Hemeroteca de abril 2015

tomado de: http://www.diariodecuba.com/cuba/1429776653_14162.html

Las elecciones de Delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular, celebradas el domingo 19 de abril en Cuba, en el marco del restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos, pusieron de manifiesto la necesidad impostergable de extender las reformas a la esfera de la política.

Por vez primera cerca de 1 millón de electores, el 11,70% del total registrado, no asistió a las urnas. Si a los ausentes se suman los más de 700 mil que invalidaron sus boletas, la cifra de los inconformes se eleva a 1 millón 700 mil cubanos, lo que sobrepasa el 20% del total de electores.

En el año 2003 la suma de las abstenciones y la boletas invalidadas fue del 6,09%; en el año 2008 aumentó a 7,73%; en 2013 alcanzó el 14,22%, casi el doble de los comicios precedentes y en esta oportunidad superó el 20%. Ese crecimiento sostenido constituye una clara señal de cambio en la conducta de los cubanos que las autoridades no deberían ignorar.

Las causas son harto evidentes. Ante el impacto negativo de una crisis estructural generada por un modelo inviable, manifestado en la insuficiencia de los salarios, la corrupción generalizada y el éxodo masivo, los cubanos –conscientes que los Delegados electos carecen del más elemental poder para cambiar esa situación–, a pesar del riesgo que se corre en condiciones de partido único, monopolio de la información y carencia de las libertades fundamentales, han optado por no asistir a las urnas o en su lugar tachar, anular, garabatear o entregarlas en blanco, incluyendo decenas de miles que depositan su voto en la última hora como forma de castigo. Se sabe, además, que por cada uno que se atreve hay otros que van perdiendo el miedo que aún los paraliza. Por eso, al argumento de que es el pueblo el que postula, hay que añadir que también es el pueblo el que se ausenta o invalida las boletas.

Las autoridades, en vez de continuar aferrados al pasado o de cambiar “sin prisa pero sin pausa”, deberían hacer una lectura crítica de esas cifras y aceptar la necesidad de extender los cambios a la política, comenzando por una verdadera Ley electoral que permita elegir directamente entre candidatos con diferentes opciones. Se trata de dar cumplimiento al compromiso anunciado aquel ocho de enero de 1959, cuando el líder de la revolución, aseguró que habría elecciones en el “más breve plazo de tiempo posible”. Sin embargo esa brevedad demoró nada menos que 17 años, cuando  en julio de 1976 se promulgó la primera Ley electoral, después de la revolución, pero cargada de limitaciones hasta su derogación en 1992, año en que se promulgó la Ley 72, que regula los actuales comicios.

Según esta Ley el voto directo está limitado a las elecciones de Delegados para las Asambleas Municipales del Poder Popular.  De ahí en adelante, las candidaturas para las asambleas provinciales y nacional, y las de Presidente, Vicepresidentes, Secretario y demás miembros del Consejo de Estado, son conformadas por las Comisiones de Candidaturas (artículo 67), las cuales la integran los dirigentes nacionales de las llamadas organizaciones de masas (artículo 68), todos miembros del único partido permitido por la Constitución.

Según la Ley, los delegados electos directamente por el pueblo no pueden exceder el 50% del total de candidatos. La otra mitad es nominada por las Comisiones de Candidaturas, la cual tiene potestad para incluir a personas no electas por el voto directo (artículos 77 y 86), lo que anula la soberanía popular.

En su famosa obra El Contrato Social, Juan Jacobo Rousseau expuso la tesis siguiente: de la unión de las personas para defender y proteger sus bienes emana una voluntad general que convierte a los contratantes en un cuerpo colectivo político. Al ejercicio de esa voluntad general, devenida poder, se le denomina soberanía y al pueblo que la ejerce, soberano.

Si las elecciones son una manifestación de la soberanía popular, entonces el sistema electoral cubano es una negación de la misma, como se ha manifestado en las elecciones recién concluidas. Se impone, por tanto, una nueva Ley que responda a los intereses de los cubanos y no solamente a la conservación del poder.

El pasado mes de febrero, durante la celebración del X Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, se anunció una nueva Ley Electoral que regirá las elecciones generales del 2018. Se puede inferir que la misma limitará el tiempo para desempeñar los principales cargos del Estado y establecerá el máximo de edad para ocupar dichas responsabilidades. Pero esos cambios son insuficientes. La nueva Ley debe nacer de una consulta popular para que la misma nazca de un consenso y dejé atrás la imposición de leyes sin tener en cuenta los intereses del pueblo.

