Hemeroteca de abril 2016

Tomado de: http://www.diariodecuba.com/cuba/1461688704_21953.html

Un lector del Diario de Cuba, al comentar el artículo ¿diferentes concepciones acerca de los derechos humanos?1, planteó que le gustaría leer algo sobre la historia de cómo desapareció la democracia en Cuba. En respuesta, Roberto Álvarez Quiñones escribió: Del sepelio de la democracia., al cual añado el presente artículo.

El concepto

Aunque el término etimológicamente significa poder del pueblo, la existencia y funcionamiento de la democracia requieren, entre otros, de los siguientes instrumentos, derechos y libertades: el sufragio, para designar a sus representantes. La igualdad ante la ley para competir por los cargos. El referendum, para rechazar o aprobar las disposiciones del gobierno. El plebiscito, para aprobar o desaprobar normas como las leyes. La  iniciativa popular, para presentar proposiciones sobre temas de interés ciudadano. La revocatoria, para anular, mediante el voto, decisiones del gobierno y destituir funcionarios. Los jurados, para colaborar con el poder judicial. La separación de poderes, para evitar su concentración en una o varias personas. El multipartidismo, para poder optar entre diversas opciones y candidatos.

Para que esos instrumentos sean efectivos el pueblo tiene que gozar de las libertades de opinión, expresión, reunión y asociación. Las mismas sirven de fundamento a los derechos políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales y de información. Esos  requerimientos, refrendados constitucionalmente, conforman la base del Estado de Derecho que permite al pueblo ser agente activo del poder.

Los antecedentes

Los gérmenes de la democracia en Cuba se esbozaron en la Constitución de Guáimaro;  tomaron cuerpo con las libertades de prensa, de asociación y de reunión contenidas en el primer artículo del  Pacto del Zanjón; y fueron ampliadas en la Constitución de 1901, la cual añadió instrumentos claves como el hábeas corpus y la separación de poderes.

Luchas obreras, antiraciales, estudiantiles, campesinas, femeninas y políticas, escenificadas por el asociacionismo, lograron conquistas como la jornada de ocho horas, la autonomía universitaria, el voto femenino,  el derrocamiento del gobierno de Gerardo Machado, la asamblea constituyente de 1939 y la Constitución de 1940. Esta última, en su artículo 37 legalizó la formación y existencia de organizaciones políticas contrarias al régimen de gobierno representativo; en el artículo 40 legitimó la resistencia para la protección de los derechos individuales (esgrimido por Fidel Castro durante el juicio del Moncada); el 87 reconoció la legitimidad de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social; y el 97 instituyó el “sufragio universal, igualitario y secreto” a partir del cual la mujer cubana pudo ejercer el derecho al voto.

Con esa base democrática el pueblo eligió para presidentes a Fulgencio Batista Zaldívar en 1940, a Ramón Grau San Martín en 1944 y a Carlos Prío Socarrás en 1948. Sin embargo, el aumento del costo de la vida, junto a la corrupción político-administrativa y el crecimiento del pandillerismo durante los gobiernos auténticos, crearon la  ingobernabilidad que condujo al Golpe militar que interrumpió el orden constitucional en marzo de 1952.

Entre las múltiples respuestas al Golpe, sobresalieron dos: la primera, encabezada por Fidel Castro, se hizo pública el 26 de julio de 1953 con el asalto al cuartel Moncada; la segunda, tomó cuerpo en enero de 1954 con el Movimiento de Resistencia Cívica encabezado por José Miró Cardona.

Para legitimarse, Batista convocó a “elecciones” en 1954 en las que fue ratificado como Presidente. En febrero de 1955, al tomar posesión, restableció la Constitución de 1940 y otorgó amnistía a los prisioneros políticos, entre ellos a los asaltantes del Moncada.

Durante la lucha contra la dictadura Frank País García, Jefe de Acción y Sabotaje del M-26-7, le propuso a Fidel Castro conformar un gobierno provisional con participación de figuras del Movimiento de Resistencia Cívica. Con ese fin se celebró una reunión en la Sierra Maestra en julio de 1957 con Raúl Chibás, presidente del Partido Ortodoxo y Felipe Pazos, ex-presidente del Banco Nacional de Cuba, en la que se suscribió el “Manifiesto al Pueblo de Cuba”. Tres meses después Felipe Pazos y los miembros del M-26-7 Léster Rodríguez y Jorge Sotús, en reunión con asociaciones cívicas del exilio suscribieron el “Pacto de Miami”, en el que señalaba “la forma en que se debía conducir la Revolución, y el programa político que se pondría en práctica después del triunfo”2.

La dirección del M-26-7, que no aceptó el Pacto, dio las siguientes respuestas: -En carta del 14 de diciembre de 1957 Fidel Castro comunicó a los firmantes que lo importante” no era la unidad en sí, sino la base sobre la cual se sustentaba esa unidad”. -El 3 de mayo de 1958, en Alto de Mompié,  Sierra Maestra, se acordó aplicar una política de mando único centralizada para la cual Fidel fue nombrado Secretario General del Ejecutivo del M-26-7 y Comandante en Jefe de todas las fuerzas revolucionarias. -El 20 de julio de 1958 convocó una reunión en Venezuela con representantes de varias organizaciones en el exilio, donde se creó el Frente Cívico Revolucionario “Pacto de Caracas”. -Y el 11 de agosto de 1958, en Miami, se designó a José Miró Cardona como coordinador del Frente Cívico Revolucionario y se aprobó la candidatura de Manuel Urrutia Lleó3 para presidente provisional de Cuba.

