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El 10 abril de 1869, seis meses después del inicio de la Guerra de los Diez Años, tuvo lugar el primer acontecimientos jurídico fundacional de la futura República de Cuba: la Constitución de Guáimaro. El levantamiento insurreccional iniciado en la Demajagua, fue seguido por los patriotas camagüeyanos en las Clavellinas. Esos eventos no respondían a un centro único y tenían concepciones diferentes en cuanto a la forma de dirigir la lucha. Según Hortensia Pichardo: Camagüey no quería someterse al mando de Céspedes que consideraba dictatorial. Céspedes entendía que su autoridad debía ser acatada, por haber sido el primero en el pronunciamiento. La necesidad de la unidad condujo a la asamblea efectuada el 10 de abril de 1869, en la que se produjo un arduo debate, del cual emergió el primer texto legislativo que entró en vigor en los territorios ocupados por las fuerzas insurgentes.

Las ideas de libertad, enarboladas por el movimiento revolucionario, tenían como sustento el pensamiento libertario contenido en textos precedentes como la Carta Magna (1215), el Acta de Hábeas Corpus (1674) y la Declaración de Derechos (1689), los tres de Inglaterra; pero esencialmente en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos (1776) y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789), de Francia, donde lo imperecedero de los anteriores estaba presente.

Esos textos se reflejaron en el Proyecto de Gobierno Autonómico para Cuba del padre José Agustín Caballero (1811), en el que se argumenta la necesidad de crear una Asamblea de Diputados del Pueblo con poder para dictar leyes y un Poder Ejecutivo formado por un representante del Monarca, acompañado de un Consejo que le daría un carácter colegiado al Gobierno; el Proyecto de Constitución para la Isla de Cuba (1812,) del abogado bayamés Joaquín Infante, sustentado en las ideas de la independencia, un documento que contemplaba la división de poderes y en el que se plantea la observancia de los derechos y deberes sociales dirigidos a la igualdad, a la libertad de opinión, a la propiedad y a la seguridad, y recoge la libertad de opinión; el Proyecto de Instrucción para el Gobierno Autonómico Económico y Político de las Provincias de Ultramar (1823), elaborado por el presbítero Félix Varela, el que además de contemplar la división de poderes, consideraba perjudicial la puesta en vigor de libertades y derechos políticos exclusivamente para los blancos criollos, en consecuencia Varela preparó el primer proyecto para la abolición de la esclavitud en Cuba.

La Constitución de Guáimaro, estructurada en 29 artículos, refrendó la división clásica de poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El primero, depositado en una Cámara con poderes para nombrar al Presidente y al General en Jefe; el segundo, en el Presidente de la República en Armas; y un Poder Judicial independiente. Según se estableció la Cámara no podía atacar las libertades de culto, imprenta, reunión pacífica, enseñanza y petición, ni derecho alguno inalienable del pueblo.

La comprensión de esta constitución obliga a tener en cuenta la labor de la masonería en Cuba. Vicente Castro de Castro dirigió la creación de la Logia del Gran Oriente por todo el territorio del país, entre ellas Estrella Tropical, en Bayamo; Tínima, en Camaguey; a Logia de Trinidad en Las Villas, también las de Jiguaní, de Manzanillo y de otras localidades. Las directivas de estas logias se convirtieron en los comités revolucionarios que encabezaron los alzamientos antes señalados. Esa red de logias fue precisamente una de las principales vías por las que penetraron en Cuba las ideas acerca del republicanismo y la división de poderes, de la soberanía popular y la libertad de la persona, de las libertades individuales como la de expresión, reunión y asociación, la libertad religiosa, la separación de la Iglesia y el Estado, y la justicia social.

Otro dato importante es la estrecha relación entre lo individual y lo social, entre lo interno y lo público; pues las libertades legisladas son normas exteriores de obligatorio cumplimiento que están interconectadas con la libertad interior, que es su fuente. Esto lo comprendió Ignacio Agramonte, una de las figuras principales en el debate y la conformación de la Constitución de Guáimaro y miembro de la Logia Tínima. En la defensa de su tesis de Licenciado en Derecho expresó: Al derecho de pensar libremente le corresponde la libertad de examen, de duda, de opinión, como fases o direcciones de aquel. Por fortuna, éstas, a diferencia de la libertad de hablar y obrar, no están sometidas a coacción directa y se podrá obligar a uno a callar, a permanecer inmóvil, acaso a decir que es justo lo que es altamente injusto. ¿Pero cómo se le podrá impedir que dude de lo que se le dice? ¿Cómo que examine las acciones de los demás, lo que se trata de inculcar como verdad, todo, en fin, y que sobre ello formule su opinión?

Desde la Constitución de Guáimaro, pasando por la de Jimaguayú (1895), la Yaya (1897), y las constituciones de de 1901 y de 1940, predominaron las ideas democráticas refrendadas en la división de poderes y en las libertades fundamentales. Esas libertades quedaron también refrendadas en las constituciones revolucionarias de 1976, y las modificaciones de 1992 y 2002, pero ahora subordinadas al Partido Comunista. Libertades que se pueden ejercer para un solo fin: la construcción del socialismo y el comunismo, son por tanto, libertades para los comunistas hasta tanto dejen de pensar como tales. Lo peor radica, en negar las libertades al resto de los ciudadanos que piensan diferente y refrendar ese estado antinatural en la Constitución con carácter irrevocable. Es decir, el pueblo, supuesto soberano, no podrá transformar un sistema que los que están por nacer no han elegido.

Qué pena con José Martí, quien eligió como fecha simbólica para fundar el Partido Revolucionario Cubano, el aniversario de la Constitución de Guáimaro en abril de 1892, para así, resaltar la esencia democrática del Partido y de sus fines. Siglo y medio después del gesto emancipador iniciado en La Demajagua, en el 151 aniversario de nuestra primera Carta Magna, Cuba posiblemente sea el único país de Occidente que puede exhibir como “logro” en materia jurídica el haber regresado un poco más allá del punto de partida de su historia constitucional republicana.

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