El millón 700 mil cubanos que rechazaron el sistema electoral tiene derecho a elegir otras opciones. Hace algunos años un opositor –en dos oportunidades consecutivas–  se postuló en el municipio Plaza y sólo logró el voto suyo y el de su esposa. Sin embargo, en estas elecciones el informático Yuniel López de Arroyo Naranjo y el abogado y periodista independiente Hildebrando Chaviano de Plaza, se presentaron a los comicios como opositores. Ambos fueron elegidos en asambleas para ser candidatos. El primero obtuvo 233 sufragios y el segundo 189. Es decir, a los que se abstienen e invalidan las boletas se unen ahora los que abiertamente votan por opositores, a pesar de las campañas difamatorias en su contra.

Como la nación es una comunidad de personas diversas pero iguales en dignidad que busca un bien común, hay que reconocer que el multipartidismo es una expresión de esa diversidad. De ahí la necesaria restitución de las libertades políticas para que los cubanos comiencen a desempeñar el papel activo que les corresponde en los destinos de Cuba.

 

Publicado en la página de Opinión del diario “El Comercio”, Lima, Perú, el 16 de abril de 2015

El 17 de diciembre de 2014 los presidentes de Cuba y Estados Unidos anunciaron la decisión de restablecer las relaciones diplomáticas: el hecho de mayor trascendencia política en el último medio siglo cubano.

Los revolucionarios que tomaron el poder sustituyeron la Constitución vigente con unos estatutos, el Primer Ministro designado asumió las facultades del  Jefe de Gobierno depuesto y el Consejo de Ministros sustituyó al Congreso. Se incumplió la promesa de convocar a elecciones, el poder político se concentró en el líder, la propiedad pasó a manos del Estado y la institucionalidad fue desmontada.

En respuesta a la nacionalización de sus propiedades en Cuba en 1961 el gobierno de Estados Unidos rompió las relaciones diplomáticas y tomó cuerpo  la confrontación que se mantuvo durante las administraciones norteamericanas que van de Dwight D. Eisenhower a Barack Obama.

Como los conflictos externos tienden a desmovilizar los conflictos internos, el Gobierno cubano utilizó el diferendo para inmovilizar a la sociedad, solapar las ineficiencias y eludir cualquier compromiso con los derechos humanos. Sin embargo, la eficacia para conservar el poder resultó intransferible a la economía.

Raúl Castro, al ser designado Presidente del Consejo de Estado en el año 2008, esbozó un plan mínimo de reformas. Sin embargo, la Primera Conferencia del PCC, efectuada en 2012, revitalizó la política expuesta por Fidel Castro en1961, cuando en el Congreso de Cultura preguntó: ¿Cuáles son los derechos de los escritores y de los artistas revolucionarios o no revolucionarios? Y se respondió así mismo: Dentro de la Revolución: todo; contra la Revolución ningún derecho… Y esto no sería ninguna ley de excepción para los artistas y para los escritores. Este es un principio general para todos los ciudadanos.

Las reformas, debido a su carácter tardío, limitado y contradictorio, no arrojaron el resultado esperado. La insuficiencia de los salarios, la corrupción generalizada, el descontento del pueblo y el éxodo creciente, caracterizan a un  escenario agudizado por la inminente pérdida de las subvenciones venezolanas. A pesar de ello, los  factores que hicieron posible el inmovilismo fidelista fueron removidos por las reformas. En ausencia de una sociedad civil autónoma, se está gestando un consenso silencioso por el cambio.

El fracasó del fidelismo y del embargo han desembocado en el esquema clásico de los conflictos que toman el camino de la guerra para, después de grandes pérdidas humanas y materiales, arribar a la mesa de negociaciones.

Aunque el propósito del gobierno cubano sea obligar a Estados Unidos a suspender el embargo sin democratizar al país, las medidas estadounidenses no responden a ese propósito. Obama no exige el restablecimiento previo de la democracia, pero lo coloca en una posición incómoda ante su pueblo y ante la comunidad internacional con medidas dirigidas al empoderamiento ciudadano  como los permisos generales de viaje, el aumento del monto de las remesas o el mayor acceso a las comunicaciones.