En enero de 1959, al triunfar las fuerzas rebeldes, el día 1 Manuel Urrutia asumió la presidencia. Al día siguiente, violando la Constitución de 1940 –que establecía que el Presidente de la República era el jefe supremo de las fuerzas de Tierra, Mar y Aire– declinó esa jefatura a favor de Fidel Castro. El día  3 se conformó el gabinete gubernamental integrado por reformistas, conservadores y revolucionarios, y José Miró Cardona ocupó el cargo de Primer Ministro. La revolución, convertida en fuente de derecho, el 7 de febrero sustituyó la Constitución de 1940 por La Ley Fundamental del Estado Cubano, que confirió al Primer Ministro las facultades del Presidente, sin necesidad de ser electo y al recién creado Consejo de Ministros las funciones del Congreso, sin división de poderes.  El día 13  José Miro Cardona renunció y el 16 de Febrero Fidel Castro ocupó el cargo de Primer Ministro.

Los mandatos de gobernadores, alcaldes y concejales fueron extinguidos, los órganos judiciales disueltos, los magistrados y jueces separados de sus cargos y la división de poderes eliminada y los miembros del primer gabinete procedentes del movimiento cívico fueron sustituidos en sus cargos.

Las contradicciones entre Manuel Urrutia -enemigo del comunismo- y Fidel Castro se agudizaron en los primeros meses hasta que, el 17 de julio de 1959, Fidel renunció al cargo, lo cual forzó a la renuncia del Presidente y el regreso de Fidel como Primer Ministro.

Desaparecidos los partidos tradicionales el Directorio Revolucionario 13 de Marzo, el Partido Socialista Popular y el M-26-7 conformaron en 1962 las Organizaciones Revolucionarias Integradas (ORI), cuya dirección, después de destituir a Aníbal Escalante fue asumida por Fidel Castro. En enero de 1963 las ORI se convirtieron en el Partido Unido de la Revolución Socialista, del cual surgió en 1965 el actual Partido Comunista de Cuba (PCC). A partir de ese momento los cargos de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Jefe de Gobierno y Secretario del único partido, quedó concentrado en una sola persona. La promesa de celebrar elecciones se convirtió en la consigna:  “¿Elecciones para qué?” y la democracia recibió el tiro de gracia.

El  22 de enero de 1959 la CTC fue sustituida por la CTC-Revolucionaria. La  diversidad de asociaciones juveniles, femeninas, campesinas y de empleadores, se redujeron a la Unión de Jóvenes Comunistas, la Federación de Mujeres Cubanas y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. El resto desapareció y se crearon otras subordinadas al PCC.

La Autonomía Universitaria, refrendada en el artículo 53 de la Constitución de 1940, dejo de existir. La prensa escrita, radial y televisiva, la enorme red de cines, la producción editorial y las instituciones culturales pasaron bajo el control del PCC. La sociedad cubana quedó huérfana de asociaciones autónomas y espacios cívicos, y acotada por el discurso de junio de 1961: Dentro de la revolución todo, contra la revolución nada. De forma paralela la propiedad sobre los medios de producción se fue concentrando en manos del Estado hasta el golpe final con la Ofensiva Revolucionaria de 1968.

Como los conflictos entre Estados tienden a desmovilizar los conflictos al interior de los Estados, la confrontación con Estados Unidos facilitó  el desarme de la democracia, pero no fue su causa, pues el desmontaje comenzó antes de la ruptura de las relaciones diplomáticas.

La forma en que se produjo la desaparición  de la democracia en Cuba demuestra que a pesar de los avances obtenidos hasta 1952-1959, la formación cívica de los cubanos no llegó a alcanzar el grado de madurez necesario para impedir la pérdida de la democracia. Una enseñanza dura y dolorosa, que indica la importancia que revisten instrumentos, derechos y libertades que permiten al pueblo ser agente activo del poder.

La Habana, 8 de abril de 2016
1 http://www.diariodecuba.com/derechos-humanos/1458904386_21198.html
2 Gobierno Revolucionario Cubano: génesis y primeros pasos. Luis M. Buch Rodríguez. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1999, p.6
3 Manuel Urrutia Lleó, Presidente de la Sala Tercera de lo Penal de la Audiencia de Santiago de Cuba que emitió un voto absolutorio en la causa sobre el asalto al cuartel Moncada.

Tomado de: http://www.diariodecuba.com/cuba/1460659101_21685.html

El fracaso del “socialismo” cubano, confirmado por los escasos resultados de las reformas, tiene como primera causa la ausencia de democracia.

Las subvenciones de la Unión Soviética, las de Venezuela y la confrontación con Estados Unidos solaparon su inviabilidad durante décadas. La desaparición de esos factores combinado con la impostergable sustitución de los dirigentes históricos, la necesidad de legitimar a los sustitutos y el creciente descontento potenciado con la visita del presidente Barack Obama, han puesto de manifiesto la insoluble contradicción entre las reformas y la conservación del poder, todo lo cual ha generado un escenario definitorio para el presente  y futuro de Cuba.

