Hemeroteca de noviembre 2012

Publicado el miércoles 21 de noviembre de 2012:  http://www.diariodecuba.com/cuba/14133-por-que-fracasaron-las-cooperativas-castristas

El pasado mes de agosto, el Consejo de Ministros de Cuba aprobó un nuevo Reglamento General para las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), el cual fue complementado con un paquete integrado por 17 medidas. El propósito, según el diario Juventud Rebelde de 23 de septiembre, consiste en liquidar la dependencia de esas respecto a  las empresas estatales.

El Reglamento original emitido en 1993, aunque no reconocía personalidad jurídica a las UBPC, es decir, capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, estipulaba en sus puntos fundacionales la correlación entre producción e ingresos y el desarrollo efectivo de la autonomía de la gestión. El incumplimiento de esos y otros aspectos positivos se reflejó en los pésimos resultados. De las 170 mil hectáreas que poseen las 1 989 UBPC existentes, casi el 40% de sus tierras permanecen ociosas; aunque su extensión representa el 27% de la superficie agrícola del país, producen sólo el 12% de los granos, viandas y hortalizas y el 17% de la leche; sólo el 27% tienen resultados satisfactorios, las demás, en mayor o menor medida, presentan dificultades; en el año 2010 el 15% de las UBPC cerraron con perdidas y otro 6% ni siquiera presentó balance económico; y sus perdidas superan los 200 millones de pesos.

Las UBPC fueron creadas cuando estaba demostrado que la concentración de las tierras cultivables del país en manos del Estado había generado el desinterés de los trabajadores agrícolas, el desabastecimiento generalizado de productos agropecuarios y enormes extensiones de tierras ociosas infectadas de marabú. Un  deplorable cuadro agravado por la pérdida de los subsidios provenientes de los países socialistas de Europa Oriental. En ese contexto las autoridades del país decidieron convertir una parte de las tierras estatales improductivas en cooperativas, pero sin darles las libertades requeridas ni renunciar al monopolio de la propiedad. La ignorancia de la esencia del cooperativismo y la subordinación de las leyes económicas a una ideología explican tanto la causa del fracaso como el intento de reparar aquella decisión con las recientes medidas.

La Declaración de Identidad Cooperativa, adoptada en 1995 en la II Asamblea General de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), define a la cooperativa como una asociación autónoma de personas que se unen voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. De acuerdo a esta definición –de un organismo como la ACI, que desde 1895 aglutina y promueve el cooperativismo en el mundo– las UBPC no clasifican como verdaderas cooperativas ya que no fueron creadas voluntariamente por los propietarios de tierras y medios de producción, sino que surgieron de un acuerdo del Partido Comunista.

A pesar de que con el nuevo Reglamento General (Resolución 574 de 13 de agosto de 2012) las UBPC contarán con personalidad jurídica; potestad para elegir a los administradores por mayoría en la Asamblea General de Socios; comprar productos y servicios a cualquier persona natural o jurídica; establecer relaciones contractuales directas con las empresas suministradoras de insumos; y decidir el porcentaje de las utilidades a distribuir entre los socios; otros aspectos vitales continúan ausentes. De nuevo es el Estado y no los trabajadores agrícolas quien toma la decisión de unirse en cooperativas. Si a ello se agrega que esos trabajadores no son propietarios sino usufructuarios de una propiedad estatal, no resulta difícil avizorar que estamos ante el inicio de un nuevo fracaso y por tanto de la necesidad de implementar nuevas reformas, bien por el gobierno actual o bien por el que le suceda, hasta que los integrantes de las UBPC se conviertan en dueños colectivos de la tierra que trabajan.

La casi inexistencia de cooperativas agrícolas antes de1959 resulta comprensible por los avances que desde fines del siglo XIX tuvo la industria azucarera que generó enormes latifundios mediante el despojo de miles de pequeños propietarios. Lo que resulta absurdo es que con una revolución que se declaró socialista el cooperativismo, afín a ese sistema social, haya estado ausente y en su lugar se hayan experimentado formas voluntaristas y subjetivas aplicadas verticalmente por el Estado revolucionario. Antes de 1959 había en Cuba unos cien mil propietarios de tierra, a los que se unieron otros cien mil que la Revolución les entregó títulos de propiedad con la Primera Ley de Reforma Agraria de 1959. Esos doscientos mil campesinos constituían la base para el desarrollo de un verdadero cooperativismo. Sin embargo, la concentración por parte del Estado del 70% de la tierra cultivable resultó un tiro de gracia a un proceso de asociación que hubiera aportado mucho a la economía y a la sociedad cubanas.

