,  demostró que aquella contienda no la ganó España sino que la perdió Cuba.

El Zanjón fue una manifestación de lo posible en un momento determinado, que llevó a las fuerzas cubanas a pasar de la guerra a la política, es decir, a la negociación. No fue una capitulación, pues a cambio de finalizar la guerra España otorgó a Cuba las mismas condiciones políticas, orgánicas y administrativas que disfrutaba la isla de Puerto Rico. Por su parte, la Protesta de Baraguá, según el historiador Fernando Figueredo Socarrás, se dirigió contra la manera de terminar una guerra que había durado una década sin lograr sus objetivos. Sin embargo, el intento demostró la imposibilidad de continuar la guerra. El cese de los combates y la salida del general Maceo rumbo a Jamaica, en mayo de 1878, demostró la imposibilidad de continuar la guerra en aquellas condiciones.

El Zanjón no fue todo, sino lo posible, y por tanto una decisión acertada. Con el Pacto no se logró la independencia de España ni la abolición de la esclavitud, pero se obtuvieron las libertades de prensa, de asociación y de reunión que, concretadas en publicaciones y asociaciones dentro de la Isla, robustecieron la actividad de los cubanos y prepararon las condiciones para el reinicio de la lucha por la independencia en 1895.

Lo acertado de la decisión lo confirmó la historia posterior: la liberación de los esclavos que tomaron parte en la guerra resultó un golpe de muerte para la institución de la esclavitud, mientras que de las libertades contenidas en las cláusulas del Pacto nació la sociedad civil. Se crearon órganos de prensa, asociaciones económicas, culturales, fraternales, educacionales, de socorros mutuos, de instrucción y de recreo, sindicatos y los primeros partidos políticos de Cuba. En 1879 se aprobó la Ley de Imprenta, en 1880 la Ley de Reuniones y en 1886 la Ley de Asociaciones, refrendadas por el artículo 13 de la Constitución Española.

En el nuevo escenario Juan Gualberto Gómez ganó un proceso jurídico contra las autoridades coloniales, mediante el cual los cubanos, aunque sin incitar a la rebelión, podían discutir públicamente las ideas independentistas. En artículos publicados en La Fraternidad, en La Igualdad y en la Revista Cubana, esta última dirigida por Enrique José Varona, Juan Gualberto Gómez sostuvo una viva discusión acerca de los sucesos de actualidad. De igual forma, el Directorio de las Razas de Color, fundado en 1886, ya en 1892 agrupaba a 75 sociedades de toda la Isla y en ese año celebró una convención en La Habana para discutir sus aspiraciones. Es decir, con independencia de la voluntad del Gobierno español, las libertades concedidas a Cuba fueron empleadas para la preparación y el reinicio de las lucha por la independencia. De ahí la importancia del Pacto del Zanjón en los acontecimientos posteriores a su firma. Los que negociaron aquel acuerdo no fueron a reclamar lo que no pudieron lograr en diez años de guerra, sino, que como verdadero acto político, obtuvieron lo posible en ese momento.

Esa experiencia, emanada de nuestra propia historia, demuestra el valor de las negociaciones cuando se fracasa mediante el empleo de la fuerza: una enseñanza que no debería estar ausente en las actuales conversaciones.

La Convención constituyente de 1901

La declaración de guerra de EEUU a España en 1898 y sus resultados fueron una consecuencia de la correlación de fuerza y de los intereses geopolíticos que se dirimían entre las potencias de la época.

En julio de 1900, con la Isla ocupada por EEUU, el gobernador militar, general Leonardo Wood, convocó a elecciones para designar los delegados a una Asamblea Constituyente. En su apertura Wood indicó a los delegados elegidos: “Será vuestro deber, en primer término, redactar y adoptar una constitución para Cuba y, una vez terminada esta, formular cuáles deben ser, a vuestro juicio, las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos”.

En febrero de 1901, al concluir las sesiones de trabajo de la Asamblea, se firmó el texto definitivo. Seguidamente se creó la comisión para formular las relaciones que debían establecerse entre Cuba y EEUU. Para ese fin los delegados recibieron las estipulaciones que deberían tener en cuenta, pero consideraron que algunas de ellas “vulneraban la independencia y soberanía de Cuba” y, por tanto, eran inaceptables. Al concluir su labor, la decisión —comunicada— al general Wood, fue rechazada por el Gobierno norteamericano.

En el Comité de Asuntos Cubanos, del Senado de Estados Unidos, el senador Orville H. Platt presentó una enmienda  —cuyas raíces estaban en la “política de la fruta madura” de Thomas Jefferson (1805) y en la Doctrina Monroe de John Quincy Adams (1823)—, que fue firmada por el presidente de EEUU y entregada a la Convención Constituyente para su incorporación a la Constitución. En su carácter de ley norteamericana, la Enmienda Platt dejaba sin efecto la Resolución Conjunta del 20 de mayo de 1898, en la que se había reconocido el derecho del pueblo cubano a ser libre e independiente.

Después de varios intentos de los cubanos para no incorporar la enmienda al texto constitucional, una comisión integrada por varios delegados viajó a Washington para explicar su oposición, pero fracasó en el intento. Finalmente, el 5 de junio de 1901 la enmienda fue aprobada por 15 votos contra 14, pero con varias objeciones que los delegados cubanos presentaron en respuesta a las estipulaciones norteamericanas. Sin embargo, ese resultado también fue rechazado por el Gobierno de ocupación. Días más tarde, la Convención recibió un informe firmado por el Secretario de la Guerra, declarando de forma terminante que “siendo un estatuto acordado por el Poder Legislativo, el presidente de los Estados Unidos está obligado a ejecutarlo y ejecutarlo tal como es”. Y agregaba como condición para cesar la ocupación militar que “No puede cambiarlo ni modificarlo, añadirle o quitarle”.. Agotadas todas las posibilidades por parte de los cubanos, se acordó —sin debatirse— por 16 votos contra 11, adicionar el discutido apéndice a la naciente Constitución.

Ni la intervención de EEUU en la guerra ni los resultados de ese acontecimiento dependieron de la voluntad de ninguno de aquellos cubanos que conformaron la Asamblea Constituyente. Aceptando incluso que alguno de ellos pudiera sentir alguna inclinación hacia la anexión, resulta un ejercicio estéril y dañino juzgar la conducta de aquellos cubanos y hacer caer sobre ellos una responsabilidad que no les corresponde. En su lugar, considero de mayor valía analizar las condiciones en que hubo que enfrentar la imposición norteamericana y las consecuencias que implicaba una u otra determinación.

No es objeto de discusión que aquel apéndice constitucional que refrendaba el derecho de otro país a intervenir en Cuba, omitía la Isla de Pinos de los límites del territorio nacional e imponía la venta o arrendamiento de tierras para bases navales, constituía un chantaje y una injerencia. Sin embargo, en condiciones de ocupación, presión y amenazas, los constituyentes tenían solo dos opciones: la violencia o la negociación.

Votar contra la enmienda implicaba la ocupación indefinida, imposibilidad de crear la República, peligro latente de anexión y en consecuencia la necesidad de declarar una nueva guerra contra EEUU. En ese momento Cuba contaba con un pueblo desarmado de instrumentos e instituciones, sin el partido de Martí, con una economía dependiente, sin cristalizar como nación, carente de República, de Estado y de gobierno propios, con el ejército libertador desmovilizado, sin una sociedad civil fuerte, con el agotamiento de las tres guerras precedentes que habían sumido al país en la desolación y la ruina, y con la autoestima debilitada resultado de la frustración y la ocupación militar.

