Hemeroteca de marzo 2013

Publicado en http://www.diariodecuba.com /cuba/1362640909_911.html

Según los resultados oficiales de las “elecciones” celebradas el domingo 3 de febrero del presente año, 1 249 832 cubanos –el 14,22% del total de electores–, en una clara manifestación de rechazó al sistema electoral cubano, no asistió a las urnas o anuló las boletas.

El número de personas con esa conducta venía creciendo desde los comicios precedentes. En el año 2003 la suma de esas dos categorías (los que no asistieron a las urnas y los que anularon las boletas) fue de 506 453 personas para el 6,09% del total de electores; mientras en el año 2008 fue de 657 119 para un 7,73%; mientras en los recientes comicios de 2013 se elevó hasta 1 249 832 cubanos, el 14,22% del total de electores, casi el doble de los comicios precedentes.

Lo más significativo de ese salto fue la cifra de los  que decidieron no asistir a las urnas. En el año 2003 se abstuvieron 193 306 para un 2,35% de los electores. En el año 2008 fueron 264 212 para un 3,11%; mientras que en 2013 la cifra aumentó a 790 551, para un 9.12%, casi tres veces más que en el año 2008.

No asistir a las urnas –en una sociedad carente de derechos cívicos y políticos, bajo un control estatal casi absoluto sobre las personas y con un sólo partido refrendado constitucionalmente–  constituye la opción más atrevida.

En Cuba, donde la única posibilidad es confirmar los Candidatos elegidos por las Comisiones de Candidaturas, las cuales se  integran por dirigentes de las organizaciones de masas subordinadas por sus propios estatutos al Partido Comunista, no asistir a las urnas es la prueba de que el Gobierno perdió el consenso; por tanto, los resultados encierran una profunda lección y constituyen un mensaje que las autoridades Cubanas deberían tener en cuenta. Ignorarlo es marchar hacia la ingobernabilidad manifiesta.

La razón, detrás de los resultados, consiste en que las Comisiones de Candidaturas son las que realmente eligen a los Diputados que conforman la Asamblea Nacional del Poder Popular, los que después eligen al Consejo de Estado, al Presidente del Consejo de Estado y de Ministros, y éste último designa a los integrantes del Consejo de Ministros. Por tanto, la Asamblea Nacional y el Gobierno son el resultado de la potestad de las Comisiones de Candidaturas; lo que explica que muchos cubanos decidan no asistir a las urnas, al punto que ya representan casi el 15% de los cubanos con derecho al voto; cifra casi tres veces mayor que los miembros del Partido Comunista. Es además una prueba de que las llamadas elecciones en Cuba son ajenas a las difíciles condiciones de vida de miles y miles de cubanos que o viven al margen de la Ley o  abandonan el país.

Ante una crisis estructural profunda, como la que atraviesa Cuba, los resultados electorales confirman la imposibilidad de limitar los cambios a determinados aspectos de la sociedad. Por ello, a pesar de la persistencia gubernamental en ignorar el tema del pluripartidismo, la realidad se ha encargado de situarlo en primer plano. Los datos electorales confirman que existe un sector de la sociedad inconforme que está reclamando un espacio político. Son cubanos que carecen de los derechos para asociarse legalmente y participar en los destinos de la nación. ¿Cómo justificar la existencia de un solo partido cuando casi el 15% de los electores no responden a su llamado?

El desarrollo social no excluye sino que implica el multipartidismo como expresión de la natural diversidad de ideas e intereses y como mecanismo para la participación política de los ciudadanos. La nación es una comunidad de personas diversas pero iguales en dignidad, que buscan un bien común para lo cual son imprescindibles los plenos derechos y deberes económicos, cívicos, políticos y culturales. De ahí la necesaria restitución del derecho de asociación y de la despenalización de la diferencia política, para que los cubanos puedan desempeñar el papel activo y determinante que les corresponde en los inminentes cambios.

En El Contrato Social Juan Jacobo Rousseau expuso que: de la unión de las personas para defender y proteger sus bienes emana una voluntad general que convierte a los contratantes en un cuerpo colectivo político. Al ejercicio de esa voluntad general se le denomina soberanía y al sujeto que la ejerce soberano. De acuerdo a ese status el pueblo elige los funcionarios para el ejercicio de la voluntad general y deposita en ellos, de forma temporal, un mandato para la elaboración y ejecución de las leyes, y para el mantenimiento de las libertades ciudadanas. Es decir, que las elecciones constituyen una manifestación de la soberanía popular.

