Hemeroteca de enero 2017

Tomado de: http://www.diariodecuba.com/search/node/Inversi%C3%B3n%20extranjera

En el año 2007, después de 48 años de poder  revolucionario, la ineficiencia productiva había convertido a las tierras estatales en campos infectados de marabú, mientras en el mercado internacional crecían los  precios de los alimentos. Ante ese cuadro, el General Raúl Castro planteó cambiar todo lo que deba ser cambiado. Cinco años después, en mayo de 2013, el vicepresidente del Consejo de Estado Marino Murillo Jorge reconoció que las medidas que durante décadas se han puesto en práctica en la forma de gestionar la tierra, no han conducido al necesario aumento de la producción.

La ineficiencia se reflejó en el Producto Interno Bruto (PIB), que disminuyó de forma sostenida durante años hasta llegar al 1% en el primer semestre de 2016 y caer otro 0,9% al finalizar el año. Es decir, Cuba entra al 2017 en recesión o en crecimiento negativo. El resultado coloca en el orden del día la necesidad de la inversión extranjera, de la que ninguna nación puede sustraerse, mucho menos un país subdesarrollado en estado de crisis.

En 1982 se dictó en Cuba el Decreto-Ley No. 50 para la inversión extranjera, en un momento en que los subsidios soviéticos permitían mantener una actitud hostil hacia los inversionistas de otras partes del mundo. Fue necesario el golpe recibido con la desaparición de la Unión Soviética para que el gobierno dictara la Ley No. 77 de 1995, una legislación cargada de restricciones, ausencias de garantías y mal trato a los inversionistas. Por esas razones de unas 400 empresas mixtas que llegaron a funcionar en el año 2002, la mitad abandonaron el país. A pesar del resultado negativo hubo que esperar al desinterés de los inversionistas por la Zona Especial de Desarrollo Mariel para su derogación.

La Ley 118, promulgada en marzo de 2014, aunque más flexible que la precedente también ha resultado insuficiente. Según las propias autoridades cubanas el país necesita de un crecimiento sostenido del PIB entre el 5 y el 7%. Para lograrlo se requieren  tasas de acumulación e inversión de no menos de un 25%, lo que demanda un flujo anual de inversión de entre 2000 y 2500 millones de dólares (de esta cifra el pasado año la inversión extranjera no sobrepasó el 6,5%). La única posibilidad de acercarse a ese objetivo en las actuales condiciones sería implementar entre otras medidas, las siguientes:

1- Permitir a los cubanos, tanto los que viven en la Isla como a los que radican en el exterior, la participación como inversionistas.

2- Reconocer la función social de la propiedad y la propiedad privada. Erradicar el concepto de no permitir su concentración en personas jurídicas o naturales, cuyo único objetivo es mantener evitar que el cubano sea sujeto de los procesos económicos.

3- Permitir a los cubanos ejercer cualquier actividad privada productiva o de servicios y dotarlos de personalidad jurídica.

4- Brindar garantías legales a los inversionistas para dirimir cualquier diferencia con la parte cubana ante un órgano de justicia que no esté subordinado al Partido y al Estado, lo que convierte al Gobierno en juez y parte.

5- Permitir la libre contratación de la fuerza de trabajo.

6- Eliminar la dualidad monetaria y las disímiles tasas de cambio, lo que a su vez es premisa para la existencia de un mercado interno que estimule las inversiones.

7- Reconocer la libertad sindical para afiliarse y fundar sindicatos -un principio consagrado en el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, del cual Cuba es signatario; en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual Cuba fue una de sus promotoras en 1948; y en los pactos internacionales de Derechos  Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también firmados por Cuba, pero no ratificados.

En esas trabas, en la historia antagonista con los inversionistas y en las deudas con los acreedores, radica la principal causa de la pobre inversión extranjera y no en el embargo, flexibilizado con las medidas del presidente Barack Obama. En fin, que el estado para la inversión en Cuba es atípico para empresas que operan con economías de mercado y por tanto sin cambiar, no habrá resultados.

El Ministro de Economía y Planificación Ricardo Cabrisas, en la reunión del parlamento cubano el pasado 27 de diciembre, planteó que: La inversión extranjera continúa siendo muy baja. No se logra que desempeñe un papel fundamental en el desarrollo económico. Mientras el Presidente del Consejo de Estado, Raúl Castro, explicó que: Es de gran importancia dinamizar la inversión extranjera en Cuba… Es preciso superar de una vez y por siempre la mentalidad obsoleta llena de prejuicios contra la inversión foránea. Debemos despojarnos de falsos temores hacia el capital externo.

Entonces, si la salida del estancamiento económico es imposible sin una fuerte   inyección de capital y el concepto de cambiar todo lo que deba ser cambiado va más allá de la retórica, se impone promulgar una nueva Ley o someter la actual a una profunda modificación, en la cual el apellido de “Extranjera” debe desaparecer y convertirse simplemente en Ley de Inversiones.

Cuba es el único país de la región donde sus habitantes carecen de un derecho tan elemental como participar en calidad de sujetos en las actividades económicas, a pesar de contar con sobradas iniciativas y formación profesional. Si eso no se corrige, además de ser una negación de nuestra historia económica, de las luchas sociales y del concepto martiano de República: estado de igualdad de derecho de todo el que haya nacido en Cuba; de muchos pequeños propietarios.

Esa prohibición, además de dañina a la nación, es violatoria de la Constitución vigente, la que en su artículo 14 reza: la economía se basa en la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción. Es decir, el pueblo, supuesto propietario, está excluido del derecho de participar en el proceso inversionista, algo ajeno al derecho, a la cultura occidental de la cual somos parte, a nuestra historia económica y contrario a la dignidad humana.

Una nueva Ley de Inversiones sin apellido, podría ser una señal importante, necesaria y esperada de cambios. Una prueba de que realmente, aunque con bastante demora, el gobierno está dispuesto a cambiar todo lo que deba ser cambiado.