Publicado en el Diario de Cuba. (http://www.diariodecuba.com/cuba/13243-mas-militarismo-menos-civismo)

Desde la fundación de la República, el predominio de militares al frente del país tiene mucho que ver con la carencia de una cultura cívica.

José Martí, convencido de que la democracia de la futura república tenía que incubarse desde la guerra, decidió no participar en el Plan Gómez-Maceo y escribió, el 20 de octubre de 1884, al generalísimo Máximo Gómez:

“Un pueblo no se funda General, como se manda un campamento. […] ¿Qué garantía puede haber de que las libertades públicas, único objeto digno de lanzar un país a la lucha, sean mejor respetadas mañana? […] Porque tal como es admirable el que da su vida por servir a una gran idea, es abominable el que se vale de una gran idea para servir a sus esperanzas personales de gloria o de poder, aunque por ellas exponga la vida”.

A pesar de esa aguda previsión, múltiples razones determinaron que desde la instauración de la República hasta hoy, la mayoría de los presidentes cubanos han emergido de la guerra, con hábitos ajenos a la ética y a la cultura democrática que exige la fundación de una nación.

En correspondencia con el articulado de la Constitución de 1901, el Estado cubano asumió la división tripartita de poderes: el Legislativo, ejercido por un congreso bicameral con potestad para juzgar al Presidente de la República y a los Secretarios de despacho; el Ejecutivo, encabezado por un Presidente elegido por voto libre y directo; y el Judicial, ejercido por el Tribunal Supremo de Justicia, independiente de los dos poderes anteriores. A su vez, la Carta Magna refrendó los derechos de hábeas corpus, libertad de expresión, reunión, asociación y libertad de movimiento, como cimientos del respeto y observancia de las garantías jurídicas, la soberanía popular y la dignidad de la persona humana. Bajo esos preceptos legales se iniciaron los procesos electorales en Cuba.

El primer mandatario electo, Tomás Estrada Palma —quien había sido presidente de la República en Armas—, asumió la magistratura el 20 de mayo de 1902 por cuatro años. Al concluir el mandato, en 1906, se hizo reelegir de forma fraudulenta, hasta que el desgobierno generado por el alzamiento de los liberales lo hizo renunciar.

El 28 de enero de 1909, al finalizar la segunda ocupación norteamericana y hasta el 20 mayo de 1913, asumió la magistratura el mayor general José Miguel Gómez. Le siguió, a su vez, el general Aurelio Mario García Menocal, entre el 20 mayo de 1913 y el 20 mayo de 1917. Al concluir el mandato, Menocal forzó su reelección, provocando con ella la insurrección liberal conocida como la Chambelona, aunque logrando mantenerse en el poder.

El cuarto presidente cubano fue el abogado Alfredo Zayas y Alfonso, del 20 de mayo de 1921 al 20 de mayo de 1925, el único que sin ser militar ocupó la presidencia en este período. El quinto presidente fue el general Gerardo Machado Morales, del 20 mayo de 1925 al 20 de mayo de 1929, quien, tras el voto aprobatorio del Congreso, sustituyó la Constitución de 1901 por los Estatutos Constitucionales para legalizar su reelección por otros seis años. La respuesta de la sociedad civil comenzó por el movimiento estudiantil y desembocó en la llamada Revolución del 30, hasta que el 12 agosto de 1933, Machado tuvo que abandonar el país.

El 12 de agosto de 1933 se iniciaron siete años de inestabilidad política. Comenzó por la designación del jefe del Ejército y Secretario de Estado, general Alberto Herrera Franchi, por menos de 24 horas. Ese mismo día se designó como Presidente al coronel Carlos Manuel de Céspedes (hijo), quien en los 23 días que ocupó el poder restableció la Constitución de 1901.

El 4 de septiembre una sublevación militar provocó la renuncia de Céspedes y designó a la Pentarquía, un gobierno colegiado que duró seis escasos días. El 10 de septiembre se nombró en su lugar al médico y profesor universitario Ramón Grau San Martín, quien desempeñó el cargo por 127 días, hasta su renuncia el 15 de enero de 1934, cuando el Jefe del Ejército, Fulgencio Batista, designó al Secretario de Agricultura, Carlos Hevia y de los Reyes, quien permaneció sólo tres días en el cargo.

El 18 enero fue designado el periodista y escritor Manuel Márquez Sterling, quien ocupó la presidencia por tres horas. Su lugar fue ocupado por el  coronel Carlos Mendieta y Montefur hasta el 11 de diciembre de 1935, fecha en que fue relevado por el Secretario de Estado,  José Agripino Barnet y Vinajeras.

Barnet asumió la silla presidencial hasta el 20 de Mayo de 1936, período en el cual  convocó a las primeras elecciones generales tras la caída de Machado, en las que resultó vencedor el ex alcalde de La Habana, Miguel Mariano Gómez (hijo del general José Miguel Gómez), quien ocupó el cargo hasta el 23 de diciembre de 1936, día en que fue destituido por el Congreso. El período de inestabilidad cerró con la designación del coronel Federico Laredo Brú, quien gobernó del 23 diciembre de 1936 al 10 octubre de 1940. Laredo Brú, el último de los veteranos de la Guerra que ocupó la presidencia, convocó a la Asamblea Constituyente que elaboró la Constitución de 1940.

