Hemeroteca de agosto 2014

Resumen de la ponencia presentada por Dimas Castellanos en la XXIV Conferencia Anual de la Asociación para el Estudios de la Economía Cubana (ASCE), celebrada en Miami del  31 de julio al 2 de agosto de 2014.

Introducción

Los diversos intentos gubernamentales por sacar a Cuba de la crisis en que se encuentra han fracasado. Entre las múltiples causas del fracaso sobresale la ausencia de las libertades fundamentales de la persona humana. Aunque el proyecto ZEDM constituye un intento similar a los anteriores y ser una nueva fuente de ingresos para el Gobierno, también podría devenir factor dinamizador de la economía y la sociedad.

Las libertades fundamentales

La libertad –propiedad congénita y derecho trascendental de los seres humanos– ha desempeñado un papel vital en la evolución de la humanidad, pero su plena expresión se ha manifestado sólo en los Estados de Derecho donde la misma ha sido refrendada. Los conceptos de libertad, responsabilidad, derechos y deberes conforman un subsistema en el cual la libertad constituye su núcleo y en el que se sustenta la participación social y la dignidad humana.

La persona para ser responsable de sus actos primero tiene que ser libre, de forma similar no se puede exigir deberes a quien está privado de derechos. En Cuba la pérdida de valores, la apatía social y el desarraigo, que han conducido al estado actual de estancamiento tienen su causa primera y esencial en la pérdida de dichas libertades y de su sujeto portador: el ciudadano.

La historia constitucional de los derechos humanos a escala universal avanzó en el pasado siglo hasta los pactos internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con carácter vinculante. Ese avance sufrió un giro negativo en Cuba con la Constitución de 1976, que subordinó los derechos fundamentales a un partido político y devino mecanismo de freno social al ser declarada irrevocable en el año 2002.

En Cuba los derechos fundamentales se institucionalizaron básicamente resultado de los acuerdos que condujeron a la Paz del Zanjón en 1878 y de las asambleas constituyentes de 1901 y 1940. Esta última reconoció la formación de organizaciones políticas contrarias al régimen, la resistencia para la protección de los derechos individuales, la propiedad privada en su más amplio concepto de función social y dedicó 27 artículos a los derechos laborales. Con esa Constitución, durante 12 años, los presidentes del país fueron elegidos democráticamente, la economía creció, dos terceras partes de los centrales azucareros pasaron a manos nacionales, la conversión en oro de la moneda depositada en las arcas la situó entre las principales del mundo y Cuba devino uno de los tres países de América Latina con mayor estándar de vida. Sin embargo, las injusticias sociales, la violencia y la corrupción político-administrativa se impusieron hasta que con la interrupción del orden constitucional en 1952 la solución violenta se impuso hasta el triunfo revolucionario de 1959.

La Revolución convertida en fuente de derecho sustituyó la Constitución de 1940 por La Ley Fundamental del Estado Cubano, las facultades de Jefe de Gobierno pasaron al Primer Ministro y el Consejo de Ministros se adjudicó las funciones del Congreso. Se inició así la concentración del poder en manos del líder, la concentración de la propiedad en manos del Estado y la pérdida de las libertades ciudadanas, una trilogía causante de la crisis actual. Ese proceso, ocurrido en el contexto de la Guerra Fría y del diferendo entre el Gobierno cubano y las administraciones estadounidenses, permitió ocultar la ineficiencia del sistema, solapar las contradicciones entre Estado y sociedad, desmontar la sociedad civil, desterrar el concepto de ciudadano y eludir cualquier compromiso internacional respeto a los derechos humanos.

El efecto de la pérdida de las libertades en la economía

A causa de la pérdida de las libertades se impuso el voluntarismo y se ignoraron las leyes que rigen los procesos económicos. Miles de cubanos con experiencia y formación profesional huyeron del país, otros fueron sustituidos por administradores y jefes sin conocimientos ni conciencia de propietarios. Mientras el fortalecimiento de las relaciones con la Unión Soviética y el ingreso de Cuba al Consejo de Ayuda Mutua Económica permitieron solapar el desastre al  interior del país.

