Hemeroteca de noviembre 2016

Tomado de: http://www.diariodecuba.com/cuba/1477963680_26395.html

El mal de la corrupción ?acción y efecto de corromper? acompaña a la especie humana desde su surgimiento. Ha estado presente en todas las sociedades y en todas las épocas. Sus diversas causas van desde las conductas personales hasta el sistema político-económico de cada país. En Cuba hizo acto de presencia en la época colonial, se mantuvo en la República y se generalizó hasta devenir conducta predominante en la sociedad.

La comprensión de la involución sufrida nos remite a la conformación de nuestra moral, esencialmente durante el cruce de las culturas hispánicas y africanas y al giro hacia el totalitarismo después de 1959, como puede verse en las siguientes líneas.

La conversión de la Isla en la primera potencia azucarera y cafetalera a escala mundial generó múltiples contradicciones entre esclavos y esclavistas, negros y blancos, productores y comerciantes, peninsulares y criollos, y entre todos ellos y la metrópoli. De esas contradicciones brotaron tres vertientes morales: la utilitaria, la cívica y la de sobrevivencia.

La moral utilitaria

El padre del utilitarismo, Jeremías Bentham (1748-1832), decía que la utilidad se mide por las consecuencias que las acciones tienden a producir y arribó a la conclusión de que toda acción es socialmente buena cuando trata de procurar el mayor grado posible de felicidad al mayor número de personas y que cada persona tiene derecho a ser tenido en cuenta en el ejercicio del poder. Esa tesis de Bentham devino eslógan popular sintetizado en la frase: “La mayor felicidad para el mayor número”. Tal concepto cristalizó en Cuba como variante criolla de un utilitarismo que tomó cuerpo en explotación, contrabando, corrupción, bandolerismo y criminalidad, los cuales convirtieron a la violación de todo lo dispuesto en norma de conducta admitida en la sociedad.

El obsequio de un ingenio por los hacendados azucareros al gobernador Don Luis de las Casas; el desvío de los fondos para la construcción de Fortaleza de la Real Fuerza de la Cabaña, que hizo de ella la fortaleza más cara del mundo; el garito y la valla de gallos que tenía el gobernador Francisco Dionisio Vives para su esparcimiento en el Castillo de la Real Fuerza, a cuyo gobierno se le conocía por “las tres b”: baile, baraja y botella, por lo que, al término de su mandato, apareció un pasquín que decía: “¡Si vives como Vives, vivirás!”; los curros del Manglar; bandidos como Caniquí, el negro de Trinidad y Juan Fernández, el rubio de Puerto Príncipe… son algunos ejemplos.

El utilitarismo reapareció en el escenario republicano como discurso de una elite política, económica y militar carente de cultura democrática, hinchada de personalismo, caudillismo, corrupción, violencia y desconocimiento del diferente. Un retrato magistral de esa moral lo dibujó Carlos Loveira en su novela Generales y doctores, vertiente que resurgió en la segunda mitad del siglo XX.

Así emergió la República, erigida sobre la simbiosis de hacendados y políticos vinculados a intereses extranjeros, con una sociedad civil débil y con problemas raigales irresueltos, como eran la concentración de la propiedad agraria y la exclusión del negro. La coexistencia de conductas morales diferentes en el mismo medio social condujo a la simbiosis de sus rasgos. El utilitarismo se entrecruzó con virtudes y altruismos, preocupaciones y ocupaciones sobre asuntos más trascendentes que las cajas de azúcar y los sacos de café.

A lo largo del siglo XX, esos y otros factores estuvieron presentes en la Protesta de los 13, en la Revolución del 30, en la abrogación de la Enmienda Platt, en la Constituyente de 1939 y en la Constitución de 1940. También en la corrupción que imperó durante los gobiernos auténticos y en los esfuerzos de adecentamiento realizados por la disidencia ortodoxa y la Sociedad de Amigos de la República. Asimismo, en el golpe de Estado de 1952 y en el intento de contragolpe del Moncada, en la lucha cívica y armada que triunfó en 1959 y en los que desde entonces y hasta hoy luchan por el restablecimiento de los derechos humanos.

La moral cívica

La moral cívica, cuna de los valores éticos, fue una manifestación de minorías, fraguada por figuras que van desde el obispo Espada, pasando por José Agustín Caballero hasta las enseñanzas del padre Félix Varela y la república “con todos y para el bien de todos” de José Martí. Esta vertiente cívica devino fundamento de la nación y fuente de cubanía. Incluyó la preocupación por los destinos de la patria local, del país y de la nación. Se forjó en instituciones como el Seminario de San Carlos, el Colegio El Salvador, en Nuestra Señora de los Desamparados y favoreció el fomento de las gestas independentistas de la segunda mitad de siglo XIX, así como a los proyectos de nación y de república.

