Hemeroteca de 26 noviembre, 2012

Publicado el miércoles 21 de noviembre de 2012:  http://www.diariodecuba.com/cuba/14133-por-que-fracasaron-las-cooperativas-castristas

El pasado mes de agosto, el Consejo de Ministros de Cuba aprobó un nuevo Reglamento General para las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), el cual fue complementado con un paquete integrado por 17 medidas. El propósito, según el diario Juventud Rebelde de 23 de septiembre, consiste en liquidar la dependencia de esas respecto a  las empresas estatales.

El Reglamento original emitido en 1993, aunque no reconocía personalidad jurídica a las UBPC, es decir, capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, estipulaba en sus puntos fundacionales la correlación entre producción e ingresos y el desarrollo efectivo de la autonomía de la gestión. El incumplimiento de esos y otros aspectos positivos se reflejó en los pésimos resultados. De las 170 mil hectáreas que poseen las 1 989 UBPC existentes, casi el 40% de sus tierras permanecen ociosas; aunque su extensión representa el 27% de la superficie agrícola del país, producen sólo el 12% de los granos, viandas y hortalizas y el 17% de la leche; sólo el 27% tienen resultados satisfactorios, las demás, en mayor o menor medida, presentan dificultades; en el año 2010 el 15% de las UBPC cerraron con perdidas y otro 6% ni siquiera presentó balance económico; y sus perdidas superan los 200 millones de pesos.

Las UBPC fueron creadas cuando estaba demostrado que la concentración de las tierras cultivables del país en manos del Estado había generado el desinterés de los trabajadores agrícolas, el desabastecimiento generalizado de productos agropecuarios y enormes extensiones de tierras ociosas infectadas de marabú. Un  deplorable cuadro agravado por la pérdida de los subsidios provenientes de los países socialistas de Europa Oriental. En ese contexto las autoridades del país decidieron convertir una parte de las tierras estatales improductivas en cooperativas, pero sin darles las libertades requeridas ni renunciar al monopolio de la propiedad. La ignorancia de la esencia del cooperativismo y la subordinación de las leyes económicas a una ideología explican tanto la causa del fracaso como el intento de reparar aquella decisión con las recientes medidas.

La Declaración de Identidad Cooperativa, adoptada en 1995 en la II Asamblea General de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), define a la cooperativa como una asociación autónoma de personas que se unen voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. De acuerdo a esta definición –de un organismo como la ACI, que desde 1895 aglutina y promueve el cooperativismo en el mundo– las UBPC no clasifican como verdaderas cooperativas ya que no fueron creadas voluntariamente por los propietarios de tierras y medios de producción, sino que surgieron de un acuerdo del Partido Comunista.

A pesar de que con el nuevo Reglamento General (Resolución 574 de 13 de agosto de 2012) las UBPC contarán con personalidad jurídica; potestad para elegir a los administradores por mayoría en la Asamblea General de Socios; comprar productos y servicios a cualquier persona natural o jurídica; establecer relaciones contractuales directas con las empresas suministradoras de insumos; y decidir el porcentaje de las utilidades a distribuir entre los socios; otros aspectos vitales continúan ausentes. De nuevo es el Estado y no los trabajadores agrícolas quien toma la decisión de unirse en cooperativas. Si a ello se agrega que esos trabajadores no son propietarios sino usufructuarios de una propiedad estatal, no resulta difícil avizorar que estamos ante el inicio de un nuevo fracaso y por tanto de la necesidad de implementar nuevas reformas, bien por el gobierno actual o bien por el que le suceda, hasta que los integrantes de las UBPC se conviertan en dueños colectivos de la tierra que trabajan.

La casi inexistencia de cooperativas agrícolas antes de1959 resulta comprensible por los avances que desde fines del siglo XIX tuvo la industria azucarera que generó enormes latifundios mediante el despojo de miles de pequeños propietarios. Lo que resulta absurdo es que con una revolución que se declaró socialista el cooperativismo, afín a ese sistema social, haya estado ausente y en su lugar se hayan experimentado formas voluntaristas y subjetivas aplicadas verticalmente por el Estado revolucionario. Antes de 1959 había en Cuba unos cien mil propietarios de tierra, a los que se unieron otros cien mil que la Revolución les entregó títulos de propiedad con la Primera Ley de Reforma Agraria de 1959. Esos doscientos mil campesinos constituían la base para el desarrollo de un verdadero cooperativismo. Sin embargo, la concentración por parte del Estado del 70% de la tierra cultivable resultó un tiro de gracia a un proceso de asociación que hubiera aportado mucho a la economía y a la sociedad cubanas.

La primera manifestación del voluntarismo estatal en la cooperativización agrícolas fue la creación en marzo de 1960 de las cooperativas cañeras en áreas que antes pertenecían a los ingenios azucareros. Sin embargo, la decisión de monopolizar la propiedad de la tierra hizo que  dichas emprsas fueran transformadas en propiedad del Estado. Entonces el verdadero cooperativismo quedó limitado a unas pocas asociaciones formadas sobre la base de campesinos privados. El propio Fidel Castro expresó en una oportunidad: “aquellas cooperativas no tenían realmente una base histórica, puesto que las cooperativas se forman realmente con los campesinos propietarios de tierra. A mi juicio íbamos a crear una cooperativa artificial, convirtiendo a los obreros agrícolas en cooperativistas. Desde mi punto de vista, y quizás aplicando aquello de unos versos de Martí, esclavo de la edad y las doctrinas fui partidario de convertir aquellas cooperativas que eran de obreros y no de campesinos, en empresas estatales”.

No satisfechos con la mayor parte del suelo en manos del Estado, en vez de impulsar el cooperativismo voluntario, comenzó un proceso dirigido a disminuir la cantidad de campesinos independientes. En mayo de 1961 se creó la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y se inició una política dirigida a tratar de “cooperativizar” a los 200 mil campesinos propietarios. Se crearon las asociaciones campesinas, luego vinieron las Brigadas de Ayuda Mutua y a continuación las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS), integradas por campesinos que mantenían  la propiedad de la tierra y de los medios de producción, pero carentes de personalidad jurídica. A partir del año 1975, con las tesis del I Congreso del PCC acerca de la necesidad de la cooperativización de la tierra, se impulsó el desarrollo de las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA), formadas por campesinos que unieron sus fincas y demás medios de producción “voluntariamente” como vía para el desarrollo socialista del campo. A fines de 1977 el número de CPA era de 136 y en junio de 1986 ya era de 1 369, que representaban el 64% de las tierras campesinas, a la vez que la propiedad estatal se elevó hasta el 75% de la tierra cultivable debido a la disminución del volumen de tierra en manos de los campesinos privados.

Los resultados no se han hecho esperar, Cuba tiene que comprar productos del agro  en el exterior que son perfectamente cultivables en nuestros suelos, como es el caso del café que hemos tenido que adquirir en Vietnam, país al cual los cubanos enseñaron ha cosechar el grano. Por ello insistir en reformas de las cooperativas sin permitir que sean los campesinos los que se organicen voluntariamente y sin contar con la propiedad colectiva de la tierra que traban, es insistir en los fracasos.