La pérdida de las subvenciones soviéticas y consiguientemente la agudización de la crisis obligó al Gobierno a introducir un paquete de medidas para atenuar los efectos: la circulación del dólar y con ella la dualidad monetaria; las remesas del exterior; los mercados libres campesinos; el turismo; las tiendas recaudadoras de divisas, el trabajo privado y la apertura a la inversión extranjera, incluyendo tres zonas francas. Cuando esas medidas comenzaron a gestar una clase media el Gobierno optó por frenarlas. La contramarcha convirtió al estancamiento económico en retroceso, al punto que 25 años después no se ha podido recuperar el nivel de 1989. Un ejemplo contundente es la pérdida de relación entre salario y costo de la vida, que propició y continúa propiciando, entre otros males, actividades ilícitas para sobrevivir, desesperanza generalizada, éxodo masivo y decrecimiento demográfico, cuatro nefastos resultados que obstaculizan cualquier proyecto de reformas.

En julio de 2007 el General Raúl Castro planteó la necesidad de introducir los cambios estructurales y de conceptos que fuesen necesarios y la disposición a normalizar las relaciones con Estados Unidos en un plano de igualdad. En febrero de 2008 esbozó un plan mínimo de reformas, aprobado en el Sexto Congreso del PCC en 2011 con el rótulo de Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución. Sin embargo, la Primera Conferencia del PCC, celebrada en 2012, demostró la falta de voluntad política para realizar las reformas anunciadas. En ella se revitalizaron las palabras de Fidel Castro en el Congreso de Cultura en 1961, Dentro de la Revolución: todo; contra la Revolución ningún derecho…

Transcurridos seis años la agricultura “fuerte y eficiente” sigue siendo una aspiración; el descenso de la producción azucarera ha continuado hasta la zafra de 2013-2014; las  ilegalidades y otras formas de corrupción se han convertido en normas de conducta; mientras el empeoramiento de la vida, el descontento y la desesperanza marchan a un ritmo superior a los cambios. Entre las causas de ese resultado está la negativa a implementar una reforma estructural que entregue la tierra en propiedad a los que la trabajan, convierta las grandes extensiones en verdaderas cooperativas y se restituyan las libertades fundamentales.

A pesar de las restricciones impuestas las reformas están generando el embrión de una clase media, mientras los factores internos y externos que permitieron conservar el poder sin cambiar se agotaron. El Jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, en el Consejo de Ministros de mayo de 2013, reconoció  que las medidas que durante décadas se han puesto en práctica en la forma de gestionar la tierra no han conducido al necesario aumento de la producción. Y en junio de 2014, culpó a los trabajadores agrícolas del no crecimiento del Producto Interno Bruto.

El proyecto de la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM)

Ubicada a 50 km al Oeste de La Habana, la ZEDM abarca una superficie de 45 km2 que se expandirán hasta 465,4 km2. El puerto tiene una profundidad de casi 11 metros que se llevará hasta los 18 metros en la bahía y en el canal de acceso, mientras la dársena tiene un  radio de 500 metros que permite virajes a los buques de 360 grados. El muelle será de 2 400 metros y un patio de contenedores que llegará hasta 128 hectáreas.

El proyecto contará con una zona para el almacenamiento de contenedores, una base logística para las empresas extranjeras que realizan prospección petrolera y una zona franca industrial y agrícola para producir bienes de alto valor agregado.

Concluida la obra tendrá capacidad para recibir barcos de 200.000 toneladas y podrá mover alrededor de 822.000 contenedores anuales de 20 pies, lo que duplica la capacidad que tenía el puerto de La Habana. Colateralmente, la liberación del puerto capitalino permitirá su conversión en un polo de atracción turística.

La importancia del proyecto ZEDM radica en que está ubicado en una vía marítima vital para las cadenas de suministros intercontinentales por la que circula alrededor del 60 por ciento del valor del comercio internacional. Ese flujo creciente de mercancías resulta imposible de satisfacer con la capacidad de los actuales buques, lo que será resuelto con la ampliación del Canal panameño para el cruce de los modernos megabuques. Y aunque una parte de ellos conectará directamente los puertos asiáticos y norteamericanos, la magnitud del flujo mercantil requiere de varios megapuertos para  traspasar la carga, reordenar su contenido, agregarle valor a nivel local y reenviarla a su destino, lo que tendrá un impacto en el Caribe con la transformación de algunos puertos en megapuertos.