Ante la escasez y aumento de los precios de los productos del agro, la reanimación del éxodo, el descreimiento, la  apatía y el descontento generalizado, la única posibilidad de sacar al país de la crisis es brindarle a las reformas el carácter estructural y la profundidad que requieren. El obstáculo radica en que los que detentan el poder carecen de fuerza para impedir los cambios, pero conservan la suficiente para lentificarlos.

Después de aquella declaración que aseguraban que ahora si vamos a construir el socialismo y de aquella acerca de que nadie sabía cómo se construía, en medio de esa compleja situación el VII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) se propone en los días del 16 al 19 del presente mes,  conceptualizar el fracasado socialismo cubano.

En julio de 2007 el jefe del Estado cubano, al referirse a la situación crítica de la agricultura, planteó la necesidad de introducir los cambios estructurales y de conceptos que resulten necesarios. En enero de 2014, habló de una creativa conceptualización teórica del socialismo posible en las condiciones de Cuba. Y en julio de 2015 expresó ante el parlamento cubano, que se perciben intentos de introducir sutilmente plataformas de pensamiento neoliberal y de restauración del capitalismo neocolonial, peligro que deberá contrarrestarse, entre otros medios, con una creativa conceptualización teórica del “socialismo posible en las condiciones de Cuba.

En La República, Platón1 ofrece un estudio sobre la organización de lo que consideraba una sociedad perfecta. En el Nuevo Testamento2, Pablo narra como los que poseían propiedades los vendían, traían el dinero y lo depositaban a los pies de los apóstoles, quienes lo repartían según las necesidades de cada uno. En Utopía, Tomás Moro3 describe la vida en una isla de ficción donde los intereses de los individuos se encuentran subordinados a los de la sociedad y la tierra pertenece a todos. En la Ciudad del Sol, Tomás Campanella4 describe una sociedad ideal siguiendo el modelo expuesto por Platón. Babeuf5, defendía la colectivización de los bienes, la absoluta igualdad política y económica de todos los ciudadanos y la supresión de la propiedad privada. Saint-Simon6 propuso un modelo social liderado por hombres sabios para beneficiar a todos los sectores de la sociedad. Charles Fourier7, consideraba que el estado ideal se alcanzaría al desaparecer las diferencias mediante la interrelación entre ricos y pobres. Robert Owen8, realizó un experimento de socialismo en el que perdió buena parte de su fortuna. Marx y Engels vaticinaron que el conflicto entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción conduciría inexorablemente a la formación comunista.

Esas ideas, materializadas en Rusia y  extendidas a otras regiones condujeron al fracaso en todas partes y en todas las épocas. En Cuba, transcurrido 55 años desde la declaración del carácter socialista de la revolución, el estado de crisis confirma el papel vital de la democracia en cualquier modelo socialista o no.

Por esa enorme experiencia la conceptualización, uno de los seis documentos que aprobarán los delegados al VII Congreso, si no desata las fuerzas productivas y libera la economía de las trabas ideológicas, extiende el trabajo por cuenta propia y el cooperativismo a todas las actividades de producción y servicios, elimina las trabas dirigidas a impedir la formación de una clase media. Y no complementa esas decisiones con libertades para que los cubanos puedan ser inversionista en su país, asociarse libremente y contratarse como trabajadores libres, entonces, la conceptualización será una nueva atadura a las fuerzas productivas y a las potencialidades de un pueblo dotado de capacidad e iniciativa para el éxito.

Hasta ahora la prensa oficial continúa enfrascada repetir por todos los medios de comunicación las consignas: Sin el Partido no podrá existir la Revolución. El papel esencial del partido como vanguardia de la Revolución. En el partido se sintetizan los sueños de todos los revolucionarios. El partido lo resume todo. Nuestra ideología nos hace más fuerte e invencibles. El partido: el mejor fruto de la Revolución. No podemos fragmentar a nuestro pueblo. Los hombres mueren, el Partido es inmortal. Solo el Partido puede ser el digno de la confianza depositada por el pueblo en el único Comandante en Jefe de la Revolución Cubana.

Sin embargo temas cruciales como la dualidad monetaria, las reformas de la ley electoral y de la Constitución, la insuficiencia de los  salarios y la evaluación de la marcha de las relaciones con Estados Unidos, brillan por su ausencia.

La subordinación de la sociedad al Estado es contraproducente con el desarrollo y está en contradicción con la experiencia histórica y con los cambios en la arena internacional. Cuba demanda un proyecto de país en correspondencia con las exigencias y necesidades de los cubanos, que poco tienen que ver con esa batería de consignas. Ojalá que el Congreso nos sorprenda con todo lo contrario a los vaticinios.

1 Platón (428-347 a.C.), filósofo griego, uno de los pensadores más originales e influyentes en toda la historia de la filosofía occidental.
2 Hecho de los Apóstoles (4: 32-35)
3 Tomás Moro (1478-1535), político y escritor inglés, decapitado el 7 de julio de 1535 por Enrique VIII, primer seglar que ocupó la presidencia de la Cámara de los Lores en 1529
4 Giobanni Domenico Campanella (1568-1639), filósofo italiano. Escribió Civitas Solis (La ciudad del Sol, 1623).
5 François Nöel Babeuf (1760-1797), pensador y político francés, fundador del socialismo revolucionario.
6 Claude Henri de Rouvroy, conde de Saint-Simon (1760-1825), filósofo y socialista utópico francés.
7 Charles Fourier (1772-1837), filósofo y socialista utópico francés.
8 Robert Owen (1771-1858), socialista utópico británico, considerado  padre del movimiento cooperativo.