Esas medidas implican el empoderamiento gradual del cubano y el resurgimiento de la sociedad civil; a la vez que resulta útil a los intereses estadounidenses y  proporciona una salida “decorosa” al gobierno cubano. La VII Cumbre de las Américas, celebrada recientemente en Panamá marcha en esa dirección a pesar de las fuertes contradicciones.

La peculiaridad del proceso radica en que, en ausencia de una fuerza interior alternativa con capacidad para influir en los cambios, el sujeto de las reformas es el mismo que detenta el poder desde 1959, responsable de todo lo ocurrido en más de medio siglo y con intereses que defender. Ello ha determinado que el alcance, la dirección y el ritmo estén aún subordinados a lo que describió el politólogo Juan Linz como postotalitarismo, es decir, permanencia de la voluntad totalitaria, pero sin fuerzas para lograrlo.

Lo definitivo es que ni el proceso de reformas ni el restablecimiento de relaciones con Estados Unidos se pueden detener. El gobierno puede lentificar los cambios pero no puede ni le conviene evitarlos, lo que conducirá a nuevos cambios en la medida que los cubanos recuperen la condición de ciudadanos.

Tomamdo de:http://www.diariodecuba.com/cuba/1429050328_13994.html

El Partido Revolucionario Cubano (PRC), fundado el 10 de abril de 1892, fue concebido para forjar una república moderna, independiente y democrática. Ese objetivo tuvo su primera manifestación el 10 de abril de 1869 con la Constitución de Guáimaro. Si esa Constitución “fue la piedra angular de la República de Cuba —explicaba el Apóstol—, el Partido Revolucionario es la legión de obreros que procura y hacina los materiales con que ha de darse remate a la obra[1]“.

La Guerra Grande y su continuación, la Guerra Chiquita, no lograron sus propósitos. Con la experiencia adquirida de la política y de los partidos en España y en América, Martí se preguntó ¿qué pasó?, ¿qué está pasando? Y de sus respuestas emanó una teoría política de carácter democrático y participativo, que incluía la institucionalización de la guerra “necesaria” y la creación del instrumento organizador y de formación del ciudadano político para sustituir la espontaneidad y la inmediatez: el PRC. Previo a su fundación, Martí escribió: “De la obra de doce años callada e incesante, salió, saneado por las pruebas, el Partido Revolucionario Cubano[2]“. Y unos días después dijo: De modo “que en la conquista de la independencia de hoy vayan los gérmenes de la independencia definitiva de mañana[3]“.

Los propósitos del PRC, creado bajo la sabia dirección del Apóstol, se fueron a bolina. La ausencia de libertades políticas y económicas y la inexistencia del ciudadano, que caracterizan a la Cuba de hoy, nada tiene que ver con el ideario martiano. Las siguientes citas de José Martí ilustran las afirmaciones anteriores.

En su ideario, el PRC era un eslabón mediador para arribar a la República. No “para dominar y prohibir la existencia de partidos diferentes después del triunfo, no para trabajar por el predominio, actual o venidero de clase alguna; sino por la agrupación, conforme métodos democráticos, de todas las fuerzas vivas de la patria[4]“. Para “fundar un pueblo nuevo y de sincera democracia, capaz de vencer, por el orden del trabajo real y el equilibrio de las fuerzas sociales, los peligros de la libertad repentina en una sociedad compuesta para la esclavitud[5]“. “Es una idea lo que hay que llevar a Cuba —decía: no una persona[6]“. Y en noviembre de 1891 insistió: cerrémosle “el paso a la república que no venga preparada por medios dignos del decoro del hombre, para el bien y la prosperidad de todos los cubanos[7]“.

En el discurso pronunciado el 10 de Octubre de 1889, en Nueva York, el Apóstol expresó: “Todo lo de la patria es propiedad común, y objeto libre e inalienable de la acción y el pensamiento de todo el que haya nacido en Cuba. La patria es dicha de todos, y dolor de todos, y cielo para todos, y no feudo ni capellanía de nadie, y las cosas públicas en que un grupo o partido de cubanos ponga las manos con el mismo derecho indiscutible con que nosotros las ponemos, no son suyas sólo, y de privilegiada propiedad, por virtud sutil y contraria a la naturaleza, sino tan nuestras como suyas”[8] Y en carta a José Dolores Poyo, en diciembre de 1891, escribió: “Es mi sueño que cada cubano sea hombre político enteramente libre[9]“. Definiciones que remató con ese ideal devenido en puro formalismo: “yo quiero que la ley primera de nuestra república sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre”.