En Cuba, la violación del orden constitucional ocurrido en 1952 dio lugar al movimiento insurreccional que derrocó a la dictadura en 1959. El 8 de enero de ese mes, el líder del movimiento  revolucionario aseguró que se iba a convocar a elecciones en el más breve plazo de tiempo posible y a restituir la Constitución de 1940. Sin embargo, unos días después, sin consulta popular, la Carta Magna fue sustituida por la Ley Fundamental de la República de Cuba. En virtud de esa Ley, que estuvo vigente hasta la promulgación de la Constitución de 1976, el  Consejo de Ministros asumió las funciones del Poder Legislativo y refrendó constitucionalmente la existencia de un solo partido político y desde esa posición excluyente ha venido hasta hoy convocando a unas “elecciones” donde el pueblo no puede elegir directamente al primer mandatario de la República, lo que constituye una franca negación de nuestra herencia histórica.

Ese sistema vigente, que limita el voto directo del pueblo a los delegados de las asambleas municipales, es una de las causas principales de la indiferencia de los que no asisten o invalidan las boletas electorales. Un sistema eficiente para conservar el pode, pero inútil para coadyuvar a los cambios que la sociedad demanda. Todo ello  pone a la orden del día la necesidad de introducir el multipartidismo y realizar los correspondientes cambios en la Constitución.

Publicado en (http://www.convivenciacuba.es/index.php/economa-mainmenu-56/904-la-ubpc-las-17-medidas-y-el-decreto-ley-300-nueva-forma-y-viejo-contenido)

p32001331La ineficiencia generalizada en la agricultura condujo al gobierno cubano a dictar nuevas medidas, dirigidas esta vez al cooperativismo y a la entrega de tierras en usufructo. La comprensión del posible resultado de esas disposiciones nos remite al análisis de las causas que condujeron al fracaso sufrido en el intento de elevar la eficiencia de la producción conservando un cooperativismo ilegítimo y el monopolio de la propiedad agraria.

El cooperativismo, manifestación del carácter social del hombre, tuvo su manifestación moderna a mediados del siglo XIX, cuando en Inglaterra algunos tejedores fundaron la sociedad De los Probos Pioneros de Rochdale para el suministro de artículos de primera necesidad. Esa experiencia generalizada en varios países de Europa sufrió un salto cualitativo en 1895, cuando en un congreso internacional, celebrado en Londres, se creó la Alianza Cooperativa Internacional (ACI). Un siglo después, en  el congreso de 1995 realizado en Manchester, la ACI definió el concepto de cooperativa como una asociación autónoma de personas que se unen voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales por medio de una empresa de propiedad conjunta, con una estructura democrática donde cada asociado tiene derecho a un voto, las decisiones se toman por mayoría, y cuentan con una dirección electiva y un reparto equitativo, distributivo y proporcional de los excedentes.

En Cuba, después que España declaró toda la tierra realenga, comenzó una distribución entre los colonizadores que generó grandes latifundios ganaderos, los cuales, debido al nacimiento y avance de la pequeña y mediana propiedad, se fueron dividiendo. Ese proceso de diversificación se aceleró con el crecimiento de la industria azucarera. Ya a fines del siglo XIX la demanda de caña de los grandes centrales azucareros introdujo la competencia, provocando el resurgimiento del latifundismo, ahora azucarero. Como resultado de esas transformaciones el proceso de diversificación de la propiedad iniciado en el siglo XVI giró hacia la concentración y al despojo de cientos de miles de pequeños propietarios, lo que explica el por qué en Cuba, a diferencia de las mayoría de los países, la cooperativización agrícola no fue significativa.

Resultado del proceso, descrito antes de 1959 quedaban en Cuba unos cien mil propietarios de tierra, a los que se unieron otros cien mil que la Revolución les entregó títulos de propiedad con la Primera Ley de Reforma Agraria en 1959, pero en vez de parcelar los grandes latifundios, lo que hubiera creado un campesinado mucho más numeroso, el Gobierno concentró el 40,2% de la propiedad y los trabajadores de esas tierras se convirtieron en trabajadores asalariados del Estado.

La idea del cooperativismo tomó fuerza como resultado del voluntarismo de los dirigentes revolucionarios. En marzo de 1960 se crearon las “cooperativas” cañeras en las tierras que antes pertenecían a los ingenios azucareros, las que en breve tiempo fueron transformadas en propiedad estatal, mientras el verdadero cooperativismo quedó limitado a unas pocas asociaciones formadas por campesinos privados. El líder de la Revolución reconoció que: aquellas cooperativas (se refiere a las cañeras) no tenían realmente una base histórica, puesto que las cooperativas se forman realmente con los campesinos propietarios de tierra. A mi juicio –dijo– íbamos a crear una cooperativa artificial, convirtiendo a los obreros agrícolas en cooperativistas. Desde mi punto de vista, y quizás aplicando aquello de unos versos de Martí, esclavo de la edad y las doctrinas fui partidario de convertir aquellas cooperativas que eran de obreros y no de campesinos, en empresas estatales.

