Hemeroteca de julio 2016

Tomado de: http://www.diariodecuba.com/cuba/1468188090_23741.html

La declaración emitida en mayo de 2016 por el Buró Nacional de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) ante la decisión anunciada por el  Departamento del Tesoro para que los productores independientes de Cuba puedan exportar café a Estados Unidos, no podía ser una sorpresa. Dicha declaración corresponde exactamente a su naturaleza, pues la ANAP no representa los intereses de los productores sino los del Estado, el Gobierno y el Partido Comunista. Para demostrarlo basta con remitirse a sus bases fundacionales.

El asociacionismo de campesinos y patronos, que emergió en el siglo XIX cubano, se expandió con las libertades refrendadas en la Constitución de 1901 y creció al calor de la lucha en defensa de los intereses de sus afiliados contra el desalojo, por la propiedad de la tierra, mejores mercados, precios dignos, créditos con bajos intereses y disminución de las rentas, entre otros. El Decreto No. 16 de 3 de enero de 1934, promulgado durante  el gobierno de Ramón Grau San Martín, institucionalizó la colegiación obligatoria de las asociaciones de productores. En 1937 se celebró el Primer Congreso Nacional Campesino y en 1941 se creó la Asociación Nacional Campesina. Hechos convirtieron al asociacionismo en una institución clave de la sociedad cubana.

Resultado del giro hacia el totalitarismo sufrido por el proceso revolucionario de 1959, la propiedad privada y la diversidad de asociaciones campesinas y patronales fueron eliminadas. En octubre de 1960, con el  argumento de que, una vez nacionalizados todos los ingenios azucareros, sus miembros habían perdido la condición de hacendados, fue disuelta la más poderosa de las organizaciones, la Asociación de Hacendados de Cuba.  Le siguió en turno la Asociación de Colonos de Cuba, hasta que en diciembre de 1960, el líder de la revolución adelantó la siguiente idea: “Es Necesario que los pequeños agricultores, en vez de ser cañeros, tabacaleros, etc., sean sencillamente agricultores y organicemos una gran Asociación Nacional de Agricultores Pequeños”. Idea, como era costumbre devino Ley.

El 21 de enero de 1961 todas las organizaciones de empleadores y las asociaciones campesinas existentes fueron sustituidas por la Asociación Nacional de Colonos; la cual pasó a denominarse Asociación Nacional de Agricultores Pequeños  en el mes de mayo de ese año. Al frente de la cual se designó a José Ramírez Cruz, procedente de la lucha insurreccional y de las filas del Partido Socialista Popular.

Los objetivos de la ANAP quedaron refrendados en el articulado de sus Estatutos. El siete plantea: Orientar y dirigir a los cooperativistas y agricultores pequeños la política agraria de la revolución así como en los acuerdos y lineamientos trazados por el partido y la propia organización en sus respectivos congresos y plenos. El once reza: lograr a través del trabajo político e ideológico de la organización el cumplimiento exitoso de los planes de producción y ventas al estado y contribuir de modo efectivo en la aplicación de las normas y procedimientos que se establecen por los organismos rectores de la economía; y el catorce dice: Desarrollar un profundo trabajo político con los campesinos para que no practiquen la venta de productos agropecuarios de forma ilícita, así como ejercer, en coordinación con los consejos populares y el MINAG el control necesario para evitar que tenedores de tierra no asociados a la ANAP cometan también violaciones que afecten el honor y la vergüenza campesina.

Esos tres artículos se resumen en:1-  la subordinación a los objetivos del Gobierno, 2- Sustituir la labor de los productores privados y sus asociaciones  privados y 3- Emplear la asociación para vigilar, controlar e impedir la venta libre de sus producciones. Y explican que todos los plenos y congresos de esa asociación, desde su fundación a hoy, hayan sido presididos por funcionarios del Buró Político del Partido Comunista y que en enero de 2013, violando los principios fundamentales del cooperativismo, sustituyera o liberara de sus funciones a 632 presidentes de cooperativas agrícolas.