Tomado de: http://www.diariodecuba.com/cuba/1459753072_21421.html

El estancamiento económico y social de Cuba está relacionado con la inexistencia de una clase media. A defender esa tesis y provocar el debate expongo las siguientes líneas.

Las clases sociales según Carlos Marx se estructuran a partir de la propiedad sobre los medios de producción, mientras para Max Weber lo hacen a partir de la posición en un mercado que define el acceso a bienes y oportunidades. Dentro de la estructura clasista, que va desde la alta burguesía hasta el proletariado, la clase media, como  no dispone de grandes capitales, su poder y riqueza provienen de la participación directa en la gestión empresarial.

Basada en una cultura del esfuerzo personal, el trabajo y la sobriedad y por su  utilidad en el desarrollo económico y social, la clase media surgida de las revoluciones liberales en la Inglaterra del siglo XVII se extendió a otros países hasta que en el siglo XX en  Estados Unidos, donde las novedosas técnicas de producción en línea permitieron abaratar el costo de los productos, aumentar los salarios y generar una dinámica económica que redundó en el mejoramiento de las condiciones de vida, surgió la clase media norteamericana.

En Cuba su germen data del siglo XVI. Paralelo a los grandes latifundios ganaderos emergieron los pequeños agricultores que conformaron el cimiento de la nacionalidad cubana. Su crecimiento numérico se aceleró con la demanda de azúcar que provocó la ruina de Haití a fines del siglo XIX que condujo a la conversión de una parte de los latifundios ganaderos en haciendas comuneras y al aumento de la cantidad de ingenios. Sin embargo, la introducción de maquinaria moderna y la construcción de grandes ingenios arruinó a los pequeños productores. Se produjo una separación del agro y la industria de la cual surgió la figura del colono, dedicado exclusivamente a sembrar caña. Esa concentración de la propiedad aumentó a principios del siglo XX con las disposiciones dictadas por el Gobierno de Ocupación que, en detrimento de la pequeña y mediana propiedad agraria,autorizó la compra y expropiación de tierras para el ferrocarril y los nuevos ingenios.

De forma paralela al proceso descrito fue surgiendo una infinidad de pequeños talleres de producción, comercios y servicios, de los cuales  emergió un empresariado nacional, que en la primera mitad del siglo XX constituía un sector de importancia.

El empresariado nacional, con las bases establecidas por la Constitución de 1940, donde la intervención del Estado no suplantó sino que complementó la iniciativa empresarial, ubicó a Cuba entre los tres países de América Latina con mayor estándar de vida. Su lado débil estuvo en la ausencia de las leyes complementarias para realizar una reforma profunda que diversificará la propiedad agrícola.

En la Cuba antes de 1959 predominaron las microempresas (hasta 10 trabajadores),  las pequeñas (de 10 a 49) y la medianas (de 50 a 249). De alrededor de 2 300 establecimientos industriales, la mitad eran microempresas, lo que demuestra su extensión. Aunque en la década de 1950 las empresas transnacionales llegaron a representar un tercio del total de inversiones realizadas, las microempresas constituían el 45% del tejido empresarial y se estima que las pequeñas eran el 35,5%1.

En octubre de 1960 la Revolución estatizó prácticamente toda la industria nacional con más de 25 trabajadores2. Con las dos leyes de reforma agraria (1959 y 1963) concentró en el Estado un volumen de tierras superior a la de los grandes latifundios. Y en 1968, con la Ofensiva Revolucionaria liquidó decenas de miles de pequeños propietarios que habían logrado subsistir. Los dueños fueron sustituidos por jefes y administradores sin intereses, conocimientos ni cultura empresarial. El resultado lo conocemos.

El fracaso de la estatización obligó a implementar la actividad privada bajo el eufemismo de “trabajo por cuenta propia”.En octubre de 2010 se permitieron 178 actividades y hoy continúa limitado a unas 200, casi todas de servicio. La cantidad de licencias para el sector cuentapropista, que en 1994 era de 121 mil y que en 2005 llegó a 165 mil, hoy ocupa alrededor de 500 mil personas. Ese crecimiento, unido a algunas flexibilizaciones posteriores convierten a este sector en el embrión de una nueva clase media nacional.
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El camino para convertir esa posibilidad en realidad transita por liberar la economía de las trabas políticas; extender las micro, pequeñas y medinas empresas a todas las actividades agrícolas, industriales y de servicios; instituir el derecho de los cubanos a ser propietarios; dotarlos de personalidad jurídica y libertades para vender, comprar y relacionarse con otros productores internos y externos; motivarlos con imposiciones fiscales bajas y créditos bancarios; crear un mercado mayorista, propiciarle el acceso libre a Internet; e instituir el derecho de asociarse para la defensa de sus intereses. Todo lo cual depende única y exclusivamente del gobierno cubano.

