Hemeroteca de enero 2012

(Publicado en el Diario de Cuba el lunes 16 de enero de 2012: http://www.diariodecuba.com/cuba/9112-reforma-universitaria-sin-autonomía)

En ocasión del 50 aniversario de la Reforma Universitaria promulgada en enero de 1962, el diario Granma publicó el lunes 9 de enero de 2012 un artículo de Armando Hart Dávalos  titulado Universidad y Sociedad, en el cual se plantea que: “tras el triunfo de la Revolución era imprescindible la Reforma Universitaria para poder hacer realidad la articulación definitiva de la universidad con el pueblo y con la nueva realidad socioeconómica nacional…”.

En el artículo se omite lo más significativo: la historia que condujo a la pérdida de la Autonomía Universitaria como nervio de la sociedad civil. Tal simplificación de los antecedentes  le permite a Hart conferirle a la reforma de 1962 un carácter definitivo, tal como si los procesos sociales tuvieran un punto de remate.

José Ortega y Gasset, en Misión de la Universidad y otros ensayos afines, sentenció:”El hombre pertenece consustancialmente a una generación y toda generación se instala no en cualquier parte, sino muy precisamente sobre la anterior. Esto significa que es forzoso vivir a la altura de los tiempos y muy especialmente a la altura de las ideas del tiempo”.

Entre el siglo XIX y principios del XX, el padre José Agustín Caballero,  Tomás Romay Chacón, Félix Varela, José de la Luz y Caballero, José Martí y Enrique José Varona, entre muchos otros, realizaron ingentes esfuerzos por situarse a la educación a  la altura de sus tiempos. De ello se deduce que la reforma de la enseñanza es un proceso continuo que no admite “carácter definitivo” y que de esa continuidad emergió la Autonomía Universitaria como necesidad ineludible de la modernidad.

En la República, Carlos de la Torre, en el discurso de toma de posesión del cargo de Rector de la Universidad de La Habana en 1921, esbozó un programa para reformar la universidad y lograr la Autonomía Universitaria, que para él consistía: “en autorizar a la Universidad a manejarse en todos sus asuntos con absoluta independencia, menos en lo relativo al manejo de sus fondos”. Al año siguiente el Rector de la Universidad de Buenos Aires, José Arces, impartió una conferencia acerca de “la evolución de las universidades argentinas”, en la cual explicó el proceso iniciado con el Manifiesto de Córdoba de 1918, que dio lugar a una reforma universitaria cuyo eje central era la autonomía y la intervención del estudiantado en el gobierno universitario.

En ese contexto un grupo de estudiantes cubanos publicaron un manifiesto en el que llamaban a constituir una asociación estudiantil, la que fue fundada en diciembre de 1922 con el nombre de Federación de Estudiantes Universitarios (FEU). Seguidamente, el 10 de enero de 1923, la naciente federación publicó el Documento Programa de la Reforma Universitaria en Cuba, en el que se solicitaba “La personalidad jurídica de la Universidad y su autonomía en asuntos económicos y docentes”. Para solucionar la situación, Enrique José Varona propuso crear una comisión integrada por profesores y alumnos para estudiar el proyecto, lo que al ser aceptado condujo a la constitución de la Comisión Mixta, integrada por el Rector, profesores y miembros de la FEU y reconocida por decreto Presidencial
Analizado el proyecto por la Comisión Mixta, el Rector, el Directorio, profesores y alumnos, se dirigieron hasta el palacio Presidencial y entregaron al presidente, Alfredo Zayas, las bases del proyecto de ley para la Autonomía Universitaria. Zayas, ante la fuerza del movimiento reformista, reconoció legalmente a la FEU y autorizó la creación de la Asamblea Universitaria, compuesta por profesores, graduados y estudiantes. El avance reformista desembocó, en octubre de 1923, en el Primer Congreso Nacional de Estudiantes, que exigió la derogación de la Enmienda Platt y acordó crear la Universidad Popular José Martí, para abrir las puertas del alto centro docente a los obreros.

