Hemeroteca de septiembre 2015

Tomado de: http://www.diariodecuba.com/cuba/1442863028_17062.html

Hace 120 años, entre el 13 y el 18 de septiembre de 1895, veinte delegados elegidos en los cinco Cuerpos de Ejército en que estaba dividido el  Ejército Libertador, constituidos en Asamblea Constituyente, promulgaron la Constitución de Jimaguayú.

Esta Constitución, a diferencia de otras no se estructuró en tres partes –orgánica, dogmática y cláusula de reforma– sino que quedó conformada por 24 artículos consecutivos sin divisiones en títulos, secciones ni capítulos. En ella el Gobierno de la República reside en un Consejo de Gobierno con poderes legislativos y ejecutivos. El poder ejecutivo recayó en el Presidente (Salvador Cisneros Betancourt), mientras el poder legislativo quedó en las manos del Consejo de Gobierno. Además de un poder judicial, organizado por el Consejo pero con funcionamiento independiente. Los cargos de General en Jefe y de Lugarteniente General se depositaron en Máximo Gómez y Antonio Maceo respectivamente.

Surgido en la historia de los pueblos como contrapartida del absolutismo, el constitucionalismo es fundamento de la gobernabilidad. Las constituciones reflejan los requerimientos que va planteando el desarrollo social. En ese sentido, la Carta Magna de Jimaguayú fue una expresión de la necesidad del nuevo orden político y legal que reclamaba la República en Armas. Constituye, por ello,  un importante eslabón de la historia constitucional cubana.

En su 120 aniversario el semanario Trabajadores del lunes 7 de septiembre y el diario Granma del 16 del mismo mes dedicaron sendos trabajos bajo los títulos: “Ni martiana ni radical” y “Jimaguayú a 120 años”, respectivamente, los cuales paso a comentar.

1- En Granma se cita al historiador Rolando Rodríguez, quien plantea que Jimaguayú es un documento de importancia trascendental para la historia de Cuba, muestra de la concepción legalista y republicana y del empeño de dotar de una dirección constitucional a la insurrección cubana.

Si se reconoce a ese texto constitucional como una expresión de la necesidad del nuevo orden político y legal que reclamaba la Isla e importante eslabón de nuestra historia constitucional, ¿cómo la historiografía oficial puede considerarlo como “documento de importancia trascendental para la historia de Cuba”, sin referirse de forma crítica al estado actual de la constitucionalidad cubana, que poco o nada tiene que ver –comenzando con la división de poderes–  con el legado de Jimaguayú?

2- El artículo de Granma dice que “Martí anhelaba deponer la autoridad que le había otorgado el Partido Revolucionario Cubano ante una reunión representativa de los combatientes de las fuerzas mambisas…”

En el Diario de Campaña de José Martí –acerca de su encuentro con Antonio Maceo y Máximo Gómez el 5 de mayo de 1895 en La Mejorana– escribió: “…Maceo y Gómez hablan bajo, cerca de mi1: me llaman a poco. Allí en el portal; que Maceo tiene otro pensamiento de gobierno; una junta de los generales con mando, por sus representantes, -y una Secretaría General:- la patria pues, y todos los oficios de ella, que crea y anima al ejército, como secretaría del ejército. Nos vamos a un cuarto a hablar. No puedo desenredarle a Maceo la conversación: ¿pero V. se queda conmigo o se va con Gómez? Y me habla, cortándome las palabras, como si fuese yo la continuidad del gobierno leguleyo, y su representante… Insisto en deponerme ante los representantes que se reúnan a elegir gobierno. No quiere que cada jefe de operaciones mande el suyo, nacido de su fuerza: el mandará a los cuatro de Oriente: “dentro de 15 días estarán con Vds.- y serán gentes que no me las pueda enredar allí el doctor Martí…”2

De lo anterior se puede deducir que en La Mejorana se le planteó a Martí la deposición. De ahí sus palabras: “insisto en deponerme ante los representantes que se reúnan a elegir gobierno”. De ser así no existe ningún anhelo, sino el reclamo de no ser depuesto sino ante una asamblea de representantes.

