Hemeroteca de mayo 2011

(Publicado el 26 de mayo de 2009, en http://www.diagonalperiodico.net )

tomada-de-la-exposicion-queloides1La discriminación racial en Cuba se remonta al sistema esclavista implantado por el colonialismo hispano. Ante la demanda de azúcar en el comercio mundial, la oligarquía criolla logró la libertad de la trata negrera y asumió la importación masiva de esclavos de África; un comercio de seres humanos que se disparó con la ocupación inglesa de La Habana, al punto que a mediados del XIX la proporción de la población negra en la Isla superó a la blanca. De las diferencias económicas, sociales y culturales entre esclavos y esclavistas, o entre negros y blancos, brotaron las raíces de la discriminación racial que perdura hasta hoy.

La gran mayoría de los esclavos fueron destinados a las plantaciones azucareras, cárceles con una elevada composición masculina donde el concepto de familia desapareció para el negro. En ellas se desarrolló una espiral de violencia que tuvo entre sus momentos significativos la insurrección liderada por José Antonio Aponte, el primer cubano que estructuró una conspiración de carácter nacional con el objetivo de abolir la esclavitud y derrocar al gobierno colonial, y alcanzó su cima con la conocida Conspiración de la Escalera, en la que estuvieron involucrados miles de negros y mestizos. En esas difíciles condiciones el negro esclavo devino criollo, pero diferente del criollo blanco, lo que impidió la formación de la conciencia de pertenencia y destino común que caracteriza a las naciones.

Junto a los blancos, en 1868 los negros se incorporaron a la contienda independentista. Los primeros, en busca de libertades económicas y políticas; los otros, por la abolición de la esclavitud. El Pacto del Zanjón que puso fin a la guerra no logró ninguno de los dos objetivos, pero a cambio se obtuvo un conjunto de libertades que los negros aprovecharon para asociarse legalmente. En 1886 la esclavitud fue abolida y a principios de 1890 Juan Gualberto Gómez, uno de los paladines de la igualdad racial, expuso varios principios para la lucha cívica, similares a los que seis décadas después empleara Martin Luther King en Estados Unidos, y en 1892 fundó el Directorio Central de Sociedades de Color para reclamar sus derechos y preparar el reinicio de la lucha por la independencia.

Si en la Guerra de los Diez Años los negros y mestizos participaron como soldados y alcanzaron  altos grados, en la de 1895 llegaron a ocupar los más altos cargos militares. La igualdad y solidaridad se impuso a los prejuicios raciales en la pericia para las cargas al machete y en la vida en la manigua, lo que permitió a los negros evolucionar desde una conciencia de inferioridad hasta pensarse como héroes. Al arribar a la República en 1902, las habilidades demostradas en la guerra poco servían para competir en el mercado laboral, para el que se requería de instrucción y economía, dos requisitos ausentes de forma casi absoluta en la población negra.

De ese estado de desigualdad surgió la idea de combatir el mal de forma autónoma. Con ese fin se fundó en 1908 el Partido Independiente de Color (PIC), el primero de su tipo en el hemisferio, y en mayo de 1912, el PIC se alzó en armas para exigir sus reclamos por la fuerza. La respuesta del Gobierno –hace aún menos de un siglo– fue una horrible masacre contra “la raza inferior” que  cegó la vida de miles de cubanos de tez oscura, entorpeciendo el proceso de identidad y destino común.

Después de ese acontecimiento, gracias al debate público y al movimiento obrero, los negros registraron algunos avances. Destacadas figuras de la cultura y de la política cubana, desde la prensa escrita y radial, participaron en debates sobre la discriminación racial que ayudaron al desarrollo social y cultural del negro y fortalecieron la conciencia de destino común. Uno de sus resultados fue la inclusión en la Constitución de 1940 de un principio antirracista fundamental, se declaró ilegal y punible toda discriminación por motivo de raza, color o clase y cualquiera otra causa lesiva a la dignidad humana. Sin embargo, nunca se promulgó la ley complementaria para su implementación.

La revolución de 1959 propinó un fuerte golpe al racismo, pero se equivocó al considerar la discriminación como un  resultado de la sociedad clasista, por lo que, al eliminar las clases, la misma desaparecería automáticamente. Criterio que condujo a la suspensión del debate. Así, junto a los beneficios de la Revolución, los negros, como el resto de los cubanos, perdieron los instrumentos y espacios cívicos que habían propiciado el avance logrado. El racismo expulsado de los espacios públicos se refugió en la cultura, y el negro que no emigró quedó excluido de las remesas familiares. El resultado es el cuadro actual: disminuida proporción de negros en cargos de dirección, en las empresas que operan con divisas, en programas televisivos y a la vez, una alta representación en la población penal del país, en el crecimiento de la prostitución y en la deserción escolar.

