Hemeroteca de abril 2014

Tomamdo de: http://www.diariodecuba.com/cuba/1398063294_8224.html

Según la nueva Ley de Inversiones Extranjeras los trabajadores serán contratados por una entidad empleadora. Si a ello se agrega que la única organización sindical permitida representa los intereses del Estado, estamos ante unas relaciones capitalistas donde los trabajadores no tienen quien los defienda. Aunque esa situación era conocida, la información brindada por la directora general de la oficina reguladora de la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM) no deja de sorprender. Veamos:

Lo primero consiste en que los trabajadores de la ZEDM recibirán el 80 % de los ingresos pactados entre las agencia empleadora y los inversionistas. Lo segundo es que el pago se efectuará en pesos cubanos (CUP), por lo cual para satisfacer casi todas sus necesidades tendrán que convertirlos en pesos convertibles (CUC). Lo tercero radica en que la parte del trabajador equivalente en CUC no se le pagará de acuerdo a la tasa de cambio oficial de 1 x 24, sino con una tasa especial de 1 x10.

Lo primero resulta relativamente bueno, pues hasta ahora los trabajadores cubanos alquilados a empresarios o países nunca recibieron 4/5 partes de lo pactado por sus servicios. Lo segundo es malo. Supongamos lo siguiente: un empresario extranjero paga mil dólares al mes por los servicios de un técnico electricista; la agencia empleadora convierte los dólares en 1000 CUC, de los cuales al técnico electricista le corresponden 800. Con esa suma de dinero, fruto de su trabajo, el técnico podría iniciar una vida decorosa sin necesidad de “luchar“ o“inventar“ para sobrevivir. Lo tercero es lo peor, pues con la tasa especial de 1 CUC  por 10 pesos, los 800 se le convierten en 333 CUC. Al final el  Estado se apropia de las dos terceras partes de los mil dólares recibidos. De tal forma el trabajador resulta perjudicado por el foráneo, pero sobre todo por el nacional.

En este punto para su defensa le quedaría al trabajador lo estipulado en el artículo 27 de la Ley de la Inversiones Extranjeras, el cual plantea que en el proceso inversionista se cumple la legislación laboral y de seguridad social vigente en la República de Cuba. Pero resulta que la legislación laboral, contenida en la Ley del Código de Trabajo, aprobada el 29 de diciembre de 2013, a pesar de constituir un paso atrás en relación a la Ley de las Comisiones de Inteligencia Obrera de 1924 (aprobada para canalizar los conflictos obrero-patronales relacionados con los embarques de azúcar), de todas formas al estar desaparecida, no se puede saber exactamente cuál es su contenido.

La desproporción entre el monto de los salarios y el costo de la vida en Cuba tiene su causa principal en las décadas de socialismo totalitario, especialmente a partir de 1989, cuando el aumento de los precios comenzó a crecer mucho más rápido que los aumentos salariales hasta desembocar en la actual crisis, una de cuyas manifestaciones –la  de mayor impacto negativo– es la insuficiencia salarial. Ese problema es tan preocupante para los trabajadores cubanos, que una entrevista publicada en Granma el 27 de abril, Carmen Rosa López, quien en ese momento se encontraba al frente de la preparación del XX Congreso de la CTC, expresó: en todos los procesos de análisis efectuados este año son recurrentes los planteamientos de los asambleístas respecto al salario. Ello demuestra que los objetivos de los organizadores andaba por un rumbo y la preocupación de los asalariados por otro.

La Constitución de 1940 en su artículo 61 refrendó lo siguiente: La Ley establecerá la manera de regular periódicamente los salarios o sueldos mínimos por medio de comisiones paritarias para cada rama del trabajo; de acuerdo con el nivel de vida y con las peculiaridades de cada región y de cada actividad industrial, comercial o agrícola. Hoy por hoy los trabajadores no sólo no participan en su confección sino que se desconoce cuál es su monto. Por definición el salario mínimo es aquel que delimita la pobreza de lo necesario para subsistir. Desde esa definición la mayoría de los salarios en Cuba, al ser insuficientes para cubrir las necesidades básicas, se encuentran por debajo de lo que debe ser un salario mínimo. Esa anomalía ha obligado a buscar el complemento fuera de la relación salarial –casi siempre al margen de la ley–y obliga a los cubanos al desplazamiento constante de un lugar a otro, de una actividad a otra y de una profesión a otra, sin importar vocación ni formación.