Más militares y menos civiles

La Asamblea Constituyente redactó la Constitución de la Segunda República entre el 9 de febrero y el 8 de junio de 1940 y entró en vigor el 10 de octubre de ese año. Esta Constitución, además de refrendar la división de poderes, amplió los derechos y libertades cívicas, legitimó en su artículo 40 la resistencia adecuada para la protección de los derechos individuales garantizados anteriormente y limitó el poder presidencial a un período de cuatro años. Esos preceptos sirvieron de sustento a los procesos electorales democráticos en los cuales, entre 1940 y 1948, se eligieron tres presidentes.

Fulgencio Batista.

El primero fue el general Fulgencio Batista y Zaldívar, que ocupó el cargo el 10 de octubre 1940; le siguió Ramón Grau San Martín, el 10 de octubre de 1944 y cerró con Carlos Prío Socarrás, del 10 de octubre 1948 al 10 de marzo de 1952, día en que sin haber terminado su mandato fue derribado por el Golpe Militar encabezado por Batista.

En los 31 años de 1902 a 1933 todos los presidentes fueron electos, pero sólo Alfredo Zayas no era militar. En el período de 1933 a 1940, con excepción de Miguel Mariano Gómez, ninguno fue electo y aunque algunos eran civiles, el que ejerció la presidencia detrás de las cortinas fue el ejército en manos de Batista.

Entre 1940 y 1952, Batista estuvo cuatro años y los de procedencia civil, Ramón Grau y Carlos Prío, emergieron a la política en el contexto de violencia que generó la lucha contra Machado entre 1930 y 1933.

De los 16 cubanos que ocuparon la presidencia entre 1902 y 1952, nueve de ellos —más de la mitad— eran militares. Y de los 50 años comprendidos entre 1902 y 1952, sólo 12 años estuvieron en el poder presidentes civiles electos: Alfredo Zayas, Grau San Martín y Carlos Prío, por cuatro años cada uno.

La pregunta que se impone es la siguiente: ¿cómo en esas condiciones podía conformarse una Nación y una cultura democráticas en Cuba?

1952-2012: consolidación de una tendencia

El Golpe de Estado del 10 marzo de 1952, encabezado por el general Fulgencio Batista, interrumpió un orden constitucional que la corrupción y el pandillerismo ya habían corroído. Batista, tras derogar la Carta Magna de 1940 y suplirla por los Estatutos Constitucionales, convocó a las elecciones del 1 de noviembre de 1954, marcadas por el abstencionismo y la retirada de la candidatura de Grau San Martín dos días antes de los comicios. Una vez “electo”, Batista restableció la Constitución en 1955 y el 3 de noviembre de 1958 celebró nuevas elecciones en las que resultó electo el candidato de su partido, Andrés Rivero Agüero, quien no tuvo tiempo de ocupar la presidencia ante la victoria revolucionaria.

Ante la salida de Batista al exilio, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución de 1940, correspondía que fuese sustituido, en primer lugar por el vicepresidente, Rafael Guas Inclán, y en caso de la ausencia de éste, por el Presidente del Congreso, Anselmo Alliegro y Milá, cuyo nombramiento apenas duró algunas horas. En caso de retirada de ellos dos, el cargo correspondía al Dr. Carlos M. Piedra, el magistrado más antiguo del Tribunal Supremo de Justicia, decisión que le fue negada por el pleno del Tribunal.

Manuel Urrutia, entre Ernesto Guevara y Camilo Cienfuegos.

Al tiempo que eso ocurría en un gobierno desvanecido, los revolucionarios conformaban el nuevo poder. El Dr. Manuel Urrutia Lleó, candidato para la Presidencia Provisional de la República por el Movimiento 26 de Julio (M-26-7) —quien había emitido un voto absolutorio a favor de los acusados por las acciones antigubernamentales vinculadas al desembarco del yate Granma, y después de renunciar a su cargo y salir al exterior, había regresado a la Sierra Maestra el 7 de diciembre de 1958— fue designado para la magistratura el 1 de enero de 1959 en el acto celebrado en Santiago de Cuba, donde prestó juramento, tomo posesión y se dirigió al pueblo en función de Presidente provisional.

Al día siguiente de ocupar la presidencia, Urrutia declinó a favor de Fidel Castro la jefatura de las Fuerzas de Tierra, Mar y Aire, lo que constituyó una violación de la Constitución de 1940, la cual estipulaba en su artículo 139 que el Presidente era el jefe supremo de las fuerzas armadas. Seguidamente, el 3 de enero, se conformó el primer gabinete gubernamental, integrado por reformistas, conservadores y revolucionarios, y dos días después, a propuesta de Fidel Castro, Urrutia designó Primer Ministro al Dr. José Miró Cardona, que había presidido el Frente Cívico Revolucionario.