La primera manifestación del voluntarismo estatal en la cooperativización agrícolas fue la creación en marzo de 1960 de las cooperativas cañeras en áreas que antes pertenecían a los ingenios azucareros. Sin embargo, la decisión de monopolizar la propiedad de la tierra hizo que  dichas emprsas fueran transformadas en propiedad del Estado. Entonces el verdadero cooperativismo quedó limitado a unas pocas asociaciones formadas sobre la base de campesinos privados. El propio Fidel Castro expresó en una oportunidad: “aquellas cooperativas no tenían realmente una base histórica, puesto que las cooperativas se forman realmente con los campesinos propietarios de tierra. A mi juicio íbamos a crear una cooperativa artificial, convirtiendo a los obreros agrícolas en cooperativistas. Desde mi punto de vista, y quizás aplicando aquello de unos versos de Martí, esclavo de la edad y las doctrinas fui partidario de convertir aquellas cooperativas que eran de obreros y no de campesinos, en empresas estatales”.

No satisfechos con la mayor parte del suelo en manos del Estado, en vez de impulsar el cooperativismo voluntario, comenzó un proceso dirigido a disminuir la cantidad de campesinos independientes. En mayo de 1961 se creó la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y se inició una política dirigida a tratar de “cooperativizar” a los 200 mil campesinos propietarios. Se crearon las asociaciones campesinas, luego vinieron las Brigadas de Ayuda Mutua y a continuación las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS), integradas por campesinos que mantenían  la propiedad de la tierra y de los medios de producción, pero carentes de personalidad jurídica. A partir del año 1975, con las tesis del I Congreso del PCC acerca de la necesidad de la cooperativización de la tierra, se impulsó el desarrollo de las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA), formadas por campesinos que unieron sus fincas y demás medios de producción “voluntariamente” como vía para el desarrollo socialista del campo. A fines de 1977 el número de CPA era de 136 y en junio de 1986 ya era de 1 369, que representaban el 64% de las tierras campesinas, a la vez que la propiedad estatal se elevó hasta el 75% de la tierra cultivable debido a la disminución del volumen de tierra en manos de los campesinos privados.

Los resultados no se han hecho esperar, Cuba tiene que comprar productos del agro  en el exterior que son perfectamente cultivables en nuestros suelos, como es el caso del café que hemos tenido que adquirir en Vietnam, país al cual los cubanos enseñaron ha cosechar el grano. Por ello insistir en reformas de las cooperativas sin permitir que sean los campesinos los que se organicen voluntariamente y sin contar con la propiedad colectiva de la tierra que traban, es insistir en los fracasos.

Publicado el 13de noviembre en http://www.diariodecuba.com/cuba/13942-acerca-del-sufragio-femenino-en-cuba
En el programa televisivo “Mesa Redonda” del jueves 18 de octubre, la licenciada en Historia y Ciencias Sociales Teresa Amarelle Boué, Secretaria General de la Federación de Mujeres Cubanas, expresó, más o menos, que gracias a la revolución de 1959 la mujer cubana pudo hacer uso del derecho al voto. Desde ese día he sido interrogado en varias oportunidades acerca de tal afirmación, lo que motivó la decisión de redactar las siguientes notas.

Desde el siglo XIX, varias intelectuales cubanas marcaron pautas acerca de los derechos femeninos. La Condesa de Merlín reflejó en su obra literaria los sentimientos femeninos, su raíz nacional y sus perspectivas. Gertrudis Gómez de Avellaneda, editó Álbum cubano de lo bueno y de lo bello, una revista femenina en la que desafió el dominio masculino e instó a otras mujeres a que hicieran lo mismo. Marta Abreu, encarnación sublime de la caridad y del patriotismo, cuando José Martí puso en pie de guerra al pueblo cubano, extendió la caridad a los sufridos por la patria. Sobre ella Máximo Gómez expresó: “Si se sometiera a una deliberación en el Ejército Libertador el grado que a dama tan generosa habrá de corresponder, yo me atrevo a afirmar que no hubiese sido difícil se le consignara el mismo grado que yo ostento”.

Durante las guerras de independencia, Ana Betancourt de Mora defendió la emancipación femenina en la Asamblea Constituyente de Guáimaro. María Hidalgo Santana se incorporó en 1895 al ejército insurreccional y en la batalla de Jicarita, al morir el abanderado ocupó la enseña y la enarboló, recibió siete heridas de bala y fue ascendida a capitán. Edelmira Guerra de Dauval, fundadora y presidenta del club Esperanza del Valle, ayudó a formular el manifiesto revolucionario del 19 de marzo de 1897, cuyo artículo 4 rezaba: “Queremos que las mujeres puedan ejercer sus derechos naturales a través del voto a la mujer soltera o viuda mayor de veinticinco años, divorciada por causa justa”. En 1897 María Luisa Dolz, profesora del colegio para alumnas Isabel la Católica, asoció la reforma educativa al nacionalismo y al feminismo, por lo que se le considera la primera feminista moderna de Cuba.