Lo anterior, unido al fracaso del modelo económico, al problema del desempleo y a que la mayoría sigue viviendo en los barrios más pobres del país, deviene un peligro potencial que no puede ser desestimado. Ese cuadro de injusticia social fue reconocido parcialmente en el recién celebrado VI Congreso del Partido Comunista, donde se planteó la insuficiente sistematicidad y voluntad política para asegurar la promoción a cargos decisorios de mujeres, negros, mestizos y jóvenes, así como las dificultades, después de 52 años del triunfo revolucionario, de mejorar la composición racial dentro de las filas del propio partido gobernante.

Resumiendo: la colonia no tenía interés en solucionar el problema del negro; la República reconoció el problema, permitió el asociacionismo y el debate público, lo plasmó en la Constitución y logró ciertos adelantos, pero no lo acompañó con las medidas institucionales correspondientes; la Revolución tomó medidas educaciones e institucionales, pero desmontó la sociedad civil y limitó los derechos y libertades cívicas que habían servido de fundamento al lento avance logrado. Ahora se requiere de una fuerte voluntad política para: reconocer el fracaso en la integración racial y en consecuencia espacios, derechos civiles y libertades para retomar el debate público del tema, brindar en los casos que sea necesario cierta prioridad a los sectores más marginados y asumir el problema dentro del sistema de educación, incluyendo el acceso libre a la información, hasta que las diferencias sociales entre blancos y negros disminuyan y se conforme definitivamente un destino común entre todos los cubanos.

Actualmente se está debatiendo el tema en algunos pequeños espacios, como es el caso de la Cofradía de la Negritud, una asociación que aún adolece de su reconocimiento legal. El hecho esencial en la Cuba de hoy consiste en que las libertades mínimas en que se sustenta la dignidad humana y la condición de ciudadano, no existen y por tanto hay que implementarlas. Se impone la necesidad de eliminar todas las restricciones a la libertad-responsable que obstaculiza la formación ciudadana y la participación en la solución de asuntos nacionales de tanta envergadura como la discriminación racial, un problema que sigue entorpeciendo la conformación de la nación cubana y pone en duda el modelo de socialismo cubano, si así le podemos llamar.

(Publicado en el Diario de Cuba (www.ddcuba.com) el 17 de mayo de 2011)

17-de-mayo1

En la lucha por la propiedad de la tierra y contra el desalojo en Cuba, muchos  campesinos y trabajadores agrícolas perdieron su vida. Entre ellos Niceto Pérez, asesinado el 17 de mayo de 1946. En homenaje a él y al resto de los mártires del campo, ese día se promulgó la Ley de Reforma Agraria en 1959 y se fundó la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) en 1961. Una  breve retrospectiva a tan vital problema de nuestra historia permite conformar una idea acerca de lo logrado y lo pendiente en esta materia.

La diversificación de la propiedad agraria comenzó en el siglo XVI con la entrega de haciendas circulares para la cría de ganado a los peninsulares asentados en Cuba. Posteriormente, en los espacios entre haciendas –realengos– se autorizó a otros campesinos a crear sitios de labor, pero la Real Cédula emitida en 1819 para definir los propietarios legítimos, no reconoció a estos últimos. Por esa razón unas 10 mil familias fueron despojadas de la tierra que trabajaban. Posteriormente otros muchos agricultores fueron desplazados por el avance de la industria azucarera, a lo que se unieron las órdenes 34 y 62, dictadas en 1902 por el gobierno interventor, para que las Compañías de Ferrocarril y los inversionistas norteamericanos pudieran adquirir tierras. De ese proceso emergió el moderno latifundio, que concentró más de la mitad de la tierra del país en manos de empresas nacionales y extranjeras.

La inconformidad del campesinado había comenzado desde 1717, año en que unos 500 vegueros efectuaron una protesta armada contra el monopolio del tabaco que establecía el precio, la cantidad y prohibía vender los excedentes, algo parecido a la actual Empresa de Acopio. Esas protestas se repitieron hasta 1723, cuando fueron ahorcados los cosecheros de Santiago de las Vegas; luego los campesinos estuvieron presentes en las luchas independentistas del siglo XIX. De forma paralela se desarrolló el asociacionismo para la defensa de sus intereses. En 1890 se fundó la Asociación de Colonos en las zonas de Manzanillo y Bayamo, y en 1913 la Asociación de Agricultores de la Isla de Cuba. A partir de 1930 tomó auge la lucha contra el desalojo, por la propiedad de la tierra, así como por mejores mercados, precios, créditos y rebajas de las rentas.

