Hemeroteca de noviembre 2011

Publicado en el Diario de Cuba el miércoles 23 de diciembre de 2011  ( www.ddcuba.com/opinion/8265-de-regreso-al-punto-de-partida )

 

Todas las sociedades requieren cambios. Cuba, atrapada en el pasado durante medio siglo, requiere no sólo cambios, sino grandes cambios. En los últimos tres años el Gobierno ha dictado algunas medidas importantes, pero  esa importancia no radica en su alcance -bastante limitado por cierto- sino en la necesidad gubernamental de emprender transformaciones y en la ruptura del inmovilismo que caracterizó las últimas décadas.

Lo paradógico es que las recientes medidas constituyen simultáneamente una marcha atrás y a la vez un avance. Una marcha atrás porque después de un camino equivocado en el que se transitó contra la lógica de la historia, caminamos ahora hacia la Cuba de 1958.  Un avance, porque ante el tiempo perdido la salida de la crisis pasa por el regreso al punto de partida, para desde allí corregir el rumbo. El hecho concreto es que, la Cuba del 58 con sus desajustes e injusticias estaba en mejores condiciones que la Cuba de hoy para emprender un proyecto de cambios. De ahí que el regreso constituye un avance que permitirá retomar un rumbo que nunca se debió perder. Veamos algunas de las medidas dictadas desde el año 2008.

1- El Decreto Ley 259 de 2008, que dispone la entrega de tierras en usufructo constituye un retroceso respecto a la primera y segunda ley de reforma agraria, dictadas en 1959 y 1963 respectivamente. Estas dos leyes, al liquidar el monopolio latifundista de la tierra, pudieron haber sido la base para la formación de una clase media nacional y de una economía diversificada. Sin embargo, el giro hacia el totalitarismo malogró esas  posibilidades. La casi totalidad de las tierras volvieron a convertirse en un gran latifundio estatal. Entonces, cuando resultado de la mala administración y de la pérdida de interés de los productores esas tierras fueron cubiertas por las malezas y el marabú, y cuando el país tiene que comprar en el exterior el 80% de lo que consumimos, el Gobierno se vio obligado a dictar el decreto mencionado, mediante el cual se entrega 1 caballería de tierra en usufructo; disposición que habrá que  modificar hasta homologarla con la Segunda Ley de Reforma Agraria de 1963, que entregó hasta 5 caballerías en propiedad.

2- La reforma laboral, regulada por el Decreto Ley 276 de septiembre de 2010 constituye el reconocimiento del fracaso de la política de “pleno empleo”, mediante la cual se mantuvieron infladas las plantillas laborales con el fin de exhibir ante el mundo la “superioridad” del sistema cubano, en contra de toda lógica económica. Ahora este decreto deja sin empleo a más de un millón de trabajadores, que representa el  20% de la fuerza laboral cubana, una cifra muy superior al 1,7% declarado en el año 2009 y también al desempleo que existía antes de 1959.

3- El Trabajo por Cuenta Propia, incluyendo las últimas modificaciones introducidas por el Decreto Ley 284 de septiembre de 2011, aumentó de 178 a 181 las actividades permitidas, incluyendo la flexibilización para la contratación de mano de obra en algunas de las actividades. Un listado de permisibilidades, que en buena medida se reduce a legalizar lo que ya existía, mientras ignora el fomento de pequeñas y medianas empresas. Si la ampliación del trabajo por cuenta propia tiene como objetivo brindar empleo a una parte del millón y medio de trabajadores que estàn siendo despedidos y generar producciones y servicios que el Estado es incapaz de crear, entonces habrá que anular ese listado y en su lugar definir solamente las pocas actividades que no se permiten. De lo demás se ocupará la iniciativa ciudadana que ha dado sobradas muestras de su potencialidad, mucho más en un país como Cuba de tan alta instrucción. Por tanto  el presente decreto tendrá que volver a ser modificado hasta aproximarse a lo que existió hasta 1968, cuando el Gobierno, con la Ofensiva Revolucionaria,  trató de eliminar todo vestigio de propiedad privada.

4- En el año 2011 se dispuso el Decreto Ley 292, que estableció las regulaciones para la transmisión de la propiedad de vehículos por compra-venta o donación entre cubanos que viven en la isla y extranjeros residentes permanentes o temporales. También el Decreto Ley 288, similar al anterior, que permite la compra-venta o donación de inmuebles. Otra medida reciente está dirigida al arrendamiento de barberías y peluquerías, aunque los inmuebles continuarán como propiedad del Estado. Todas estas disposiciones legales quedan por debajo de lo que existía en esos ámbitos antes de 1959, cuando los autos, las viviendas, las barberías, las peluquerías y cientos de miles de establecimientos de producción y servicios eran propiedad de los ciudadanos y podían disponer de ella libremente.