Al inicio de la República un grupo de mujeres fundaron asociaciones y órganos de prensa para defender los intereses de la mujer. Entre ellos, la Revista de la Asociación Femenina de Camagüey, primera revista feminista de la Isla; Aspiraciones, revista cívica y patriota; el Comité de Sufragio Femenino; el Club Femenino de Cuba; la Alianza Nacional Feminista; el Lyceum, organización eminentemente cultural que consideraba imposible el cambio sin contacto con la educación y la cultura; y la Unión Laborista de Mujeres, una asociación radical que puso la cuestión obrera por encima del derecho femenino al sufragio. En 1912, después del crimen contra los miembros del Partido Independiente de Color, un grupo de mujeres negras iniciaron una campaña dirigida a la aprobación de una ley de amnistía para los encarcelados, y en sus reuniones y mítines se pronunciaban a favor de derechos femeninos como el voto y el divorcio. En 1923, cuando se creó la Asociación de Veteranos y Patriotas, entre sus firmantes estaban diez de las dirigentes del Club Femenino de Cuba.

Entre las mujeres destacadas durante la República vale mencionar a Mari Blanca Sabas Alomá, Ofelia Rodríguez Acosta, Ofelia Domínguez Navarro y María Collado, quienes desempeñaron un importante papel en la lucha por los derechos de las féminas. Estas y otras dirigentes feministas celebraron congresos, hicieron peticiones a los políticos, establecieron coaliciones con diversos grupos, se manifestaron en las calles, se dirigieron al público a través de los periódicos y la radio, construyeron clínicas de obstetricia, organizaron para mujeres escuelas nocturnas, programas de salud y establecieron contactos con grupos feministas de otros países.

Aunque la Constitución de 1901 reconocía la igualdad de todos los cubanos ante la Ley, el Código Civil Español, aún vigente, establecía la inferioridad de la mujer, que impedía su avance y cerraba el paso al sufragio femenino. Sin embargo, gracias a la lucha cívica en 1914 se iniciaron los debates acerca del divorcio, el 18 de julio de 1917 se concedió a la mujer la patria potestad sobre sus hijos y la libre administración de sus bienes, y en julio de 1918 se aprobó la Ley del Divorcio.

En 1919 las cubanas ya habían alcanzado el mismo nivel de alfabetización que los hombres y en los años 20, proporcionalmente, se graduaban tantas mujeres en Cuba como en las universidades norteamericanas. Hechos que debilitaron a los enemigos del voto femenino. En ese contexto tomó fuerza la batalla por el derecho al sufragio.

En 1923 se celebró el Primer Congreso Nacional de Mujeres, al que asistieron 31 asociaciones, y en 1925 tuvo lugar el Segundo Congreso  Nacional de Mujeres, con 71 asociaciones. Al decir de Pilar Morlón, fue éste “¡Un Congreso de Mujeres, ideado por ellas, organizado por ellas, realizado por ellas, sin ayuda oficial de ninguna clase!”, a lo que yo añadiría y sin ningún hombre presidiendo el evento. Este Congreso tuvo tal impacto, que el presidente Gerardo Machado prometió que concedería el derecho al voto, para lo cual, al designar una Asamblea Constituyente con el objetivo de legalizar su reelección, incluyó en su propuesta el voto femenino. Sin embargo, debido al incumplimiento de su promesa, después de 1931 los grupos feministas se aliaron con los grupos políticos existentes y al estallar la rebelión, el voto de la mujer se convirtió en símbolo de la infidelidad de Machado a la democracia.

El 12 de agosto de 1933, cuando Machado fue derrocado y Carlos M. de Céspedes (hijo) asumió la presidencia, la Alianza Nacional Feminista apeló al mandatario para exigir el derecho al voto. Posteriormente, durante el gobierno de Ramón Grau San Martín, se promulgó el Decreto No. 13 de 2 de enero de 1934, mediante el cual se convocó una Convención Constituyente en la que se reconoció el derecho de la mujer a votar y ser elegida. Para ese evento fueron electas siete mujeres por las provincias de La Habana, Las Villas, Camagüey y Oriente.

En febrero de 1934, durante la presidencia del coronel Carlos Mendieta, se aprobó una Constitución provisional, que en su artículo 38 extendió formalmente el voto a la mujer. Y en febrero de 1939, previo a la Asamblea Constituyente que redactó la Carta magna de 1940, las féminas convocaron al Tercer Congreso Nacional de Mujeres, donde se aprobaron varias resoluciones, una de ellas, la exigencia de “una garantía constitucional para la igualdad de derechos de la mujer”. En ese reclamo, discutido en la Asamblea Constituyente, tomaron parte las feministas Alicia Hernández de la Barca, de Santa Clara, y Esperanza Sánchez Mastrapa, de Oriente.

La lucha iniciada en los años 20 del pasado siglo quedó refrendada en el artículo 97 de la Constitución de 1940: “Se establece para todos los ciudadanos cubanos, como derecho, deber y función, el sufragio universal, igualitario y secreto”. Gracias a ese resultado la mujer cubana ejerció legalmente el derecho al voto en las elecciones de 1940, 1944, 1948, 1954 y 1958, antes de la toma del poder por los revolucionarios en 1959.