Se esperaba entonces, como estaba anunciado, que el orden constitucional sería restablecido. Sin embargo, el 7 de enero, en la sesión extraordinaria del Consejo de Ministros, la Constitución de 1940 sufrió su primera reforma y un mes después, el 7 de febrero, fue sustituida por La Ley Fundamental del Estado Cubano. De facto, la Carta Magna fue derogada, pues la reforma de la misma, según lo establecía su artículo 285, solo podía realizarse por iniciativa del pueblo, suscrita por no menos de cien mil firmas o en su lugar, por iniciativa del Congreso, el cual había sido disuelto tres días antes. La modificación sin consulta popular le confirió al Primer Ministro las facultades de Jefe de Gobierno, que antes correspondían al presidente; y al recién creado Consejo de Ministros, las funciones del Congreso.

De tal forma, en su condición de Primer Ministro, Miró Cardona asumía más atribuciones que el presidente Urrutia, lo que agudizó la crisis ya existente hasta provocar la renuncia de Miró Cardona. En medio de la crisis algunos dirigentes del M-26-7 le sugirieron a Fidel ocupar el premierato y éste, “con su intuición innata, se percató de que no había otra solución y optó por integrarse al Gobierno como Primer Ministro”, pero con condiciones: debía tener el control directo de la política general, sin menoscabo de las facultades que, conforme a la Ley Fundamental, le correspondían al Presidente de la República. Con ese fin, ese día 13 de febrero se procedió a modificar el artículo 146 de la reciente Ley Fundamental, el cual quedó así: “Corresponderá al Primer Ministro dirigir la política general del Gobierno, despachar con el Presidente de la República los asuntos administrativos, y acompañado de los ministros, los propios de los respectivos departamentos”. Al respecto el Secretario del Consejo de Ministros, Luis M. Buch, comentó: Como se puede apreciar, no es lo mismo “representar” que “dirigir”.

En virtud de este cambio, el Consejo de Ministros renunció, Urrutia firmó el Decreto que nombraba a Fidel Castro como Primer Ministro, quien devino jefe político del gobierno. Tres días después, en la toma de posesión del cargo, Fidel procedió a la sustitución de los ministros reformistas y conservadores del gobierno por revolucionarios.

La Primera Ley de Reforma Agraria, promulgada en mayo de 1959, contemplaba la creación del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y se designó a Fidel Castro como Presidente de ese organismo, desde el cual se ejercía el verdadero poder, lo que condujo a la crisis que se manifestó públicamente el 6 de febrero de 1959, cuando el Jefe de la Revolución hizo alusiones a los defectos del Gobierno y se agudizó cuando hizo pública la decisión de renunciar al cargo de Primer Ministro para forzar la renuncia de Urrutia, la cual se produjo el 17 de julio, cuando Fidel reasumió el cargo y designó a Osvaldo Dorticós Torrado para sustituirlo en la presidencia.

Después de casi 17 años de poder inconstitucional, el país regresó al cauce abandonado en 1976, cuando se promulgó la Constitución Socialista, en la que se refrendaron los derechos contenidos en las constituciones de 1901 y 1940, pero ahora acotados por la subordinación a la construcción y defensa del “socialismo”. Consta de un órgano unicameral, la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), donde se elige al Presidente del Consejo de Estado, pues el voto, directo y secreto quedó limitado a los delegados de circunscripción para conformar solamente las asambleas municipales, lo que impide la acción ciudadana ante cualquier violación gubernamental.

Desde 1959 hasta el presente Cuba ha tenido cuatro presidentes. Los primeros dos fueron designados: Manuel Urrutia Lleó, del 1 enero al 17 julio de 1959; y Osvaldo Dorticós Torrado, del 18 julio de 1959 al 2 diciembre de 1976, fecha en que la ANPP eligió a Fidel Castro Ruz como Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, cargo que desempeñó hasta su enfermedad el 31 de julio de 2006. Ese día, Fidel designó a Raúl Castro de forma provisional hasta el 24 de febrero de 2008, cuando fue elegido para esa responsabilidad por la ANPP.

En definitiva, de los sesenta años analizados, Batista asumió la presidencia durante casi siete años, Fidel Castro ejerció el poder real durante 47 años y Raúl Castro los últimos seis años. Es decir, en los últimos 60 años de historia, Cuba tuvo realmente tres presidentes: dos generales y un comandante en Jefe. Mientras, en la actualidad no solo el Presidente, sino cada vez un número mayor de funcionarios proceden de las Fuerzas Armadas.

De esta cronología no es difícil concluir que si en la magistratura, el predominio de los militares —electos o designados— no coadyuvó a la formación de una cultura democrática en Cuba durante los primeros 50 años de la República, en los segundos 60 años la agudización de esa tendencia tiene mucho que ver con la carencia de cultura cívica, e incluso de la ausencia de ciudadanos.

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