Hemeroteca de marzo 2016

Tmado de: http://www.diariodecuba.com/derechos-humanos/1458287347_21013.html

Los perjuicios infringidos por la revolución de 1959 a los intereses económicos de Estados Unidos condujeron al deterioro

de las relaciones entre ambos países. En medio de la Guerra Fría los desacuerdos condujeron a la ruptura de relaciones y a

la alianza de Cuba con la Unión Soviética. En ese contexto el gobierno cubano, en defensa de la “soberanía” nacional,

estatizó la economía, desmanteló la sociedad civil, restringió las libertades y tomó el camino hacia el totalitarismo.

 

La ineficiencia económica resultante del modelo implantado fue solapada por los subsidios soviéticos hasta que el derrumbe

del socialismo en Europa Oriental develó el espejismo y catapultó a Cuba a una crisis –bautizada con el eufemismo de

“Período Especial en Tiempos de Paz”–  que aún no ha sido remontada. Desde ese momento en adelante los cambios

introducidos, incluyendo las reformas iniciadas en 2008, han fracasado. Las penurias, los altos precios, los bajos

salarios, el descontento, la corrupción y el éxodo se apoderaron de un escenario amenazado por la crisis del chavismo que

pondrá fin a las subvenciones de Venezuela.

 

Por su parte las diez administraciones que ocuparon la Casa Blanca desde Eisenhower hasta Bush fracasaron en el intento de

producir cambios en Cuba y perdieron   influencia en la región. El gobierno de Barack Obama, desde su primer mandato en el

año 2009 comenzó a flexibilizar las medidas del Embargo y en su segundo mandato abandonó la política fracasada y ha puesto

en práctica nuevas medidas, incluyendo las últimas en víspera de su visita que prácticamente constituyen un acta de

defunción adelantada que más temprano que tarde será firmada por el Congreso de ese país.

 

Fracasados en el empleo de la fuerza y agotado el capítulo de ganadores y perdedores, se impuso el regreso a la política.

Ante la imposibilidad de encontrar un nuevo padrino el Gobierno de Cuba tomó el camino de acercamiento a Estados Unidos;

mientras el  presidente Barack Obama, con una plataforma que implica la renuncia a ser agente de los cambios en la Isla,

asumió la forma más eficaz para colaborar con la democratización de Cuba. Ambas partes, con una dosis de realismo

político, sostuvieron las conversaciones secretas que desembocaron en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas,

uno de cuyos efectos es la visita del presidente Obama a Cuba.

 

Tales hechos, con independencia de cualquier interpretación han despertado expectativas en un pueblo desesperanzado,

descreído, inmerso en la supervivencia y en fuga permanente hacia cualquier otro lugar del planeta.

La visita, además de ser la primera de carácter oficial de un presidente norteamericano a Cuba –la de Calvin Coolidge en

1928 fue para inaugurar la VI Conferencia Panamericana en La Habana–, tiene una enorme significación. De efecto del

restablecimiento de las relaciones diplomáticas, la misma, precedida con medidas concretas y declaraciones públicas de

compromiso con los derechos humanos, se convertirá en causa, porque: 1- Consolida el camino iniciado como está recogido en

el comunicado emitido por la Casa Blanca Acerca de la fecha de su arribo a Cuba, en el que se declara que servirá para

afianzar el progreso realizado hacia la normalización de las relaciones entre ambos países: avanzando los lazos

comerciales y personales que puedan mejorar el bienestar del pueblo cubano y expresar nuestro apoyo a los derechos

humanos. 2- Constituye un fuerte obstáculo para retroceder al  punto anterior al 17 de diciembre de 2014. 3- Coloca ante

los cubanos y ante el mundo, en una posición incómoda a los que, para sustentar el inmovilismo, insisten en enarbolar las

banderas de “enemigo” y de “plaza sitiada” y 4- Coadyuva al empoderamiento gradual de los cubanos. Un resultado favorable

para ambos gobiernos y especialmente para el pueblo cubano.

 

Si a ello se añade que Estados Unidos –separado por menos de cien millas de Cuba– es el tercer país más grande del orbe

por superficie terrestre y población, y la primera economía a escala mundial, no resulta difícil percatarse de lo que

representará para los cubanos la normalización de las relaciones.