Publicado el 28 de octubre en (http://convivenciacuba.es/content/view/842/58/)
Cuatro décadas después de la toma del poder revolucionario en 1959, los factores que hicieron posible el totalitarismo en Cuba llegaron a su límite. Las medidas de carácter popular dictadas en los primeros años de poder revolucionario fueron acompañadas por el desmontaje de la sociedad civil y con un proceso de estatización que comenzó por las empresas extranjeras y no se detuvo hasta que eliminó los últimos 56 mil pequeños establecimientos de producción y servicios que habían logrado sobrevivir hasta 1968.
El intento de subordinar los intereses individuales y de grupo al Estado condujo al fracaso. La coincidencia entre el agotamiento del modelo, el estancamiento de la Nación, el descontento ciudadano y el aislamiento externo, conformaron un escenario de cambios en ausencia de fuerzas alternativas en condiciones de influir en los mismos. El resultado ha sido, de un lado, la desesperanza, la apatía, la corrupción generalizada, el éxodo masivo, y de otro, el surgimiento de nuevos sujetos sociales y políticos.
En ese contexto se produjo el traspaso provisional de poder del Jefe de la Revolución. Sin embargo, el hecho de que la transferencia se efectuara entre las mismas fuerzas que condujeron al país a la crisis, determinó que el orden, la profundidad y la velocidad de los cambios fueran determinados por el propio poder, lo que explica el intento de cambiar la forma para conservar el contenido, una contradicción insalvable que de antemano condenó al fracaso el intento gubernamental. Ese proceso, aún en curso, ha pasado por tres momentos encabezados por el General de Ejército Raúl Castro.
El primer momento
El 31 de julio de 2006, como resultado de su enfermedad, el Primer Secretario del PCC, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros y Comandante en Jefe, Fidel Castro, fragmentó sus múltiples cargos y los depositó provisionalmente en siete dirigentes del Partido y del Estado. Raúl Castro, designado Primer Secretario del PCC, Comandante en Jefe y Presidente del Consejo de Estado. José Ramón Balaguer Cabrera, al frente del Programa Nacional e Internacional de Salud. José Ramón Machado Ventura y Esteban Lazo Hernández, al frente del Programa Nacional e Internacional de Educación y Carlos Lage Dávila, impulsor principal del Programa Nacional de la Revolución Energética. Los fondos correspondientes a los programas de Salud, Educación y Energía serían gestionados mancomunadamente por Carlos Lage, Francisco Soberón (Ministro Presidente del Banco Central de Cuba), y Felipe Pérez Roque. Con esas designaciones comenzó el primer momento del gobierno de Raúl.
En discursos, entrevistas y declaraciones, el nuevo mandatario manifestó la necesidad de introducir cambios, incluyendo la disposición a normalizar las relaciones con Estados Unidos, idea esta que expresó en la entrevista publicada en el diario Granma el 18 de agosto de 2006 y reiteró el 2 de diciembre de ese año en la Plaza de la Revolución. A su vez, sin culpar a su antecesor, Raúl comenzó a desmontar los métodos y planes anteriores: desaparecieron las marchas combatientes, las tribunas sabatinas y otras movilizaciones políticas que formaban parte de la Batalla de Ideas, a la vez que realizó fuertes críticas a la ineficiente producción agropecuaria.
En esa dirección, el 11 de julio de 2007, en la clausura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), planteó, entre otras cosas que “Cada una de las provincias debe tener sus constructores, debe tener sus propios maestros, y debe tener sus propios policías…”. Criticó las plantillas laborales Infladas (método artificial mediante el cual se “redujo” el desempleo a cifras casi nulas y demostrar al mundo la superioridad del sistema cubano). Llamó a los maestros y profesores jubilados a regresar a su profesión. Anunció la eliminación de gratuidades indebidas y el exceso de subsidios. Planteó revertir la tendencia al decrecimiento del área de tierra cultivada (en los nueve años que van de 1998 a 2007 el área había decrecido en un 33%). Luego, el 26 de julio de 2007, en Camagüey, planteó la necesidad de introducir cambios estructurales y de conceptos, enfatizó la importancia vital de producir en Cuba lo que se compra en el exterior y reconoció la existencia de enormes extensiones de tierra infectadas de marabú.
Seguidamente se inició la venta de computadoras, DVD, equipos electrónicos, acceso a la telefonía móvil, alojamiento de los nacionales en hoteles reservados para turistas y alquiler de automóviles en divisas. Se generalizó la entrega de licencias a vendedores de alimentos; comenzaron a cerrarse los comedores obreros; se entregaron en arriendo a los trabajadores, autos de piqueras, barberías de hasta tres sillones, pequeños salones de belleza; se flexibilizaron las regulaciones para la construcción y reparación de viviendas y se permitió la venta de frutas y verduras en las carreteras.
Lo más destacado fue el Decreto-Ley 259 para la entrega de tierras ociosas en usufructo; una medida importante pero insuficiente y contradictoria, pues luego de reconocer la incapacidad del Estado para producir y considerar la producción de alimentos como problema de máxima seguridad nacional, el Decreto-Ley mantuvo al Estado ineficiente como propietario, mientras los productores eficientes quedaron reducidos a usufructuarios.
El segundo momento
El 19 de febrero de 2008, resultado del empeoramiento de la salud de Fidel, se publicó el “Mensaje del Comandante en Jefe” mediante el cual renunciaba definitivamente a sus múltiples cargos. Cinco días más tarde, el 24 de febrero, Raúl Castro en la ANPP, fue elegido Presidente del Consejo de Estado, dando inicio al segundo momento de su gobierno, el cual abrió una etapa de conjeturas, deseos, aspiraciones y esperanzas.
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A partir de ese momento, quedó sin lugar la fragmentación del poder dictada en julio de 2006 por Fidel Castro. Lage y Pérez Roque terminaron separados del PCC y los demás cesaron en sus funciones o asumieron otras en el nuevo gobierno. De ellos emergió José Ramón Machado Ventura como Segundo Secretario del PCC y Vicepresidente del Consejo de Estado y Esteban Lazo conservó su condición de miembro del Buró Político.
En este segundo momento comenzó la introducción de un conjunto de medidas que se puede calificar como un plan mínimo de reformas, limitado a algunos aspectos de la economía, cuyo contenido se resume en: 1- Lograr una agricultura fuerte y eficiente para garantizar la alimentación de la población y sustituir importaciones. 2- Hacer que las personas sientan la necesidad de trabajar para vivir. 3- Rechazar firmemente las ilegalidades y otras manifestaciones de corrupción. 4- Desinflar las plantillas laborales, cuyas plazas innecesarias sobrepasaban el millón de trabajadores y 5- Impulsar el trabajo por cuenta propia.
En la segunda mitad del año 2011 se promulgaron varios decretos y resoluciones autorizando la transmisión de propiedad de vehículos entre particulares; la compra-venta, permuta, donación y adjudicación de viviendas; la flexibilización en el arrendamiento de viviendas; la comercialización de las producciones agrícolas en el sector turístico; se amplió la política crediticia a los trabajadores por cuenta propia y a los pequeños agricultores y se flexibilizaron las restricciones a los cubanos del interior del país para emigrar a La Habana.
Entre otros factores, ese programa mínimo estuvo limitado por una especie de dualidad de poderes, manifestada en el compromiso del nuevo mandatario de consultar las decisiones más importantes a Fidel y en las críticas indirectas de este último, contenidas en sus reflexiones e intervenciones públicas. El punto más crítico de esa dualidad se produjo a mediados del año 2011, cuando el líder de la revolución realizó varias reapariciones en público: el 11 de julio en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas; el 13 de julio en el Centro de Investigaciones de la Economía Mundial, donde ordenó realizar una investigación urgente acerca de cómo sería la postguerra; el 15 de julio en el Acuario Nacional; el 16 de julio en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se reunió con los embajadores cubanos en el exterior; y el 25 de julio, víspera del aniversario del Asalto al Cuartel Moncada, vestido de verde olivo en Artemisa. El mismo día 26 celebró la conmemoración del Asalto con artistas, intelectuales, Pastores por la Paz y otros invitados.