La ZEDM, por su ubicación geográfica podría tener un impacto similar al que tuvo la ocupación de La Habana por Inglaterra y la ruina de Haití. La primera eliminó los monopolios del tabaco y del comercio internacional y Cuba completó su entrada a la civilización occidental. La segunda convirtió la Isla en la primera productora y exportadora mundial de azúcar y de café. Ambas experiencias demuestran la importancia de aprovechar las oportunidades que la historia ofrece. La diferencia consiste en que en la oligarquía criollo-cubana coincidían la demanda de la época, los intereses y la voluntad política, muy diferente a lo que ocurre con el Gobierno actual.

El proyecto –similar a la de las zonas francas que impulsó el gobierno de China en los años 70– tal y como ha sido concebido pretende convertirse en una nueva fuente de ingresos para conservar el poder. Pero su fracaso, asegurado de antemano, podría derivar en factor dinamizador de la economía y de la sociedad. En China predominó la propiedad estatal hasta que la dinámica del proceso condujo a la transformación de la estructura de la propiedad, una posibilidad que el Gobierno cubano teme debido a las diferencias históricas y culturales entre los dos países.

La conversión de esa posibilidad en realidad no radica esencialmente en la viabilidad del proyecto, ni en la profundidad actual de la bahía, ni en la competencia con otros puertos similares de la región; sino en la introducción de cambios estructurales que contemplen el papel de las libertades fundamentales en el desarrollo social.

Obstáculos que impedirán su realización a corto plazo

1- El embargo norteamericano limita a países, navieras e inversionistas. 2- Las confiscaciones y nacionalizaciones realizadas entre 1959 y 1968, el cierre al capital foráneo hasta el derrumbe del campo socialista, la falta de garantías y los procesos judiciales contra algunos inversionistas que provocaron la retirada de unas 200 empresas mixtas a partir del año 2002. 3- La Ley 118 de Inversiones Extranjeras ofrece mayores atractivos que la precedente, pero prohíbe la participación de cubanos residentes en la Isla, carece de una definición clara respecto a los cubanos residentes en el exterior y prohíbe la contratación libre de los trabajadores, mientras los conflictos jurídicos se dirimen en tribunales carentes de independencia. 4-  La dualidad monetaria, que constituye una de las exigencias de los potenciales inversionistas. 5-. La poca credibilidad del Gobierno cubano para cumplir con los compromisos internacionales en materia financiera. 6- El riesgo ante una economía estancada y subsidiada. 7- La falta de preparación de los “empresarios cubanos”, que constituye una dificultad adicional para realizar los necesarios estudios de factibilidad y mercado de forma ágil y eficiente ante  las solicitudes que los potenciales inversionistas. 8- Los pocos resultados de la campaña de promoción, que comenzó desde noviembre año 2013 con la inauguración de la Oficina Reguladora de la ZEDM, que ha incluido varias giras por el exterior y ha utilizado cuantos eventos internacionales se han realizado en La Habana con ese fin, incluyendo la presencia de los mandatarios de la región en la Segunda Cumbre de la CELAC en enero de 2014.

A pesar de algunas ventajas comparativas como la calificación profesional y el nivel de la industria biotecnológica y farmacéutica, esos ocho obstáculos colocan el proyecto en desventaja respecto a otros puertos del Caribe. Por tanto, en la forma en que ha sido concebida, la ZEDM no logrará su objetivo en el corto plazo. Sin embargo, en el mediano largo plazo los obstáculos disminuirán considerablemente por una sencilla razón: tanto el embargo norteamericano como el gobierno de Cuba son temporales y la ubicación geográfica de Mariel, como fenómeno natural, es permanente, mientras el aumento del transporte marítimo por contendedores a través de esa vía transoceánica, y otras que puedan construirse en un futuro, adquirirá mayor relevancia con el tiempo.

Conclusiones

El estancamiento económico, su profundización y el fracaso de las reformas tienen como denominador común las restricciones impuestas a las libertades fundamentales de la persona humana; lo que a su vez guarda relación con que el sujeto de las reformas es el mismo que generó el fracaso y ha subordinado las necesidades de la nación a las responsabilidades e intereses contraídos en 55 años de poder ininterrumpidos.