A lo anterior hay que añadir la corrupción generalizada que resultó del camino equivocado. Al eliminarse la pequeña propiedad y las verdaderas cooperativas, las empresas estatales devinieron estaticulares1, provocando el surgimiento de una inmensa red sumergida de producciones y servicios que, al no poder contar con suministros de materias primas, herramientas y piezas de repuestos, generaron el hurto generalizado, conocido en el argot popular como escapar, luchar y resolver, que designan las acciones para sobrevivir. Una anormalidad potenciada por la insuficiencia de los salarios, que ha convertido a la corrupción -que hasta 1958 se limitaba esencialmente a la esfera político-administrativa- en la moral de sobrevivencia que hoy predomina.
Sin embargo, ese regreso al pasado constituye un avance en relación al presente. Retrocederemos hasta el punto donde se torció el rumbo, para ver si desde allí y a pesar del retraso y del daño antropológico ocasionado, podemos enrumbarnos nuevamente. Una posibilidad que depende de la profundización de las medidas para acercarnos lo más posible al punto de partida. Pero depende también de la creaación de la construcción de una estructura social que garantice la participación de los cubanos en las decisiones y de una concepción de la propiedad en la que convivan y cohabiten sus variadas formas, pues la propiedad, sea individual, familiar, cooperativa o estatal, tiene la función social de movilizar las potencialidades e iniciativas de las personas para producir.

En fin, se requiere, una vez situados en la arrancada, la reconversión de los cubanos en ciudadanos.

 

 

Publicado en  el Diario de Cuba (www.ddcuba.com) el 10 de noviembre de 2011

 

Entró en vigor el nuevo Decreto-Ley de la Vivienda, un reconocimiento, hasta ahora negado, del derecho de propiedad.

Este jueves 10 de noviembre entró en vigor el Decreto-Ley 288 sobre la legalización de la venta de viviendas. Complementado con seis resoluciones ministeriales, dicho decreto modifica de forma significativa lo legislado en esta materia desde la década del 60 del pasado siglo.

Con las nuevas disposiciones los cubanos, propietarios formales de inmuebles, devienen propietarios reales. Ahora pueden no sólo permutar, sino también donar, adjudicar o vender su casa a otros cubanos residentes en Cuba, con permiso de residencia en el exterior o a extranjeros residentes de forma permanente en el país. Para hacer uso de este derecho se exige que el inmueble esté inscripto en el Registro de Propiedad, una declaración sobre la licitud de los fondos y el pago de un impuesto del 4% por la transacción. El precio del inmueble lo declaran las partes, siempre que no sea inferior al valor actualizado de la misma. Y las transacciones se harán en pesos cubanos a través del Banco Nacional.

Ahora las viviendas, propiedad de cubanos que salgan definitivamente del país, seguirán siendo confiscadas, pero el Estado tramitará la propiedad a los copropietarios o a sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad, de forma gratuita. Es decir a los cónyuges, hijos, padres, abuelos, hermanos, sobrinos, tíos y primos o las personas que con el consentimiento del propietario han residido durante cinco años o más años en el inmueble.

Una valoración del alcance del nuevo Decreto-Ley exige tener en cuenta sus antecedentes.

Durante años el crecimiento de la población, el envejecimiento del fondo habitacional, el deterioro por falta de mantenimiento, los crecientes derrumbes y el bajo ritmo de las construcciones, conformaron una peliaguda situación. El modelo cubano, más útil para distribuir que para producir, se enfrascó en resolver el problema soslayando la participación ciudadana como sujeto.

Con ese propósito se inició una “batalla por la vivienda” que terminó en rotundo fracaso. De 1960 a 1970 se intentó, producir 32.000 apartamentos anuales, pero el promedio no rebasó los 11.000. De 1970 a 1980 de un plan de 38.000, apenas se alcanzaron los 17.000. En la década de 1980, el plan se elevó a 100.000 viviendas anuales, pero el promedio no superó las 40.000. Solo en la década de 1990 se sobrepasaron las 40 mil, para luego retroceder. En septiembre de 2005, el secretario del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros anunció otro plan de 100.000 viviendas nuevas por año, que también sucumbió.

