Hemeroteca de junio 2015

Tomado de: http://www.diariodecuba.com/cuba/1435098292_15315.html

Los antecedentes

Los revolucionarios que tomaron el poder en 1959 sustituyeron la Constitución de 1940 por la Ley Fundamental del Estado Cubano, el Primer Ministro asumió las facultades del Jefe de Gobierno y el Consejo de Ministros suplantó al Congreso. Se dictaron medidas de beneficio popular que legitimaron el poder adquirido mediante las armas. De forma simultánea se desmontó la sociedad civil y se castraron las libertades cívicas y políticas. El poder se concentró en el líder, la propiedad pasó a manos del Estado, la institucionalidad fue desmontada y desapareció la condición de ciudadano.

La ineficiencia económica fue solapada por las subvenciones soviéticas hasta que el desplome del campo socialista sumergió al país en una profunda crisis. En respuesta el gobierno introdujo algunas reformas coyunturales subordinadas al poder político. Con el triunfo de Hugo Chávez en Venezuela apareció un nuevo padrino y el gobierno cubano, liberado de la presión de la crisis, puso freno a las reformas. Desde ese momento hasta la sustitución del Jefe de la Revolución entre julio de 2006  y febrero de 2008 el deterioro económico determinó el inicio de nuevos cambios bajo la rótula de actualización del modelo.

El fracaso

El traslado de poder entre las mismas fuerzas que lo detentaban desde 1959 determinó que el orden, la profundidad y la velocidad de los cambios quedaran subordinados nuevamente a los intereses políticos. Esa condición inutilizó el Plan Mínimo de Reformas expuesto por el general Raúl Castro dirigido a lograr una agricultura fuerte y eficiente, sustituir importaciones, aumentar las exportaciones, atraer inversiones, detener las ilegalidades, frenar la corrupción, desinflar las plantillas laborales e impulsar el trabajo por cuenta propia.

La subordinación se institucionalizó en la Primera Conferencia del Partido Comunista de Cuba efectuada en el año 2012. En ella se revitalizó la línea planteada por Fidel Castro, cuando en el Congreso de Cultura en 1961 preguntó: ¿Cuáles son los derechos de los escritores y de los artistas revolucionarios o no revolucionarios? Y se respondió así mismo: Dentro de la Revolución: todo; contra la Revolución ningún derecho… Y esto no sería ninguna ley de excepción para los artistas y para los escritores. Este es un principio general para todos los ciudadanos. Como no era difícil predecir, en ausencia de democracia, el cambio de forma para conservar el contenido no dio el resultado esperado: la eficiencia para conservar el poder no pudo transferirse a la economía.

Tres años después de comenzar la actualización del modelo el declive ha continuado: la producción agropecuaria es deficiente; los planes de azúcar se incumplen; la disminución de importaciones y el incremento de las exportaciones son asignaturas pendientes; las inversiones extranjeras no logran la magnitud esperada; la relación entre salario y costo de la vida empeora; las ilegalidades continúan su inexorable rumbo y las limitaciones impuestas al  trabajo por cuenta propia y a las “cooperativas”  han impedido el despegue de esos sectores.

El traslado del poder

Por razones biológicas, la generación que tomó el poder en 1959 abandonará la escena política en los próximos tres años. La misma se enfrenta a la necesidad de legitimar a sus sustitutos por vías diferentes a las que ellos se legitimaron. Para ello tiene que reformar el Estado, incluyendo la Constitución y la Ley electoral, ante lo cual se alzan dos grandes obstáculos simultáneos: el fracaso en la actualización del modelo y el restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos.

El primer obstáculo es el estancamiento económico. Una situación muy diferente al momento en que asumieron el poder en 1959, cuando los almacenes confiscados permitieron legitimar el poder adquirido por las armas repartiendo lo antes producido. A ello se une el éxodo creciente, la corrupción incontrolada y el aumento del descontento ciudadano, todo lo cual impide que el traspaso de poder se realice en condiciones de prosperidad.