Si el Partido Revolucionario Cubano se fundó a partir del análisis de los errores de la Guerra de los Diez años como institución organizadora, controladora y generadora de conciencia y eslabón mediador para arribar a la República y esa magna misión apenas estaba comenzando es difícil aceptar la afirmación de que anhelaba deponer su autoridad. Además, si el apego de Martí a la institucionalización y la democracia lo condujo en 1884 a separarse del Plan Gómez Maceo, oportunidad en que le escribió a Generalísimo: Pero hay algo que está por encima de toda la simpatía personal que usted pueda inspirarme, y hasta de toda razón de oportunidad aparente: y es mi determinación de no contribuir en un ápice, por amor ciego a una idea en que me está yendo la vida, a traer a mi tierra a un régimen de despotismo personal, que sería más vergonzoso y funesto que el despotismo político que ahora soporta1. ¿Cómo se puede afirmar que Martí “anhelaba deponer la autoridad que le había otorgado el Partido Revolucionario Cubano”?

3- Dice Granma; “Igualmente quedó establecido que cada dos años habría una asamblea que se encargaría de proponer los cambios necesarios de acuerdo con las nuevas circunstancias, algo que también la sitúa en un escalón superior con relación a la aprobada en Guáimaro”.

Si la revolución de 1959 se considera heredera y continuadora del legado constitucionalista, resulta contradictorio que al tomar el poder, en vez de restablecer la Constitución de 1940 como se había prometido, la misma fue sustituida por unos estatutos denominados Ley Fundamental del Estado Cubano, sin convocar ninguna Asamblea Constituyente. Cuba permaneció sin Carta Magna hasta 1976 cuando se aprobó la primera constitución revolucionaria a imagen y semejanza a la de la Unión Soviética, la cual no sufrió modificaciones hasta el año 1992. Luego, en el año 2002, se  declaró irrevocable el sistema instaurado en 1959. Con esa decisión la Constitución cubana dejó de reflejar los cambios que corrientemente ocurren en cualquier sociedad para devenir mecanismo de freno social.

La pregunta es: ¿Cómo se puede alabar la historia constitucional desde una realidad que la niega con los hechos?

4- En el semanario Trabajadores, Antonio Álvarez Pitaluga planteó En la de Jimaguayú no hubo un equilibrio de poderes ni se defendieron las tesis martianas. Se dice que Enrique Loynaz del Castillo y Fermín Valdés Domínguez defendieron los postulados en intereses de José Martí, más creo que eso hoy es difícil de sostener, porque cuando una revisa la documentación, sobre todo las actas del Consejo de Gobierno, se da cuenta de que en el proceso de discusión de la Asamblea no hubo una sola mención a José Martí, ni a sus documentos, ni un análisis de su pensamiento. O sea, fue soslayado; no tiene que decirse necesariamente que con intencionalidad, sino por desconocimiento, porque muchos de los que estaban allí conocían su figura, su obra, su quehacer revolucionario, pero no su pensamiento, su documentación”.

Las preguntas, son las siguientes: 1- ¿Fermín Valdés Domínguez desconocía el pensamiento de José Martí? Y 2- Si Fermín Valdés Domínguez, seguido por la mayoría de los delegados defendió la división y limitación de poderes, que era una de las ideas republicanas de José Martí, ¿Lo importante era que apareciera su nombre en los documentos o que se defendieran e  impusieran sus ideas por mayoría, como ocurrió?

El 120 aniversario y los dos trabajos publicados demuestran que no se puede tratar ningún hecho histórico, mucho menos cuando se trata de un hecho trascendente como es el texto constitucional de Jimaguayú, sin relacionarlo con el presente para demostrar lo que se ha avanzado o retrocedido. Si no se tratan las limitaciones de la actual constitución, que pide a gritos una reforma profunda, ¿para qué nos sirve la historia?

La Habana, 17 de septiembre de 2015

1 En el original está tachado: “oigo”
2 Martí, José. Obras escogidas en tres tomos. Tomo III, p.544
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Tomado de: http://www.diariodecuba.com/cuba/1441050665_16655.html

DIMAS CASTELLANOS | Ciudad de México | 1 Sep 2015 – 11:49 pm.

En Cuba la concurrencia entre el fracaso del modelo totalitario, el envejecimiento de sus gobernantes y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos tendrá un fuerte impacto en la sociedad. Para que ese impacto resulte positivo se requiere la presencia de un factor ausente: el ciudadano. Si esta tesis remite a la pregunta de cómo es posible que en un país de cultura occidental con una destacada historia de luchas no exista el ciudadano, la respuesta nos conduce a un fenómeno complejo que demanda más atención de la que hasta ahora se le ha brindado.

