Hemeroteca de noviembre 2017

Tomado de: http://www.diariodecuba.com/cuba/1510693092_35323.html

 

El pasado 1 de noviembre de 2017 Cuba presentó ante la Asamblea General de la ONU el proyecto titulado “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”.

En su intervención el canciller cubano criticó la política contenida en el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional sobre el fortalecimiento de la Política de Estados Unidos hacia Cuba, emitido el 16 de junio de 2017.

La prohibición de transacciones económicas, comerciales y financieras con empresas cubanas vinculadas con las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior; eliminación de los viajes individuales en la categoría de intercambios pueblo a pueblo; prohibición de viajar a Cuba fuera del marco de las 12 categorías autorizadas; oposición a las acciones que promueven el levantamiento del bloqueo; derogación de la Política de Normalización de las relaciones emitidas por el presidente Obama en octubre de 2016 y condicionamiento de suspensión del bloqueo a cambios dentro de Cuba. De igual forma criticó el traslado de la emisión de visas de La Habana para consulados estadounidenses en terceros países; la advertencia ciudadanos norteamericanos para que eviten visitar a Cuba; la expulsión del personal cubano del Consulado General en Washington y la reducción de su personal en su embajada en La Habana.

Finalmente aseguró que “El bloqueo constituye el mayor obstáculo para el desarrollo económico y social de Cuba”.

En 1992 sólo 59 países votaron a favor de la resolución cubana y en 2016 -con excepción de Estados Unidos e Israel que se abstuvieron- todos votaron a favor, sin que eso afectara en nada el embargo estadounidense, porque las resoluciones de ese órgano constituyen recomendaciones y por tanto no son de obligatorio cumplimiento. Por tanto, al obtenerse el resultado máximo posible en la ONU, ese foro quedó agotado. A partir de ese momento, el ambiente de distensión generado por el restablecimiento de las relaciones diplomáticas recomendaba encaminar la solución mediante las negociaciones bilaterales. Tres hechos a tener en cuenta lo aconsejaban y lo aconsejan:

Las causas internas

Como la reanudación de las relaciones diplomáticas no emergió de la victoria, sino del fracaso de ambos contendientes, cada parte quedaba en la obligación de cambiar para marchar hacia la normalización. Así lo había expresado el general Raúl Castro en conversación sostenida en 1977 con dos senadores norteamericanos: “Nuestras organizaciones son como un puente en tiempo de guerra. No es un puente que se puede construir fácilmente, ni tan rápidamente como fue destruido. Toma tiempo, y si ambos reconstruimos ambas partes del puente, cada cual su propia parte del puente, podremos, darnos la mano, sin ganadores ni perdedores. En esas palabras el mandatario cubano reconoce el carácter bilateral del conflicto y de su solución”1.

Para que esas palabras tomaran cuerpo, la normalización de las relaciones con Estados Unidos tenía y tendrá que acompañarse con el empoderamiento de los cubanos, con la restauración de los derechos y libertades para su participación efectiva en los problemas nacionales. Y esto no es para nada ceder la soberanía a una fuerza exterior, sino darle la participación que le corresponde al pueblo en dicha soberanía.

Se trata de desandar el camino transitado desde que la nacionalización de las propiedades norteamericanas en Cuba condujo a la ruptura de las relaciones diplomáticas y a la promulgación de la Ley del Embargo. En ese contexto confrontacional, el Gobierno cubano desmontó la institucionalidad existente, desarmó la sociedad civil, solapó la ineficiencia y eludió cualquier compromiso con los derechos humanos.

A partir del año 2008 el general Raúl Castro implementó un paquete de medidas cuyo principal resultado fue develar el agotamiento del modelo y la profundidad de la crisis. Por tanto se trata ahora de abandonar el aferramiento a la estatización, a la planificación centralizada y a la ausencia de libertades, que sin desconocer los efectos negativos del embargo, son las principales causas de la crisis en que Cuba se encuentra.

Las relaciones Cuba-Estados Unidos

La política de la administración de Obama brindó una oportunidad de cambio que fue desaprovechada por la parte cubana para remover los obstáculos al interior del país.

Esa política, al no exigir la democratización de Cuba como premisa para restablecer las relaciones, contenía un peligro para la conservación del poder: la contradicción externa se desplazaría gradualmente hacia las contradicciones internas, lo que explica la insoluble contradicción del gobierno cubano: cambiar y al mismo tiempo conservar el poder.

El presidente Barack Obama dictó seis paquetes de modificaciones: el primero amplió los permisos generales de viaje, ofreció facilidades comerciales a empresas privadas cubanas y a pequeños agricultores, acrecentó el monto de las remesas y donativos, expandió las exportaciones comerciales de bienes y servicios desde Estados Unidos, incrementó el acceso de Cuba a las comunicaciones y proporcionó telecomunicaciones comerciales y servicios de internet con precios más bajos.