Cuando el déficit habitacional generó un desenfreno de ocupaciones y construcciones ilegales, el gobierno giró el énfasis de los planes constructivos al control del desorden generalizado. La Ley No. 48 —Ley General de la Vivienda— promulgada en diciembre de 1984 autorizó la transferencia de la propiedad a los usufructuarios onerosos y ocupantes legítimos y permitió la legalización de las que se construyeron fuera de la ley. Esa medida convirtió en propietarios formales a unas 750 mil familias, pero su alcance se limitó a legalizar lo existente y poner fin al descontrol. Las ilegalidades, sin embargo, continuaron su marcha.

Cuatro años después, en diciembre de 1988, se emitió una nueva Ley General de la Vivienda. En uno de sus por cuantos se aclaraba que la propiedad personal de la vivienda debía entenderse como el derecho de disfrute de la misma por el propietario y su familia, sin que pueda convertirse en un mecanismo de enriquecimiento ni de explotación. Es decir, se prohibía a los dueños vender su inmueble. Esta Ley tampoco pudo evitar el mercado negro de compraventa y construcciones.

En julio del 2000 se emitió el Decreto-Ley 211 que autorizaba las inspecciones físicas a los inmuebles, exigía aprobación institucional para permutar y otorgaba el derecho a funcionarios estatales para determinar sobre la legitimidad de la propiedad, menoscabando el derecho reconocido en la Ley General de 1988. En esa misma dirección, en febrero del 2001, se aprobó un nuevo Decreto-Ley que eliminó definitivamente la compraventa entre particulares y otorgó a las entidades municipales de la Vivienda el derecho de confiscación. Así el cuadro quedaba cerrado.

La reciente disposición, al reconocer el derecho del propietario y eliminar las autorizaciones previas de las direcciones municipales de la Vivienda, constituye un reconocimiento de lo absurdo de las leyes anteriores. Su limitación radica en que está dirigida a la esfera de la circulación: se puede cambiar de dueño, pero no se edifican nuevas viviendas. Si uno de los objetivos de la reciente normativa es “contribuir a la solución del problema habitacional”, entonces el derecho a la propiedad tiene que ser complementado con medidas dirigidas a la construcción y reparación.

Según cifras oficiales en el año 2010 había un déficit de unas 600 mil viviendas, más de la mitad de las existentes en mal estado y el 85% necesitadas de reparación. Sin embargo, la realidad indica que las cifras son mayores.
Entre los años 2001 y 2005 cuatro huracanes: Michelle (2001), Charley e Iván (2004) y Dennis (2005) ocasionaron graves daños habitacionales. Luego, en el 2008, alrededor de medio millón de viviendas fueron dañadas o derribadas totalmente por los fenómenos atmosféricos Fay, Hanna, Gustav e Ike. Teniendo en cuenta los incumplimientos de los planes constructivos, el crecimiento poblacional y los constantes derrumbes, un cálculo conservador arroja un déficit aproximado de un millón de viviendas en una población de algo más de 11 millones. Como el actual crecimiento demográfico demanda unas 50 mil nuevas casas anuales, se requiere de varias décadas edificando unas 100 mil cada año para resolver el problema el crítico problema habitacional.

La solución del problema exige incluir la participación de los ciudadanos de forma paralela al Estado y la creación de pequeñas y medianas empresas —privadas o cooperativas— de materiales de construcción, de reparaciones, de venta de materiales, de transporte y de financiamiento alternativo. Se requiere además de estudios multidisciplinarios. En fin, la participación conjunta de Estado y Sociedad.

En esa problemática, el Decreto-Ley 288 no es sino el primer paso. Importante porque va a generar un cambio de mentalidad en los cubanos y porque es un reconocimiento, hasta ahora negado, del derecho de propiedad. Eso sí, solo se trata de un primer paso.

Publicado en el Diario de Cuba (www.ddcuba.com) el 10 de octubre de 2011

En materia de libertades y derechos, la situación actual es idéntica o peor a la que desembocó en la Guerra de los Diez Años.
 
Para cualquier sociedad resultará frustrante que su historia, en lugar de marchar hacia el progreso, retroceda a pasos agigantados: es el caso de la sociedad cubana, cuya situación en materia de libertades y derechos es idéntica o inferior a la que desembocó en la Guerra de los Diez Años.

A mediados del siglo XIX cubano, cuando las contradicciones entre colonia y metrópoli parecían acercarse a una solución reformista, los hechos tomaron otro camino. La Junta de Información, convocada por el Ministro de Ultramar con participación de comisionados cubanos para esbozar un proyecto de reforma colonial, fracasó. En lugar del reclamo insular de disminuir la contribución fiscal a un 6%, se impuso un impuesto del 10% que afectó los intereses de los hacendados isleños, en particular a los de la región centro oriental.