La preocupación por la formación de una clase media fue constante en todas las épocas. En 1808el Obispo Espada3, elaboró un proyecto basado en una economía diversificada de pequeños productores agrícolas. En 1832, José Antonio Saco planteó la conversión de las plantaciones esclavistas en pequeñas parcelas agrícolas. En 1857, Francisco de Frías, Conde de Pozos Dulces, expuso que Cuba debiera ser por excelencia la patria de la pequeña propiedad y de los cultivos en escala menor. Martín Morúa Delgado, planteó la democratización de la tierra. Enrique José Varona, aconsejaba promover la pequeña propiedad y fomentar una clase media nacional. José Martí, quien consideraba que es rica una nación que cuenta muchos pequeños propietarios, decía que No es rico el pueblo donde hay algunos hombres ricos, sino aquel donde cada uno tiene un poco de riqueza. Manuel Sanguily, quién comprendió que la desposesión de la tierra de manos cubanas era un golpe contra la propia nacionalidad, presentó al Senado, el 3 de marzo de 1903, un proyecto de ley “Contra la venta de tierras a los extranjeros”4.

La pregunta ¿Cómo usted ve el panorama económico de Cuba?5 realizada en 1959 por Lisandro Otero a empresarios y gerentes del país, arroja luz sobre la posición y el pensamiento de aquel sector que fue barrido por la revolución. Por razones de espacio, reproduzco solo fragmentos de cuatro de ellos:

-Pepín Bosch, Presidente de la compañía Bacardí, respondió: “He tenido siempre una gran fe, Cuba no es un país pobre, los pobres han sido sus gobiernos que por falta de honestidad y capacidad han sido incapaces de desarrollarla ni siquiera al límite como lo han hecho la industria y la agricultura privada”;

-Víctor Pedroso. Presidente del Banco Pedroso, expresó: “En reciente reunión con el Primer Ministro Fidel Castro y los bancos se habló de la Reforma Agraria, la Industrialización del país y el Instituto Nacional de Ahorro y Viviendas”; “Indiscutible que todos esos planes llevados adelante de forma previsora y bien estudiados lograrán mayor prosperidad para los cubanos”; “Adoptándose medidas nuevas de inversión, aprenderá el público a invertir y hacer buen negocio logrando la satisfacción de haber cooperado al bienestar colectivo”.

Enrique Godoy, Presidente Ejecutivo de la Organización Godoy y Sayán, opinó que: “Honradez y capacidad es fórmula infalible para inspirar confianza a los dos factores vitales para el fomento de la riqueza nacional, capital y trabajo”; “Vislumbro ahora más que nunca antes, el desarrollo de una clase media, gran consumidora de toda clase de productos y servicios, disfrutando de un alto nivel de vida, de elevación incesante y práctica eliminación del desempleo”.

Julio Lobo, accionista mayoritario de 11 centrales azucareros, dijo: “Con honestidad, capacidad y progreso en la administración pública, Cuba será una de las naciones más ricas y desarrolladas del mundo. Es natural que los comunistas traten de infiltrarse en el nuevo gobierno y en sus organismos, como ha ocurrido en los propios Estados Unidos y en todas partes del mundo, pero con una administración capaz, honesta y progresista, los comunistas difícilmente encuentren una brecha”.

En el nuevo escenario, la existencia de micro, pequeñas y medianas empresas y la existencia de una clase media nacional sin la cual no se puede explicar el desarrollo alcanzado hasta 1959, se justifica por el estancamiento actual, por el papel que desempeñó antes de 1959 y por la ausencia de argumentos para su ausencia.

Omado de: http://www.diariodecuba.com/derechos-humanos/1458904386_21198.html

En el proceso de normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos se trata de levantar un obstáculo apoyado en una supuesta diferencia de concepciones acerca de los derechos humanos, la democracia y la soberanía. Por la importancia para el presente y futuro de Cuba, la comprensión de esos temas rebasa las relaciones entre gobiernos y requiere de la participación popular.

Desde esa visión emito mis opiniones e invitó a otros cubanos a emitir las suyas. En este primer trabajo me circunscribo a los derechos humanos y su relación con la democracia.

La historia constitucional de los derechos humanos, que comenzó en la Inglaterra del siglo III tomo cuerpo en documentos como el Acta de Hábeas Corpus (1674) y la Declaración de Derechos (1689). Fuera de Inglaterra lo hizo en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos (1776) y en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia (1789). A nivel mundial debutó con la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 1948.

De la Declaración Universal emergieron múltiples instrumentos de carácter vinculante, es decir, de obligatorio cumplimiento para los firmantes, como son el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobados por las Naciones Unidas en 1966, puestos en vigor en 1976 y firmados por el gobierno de Cuba en 2008. El proceso descrito está reflejado en las diferentes generaciones de derechos humanos que han surgido hasta hoy.

La primera generación, meramente política, vinculada con la revolución francesa, comprende las libertades de expresión, reunión, asociación, movimiento y hábeas corpus, conocidos como derechos fundamentales. Los mismos son el soporte del intercambio de opiniones, concertación de conductas, toma de decisiones, formación de asociaciones y garantía para la participación ciudadana. En Cuba, esta generación, aunque de forma insipiente dejó sus huellas en el articulado de las constituciones mambisas del siglo XIX, fue refrendada en la Constitución republicana de 1901, alcanzó su mayoría de edad en la Constitución de 1940.

La segunda generación, que comprende los derechos económicos, sociales y culturales, como el empleo, la seguridad social, la educación, la información y el derecho a la propiedad, entre otros, está relacionada con las condiciones de vida de las personas y constituye un factor de máxima importancia para la participación y realización de las personas.

Por su naturaleza y definición esos derechos son universales, indivisibles, sagrados, inalienables e imprescriptibles y constituyen un requisito insoslayable para la existencia y funcionamiento de la democracia.