La causa más inmediata —no la única— está en el desmontaje de la sociedad civil que tuvo lugar en Cuba en los primeros años de poder revolucionario y en su posterior institucionalización. La formación cívica —cimiento del ciudadano— se inició en Cuba en 1821 por el padre Félix Varela[1], quien al asumir la dirección de la Cátedra de Constitución en el seminario San Carlos, la definió como “institución de la libertad y de los derechos del hombre” y la concibió como un medio “para enseñar virtudes cívicas”. Su obra fue continuada por José de la Luz y Caballero[2], quien arribó a la conclusión de que “antes de la revolución y la independencia, estaba la educación”y desde esa visión concibió el arte de la educación como premisa de los cambios sociales. Esa misión fue continuada por varias generaciones de educadores y pensadores cubanos hasta la primera mitad del siglo XX.

La sociedad civil cubana, que emergió resultado del Pacto del Zanjón en 1878, desempeñó un importante papel en los problemas político-sociales de la República. La Protesta de los Trece; las luchas campesinas de San Felipe de Uñas, del Realengo 18 y Ventas de Casanova; el movimiento huelguístico que derrocó la dictadura de Gerardo Machado, las luchas estudiantiles por la autonomía universitaria y la derogación de la Enmienda Platt; la Asamblea Constituyente que dio a luz la Constitución de 1940 y las luchas contra el Golpe de Estado de 1952, entre otros así lo demuestran. El desarrollo logrado por la sociedad civil fue expuesto por Fidel Castro durante el juicio por el Asalto al cuartel Moncada, donde dijo: “Había una vez una república. Tenía su Constitución, sus leyes, sus libertades; Presidente, Congreso, Tribunales; todo el mundo podía reunirse, asociarse, hablar y escribir con entera libertad. El gobierno no satisfacía al pueblo, pero el pueblo podía cambiarlo y ya sólo faltaban unos días para hacerlo. Existía una opinión pública respetada y acatada y todos los problemas de interés colectivo eran discutidos libremente. Había partidos políticos, horas doctrinales de radio, programas polémicos de televisión, actos públicos y en el pueblo palpitaba el entusiasmo.”

A pesar de esos esfuerzos educativos y de los avances de la sociedad civil no se alcanzó el grado de madurez suficiente para impedir su desmantelamiento. En 1959 la Constitución de 1940 fue suplantada por la Ley Fundamental del Estado Cubano; el poder se concentró en las manos del líder de la revolución y la propiedad pasó a manos del Estado, cuyo punto de remate fue la “Ofensiva Revolucionaria” de 1968, que liquidó los más de 50.000 pequeños establecimientos sobrevivientes. El resultado se refrendó en la Constitución de 1976, con la cual se institucionalizó el control absoluto del Estado sobre la política, la economía, la cultura, los medios de comunicación y sobre las personas.

Si a ello se une el efecto negativo de la pérdida de los valores éticos, la frustración, la desesperanza, el desinterés y el éxodo sostenido, la realidad cubana se nos presenta en su desnudez y nos indica tanto la magnitud del daño sufrido como de la empresa pendiente.

Por su naturaleza, todos los modelos totalitarios están condenados al fracaso. La diferencia entre uno y otro modelo radica en la capacidad para durar un tiempo menor o mayor, lo que a su vez depende del grado en que cada uno sea capaz de limitar la libertad de las personas. En el caso de Cuba, ante el fracaso y la posibilidad de perder el poder, la élite revolucionaria reforzó la represión política, económica y cultural e intensifico el monopolio del sistema educacional y de los medios de comunicación. Una marcha atrás guiada por la política expuesta por Fidel Castro en 1961: “Dentro de la Revolución: todo; contra la Revolución ningún derecho.”