El padre Félix Varela comprendió que la formación cívica constituía una premisa para alcanzar la independencia y, en consecuencia, eligió la educación como camino para la liberación. En 1821, al inaugurar la Cátedra de Constitución en el Seminario de San Carlos, la calificó como “cátedra de la libertad, de los derechos del hombre, de las garantías nacionales… fuente de virtudes cívicas, la base del gran edificio de nuestra felicidad, la que por primera vez a conciliado entre nosotros las leyes con la filosofía”. José de la Luz y Caballero arribó a la conclusión de que “antes de la revolución y la independencia, estaba la educación”. Hombres, más que académicos ?decía?, es la necesidad de la época. Y José Martí comenzó por un estudio crítico de los errores de la Guerra de 1868 que develó factores negativos como la inmediatez, el caudillismo y el egoísmo, estrechamente relacionados con la débil formación cívica.

Esa obra fue continuada por varias generaciones de educadores y pensadores cubanos hasta la primera mitad del siglo XX. A pesar de esos esfuerzos, no se logró que la conducta cívica se generalizara. Prueba de esta afirmación la podemos encontrar en textos como el Diario del soldado de Fermín Valdés Domínguez y la Vida Pública de Martín Morúa Delgado, de Rufino Pérez Landa.

Durante la República, la vertiente cívica fue retomada por minorías. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XX sus supuestos herederos, una vez en el poder, se deslizaron hacia el totalitarismo, reduciendo la base occidental de nuestras instituciones a la mínima expresión, y con ello el discurso y la práctica de respeto a los derechos humanos.

La moral de sobrevivencia

La moral de sobrevivencia emergió de las continuadas frustraciones, exclusiones y del alto precio pagado en busca de libertad, oportunidades y participación. En la Colonia tuvo sus manifestaciones en el cimarronaje y en las sublevaciones de esclavos y campesinos pobres. Durante la segunda mitad del siglo XX tomó cuerpo en la falta de interés por el trabajo, una de cuyas expresiones es la popular frase: “Aquí lo que no hay es que morirse”.

Se manifestó en la simulación de labores que en realidad no se realizaban, así como en la búsqueda de formas alternativas para sobrevivir. El cubano de hoy, reducido a la sobrevivencia, no responde con heroísmo sino con acciones concretas e inmediatas para sobrevivir. Y esto se manifiesta a lo largo y ancho del territorio nacional, en los cargos de dirección y en todas las actividades productivas o de servicios.

Está presente en la venta clandestina de medicinas, en la pérdida de paquetes enviados por correo, en la aprobación de alumnos a cambio de dinero, en la falsificación de documentos, en la desatención a enfermos (como ocurrió con los enfermos mentales fallecidos en el Hospital Psiquiátrico de La Habana por hipotermia en enero de 2010, donde fallecieron 26 personas según datos oficiales), en los establecimientos donde se expenden mercancías, en los talleres que brindan servicios a la población, en la venta de combustible “por la izquierda” y en el desvío de los recursos destinados a cualquier objetivo.

La fuente principal de abastecimiento de los materiales empleados es el desvío, el hurto y el robo. Mientras los verbos “escapar”, “luchar” y “resolver” designan las acciones dirigidas a adquirir lo necesario para sobrevivir. Al poco valor del trabajo el sobreviviente respondió con las actividades alternativas. A la imposibilidad de tener empresas, con la vía estaticular (entre estatal y particular, actividades que realizan los trabajadores para beneficio propio en centros estatales y con materiales del Estado). A la ausencia de sociedad civil, con la vida sumergida. Al desabastecimiento, con el robo al Estado. Al cierre de todas las posibilidades, con el escape hacia cualquier otra parte del mundo.