Los hombres portadores del mandato histórico para redactar la Constitución no contaban con más nada que con su compromiso, su dignidad, inteligencia y capacidad para luchar. Y eso fue precisamente lo que hicieron. Después de agotar todas las posibilidades para no aceptar la imposición de la Enmienda Platt, haber elegido la continuación de la guerra significaba el suicidio y el fin de los sueños de nación. Por eso la mayoría voto finalmente por su inclusión.

Los testimonios de dos delegados a la Constituyente son ilustrativos de las razones para la aprobación de la Enmienda Platt. El que dejó José N. Ferrer: “Entiendo que ya se ha resistido bastante y que no puede resistirse más. Consideré útil, provechosa y necesaria la oposición a la Ley Platt en tanto que hubo esperanza de que esta se modificara o retirara por el Congreso americano… Hoy considero dicha oposición inútil, peligrosa e infecunda”. Y el de Manuel Sanguily, uno de los que más batalló contra la imposición y finalmente optó por votar a favor de ella, porque “creía favorecer la constitución de la República de Cuba, y de la personalidad cubana, que de otro modo desaparecería por completo… y sobre todo por tratarse de una imposición de los Estados Unidos, contra la cual toda resistencia sería definitivamente funesta para las aspiraciones de los cubanos”.

Lo contrario hubiera sido un acto suicida ante la superioridad del ocupante. La Enmienda Platt era parte de la Constitución norteamericana y por tanto tenía fuerza de ley para imponerse en condiciones de ocupación militar. El primer y gran mérito de los cubanos de entonces fue que, a pesar de nuestra cultura de violencia y de la predisposición a resolver los conflictos machete por medio, supieron imponer la reflexión serena y optaron por lo más conveniente para la patria. Ese fue un acto de verdadera política, pues qué es esta sino el arte de alcanzar lo posible en cada momento.

El 20 de mayo de 1902 la bandera cubana comenzó a flotar en el Castillo de los Tres Reyes del Morro. Ese día, quiérase o no, se produjo el advenimiento de nuestra República. Los resultados están ahí. Se retiró el ejército de ocupación y se fundó la República, no la que deseamos, pero sí la posible. En 1904 se firmó el Tratado Hay-Quesada que reconocía la soberanía sobre la Isla de Pinos, el cual fue ratificado en 1925. Se desarrollaron así la sociedad civil y las luchas posteriores hasta lograr la abrogación de la Enmienda Platt en 1934. Solo quedó pendiente la Base Naval de Guantánamo, que aunque se implantó en condiciones de ocupación, su permanencia fue firmada por el gobierno elegido en Cuba y el Gobierno norteamericano; un asunto que debe ser negociado.

Como el Pacto del Zanjón, la Asamblea Constituyente de 1901 contiene otra valiosa experiencia en materia de negociación cuando resulta imposible resolver un conflicto mediante la fuerza, por lo cual debe tenerse presente en el actual escenario.

La Convención Constituyente de 1940

El siglo XX cubano se diferenció radicalmente de la Cuba colonial. Los centrales azucareros desplazaron a los pequeños ingenios, el trabajo asalariado ocupó el lugar de la mano de obra esclava, la propiedad estaba en pleno proceso de concentración, la venta de la casi toda la producción azucarera a EEUU creó la dependencia de un solo mercado, y la sociedad civil se extendía por todo el país. Sin embargo, males del pasado, como el empleo de la violencia en la solución de conflictos, continuaron predominando.

Tomás Estrada Palma, elegido presidente de la República en 1902 para un mandato de cuatro años, haciendo uso de la Constitución, se propuso la reelección para un segundo mandato. Para lograrlo utilizó su poder, el fraude y la violencia. En respuesta, sus oponentes protagonizaron en 1906 el alzamiento armado conocido como la Guerrita de Agosto, que condujo a la solicitud de intervención a EEUU.

En 1912, durante la presidencia del mayor general José Miguel Gómez, se produjo el más cruento crimen ocurrido en Cuba: el Partido Independiente de Color, después de agotar las vías legales en la lucha por la igualdad de oportunidades, optó por una insurrección en la que miles de cubanos negros murieron y/o fueron asesinados.

El general Mario García Menocal, vencedor de los sufragios de 1913 decidió reelegirse en 1917. Sus adversarios lo acusaron de fraude y escenificaron el alzamiento armado conocido como La Chambelona, lo que provocó la tercera intervención norteamericana en Cuba.

En los comicios de 1920 fue elegido el abogado Alfredo Zayas y Alfonso. Su controvertido triunfo provocó el envío a Cuba del general Enoch H. Crowder para investigar lo sucedido, dando pie a la injerencia norteamericana en los asuntos nacionales.

El general Gerardo Machado y Morales, que ganó mayoritariamente las elecciones de 1925, aunque impulsó considerablemente el desarrollo económico del país, en el afán de reelegirse promovió una reforma constitucional que sustituyó la Constitución de 1901 por unos Estatutos Constitucionales. Los estudiantes universitarios, junto a otras fuerzas que se opusieron a la prórroga de poderes abrieron un período de lucha. Machado respondió con la represión, hasta que la huelga general de agosto de 1933 lo sacó del poder, dando paso a la Revolución del 30.

Al huir Machado, la presidencia recayó en el jefe del ejército, general Alberto Herrera, quien fue depuesto por una conspiración de los sargentos —entre los cuales estaba Fulgencio Batista y Zaldivar— que conformaron la Junta de los Ocho. La Junta Militar, aliada al Directorio Estudiantil de 1930, validó la participación de los militares en la vida política. Sumner Welles, enviado por EEUU para mediar en el conflicto, negoció el nombramiento del coronel Carlos Manuel de Céspedes como presidente provisional. Se disolvió el Congreso y se derogaron los Estatutos Constitucionales. Mientras tanto, los oficiales destituidos ocuparon el Hotel Nacional, donde fueron atacados y derrotados por la Junta Militar. Otras conspiraciones, como la dirigida por Eleuterio Pedraza, fueron abortadas o derrotadas.

El 4 de septiembre Céspedes fue obligado a renunciar y sustituido por un gobierno de cinco personas (la Pentarquía) dirigido por Ramón Grau San Martín, la cual designó a Batista jefe del ejército y lo ascendió a coronel. Seis días después, un golpe militar disolvió la Pentarquía y nombró a Grau San Martín presidente provisional. El 14 de enero de 1934, otro golpe militar destituyó a Grau San Martín y lo sustituyó por Carlos Hevia. Tres días después, Hevia renunció y la presidencia fue asumida por Manuel Márquez Sterling, quien convocó a una Junta de Sectores Revolucionarios que designó al coronel Carlos Mendieta Montefur como presidente provisional. Mendieta puso en vigor nuevos Estatutos Constitucionales; convocó a elecciones para una asamblea constituyente, que fracasó debido a la huelga de marzo de 1935 y renunció en diciembre de 1935. La presidencia recayó entonces en José A. Barnet hasta la celebración de las elecciones de enero de 1936 —la primera en la que votaron las mujeres—, en las que resultó electo Miguel Mariano Gómez. Por desacuerdos con Batista, Miguel Mariano fue destituido y suplido por el coronel Federico Laredo Bru.