Cuando los derechos mencionados se acompañan con la división y equilibrio entre los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, con la existencia legítima de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil y con el sufragio universal, tenemos entonces los ingredientes básicos que conforman un Estado de Derecho.

Ambas generaciones desempeñaron en Cuba un rol destacado en el desarrollo de la sociedad civil, el fortalecimiento de un empresariado nacional y la popularización y democratización de la cultura, la información y los conocimientos.

En Cuba esos fundamentos, aunque sufrieron períodos de inestabilidad y precariedad, existieron y desempeñaron un rol destacado en el desarrollo de la sociedad civil, el fortalecimiento de un empresariado nacional y la popularización y democratización de la cultura, la información, los conocimientos y en las luchas sociales. Sin embargo, en medio de la Guerra fría y la confrontación con Estados Unidos, fueron desmontados.

Desapareció la división de poderes; se suplantó la Constitución de 1940 con la “Ley Fundamental del Estado Cubano”, unos estatutos que le confirieron al Primer Ministro las facultades de Jefe de Gobierno y al Consejo de Ministros las funciones del Congreso; se desmanteló la sociedad civil y se suplantó con otra subordinada al Gobierno; se estatalizaron los medios de producción y de comunicación; y la soberanía se depositó en el Estado. De ese desmantelamiento emergió el inmovilismo social, el desinterés, la apatía y la desesperanza  hasta desembocar en la actual crisis.

Como los hombres pueden retrasar la historia, pero no detenerla, el modelo totalitario fracasó y obligó a implementar reformas, tardías y limitadas que condicionaron la reanudación de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. El resultado ha sido un escenario mucho más favorable para emprender los verdaderos cambios que la sociedad cubana requiere, en un contexto en el que las reformas iniciadas y las relaciones con Estados Unidos no podrán ser revertidas. En ese escenario emergente los derechos humanos y la democracia están irrumpiendo en el debate, sobre todo después de los discursos pronunciados por el presidente Barack Obama durante su visita a Cuba.

En el editorial del diario Granma del pasado 9 de marzo –previo a la visita del mandatario norteamericano– se planteó que Cuba defiende la indivisibilidad, interdependencia y universalidad de los derechos humanos, civiles, políticos y económicos, sociales y culturales.

Como cualquier derecho civil, político o cultural carece de toda eficacia si para, de la misma forma que resulta imposible ejercer y disfrutar los derechos económicos, sociales y culturales, en ausencia de los derechos civiles y políticos. La interdependencia reconocida en el Editorial, al no guardar ninguna relación con la realidad cubana, abre una brecha mayor para su debate y reclamación. En Cuba los derechos de la primera generación están limitados a la defensa del modelo político existente; mientras los de la segunda generación carecen de validez por la ausencia de los primeros y además, porque los salarios, que debe constituir la principal fuente de ingresos para la satisfacción de esos derechos, son insuficientes, lo que ha conducido a todo tipo de ilegalidades, a la corrupción generalizada y al creciente éxodo que está convirtiendo a Cuba en un país de ancianos.

Una vez declarado que Cuba defiende la indivisibilidad, interdependencia y universalidad de los derechos humanos, civiles, políticos y económicos, sociales y culturales, será extremadamente difícil justificar la no ratificación de los pactos  firmados de derechos humanos desde el año 2008 y la no adecuación de las leyes vigentes al contenido de los mismos.
El Editorial desmiente el argumento de la diferencia de concepciones sobre los derechos humanos y traslada la discusión a los intereses gubernamentales que le impiden hacerlo. Queda al desnudo pues, que la supuesta diferencia sobre derechos humanos es realmente un argumento puesto en función de ocultar la intención de no cambiar para conservar un modelo inviable y fracasado y ocurrido hasta hoy.

El 10 de abril de 1892, hace exactamente 124 años, José Martí el pensador político cubano de mayor estatura, fundó el Partido Revolucionario Cubano (PRC) con el objetivo de conducir el proceso de independencia iniciado en 1868 hasta la fundación de la República.

Basado en un análisis presentado en 1880 acerca de los errores cometidos en la guerra de los Diez Años y basado en la experiencia de los partidos en España y en América, Martí arribó a la conclusión de institucionalizar la guerra a través de un partido político para arribar a la República. Es decir  el partido y la guerra como necesidad táctica de una estrategia mayor. Doce años después, resultado de su labor teórica y su práctica, nació el PRC.

En el acto fundacional Martí explicó que el PRC se creaba: de modo que en la conquista de la independencia de hoy vayan los gérmenes de la independencia definitiva de mañana1.

En el Manifiesto de Montecristi subrayó que la guerra no es el insano triunfo de un partido cubano sobre otro, o la humillación siquiera de un grupo equivocado de cubanos; sino la demostración solemne de la voluntad de un país harto probado en la guerra anterior para lanzarse a la ligera en un conflicto sólo terminable por la victoria o el sepulcro1.

El 1 de abril de 1893, en Nueva York, expresó: “La grandeza es esa del Partido Revolucionario: que para fundar una república, ha empezado con la república. Su fuerza es esa: que en la obra de todos, da derecho a todos. Es una idea lo que hay que llevar a Cuba: no una persona…”1.