Bajo la orientación del Partido Comunista, en octubre de 1937, se celebró el Primer Congreso Nacional Campesino y se crearon comités, federaciones y uniones campesinas en las seis provincias del país, algunas de cuyas demandas fueron refrendadas en la Constitución de 1940. En el Segundo Congreso Nacional Campesino, en 1941, se creó la Asociación Nacional Campesina (ANC); de igual forma, pero bajo la dirección del Partido Auténtico se fundó la Confederación Campesina de Cuba (CCC). Durante el gobierno de Fulgencio Batista, entre 1940 y 1944, se instalaron familias en tierras abandonadas del Estado y de latifundistas. Uno de esos casos se realizó en la hacienda Uvita, Sierra Maestra, con más de mil caballerías. Sin embargo, a cada familia asentada sólo le entregaron “cinco gallinas y un gallo, un arado, un machete y unos cuantos pesos”, algo parecido a la actual entrega de  tierras en usufructo por el Decreto-Ley 259. A pesar de esos esfuerzos, en 1944 el 54% de la tierra seguía concentrada en grandes propiedades, mientras muchos campesinos continuaban viviendo en la miseria.

En el alegato La historia me absolverá, el Doctor Fidel Castro planteó conceder la propiedad de la tierra a todos los colonos, subcolonos, arrendatarios, aparceros y precaristas que ocupasen parcelas de hasta cinco caballerías. En consecuencia, el 10 de octubre de 1958, la Comandancia del Ejército Rebelde, mediante la Ley 3, dispuso la entrega de tierras en propiedad a los que ocupaban lotes de menos de cinco caballerías (67 hectáreas) y el 17 de mayo de 1959 se firmó la Ley de Reforma Agraria, que limitó la gran propiedad a 402 hectáreas y entregó títulos a unas cien mil familias, las que podían obtener 26,8 hectáreas sin pago y comprar lotes adicionales hasta completar 67 hectáreas, es decir, cinco caballerías. Con esta Ley el Estado concentró en sus manos el 40,2% de la superficie cultivable del país.

La Segunda Ley, dictada el 3 de octubre de 1963, rebajó el máximo de 402 hasta 67 hectáreas, con lo que otras 100 mil fincas pasaron a manos del Estado, que aumentó sus propiedades hasta el 70% de la tierra cultivable, concentrando un volumen superior al de todos los latifundios anteriores. Luego, en la década del 70, con el intento de reducir más la propiedad privada, se insistió en la socialización de las fincas que habían quedado en manos de particulares. Resultado de  esa labor, el número de Cooperativas de Producción Agropecuarias aumentó de 136 en 1977 a 1 369 en 1986, el  64% de las tierras privadas; un proceso en el cual la ANAP tuvo que intervenir de manera directa para convencer a los campesinos de unir sus fincas y trabajar colectivamente. En la actualidad las tierras no estatales –aproximadamente una cuarta parte de las cultivables– siembran más de la mitad del tabaco, maíz, frijoles, cacao, café y hortalizas que se producen en Cuba.

El General de Ejército Raúl Castro, en el discurso pronunciado el 26 de julio de 2007 en Camaguey, explicó la necesidad de producir en Cuba –donde sobra tierra y las lluvias de los dos últimos años habían sido generosas– los alimentos que se están comprando en el exterior a precios elevados. Es decir, tocó el irresuelto tema de la ineficiencia de la agricultura estatal, de la cual el azúcar es un caso paradigmático, ya que la Isla había emergido desde el siglo XVIII como el mayor complejo azucarero del mundo. Sin embargo, dos siglos después, cuando toda la industria y casi toda la agricultura están en manos del Estado, se ha decrecido desde  8,5 millones y medio de toneladas producidas en 1970 a 1,2 aproximadamente en la zafra 2010-2011. Un resultado similar a los primeros años del siglo pasado y sin correspondencia con los miles de profesionales, instituciones docentes e investigativas, maquinarias, sistemas de riego y tecnología ahora existentes.

En los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, aprobados recientemente, se ratificó: que el sistema de planificación socialista continuará siendo la vía principal para la dirección de la economía; que la empresa estatal socialista es la forma principal; y que se continuará propiciando la participación de capital extranjero. Sin embargo, resulta que el sistema de planificación socialista, el monopolio de la propiedad estatal y el otorgamiento a empresarios extranjeros de derechos que se niegan a los cubanos, están entre las principales causas de la actual crisis. Tres aspectos suficientes para conducir a nuevos fracasos.