El contexto actual impide dar marcha atrás pero aún permite acomodar el ritmo a los intereses del Gobierno. Sin embargo, en contra de su voluntad política, los fracasos obligarán una y otra vez a reformar las reformas.

La ZEDM,  por su ubicación geográfica constituye una gran oportunidad para dinamizar la economía del país, pero  la subordinación de ese objetivo a la conservación del modelo lo impedirá en el corto plazo.

El dilema consiste en salvar el modelo o salvar la nación. Como el modelo es insalvable, el Gobierno actual o el venidero podrían verse obligados a permutar la salvación del modelo por la conservación de algunos de sus intereses. En ese caso la ZDEM serviría de fundamento para un compromiso histórico con el poder a cambio de la democratización de Cuba.

Ese  compromiso histórico, a pesar de tratarse de un paso extremadamente difícil por nuestra cultura política de “intransigencias”, de “todo o nada” y de “machete o revólver por medio”, es el menor de los males. El mismo invertiría la contradicción entre primero suspender el Embargo o democratizar a Cuba y sentaría las bases para la normalización de las relaciones con Estados Unidos, que por su cercanía y por ser la mayor potencia económica del mundo, permitiría aprovechar esa ventaja comparativa e implicaría la ratificación de los pactos de derechos humanos que el Gobierno cubano firmó y que no ha ratificado hasta hoy por temor a su carácter vinculante.

Ese compromiso de democratización, que implica  perdón y reconciliación, crearía los fundamentos para  la conversión del cubano en ciudadano; un reto tan complejo y difícil como ineludible para la salida de la actual crisis estructural. Con él se crearían los fundamentos para lograr la conversión del cubano en ciudadano, en sujeto activo, para que pueda participar efectivamente en todos los asuntos de su interés, incluyendo las definiciones nacionales.

Tomado de: http://www.diariodecuba.com/cuba/1408478466_10039.html

“Trabajadores con zapatos nuevos” fue el título elegido por Vivian Bustamante para un artículo publicado el lunes 4 de agosto en el semanario Trabajadores. Ella plantea que la Ley 116 Código de Trabajo, antes de su aprobación por la Asamblea Nacional del Poder Popular, fue sometida a una detallada “revisión” de la cual resultó la reforma de más de 100 artículos. Un breve comentario a cinco de los 194 artículos que comprende dicha legislación es suficiente para comprender que tales zapatos son una falsa ilusión.

En el artículo 2, en su primer inciso, dedicado a los principios fundamentales reza: el trabajo es un derecho y un deber social del ciudadano y los ingresos que por él se obtienen son la vía fundamental para contribuir al desarrollo de la sociedad y a la satisfacción de sus necesidades personales y familiares.

Comentario: Esa declaración es absolutamente falsa. El ingreso que en Cuba se obtiene del trabajo, además de insuficiente para sobrevivir, constituye un obstáculo para el desarrollo de la sociedad.

En el artículo 12 el Estado reconoce y estimula a las organizaciones sindicales que agrupan en su seno a los trabajadores de los diferentes sectores y ramas de la economía y representan sus derechos e intereses específicos, con independencia de la naturaleza o características de su relación de trabajo.

Comentario: Resulta que la única organización sindical permitida en Cuba es la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), por lo que este enunciado se reduce a que el Estado reconoce y estimula sólo a las organizaciones que integran la CTC, mientras niega el reconocimiento a cualquier otra asociación que pudiera surgir haciendo uso del derecho de libre sindicalización.

El artículo 13 formula que los trabajadores tienen el derecho de asociarse voluntariamente y constituir organizaciones sindicales, de conformidad con los principios unitarios fundacionales, sus estatutos y reglamentos, los que se discuten y aprueban democráticamente y actúan con apego a la ley.

Comentario: Aunque fuera pura formalidad, la Ley 49 Código de Trabajo, que estuvo vigente desde 1985 declaraba que: Todos los trabajadores, tanto manuales como intelectuales tienen el derecho, sin necesidad de autorización previa, de asociarse voluntariamente y constituir organizaciones sindicales”. Ese enunciado se conservó de forma similar en el Anteproyecto de la presente Ley. Sin embargo, después de la “detallada revisión” se omitió la frase sin necesidad de autorización previa, por lo que el derecho de asociarse quedó acotado a una autorización extra-sindical, con lo cual la posibilidad de libre asociación quedó anulada, constituye un retroceso respecto a la Ley precedente y una negación del Convenio 87 sobre la libertad sindical adoptado por la Organización Internacional de Trabajadores (OIT) en 1948 y del cual Cuba es firmante, estipula que todo miembro de la organización, para el cual esté en vigor el presente Convenio, está obligado a poner en práctica las disposiciones siguientes: “Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes”.