La prensa oficial ha subrayado que se crearán miles de puestos de trabajo con salarios muy superiores al actual promedio mensual de 20 CUC. Sin embargo, la forma de pago informada, que en cualquier región del mundo generaría un movimiento de reclamos sindicales, en el caso de los trabajadores cubanos, desarmados de espacios e instituciones que los defiendan, el descontento se manifiesta en privado, a la vez que se ponen a disposición de la agencia empleadora para mejorar, pues esa repartición, a pesar de lo abusiva y burlesca, le permite recibir un salario superior a la media nacional.

A lo anterior hay que añadir que una de las principales preocupaciones de los inversionistas extranjeros es contar con trabajadores eficientes, para lo cual les conviene que reciban un salario capaz de motivarlos y despertar el interés por los resultados de su actividad. Sin embargo el presente análisis indica que la forma de pago que se empleará puede actuar en contra del objetivo de atraer a los inversionistas foráneos. Para ello se debería cambiar la proporción de una buena y muchas malas, por esta otra: una mala y muchas buenas, pues pedir que todas sean buenas, es pedir peras al olmo.

tomado de: http://www.diariodecuba.com/cuba/1397471255_8130.html

El artículo Ley dentro de mi casa, publicado el miércoles 2 de abril en el diario Granma, reconoce que el desarrollo de la economía cubana requiere de un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) que ha sido imposible lograr con las reformas implementadas. De ese fracaso el articulista deduce la necesidad de inyectar capital foráneo. Sin embargo, las múltiples limitaciones contenidas en la recién aprobada Ley de Inversiones Extranjeras, entre ellas la referida a la libre sindicalización, anulan  dicho propósito.

El proceso recorrido por la libertad sindical en Cuba comenzó en la colonia con la Ley General de Asociaciones de 1888 y continuó en la República con la promulgación de varias legislaciones obreras. Entre ellas destaca la Ley de las Comisiones de Inteligencia Obrera de 1924 para canalizar los conflictos obrero-patronales relacionados con los embarques de azúcar. Pero su máxima expresión fue el Decreto Ley 798 de abril de 1938 cuyo contenido se recogió en la Carta Magna de 1940: el derecho de sindicación a los patronos, empleados privados y obreros, el derecho de los trabajadores a la huelga y el de los patronos al paro, el sistema de contratos colectivos de trabajo y estipuló que los problemas derivados de las relaciones entre el capital y el trabajo serían sometidos a comisiones de conciliación integradas por representaciones de patronos y obreros. Con ella los logros legislativos asumieron rango constitucional.

El principio de libertad sindical –unión de los derechos de libertad y de asociación– consiste en el derecho que tienen trabajadores y patronos para fundar sindicatos sin autorización previa. Ese principio se consagró en la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y se reguló en el Convenio 87 de esa institución. Por su relevancia y naturaleza jurídica, la libertad sindical está incorporada en la Declaración Universal de los Derechos Humano, en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la  Convención Europea de Derechos Humanos. En el caso particular de Cuba alcanzó rango constitucional desde 1940.

Las diferentes legislaciones laborales emitidas en Cuba después de 1959 se resumieron en la Ley 49 de Código de Trabajo de 1984, cuyo artículo 3, inciso e) declara que  todo trabajador, acorde con la legislación vigente, tiene derecho a asociarse voluntariamente y constituir sindicatos. Mientras el Artículo 13 reconoce a todos los trabajadores, tanto manuales como intelectuales, tienen el derecho, sin necesidad de autorización previa, de asociarse voluntariamente y constituir organizaciones sindicales. Sin embargo, esos preceptos, en correspondencia con los principios de la OIT y con la historia del derecho laboral cubano, son pura declaración. Los mismos nacieron supeditados al artículo 7 de la Constitución vigente, el cual dispone que el Estado socialista cubano reconoce y estimula a las organizaciones de masas y sociales, surgidas en el proceso histórico de las luchas de nuestro pueblo y por tanto anula el derecho a asociarse voluntariamente y constituir sindicatos como estipula el Código de Trabajo de 1984.