 

Lo que ocurra después de la visita será responsabilidad exclusivamente de los cubanos, de nuestra comprensión del momento

y de la capacidad para actuar en un escenario en el que la contradicción entre los dos gobiernos será desplazada

gradualmente por las contradicciones internas entre pueblo y gobierno cubanos.

Por pragmatismo y responsabilidad los problemas acumulados pendientes de solución, que son muchos y complejos, requieren

de un tratamiento acorde con el cambio de época. Desaparecido el “enemigo” y dependiente de las relaciones con Occidente,

será extremadamente difícil sostener el planteamiento acerca de supuestas diferencias de concepciones sobre los derechos

humanos y con ello justificar la no ratificación de los pactos universales de derechos civiles y políticos y de derechos

económicos, sociales y culturales.

 

Más difícil aún será sostener la falsedad contenida en el editorial del el diario Granma del pasado 9 de marzo, acerca de

que Cuba defiende la indivisibilidad, interdependencia y universalidad de los derechos humanos, civiles, políticos y

económicos, sociales y culturales, pues el reconocimiento de cualquier derecho civil, político o cultural, carece de toda

eficacia si paralelo a ello se niegan total o parcialmente los derechos económicos y sociales. De la misma forma es

imposible ejercer y disfrutar los derechos económicos y sociales en ausencia de los derechos civiles y políticos.

 

A pesar de la existencia de fuertes obstáculos internos y externos, la fuerza de la historia de los derechos humanos en

Cuba nos indica el camino que comenzó en 1878 con el surgimiento de la sociedad civil cubana, que hizo acto de presencia

en las constituciones mambisas y en las constituciones republicanas de 1901 y 1940, las que en muchos aspectos se

adelantaron al contenido de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y que sufrieron un retroceso inadmisible

con la Constitución vigente, que limita los derechos a la defensa del sistema totalitario que condujo al país a la

profunda crisis estructural en que Cuba se encuentra sumida.

 

Tomado de: http://www.diariodecuba.com/cuba/1457476986_20788.html

Con el título Inversión extranjera, puntal para el desarrollo, el viernes 4 de marzo de 2016, el diario Granma publicó una conversación de los periodistas Sheyla Delgado y Oscar Sánchez con la funcionaria Déborah Rivas, del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.

En el párrafo introductorio los periodistas cuentan que el profesor de negociación, Emilio Rodríguez Mañalich, solía decir en clases: la oportunidad es un ave blanca que pasa volando delante de nuestros ojos  una sola vez… Y, de no aprovecharla difícilmente podremos volver a verla. Y a Continuación dicen ellos que: “Oportunidades, precisamente, han sido el fruto más inmediato de la Ley No. 118 de la Inversión Extranjera en el país…”.

Razón lleva el profesor Rodríguez Mañalich, pues el tiempo es un juez severo y las oportunidades rara vez se repiten. Lo que no dicen ni los periodistas ni la funcionaria es que las autoridades cubanas son las que más oportunidades han perdido y continúan perdiendo.

Ningún país, mucho menos los subdesarrollados, puede sustraerse del papel que desempeña la inversión extranjera. Su rechazo en Cuba se mantuvo antes y después del derrumbe del socialismo en Europa Oriental. A pesar de los pocos resultados obtenidos con el Decreto-Ley 50 de 1982 y con la Ley 77 de 1995 se mantuvieron las restricciones, la ausencia de garantías y el tratamiento negativo, por cuya causa de unas 400 empresas mixtas que funcionaban en el año 2002 solo quedaron alrededor de 200. Sin embargo, hubo que esperar 20 años, incluyendo los pocos resultados de las reformas iniciadas en 2008, para proceder a su modificación.

Es necesario enfatizar que el estancamiento económico actual tiene su raíz en el proceso de estatización desarrollado entre las leyes de reforma agraria de mayo de 1959 y de octubre de 1963, con el cual la economía, al quedar subordinada a la ideología y la política, se desnaturalizó.

La nueva legislación, la Ley 118, aunque más flexible que la precedente, resulta insuficiente para remontar la crisis. Según las propias autoridades cubanas el país necesita de un crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto (PIB) entre el 5 y el 7%. Para lograr ese propósito se necesitan tasas de acumulación e inversión de no menos de un 25%, lo que requiere de un flujo anual de inversión del orden de entre 2000 y 2500 millones de dólares.