El carácter social —la peculiaridad más esencial del hombre— se manifiesta, entre otras cosas, en la diversidad de asociaciones para la participación en los asuntos de su interés. Los partidos son, pues, asociaciones de una parte, no de toda la sociedad. Cualquier intento de sustituir el todo y someterlo a una parte, constituye una violación de la libertad política y un acto contra la dignidad humana, algo absolutamente ajeno a los objetivos del PRC y sin antecedentes en la historia política de Cuba, como podremos ver:

En 1878 se crearon el Partido Unión Constitucional y el Partido Liberal, uno representaba el sentimiento de los españoles, otro el de los cubanos. A finales del siglo XIX el Partido Autonomistacoexistía con el Partido Revolucionario Cubano. En 1899, se creó el Partido Socialista Cubano porque los intereses de los obreros no estaban representados en los demás partidos. En 1925 se fundó el Partido Comunista que coexistía con múltiples partidos de otras tendencias. En 1947 Eduardo Chibás fundó el Partido Ortodoxo porque el Partido Auténtico no satisfacía su proyección:Y Fidel  Castro, que militaba en el Partido Ortodoxo, fundó el Movimiento 26 de Julio porque sus ideas insurreccionales no tenían cabida en los partidos y asociaciones de la época. Ningún líder ni grupo fundó varios partidos a la vez, lo que pone en ridículo el argumento de la inexistencia del multipartidismo porque Martí creó un solo partido. Aceptando la tesis de que después del triunfo, Martí preveía emplear el Partido en la fundación de la República, habría que aceptar también la tesis opuesta de que, por su profundo pensamiento democrático, lo haría en competencia con los partidos existentes, no declarando al suyo como único.

En materia de economía, desde el Obispo Espada, que en 1808 elaboró un proyecto económico basado en una economía diversificada de pequeños productores agrícolas, hasta Francisco de Frías, Conde de Pozos Dulces, quien en 1857 planteó que “Cuba debiera ser por excelencia la patria de la pequeña propiedad y de los cultivos en escala menor”, el problema de la pequeña y mediana propiedad, tan vital para la nación cubana, no escapó a la visión martiana. Basado en la experiencia adquirida en tierras americanas, escribió lo siguiente: “Es rica una nación que cuenta muchos pequeños propietarios. No es rico el pueblo donde hay algunos hombres ricos, sino aquel donde cada uno tiene un poco de riqueza. En economía política y en buen gobierno, distribuir es hacer venturosos[10]“.

Separados por 123 años de la fundación del Partido Revolucionario creado para fundar una república de hombres libres, las libertades fundamentales —conocidas como derechos humanos— constituyen una asignatura pendiente.

Cuba carece de ciudadanos porque el fundamento de su existencia: las libertades fundamentales y la sociedad civil autónoma, están subordinadas constitucionalmente a los objetivos trazados por el Partido Comunista. Precisamente, esa limitación es la causa fundamental del estancamiento y de los retrocesos sufridos. Mientras el diferendo con Estados Unidos fue utilizado por el Gobierno cubano para inmovilizar a la sociedad, solapar las ineficiencias y eludir cualquier compromiso respecto a los derechos humanos.

Fracasados el fidelismo, la política de confrontación, los gobiernos de Cuba y Estados Unidos anunciaron, el 17 de diciembre de 2014, la decisión de restablecer relaciones diplomáticas en un contexto en que ni el proceso de reformas ni el restablecimiento de relaciones con Estados Unidos (aunque se puedan lentificar) se pueden detener.

En el 123 aniversario de la fundación del PRC, José Martí nos invita, especialmente a los que detentan el poder en Cuba, a comparar los objetivos de la república martiana, de la cual se alardea, con la realidad actual, y en consecuencia proceder a despenalizar la diferencia política e instituir el derecho de asociación y el resto de las libertades fundamentales, para que los cubanos puedan desempeñar el papel que les corresponde en los destinos nacionales.


[1] Martí José. Obras Escogidas en tres tomos. T. 3. P.213

[2] Martí José. Obras Escogidas en tres tomos. T. 3. P.86

[3] Martí José. Obras Escogidas en tres tomos. T. 3. P.99

[4] Resoluciones tomadas por la emigración cubana de Tampa y Cayo Hueso en noviembre de 1891. MARTÍ, JOSÉ. Obras Escogidas en tres tomos. TIII, p.23.