Con el objetivo de actualizar el Código de 1984, entre el 20 de julio y 15 de octubre del 2013 se sometió a consulta un nuevo Anteproyecto que incluye a los trabajadores por cuenta propia pero no autoriza la libertad sindical; no recoge el derecho a huelga como se reconoce en los instrumentos jurídicos de la OIT y se refrendó en la Constitución de 1940; no reconoce el derecho de los trabajadores para negociar directamente el salario con los empleadores extranjeros, lo que implica una doble explotación por la agencia empleadora y por la empresa extranjera. Respecto al salario mínimo lo aprueba el Consejo de  Ministros, en vez de establecerse entre trabajadores, empleadores y gobierno. Por ejemplo la Constitución de 1940, en el artículo 61, planteaba que: La Ley establecerá la manera de regular periódicamente los salarios o sueldos mínimos por medio de comisiones paritarias para cada rama del trabajo; de acuerdo con el nivel de vida y con las peculiaridades de cada región y de cada actividad industrial, comercial o agrícola.

El Anteproyecto mencionado fue discutido en 69 mil 56 asambleas con la participación de 2 millones 802 mil 459 trabajadores. Dos meses después, fue aprobado por los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular y convertido en Ley. Finalmente se creó una comisión de estilo para la redacción final y su publicación en la Gaceta Oficial. Desde ese momento dicho Código constituye un misterio. Lo más sintomático es que en ningún momento del debate de la nueva Ley de Inversiones Extranjeras se mencionó nada relativo a dicho Código ni la CTC ha realizado ninguna reclamación al respecto. Sencillamente se esfumó.

Por tanto el Anteproyecto de Código de Trabajo en materia de derechos sindicales se sitúa de espaldas a lo estipulado por la OIT, de la cual Cuba fue miembro fundador en 1919 y es firmante de 76 de los convenios laborales de esa institución, incluyendo el Convenio 87 sobre la libertad sindical.

En ese estado de indefensión se aprobó la nueva Ley de inversiones, en la que los cubanos no solo están excluidos de participar como inversionistas, sino que como trabajadores carecen del derecho de crear sindicatos independientes y por tanto entran a una relación laboral en total desventaja al no poder contratarse libremente. Una violación tan abusiva que, si existieran verdaderos sindicatos, podría llevarse ante el Comité de Libertad Sindical, creado por la OIT en 1951 para examinar los alegatos sobre violaciones a los derechos de organización de trabajadores y empleadores.

Por lo anterior, tanto el Código de Trabajo de 1984 como su sustituto, el aprobado y esfumado en 2013, representan un retroceso en materia laboral respecto a lo que el movimiento obrero había logrado en sus luchas desde la colonia hasta la primera mitad del siglo pasado.

En esas condiciones, cuando está demostrado el papel que desempeñan los derechos y libertades en la economía y en el desarrollo social en general, la ausencia de libertades tan elementales como la libre sindicalización y la contratación libre de la fuerza de trabajo son obstáculos suficientes para augurar el fracaso en el propósito de atraer miles de millones de dólares para sacar la economía cubana del estancamiento en que se encuentra.

 

Tomado de: http://www.diariodecuba.com/search/node/Dimas%20Castellanos?page=1

Durante el partido de pelota entre los equipos Matanzas y Villaclara, el pasado 18 de febrero, el pitcher villaclareño Freddy Asiel Álvarez propinó dos pelotazos al matancero Yasiel Santoya y después que le conectaron un jonrón golpeó con otro lanzamiento a Víctor V. Mesa, entonces el escenario quedó listo para el desenlace. El matancero Demis Valdés se dirigió hacia el pitcher y en el forcejeo asestó un batazo al rostro del jugador de Villa Clara Ramón Lunar. Dos días después la Dirección Nacional de Béisbol informó la suspensión de Freddy Asiel de la actual Serie Nacional, a Demis Valdés por un año de todo evento oficial, al árbitro Osvaldo de Paula definitivamente del actual torneo, y amonestó al resto de los árbitros, supervisores y comisarios técnicos.

Aunque los hechos de violencia no son noticia en Cuba, al tratarse del fenómeno cultural de mayor alcance y arraigo, lo sucedido provocó un debate generalizado en las calles y los medios de difusión. Por sus implicaciones me referiré a tres aspectos sobre la violencia que considero deben tenerse en cuenta.