Durante el gobierno de Gerardo Machado se disolvió la Asamblea Universitaria y se ilegalizó a la FEU, pero la lucha continuó. Finalmente el 10 de septiembre de 1933, después de la caída de Machado, el Gobierno de los Cien Días encabezado por Ramón Grau San Martín emitió el Decreto Ley 2059 de octubre de 1933, que puso en vigor la Autonomía Universitaria. Posteriormente, al fracasar la huelga de marzo de 1935, la Universidad fue tomada militarmente y el gobierno dejó sin efecto la autonomía.
En 1939, bajo la presidencia de Federico Laredo Bru, se restableció la Autonomía Universitaria y se convocó a la Asamblea Constituyente que aprobó y redactó la Carta Magna de 1940, la cual, en su artículo 53, refrendó el carácter constitucional de la Autonomía Universitaria de la siguiente forma: “La Universidad de La Habana es autónoma y estará gobernada de acuerdo con sus Estatutos y con la Ley a que los mismos deban atemperarse”. Gracias a ella en el recinto docente se pudieron formar las fuerzas  que enfrentarían el Golpe Militar de 1952, a pesar de que Fulgencio Batista echó por tierra la peligrosa Autonomía Universitaria con la derogación de la Constitución del 40.

En enero de 1959, en lugar de la promesa de restablecer la Constitución de 1940, como rezaba en La Historia me Absolverá, ésta fue reformada, sin consulta popular, para conferir al Primer Ministro las facultades de Jefe de Gobierno y al Consejo de Ministros las funciones del Congreso; una modificación similar a la que había hecho Batista con los Estatutos que sustituyeron la Constitución después del Golpe de Estado de 1952. Acto seguido se procedió al desmontaje de la sociedad civil y de todos sus instrumentos, incluyendo la Autonomía Universitaria.

Para ello se creó el Consejo Superior de Universidades, formado por profesores y estudiantes de los tres centros universitarios del país y representantes del Gobierno. Dicho Consejo elaboró el proyecto de Reforma Universitaria presentada el 10 de enero de 1962. Ese mismo año, el dirigente comunista cubano, Carlos Rafael Rodríguez, en un artículo publicado en la prensa, planteó que la nueva Universidad sería regida conjuntamente por profesores y alumnos, pero aclaró: “en la medida en que la revolución universitaria es obra de una verdadera revolución y que el socialismo preside las transformaciones, no es posible pensar en los profesores y los estudiantes como dos grupos antagónicos… Un profesor de conciencia revolucionaria, orientado por el marxismo leninismo y militante de esa ideología durante años (se refería a Juan Marinello), no necesitará de la presencia vigilante de los estudiantes junto a él en el gobierno de la Universidad, porque tendrá la madurez suficiente para enfocar los problemas de la educación superior con un criterio certero”.

De esa forma, la Autonomía Universitaria, sin haber sido derogada legalmente, de hecho dejó de existir. Desde ese momento la Universidad, una de las fuentes más importantes de cambios sociales en nuestra historia, quedó inutilizada para esos fines. Una de sus peores consecuencias radicó en que bajo ese control, el Estado enarboló la consigna de la Universidad para los revolucionarios, que se materializó en la separación de cientos de estudiantes y profesores que no compartían la ideología del sistema.

El resultado no podía ser otro. Ante la intención de darle carácter definitivo a un proceso cambiante, la Universidad, con la pérdida de la Autonomía, dejó de ser nervio de la sociedad civil. Por ello, los cambios que se están efectuando en la economía tienen que ser complementados con cambios en la libertades y los derechos, entre los cuales la Autonomía Universitaria es una necesidad insoslayable para poner la Universidad a la altura de los tiempos.