En segundo obstáculo está en la nueva política de la Casa Blanca hacia Cuba. El paquete de medidas  anunciado el 17 de diciembre de 2014 tendrá un impacto en el empoderamiento de los cubanos, que es el factor más débil para los cambios en la Cuba de hoy. En la marcha de ese proceso el concepto del “enemigo externo” se irá eclipsando, por lo que  la contradicción externa, que desempeñó un papel tan útil para conservar el poder, será ocupado gradualmente por la contradicción entre pueblo y gobierno cubanos, lo que complica el traspaso de poder.

Si a esos dos grandes se añade que el gobierno es responsable de todo lo ocurrido –bueno o malo– en más de medio siglo, que en ese tiempo la nomenclatura ha contraído intereses, que entre ella existen divergencias en cuanto al alcance de las reformas,  que su edad promedio conspira con la vitalidad necesaria para emprender cambios profundos, y que durante décadas pudieron gobernar sin oposición; la conclusión es que el gobierno no está preparado para el contradictorio propósito de hacer las reformas que el país requiere, restablecer las relaciones con Estados Unidos y conservar el poder. En esa contradicción, que seguirá marcando el ritmo del proceso en el corto plazo está, desde mi punto de vista, la explicación del zigzagueo:

El 17 de diciembre de 2014 el presidente cubano planteó al gobierno estadounidense adoptar medidas mutuas para mejorar el clima bilateral y avanzar hacia la normalización de los vínculos entre los dos  países. (Un paso adelante). El 28 de enero de 2015, en la III Cumbre de la CELAC, planteó cuatro exigencias y dijo: Si estos problemas no se resuelven, este acercamiento diplomático entre Cuba y Estados Unidos no tendría sentido. (Un paso atrás). El 11 de abril, en la VII Cumbre de las Américas, rebajó las exigencias y dijo que los obstáculos principales para abrir las embajadas eran la retirada de Cuba de la lista de los países patrocinadores del terrorismo y el otorgamiento de facilidades bancarias para las gestiones de la sección de intereses en Washington. (Un paso adelante). Aunque el 12 de mayo, al despedir al presidente francés François Hollande, declaró que una vez que Cuba salga definitivamente de la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, podremos nombrar embajadores, los días 20 y 21 de mayo, en la tercera ronda de conversaciones, la delegación cubana se atrincheró en la interpretación de la Convención de Viena sobre los límites, la forma y la conducta que deben tener los diplomáticos norteamericanos. (Un paso atrás).

La posición norteamericana no podía ser sorpresa. Antes de partir hacia la Cumbre de Panamá, Barack Obama dijo: Nuestra nueva política hacia Cuba también facilitará un enlace más grande con el pueblo cubano incluido un aumento del flujo de recursos e información al pueblo cubano – y esto ya está mostrando resultados. Hemos visto un aumento en el contacto entre el pueblo de Cuba y Estados Unidos y el entusiasmo del pueblo cubano hacia estos cambios demuestra que vamos por el camino correcto. En la Cumbre expresó: La sociedad civil es la consciencia de nuestros países. Es el catalizador del cambio. Es la razón por la que las naciones fuertes no les temen a los ciudadanos activos. Las naciones fuertes aceptan, apoyan y empoderan a los ciudadanos activos… Y cuando nos asociamos con una sociedad civil, es porque creemos que nuestra relación debe ser con gobiernos y con las personas a las que representan. De igual forma se manifestó en la reunión que sostuvo con representantes de la sociedad civil de América Latina y en el encuentro personal con Raúl Castro.

Por su parte la jefa de la delegación estadounidense, Roberta Jacobson, antes de  la tercera ronda de negociaciones, dijo en la audiencia ante el Comité de Relaciones del Senado que, la relación que la Sección de Intereses estadounidense en La Habana mantiene “con la más amplia gama” de cubanos “aumentará una vez que se establezcan relaciones diplomáticas con Cuba”.

Es decir, si a pesar de esas declaraciones se avanzó hasta la retirada de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo y las facilidades otorgadas para las actividades bancarias en Washington, carece de sentido prorrogar la apertura de las embajadas por cualquier “interpretación” de la Convención de Viena.