1- su naturaleza

La violencia es un acto agresivo ejercido por individuos, grupos o instituciones contra otros o contra sí mismos. Por su forma puede ser verbal, psíquica o física; por el escenario puede ser doméstica o pública, nacional o internacional; por su magnitud abarca desde las formas más simples hasta el más tenebroso acto de terrorismo masivo, pasando por un pelotazo intencional y el correspondiente batazo de respuesta.

Como cada ser humano es portador potencial de violencia, la misma constituye un peligro vital para las relaciones sociales. Ello obliga a fomentar su antídoto: el amor y las virtudes cívicas. Según el escritor ruso León Tolstoi “la vida histórica de la humanidad es una lenta evolución, que eleva al hombre de la manera personal y animal de comprender la vida al modo social de vivirla”. Pero en la sociedad todos los componentes estructurales guardan una estrecha relación y algunos de ellos actúan como freno. El patriota y filósofo indio Mahatma Gandhi decía “la violencia del Estado es mucho más peligrosa que la privada, porque se presenta con el ropaje de acción protectora”, a lo que hay que añadir que en el caso de los estados totalitarios, cuya naturaleza de por sí constituye una fuente de violencia, el amor y las virtudes cívicas asumen mayor importancia.

2- sus antecedentes

Cuba cuenta con una larga tradición de violencia: conquista, luchas abolicionistas, independentistas y anexionistas, el bandolerismo que azotó nuestros campos, ocupaciones extranjeras, guerritas entre cubanos durante la República, incluyendo guerras raciales, golpes de estado, gangsterismo y terrorismo, revolución y contrarrevolución, invasión por Girón, instalación de misiles balísticos y bloqueo naval a la Isla, participación en actividades bélicas en otras regiones del mundo, actos de repudio, uso y abuso de la violencia física y verbal contra los que piensan diferente, extensión de vocablos militares a todas las esferas: batalla por la Alfabetización, por la universalización de la enseñanza, por la salud, por los 10 millones de toneladas de azúcar, hasta desembocar en la batalla de ideas. A lo que se une la intransigencia: el todo o nada con machete o revólver por medio y las disyuntivas libertad o muerte, patria o muerte y socialismo o muerte, con su correspondiente panteón de héroes y mártires.

Esa cultura de violencia, heredada de la historia, enseñada en las escuelas y reforzada por los medios de comunicación, ha impregnado la conducta de niños y adultos desde el hogar y el barrio hasta los lugares públicos, por lo cual lo ocurrido en el estadio Victoria de Girón, de Matanzas, ante 15 mil espectadores y decenas o cientos de miles de televidentes, no es sino una manifestación de un fenómeno general, cuyas causas sobrepasan la responsabilidad de jugadores, árbitros, policías y otras autoridades para incluir la naturaleza del estado totalitario, pues los que propugnan esa cultura, aunque desde el prisma de la ideología intenten separarla en violencia buena y violencia mala, la incapacidad del cerebro humano para deslindarla, hace, que una vez que la misma se asume como cultura, ambas, la “buena” y la “mala”, devengan generadoras de más violencia.

3- su negación del deporte

En el deporte, como en ninguna otra manifestación puede existir violencia buena. El fundador de los Juegos Olímpicos Modernos, el barón Pierre de Coubertin, planteaba que “El deporte puede movilizar las pasiones más nobles como las más viles: puede desarrollar tanto el altruismo y el sentimiento del honor como el afán de lucro; puede llegar a ser casi caballeresco o corrupto, viril o brutal. Ahora bien, los sentimientos nobles, el altruismo y el honor, el espíritu caballeresco, la energía viril y la paz son requisitos primordiales de las democracias modernas”. En esos principios descansa el gran valor del deporte y del olimpismo: estar por encima y al margen de todas las divisiones construidas socialmente. Sin embargo, por razones extradeportivas en Cuba viene sucediendo lo contrario como lo demuestran algunos antecedentes del hecho ocurrido.