Si la Revolución del 30 revalidó el uso de la fuerza, Laredo Bru se desplazó de la violencia a la política. Introdujo la mediación entre Batista y la oposición, dictó una amnistía política que benefició a más de 3.000 prisioneros, dictó la legislación laboral más avanzada de la era republicana y en 1939 convocó a elecciones para una Asamblea Constituyente.

Después de más de tres décadas de forcejeos por el poder, empleo de la violencia e inestabilidad política, el país encontró su derrotero en la negociación. En la Convención Constituyente —que sesionó del 9 de febrero al 8 de junio de 1940— participaron 76 delegados de nueve partidos políticos en representación de la diversidad de tendencias ideológicas y corrientes políticas. Se agruparon en dos grandes coaliciones: la oposicionista, donde estaban Ramón Grau San Martín y los partidos que emergieron de la Revolución del 30, y la democrática, encabezada por el Partido Liberal, Fulgencio Batista y la Unión Revolucionaria Comunista. El texto se firmó el 1 de julio en Guáimaro, se promulgó el 5 de julio en la escalinata universitaria y entró en vigor el 10 de octubre de 1940.

En las negociaciones, como ocurrió con la Paz de Zanjón y con la Convención Constituyente de 1901, se impuso la capacidad de los cubanos para debatir desde diferentes concepciones y arribar a acuerdos. Al subordinar los intereses personales y de grupo ante los intereses de la nación, comunistas, liberales, conservadores y socialdemócratas, se enfrentaron en polémicas que contienen valiosas enseñanzas para los destinos de la nación cubana.

Basados en la Constitución arribaron a la presidencia, en elecciones democráticas, Fulgencio Batista y Zaldívar, Ramón Grau San Martín y Carlos Prío Socarrás; dos terceras partes de los centrales azucareros pasaron a manos nacionales; Cuba se ubicó entre los tres países de América Latina con mayor estándar de vida; se abolió la pena de muerte; se establecieron protecciones sociales para mujeres, niños y trabajadores. La educación pública se convirtió en un servicio gratuito y obligatorio; se legalizó la formación y existencia de organizaciones y partidos políticos de oposición; se consagró la protección a los derechos individuales; se reconoció la legitimidad de la propiedad privada, a la que exigía una utilidad pública; se generó el crecimiento de la clase media; se reconocieron los avances en materia laboral conquistados por las luchas sindicales.

Por esos y otros contenidos, la Constitución de 1940 fue precursora de constituciones europeas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, como las de Francia en 1946 y 1958, la de Italia en 1947, la de Alemania Federal en 1949 y la de España en 1978.

Con esos resultados parecía que el pensamiento democrático había arraigado en el escenario político y que el país se encaminaba hacia el progreso sostenido. Sin embargo, la violencia se impuso nuevamente. La interrupción del orden constitucional con el golpe de Estado de 1952 abrió las puertas a la violencia que condujo a la revolución de 1959.

Hoy, a 56 años de aquel acontecimiento, inmersos en una crisis estructural, una de cuyas causas radica en la confrontación mantenida con EEUU, el fracaso ha conducido a la decisión de normalizar las relaciones con el vecino del Norte.

En ese proceso, las experiencias que la historiografía permite extraer del Pacto del Zanjón, de la Convención Constituyente de 1901 y de la Constituyente de 1940, merecen mayor atención en el actual proceso de negociación, comenzando por situar los intereses de la nación por encima de los intereses personales, de partidos o ideologías, y terminando por sustituir las inútiles intransigencias por el toma y daca que caracteriza a los procesos de negociación, que no son el lugar para obtener victorias, sino que, como hechos políticos, son para obtener lo posible.

Tomado de: http://www.diariodecuba.com/derechos-humanos/1422803890_12646.html

Las conversaciones para la normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, celebrada en La Habana durante los días 21 y 22 de enero, no avanzaron en materia de derechos humanos, según se conoció, a causa de las concepciones diferentes sobre el tema.

Desde la Carta Magna de 12151 hasta los pactos internacionales de 19662 –pasando por el Acta de Hábeas Corpus (1674), la Declaración de Derechos inglesa (1689), la Declaración de Independencia de los Estados Unidos (1776), la Declaración de Francia de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) y la Declaración Universal (1948)– los derechos humanos, al menos en Occidente, son universales, indivisibles, e interdependientes y se expresan en conceptos y principios encaminados al reconocimiento, respeto y observancia de las garantías jurídicas que protegen la integridad y dignidad de la persona humana. Por tanto, la mencionada diferencia tiene que estar en razones ajenas a esa concepción. Una rápida ojeada a nuestra historia constitucional así lo demuestra

En 1811, el padre José Agustín Caballero, representante de la naciente clase criolla, elaboró el Proyecto de Gobierno Autonómico para Cuba. Este proyecto contemplaba una Asamblea de Diputados del Pueblo con poder para dictar leyes y un Poder Ejecutivo formado por un representante del Monarca, acompañado de un Consejo que le daría un carácter colegiado al Gobierno.

En 1812, el abogado Joaquín Infante, de ideas independentistas, elaboró el Proyecto de Constitución para la Isla de Cuba. En él se contemplaba la división de poderes (legislativo, ejecutivo, judicial y militar), toleraba las religiones con predominio de la católica, observaba los derechos y deberes sociales dirigidos a la igualdad, la libertad y la propiedad; y reconocía la libertad de opinión.

En 1821 se inauguró en Cuba la Cátedra de Constitución en el seminario San Carlos. En el discurso inaugural, el padre Félix Varela –en quien recayó la responsabilidad de esa institución–, expresó: Yo llamaría a esta Cátedra, la cátedra de la libertad, de los derechos del hombre, de las garantías nacionales, de la regeneración de la ilustre España, la fuente de virtudes cívicas.

En 1823, el padre Varela presentó ante las Cortes un Proyecto de Instrucción para el Gobierno Autonómico Económico y Político de las provincias de Ultramar, adecuado a las particularidades cubanas. Ese proyecto, que no se llegó a discutir debido a la restauración del absolutismo, consideraba perjudicial la puesta en vigor de libertades y derechos políticos exclusivamente para los blancos criollos. Con ese propósito elaboró el primer proyecto cubano para la abolición de la esclavitud.

En 1869 se aprobó la Constitución de Guáimaro, que rigió en los territorios ocupados por los mambises3. En ella se refrendó la división de poderes y estableció que la Cámara de Representantes no podía atacar las libertades de culto, imprenta, reunión pacífica, enseñanza y petición.

En 1878, resultado del Pacto del Zanjón, España instauró en Cuba, entre otras, las libertades de prensa, de reunión y de asociación, que dieron nacimiento a la sociedad   cubana. De esas libertades surgieron los primeros partidos políticos, asociaciones fraternales, sindicatos, órganos de prensa escrita y las primeras huelgas.

En 1895 en Jimaguayú y en 1897 en la Yaya, se aprobaron la segunda y tercera constitución mambisas. En la primera, se separó el mando civil del militar y el gobierno civil recayó en un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y legislativas. En la segunda, el Consejo de Gobierno tenía facultades para dictar leyes y disposiciones relativas al gobierno de la Revolución y a la vida militar, civil y política. Esta incluía una parte dogmática –dedicada a los derechos individuales y políticos– en la cual todos los habitantes del país quedaban amparados en sus opiniones religiosas y en el ejercicio de sus cultos y tenían derecho a emitir sus ideas con libertad y a reunirse y asociarse para fines lícitos.