El escenario emergente de la reanudación de las relaciones con Estados Unidos constituye una gran oportunidad para dar el salto, pero será imposible sin la correspondiente voluntad política para hacerlo. La naturaleza y los fracasos cosechados por el actual modelo no admiten su actualización, se impone, pues, la sustitución.

En la presentación del Proyecto de Ley, el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz, dijo que la misma tiene fuertes implicaciones políticas ya que constituye una actualización profunda del proceso de transformaciones que se desarrolló al inicio de la Revolución para poner los principales medios de producción en manos del Estado Revolucionario. Es decir, el intento declarado es regresar a la estatización que generó la ineficiencia económica, con lo cual el nuevo fracaso está garantizado.

Algunos de los obstáculos de la actual Ley 118 son los siguientes:

1- El Gobierno busca fuentes de financiamiento externa a la vez que niega el derecho a los cubanos a participar como inversionistas.

2- No reconoce la función social de la propiedad y no admite la propiedad privada. En su lugar declara  que no permitirá su concentración en personas jurídicas o naturales.

3- Limita a los cubanos a un listado de actividades, llamadas trabajo por cuenta propia, restringida casi totalmente a servicios y sin personalidad jurídica.

4- Aunque brinda determinadas “garantías” a los inversionistas, la subordinación de los órganos judiciales al Partido y al Estado convierten al Gobierno en juez y parte, lo que pone en total desventaja al inversionista.

5- No permite la libre contratación de la fuerza de trabajo y deposita esa función en una empresa estatal,

5- No reconoce la libertad sindical –derecho de trabajadores y patronos para fundar sindicatos sin autorización previa–, un principio consagrado en la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, regulada en el Convenio 87 de esa institución e incorporada en la Declaración Universal de los Derechos Humano, en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la  Convención Europea de Derechos Humanos.

Esas, entre otras limitantes, impiden aprovechar la oportunidad que brinda el actual escenario, en el que Estados Unidos ha comenzado a flexibilizar el Embargo, mientras el Club de Paris y otros acreedores están renegociando la deuda cubana y condonando toda o una parte de ella.

En la conversación con Granma, al referirse al impacto de la Ley de Inversión Extranjera, la funcionaria explicó que: “El bloqueo de los Estados Unidos contra la Mayor de las Antillas sigue siendo el obstáculo fundamental para la atracción de capital extranjero”. Esa afirmación esquiva una verdad. Si es cierto que no se ha modificado sustancialmente –entendiendo por ello la derogación del Embargo–, no es menos cierto que ha sufrido importantes modificaciones. Antes del inicio de las negociaciones, Estados Unidos realizó enmiendas en las normas de los Departamentos del Tesoro y del Comercio y ha puesto en vigor un paquete de medidas que ha debilitado el Embargo e  influido en el acercamiento de otras naciones para negociar con Cuba.

Si de pérdidas de oportunidades se trata, el gobierno de Cuba debería implementar medidas para crear un escenario favorable a la eliminación del Embargo. Tales  medidas neutralizarían a las fuerzas que se oponen, fortalecerían al sector privado y facilitarían el surgimiento de una clase media, que tanto necesita nuestra economía.

Le corresponde, pues, al gobierno cubano, aprovechar la oportunidad, no sólo para la normalización de las relaciones con Estados Unidos, sino para lo más importante: devolver a los cubanos los derechos y libertades secuestrados, sin lo cual no habrá resultados positivos.

La situación constituye una inaceptable violación de la Constitución vigente, que en su artículo 14 reza: la economía se basa en la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción. Y una negación del concepto martiano que define la República como estado de igualdad de derecho de todo el que haya nacido en Cuba; espacio de libertad para la expresión del pensamiento; de muchos pequeños propietarios.

http://www.diariodecuba.com/cuba/1456444229_20493.html

Dos momentos en la república cubana, título de un artículo de Pedro Antonio García, aparecido en el diario Granma el pasado 24 de febrero, realiza una comparación entre las constituciones de 1901 y 1976 que merece ser debatida, razón por la cual me detendré en tres de sus planteamientos.

1- No fue la Revolución la que derrocó la democracia representativa, sino el régimen surgido con el golpe de Estado perpetrado por Fulgencio Batista el 10 de marzo de 1952, el cual interrumpió el ritmo constitucional del país, destituyendo al presidente electo; clausuró el Congreso, derogó la constitución de 1940 y el democrático Código Electoral de 1943.