Detenidos en este punto, con una sociedad desarmada de instituciones y espacios cívicos, en ausencia de las libertades cívicas y políticas más elementales, la sociedad cubana, condicionada por la creciente brecha entre salario y costo de la vida, se refugió en la sobrevivencia, obligada a realizar actividades suplementarias, casi siempre al margen de la ley, en busca de fuentes alternativas. Esa conducta, al prolongarse durante décadas devino moral admitida socialmente. La respuesta del cubano, desposeído de la condición de ciudadano fue: a los bajos salarios, las actividades alternativas; a la ausencia de sociedad civil, la vida sumergida; a la falta de materiales, el robo al Estado; y al cierre de todas las posibilidades, el escape al exterior.

Ese cuadro, que caracteriza a la Cuba de hoy, requiere de una acción cultural, que al decir de Paulo Freire[3], “es siempre una forma sistematizada y deliberada de acción que incide sobre la estructura social, en el sentido de mantenerla tal como está, de verificar en ella pequeños cambios o transformarla”.

¿Por qué? Porque, como acertadamente afirmara el ingeniero López[4], “las propiedades de un sistema resultan determinadas por las propiedades de sus componentes y los vínculos entre ellos, por lo que la calidad del sistema no puede ser mejor que las de sus componentes ni que su diseño, ya que éstas actúan como limitantes a la calidad del sistema en su conjunto”. Por tanto, una Cuba mejor no es posible sin cubanos mejores.

Para conformar esa cultura es necesario, parafraseando el concepto de acción afirmativa, una acción educativa, equivalente a las que se efectúan para la inserción y desenvolvimiento de sectores sociales relegados. La concreción de esa cultura incluye dos procesos simultáneos e interrelacionados: 1- el empoderamiento ciudadano, que resultará de las medidas implementadas por la Casa Blanca y las que tendrá que implementar el gobierno cubano como complemento y 2- los cambios al interior de la persona, que a diferencia de los primeros son irrealizables en el corto plazo, pero sin los cuales el resto de los cambios serían de poca utilidad.

Por las razones antes expuestas los cubanos están excluidos del proceso de toma de decisiones, pero la participación en ese proceso no comienza hasta tanto no se tome conciencia de la responsabilidad que corresponde a cada uno en el destino de su país. Y esa responsabilidad nace a partir de que se asume su propio compromiso y se busca, sobre él, la colaboración con otras personas. Se trata de un proceso lento, pero insoslayable, que se mueve de lo interno a lo externo, del individuo a la sociedad, del país al mundo.

La transformación de los cubanos en ciudadanos públicos, en actores políticos, es un reto tan complejo como ineludible; un propósito inalcanzable sin antes sentir el cambio no solo como algo necesario, sino
también como posible. Y el único camino para ello está en participar, aprender sobre la marcha, equivocarse y volver nuevamente hasta ser efectivos, hasta devenir en verdaderos ciudadanos.
Por lo anterior, la acción educativa tiene que introducir la educación de la responsabilidad, que comienza en el individuo, pasa por la sociedad y se extiende hasta la comunidad internacional. De tal forma libertad y responsabilidad, derechos y deberes, conforman un todo interrelacionado e indivisible.

Entonces, el efecto de la concurrencia entre el fracaso del modelo totalitario, el envejecimiento de sus gobernantes y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, depende, ante todo, de nuestra capacidad de cambiar para recuperar la condición de ciudadano, que a su vez, constituye una necesidad insoslayable para salir del estancamiento en que vivimos.

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[1] Félix Francisco José María de la Concepción Varela y Morales (1778-1853) nació en La Habana y murió en San Agustín de la Florida, estudió en el Seminario San Carlos y  la Real y Pontificia Universidad de San Gerónimo de La Habana, fue ordenado diácono en 1810 y sacerdote en 1811. En el Seminario, donde estudió, ejerció las cátedras de Latinidad, de Filosofía y de Constitución.
[2] José de la Luz y Caballero (1800-1862), nació y murió en la Habana, estudió en el Convento de San Francisco, en la Real y Pontificia Universidad de La Habana y en el Seminario San Carlos. Educado en un medio religioso bajo la influencia de su tío materno, el presbítero José Agustín Caballero, el amor a sus semejantes lo inclinó a la vida clerical y al claustro.
[3] Paulo Freire (1921-1997), reconocido pedagogo brasileño. Entre sus obras destacan La educación como práctica de la libertad (1967) y Acción cultural para la libertad (1970).
[4] José Ramón López, Individuo y Sociedad, artículo publicado en la revista digital Consenso No. 5 de 2005