Inmersos en esa situación, los cambios que se están implementando en Cuba, bajo el rótulo de Lineamientos de la Política Económica y Social del PCC, tropiezan con la peor situación respecto a la conducta moral. En ello, a diferencia de épocas anteriores, participan desde altos dirigentes hasta simples trabajadores. Un fenómeno de tal dimensión que, a pesar de su hermetismo, ha tenido que ser abordado por la propia prensa oficial como puede apreciarse en los siguientes ejemplos de toda una década:

* El diario Juventud Rebelde, del 22 de mayo del 2001, publicó un artículo titulado “Soluciones contra engaños”, donde se plantea que Eduardo, uno de los miles de inspectores declara que cuando pone en evidencia un delito, los infractores llegan a decirle: “Hay que vivir, hay que luchar”. Según Eduardo, tampoco puede explicarse “la torcedura de los que se molestan cuando se les va a reivindicar sus derechos y en cambio defienden a su propio victimario”. Resulta que el victimario declara que está luchando y las víctimas lo defienden. El abnegado inspector, al pensar que cuando demuestra la violación ya tiene ganada “la batalla” se equivoca. Las acciones represivas, sin atacar las causas, están condenadas al fracaso.

* Ese mismo diario publicó “La vieja gran estafa”, dando a conocer que de 222.656 inspecciones realizadas entre enero y agosto de 2005 se detectaron violaciones de precios y alteraciones en las normas de los productos en el 52% de los centros examinados y en el caso de los mercados agropecuarios en el 68%.

* Por su parte, el diario Granma, del 28 de noviembre de 2003, en “Violaciones de precios y la batalla de nunca acabar” informó que en los primeros ocho meses del año en el 36% de los establecimientos inspeccionados encontraron irregularidades; que en los mercados, ferias, placitas y puntos de venta agropecuarios el índice estuvo por encima del 47%, y en gastronomía el 50%.
* El 16 de febrero de 2007, bajo el título “Caníbales en las torres”, el órgano oficial del Partido Comunista abordó el robo de los angulares que sostienen las redes de transmisión eléctrica de alta tensión y se reconoció que las “medidas técnicas, administrativas y legales aplicadas hasta el momento no han frenado el bandidaje”.

* Asimismo, el 26 de octubre de 2010, en “El precio de la indolencia”, informó que en el municipio de Corralillo, en Villa Clara, se edificaron más de 300 viviendas con materiales y recursos sustraídos, para lo cual se desarticularon 25 kilómetros de líneas férreas y se emplearon 59 angulares de las mencionadas torres de alta tensión.

Si los diarios oficiales Granma y Juventud Rebelde hubieran planteado la estrecha relación entre la corrupción con la propiedad estatal casi absoluta, con que nadie puede vivir del salario, con que los ciudadanos están impedidos de ser empresarios y con que se carece de los derechos cívicos más elementales, entonces hubieran comprendido que la represión por sí sola es inútil, que los vigilantes, policías e inspectores son cubanos con las mismas necesidades que el resto de la población.

Para cambiar el rumbo de los acontecimientos es necesario extender los cambios en la economía al resto de las esferas sociales, lo que implica volver la mirada hacia las libertades ciudadanas perdidas, sin las cuales resultará imposible la conformación y el predominio de la conducta ciudadana que requiere el presente y futuro de Cuba.

Ética, política y libertades

En Cuba, el estado de la ética ?sistema integrado por principios, preceptos, patrones de conducta, valores e ideales que caracterizan a un colectivo humano? es deprimente; mientras la política ?vehículo para transitar de lo deseado a lo posible y de lo posible a lo real? está monopolizada por el Estado. La situación deprimente de una y el monopolio de la otra, guardan una estrecha relación con el tema de la corrupción. Por tanto, su solución resultará imposible sin acometer profundas transformaciones estructurales.

El gran reto de la Cuba de hoy y del mañana está en la transformación de los cubanos en ciudadanos, en actores políticos. Una transformación que tiene su punto de partida en las libertades, comenzando por la implementación de los derechos civiles y políticos. Como la causa más inmediata de la corrupción ?no la única? está en el desmontaje de la sociedad civil y en la estatización de la propiedad que tuvieron lugar en Cuba en los primeros años de poder revolucionario, se impone actuar sobre esa causa desde diferentes direcciones.

La ola de expropiaciones que comenzó por las empresas extranjeras, continuó por las nacionales y no se detuvo hasta convertir al último puesto de fritas en “propiedad de todo el pueblo”, unida al desmontaje de la sociedad civil y a la monopolización de la política, trajo por consecuencia el desinterés por los resultados del trabajo, la baja productividad y el brusco deterioro sufrido con la disminución de los salarios y pensiones. A esos hechos se sumaron otros como la sustitución de decenas de miles de propietarios por jefes y administradores sin conocimientos del abc de la administración ni de las leyes que rigen los procesos económicos.