(Publicado en el Diario de Cuba el viernes 7 de enero de 2012: http://www.diariodecuba.com/derechos-humanos/8964-del-indulto-la-amnistia)
En la clausura del VIII Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el 23 de diciembre de 2011, el general Raúl Castro anunció que “en un gesto humanitario y soberano”, el Consejo de Estado de la República de Cuba había acordado indultar a más de 2 900 cubanos y extranjeros sancionados. A pesar de lo positivo que resulta que 2 900 compatriotas salgan de prisión a convivir nuevamente con sus familiares, este indulto, como el resto de las medidas que el gobierno cubano ha venido disponiendo en los últimos tiempos, está signado por lo insuficiente, tardío y limitado.

Si el socialismo cubano es un sistema humanitario y de justicia social, como declara el gobierno,  habría que aceptar que las liberaciones de presos realizadas por los gobiernos de Cuba anteriores a 1959, tanto en la colonia como en la república, fueron tan  o más humanitarias que el actual indulto, y que en muchas oportunidades aquellas liberaciones se  acompañaron de otras medidas liberadoras que desempeñaron un importante papel en los cambios sociales posteriores a su promulgación.

El indulto es una medida mediante la cual de forma excepcional el jefe de Estado perdona total o parcialmente una pena o la sustituye por otra más benigna. Es, por tanto,  un favor concedido donde el recluso se considera culpable, pero la “magnanimidad” del Jefe de Estado permite perdonarlo. Sin embargo, en nuestra historia política ha sido más común la amnistía, que a diferencia del indulto, significa la extinción de la responsabilidad penal, es decir, implica el olvido legal del delito cometido, sea real o supuesto. En ese sentido es suficiente citar cuatro de esos ejemplos:

En 1861, el gobierno español decretó una amnistía que permitió el retorno a Cuba de condenados por razones políticas, entre ellos el médico Antonio de Castro, quien organizó el cuerpo irregular masónico que estructuró la rebelión independentista iniciada en octubre de  1868. Ejemplos de lo anterior fueron los patriotas bayameses Francisco Francisco Vicente Aguilera, Perucho Figueredo, Francisco Maceo Osorio, y Carlos Manuel de Céspedes, todos masones y el alzamiento de Las Clavellinas en Puerto Príncipe, donde de 72 de  los 76 participantes eran miembros de la logia Tínima, entre ellos Ignacio Agramonte.

En 1878, gracias a la amnistía decretada por España en cumplimiento del Pacto del Zanjón numerosos exiliados pudieron regresar a Cuba. Baste mencionar a cuatro de ellos: José Martí, Juan Gualberto Gómez, Antonio Maceo y Calixto García. Esa amnistía se complementó con otras medidas liberadoras dispuestas entre 1879 y 1886, como fueron la libertades de imprenta, de reunión y de asociación refrendadas por el artículo 13 de la Constitución Española, lo que permitió la existencia legal de órganos de prensa, asociaciones económicas, culturales, fraternales, educacionales, sindicales y políticas que participaron en la preparación de la Guerra de Independencia de 1895.

En 1937, el entonces presidente de la república, el coronel de la Guerra de Independencia Federico Laredo Bru, antes de convocar la asamblea constituyente de 1940, con el fin de restablecer el orden constitucional que había sido interrumpido desde 1928 dictó una amnistía política que benefició a más de 3 000 prisioneros, gracias a la cual los exiliados pudieron regresar a Cuba, se conformaron nuevas agrupaciones políticas, entre las cuales estaba el partido Unión Revolucionaria Comunista (1937) y su legalización en 1939 y se creó un escenario conciliatorio del cual emergió la flamante Constitución de 1940.

En 1955, Fulgencio Batista después de las elecciones fraudulentas de 1954, al retomar posesión, restableció la Constitución de 1940 que él mismo había violado y otorgó una amnistía a los prisioneros políticos, entre ellos a los asaltantes al Cuartel Moncada, quienes en junio de 1955 fundaron el Movimiento del 26 de Julio, tomaron el poder y son gobierno hasta el día de hoy.