Al término de la tercera ronda de conversaciones se puso de manifiesto la diferencia entre las dos delegaciones. En la conferencia de prensa a la pregunta acerca de una cuarta ronda de negociaciones, Josefina Vidal respondió que se ha avanzado pero que quedaban temas pendientes por discutir próximamente. Mientras Roberta Jacobson dijo más o menos, que para ese tema no era necesaria otra reunión. Su posición fue que los diplomáticos se comportarían como lo hacen en regímenes similares al cubano donde sus diplomáticos tienen permisos de viaje que oscilan “entre las 24 horas y los 10 días”.

Los peligros del zigzagueo

El gobierno de Cuba, por las razones expuestas, decidió introducir cambios demasiado tarde. Por esa causa la interrelación entre estancamiento económico, insuficiencia salarial, corrupción generalizada, descontento y éxodo creciente resultan incompatibles con la lentitud de  los cambios.

Si esa marcha lenta se aprecia por el poder como una garantía de su estabilidad, para la sociedad cubana no lo es. La insistencia en conservar el poder y la demora para iniciar las transformaciones han conducido a una situación extremadamente compleja, en condiciones internas y externas que se necesita de voluntad política para actuar en correspondencia con la gravedad del caso.

De no actuar en consecuencia con ese escenario, el resultado podría ser fatal porque una salida abrupta, por cualquier causa que se pudiera producir, conduciría a una situación en la que no habrá traspaso tranquilo y en la que todos, sin excepción, resultarían perdedores. De ocurrir, la responsabilidad recaerá en los que aún detentan el poder.

Las relaciones con Estados Unidos -el hecho político más significativo para Cuba desde la revolución de 1959- ha generado una oportunidad que no se debe desaprovechar. Es  útil al gobierno cubano, ya que le proporciona una salida “decorosa”; es útil a los intereses estadounidenses, por sus propios intereses; pero sobre todo es a los cubanos, porque es un contexto favorable para el empoderamiento y su reconversión en ciudadanos.

Tomado de: http://www.diariodecuba.com/cuba/1434096222_15108.html

La construcción de cooperativas no agropecuarias marcha mal. Así se reconoció en la última reunión del Consejo de Ministros de Cuba el pasado 29 de mayo.

El proceso constructivo siguió más o menos el siguiente curso. En abril de 2011 los Lineamientos de la Política Económica y Social, aprobados por el VI Congreso del Partido Comunista, definieron todo lo relativo a la construcción de las cooperativas. En diciembre de 2012 entró en vigor el Decreto-Ley 305, para regular la constitución, funcionamiento y extinción de esas asociaciones. Y en junio de 2014 se decidió que los establecimientos estatales de servicios gastronómicos, personales y técnicos pasaran a formas de gestión privada.

El 29 de mayo de 2015, en la citada reunión del Consejo de Ministros, se informó que “el procedimiento para construir las cooperativas ha incorporado una carga burocrática que genera dispersión y demoras, que han surgido dificultades en el acceso a los suministros, que ha existido una tendencia al incremento de los precios de los productos y servicios que ofertan las cooperativas”. Por lo cual se arribó a la conclusión de lentificar el proceso para “rectificar errores antes de generalizar los experimentos”.

Mientras se insista en soslayar las verdaderas causas del por qué marcha mal el proceso, las medidas resultantes no tendrán efecto sobre los males.

Las cooperativas son una manifestación del carácter social del hombre y por tanto antiquísimas, pero su experiencia moderna data de mediados del siglo XIX. En 1895, cuando esa forma de asociación se extendió por el mundo, en Londres se creó la Alianza Cooperativa Internacional (ACI). Un siglo después, con las experiencias acumuladas, la ACI definió un conjunto de valores que constituyen los principios del cooperativismo actual, entre los cuales sobresalen: el carácter voluntario de la adhesión; la participación económica y la gestión democrática por parte de los asociados; y la autonomía e independencia.

Como esos fueron básicamente los principios que establecieron los tejedores del pueblo de Rochdale, en Inglaterra, quienes en 1844 se asociaron para el suministro de artículos de primera necesidad, a los mismos de les conoce como principios de Rochdale.