Por tanto, no puede ser sorpresa que ante la decisión del Departamento del Tesoro de añadir el café cubano a la lista de importaciones de productores independientes. Decisión que tomó mayor fuerza con el anunció de Nespresso (de la Nestlé S.A.) de reiniciar las ventas de café cubano en Estados Unidos, que la ANAP, fiel a su naturaleza, declarara su oposición. Otra cosa hubiera ocurrido si la misma representara los intereses de sus afiliados, que serían los principales beneficiarios de la decisión estadounidense. En lugar de cuestionarse que Nadie puede pensar que un pequeño productor agrícola puede exportar directamente a los Estados Unidos, debió demandar ante el Gobierno cambios en el monopolio estatal para que fuera “pensable” y viable la oportunidad ofrecida a sus “afiliados”.

La subordinación del ANAP al Estado, gobierno y partido explica no sólo el estado  de indefensión de los productores cubanos, sino también en el desinterés de los mismos, lo que se refleja en el declive sufrido por la producción cafetalera en Cuba1, que llego a ser la primera exportadora mundial de café; en la disminución de la producción de 60 mil a 6 mil toneladas anuales; y en los fracasados intentos de sustituir importaciones para ahorrar los casi 50 millones de dólares que se dedican anualmente a su compra en países como Vietnam, al que Cuba enseñó a cultivar el grano.

Los resultados demuestran que la ANAP nunca pudo ni podrá suplir la  función de la Asociación Nacional de Cafetaleros, como tampoco la de hacendados, colonos, ganaderos y otras que producían cifras superiores a las actuales y que vendían libremente en el mercado nacional o internacional.

El control monopólico del Estado, los abusivos precios de acopio, las innumerables restricciones a que son sometidos los productores, las restricciones para comercializar una parte de la cosecha fuera del compromiso que le impone el Estado, las relaciones de propiedad de la tierra, la inexistencia de un modelo económico capaz de producir con eficiencia y el miedo a la formación de una clase media, están entre las principales causas del declive cafetalero, del declive de la agricultura, de la economía en general y de la nueva e inevitable crisis a que el país está abocado con la pérdida del suministro del petróleo venezolano.

Ahora, las relaciones con Estados Unidos han develado ante el pueblo cubano donde radican las verdaderas causas del declive productivo.

1Ver:  http://www.diariodecuba.com/cuba/1465252634_22897.html

Tomado de: http://www.diariodecuba.com/cuba/1465193004_22879.html

El ganado bovino arribó a Cuba junto al primer Gobernador General de la Gran Antilla, Don Diego Velázquez, procedente de La Española a principios del siglo XVI. En la segunda mitad de ese siglo, al disminuir la producción minera la ganadería se convirtió en la principal actividad económica de la Isla y asumió su mayor crecimiento en la segunda mitad del XVII, cuando fue desplazada por la producción de tabaco
.
Su punto de partida estuvo en la distribución de la tierra realenga, es decir del Rey, que comenzó a distribuirse entre los primeros colonizadores, quienes fueron confirmados como dueños a partir del año 1520. Así, durante la colonia casi todas las villas cubanas se dedicaron a la cría extensiva del ganado y a su comercialización, incluyendo el comercio de contrabando con otras islas del Caribe, como ocurrió en San Salvador de Bayamo y la villa de la Santísima Trinidad.

Durante el siglo XIX el crecimiento del ganado recibió un impacto negativo con las tres décadas de guerras independentistas entre 1868 y 1898. Durante la república fundada en 1902 la producción de carne y de leche bovina creció paulatinamente en provincias como Camagüey, a la vez que se instalaron fábricas cubanas y extranjeras en varios puntos del país, como las de la compañía suiza Nestlé en Bayamo y Sancti Espíritus. Según el censo realizado en 1946, en Cuba había 4 116 millones de cabezas de ganado vacuno y una población que no superaba los 5,5 millones de personas.

La ganadería y sus derivados constituyeron hasta la década de los años 50 una de las principales fuentes de ingreso de la economía nacional. Sin embargo, a partir de 1959, con la estatización de la mayor parte de las tierras y la salida del país de los ganaderos más experimentados, se produjo un deterioro progresivo que se mantiene hasta la actualidad.

En 1958, cuando la producción de carne vacuna y de leche era la segunda actividad económica agrícola después de la caña de azúcar, la cantidad de ganado vacuno y de habitantes observaban cifras similares (unos seis millones en ambos casos); es decir, la proporción de cabezas de ganado por habitante, en los 12 años que separan a 1946 de 1958, se elevó de 0,74 a 1,0. Un ritmo de crecimiento que, de haberse sostenido, hoy la cifra estaría alrededor de 11 millones de cabezas de ganado. Sin embargo, ocho años después, en 1967, el Control Nacional de Registro Pecuario reportó más de siete millones de cabezas de ganado, cuando la población era de 8,2 millones, lo que arroja un descenso de 1,0 a 0,87 cabezas por habitante.