Con la Segunda Ley de Reforma Agraria, en 1963, se  fortaleció el sector estatal que vio aumentado sus propiedades hasta el 70% de las mejores tierras del país, a la vez que se inició un proceso dirigido a disminuir el número de campesinos independientes. Ya desde fines del año 1960, Fidel Castro había expresado: Es necesario que los pequeños agricultores, en vez de ser cañeros, tabacaleros, etc. sean sencillamente agricultores y organicemos una gran Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. En mayo de 1961 se creó la ANAP y en consecuencia se procedió a colectivizar a los 200 mil campesinos propietarios de tierra. Se crearon las asociaciones campesinas, luego las Brigadas de Ayuda Mutua y a continuación las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS), carentes de personalidad jurídica. A partir del año 1975 se impulsó el desarrollo de las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA), formadas por campesinos que unieron sus fincas y demás medios de producción “voluntariamente” como vía para el desarrollo socialista del campo. A fines de 1977 existían 136 CPA y en junio de 1986 su número había aumentado hasta 1369, que representaba el 64% de las tierras campesinas, mientras la propiedad estatal se elevó hasta el 75% del área cultivable del país.

La actividad productiva y económica de estas “cooperativas” quedó integrada a los planes estatales de producción, mientras la comercialización de sus productos era realizada por la Empresa Estatal de Acopio. A pesar de esas trabas algunas cooperativas aumentaron considerablemente sus ingresos, por lo que José Ramírez, entonces Presidente de la ANAP, expresó: En ciertas cooperativas se observa la tendencia a incrementar en forma desproporcionada el reparto de las utilidades, contrariamente a lo estipulado por el Reglamento General. Es decir, la posibilidad de enriquecimiento asustó al Gobierno; asunto que fue discutido en el VI Congreso de la ANAP en mayo de 1982, donde se propuso la aplicación de un impuesto al sector campesino con el fin de dirigir parte de las ganancias a la satisfacción de “necesidades” de tipo social.

Cuando las medidas ajenas a la esencia del cooperativismo fracasaron y cuando estaba demostrado que la concentración de las tierras en manos del Estado había generado el desinterés de los trabajadores agrícolas, enormes extensiones de tierras se habían infectado de marabú y se había generalizado el desabastecimiento de productos agropecuarios; en un contexto caracterizado por la pérdida de los subsidios provenientes de los países socialistas de Europa Oriental, el Gobierno, en 1993, tomó la decisión de crear las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) para convertir en “cooperativas” las áreas estatales improductivas. Con ese fin se entregó la tierra en usufructo a los productores, pero conservando la propiedad estatal. El Reglamento original, que no le reconocía personalidad jurídica a las UBPC –capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones– estipulaba en sus puntos fundacionales el vínculo del productor al área; la capacidad de abastecimiento de las familias integrantes; la correlación entre producción e ingresos; y el desarrollo efectivo de la autonomía de la gestión. El incumplimiento de esos y otros aspectos se reflejó en los pésimos resultados obtenidos.

Actualmente, las 1989 UBPC existentes ocupan más de 170 mil hectáreas, pero el 23% de esas tierras continúan ociosas y solo 540 están en condiciones de sobrevivir. En el año 2010 el 15% de ellas cerró con pérdidas y el 6% no presentó balance económico. Aunque poseen el 27% de la tierra, producen solo el 12% de los granos, viandas y hortalizas y el 17% de la leche, mientras sus pérdidas superan los 200 millones de pesos.

Esa larga cadena de fracasos condujo recientemente al Consejo de Ministros a dictar 17 medidas para solucionar una de sus limitaciones: la dependencia de estas instituciones respecto a las empresas estatales. Sin modificar los principios originarios (que siempre fueron violados por el propio Estado), la Resolución 574 de 13 de agosto de 2012 les reconoce personalidad jurídica; las autoriza a comprar productos y servicios directamente; faculta a la Asamblea de Socios para distribuir un porciento de las utilidades entre sus miembros; posibilita establecer relaciones contractuales directas con las empresas suministradoras de insumos; y los administradores no serán designados por el Estado, sino elegidos por los socios en Asamblea General, pero sin cambiar nada la tenencia de la propiedad, que continúa siendo estatal.