Veamos brevemente algunos de los acontecimientos decisivos.
El 15 de septiembre de 1868 la monarquía hispana fue sustituida por un gobierno provisional, el cual siguió negando a la Isla las libertades que reclamaba para la península. La confluencia del aumento de los impuestos, las faltas de libertades y el creciente sentimiento nacional, unidos a varios factores externos desfavorables a España, pusieron la insurrección independentista a la orden del día, la cual se estructuró desde la logia Gran Oriente de Cuba y Las Antillas (GOCA)*, un cuerpo irregular masónico que devino centro de discusión e investigación de asuntos sociales y políticos.
El 10 de octubre de 1868, el movimiento independentista comenzado en Oriente se extendió en corto tiempo hasta el centro del país. La necesidad de coordinar los esfuerzos de los grupos sublevados condujo a la convocatoria de la Asamblea de Guáimaro, el 10 de abril de 1869, en la que se promulgó la primera Constitución cubana de carácter eminentemente democrático, basada en la división de poderes. Sin embargo, diez años después del inicio de aquella proeza cívico-militar, las contradicciones entre los jefes militares, entre éstos y el presidente de la República y entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, unidos al caudillismo y al regionalismo, dieron al traste con el patriótico esfuerzo.
El 14 de noviembre de 1876, cuando el general Máximo Gómez tuvo que abandonar el mando de la invasión hacia Occidente —la operación más importante de esa guerra— la iniciativa estratégica, tanto en lo militar como en lo político, pasó a manos de España. La política de pacificación puesta en vigor cayó en terreno abonado. En septiembre de 1877 tropas holguineras se erigieron en cantón independiente, uno de los regimientos de Jiguaní se presentó al enemigo y en octubre, el presidente Estrada Palma cayó prisionero. Unos días después, representantes de la Cámara entraron en conversación con las fuerzas españolas. Y finalmente, el Comité del Centro, encargado de las negociaciones de paz, firmó el 10 de febrero de 1878 el documento que puso fin al proyecto independentista; una guerra que como expresó José Martí, “no nos la quitó nadie de la mano, sino que la dejamos caer nosotros mismos”.
Así, la Guerra de los Diez Años llegó a su fin, con excepción de las fuerzas al mando de Antonio Maceo, que escenificaron la Protesta de Baraguá para expresar la inconformidad con la culminación de una contienda que no pudo alcanzar los objetivos que perseguía, hecho que sirvió de sustento a próximos intentos independentistas.
Desde el punto de vista histórico, el resultado de aquel enorme esfuerzo no puede medirse solamente por el hecho de no haber alcanzado ninguno de sus objetivos básicos, sino también por el estado actual de la sociedad cubana, separada por casi siglo y medio del Grito de Yara, el 10 de octubre de 1868.
Antes y ahora
En aquel momento, a cambio de la independencia y de la abolición de la esclavitud, entre 1879 y 1886 se aprobaron y pusieron en vigor la Ley de Imprenta, la Ley de Reuniones y la Ley de Asociaciones, refrendadas en la constitución española. Gracias a ella se crearon órganos de prensa, asociaciones económicas, culturales, fraternales, educacionales, de socorros mutuos e instrucción y recreo, sindicatos y los primeros partidos políticos de Cuba. Gracias a la amnistía contemplada en el Pacto y a la permisibilidad para que los exiliados regresaran a Cuba, José Martí, Juan Gualberto Gómez y Antonio Maceo pudieron pisar nuevamente tierra cubana.
El resultado habla por sí solo: cuando llegó a Cuba Gerardo Castellanos, enviado por Martí para preparar el nuevo alzamiento, ya existía en la Isla un movimiento organizado en varias provincias.
Actualmente, en pleno siglo XXI, aquellas libertades limitadas, pero que favorecieron la continuidad de la lucha por la independencia, están ausentes. Aún peor. Cada año, al arribar al 10 de octubre, la prensa oficial, en merecido homenaje,  recuerda el alzamiento con actos, artículos y discursos, a la vez que se ocupa meticulosamente de perseguir toda manifestación cívica de libertad, como lo demuestran las constantes acciones represivas y la enorme cifra de opositores pacíficos detenidos.
¿Qué aportó todo aquel inmenso esfuerzo por la independencia, la libertad y la dignidad de los cubanos al presente que vivimos? ¿Cómo es posible que un pueblo que derramó su sangre y sufrió en nombre de la libertad se encuentre hoy en tal estado?
 

 * Torres-Cuevas, Eduardo y Oscar Loyola Vega. Historia de Cuba 1492-1898, Formación y liberación de la nación. La Habana, Editorial Pueblo y Educación, 2001, p.210