Una cooperativa, por tanto, es una asociación voluntaria y autónoma de personas que se unen para realizar una aspiración común mediante una empresa, donde cada socio es un dueño y tiene un voto, cuenta con una estructura democrática para tomar las decisiones y realizan un reparto equitativo y proporcional de las utilidades. La comparación de esos principios —suficientes para calificar a cualquier asociación como cooperativa—  con la construcción de cooperativas en Cuba arroja lo siguiente:

1)  Las cooperativas cubanas se crean a partir de un Decreto-Ley emitido por el Consejo de Estado, con el fin declarado de, en primer lugar, contribuir al desarrollo económico y social sostenible de la nación.  Es decir, se crean por voluntad del Estado, no de los “asociados”.

2) El Decreto-Ley establece que el órgano, organismo y entidad nacional que autorice la constitución de las cooperativas es responsable directo del control y evaluación de su funcionamiento. Es decir, a la ausencia de la asociación voluntaria se une la subordinación a las instituciones estatales, que son sus verdaderos autores. Por tanto los “asociados” carecen de autonomía e independencia para fusionarse, extinguirse, dividirse o modificarse sin previa aprobación de los autores.

3) El Decreto-Ley establece el período de tiempo en que los “asociados” pueden contratar trabajadores asalariados, define las actividades y tareas que no puedan asumir los “socios” en determinado período de tiempo; mientras el reglamento que rige las cooperativas es emitido por el Consejo de Ministros.

4)  Las cooperativas se crean en los lugares que el Estado decide, como lo expresó el jefe de la Comisión Permanente para la Implementación de los Lineamientos: las  mismas “se ocupan de los segmentos del mercado que no resultan competitivos para la empresa estatal”.

5)  El Estado conserva la propiedad sobre los medios fundamentales de producción, por lo que los “asociados” son arrendatarios, no dueños.

Si las cooperativas no surgen de la unión voluntaria de los socios; si se crean dónde y cuándo decide el Estado; si carecen de autonomía; si los asociados no son dueños; y si su reglamento lo emite el Consejo de Ministros, tales asociaciones no califican como cooperativas, más bien son asociaciones de usufructuarios dependientes de las necesidades e intereses del Estado.

Del breve análisis precedente brotan al menos tres conclusiones:

1)    La principal causa de los resultados negativos radica en la ausencia de las libertades para que los cubanos decidan  para qué, cuándo y cómo asociarse.

2)    Las cooperativas no se construyen, sino que surgen de las necesidades, intereses y voluntad de los propietarios.

3)    Se conforman de acuerdo a los principios establecidos por la ACI, allí y cuando los asociados lo decidan.

Lo ocurrido con las cooperativas no agropecuarias es una copia de que hace décadas viene ocurriendo con las cooperativas agropecuarias, surgidas también de esa vocación constructora del Estado cubano. Las Cooperativas de Créditos y Servicios sin personalidad jurídica en 1960; las Cooperativas Cañeras, creadas en ese mismo año por decisión del Gobierno y luego convertidas en propiedad del Estado; según palabras del propio líder de la revolución, porque “aquellas cooperativas no tenían realmente una base histórica, puesto que las cooperativas se forman realmente con los campesinos propietarios de tierra”. Las Cooperativas de Producción Agropecuaria en 1976. Y las Unidades Básicas de Producción Cooperativas en 1993. Todas con los magros resultados harto conocidos.

Una prueba contundente de ese falso cooperativismo agropecuario fue el reporte publicado en el diario Granma del viernes 25 de enero de 2013, acerca de la decisión de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños  (ANAP)de sustituir o liberar de sus funciones a 632 presidentes de cooperativas agrícolas.

Si realmente el objetivo de las cooperativas, como reza el Decreto-Ley 305, consiste en contribuir al desarrollo económico y social sostenible de la nación, entonces la salida está, de un lado, en no continuar intentado utilizar esas asociaciones para ocultar la incapacidad del Estado, mantener la propiedad sobre los medios de producción y conservar un enorme aparato burocrático para su control; y de otro lado, renunciar a la construcción de las cooperativas y en su lugar aceptar los principios de la ACI y entregar (vender) los medios de producción a los asociados, para que Cuba pueda contar con un verdadero cooperativismo.