[5] MARTÍ, JOSÉ. Obras Escogidas en tres tomos. TIII, p. 26

[6] MARTÍ, JOSÉ. Obras Escogidas en tres tomos. TIII, pp. 9-10

[8] MARTÍ, JOSÉ. Obras Escogidas en tres tomos. TII, p. 367

[9] MARTÍ, JOSÉ.  Obras Escogidas en tres tomos. TIII, pp. 24-25

[10] J. MARTÍ.  O.C. Tomo 7. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1991

mado de: http://www.diariodecuba.com/cuba/1429050328_13994.html

Tomado de: http://www.diariodecuba.com/cuba/1428023329_13742.html
Si por sociedad civil se entiende un conjunto de asociaciones autónomas, espacios públicos, derechos y libertades mediante las cuales los ciudadanos intercambian opiniones, toman decisiones y participan en los asuntos políticos, económicos y sociales de su interés, sin más autorización que las que emanan de las leyes, entonces tenemos que convenir que esa institución existió en Cuba desde la época colonial, se desarrolló durante la República, desapareció después de 1959 y está en proceso de resurgimiento.

La existencia. Desde la primera mitad del siglo XIX figuras ilustres como el padre Félix Varela, quien llamó a la Cátedra de Constitución del Seminario San Carlos cátedra de la libertad, de los derechos del hombre y se empeñó en la formación de virtudes; José Antonio Saco, que desde la Revista Bimestre Cubana generó un debate forjador de conciencia cívica; Domingo Delmonte, quien al clausurarse ese medio y otros espacios encontró en las tertulias la forma de continuar los debates sin permiso de las autoridades; y José de la Luz y Caballero, quien se consagró a la educación cívica como premisa de los cambios sociales, forjaron con su labor el terreno para la participación ciudadana. Sobre ese suelo, en 1878, cuando España en cumplimiento de los acuerdos del Pacto del Zanjón concedió a Cuba las libertades de prensa, reunión y asociación, brotó la sociedad civil cubana: partidos políticos, periódicos, sindicatos, asociaciones de negros, fraternales y de diversa índole.

El desarrolló. Con el nacimiento de la República en 1902, la sociedad civil, extendida por todo el país, participó en las luchas sindicales, campesinas, estudiantiles y en los debates de la intelectualidad sobre los problemas que aquejaban a la nación a través de la prensa escrita, la radio y la televisión. Su importancia fue destacada por Fidel Castro en el juicio por el asalto al Cuartel Moncada en 1953 cuando al referirse a las limitaciones que la sociedad civil sufrió con el Golpe de Estado de 1952 dijo: Había una vez una república. Tenía su Constitución, sus leyes, sus libertades; Presidente, Congreso, Tribunales; todo el mundo podía reunirse, asociarse, hablar y escribir con entera libertad. El gobierno no satisfacía al pueblo, pero el pueblo podía cambiarlo y ya sólo faltaban unos días para hacerlo. Existía una opinión pública respetada y acatada y todos los problemas de interés colectivo eran discutidos libremente. Había partidos políticos, horas doctrinales de radio, programas polémicos de televisión, actos públicos y en el pueblo palpitaba el entusiasmo.

La Desaparición. La revolución de 1959 convertida en fuente de derecho, en vez de restablecer plenamente la Constitución de 1940, la sustituyó sin consulta popular por la Ley Fundamental del Estado Cubano e inició un proceso fatal para la sociedad cubana:  la concentración de poder, la eliminación de la propiedad privada y el desmontaje de la sociedad civil.

Las organizaciones que lucharon contra el gobierno de Fulgencio Batista se fundieron en las Organizaciones Revolucionarias Integradas, las que en 1963 se convirtieron en el Partido Unido de la Revolución y en octubre de 1965 en el Partido Comunista de Cuba. El diverso movimiento juvenil desapareció para dar paso primero a la Asociación de Jóvenes Rebeldes y luego a la Unión de Jóvenes Comunistas. Las asociaciones femeninas de todo tipo se convirtieron en la Federación de Mujeres Cubanas. Las asociaciones de estudiantes universitarios en la FEU y las de nivel preuniversitario en la Unión de Estudiantes Secundarios: El movimiento obrero fue intervenido, mientras la Autonomía Universitaria, que había sido refrendada en el artículo 53 de la Constitución de 19401 desapareció con la Reforma Universitaria de 1962.