La Constitución de 1901 refrendó la división de poderes, el espíritu del hábeas corpus, la libertad de expresión, los derechos de reunión y de asociación y la libertad de movimiento. Bajo su amparo se creó un abanico de  asociaciones cívicas y una inmensa red de prensa escrita y radial. Su efecto se reflejó en la Protesta de los Trece, las luchas campesinas, estudiantiles, particularmente en las luchas obreras, que lograron la legalización del  primero de mayo como Día de los Trabajadores y jugaron un papel decisivo en el derrocamiento de Gerardo Machado en 1933 y en la derogación de la Enmienda Platt en 1934.

Omado de: http://www.diariodecuba.com/cuba/1421874410_12452.html

En un artículo publicado en el diario Juventud Rebelde el pasado sábado, la periodista Juana Carrazco plantea que la suspensión del bloqueo no es prerrogativa presidencial, sino del Congreso estadounidense y que aún no hay señales en ese órgano que indiquen la intención de suprimirlo. Más adelante cita las palabras de Raúl Castro —pronunciadas ante dos senadores norteamericanos en 1977— donde expresó: “Nuestras organizaciones son como un puente en tiempo de guerra. No es un puente que se puede construir fácilmente, ni tan rápidamente como fue destruido. Toma tiempo, y si ambos reconstruimos ambas partes del puente, cada cual su propia parte del puente, podremos, darnos la mano, sin ganadores ni perdedores”. Y concluye con la siguiente pregunta: “¿Está dispuesto Estados Unidos a llegar a unir las dos partes de este puente, quitando el muro que significa el bloqueo económico, comercial y financiero a Cuba?”

El artículo da por sentado que el diferendo es responsabilidad única de Estados Unidos, desconociendo incluso el mensaje citado por ella misma, donde el actual mandatario cubano reconoce el carácter bilateral del conflicto. Carrazco parece desconocer que las confrontaciones ocurren cuando la política se sustituye por la fuerza y que cuando las partes involucradas fracasan por esa vía se ven obligadas a negociar, es decir, a regresar a la política. Por tanto, al optarse por la negociación, se elige un camino que implica el reconocimiento del fracaso y la disposición a ceder. Por esas razones, al dirigir su pregunta a una sola de las partes, su artículo pierde objetividad y sentido.

Como consecuencia del conflicto surgido a raíz de la nacionalización de las propiedades norteamericanas en Cuba y de las diferencias políticas entre ambos gobiernos, Estados Unidos decidió romper las relaciones diplomáticas en 1961. Seguidamente apadrinó el desembarco por Bahía de Cochinos, recrudeció el embargo comercial, ordenó el bloqueo naval de la Isla, apoyó los alzamientos contra el Gobierno cubano, dictó las leyes Torricelli y Helms-Burton, hizo público un plan para “acelerar la transición hacia la democracia en Cuba” y anunció la creación de un Fondo para la Libertad. Todo eso es cierto.

También es cierto que el Gobierno de Cuba barrió con la sociedad civil, concentró todos los medios de producción en manos del Estado, proclamó el carácter socialista de la revolución, instaló los misiles nucleares soviéticos en la Isla, promovió las guerrillas en casi toda la región, envió fuerzas militares a combatir a diferentes lugares de África, apoyó el golpe de Estado de Maurice Bishop en Granada y gastó incalculables recursos en propaganda política, actos, movilizaciones y marchas contra Estados Unidos.

Resultado de esas medidas, el Estado cubano asumió un control absoluto sobre la política, la economía y la cultura, a la vez que generó el desinterés de los cubanos por la gestión social en general y por la economía en particular, lo que condujo a la inviabilidad del modelo implantado y a la crisis en que se encuentra el país. En ese estado de indefensión, la política norteamericana hacia Cuba, en lugar de contribuir al fortalecimiento de nuestros espacios, los enrareció; en vez de protegernos frente a la arbitrariedad del Estado, colaboró con ella; en vez de promover climas de confianza para el avance de los derechos humanos, los hizo retroceder.

El escenario resultante de la confrontación comenzó a ceder. Por la parte cubana, a partir del cambio de poder efectuado en julio de 2006, cuando se reconocieron los fracasos en  la agricultura, se inició tardíamente la implementación de reformas tímidas y limitadas,  se reiteró la disposición de normalizar las relaciones con Estados Unidos. Por la parte norteamericana el giro tuvo su punto de partida con las medidas implementadas en marzo de 2009, que permitieron a los cubanoamericanos, con un parentesco de hasta tres generaciones, viajar anualmente a la Isla, gastar hasta 179 dólares diarios y solicitar un permiso adicional, por emergencia familiar; además de autorizarse la venta de alimentos y medicinas al Gobierno de Cuba sin pagos por adelantado.

Esos pasos, de una y otra parte, condujeron a las conversaciones secretas desarrolladas desde el año 2013 y a las declaraciones de ambos gobiernos el 17 de diciembre pasado, dando nacimiento a un nuevo escenario, cuyo primer paso son las negociaciones del 21 y 22 de enero.

Previo al inicio de las negociaciones, Estados Unidos realizó enmiendas en las normas de los Departamentos del Tesoro y del Comercio, y puso en vigor algunas de las medidas anunciadas el 17 de diciembre. Con ellas, poco a poco, desde las prerrogativas presidenciales, se va debilitando la Ley del embargo. A esos pasos se une el mensaje de Barack Obama sobre el Estado de la Nación —ante un congreso mayoritariamente republicano—, pronunciado el 20 de enero, donde planteó enfáticamente que el embargo debe ser eliminado en el presente año.

Esa disposición de Estados Unidos quita todo sentido a la pregunta de Juana Carrazco, acerca de si Estados Unidos está dispuesto a unir las dos partes del puente e indica que el artículo de Juventud Rebelde requiere ser complementado con la siguiente pregunta: ¿También Cuba está dispuesta o a unir las dos partes del puente?

La pelota está del lado cubano. El Gobierno debería implementar cambios dirigidos a facilitar el efecto de las medidas estadounidenses, para crear un escenario favorable a la derogación de la Ley del embargo. Las medidas en este sentido ayudarían a desbloquear las fuerzas que se oponen a su suspensión. A la vez fortalecerían al sector privado y facilitarían el surgimiento de una clase media. Sería necesario rebajar los aranceles para permitir a los del patio adquirir productos e implementos sin depender del monopolio del comercio estatal, facilitar el uso generalizado de las telecomunicaciones a precios accesibles. Medidas que constituyen una exigencia del desarrollo y de la modernidad. Le corresponde, pues, al Gobierno cubano mover las fichas en esa dirección, no solo para la normalización de las relaciones, sino para lo más importante: devolver a los cubanos los derechos y libertades secuestrados durante la confrontación, sin lo cual no habrá resultados positivos.

Con ese paso, junto a las relaciones con Estados Unidos, Cuba podría iniciar un proceso dirigido a mejorar la economía del país, con los cubanos reconvertidos en ciudadanos, una condición ineludible para sacar al país del empantanamiento en que se encuentra. En este sentido Cuba posee ventajas para implementar las medidas necesarias, pues la inexistencia de la división de poderes, le permite al Presidente implementar cambios sin correr el riesgo de que el parlamento unicameral cubano lo rechace, como podría ocurrir en Estados Unidos.