El resultado no podía ser otro: el trabajo dejó de ser la fuente principal de ingresos de los cubanos. Para transformar esa deplorable situación se requiere de una acción cultural, que, al decir de Paulo Freire, es siempre una forma sistematizada y deliberada de acción que incide sobre la estructura social, en el sentido de mantenerla tal como está, de verificar en ella pequeños cambios o transformarla.

Parafraseando el concepto de acción afirmativa, esa acción cultural es equivalente a las que se efectúan para la inserción y desenvolvimiento de sectores sociales relegados. Su concreción incluye dos procesos simultáneos e interrelacionados: uno, el empoderamiento ciudadano, que incluye la implementación de derechos y libertades; y dos, los cambios al interior de la persona, que a diferencia de los primeros son irrealizables en el corto plazo, pero sin los cuales el resto de los cambios serían de poca utilidad. La transformación de los cubanos en ciudadanos públicos, en actores políticos, es un reto tan complejo como ineludible.

La experiencia, avalada por las ciencias sociales, enseña que el interés es un motor insustituible para el logro de objetivos. En el caso de la economía, la propiedad sobre los medios de producción y el monto de los salarios influyen de manera decisiva en el interés de los productores. El salario real tiene que ser, al menos, suficiente para la subsistencia de los trabajadores y sus familias. El salario mínimo permite la subsistencia, mientras los ingresos por debajo de ese límite marcan la línea de pobreza. Desde 1989, cuando un peso cubano equivalía a casi nueve de los actuales, la tasa de crecimiento del salario comenzó a ser inferior al aumento de los precios, lo que explica que la capacidad de compra haya disminuido al punto que resulta insuficiente subsistir.

Un análisis realizado en dos núcleos familiares compuestos de dos y tres personas respectivamente, en el año 2014, arrojó que el primero ingresa 800 pesos mensuales y gasta 2.391, casi tres veces más que el ingreso. El otro ingresa 1.976 pesos y gasta 4.198, más del doble de lo que ingresa. El primero sobrevive por la remesa que recibe de un hijo radicado en EEUU; el segundo se abstuvo de declarar cómo adquiría la diferencia.

La concurrencia del fracaso del modelo totalitario, el envejecimiento de sus gobernantes, el cambio de actitud que se está produciendo en los cubanos y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con EEUU, ofrece mejores condiciones que décadas atrás para enfrentar el reto. La solución no está en llamados ideológicos, sino en el reconocimiento de la incapacidad del Estado y en descentralizar la economía, permitir la formación de una clase media, destrabar todo lo que frene el aumento de la producción hasta hacer posible una reforma que restituya la función del salario. Eso será el mejor antídoto contra el leviatán de la corrupción y premisa indispensable para salir del estancamiento y de la corrupción en que está sumergida la sociedad cubana.

Dimas Castellanos / Pablo Díaz Espí

Tomado de: http://www.diariodecuba.com/internacional/1478502494_26533.html

La violencia constituye una enfermedad letal para la sociedad. Su erradicación exige de una alta dosis de voluntad política para definir y enfrentar sus causas. Colombia, con una larga y cruenta historia de violencia, está inmersa en un proceso de paz que, al democratizarse mediante plebiscito o ser refrendado por el Congreso, podría resultar decisivo.

Los antecedentes

El motín de Aranjuez, que destronó al rey Carlos IV en España y que aprovechó Napoleón para imponer a su hermano como rey, reactivó en las colonias las contradicciones entre los criollos y la metrópoli. La formación de las juntas provinciales para resistir a los galos fue utilizada en América para la independencia. Comenzó así un sangriento período de luchas entre realistas y libertadores.

La idea de Simón Bolívar de conformar una nación centralizada comenzó a tomar cuerpo en el Congreso de Angostura (febrero de 1819), donde se acordó crear la Gran Colombia. La victoria sobre el ejército español en Boyacá (agosto de 1819) parecía despejar el camino para su realización. En 1821 se redactó su Constitución en el Congreso de Cúcuta. Sin embargo, la oposición de los líderes federalistas, agudizada con la rebelión del general José Antonio Páez, resultó un obstáculo insuperable. La Convención de Ocaña (1828) —centralistas y federalistas encabezados por Bolívar y Francisco de Paula Santander respectivamente— así lo demostró. Bolívar promulgó la Ley Fundamental mediante la cual se declaró dictador bajo el nombre de “Libertador-Presidente”.