En las Bases del PRC lo definió de la siguiente forma: “no se propone perpetuar en la República Cubana, con formas nuevas o alteraciones más aparentes que esenciales, el espíritu autoritario y la composición burocrática de la colonia, sino fundar en el ejercicio franco y cordial de las capacidades legítimas del hombre, un pueblo nuevo y de sincera democracia, capaz de vencer, por el orden del trabajo real y el equilibrio de las fuerzas sociales, los peligros de la libertad repentina en una sociedad compuesta para la esclavitud”2.

Esas cuatro citas son suficientes para desmontar el intento de legitimar la existencia de un solo partido con los criterios martianos. El mensaje contenido en ellas demuestra que en la concepción matiana la función del PRC consistía en dirigir la guerra de la que nacería la República; en que dicha guerra no consistía en el triunfo de un partido cubano sobre otro y que no trabajaría por el predominio actual o venidero de clase alguna; en que su fuerza radicaba en la obra de todos, que da derecho a todos; y en que un pueblo no es la voluntad de un hombre solo, sino de muchas voluntades.

Esas Razones son suficientes, totalmente ajenas y diametralmente opuestas al actual unipartidismo, que para su justificación se afirma que los fracasos revolucionarios estuvieron en la falta de unidad y que su ausencia sería aprovechada por el imperialismo para desmembrar la nación. Argumento tan débil que podría responderse con este otro más sencillo: los fracasos en más de 55 años han estado acompañado de la existencia de un solo partido.

Incluso, aceptando la absurda tesis de que Martí preveía después del triunfo convertir al PRC en el único partido permitido, habría que aceptar la tesis contraria de que por su profundo pensamiento democrático, él preveía la coexistencia del PRC con otros partido políticos. Esto último se podría argumentar con el hecho que ninguno de los delegados a las asambleas constituyentes de Jimaguayú (1895) y de la Yaya (1897), entre los cuales había seguidores de sus ideas como Fermín Valdés Domínguez y Enrique Loynaz del Castillo, ninguno de ellos propuso incluir algún artículo de esa índole.

Y es que la naturaleza excluyente del monopartidismo es tan radical y reaccionaria que su implantación comienza por la destrucción de los partidos existentes.

Los partidos, como indica la etimología de la palabra, son parte de un todo, que por su naturaleza diversa y plural consta de otras partes donde cada una representa intereses o tendencias de un sector de la sociedad. Eso explica que el PRC independentista coexistiera con el Partido Autonomista, reformista. Y no hay nada que demuestre el supuesto propósito de suprimir al Partido Autonomista. Es cierto que Martí fundó un solo partido, pues a nadie se le ocurre fundar varios partidos a la vez. Lo falso es que aspirara a su existencia en solitario, pues también otros, como los autonomistas, fundaron el suyo.

La existencia de un solo partido implica la conversión del ciudadano en masa, lo que –como decía Hannah Arendt, eso representa la derrota del individuo3. De ahí que la descentralización política constituya una exigencia del progreso social, mucho más en Cuba donde es innegable la estrecha relación que existe entre la existencia de un solo partido, la ausencia de democracia y la profunda crisis estructural en que está sumido el país.

La mejor demostración de lo anterior es que al VII Congreso del Partido Comunista  asistirán mil delegados que fueron seleccionados por una Comisión de Candidatura a partir de las proposiciones de los núcleos, pero con potestad para incluir a otros que no fueron propuestos y que sólo los mil electos (menos del 0,001% de la población) han tenido acceso a los documentos que aprobará el evento. Por tanto el Congreso no representa ni a la población ni a sus propios miembros.

Ese hecho impone la necesidad de incluir, entre los cambios proyectados, la sustitución del artículo cinco de la actual Constitución por el reconocimiento del pluripartidismo, lo cual sería un verdadero homenaje a la labor desplegada por José Martí para fundar una República con todos.

La Habana, jueves 7 de abril de 2016
1 MARTÍ, JOSÉ.  Obras Escogidas en tres tomos. TIII, p. 192
2 MARTÍ, JOSÉ.  Obras Escogidas en tres tomos. TIII, p. 26
3 Schmitt, Carl y Hannah Arendt. Consenso y conflicto; la definición de lo político. Colombia, Editorial de la Universidad de Antioquia, 2002, p.81.
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Tomado de : http://www.diariodecuba.com/cuba/1459145128_21253.html

El proceso de normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, en el que se inscriben el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, marca el fin de la confrontación y abre una nueva etapa en la que se impone la recuperación de derechos perdidos para que los cubanos participen como sujetos en los destinos de su nación. Uno de esos derechos es el referido a la soberanía nacional.

En el discurso pronunciado por el presidente cubano el 20 de diciembre de 2014, en la Asamblea Nacional del Poder Popular, expresó: “Entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba hay profundas diferencias que incluyen, entre otras, distintas concepciones sobre el ejercicio de la soberanía nacional…”.

El tema de la soberanía nacional durante la confrontación con Estados Unidos fue coto privado del Gobierno, pero Cuba es Gobierno y Pueblo. Para ello me remito a la definición del término  soberanía, su evolución a través de cinco de sus máximos  exponentes y su manifestación práctica en nuestra historia constitucional.

1- El francés Jean Bodin, defensor del absolutismo monárquico, en su obra fundamental Los seis libros de la república (1576), define la soberanía como el poder máximo que tiene el soberano para imponer leyes. Su tesis central es que la soberanía es absoluta, indivisible e irrestricta y que reside únicamente en el monarca, es decir, en el soberano, quien se somete solo a la ley divina o natural.