Esos paquetes de medidas se reflejaron en el aumento de los viajes autorizados a Cuba, la llegada del primer buque de cruceros a puertos cubanos, el reinicio de los vuelos, el inicio de la transportación directa de correo entre los dos países; el establecimiento de acuerdos de varias empresas estadounidenses de telecomunicaciones, facilitó las negociaciones con otros países y reanimó las expectativas y esperanzas de cambio.

Si esas medidas -incluyendo la Directiva Presidencial de octubre de 2016 dirigida a tratar de hacer irreversible los avances logrados- no arrojaron un mayor resultado es porque faltaron las correspondientes medidas de la parte cubana, la cual se limitó a: permitir a los cubanos hospedarse en hoteles reservados para turistas; comprar computadoras, DVD y líneas de telefonía móvil; vender su casa o su auto; salir del país sin tener que pedir permiso al Estado y permanecer hasta 24 meses en el exterior; y estableció puntos públicos de acceso a wifi. Medidas, que más que avances denotan hasta el punto en que habían retrocedido los derechos en Cuba.

El ejemplo de Vietnam

Como la suspensión del embargo es prerrogativa del Congreso estadounidense y no de la ONU, lo práctico desde la votación en 2016 era introducir cambios internos al estilo de la nación vietnamita.

Sobre ese país Estados Unidos arrojó el triple de bombas que las empleadas durante la Segunda Guerra Mundial; el 15% de la población pereció o resultó herida; el 60% de las aldeas del Sur resultaron destruidas y después de culminar la guerra enfrentó un bloqueo económico y ataques fronterizos. A pesar de ello, después de la victoria la generalización del sistema de economía planificada sumió al país en el hambre y la superinflación hasta que en 1986 se emprendió la “Renovación Vietnamita” bajo el lema de “Reforma económica, estabilidad política”.

En vez de dedicar año tras año a presentar resoluciones en la ONU o a desarrollar campañas ideológicas contra el imperialismo emprendieron un programa sistemático de reformas, basado en la introducción de mecanismos de mercado, autonomía de los productores, derecho de los nacionales a ser empresarios y entrega de tierra a los campesinos que desarrolló la iniciativa, el interés y la responsabilidad de los vietnamitas.

Por sus resultados Estados Unidos suspendió un embargo, en 2008 dedicaron los esfuerzos a salir de la lista de países subdesarrollados, en 2010 se trazaron el objetivo de entrar en el grupo de países de ingreso medio, en 2014 se ubicaron como el 28 exportador más grande del mundo, y en 2016 aprobaron medidas destinadas a convertirse en una nación industrializada.

 

1 Citado por Juana Carrasco en Desbrozando la hiedra paso a paso, Juventud Rebelde, 18 de enero de 2015,

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Tomado de: http://www.diariodecuba.com/cuba/1509484104_35020.html

la Ley de Inversión Extranjera, aprobada en abril de 2014, no ha revelado todo el dinamismo que podía esperarse. En el presente año las firmas extranjeras habrán financiado en tal caso unos 510 millones de dólares. Dudas, temores al fantasma del mercado y sordas resistencias internas se adivinan en la dilatación de las negociaciones y en trabas a los empresarios extranjeros para contratar personal y servicios cubanos. Y termina diciendo que : Sin prosperidad, el socialismo será siempre una utopía.

Esa realidad, planteada por Ariel Terrero en el artículo Amenazas de lentitud, publicado en Granma el 27 de octubre de 2017, requiere la inclusión de otros factores no tratados por la prensa oficial.

Según las autoridades cubanas el país necesita de un crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto (PIB) entre el 5 y el 7% anual. Para lograrlo se requieren tasas de acumulación e inversión de no menos de un 25%, lo que exige de un flujo anual de inversión de entre 2000 y 2500 millones de dólares1. Sin embargo, las restricciones contenidas en el Decreto-Ley 50 de 1982, -en vigencia cuando los subsidios soviéticos permitían mantener una actitud hostil hacia los inversionistas de otras partes del mundo-, y en la Ley 77 de 1995 que conservó, entre otras, la ausencia de garantías y el mal trato a los inversionistas, provocando que de unas 400 empresas mixtas que llegaron a funcionar en el año 2002, la mitad abandonaron el país.

El efecto de la baja inversión foránea se intentó resolver con el Decreto Ley de septiembre de 2013, mediante el cual, soslayando la necesidad de cambios estructurales, se creó la Zona Especial de Desarrollo Mariel, cuya importancia consiste en que al ampliarse el Canal de Panamá que permite el paso de megabuques con capacidad aproximada de 13 mil 600 contenedores, creó la posibilidad de transformar algunos puertos del Caribe en megapuertos. Entre ellos el de Mariel, que al permitir la participación de Cuba en esa cadena de producción y transporte, se convierte en factor dinamizador de la economía y de atracción a la inversión extranjera.

Algo imposible sin la solución previa del diferendo con Estados Unidos.

