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Reforma universitaria sin autonomía

(Publicado en el Diario de Cuba el lunes 16 de enero de 2012: http://www.diariodecuba.com/cuba/9112-reforma-universitaria-sin-autonomía)

En ocasión del 50 aniversario de la Reforma Universitaria promulgada en enero de 1962, el diario Granma publicó el lunes 9 de enero de 2012 un artículo de Armando Hart Dávalos  titulado Universidad y Sociedad, en el cual se plantea que: “tras el triunfo de la Revolución era imprescindible la Reforma Universitaria para poder hacer realidad la articulación definitiva de la universidad con el pueblo y con la nueva realidad socioeconómica nacional…”.
En el artículo se omite lo más significativo: la historia que condujo a la pérdida de la Autonomía Universitaria como nervio de la sociedad civil. Tal simplificación de los antecedentes  le permite a Hart conferirle a la reforma de 1962 un carácter definitivo, tal como si los procesos sociales tuvieran un punto de remate.
José Ortega y Gasset, en Misión de la Universidad y otros ensayos afines, sentenció:”El hombre pertenece consustancialmente a una generación y toda generación se instala no en cualquier parte, sino muy precisamente sobre la anterior. Esto significa que es forzoso vivir a la altura de los tiempos y muy especialmente a la altura de las ideas del tiempo”.

Entre el siglo XIX y principios del XX, el padre José Agustín Caballero,  Tomás Romay Chacón, Félix Varela, José de la Luz y Caballero, José Martí y Enrique José Varona, entre muchos otros, realizaron ingentes esfuerzos por situarse a la educación a  la altura de sus tiempos. De ello se deduce que la reforma de la enseñanza es un proceso continuo que no admite “carácter definitivo” y que de esa continuidad emergió la Autonomía Universitaria como necesidad ineludible de la modernidad.
En la República, Carlos de la Torre, en el discurso de toma de posesión del cargo de Rector de la Universidad de La Habana en 1921, esbozó un programa para reformar la universidad y lograr la Autonomía Universitaria, que para él consistía: “en autorizar a la Universidad a manejarse en todos sus asuntos con absoluta independencia, menos en lo relativo al manejo de sus fondos”. Al año siguiente el Rector de la Universidad de Buenos Aires, José Arces, impartió una conferencia acerca de “la evolución de las universidades argentinas”, en la cual explicó el proceso iniciado con el Manifiesto de Córdoba de 1918, que dio lugar a una reforma universitaria cuyo eje central era la autonomía y la intervención del estudiantado en el gobierno universitario.
En ese contexto un grupo de estudiantes cubanos publicaron un manifiesto en el que llamaban a constituir una asociación estudiantil, la que fue fundada en diciembre de 1922 con el nombre de Federación de Estudiantes Universitarios (FEU). Seguidamente, el 10 de enero de 1923, la naciente federación publicó el Documento Programa de la Reforma Universitaria en Cuba, en el que se solicitaba “La personalidad jurídica de la Universidad y su autonomía en asuntos económicos y docentes”. Para solucionar la situación, Enrique José Varona propuso crear una comisión integrada por profesores y alumnos para estudiar el proyecto, lo que al ser aceptado condujo a la constitución de la Comisión Mixta, integrada por el Rector, profesores y miembros de la FEU y reconocida por decreto Presidencial
Analizado el proyecto por la Comisión Mixta, el Rector, el Directorio, profesores y alumnos, se dirigieron hasta el palacio Presidencial y entregaron al presidente, Alfredo Zayas, las bases del proyecto de ley para la Autonomía Universitaria. Zayas, ante la fuerza del movimiento reformista, reconoció legalmente a la FEU y autorizó la creación de la Asamblea Universitaria, compuesta por profesores, graduados y estudiantes. El avance reformista desembocó, en octubre de 1923, en el Primer Congreso Nacional de Estudiantes, que exigió la derogación de la Enmienda Platt y acordó crear la Universidad Popular José Martí, para abrir las puertas del alto centro docente a los obreros.
Durante el gobierno de Gerardo Machado se disolvió la Asamblea Universitaria y se ilegalizó a la FEU, pero la lucha continuó. Finalmente el 10 de septiembre de 1933, después de la caída de Machado, el Gobierno de los Cien Días encabezado por Ramón Grau San Martín emitió el Decreto Ley 2059 de octubre de 1933, que puso en vigor la Autonomía Universitaria. Posteriormente, al fracasar la huelga de marzo de 1935, la Universidad fue tomada militarmente y el gobierno dejó sin efecto la autonomía.
En 1939, bajo la presidencia de Federico Laredo Bru, se restableció la Autonomía Universitaria y se convocó a la Asamblea Constituyente que aprobó y redactó la Carta Magna de 1940, la cual, en su artículo 53, refrendó el carácter constitucional de la Autonomía Universitaria de la siguiente forma: “La Universidad de La Habana es autónoma y estará gobernada de acuerdo con sus Estatutos y con la Ley a que los mismos deban atemperarse”. Gracias a ella en el recinto docente se pudieron formar las fuerzas  que enfrentarían el Golpe Militar de 1952, a pesar de que Fulgencio Batista echó por tierra la peligrosa Autonomía Universitaria con la derogación de la Constitución del 40.
En enero de 1959, en lugar de la promesa de restablecer la Constitución de 1940, como rezaba en La Historia me Absolverá, ésta fue reformada, sin consulta popular, para conferir al Primer Ministro las facultades de Jefe de Gobierno y al Consejo de Ministros las funciones del Congreso; una modificación similar a la que había hecho Batista con los Estatutos que sustituyeron la Constitución después del Golpe de Estado de 1952. Acto seguido se procedió al desmontaje de la sociedad civil y de todos sus instrumentos, incluyendo la Autonomía Universitaria.
Para ello se creó el Consejo Superior de Universidades, formado por profesores y estudiantes de los tres centros universitarios del país y representantes del Gobierno. Dicho Consejo elaboró el proyecto de Reforma Universitaria presentada el 10 de enero de 1962. Ese mismo año, el dirigente comunista cubano, Carlos Rafael Rodríguez, en un artículo publicado en la prensa, planteó que la nueva Universidad sería regida conjuntamente por profesores y alumnos, pero aclaró: “en la medida en que la revolución universitaria es obra de una verdadera revolución y que el socialismo preside las transformaciones, no es posible pensar en los profesores y los estudiantes como dos grupos antagónicos… Un profesor de conciencia revolucionaria, orientado por el marxismo leninismo y militante de esa ideología durante años (se refería a Juan Marinello), no necesitará de la presencia vigilante de los estudiantes junto a él en el gobierno de la Universidad, porque tendrá la madurez suficiente para enfocar los problemas de la educación superior con un criterio certero”.
De esa forma, la Autonomía Universitaria, sin haber sido derogada legalmente, de hecho dejó de existir. Desde ese momento la Universidad, una de las fuentes más importantes de cambios sociales en nuestra historia, quedó inutilizada para esos fines. Una de sus peores consecuencias radicó en que bajo ese control, el Estado enarboló la consigna de la Universidad para los revolucionarios, que se materializó en la separación de cientos de estudiantes y profesores que no compartían la ideología del sistema.
El resultado no podía ser otro. Ante la intención de darle carácter definitivo a un proceso cambiante, la Universidad, con la pérdida de la Autonomía, dejó de ser nervio de la sociedad civil. Por ello, los cambios que se están efectuando en la economía tienen que ser complementados con cambios en la libertades y los derechos, entre los cuales la Autonomía Universitaria es una necesidad insoslayable para poner la Universidad a la altura de los tiempos.