La Constitución de 1940 conservó la división de los poderes públicos y los derechos reconocidos en la de 1901 y agregó otros: el derecho a desfilar y formar organizaciones políticas contrarias al régimen, la autonomía de la Universidad de la Habana, la declaración de punible a todo acto de prohibición o limitación del ciudadano a participar en la vida política de la nación, así como el reconocimiento de la legitimidad de oponer resistencia para la protección de los derechos individuales. La interrupción de esta Constitución con el Golpe de Estado de 1952 es un hecho, como lo es que, gracias a las acciones cívicas y militares –incluyendo el Asalto al Cuartel Moncada– Fulgencio Batista la restauró en febrero de 1955.

Sin embargo, la revolución de 1959 en lugar de restablecerla plenamente, sin consulta popular, la sustituyó por la “Ley Fundamental del Estado Cubano”; unos estatutos que le confirieron al Primer Ministro las facultades de Jefe de Gobierno y al Consejo de Ministros las funciones del Congreso. Esa modificación resultó similar a la realizada por Fulgencio Batista al implantar en 1952 los Estatutos Constitucionales. Esa Ley Fundamental del Estado Cubano rigió hasta 1976, año en que se promulgó la primera constitución revolucionaria, que fue ligeramente modificada en 1992 y devenida mecanismo de freno en 2002, cuando al declarar irrevocable el sistema político vigente dejó de reflejar los cambios que de forma regular se producen en cualquier sociedad. Y por lo cual, el pueblo, supuesto soberano, no podrá reformar una Ley de Leyes que declara eterno un sistema que los que nacieron después de esa fecha y los que están por nacer no han elegido.

Juan Gualberto Gómez –a quien Pedro Antonio García  reconoce como figura cumbre del independentismo–, en la Asamblea Constituyente de 1901 se opuso al intento de establecer constitucionalmente nada que pudiera convertirse en freno social. Sus palabras fueron: yo conceptúo que es una doctrina antiliberal, que nosotros, aprovechándonos de la circunstancia de estar aquí reunidos para un mandato definido pretendamos ligar el porvenir, cerrar el derecho de nuestro pueblo hacia el mañana, deteniendo su impulso… Juan Gualberto se refería a lo contraproducente y perjudicial de legislar lo que le correspondía a otros. Palabra que olvidamos al aprobar que el sistema político vigente es irrevocable.

2- De ahí que dentro de la Constitución de 1901, a la par de que sus artículos establecían el principio de independencia y soberanía y anulaba la existencia de otras leyes que mermaran ese principio… excluía a las mujeres en el voto, universal para los hombres y otorgaba al Presidente de la república facultades propias de un Capitán General de la Colonia. Obviamente defendía la propiedad privada…

La Constitución de 1901 refrendó los derechos fundamentales: el hábeas corpus quedó recogido en el artículo 16 (todo detenido será puesto en libertad o entregado al juez o tribunal competente dentro de las 24 horas siguientes al acto de detención)”; la libertad de expresión: (de palabra o escrita, por medio de la imprenta o por cualquier otro procedimiento)” en el artículo 25; los  derechos de reunión y de asociación (para todos los fines lícitos) se plasmaron en el artículo 28; y la libertad de movimiento se consagró en el artículo 29. Esos derechos-libertades –universales, indivisibles, sagrados e inalienables – constituyen los cimientos de la participación ciudadana y de la soberanía popular.

Lo avanzado de la Constitución de 1901 lo prueba el hecho que los derechos en ella recogidos fueron proclamados casi medio siglo después por la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. También lo demuestra que el primer proyecto depositado en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas para su elaboración fue presentado por la delegación cubana a ese evento constitucional.

La Protesta de los Trece, las luchas campesinas de San Felipe de Uñas, el Realengo 18 y Ventas de Casanova; las luchas estudiantiles y el reconocimiento de la autonomía universitaria, el movimiento huelguístico desde 1902 hasta el derrocamiento de Machado, la derogación de la Enmienda Platt y la correlación de fuerzas presentes en la Asamblea Constituyente de 1939 son algunos ejemplos de la eclosión de la sociedad civil cubana cuyas bases estaban refrendadas en la Constitución de 1901.