Fracasado el proyecto bolivariano, la guerra de independencia devino guerra interpartidista. En 1848 se creó el Partido Conservador con Bolívar como símbolo, y en 1849 los seguidores de Santander fundaron el Partido Liberal. Este partido predominó hasta 1886, año en que Rafael Núñez, un liberal independiente, asumió la presidencia y creó el Partido Nacional con el apoyo de un sector del conservadurismo. Basado en un régimen agrario y el control de los terratenientes sobre los campesinos, los conservadores prevalecieron.

En 1930 un candidato liberal ganó las elecciones, dando paso a la República Liberal —de 16 años de duración— en la que se implementó un proceso de industrialización y de limitación de derechos de los terratenientes. Así, durante más de un siglo liberales y conservadores escenificaron una reñida lucha, cuya victoria requería de apoyo popular.

Los liberales alentaron la participación del pueblo, pero el temor los paralizó. El líder del Partido Liberal, Jorge Eliécer Gaitán, fortaleció esos vínculos. Sin embargo, la división dentro de su partido facilitó que los conservadores retomaran el poder en 1946 y desataran una violencia desenfrenada contra los liberales, en la que Gaitán —un político populista con la promesa de colocar al Estado del lado de los pobres— fue asesinado. La violencia del bogotazo desbordó la guerra bipartidista para devenir guerra generalizada en el campo y la ciudad, que ocasionó cientos de miles de muertos y de campesinos desplazados.

La ingobernabilidad desembocó en la dictadura del general Rojas Pinilla, en 1953. Sin derramar sangre y con una política de paz, el dictador logró desmovilizar a unos 5.000 combatientes, pero su intento de mantenerse en el poder alarmó a los políticos que se unieron en el Frente Nacional. En 1957 la dictadura fue sustituida por una Junta Militar que dio pasó nuevamente a los partidos políticos y a la paz entre ellos.

El presidente Alberto Lleras Camargo, quien comprendió que la contradicción entre crecimiento económico y distribución de la riqueza necesitaba una solución, implementó una reforma agraria. La disputa entre el intervencionismo liberal y el proteccionismo conservador impidió su efectividad. Las élites se aliaron para evitar que sus latifundios fueran intervenidos, lo que unido a la violencia en los campos, fomento el resurgimiento de las guerrillas.

Las guerrillas

Como la violencia genera violencia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) —autodefensas armadas surgidas al calor del bogotazo e inspiradas en el apoyo y las promesas populistas de la revolución cubana— se crearon en 1964. En 1965 surgió el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en 1967 el Ejército Popular de Liberación (EPL), en abril de 1970 el M-19 y en 1984 el Movimiento Indigenista Quintín Lame (MIQL).

En su lucha, las FARC emplearon los peores métodos: implantación de minas antipersonas, asesinatos, secuestros, atentados con bombas y armas no convencionales, desplazamientos forzados de civiles, reclutamiento de menores, destrucción de infraestructuras, ataques a estaciones de policía y casas de civiles aledañas. Para financiarse acudieron al narcotráfico, inicialmente al gramaje (impuesto por cada gramo producido a productores y narcotraficantes), al cobro de rescates por secuestros y al robo de ganado. Estuvieron presentes en 24 departamentos, sobre todo al sur y oriente del país, con campamentos incluso en países como Venezuela y Ecuador. Después de sufrir grandes pérdidas, el Centro de Estudios para el Análisis de Conflictos calculaba que en 2014 las FARC tenían entre 6.500 y 6.700 hombres armados.

Por su parte, el Gobierno legalizó a grupos de autodefensas paramilitares, financiados fundamentalmente por hacendados, multinacionales extranjeras y narcotraficantes.

Los amagos de paz

En mayo de 1982 las FARC reafirmaron la combinación entre la lucha política y la armada y comenzaron a llamarse FARC-Ejército del Pueblo (FARC-EP). En marzo de 1984 firmaron los Acuerdos de Cese al Fuego, Tregua y Paz con el gobierno de Belisario Betancourt y conformaron la Unión Patriótica (UP) para liderar el movimiento político. Durante ese proceso muchos militantes de la UP resultaron asesinados, por lo que el proceso de paz se rompió.

En septiembre de 1987, durante la presidencia de Virgilio Barco, diversos grupos guerrilleros se constituyeron en la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, para coordinar las acciones armadas y las negociaciones de paz. En ese proceso el M-19 fue el primer movimiento que firmó la paz, luego el EPL, y en 1991 se desmovilizó el MIQL.

En 1998, con el presidente Andrés Pastrana, se creó una Zona de Distensión para iniciar un proceso de paz. El incremento de la participación de las FARC en el negocio de las drogas, la compra ilegal de armamento y la presión sobre las autoridades locales malogró el proceso, que duró hasta 2002.