De espalda a la historia de los conflictos, Cuba y Estados Unidos trataron de imponer su política mediante la confrontación, para después del naufragio encallar en la mesa de  negociaciones. Optaron por la guerra como continuación de la política para regresar a la política en sustitución de la guerra: los presidentes de ambas naciones han anunciado la disposición de normalizar las relaciones que estuvieron suspendidas desde 1961.

La esperanzadora noticia ha generado una gama de criterios que varía desde los que consideran que se resolvió el problema hasta los que opinan que aquí nada va a cambiar. Unos consideran que los cambios ya están caminando y otros dudan de la intención del gobierno cubano o de los republicanos estadounidenses. Algunos, entre los que me encuentro, pensamos que la reanudación de relaciones será favorable para la democratización de Cuba que, aunque difícil y prolongada será posible; un optimismo fundamentado en seis argumentos.

Primero. El discurso del presidente estadounidense se aparta de la anterior exigencia de primero democratizar a Cuba para luego suspender el Embargo. En su lugar propone un paquete de medidas que coadyuvarían al empoderamiento ciudadano como antesala de una discusión en el Congreso para derogar la Ley. Con ese giro desaparece tanto el “enemigo” como la “plaza sitiada”. Por la parte cubana, la tesis del fidelismo, de que Cuba ya cambió en 1959 y por tanto no hay nada que cambiar, ha dado paso a la visión del raulismo, dispuesto a cambiar algunas cosas.

Segundo. El giro de Estados Unidos responde al fracaso de la política dirigida a promover cambios en Cuba y al autoaislamiento “regional e internacional” ocasionado por esa práctica. El de Cuba, presentado como una victoria, revela el fracaso en la gestión económica, los magros resultados de las reformas, el éxodo, la corrupción generalizada y el creciente descontento, en un momento en que la fragilidad de las subvenciones de Venezuela se han puesto a la orden del día y en que no se divisa un nuevo padrino.

Tercero. El paquete de medidas de la Casa Blanca plantea la ampliación de los permisos generales de viaje a Cuba, capacitación comercial a las empresas privadas cubanas y a los pequeños agricultores, aumento del monto de las remesas de donativos para cubanos y para proyectos humanitarios, la expansión de ventas y exportaciones comerciales de bienes y servicios desde los Estados Unidos incluyendo al sector privado cubano, el incremento del acceso de Cuba a las comunicaciones y la capacidad para comunicarse de manera libre, y la permisibilidad a los proveedores norteamericanos para proporcionar telecomunicaciones comerciales y servicios de internet con precios más bajos. Esas medidas favorecen al naciente sector privado, mejoran las condiciones en materia de derechos humano e influyen en la implementación de reformas democráticas y de medidas dirigidas a remontar la crisis actual. Constituyen, por tanto, una forma de promover la democracia, el resurgimiento de la sociedad civil y las libertades fundamentales.

Cuarto. La disposición expresada, de un lado, por el mandatario cubano desde que asumió la dirección del Estado en 2006 respecto a normalizar las relaciones con Estados Unidos y algunas medidas internas como la reforma de las medidas migratorias. De otro lado las medidas de flexibilización implementadas por el presidente norteamericano desde 2009, trillaron el camino que condujo a la decisión conjunta anunciada el pasado 17 de diciembre.

Quinto. Las medidas de la Casa Blanca apuntan a cambios ordenados y pacíficos. Esa política, constituye una garantía a los que detentan el poder, que son responsables de todo lo bueno y lo malo ocurrido en tan largo período de tiempo. De todas formas pienso que el gobierno de Cuba tratará de lentificar el proceso, pero consciente de que no puede evitarlo, pues ante una salida violenta todos serán perdedores. La  democratización organizada garantiza la estabilidad y el futuro de la nación cubana.

Sexto. Cuba logró movilizar a personalidades, instituciones y gobiernos para derogar el embargo. Varias figuras latinoamericanas intervinieron o sirvieron de mensajeros, Canadá y el Vaticano desempeñaron un destacado papel. Una vez desaparecido el enemigo y la plaza sitiada, el discurso anterior pierde todo sentido. Esas fuerzas comprometidas esperan, en respuesta al discurso de Obama, cambios al interior de Cuba. Negarse implicaría la pérdida del apoyo hasta ahora logrado.

Para evaluar el alcance de las medidas basta analizar el estancamiento y retroceso sufrido durante la confrontación: desaparición de la sociedad civil, ausencia de las libertades fundamentales, subordinación de la economía a la política y pérdida de la condición de ciudadano, entre otros males. Bajo un régimen cuya definición más precisa es la de  fidelismo, una de cuyas características fue la confrontación, el no cambiar nada hasta que el otro no cambie y de preferir, como expresó en una oportunidad, que el país se hunda en el mar.

Como los conflictos externos desmovilizan los conflictos internos, la confrontación fue utilizada para eludir cualquier compromiso con los derechos humanos. De resultar las negociaciones, al paso que las medidas mencionadas comiencen a surtir efecto, la contradicción exterior será desplazada gradualmente por la contradicción entre pueblo y gobierno. Lo que ocurra de ahí en lo adelante será responsabilidad única y exclusivamente de los cubanos.

Las dudas acerca de que la normalización de las relaciones recibirá una patada en la mesa de negociaciones carecen de fundamento en las actuales condiciones. Las evasiones anteriores estuvieron respaldadas por las subvenciones de la Unión Soviética y de Venezuela. La primera desaparecida, la segunda en franca bancarrota. A lo que se unen los pocos resultados en la atracción de capital foráneo y la imposibilidad de que aparezca un nuevo padrino.

Se trata de un hecho sin antecedentes en la historia. Un gobierno que arribó al poder por las armas y a pesar de una ineficiencia sostenida en la gestión económica, después de 55 años, ha encabezado los cambios, sin que ninguna persona, grupo o partido lograra convertirse en fuente alternativa de poder. Bajo una aparente continuidad se trata de la negación del fidelismo en nombre del fidelismo. Una singularidad que requiere de  muchos análisis, debates e investigaciones, que expliquen el por qué un país de matriz occidental, cuya sociedad civil debutó desde la segunda mitad del siglo y a mediados del siglo XX contaba con una de las constituciones más avanzadas para su época, pudo retroceder hasta el deterioro económico y espiritual de la sociedad cubana.
Publicado en http://www.diariodecuba.com/cuba/1421624432_12384.html

La normalización de las relaciones, aunque importante, no pasa de ser un primer paso. La suspensión del embargo ahora depende más del gobierno cubano que de Estados Unidos. Se impone transitar de la disposición expresada a la implantación de medidas que complementen el empoderamiento ciudadano y debiliten la oposición a  la derogación de la Ley en el Congreso. De no hacerlo se favorecerá  a los enemigos de la normalización. Así de sencillo: el levantamiento del embargo está en manos de Cuba, en las medidas internas que se implementen a favor de los cubanos.

Salvado ese difícil escollo, se abrirá un proceso de transformaciones graduales y civilizadas, cuyo resultado dependerán entonces de la disposición de los cubanos; un pueblo que despojado de las libertades y de los espacios que conforman el oxígeno del ciudadano, perdió la noción de responsabilidad cívica, pero que ahora no puede eludirla.

El escenario emergente permitirá ir removiendo las bases que decidieron la suerte del país y de cada uno de sus habitantes. Por esa razón, la trascendencia del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos depende, hasta cierto punto, de la conducta de ambos gobiernos, pero ante todo de la voluntad y conducta de los cubanos, algo que no puede ser asumido por ningún gobierno foráneo o nacional.