Finalmente, el sábado 7 de agosto en una sesión extraordinaria de la ANPP, Fidel intervino para expresar una vez más sus preocupaciones por la inminente guerra nuclear y las relaciones con Estados Unidos. En su intervención aseguró que el mundo se salvará si tiene en cuenta los razonamientos lógicos que él estaba exponiendo. En ese sentido, refiriéndose al presidente Obama, dijo que este: Tal vez no daría la orden si lo persuadimos.
En medio de esas actividades, el 1 de agosto, en la sesión ordinaria de la ANPP, Raúl Castro anunció la generalización del trabajo por cuenta propia, incluyendo la contratación de mano de obra, algo inédito en Cuba; y el 13 de agosto, se anunció la próxima liberación de otros seis prisioneros políticos. Dos acontecimientos que develaban contradicciones que podrían derivar en desgobierno.
La importancia de este segundo momento del gobierno de Raúl consiste, en que las medidas introducidas en un contexto nacional e internacional desfavorable, sin economía y sin otro país que lo sostenga de forma indefinida, era imposible el retroceso al inmovilismo anterior. Por tanto, la única salida, con o sin voluntad política, es seguir adelante.
El tercer momento
El VI Congreso y la Primera Conferencia Nacional del PCC, celebrados en abril de 2011 y enero de 2012 respectivamente, se presentaban como definitorios para los cambios.
En el informe al VI Congreso, Raúl planteó que el trabajo por cuenta propia estaba llamado a convertirse en un factor facilitador para la construcción del socialismo en Cuba, ya que permitirá al Estado concentrarse en la elevación de la eficiencia de los medios fundamentales de producción y desprenderse de la administración de actividades no estratégicas para el país. Y en la clausura explicó que la actualización del modelo económico se desplegará gradualmente en el transcurso del quinquenio; reconoció que a pesar del Decreto-Ley 259 persisten miles y miles de hectáreas ociosas; llamó a modificar en la vida del Partido la mentalidad, atada durante largos años a los mismos dogmas y criterios obsoletos y declaró que su misión principal y el sentido de su vida era defender, preservar y proseguir perfeccionando el Socialismo.
Los contenidos del programa mínimo, asumidos como acuerdos del cónclave partidista, quedaron desglosados en los Lineamientos de la Política Económica y Social, pero acotados por el sistema de planificación socialista y la empresa estatal como vía principal para la dirección de la economía.
Unos días después que el VI Congreso había acordado cambiar los métodos y separar las funciones políticas de las administrativas, en las 15 conferencias provinciales del PCC celebradas entre mayo y julio de 2011, Machado Ventura reiteró ideas como las siguientes: “El Partido no administra, eso es bueno, pero no puede perder el control sobre sus militantes, independientemente del cargo que ocupen”; “Tenemos que conocer de antemano qué va a sembrar y cosechar cada productor”; “Hay que exigirle a los que no hacen producir la tierra”. Planteamientos dirigidos a mantener la economía subordinada al Partido y por tanto frenando el interés de los productores.
En ese contexto, en los 30 días que separan el jueves 10 de mayo del sábado 9 de junio de 2012, Fidel Castro publicó cuatro reflexiones y después, entre el 11 y el 18 de junio, aparecieron ocho pequeños textos –de unas 43 palabras de promedio– sobre Erich Honecker, Teófilo Stevenson, Alberto Juantorena, Deng Xiaoping, versos de Nicolás Guillén sobre Che Guevara, la moringa, los yogas y sobre la expansión del universo. Mensajes nebulosos, sin relación entre ellos y ajenos a nuestra realidad. Desde esa fecha, la desaparición de sus textos parece marcar el fin de la dualidad de poderes, por lo que ahora y no antes se puede hablar del gobierno de Raúl.
En el mes de julio de 2012, en la clausura del IX Período Ordinario de Sesiones de la ANPP, cuando ya no se publicaban las reflexiones de Fidel, Raúl Castro volvió sobre los planteamientos realizados en el informe al VI Congreso, como el referido al aumento de las tierras ociosas hasta cinco caballerías y otras. El 26 de julio de ese año, en Guantánamo, retomó el tema de las relaciones con Estados Unidos y el 30 de julio, encabezó la marcha por el Día de los Mártires en Santiago de Cuba, lo que podía ser la confirmación del tercer momento de su gobierno.
Resultados de los tres momentos
Respecto a lograr una agricultura fuerte y eficiente para garantizar la alimentación de los cubanos, tenemos que la producción agropecuaria cayó en el año 2010 en 4,2%; en el 2011 el Producto Interno Bruto (PIB) creció menos de lo previsto; la importación de alimentos aumentó de 1,5 miles de millones en 2010 a 1,7 millones en 2011; las ventas disminuyeron en 19,4% respecto a 2010 y los precios al detalle se incrementaron en 19,8%; mientras el salario medio mensual nominal aumentó solo en 2,2%, lo que empeoró la situación del cubano respecto al momento en que se comenzaron a introducir los cambios. Las zafras azucareras continuaron con producciones similares a la de principios del siglo XX, incluyendo la zafra 2011-2012, que programada para producir 1 450 000 toneladas de azúcar, a pesar de contar con la materia prima suficiente y con el 98% de los recursos contratados para su ejecución, presentó las mismas deficiencias anteriores: ni alcanzó la meta ni terminó en tiempo.
El propósito de que las personas sientan la necesidad de trabajar para vivir, un asunto estrechamente relacionado con las ilegalidades y otras manifestaciones de corrupción, no se logró. En su lugar, las actividades delictivas crecieron, como lo demuestra la cantidad de procesos judiciales celebrados y en marcha, al punto que la corrupción, junto a la ineficiencia de la producción, constituyen problemas de seguridad nacional. La respuesta gubernamental, limitada a la represión, la vigilancia y el control, no ha tenido éxito. La propia prensa oficial ha reflejado en los últimos años las constantes violaciones de precios, desvío de recursos, hurto y robo realizados diariamente por miles y miles de cubanos, incluyendo a altos funcionarios que están siendo procesados legalmente, pero el mal no se ha podido detener.
Respecto a desinflar las plantillas laborales, las limitaciones impuestas al trabajo por cuenta propia impidieron que este sector absorbiera la cantidad esperada de trabajadores estatales. De 374 000 cuentapropistas más de 300 000 eran personas sin vínculo laboral o jubilados. Así, el Trabajo por Cuenta Propia, que además de inconstitucional –pues la Constitución establece que la propiedad sobre los medios e instrumentos de trabajo personal o familiar no pueden ser utilizados para la obtención de ingresos mediante la explotación de trabajo ajeno–; absorbió menos del 20% de los trabajadores estatales, por lo que el propósito de que esta modalidad asumiera el desempleo de las plantillas infladas, de facilitar al Estado concentrarse en la elevación de la eficiencia de los medios fundamentales de producción y de desprenderse de la administración de actividades no estratégicas para el país, no dieron los frutos esperados.
La anunciada implantación de nuevas medidas, entre ellas, continuar en el año 2012 sin cobrar impuestos a los que empleen hasta cinco empleados, elevar hasta 10 000 pesos la cuantía del ingreso personal por el cual no se pagará impuesto, un abono del 5,0% por el pronto pago de la contribución al ingreso personal, así como permitir la creación de cooperativas y una nueva ley de impuestos que flexibilizaría las cargas tributarias al sector no estatal de la economía, tampoco resolverán la crisis.
Las verdaderas causas