El mismo Ramón Lunar, que esta vez resultó víctima del batazo, en la presente temporada recibió un pelotazo de pitcher avileño Vladimir García, por lo que el árbitro expulsó del juego. Sin embargo, por esa decisión el árbitro fue separado durante la serie. En una segunda oportunidad el mismo lanzador lo volvió a golpear y éste, bate en mano, avanzó hacia él, por lo que fue expulsado del juego sin que se decretara ninguna medida con Vladimir (todavía estaba fresca la sanción anterior contra el árbitro).

En un juego entre los Orioles de Baltimore y el equipo Cuba, en Estados Unidos, Diego Tintorero, un cubano residente en ese país, salto al terreno para llamar la atención acerca de los derechos humanos en Cuba, por lo que el árbitro Cesar Valdés le propinó una golpiza. Posteriormente, en Edmonton, Canadá, Tintorero volvió a salir al terreno con las mismas intenciones y recibió una paliza a manos de varios jugadores del equipo Cuba, mientras Héctor Rodríguez, desde la locución incitaba a la violencia.

Otros ejemplos son: El campeón olímpico de taekwondo en Sidney 2000 Ángel Valodia Matos, en las Olimpiadas de Beijing 2008, golpeó en la cara al árbitro principal y agredió al juez asistente, por lo que fue expulsado de por vida. Sin embargo, la prensa oficial justificó su conducta: estaba “predispuesto e indignado” por la decisión del árbitro y porque a su entrenador supuestamente “lo habían tratado de comprar”, por lo que “No pudo contenerse”. Una de las consignas de la selección cubana en la II versión del Clásico de Pelota (marzo de 2009), era regresar con el escudo o sobre el escudo. En la Isla de la Juventud, el jugador Michel Enriquez, enfadado con una decisión del árbitro, lo localizo después del juego y bate en mano se hizo justicia por cuenta propia; la agresión le costó una corta suspensión y luego pudo representar a Cuba. En el año 2010 en un juego entre Industriales y Sancti Spiritus, el receptor de Industriales salió bate en mano a golpear al pitcher espirituano, dando lugar a un altercado donde, según se mostró en el video filmado por un aficionado, la policía local agredió a peloteros de industriales. En la temporada 2012-2013, Víctor Mesa lanzó tierra a los ojos de un árbitro, lo sancionaron levemente y el agresor fue designado manager de la selección cubana. Y al final de la Mesa Redonda en que se debatía lo ocurrido en el Victoria de Girón, el legendario Antonio Muñoz, quien esta vez llamó a la cordura, si no mal recuerdo, en los Panamericanos de Caracas corrió bate en mano a un lanzador de República Dominicana.

Podemos preguntar ¿Por qué una vez sí y otras no la decisión arbitral es castigada con sanciones? ¿Esas conductas no desautorizan y generan inseguridad a la hora de tomar una decisión? ¿Por qué actos agresivos clasificados en el Código Penal vigente, no son castigados simultáneamente por los tribunales correspondientes? Entre las razones se encuentra el carácter totalitario del modelo y la inexistencia de un Estado de Derecho. Por eso los análisis y debates tienen que incluir no sólo los efectos, sino también las causas más profundas de la violencia en el deporte y en la sociedad cubana en general.

Tomado de: http://www.diariodecuba.com/cuba/1396391083_7931.html

Con el tiempo en contra, a los múltiples fracasos en los intentos por recuperar la economía nacional se han unido la inminente pérdida de las subvenciones de Venezuela y la escasa disposición del capital extranjero para invertir en la Isla. La conjunción de esos hechos ha obligado al gobierno cubano a introducir nuevos cambios y a sustituir –sin declararlo– el contraproducente slogan “sin prisa pero sin pausa” por el contrario: “con prisa y sin pausa”.

Como el marco legal para la inversión en Cuba es atípico para empresas que operan con economías de mercado, ante el nulo efecto que tuvo el Decreto Ley de septiembre de 2013, mediante el cual se aprobó la Zona Especial de desarrollo Mariel, con el objetivo de atraer la inversión foránea, la necesidad de hacer evidente la disposición al cambio ha conducido, con evidente prisa, a la sustitución de la Ley 77 de Inversiones Extranjeras de 1995 por otra más moderna, flexible y transparente; una decisión que estaba pendiente desde el año 2012 y que por tanto debió tomarse antes de iniciarse la obra del puerto de Mariel y no ahora.