Publicado en: http://www.diariodecuba.com/deportes/1421020243_12251.html

El pasado 28 de diciembre, durante el Juego de las Estrellas celebrado en la ciudad de Bayamo1, diez glorias de la pelota cubana fueron exaltadas al Salón de la Fama. Previo al Festival de Jonrones resonaron los nombres de Esteban Bellán, Amado Maestri, Orestes Miñoso, Camilo Pascual, Conrado Marrero, Antonio Muñoz, Luis Giraldo Casanova, Orestes Kindelán, Braudilio Vinent y Omar Linares.

Los cinco últimos, conocidos por los sobrenombres del  Gigante del Escambray, el Señor Pelotero, el Tambor Mayor, el Meteoro de la Maya y el Niño, bien conocidos por la afición cubana, estuvieron presentes en el acto. Sin embargo, los nombres de los cinco primeros son prácticamente desconocidos: 1- por qué cerca del 80% de la población actual nació después de 1960 y 2- porque, con excepción de Amado Maestri y Conrado Marrero, los demás brillan por su ausencia en los comentarios deportivos. De igual forma casi nada se conoce del Salón de la Fama debido a la pobre cobertura informativa brindada por la prensa oficial antes, durante y después de la exaltación en el estadio Mártires de Barbados.

Las siguientes líneas van dirigidas a divulgar y llamar la atención a los que consciente o inconscientemente están colaborando al desconocimiento de hechos culturales tan significativos para la pelota, el deporte y la nación cubana.

El Salón de la Fama del béisbol cubano se fundó en 1939. En los 21 años transcurridos desde el momento inaugural hasta 1960 fueron exaltadas 68 estrellas. Ese año, el gobierno cubano erradicó el profesionalismo y eliminó el Salón de la Fama. Transcurrido más de medios siglo, en noviembre de 2014, unos cien entusiastas de la pelota, encabezados por el cineasta Ian Padrón, reunidos en el Primer Coloquio Museo y Salón de la Fama del béisbol cubano, lograron su refundación, definieron el Reglamento para la selección y eligieron democráticamente al Tribunal que designó a los diez antes mencionados. Cuatro miembros de ese valioso grupo: Félix Julio Alfonso, Ismael Sené, Sigfredo Barros y Oscar Fernández, junto al veterano Luis Zayas, tuvieron el honor de recibir las placas de las estrellas desaparecidas o no invitadas:

Esteban Bellán (1850-1932), de la Habana. Junto a su hermano Domingo, fue enviado a estudiar a la Universidad Católica de Fordham, en Nueva York. Durante sus estudios, junto a otros cubanos2, aprendió a jugar béisbol. Entre 1871 y 1873 jugó en las Ligas Mayores con los equipos Troy Haymakers y New York Mutuals de la Asociación Nacional (primer circuito profesional de la historia). Fue el primer latinoamericano que jugó en esas Ligas. A su regreso a Cuba participó en el `primer partido oficial celebrado el 27 de diciembre de 1874 en el Palmar del Junco, donde conectó tres cuadrangulares y fue el segundo mejor anotador del juego. Fue director-jugador de los Leones del Habana en el primer juego de la Liga Cubana, efectuado el 29 de diciembre de 1878. Con ese equipo ganó los títulos en las temporadas 1878-1879, 1879-1880, y 1882-1883. En 1990 fue exaltado al Salón de la Fama de la Universidad de Fordham.

Amado Maestri (1909-1963), de Regla, La Habana. Debutó como árbitro en la Liga Profesional cubana en el año 1936. En junio de 1945 dio una lección de valentía en el Delta Park de Ciudad de México al expulsara del terreno al presidente de la Liga Mexicana por protestar una decisión suya. En el juego celebrado en el estadio del Cerro, el 23 de noviembre de 1952, Maestri protegió al grupo de estudiantes de la Universidad de La Habana, encabezados por José Antonio Echeverría, que se lanzaron  al terreno para protestar contra la dictadura de Batista. Por su conducta esa fecha se designo posteriormente como ´Día del Árbitro. Fue un destacado juez de la pelota cubana que prestigió a ese deporte con su actuación. Maestri fue exaltado al Salón de la Fama del Béisbol Profesional mexicano.

Conrado Marrero (1911-2014), de Sagua la Grande, Villa Clara. Lanzador. En 1938 jugó en Cuba con el equipo Cienfuegos de la Liga Amateur cubana. En 1940, en la tercera Serie Mundial Amateur fue el jugador más valioso en la victoria cubana. En 1946 firmó con el equipo de Oriente de la liga de la Federación Nacional y después pasó al Almendares de la Liga cubana regular. En 1949 representó a Cuba en la primera Serie del Caribe, en la que contribuyó a la victoria. En 1955-56 Marrero dirigió a Almendares y en 1956-57 pasó a los Tigres de Marianao. Aunque en la Liga cubana comenzó a lanzar a los 35 años, sus 69 victorias lo colocan en el décimo lugar de todos los tiempos. Entre 1950 y 1954 jugó en las Ligas Mayores de Estados Unidos con los Senadores de Washington. Fue seleccionado al equipo Todos Estrellas de 1951. Después de 1959 fue uno de los peloteros importantes que permanecieron en Cuba, donde laboró como entrenador y formar talentos en las Series Nacionales.

Orestes Miñoso (1925), de Perico, Matanzas. Vive en Estados Unidos. Bateador destacado, jardinero y tercera base. En Cuba jugó en el Circuito Azucarero, en el Circuito Semiprofesional y en la serie Nacional con los Tigres de Marianao hasta 1960. En Estados Unidos comenzó en 1948 en las Ligas Mayores con los Indios de Cleveland, donde fue elegido Novato del Año. También jugó con los Medias Blancas de  Chicago, los Cardenales de San Luis y los Senadores de Washington. Entre 1965 y 1973participó  jugó en la Liga Mexicana. En múltiples temporadas fue líder en hits, dobles, triples, flights de sacrificio  y bases robadas. En cuatro de ellas bateó más de 300, empujó más de 100 carreras. En siete oportunidades fue seleccionado al Juego de las Estrellas de la Liga Americana. Se le reconoce como el primer jugador negro cubano y latinoamericano en aparecer en un Todos Estrellas. Es el único pelotero cubano al que se le compuso una canción: un cha, cha, cha. Fue  exaltado al Salón de la Fama del béisbol cubano de la ciudad de Miami en 1983.

Camilo Pascual (1934), de La Habana. Vive en Estados Unidos. Lanzador, se inició en la pelota profesional en 1952 con el club Marianao y en 1953 pasó al Cienfuegos. Fue campeón en la temporada 1955-1956 y en los torneos de 1960 y 1961. En ocho años impuso récord de 58 juegos ganados y 32 perdidos, para un promedio de 644 puntos. Permitió 582 hits, propinó 612 ponches, concedió 254 bases, para 2,04 carreras limpias por juego. En las series del Caribe finalizó invicto en sus tres presentaciones gracias a sus lanzamientos rápidos y su curva de arco de barril que caía a gran velocidad. En Estados Unidos jugó en las Ligas Menores  y debutó en las Mayores en 1954, donde jugó con los Senadores de Washington, los Indios de Cleveland, los Mellizos de Minnesota, los Rojos de Cincinati y los Dodgers de los Ángeles. En tres oportunidades fue líder en juegos completos y líder en lechadas en la Liga Americana. Participó en tres Juegos de Estrellas.