Los magros resultados obtenidos se intentaron corregir con una nueva Ley de Inversiones Extranjeras, la Ley 118, cuyo nacimiento se manifestó a lo largo del año 2014:

-El 20 de febrero, en el discurso pronunciado en el XX Congreso de la CTC, Raúl Castro dijo: debemos tener en cuenta la imperiosa necesidad de fomentar y atraer la inversión extranjera en interés de dinamizar el desarrollo económico y social del país, propósito en el que avanzamos con la creación de la Zona Especial de Desarrollo de Mariel y en la elaboración de un proyecto de Ley sobre la Inversión Extranjera, que se someterá a la Asamblea Nacional en este mes de marzo.

– El 25 de ese mismo mes, Luis Ignacio Lula da Silva, acompañado del mandatario cubano, recorrió la Terminal de Contenedores de Mariel y al día siguiente impartió una conferencia en el Hotel Nacional, titulada: La experiencia brasilera en la atracción de inversiones, el Estado como inductor, asociado y facilitador a la que asistieron ministros y altos funcionarios cubanos.

El 1 de marzo, en una reunión del Consejo de Ministros, se enumeraron varias deficiencias del proceso inversionista: sobreestimación en la planificación anual, insuficiente control, deficiencias en la contratación, uso inadecuado del contrato como herramienta de trabajo, falta de exigencia ante obras mal ejecutadas, incorrecta gestión en las importaciones, indisciplinas tecnológicas, baja productividad y déficit de constructores.

Las deficiencias enumeradas tienen un factor común: la ausencia del interés de los cubanos. Tanto los fracasos ocurridos como los que están por ocurrir mientras no se proceda a una reforma profunda e integral, tienen y tendrán su causa fundamental en que la persona humana no constituye el objetivo fundamental de dichos proyectos, sino que están concebidos como medios para un fin político e ideológico predeterminado por el poder.

Con esos propósitos y antecedentes, ignorando al cubano como sujeto, se preparó la Ley de Inversiones Extranjeras 118, que a pesar de ser más flexible que las legislaciones precedentes conservó, entre otras las siguientes restricciones:

1- Negación del derecho de los cubanos a participar como inversionistas en su país. Se trata de una prohibición que atenta contra los cubanos que viven en la Isla o radican en el exterior; una decisión ideológica contraria a los derechos más elementales que anula el interés de los cubanos por los resultados de la economía y genera sospechas en los inversionistas. Lo peor es que Cuba es el único país de la región donde sus habitantes, a pesar de contar con sobradas iniciativas y formación profesional, carecen de un derecho tan elemental como participar en calidad de sujetos en las actividades económicas.

2- Prohibición a los cubanos de contratarse libremente como fuerza de trabajo. Una negación de la historia laboral cubana; prueba inequívoca de que los trabajadores cubanos son concebidos como un medio y no como un fin en sí mismo, y que los mismos son alquilados por el Estado en condiciones totalmente desventajosas.

3- Ausencia del principio de libertad sindical. Un principio regulado en el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, del cual Cuba es signataria; contenido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual Cuba fue una de sus promotoras en 1948; además contenida en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (firmados por Cuba pero no ratificados) y refrendado en la Constitución cubana de 1940 y por tanto, ajeno a la historia de lucha del movimiento obrero cubano.

En la presentación del Proyecto de Ley, el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz, dijo que la misma: tiene fuertes implicaciones políticas ya que constituye una actualización profunda del proceso de transformaciones que se desarrolló al inicio de la Revolución para poner los principales medios de producción en manos del Estado Revolucionario. Es decir, según las palabras del ministro, la intención declarada de la Ley es conservar la estatización, una de las causante de la ineficiencia económica.

Detrás de los resultados negativos está la ausencia de las libertades ciudadanas -un factor soslayado por el Gobierno e ignorado por la prensa oficial- sin las cuales será imposible destrabar las fuerzas productivas.

El Ministro de Economía y Planificación Ricardo Cabrisas, en la reunión del parlamento cubano el 27 de diciembre de 2016, planteó que: La inversión extranjera continúa siendo muy baja. Por tanto, para que la inversión extranjera surta el efecto que Cuba necesita hay que ponerla no sólo en correspondencia con las reglas de la economía de mercado, sino en primer lugar, con las libertades y los derechos humanos fundamentales.

Se impone pues, promulgar una nueva Ley o someter la actual a una profunda modificación, en la cual el apellido de “Extranjera” debe desaparecer y convertirse simplemente en Ley de Inversiones. Así, aumentaría el monto de las inversiones, foráneas y nacionales, y las dudas, temores al fantasma del mercado y las sordas resistencias internas que plantea Ariel Terrero en Amenazas de lentitud desaparecerían.

1 Entrevista realizada a Ivonne Vertiz Rolo. Subdirectora general de Inversión Extranjera del MINCEX. Granma, 12 de diciembre de 2014.

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