Esos cuatro ejemplos evidencian la relación existente en Cuba entre amnistía y cambio social y ponen de manifiesto la limitación del presente indulto al menos por dos indiscutibles razones: 1- porque el número de excarcelados apenas favorece al 5% de la población penal del país, entre ellos,  mujeres, enfermos, mayores de 60 años de edad y algunos condenados por delitos contra la Seguridad del Estado que ya han cumplido una parte importante de la pena impuesta y 2- por que el perdón no altera el estado actual de la sociedad cubana requerida de cambios, deja en pie las medidas que permitieron los encarcelamientos y no reconoce la responsabilidad del Estado en tan alta población penal.

Por la información brindada la abrumadora mayoría de los excarcelados guardaban prisión por delitos comunes. En este sentido el indulto es injusto, porque al liberado se le sigue considerando culpable, desconociendo con ello la corresponsabilidad del Estado cubano en las causas que convirtieron en Cuba el robo y el hurto en conducta cotidiana; porque la insuficiencia de los salarios y las jubilaciones para sobrevivir fomentan el delito como necesidad para la subsistencia y porque las múltiples limitaciones impuestas a los cubanos  inducen al delito. Por ello una responsabilidad compartida ameritaba una medida de mayor alcance numérico, un reconocimiento autocrítico y su acompañamiento con otros derechos y libertades ciudadanas, para que cada vez menos cubanos incrementen la población penal.

De igual forma, en cuanto a los pocos prisioneros políticos incluidos en los indultados,  el Estado cubano tiene una buena parte de la responsabilidad por convertir en delito el ejercicio de los derechos fundamentales que estaban refrendados en la Constitución de 1940. Entre ellos el derecho a desfilar y formar organizaciones políticas contrarias al régimen, la autonomía de la Universidad de la Habana, la declaración de punible a todo acto de prohibición o limitación del ciudadano a participar en la vida política de la nación y el reconocimiento de la legitimidad de oponer resistencia para la protección de los derechos individuales. En fin, que la insuficiencia del actual indulto obliga a transitar hacia la amnistía y hacia la democratización de Cuba.

En la clausura del VIII Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el 23 de diciembre de 2011, el general Raúl Castro anunció que “en un gesto humanitario y soberano”, el Consejo de Estado de la República de Cuba había acordado indultar a más de 2 900 cubanos y extranjeros sancionados. A pesar de lo positivo que resulta que 2 900 compatriotas salgan de prisión a convivir nuevamente con sus familiares, este indulto, como el resto de las medidas que el gobierno cubano ha venido disponiendo en los últimos tiempos, está signado por lo insuficiente, tardío y limitado.

Si el socialismo cubano es un sistema humanitario y de justicia social, como declara el gobierno,  habría que aceptar que las liberaciones de presos realizadas por los gobiernos de Cuba anteriores a 1959, tanto en la colonia como en la república, fueron tan  o más humanitarias que el actual indulto, y que en muchas oportunidades aquellas liberaciones se  acompañaron de otras medidas liberadoras que desempeñaron un importante papel en los cambios sociales posteriores a su promulgación.

El indulto es una medida mediante la cual de forma excepcional el jefe de Estado perdona total o parcialmente una pena o la sustituye por otra más benigna. Es, por tanto,  un favor concedido donde el recluso se considera culpable, pero la “magnanimidad” del Jefe de Estado permite perdonarlo. Sin embargo, en nuestra historia política ha sido más común la amnistía, que a diferencia del indulto, significa la extinción de la responsabilidad penal, es decir, implica el olvido legal del delito cometido, sea real o supuesto. En ese sentido es suficiente citar cuatro de esos ejemplos:

En 1861, el gobierno español decretó una amnistía que permitió el retorno a Cuba de condenados por razones políticas, entre ellos el médico Antonio de Castro, quien organizó el cuerpo irregular masónico que estructuró la rebelión independentista iniciada en octubre de  1868. Ejemplos de lo anterior fueron los patriotas bayameses Francisco Francisco Vicente Aguilera, Perucho Figueredo, Francisco Maceo Osorio, y Carlos Manuel de Céspedes, todos masones y el alzamiento de Las Clavellinas en Puerto Príncipe, donde de 72 de  los 76 participantes eran miembros de la logia Tínima, entre ellos Ignacio Agramonte.