Ante una crisis estructural profunda como la cubana, los cambios tienen que tener carácter estructural. El tiempo transcurrido se ha encargado de demostrar que los pequeños cambios en algunos aspectos de la economía tienen que extenderse desde la coexistencia de las diversas formas de propiedad, incluyendo la privada y la formación de pequeñas y medianas empresas hasta los derechos y libertades ciudadanas. El propósito de conservar el fracasado sistema de planificación como vía principal para la dirección de la economía, la negativa a aceptar que las diversas formas de propiedad desempeñen el papel que le corresponde, ha determinado que la economía –punto de partida elegido para el arranque– continúe sometida a intereses partidistas e ideológicos, mientras la participación ciudadana brilla por su ausencia.
Si el fracaso del modelo totalitario obligó al gobierno cubano, fuera de tiempo, a optar por unas reformas que habían sido ya introducidas por los cubanos al margen de la ley; la actualización del modelo fue más un reconocimiento de la realidad existente que la introducción de medidas resultantes de una voluntad de cambios.
La Primera Conferencia del Partido Comunista de Cuba demostró definitivamente la inviabilidad del modelo vigente y la incapacidad de sus dirigentes para romper con las ataduras ideológicas que impiden avanzar. La negativa a introducir las libertades ciudadanas cerró las posibilidades de cambio. La demora para flexibilizar las medidas migratorias, para democratizar Internet, y para reincorporar en la legislación cubana los derechos y libertades contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y en el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, constituye la principal causa del fracaso obtenido.
A lo anterior hay que añadir que el factor tiempo se les agotó. Ahora, sin tiempo, se habla de sin prisa pero sin pausa, lo que trasluce nítidamente la decisión de no cambiar nada que ponga en peligro el poder.
Con independencia de los obstáculos que ha enfrentado el general Raúl Castro en los tres momentos de su gobierno, lo decisivo en el fracaso ha sido la inviabilidad del modelo vigente. Si su gestión de gobierno hubiera contado con las mejores condiciones para implementar las reformas, de todas formas hubiera fracasado, pues en ausencia de las libertades –que constituyen un requisito de la modernidad– y de una alta cuota de voluntad política para conformar un nuevo consenso nacional, era, es y será imposible sacar a Cuba de la profunda crisis en que está inmersa. La capacidad e inteligencia de un hombre o un equipo de gobierno, por altas que sean, resultan incapaces para remontar la actual situación. Esa es la realidad y en eso consiste el reto.