Los últimos dos, Miñoso y Camilo Pascual, aunque están vivos, no fueron invitados por las autoridades cubanas al acto de exaltación. Al menos eso se deduce del silencio. De ser así, esa medida privó a la mayor parte de la afición conocerlos en persona y a todos de brindarle el merecido reconocimiento en su tierra natal. Ojalá esa decisión se rectifique antes de su desaparición física y los periodistas deportivos los incluyan, junto al Salón de la Fama, en sus comentarios.

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La decisión del presidente de Estados Unidos de restablecer las relaciones diplomáticas con Cuba, cuya interrupción resultó tan negativa para el pueblo cubano, que todo lo ocurrido en los últimos 53 años guarda relación con ese hecho, especialmente con el retroceso sufrido en materia de libertades y derechos, que retrotrajeron al país a una situación similar a la existente en la Isla antes de 1878.

Los antecedentes de la ruptura se remontan a 1959, cuando los revolucionarios sustituyeron la Constitución de 1940 por la Ley Fundamental del Estado Cubano, el Primer Ministro asumió las facultades de Jefe de Gobierno y el Consejo de Ministros las funciones del Congreso, dando inicio a la concentración del poder político y militar en una persona, la concentración de la propiedad en manos del Estado y el desmontaje de la sociedad civil. El resultado fue un sistema totalitario, que se ajusta a la denominación de fidelismo, caracterizado entre otras cosas por el voluntarismo, la ineficiencia económica y la hostilidad hacia Estados Unidos; sistema que inició su declive a partir del año 2006.

La escalada tuvo su punto de partida en la nacionalización de propiedades norteamericanas y la respuesta estadounidense de ruptura de relaciones diplomáticas e implementación del embargo; una confrontación de más de medio siglo que acarreó desde enormes pérdidas materiales y enfrentamientos bélicos hasta decenas de miles de muertos, dolor y sufrimientos.

El restablecimiento es el resultado de múltiples factores, entre ellos: 1- La inviabilidad del fidelismo, incapaz de satisfacer las necesidades más elementales del pueblo; 2- El fracaso de Venezuela, multiplicado por la brusca caída de los precios del petróleo y su efecto sobre la subvención de Cuba; 3- La frustración de la política norteamericana dirigida a promover cambios dentro de la Isla; 4- El uso por parte del gobierno cubano de los errores de esa política para afectar la relación de Estados Unidos con el resto de los países de la región; 5- El diferendo, utilizado por el gobierno cubano para justificar los fracasos de su modelo; 6- El giro de la política norteamericana desde el primer mandato de Barack Obama; y 6- Los cambios introducidos desde que Raúl Castro asumió la dirección del Estado.

Como los conflictos externos tienden a desmovilizar los conflictos internos, el Gobierno cubano utilizó el diferendo para impedir el rearme de la sociedad civil, solapar la ineficiencia y eludir cualquier compromiso con los derechos humanos y diecisiete años después de ocupar el poder se institucionalizó el fidelismo. A imagen y semejanza de la Unión Soviética se aprobó una constitución que refrendó al Partido Comunista como fuerza dirigente de la sociedad y del Estado y se creó un parlamento unicameral que confirmó a Fidel Castro como jefe de Estado y de Gobierno.

El derrumbe del socialismo en Europa del Este develó el fracaso. El Gobierno tuvo que introducir un paquete de reformas coyunturales que fueron paralizadas en cuanto comenzó a gestarse una clase media. La ineficiencia resultante se reflejó en la perdida de relación entre salario y costo de la vida, el crecimiento de las actividades al margen de la ley para sobrevivir, el éxodo masivo y el decrecimiento demográfico.

En ese contexto el General Raúl Castro asumió la dirección del Estado e implementó un paquete de medidas que demostraron el agotamiento del fidelismo, pues la eficiencia para conservar el poder resultó intransferible a la economía. El empeoramiento y la desesperanza comenzaron a marchar a un ritmo superior a los cambios, una de cuyas manifestaciones fue el crecimiento del éxodo, que representa un peligro potencial para Estados Unidos.

A lo anterior se une una política exterior desplegada por Cuba hacia América Latina que logró afectar la influencia norteamericana en la región. Como resultado de esos y otros eventos, el diferendo devino perjudicial para ambas partes. El gobierno de Cuba fracasó en el intento de lograr una economía eficiente y el gobierno estadounidense no pudo  rendir al de Cuba: fracasó el fidelismo y fracaso el embargo.

Ese resultado sin victorias condujo a los contactos indirectos que desembocaron en conversaciones directas y secretas, aceleradas por varios factores, de los cuales el más decisivo fue el peligro de muerte del ciudadano norteamericano Alan Gross, debido al empeoramiento de su salud.

Sin desconocer los grandes obstáculos a superar, el restablecimiento evitará una salida que amenazaba con la violencia y con una emigración masiva hacia los Estados Unidos, a la vez que removerá las bases que permitieron al modelo totalitario decidir la suerte del país y de cada uno de sus habitantes. Por eso la decisión es útil a los intereses estadounidenses; útil al gobierno cubano, ya que le proporciona una salida “decorosa”; y sobre todo, útil a los cubanos al crear un escenario favorable para el empoderamiento.

El propósito del gobierno cubano, más que renunciar a la confrontación, consistía en obligar a Estados Unidos a flexibilizar las medidas norteamericanas sin realizar cambios internos que amenazaran su poder. Sin embargo, el discurso del presidente Obama y el Comunicado de la Casa Blanca no responden exactamente a su propósito. Además de que el presidente estadounidense no mencionó al Gobierno sino a Cuba y a su pueblo, junto a las instrucciones para el restablecimiento de las relaciones anunció un paquete de medidas dirigidas a crear condiciones para el empoderamiento ciudadano, en un contexto caracterizado por el fin del fidelismo y el crecimiento del descontento de los cubanos.

El discurso de Obama, si bien no exige directamente al gobierno cubano el restablecimiento de las libertades ciudadanas, lo coloca en una posición incómoda ante su país y ante la comunidad internacional. Con ello en lugar del “enemigo” ocupa el primer plano la conducta del gobierno cubano con su pueblo. Lo demás corresponde a nosotros. Aunque el Gobierno y su prensa traten de hacer creer que lo ocurrido se limita al intercambio de prisioneros y al restablecimiento de las relaciones, en lo adelante la atención se concentrará en la relación Pueblo-Gobierno, por lo que la noticia del pasado 17 de diciembre es el acta de defunción del fidelismo  y el hecho  de mayor trascendencia política en Cuba desde 1959.

Más importante que estar o no de acuerdo con lo sucedido, es aprovechar lo positivo  que brinda el nuevo escenario para luchar por la recuperación de la condición de ciudadano. El éxito de las medidas anunciadas por la Casa Blanca no depende tanto de la voluntad del régimen como del pueblo cubano; algo que no pueden hacer ni Obama ni ninguna fuerza externa, sino nosotros mismos.

Los controles sobre un pueblo desarmado de instituciones cívicas permitirán lentificar los  efectos, pero no podrá evitarlos. Las primeras manifestaciones de resistencia fueron hacer silencio acerca de las medidas planteadas por la Casa Blanca y decir que “con un pueblo como éste podemos llegar al año 570 de la revolución”. Sin embargo, las transformaciones que ocurran en la economía se trasladarán inexorablemente a otros sectores de la sociedad. Y en ese proceso, la velocidad, el ritmo y el rumbo, que fueron definidos por el gobierno cubano antes de la normalización de las relaciones, sufrirán serias alteraciones, entre otras por la emergencia de una clase media, el renacimiento de la civilidad y la recuperación de la condición de ciudadano.