El artículo 15 enumera, entre las funciones de las organizaciones sindicales, las  siguientes: educar a sus afiliados en el deber de realizar su trabajo con la eficiencia, calidad y productividad requeridas, cumplir las normas de conducta y disciplina, respetar y cumplir las leyes, así como cuidar de los recursos y medios que utilizan en el desempeño de su labor.

Comentario: esas funciones responden a los intereses de las empresas del Estado, por tanto no tienen por qué aparecer en el Código del Trabajo. Su presencia revela la subordinación del movimiento sindical al Estado, quien le atribuye al sindicato tareas como auxiliar suyo.

En el artículo 113 se plantea que el salario mínimo del país, así como el nivel general de los salarios se aprueban por el Consejo de Ministros, atendiendo al desarrollo económico-social alcanzado, oído el parecer de las organizaciones sindicales correspondientes.

Comentario: Una cosa es “oír el parecer” y otra muy distinta es “participar en la decisión”. Lo primero no implica la obligación de tener en cuenta a los sindicatos. Por tanto, los trabajadores quedan excluidos de participar en la conformación de algo tan significativo para sus vidas. Por esa razón, el salario mínimo, cuyo monto debe ser suficiente para satisfacer las necesidades básicas de un jefe de familia, tiene que establecerse como acuerdo entre trabajadores y empleadores. Sin embargo, el Estado cubano, en su condición de empleador, actúa como juez y parte, mientras los sindicatos, tienen la función de auxiliar del Partido y el Estado.

Los cinco artículos comentados constituyen una violación de los convenios de la OIT y un retroceso respecto a la historia de la legislación obrera cubana.

Los principios de la OIT estuvieron presentes en Cuba desde el Gobierno de los Cien Días que en 1933 encabezó Ramón Grau San Martín, momento en que se legalizó el derecho de asociación sindical. Y la Constitución de 1940, en su artículo 61 declaraba: “La Ley establecerá la manera de regular periódicamente los salarios o sueldos mínimos por medio de comisiones paritarias para cada rama del trabajo”; el artículo 71 refrendaba “el derecho de los trabajadores a la huelga y el de los patronos al paro” y el artículo 84 rezaba que: “Los problemas que se deriven de las relaciones entre el capital y el trabajo se someterán a comisiones de conciliación, integradas por representaciones paritarias de patronos y obreros”. Posteriormente el Decreto 3315 de 1941 creó un procedimiento conciliatorio para conocer de los conflictos entre patronos y obreros. Con ese fin se constituía una comisión conciliatoria de carácter paritario y si su gestión fracasaba las partes se sometían a un arbitraje cuyas sentencias se inscribían como normas colectivas de trabajo en el Registro de Pactos y Convenios del Ministerio del Trabajo.

Contrario a esa historia, el artículo cinco de la Constitución vigente define al Partido Comunista como la “la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado”; el artículo siete declara que “El Estado socialista cubano reconoce y estimula a las organizaciones de masas y sociales, surgidas en el proceso histórico de las luchas de nuestro pueblo; el artículo 53 “reconoce a los ciudadanos libertad de palabra y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista”: y el artículo 62 declara que: “Ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo.

La insuficiencia de los salarios, la no participación en su decisión, la ausencia de libertad sindical y la subordinación constitucional a un partido político constituyen elementos suficientes para calificar a la Ley 116 Código de Trabajo como un gran retroceso, donde los trabajadores quedan reducidos a medios para el cumplimiento de fines ajenos a sus intereses.

En lugar de zapatos nuevos el trabajador cubano ha quedado descalzo y con camisa de fuerza. Un estado que se refleja en el descontento, la desesperanza y el desinterés por la suerte de las reformas gubernamentales, ya que las mismas dependen del apoyo activo de los trabajadores, lo que será imposible hasta tanto el salario recupere sus funciones y el sindicalismo la autonomía que perdió después de 1959.