En ese momento, imbuido de un voluntarismo extremo, empeñado en convertir a Cuba en la Suiza de América -olvidando que antes de él, cuando un político cubano había expuesto un proyecto de agricultura con similares objetivos, Orestes Ferrara1  preguntó ¿Con cuántos suizos cuenta usted para sacar adelante su proyecto?- el líder de la revolución decidió someter el ganado bovino a un desacertado cruce genético.

La raza Holstein, de alta productividad lechera se cruzó con la raza Cebú, gran productor de carne. El objetivo del cruce era crear una nueva raza capaz de producir al mismo tiempo abundante carne y leche. Con ese fin se importaron miles de novillas Holstein, sementales y semen congelado de Canadá, se creó una organización nacional que formó un ejército de técnicos en inseminación, se creó un sistema de vaquerías dotadas con ordeño mecánico y aire acondicionado. Sin embargo, el mayor acceso de la población a la leche dependió, durante diez años, del programa de alimentos de las Naciones Unidas suministró leche gratuitamente.

El resultado de los cruces fue un animal físicamente débil, proclive a muchas enfermedades y sin valores productivos en carne y leche, lo que unido al desinterés que generó la estatización de la propiedad agrícola, la incapacidad administrativa, los salarios insuficientes, las prolongadas sequías, las miles de hectáreas de tierra invadidas por plantas indeseables como el marabú, generaron el declive de la producción ganadera, agudizada por la pérdida de las subvenciones del desaparecido campo socialista.

Para recuperar la producción, en noviembre de 1997 se promulgó Decreto Ley 225, el cual, al margen de las causas esenciales del declive se concentró en las medidas represivas. Entre ellas: multas de hasta 500 pesos al tenedor de ganado que se le perdiera un animal; prohibición al “dueño” para sacrificarlo y disponer de su carne; multas y penas de hasta de tres años de privación de libertad si el propietario no declaraba los terneros nacidos en los 30 días posteriores al parto, por tenencia ilegal de ganado; la obligatoriedad de vender los animales sólo al Estado, a precios determinados por este; y si es hembra sólo puede matarla si el animal sufre un accidente. Esto último explica que algunos dueños provoquen accidentes de sus reses como pretexto para sacrificarla.

Según datos ofrecidos por el fallecido economista cubano Oscar Espinosa Chepe, al cierre de 2010 el ganado vacuno tenía 3 992 500 cabezas, un 2,5 % superior al año anterior, pero por debajo de los 4,1 millones existentes en 1990, y mucho menos que los 7,2 millones en 1967. Mientras la cifra aproximada de 4 millones de cabeza de ganado, con una población de unos 11,2 millones, arroja 0,35 cabezas de ganado por habitante, la peor en los últimos cien años.

Para empeorar la situación, a principios de 2016 la prensa oficial informó de la muerte de miles de cabezas de ganado por falta de comida y de agua. A ello se une los miles de animales que son sacrificados ilegalmente. Sólo por esa causa en 1988 se reportó la pérdida de 48 910 reses. Lo que se contradice con que, en 1958, cuando el productor tenía toda la libertad para disponer de sus animales y el consumo no estaba racionado, no se exhibía el sacrificio ilegal de forma generalizada. Como ocurre ahora. Ese deplorable cuadro de la ganadería cubana obliga a erogar cada año sumas millonarias para comprar en el exterior lo que se puede producir en Cuba. Entre 2006 y 2009 esas compras alcanzaron 737, 4 millones de dólares, sin contar las erogaciones para adquirir mantequilla y otros derivados.

El resultado es que Cuba, con condiciones climáticas excepcionales para la crianza de ganado con la estatización de la agricultura no sólo no garantiza la carne de res para la alimentación de la población, sino que ha devenido importador de leche y de sus derivados.
1Orestes Ferrara Marino (1876–1972). Militar, político, diplomático, profesor universitario y escritor de origen italiano. Coronel del Ejército Libertador cubano que ocupó una notable posición en la vida pública cubana durante la primera mitad del siglo XX. Delegado a la Asamblea Constituyente de 1940.