En 1878, gracias a la amnistía decretada por España en cumplimiento del Pacto del Zanjón numerosos exiliados pudieron regresar a Cuba. Baste mencionar a cuatro de ellos: José Martí, Juan Gualberto Gómez, Antonio Maceo y Calixto García. Esa amnistía se complementó con otras medidas liberadoras dispuestas entre 1879 y 1886, como fueron la libertades de imprenta, de reunión y de asociación refrendadas por el artículo 13 de la Constitución Española, lo que permitió la existencia legal de órganos de prensa, asociaciones económicas, culturales, fraternales, educacionales, sindicales y políticas que participaron en la preparación de la Guerra de Independencia de 1895.

En 1937, el entonces presidente de la república, el coronel de la Guerra de Independencia Federico Laredo Bru, antes de convocar la asamblea constituyente de 1940, con el fin de restablecer el orden constitucional que había sido interrumpido desde 1928 dictó una amnistía política que benefició a más de 3 000 prisioneros, gracias a la cual los exiliados pudieron regresar a Cuba, se conformaron nuevas agrupaciones políticas, entre las cuales estaba el partido Unión Revolucionaria Comunista (1937) y su legalización en 1939 y se creó un escenario conciliatorio del cual emergió la flamante Constitución de 1940.

En 1955, Fulgencio Batista después de las elecciones fraudulentas de 1954, al retomar posesión, restableció la Constitución de 1940 que él mismo había violado y otorgó una amnistía a los prisioneros políticos, entre ellos a los asaltantes al Cuartel Moncada, quienes en junio de 1955 fundaron el Movimiento del 26 de Julio, tomaron el poder y son gobierno hasta el día de hoy.

Esos cuatro ejemplos evidencian la relación existente en Cuba entre amnistía y cambio social y ponen de manifiesto la limitación del presente indulto al menos por dos indiscutibles razones: 1- porque el número de excarcelados apenas favorece al 5% de la población penal del país, entre ellos,  mujeres, enfermos, mayores de 60 años de edad y algunos condenados por delitos contra la Seguridad del Estado que ya han cumplido una parte importante de la pena impuesta y 2- por que el perdón no altera el estado actual de la sociedad cubana requerida de cambios, deja en pie las medidas que permitieron los encarcelamientos y no reconoce la responsabilidad del Estado en tan alta población penal.

Por la información brindada la abrumadora mayoría de los excarcelados guardaban prisión por delitos comunes. En este sentido el indulto es injusto, porque al liberado se le sigue considerando culpable, desconociendo con ello la corresponsabilidad del Estado cubano en las causas que convirtieron en Cuba el robo y el hurto en conducta cotidiana; porque la insuficiencia de los salarios y las jubilaciones para sobrevivir fomentan el delito como necesidad para la subsistencia y porque las múltiples limitaciones impuestas a los cubanos  inducen al delito. Por ello una responsabilidad compartida ameritaba una medida de mayor alcance numérico, un reconocimiento autocrítico y su acompañamiento con otros derechos y libertades ciudadanas, para que cada vez menos cubanos incrementen la población penal.

De igual forma, en cuanto a los pocos prisioneros políticos incluidos en los indultados,  el Estado cubano tiene una buena parte de la responsabilidad por convertir en delito el ejercicio de los derechos fundamentales que estaban refrendados en la Constitución de 1940. Entre ellos el derecho a desfilar y formar organizaciones políticas contrarias al régimen, la autonomía de la Universidad de la Habana, la declaración de punible a todo acto de prohibición o limitación del ciudadano a participar en la vida política de la nación y el reconocimiento de la legitimidad de oponer resistencia para la protección de los derechos individuales. En fin, que la insuficiencia del actual indulto obliga a transitar hacia la amnistía y hacia la democratización de Cuba.

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