Las asociaciones de empleadores corrieron la misma suerte. La Asociación de Hacendados de Cuba, la Asociación de Colonos de Cuba, la de Cosecheros de Tabaco y la Asociación Nacional Campesina fueron sustituidas por la Asociación Nacional de Colonos, la que luego pasó a denominarse Asociación Nacional de Agricultores Pequeños.

La  prensa escrita, radial y televisiva, la enorme red de cines, la producción editorial y las instituciones culturales quedaron limitadas a la frontera establecida desde el poder con la intervención del jefe de la Revolución en el Congreso de Cultura de 1961, cuando preguntó: ¿Cuáles son los derechos de los escritores y de los artistas revolucionarios o no revolucionarios? Y se respondió así mismo: Dentro de la Revolución: todo; contra la Revolución ningún derecho… Y esto no sería ninguna ley de excepción para los artistas y para los escritores. Este es un principio general para todos los ciudadanos.

Las organizaciones que integraron la sociedad  antes de su desmantelamiento no eran subordinadas al Estado ni a los gobiernos de turno. Eran autónomas, condición ineludible sin la cual no habrían podido desempeñar el papel que tuvieron en la República. La subordinación se concretó con la Constitución de 1976. El artículo 5 estipula que el Partido Comunista es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado. En correspondencia, el artículo 53 reconoce la libertad de palabra y de prensa conforme a los fines de la sociedad socialista y el 62 define que ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado socialista.

El resurgimiento emerge del estancamiento y retroceso en la economía, de la generalización de la corrupción causada por la insuficiencia de los salarios, del éxodo creciente de los cubanos y del envejecimiento poblacional debido a la diáspora y a la negativa de las cubanas a parir en esas condiciones, al extremo de situar al país ante la disyuntiva de cambiar o estallar por medio de la violencia. Ello demuestra que la crisis estructural en que Cuba está inmersa tiene su causa fundamental en la ausencia de las libertades fundamentales, en el desmantelamiento de la sociedad civil autónoma y la ausencia del ciudadano.

Sin embargo, en el proceso de normalización de relaciones con Estados Unidos y en víspera de la participación de Cuba por vez primera en la Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en Panamá, el Gobierno cubano en vez de reconocer el papel que paralelo al Estado le corresponde a la sociedad civil autónoma, insiste en demostrar lo obsoleto, absurdo e indemostrable: que cualquier asociación que no responda a los objetivos del Partido Comunista es una creación externa y sus miembros asalariados del enemigo.

En la III Cumbre de la CELAC, en Costa Rica, el 28 de enero de 2015, el presidente cubano, Raúl Castro, planteó que La contraparte estadounidense no debería proponerse relacionarse con la sociedad cubana como si en Cuba no hubiera un gobierno soberano. Un planteamiento retrógrado dirigido a continuar negando la existencia de sectores de la sociedad civil que no están bajo el control del Gobierno. Y en la Novena Cumbre Extraordinaria del ALBA, celebrada el 17 de marzo, reiteró que: La sociedad civil cubana será la voz de los sin voz y desenmascarará a los mercenarios que presentarán allí como sociedad civil de Cuba y a sus patrones.

En correspondencia con esa conducta el Partido y el Estado han movilizado en estos días a cientos de asociaciones oficialistas en el “Foro de la sociedad civil de la VII Cumbre de las Américas”, y en el foro “La Juventud y las Américas que queremos”, así como entre otros eventos, para defender un pasado indefendible, sin comprender ni aceptar que, incluso en esas asociaciones oficialistas –como se evidenció en los eventos mencionados– se escucharon voces plantear que era necesario propiciar el debate y crear sitios donde puedan confrontarse los criterios de la sociedad civil para derivar en una construcción colectiva de los temas del país.

La normalización de las relaciones con Estados Unidos no será suficiente para sacar al país de la crisis si la misma no se acompaña con el restablecimiento de las libertades fundamentales. De lo que no cabe duda es que esas relaciones coadyuvarán al empoderamiento ciudadano y al restablecimiento de la sociedad civil autónoma y de la condición de ciudadano.

1 El artículo 53 reza: “La Universidad de La Habana es autónoma y estará gobernada de acuerdo con sus Estatutos y con la Ley a que los mismos deban atemperarse”
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