2- El jurista alemán Juan Altusio, en la obra Análisis Sistemático de la Política, introdujo el concepto de soberanía popular. Para él la soberanía reside en el pueblo y no puede ser enajenada ni transferida, porque es un patrimonio colectivo que se ejercita sólo en asociación. Altusio considera a la soberanía intransferible pero representable; mientras el instituido como gobernante es sólo un mandatario designado por el pueblo para una función pública, que de ser incumplida, el pueblo –depositario exclusivo de la soberanía– tiene la facultad de destituirlo.

3- El inglés Thomas Hobbes, ideólogo de la restauración monárquica de 1660, en su obra Leviatán (1651), parte de la existencia de un estado de naturaleza originario del cual la humanidad sale a través de un contrato para dar nacimiento a la sociedad civil. Mediante ese contrato los hombres transfieren la soberanía a la persona elegida para que los gobierne, es decir al monarca. Para su seguridad los contratantes pagan un precio: la renuncia a todos sus derechos y libertades a favor del instituido como soberano, quien no se somete –a diferencia de Altusio– ni a la ley divina o natural.

4- El francés Carlos Luis de Montesquieu, ideólogo de la monarquía constitucional, en su principal obra El espíritu de las leyes (1748) realiza una apología del constitucionalismo y de la monarquía parlamentaria, una monarquía constitucional con facultades limitadas por: Un Poder Legislativo bicameral, con una cámara alta de aristócratas y otra baja o popular integrada por elección mediante sufragio universal. Un Poder Ejecutivo para el cumplimiento de las leyes, depositado en el monarca. Y un poder Judicial para la aplicación de las leyes. La teoría tripartita de Montesquieu acerca de la división de poderes como única forma de librarse del despotismo, con la cual el concepto de de soberanía asumió su mayoría de edad, fue recogida por la revolución francesa en 1791 e incorporada a todos los textos constitucionales de Europa y América.

5- El francés Jean-Jacques Rousseau en El Contrato Social (1762), definió la soberanía como poder del pueblo. El propone  una forma de asociación capaz de defender y proteger a la persona y los bienes de cada asociado. Una asociación que convierte a los contratantes en una persona pública que toma el nombre de República, en la cual el soberano es el pueblo contratante. La soberanía es la autoridad donde reside el poder político y público de un pueblo, una nación o un Estado. Por tanto, para que una voluntad particular, como es el caso del gobierno de turno, esté conforme con la voluntad general tiene que estar sometida al sufragio libre del pueblo, que es el soberano.

Se trata de una democracia directa donde la soberanía radica en el pueblo. En esa democracia se distinguen la voluntad y la fuerza: Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, donde el segundo se encarga de la ejecución de las leyes y del mantenimiento de la libertad tanto civil como política. La separación de ambos poderes es la garantía de que no puedan suplantar al soberano, es decir, al pueblo. Por su impacto El Contrato Social fue uno de los tratados de teoría política más influyentes del siglo XVIII. Desde entonces el término soberanía popular se convirtió en el evangelio de la revolución francesa y de los cambios contemporáneos.

Su primera manifestación en Cuba tuvo lugar cuando los revolucionarios de 1868, con diferentes concepciones sobre la República en Armas, convocaron la asamblea constituyente de Guáimaro (1869), donde se adoptó la forma de gobierno republicano y la separación de poderes: el Legislativo en la Cámara de Representantes, el Ejecutivo, en el Presidente.

De forma más o menos similar ocurrió con la Constitución de Jimaguayú (1895), donde el Gobierno Supremo de la República se depósito en un Consejo de Gobierno con poder legislativo, mientras el Poder Ejecutivo en el Presidente y un Poder Judicial, dependiente del Consejo de Gobierno, pero con funcionamiento independiente. Mientras en la Constitución de la Yaya en 1897 se procedió de forma similar. Esa tradición democrática se mantuvo en las constituciones de 1901 y de 1940, en las cuales se reconoció que la “soberanía reside en el pueblo y de éste dimanan todos los poderes públicos”.

En esa filosofía –según expresó el propio Fidel Castro en su alegato La Historia me absolverá– se alimentó nuestro pensamiento político y constitucional que fue desarrollándose desde la primera Constitución de Guáimaro hasta la de 1940. Y expresó: Es un principio elemental de derecho público que no existe la constitucionalidad allí donde el Poder Constituyente y el Poder Legislativo residen en el mismo organismo.

El desmantelamiento de los pilares básicos de la democracia después de 1959 abarcó desde la disolución del  poder tripartito, el desmantelamiento de la sociedad civil, hasta la sustitución de la Constitución de 1940 por unos estatutos denominados Ley Fundamental del Estado Cubano, que rigieron hasta 1976.

A juzgar por los principios constitucionales expuestos y por las palabras citadas de Fidel Castro, la Carta Magna vigente carece de constitucionalidad, porque su artículo 3 declara que en la República de Cuba la soberanía reside en el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado. Algo imposible si en la misma se desconoce la división de poderes y el Gobierno nunca se ha sometido a sufragio universal.

Se requiere de una reforma constitucional para restablecer el principio de que la soberanía reside verdaderamente en el pueblo; una deuda pendiente con los que pensadores que definieron el concepto de soberanía y con los delegados cubanos  a las asambleas constituyentes que lo refrendaron en las constituciones que van de 1869 a 1940.