A partir de mediados del presente mes de marzo se efectuaron cinco reuniones regionales en las que participaron diputados de todas las provincias, especialistas, funcionarios de los gobiernos municipales y provinciales, representantes de las consultorías jurídicas internacionales y asesores de empresas. En una carrera maratónica entre el sábado 15 y el miércoles 19 del citado mes, en cada una de esas reuniones el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, explicó la política aprobada por el Consejo de Ministros para la redacción del Anteproyecto; mientras la prensa oficial dedicó grandes espacios a los reportes, comentarios y entrevistas relacionadas con el tema.

La nueva legislación, orientada a la diversificación y ampliación de los mercados de exportación, la sustitución de importaciones, la modernización, la creación de infraestructuras y al cambio de patrones tecnológicos, reforzará las garantías a los inversionistas, permitirá el carácter prioritario de la inversión extranjera en casi todos los sectores de la economía, la creación de una carpeta de inversiones, la bonificaciones impositivas, excepciones totales en determinadas circunstancias y mayor flexibilidad en materia aduanal, sin que el país renuncie a su soberanía ni al socialismo, es decir, sin “concesiones ni retrocesos”.

A pesar de los aspectos positivos, todo indica que las autoridades cubanas, atadas a la mentalidad que predominó durante el último medio siglo, han determinado que el Anteproyecto en “discusión” emerja preñado de limitaciones y contradicciones.

Entre muchas de las limitaciones, uno de los problemas consiste en definir si se brinda o no participación a los cubanos residentes en el exterior; un derecho que nunca se debió prohibir y que por tanto no se trata de algo nuevo, sino de una justa reivindicación. Una segunda parte de este problema consiste en si ese derecho se hará extensible a los cubanos residentes en el país; pues si injusto e injustificado resulta la exclusión de los cubanos, como ha ocurrido hasta ahora, más absurdo y contradictorio resulta que se acepte a los que residen fuera de la Isla y se mantenga la exclusión a los de adentro. Muchos indicios conducen a pensar que ocurrirá lo segundo. Es decir, que la Ley conservará el excluyente apellido de “Extranjera”, con la inclusión de los cubanos residentes en el exterior. De ser así, su título pudiera ser Ley de Inversiones para todos, menos para los cubanos que no optaron por no irse del país.

De ser así, lo anterior convertiría a la nueva Ley en una inaceptable violación de la Constitución vigente, la que en su artículo 14 reza: la economía se basa en la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción. Es decir, ese pueblo, supuesto propietario, queda excluido por razones de ubicación geográfica del derecho de participar en el proceso inversionista de su país, algo ajeno al derecho, a la cultura occidental de la cual somos parte y contrario a la dignidad humana. Además, se trata de una decisión sin previa consulta al supuesto dueño, al soberano, para conocer si está dispuesto a renunciar a ese derecho constitucional y limitarse a servir como mano de obra.

Según el enciclopedista francés Juan Jacobo Rousseau, la soberanía es el ejercicio de la voluntad general, un poder que se ejerce en nombre del pueblo, pero en Cuba, a ese soberano, previamente limitados a realizar por cuenta propia un listado de actividades, casi todas de servicio, como carpintero, forrador de botones, desmochador de cocos, carretilleros o vendedores de dulces, cuyo número ronda los 460 mil, se les impida participar como empresarios en pequeñas y medianas empresas.

Como se puede ver, la nueva ley, corrige algunos de los absurdos que han espantado a los inversionistas del suelo cubano, pero a la vez, presenta nuevas contradicciones que lastrarán sus posibles resultados. Si se aprueba en la forma reseñada, la misma será, una vez más, la negación del concepto martiano que falsamente enarbola el gobierno, pues para Martí el concepto de República, era estado de igualdad de derecho de todo el que haya nacido en Cuba; espacio de libertad para la expresión del pensamiento; de muchos pequeños propietarios.

En la realidad, Cuba es el único país de la región donde sus habitantes carecen de un derecho tan elemental como el de participar, en calidad de sujeto en las actividades económicas de su país, a pesar de contar con sobradas iniciativas y formación profesional. Ojalá que, sin pausa, pero con suficiente prisa, se rectifique una arbitrariedad que conducirá a nuevos fracasos, cuando el tiempo para los cambios está agotado y el contexto nacional e internacional les son adversos.