A pesar de los aspectos positivos contenidos en el nuevo Reglamento General, los trabajadores de estas asociaciones continúan sin ser propietarios, sino usufructuarios de una propiedad estatal, por lo que no resulta difícil avizorar que estamos ante un nuevo eslabón en la cadena de fracasos, y por tanto ante la necesidad de implementar nuevas reformas, bien por el gobierno actual o bien por el que le suceda, hasta que los integrantes de las UBPC se conviertan en dueños colectivos de la tierra que trabajan y puedan tomar sus determinaciones de forma verdaderamente autónoma.

En esa misma dirección el pasado 9 de diciembre entró en vigor el Decreto-Ley 300, mediante el cual el Consejo de Estado autorizó la entrega de tierras estatales ociosas –una variante de lo que ocurrió en 1993 con la creación de las UBPC– en concepto de usufructo  por tiempo determinado, el cual derogó lo dispuesto en el Decreto-Ley 259, cuyo antecedente fue la clausura de la Asamblea Nacional del Poder Popular del 11 de julio de 2008, cuando el Presidente del Consejo de Estado expresó enfáticamente: ¡Hay que virarse para la tierra! ¡Hay que hacerla producir! Y agregó que muy pronto se dictarían las disposiciones legales para iniciar la entrega en usufructo de tierras ociosas a quienes estén en condiciones de ponerlas a producir de inmediato. Con ese fin, una semana después de sus palabras, se dictó el Decreto-Ley 259, que nació condenado al fracaso por una razón tan sencilla como esencial: una vez reconocida la incapacidad del Estado para hacer producir la tierra y calificada la producción de alimentos como un problema de seguridad nacional, resultaba contraproducente entregar la tierra en usufructo a los productores y conservar la propiedad en manos del Estado. No existe otra justificación, al margen de razones ideológicas, para que el Estado, incapaz, continuara siendo el dueño. El fracaso de este Decreto-Ley explica las razones de su sustitución por el novísimo Decreto-Ley 300.

La nueva normativa retoma la insalvable contradicción consistente en hacer producir la tierra y a la vez evitar la formación de un empresariado nacional. Ese intento en un contexto de crisis interna estructural, agravada por los elevados costos de los alimentos en el mercado mundial, augura un nuevo fracaso. A pesar de que antes, el área entregada de 1 caballería de tierra, se podía extender hasta 3 y ahora es extensible hasta 5 caballerías, y que se eliminó la absurda prohibición para construir en la tierra recibida, el usufructuario para acceder a los insumos y servicios tiene que vincularse de forma obligatoria a las entidades con personalidad jurídica, dígase granjas estatales, CCS, CPA o UBPC.

La  subordinación de las leyes económicas a la ideología del poder, explica tanto la causa del fracaso como el intento de reparar las decisiones anteriores con las recientes medidas. Se trata de cambios de forma que conservan los factores esenciales que han condicionado el atraso en la agricultura cubana, por lo que las nuevas disposiciones no resolverán el aumento de la producción agrícola. Al mismo tiempo, a pesar de las intenciones gubernamentales, su aspecto positivo radica en que, en un lento y tortuoso proceso contra viento y marea, muchos trabajadores del campo se van entrenando como futuros agentes de un empresariado nacional.

Mientras tanto la mayoría de los cubanos sigue mirando desde las gradas los inasequibles precios que impiden llevar los productos del agro a su mesa, mientras el Estado se ve obligado a continuar comprando productos en el exterior que son perfectamente cultivables en nuestros suelos. Así ocurrirá hasta que las formas nuevas sean portadores de un nuevo contenido: libertades y democratización.

Publicado en el Diario de Cuba

(http://www.diariodecuba.com/cuba/1361922940_347.html)

Nuevas resoluciones dictadas por el Ministerio de Economía y Planificación, que  introducen cambios en las relaciones económicas, brindan mayor atención a la reinserción de las formas de gestión no estatales. Las medidas, publicadas en la Gaceta Oficial Extraordinaria, número 4, del  21 de febrero de 2013, autorizan el pago en pesos convertibles (CUC), de personas jurídicas a personas naturales en  determinadas actividades.

Entre las nuevas disposiciones están los servicios de alimentación que ofrecen los trabajadores por cuenta propia, la contratación de servicios de reparaciones menores por las entidades presupuestadas y el sistema de turismo. También se aplicarán en los experimentos que se aprueben como nuevas formas de gestión. Los pagos a los contratados se efectuarán mediante “cheques, tarjetas, pagarés, letras de cambio, cartas de crédito local y otros”. Las cantidades a pagar no estarán limitadas por decisiones administrativas, pues los montos para ejecutarlos tienen que estar aprobados en los presupuestos y planes para el año fiscal de las personas jurídicas.