Publicado en el Diaario de Cuba (http://www.diariodecuba.com/cuba/13725-la-constitucion-de-la-yaya-y-la-futura-constitucion-cubana)

El 29 de octubre de 1897 en el potrero de La Yaya, en Sibanicú, Camaguey,  culminó la redacción de la que sería la última constitución mambisa. El texto resultante significó un salto cualitativo en la historia constitucional cubana debido a la inclusión, por vez primera de una parte dogmática, donde quedaron regulados los derechos civiles individuales y políticos más avanzados para esa época: habeas corpus, libertad postal, libertad religiosa, igualdad ante el impuesto, libertad de enseñanza, derecho de petición, inviolabilidad de domicilio, sufragio universal, libertad de opinión, y derecho de reunión y asociación.

Ese resultado estuvo determinado por causas múltiples, particularmente porque la interdependencia entre desarrollo y libertades presente en todo proyecto social se refleja en la historia constitucional de los derechos humanos. Ejemplos de ello son: la Carta Magna que los nobles ingleses impusieron  a Juan Sin Tierra en 1215, el Acta de Hábeas Corpus de 1674, la Declaración de Derechos inglesa de 1689, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776, la Declaración de Francia de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, entre otros documentos, asumieron nivel planetario con la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y con los pactos internacionales de Derechos Civiles y políticos y de Derechos Económicos Sociales y Culturales que entraron en vigor en 1976.