El autor del artículo señala dos limitantes de la Constitución de 1901: 1- la exclusión de las mujeres al voto y 2- las facultades otorgadas al Presidente de la República, las que califica propias de un Capitán General de la Colonia. Veamos:

Acerca de lo primero, es cierto que la Constitución de 1901 no refrendó el derecho al sufragio universal. Sin embargo, haciendo uso de las libertades reconocidas por esa Carta Magna, las mujeres fundaron múltiples asociaciones, órganos de prensa y efectuaron reuniones y mítines para pronunciarse a favor de sus derechos. En 1917 se concedió a la mujer la patria potestad sobre sus hijos y la libre administración de sus bienes, en 1918 se aprobó la Ley del Divorcio, en 1923 se celebró el Primer Congreso Nacional de Mujeres y en 1925 tuvo lugar el Segundo Congreso Nacional, con tal impacto, que el presidente Gerardo Machado les prometió conceder el derecho al voto.

Después del derrocamiento de Machado en 1933, la Alianza Nacional Feminista apeló al presidente provisional, Carlos M. de Céspedes (hijo), para exigir el derecho al voto. Resultado de esas gestiones en enero de 1934, durante el gobierno de Ramón Grau San Martín, se convocó una Convención Constituyente que reconoció el derecho de la mujer a votar y a ser elegida. Durante la presidencia del coronel Carlos Mendieta se aprobó una Constitución provisional, que en su artículo 38 extendió formalmente el voto a la mujer. Y en febrero de 1939 previo a la Asamblea Constituyente que redactó la Carta Magna de 1940, las féminas convocaron al Tercer Congreso Nacional de Mujeres, donde se exigió “una garantía constitucional para la igualdad de derechos de la mujer”. Finalmente ese reclamo se refrendó en la Constitución aprobada en 1940. Gracias a ese resultado la mujer cubana ejerció legalmente el derecho al voto en las elecciones de 1940, 1944, 1948, 1954 y 1958.

Acerca de lo segundo, es decir, de las facultades otorgadas al Presidente de la República, propias de un Capitán General de la Colonia, basta comparar dichas facultades de un Poder Ejecutivo, limitado por el los Poderes Legislativo y Judicial con las facultades establecidas después de 1959 de un poder totalitario, con un solo partido y el control monopólico de la propiedad de los medios de producción. Aquí los comentarios huelgan.

Como puede verse, a pesar de que la República nacida en 1902, no era exactamente por la que se había luchado, el hecho innegable es que Cuba se incorporó a la comunidad internacional de naciones con personalidad jurídica propia, se cerró el paso a la anexión, se desembrazó de la Enmienda Platt y se convocó la Constituyente de la cual emergió la flamante Constitución de 1940 que le sirvió al Dr. Fidel Castro para fundamentar su defensa en el juicio por el asalto al Cuartel Moncada en 1953.

3- “En 1975, abocado el país a transformaciones más profundas, la Constitución del 40 ya no se ajustaba al momento histórico. Era necesaria una nueva Ley de Leyes que rigiera la nueva etapa de la Revolución que se estaba viviendo. Un grupo de juristas, designado por las organizaciones políticas y de masas, redactó un proyecto de Carta Magna. En cada centro docente y de trabajo, unidad militar, cuadra citadina, finca y cuartón campestre, el pueblo debatió el proyecto y le hizo correcciones y adiciones.

Aquí lo primero es que, si Cuba estuvo sin Constitución de 1959 a 1976, no era necesaria una nueva constitución, sino simplemente una Constitución, pues los estatutos de 1959 no alcanzan esa dimensión.

La Constitución de 1976 reconoció los derechos-libertades como la igualdad ante la ley, el derecho a sufragio para ambos sexos, la libertad de palabra, de prensa, de reunión, de asociación y de manifestación. Su diferencia con la de 1901 y la de 1940 radica en que dichos derechos quedaron subordinados al artículo cinco, que reconoce al Partido Comunista como la fuerza superior dirigente del Estado y de la sociedad para construir el socialismo y avanzar hacia el comunismo, todo lo cual está sintetizado en las palabras a los intelectuales de Fidel Castro: dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Y en consecuencia, los artículos seis y siete definen cuáles son las asociaciones que reconoce, protege y estimula el Partido Comunista, con lo cual la historia constitucional de Cuba sufrió una regresión histórica.