Algunas de las acciones de las FARC y el ejército colombiano a partir de 2002

En 2002, las FARC-EP secuestraron a la candidata presidencial Ingrid Betancourt. En 2003, en un atentado en el Club El Nogal, mataron a 36 personas e hirieron a 200. En 2003 asesinaron al gobernador de Antioquia y a su asesor de paz. En 2007 asesinaron a 11 diputados que mantenían secuestrados. En 2009 asesinaron al Gobernador de Caquetá. En 2011 asesinaron a tres policías y a un militar que también mantenían en cautiverio. En 2012, mediante varios atentados, causaron unos 19 muertos y un centenar de heridos, y en Arauca provocaron la muerte de 11 militares. En 2013, cuatro militares cayeron en un combate y otros 21 corrieron igual suerte en Arauca y Caquetá. En abril de 2015, después del alto al fuego acordado en 2014, mataron en un ataque a 11 militares, mientras herían a 15.

Entre las acciones más espectaculares y censurables de las FARC, se cuentan además la toma de Mitú (Vaupés), donde 40 miembros de las fuerzas oficiales perdieron la vida; la incursión en Puerto Saldaña (Tolima) en 2000, donde murieron 27 personas, incluidos niños; la toma y destrucción del pueblo de Granada (Antioquia) ese mismo año, con 19 muertos; y la matanza de Bojayá (Chocó) en 2002, cuando perdieron la vida 119 civiles mediante el lanzamiento de cilindros-bomba.

Por su parte, el ejército, con el presidente Álvaro Uribe, inició el Plan Patriota. En 2008, durante un bombardeo a un campamento ubicado en Ecuador, murió Raúl Reyes, uno de los comandantes de las FARC. Ese mismo año, Iván Ríos, miembro del Secretariado de dicha guerrilla, fue asesinado por su guardia personal, y también pereció su fundador, Manuel Marulanda, alias “Tirofijo”. En 2008 el ejército rescató a un grupo de secuestrados en las selvas del Guaviare. En 2010 mató al entonces jefe militar de las FARC, Víctor Julio Suárez, alias “Mono Jojoi”. En 2011 detuvo al guerrillero Víctor Ramón Vargas Salazar cuando buscaba apoyo de la banda terrorista española ETA. En 2011 fue abatido Alfonso Cano, sucesor de Marulanda. En 2012 murieron 33 guerrilleros, y durante la operación Armagedón otros 36 resultaron muertos y tres capturados. Con esas operaciones se neutralizaron varios cabecillas de frentes y las FARC pasaron a la defensiva.

Finalmente la paz

En 2012 comenzaron las negociaciones. En 2016, el 23 de junio, se declaró el cese temporal pero indefinido de las acciones militares y se firmó el último de los seis puntos de la agenda de negociaciones. El 24 de agosto se firmó el acuerdo y se ordenó el cese al fuego definitivo. El 23 de septiembre los frentes y bloques de guerra aceptaron acatar los acuerdos. El 26 de septiembre se firmó el Acuerdo de Paz. Sin embargo, el 2 de octubre, el plebiscito convocado para refrendar los acuerdos dio la victoria a quienes discrepaban de los términos negociados. Tras prolongar los diálogos e incluir en los mismos más de 400 propuestas de los patidarios del No, finalmente, el pasado sábado 12 de octubre, un nuevo acuerdo ha sido anunciado.

Cinco conclusiones

Los conflictos en Colombia pasaron de los enfrentamientos realistas-libertadores a liberales-conservadores, ejército-guerrilla, pero siempre mediante la violencia.

Detrás está la pérdida de cientos de miles de vidas, el dolor de miles de familias, cientos de miles de colombianos que abandonaron el país o emigraron a otras regiones, un sector poblacional que continúa sumido en la pobreza y la violencia en la vida cotidiana.

Para impedir la continuación de la violencia, es insoslayable enfrentar sus causas, con transformaciones estructurales y una mayor democratización.

La decisión del presidente Juan Manuel Santos de someter el acuerdo inicial a un plebiscito constituyó un hecho inédito que ha repercutido en las negociaciones pendientes y en toda la región. La misma, al rebasar el derecho al sufragio, ha colocado al pueblo como protagonista en un asunto vital de cara al presente y el futuro de la nación.

El abandono de la guerra para retomar la política inclusiva es una prueba de y un aporte a la democratización como asunto pendiente global.