La información, que con excepción de Corea del Norte no tiene rango de noticia en ninguna parte del mundo, en Cuba, debido al retroceso sufrido en las relaciones económicas, constituye un hecho peculiar, necesario e importante.

1- Es peculiar, porque constituye un paso atrás. En 1959 el Gobierno desató una ofensiva contra la propiedad privada y el derecho económico que comenzó por la nacionalización de las mayores empresas extranjeras, continuó con las nacionales y no se detuvo hasta eliminar las últimas 56 mil pequeñas empresas privadas con la Ofensiva Revolucionaria del año 1968. El resultado de la estatización fue la ineficiencia. La desaparición de los productos y servicios que brindaban los establecimientos clausurados nunca pudieron ser suplidos por el Estado. En su lugar, el interés por los resultados productivos comenzó a decrecer, lo que unido a la insuficiencia de los salarios, obligó a los cubanos  a sobrevivir al margen de la legalidad con el consiguiente deterioro ético. Se trata de un regreso parcial a lo que existía en Cuba antes de 1959, cuando los productos y servicios que ofrecían las pequeñas empresas privadas se pagaban con el peso cubano que tenía paridad con el dólar estadounidense. La diferencia con el pasado radica en que ahora existe una dualidad monetaria: se cobra el salario en pesos cubanos devaluados y se pagan en CUC la gran mayoría de los productos y servicios, lo que significa un regreso de los cubanos al pasado en peores condiciones.

2- Es necesario, porque las limitaciones y contradicciones de las medidas introducidas para salir de la crisis en que el país está sumido, al no arrojar resultados positivos está obligando a enmendarlas y complementarlas. En esa dirección el trabajo por cuenta propia, que no es más que una tenue resurrección de lo que existió antes de 1959, para que desempeñe un papel efectivo en las relaciones económicas, requiere la eliminación de las trabas con que nació. De ahí la necesidad de las recientes medidas y de otras que tendrán que ser promulgadas.

3- Es importante, porque el atraso sufrido ha sido tan grande, que el regreso al pasado representa un paso adelante. La intención de cambios, que se manifestó en 2006 y comenzó a tomar cuerpo a partir de 2008, no ha dado los resultados esperados. Aunque las causas son muchas, entre ellas se destacan dos contradicciones: una, el intento de lograr una economía eficiente y al mismo tiempo conservar el modelo que condujo al país a la crisis; dos, cambiar algunos aspectos de la economía, ignorando el carácter sistémico de los fenómenos sociales. Esas dos contradicciones, en un contexto nacional, regional e internacional desfavorable, con una enorme deuda externa y la posibilidad de perder al menos una parte de los cuantiosos subsidios de Venezuela, la posibilidad de retroceder es nula.

En ese sentido, según un artículo de Yaima Puig Meneses, aparecido en el diario Granma del pasado jueves 21 de febrero, la especialista del Grupo de Políticas Macroeconómicas de la Comisión Permanente para la Implementación y el Desarrollo, Marta García Pino, expresó que no se trata de una medida casual ni aislada, sino que el fortalecimiento del trabajo por cuenta propia de conjunto con la creación de otras formas de gestión no estatal como parte del reordenamiento de la economía que vive el país, hizo necesario modificar los límites establecidos para el pago a personas naturales por parte de las personas jurídicas.

Los pocos resultados obtenidos con las medidas que se han implementado están obligando a reformar las reformas en la propia marcha y complementándolas con nuevas disposiciones, como es el caso de las recientes resoluciones acerca del pago en CUC de personas jurídicas a personas naturales y como seguramente serán otras disposiciones que serán promulgadas. En consecuencia, para avanzar se está imponiendo la necesidad de reintroducir relaciones económicas y formas de propiedad que fueron eliminadas y permanecieron  prohibidas durante décadas.

El resultado de ese proceso es que se están produciendo cambios. No importa si son o no resultados de una  voluntad política, lo importante es que cada paso genera nuevas contradicciones, nuevos escenarios y nuevas posibilidades. Por esa razones el periodismo de opinión está en el deber de señalar la lentitud, limitaciones e incoherencias de los cambios con señalamientos críticos y sugerencias, y a la vez estimular todo lo que marche en la dirección de las transformaciones, hasta que se introduzcan aspectos vitales que permanecen fuera de la agenda gubernamental. Me refiero a las libertades y los derechos ciudadanos, sin los cuales las actuales medidas tampoco arrojarán los resultados que con urgencia Cuba necesita.