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La inasistencia creciente de los cubanos a las asambleas de rendición de cuentas fue sometida a análisis por las comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), previo al IV Período Ordinario de Sesiones de ese órgano convocado para el 19 de diciembre.

La ausencia de los electores a las rendiciones de cuentas es una de las tantas evidencias del fracaso del modelo político cubano. Dos hechos bastan para demostrarlo: 1- La decisión de celebrar esas reuniones sin tener en cuenta el quórum establecido; es decir no tener en cuenta la cantidad de personas presentes y 2- La información brindada a la prensa por la secretaria de la ANPP, quien dijo: “Con más de 211 500 planteamientos realizados, el IV proceso de rendición de cuentas de los delegados a sus electores en el actual mandato, llega casi a las puertas de su cierre con alrededor de 75 600 reuniones efectuadas, lo que equivale al 98,6% de las que estaban previstas”. Y agregó que “más de 600 asambleas se han llevado a cabo con menos de la mitad de los electores presentes”1. Cifras, semejantes a las de un informe de producción, que ocultan la aguda crisis de esa institución.

La inasistencia, como todo efecto, tiene sus causas. Tanto los delegados del Poder Popular de las circunscripciones (los únicos que son elegidos directamente), como los del resto de la estructura, hasta la Asamblea Nacional, no cuentan con un programa de compromiso con sus electores. Su programa es el del Partido-Gobierno. Por ello se presentan a las elecciones únicamente con su biografía. Además, los seleccionados para ocupar los cargos en las asambleas provinciales y en la nacional, son nominados por las Comisiones de Candidatura (conformadas por los presidentes de las llamadas organizaciones de masas, subordinadas al Partido) y seleccionados por la Comisión Electoral Nacional. Esta última con la potestad de incluir en ellas un 50% del total de los candidatos, aunque no hayan sido electos por el voto secreto y directo en las circunscripciones. Ese modelo, donde los delegados no tienen compromiso con sus electores, explica la apatía cada vez más generalizada de hombres y mujeres inmersos en la lucha por la sobrevivencia, para los cuales las rendiciones de cuentas no influyen en la mejoría de sus vidas.

Detrás de esa causa existe otra más determinante: el pueblo cubano no es soberano. De acuerdo al filósofo y político liberal, Juan Jacobo Rousseau, la soberanía es el ejercicio de la voluntad general. El soberano es el pueblo, quien delega el poder en sus representantes, pero no delega la voluntad. Ese poder delegado, pero dirigido por la voluntad general toma el nombre de soberanía, la que convierte a los contratantes en una persona pública que toma el nombre de República o Cuerpo Político. Por tanto la soberanía reside en el pueblo, quien designa un gobierno para la ejecución de esa voluntad general.

Así se refrendó en nuestra historia constitucional republicana. En la Constitución de 1901 dice: “La soberanía reside en el pueblo de Cuba, y de éste dimanan todos los Poderes Públicos”. En la Constitución de 1940 reza: “La soberanía reside en el pueblo y de éste último dimanan todos los poderes públicos”. Mientras en la constitución se vigente reza: En La República de Cuba la soberanía reside en el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado” y continúa: “Ese poder es ejercido directamente o por medio de las Asambleas del Poder Popular y demás órganos del Estado que de ellas se derivan”. Lo que ocurre en este caso es que no existen los mecanismos para que esos órganos respondan a los intereses y necesidades del pueblo. En ese estado de cosas lo  que le queda al cubano es ausentarse de unas reuniones donde lo único que pueden escuchar es a un delegado que, sin ningún compromiso, se limita a explicar por qué las necesidades planteadas no han sido resueltas.

En la información brindada por la secretaria de la ANPP se enumera una larga de problemas irresueltos: Las dificultades con el abasto de agua, el alumbrado público, los salideros de agua potable y albañales, la reparación de las redes hidráulicas, calles, carreteras y caminos, la necesidad de ampliación de los servicios telefónicos privados y públicos, así como la inestabilidad en la recogida de desechos sólidos… que representan más del 50% de los planteamientos recogidos. Sin contar problemas aún más graves de los cubanos, como es la insuficiencia de los salarios en relación con el costo de la vida

Si a lo anterior se une la incapacidad del modelo para hacer crecer la economía y satisfacer las necesidades de la población, es lógico que al cabo de casi cuatro décadas tuviera que manifestarse en la indiferencia de los cubanos. El hecho resultante es demostrativo de que el Poder Popular ni tiene poder ni goza de popularidad, lo que  obliga, con o sin voluntad política, a una transformación radical del modelo.

La evidente falta de voluntad política “para cambiar lo que deba ser cambiado” se manifiesta en los análisis sobre el tema que eluden la raíz del problema. Jorge Lezcano Pérez, Vicepresidente de la ANPP entre 1981 y 1986 y actualmente asesor de ese órgano, publicó, el lunes 17 de noviembre, un artículo en el semanario Trabajadores titulado “¿Está en crisis la rendición de cuenta?”, que hace dudar de la objetividad de las estadísticas exhibidas por la secretaria de la ANPP, quien dijo que más de 600 asambleas se celebraron con menos del 50%.
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Según Lezcano “Muchos son los electores que no asisten a las reuniones con el argumento de que no se resuelven los planteamientos que reiteradamente formulan, otros señalan que la inasistencia de los dirigentes administrativos convierten la reunión en una pérdida de tiempo y en falta de respeto a los electores; no son pocos los que responsabilizan injustamente al delegado por ambas situaciones”. Y añade: “Lo cierto es que, sean estas u otras las razones, desde hace tiempo viene disminuyendo en número de personas que asisten a las reuniones de rendición de cuentas y que no son pocas las que se efectúan con baja asistencia, lo que evidentemente provoca su cuestionamiento y pérdida de credibilidad…”

El aporte de Lezcano consiste en que “…la crisis no está en la rendición de cuenta sino en los que por negligencia, apatía, burocratismo o falta de conocimiento no exigen el cumplimiento de la ley”. Por tanto, desde su punto de vista, la solución está en exigir su cumplimiento. Es decir, el problema es sencillísimo, no está en la raíz sino en las ramas.

La irreductible diversidad y el agotamiento del modelo están presionando cada vez más sobre la necesidad de implementar transformaciones estructurales, en las que el pluripartidismo tendrá que estar a la orden del día. De ahí la necesaria restitución del derecho de asociación y de la despenalización de la diferencia política, para que los cubanos puedan desempeñar el papel activo y determinante que les corresponde en los destinos de su vida y de la nación. Cambios que, después del restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, no podrán seguir esperando por las calendas griegas.

El inicio del desmontaje del diferendo Cuba-Estados Unidos generará un escenario, en el que la eficacia demostrada por el Gobierno para conservar el poder, será inútil para sacar al país del estancamiento. Por tanto, la conservación del poder, cuyo plazo inexorablemente se reducirá y dependerá, de ahora en adelante,  de la profundización de las reformas iniciadas y de la introducción de otras nuevas. Es decir, reformando las reformas existentes e incorporando otras, que con el argumento de la existencia del enemigo, se han postergado durante demasiado tiempo. Lo imposible, en el nuevo escenario, será conservar el fidelismo tal y como existió durante décadas.