En Cuba la historia constitucional comenzó en la época colonial con el Proyecto de Gobierno Autonómico para Cuba, elaborado en 1811 por el padre José Agustín Caballero. En 1812, el abogado bayamés Joaquín Infante redactó el Proyecto de Constitución para la Isla de Cuba. Y en 1821, el presbítero Félix Varela elaboró un Proyecto de Instrucción para el Gobierno Autonómico Económico y Político de las provincias de Ultramar. Posteriormente, durante las guerras de independencia, en un contexto de contradicciones entre las tendencias militaristas y civilistas, las legislaciones mambisas enriquecieron la historia constitucional de Cuba.

El 10 de abril de 1869 se firmó la Constitución de Guáimaro, en la cual se impuso la tendencia civilista. Esta Ley Fundamental basada en la división tripartita de poderes, depositó el Legislativo en una Cámara de Representantes con autoridad para nombrar y deponer al Presidente de la República en Armas y al General en Jefe. El Ejecutivo quedó en manos del Presidente y el Poder Judicial era independiente. A pesar de haber sido elaborada en plena guerra y de que la Cámara de Representantes era la depositaria de la soberanía, el carácter civilista de esta Constitución permitió que los derechos y libertades de los cubanos quedaran recogidos en su artículo 28 de la siguiente forma: “La Cámara no podrá atacar las libertades de culto, imprenta, reunión pacífica, enseñanza y petición, ni derecho alguno inalienable del Pueblo”. Según el Dr. Oscar Loyola, en Guáimaro, la posibilidad de una dictadura militar, siempre latente en un proceso histórico de tal naturaleza, quedó programáticamente, eliminada.

Del 13 al 18 de septiembre de 1895, al reiniciarse la lucha por la independencia de Cuba, se redactó en Jimaguayú una nueva Constitución que reflejó las experiencias de la Guerra de los Diez Años.  En ella, como expresa el M. Sc. Antonio Álvarez, se entrecruzaron tres grupos de intereses: el predominio militar, el equilibrio martiano y el civilismo exacerbado, entre los cuales hubo un pacto de interese, el cual se reflejó en que la máxima autoridad gubernamental se concentró en un Consejo de Gobierno con atribuciones para dictar todo lo relativo a la vida civil y política de la revolución, es decir, con funciones ejecutivas y legislativas. El artículo 24 del texto limitaba la vigencia de esta Constitución a un período de dos años.

En cumplimiento de ese artículo, del 13 al 29 de octubre se reunió en La Yaya una nueva Asamblea Constituyente. La Constitución resultante retomó el esquema civilista de Guáimaro, consolidó la organización del poder colegiado de carácter civil y con ella cerró el ciclo del constitucionalismo independentista (Guáimaro, Baraguá, Jimaguayú y La Yaya), que entorpecido por la ocupación norteamericana y la imposición de la Enmienda Platt, dio paso a la etapa republicana. La mejor evidencia del alcance e importancia de La Yaya consiste en que los derechos civiles y políticos refrendados en ella fueron retomados y ampliados en las constituciones de 1901 y 1940.

Los partidarios de la supremacía del militarismo preguntan ¿Por qué se incluyó una parte dogmática en una Ley cuyo fin inmediato era servir de instrumento jurídico en época de guerra? La respuesta a esta interrogante había sido adelantada en varios textos por José Martí, para quien la república asumió la alta definición de alma democrática de la nación.

Martí estableció una relación genética y lógica entre guerra, independencia y república, donde la primera constituía un eslabón mediador para llegar a la última. Para ello delimitó las funciones de la guerra de modo que en la conquista de la independencia inmediata fueran los gérmenes de la independencia definitiva de mañana, pues consideraba que en la hora de la victoria sólo fructifican las semillas que se siembran en la hora de la guerra.

En el discurso Con todos y pare el bien de todos, pronunciado en noviembre de 1891 dijo: “Cerrémosle el paso a la república que no venga preparada por medios dignos del decoro del hombre, para el bien y la prosperidad de todos los cubanos!”. En abril de 1893 expresó: “La grandeza es esa del Partido Revolucionario: que para fundar una república, ha empezado con la república. Su fuerza es esa: que en la obra de todos, da derecho a todos. Es una idea lo que hay que llevar a Cuba: no una persona”. Y en el Manifiesto de Montecristi escribió: “Desde sus raíces se ha de constituir la patria con formas viables, y de sí propia nacidas, de modo que un gobierno sin realidad ni sanción no la conduzca a las parcialidades o a la tiranía”.

La mejor prueba de la importancia del civilismo de la Constitución de La Yaya está en los acontecimientos posteriores a 1959. Después de 17 años regidos por la Ley Fundamental de la República de Cuba –que derogó la Constitución de 1940, heredera de La Yaya– se aprobó la Constitución de 1976, en la que los derechos civiles y políticos quedaron supeditados al reconocimiento del Partido Comunista, como la fuerza superior dirigente de la sociedad y del Estado; algo ajeno y contrario cuando una nueva asamblea constituyente, elegida por el pueblo, asuma la misión de redactar una Carta Magna que recoja la herencia constitucional y la adapte a la realidad de la Cuba de hoy y a los vientos que soplan por el universo.