Por las razones anteriores, el Gobierno cubano debería reformar el Decreto-Ley 259 para entregar en propiedad a los campesinos la tierra que el Estado fue incapaz de hacer producir, así como aumentar el límite establecido de 3 hasta 5 caballerías, en correspondencia con la historia de las luchas campesinas, con la memoria de Niceto Pérez, con las leyes precedentes y con las necesidades del país.

(Publicado en el Diario de Cuba (www.ddcuba.com) el 13 de mayo de 2011)

31-urgenciasEl pasado jueves 28 de abril, como parte del ciclo de conferencias que regularmente se imparte en el Aula Fray Bartolomé de las Casas, el licenciado Roberto Veiga, editor de la revista Espacio Laical, tuvo a su cargo la exposición Urgencias del presente, imperativo del futuro, la cual fue presidida por una emotiva e ilustrada introducción a cargo de fray Manuel Uña, rector del centro dominico. Veiga comenzó exponiendo los presupuestos teóricos de su tesis, estructurada a partir de tres conceptos centrales: la igualdad, la libertad y la fraternidad.

Apoyado en los presupuestos del padre Félix Varela, definió la igualdad como el derecho que posee toda persona para que sus perfecciones y méritos sean apreciados. Seguidamente delimitó tres especies de igualdades: natural, social y legal. La primera designa la identidad de la especie humana; la segunda la igual participación en los bienes sociales y la tercera referida a la atribución de derechos e imposición de premios y penas sin excepción de persona, es decir, a la igualdad ante la ley. Desde ese marco conceptual se detuvo en varios aspectos vitales, de los cuales seleccioné 12:

1. La igualdad de razas, avalada por la ley, pero vulnerada en la vida diaria. En este tema reconoció la existencia de un debate y planteó la necesidad de facilitarlo, ensancharlo e incorporar políticas culturales y educativas encaminadas a su solución, pues nuestra comunión nacional y nuestra fraternidad dependen de la integración racial.

2. Acerca del modelo económico planteó que la precariedad material y humana que padecemos daña a la libertad, la igualdad y la fraternidad. De ahí la necesidad de que su reajuste, por el papel clave del trabajo, resuelva el pleno empleo para que la sociedad sea más libre, igual y fraterna; lo que representa un desafío ya que es imposible ser rentable con el sobre empleo actual.

3. Acerca de la descentralización económica, alertó que la misma pudiera aumentar la cifra de desempleados, generando mayor pobreza e indefensión. Por ello es necesario descentralizar a la vez que se creen las condiciones para atenuar el dolor y crear empleos lo más rápido posible. Además consideró que se debe propiciar una amplia inversión extranjera e institucionalizar cuanta iniciativa surja de la ciudadanía; para lo cual se requiere instituir la fraternidad como cultura social.

4. Consideró que habrá que mantener una educación obligatoria y gratuita hasta 9no. Grado lo que, por supuesto, conduciría a la opinión lícita de permitir que esa educación tenga una variante privada. En este sentido planteó que un acceso demasiado diferenciado a la enseñanza básica podría originar un desequilibrio educativo y falta de integración en las nuevas generaciones. Por ello, al sistema estatal de enseñanza, habría que incorporarle determinada libertad académica, pluralidad pedagógica y la posibilidad de aprender religión y el más amplio abanico de conocimientos filosóficos, sociológicos, jurídicos, económicos y políticos.

5. Planteó que el disfrute de las igualdades que exige la condición humana implica el acceso a mayores cuotas de libertad. Sin embargo, la Ley fundamental actual acota que dichas libertades deben ejercerse conforme a los fines del socialismo, que como es lógico, condiciona y limita el ejercicio de la libertad. En ese sentido Veiga prefiere una sociedad que garantice al máximo el despliegue de todo el abanico posible de matices ideológicos y políticos, pero aseguró que podría sentirse satisfecho si verdaderamente hubiéramos desplegado esos ideales y medios, de manera participativa y consensuada.

6. Planteó el peliagudo asunto de la libertad política, que limita la capacidad de acción real del ciudadano, sobre todo cuando éste difiere de las propuestas oficiales. Ante la pregunta de ¿cómo garantizar la libertad política en esas condiciones?, consideró que la mejor solución es abrir la posibilidad a la existencia de otras asociaciones políticas.

7. Acerca del debate de los documentos del VI Congreso del PCC, señaló que la marcha del proceso de diálogo, esencialmente sobre temas económicos, indica la existencia de actitudes que pueden hacer fracasar la consecución de un camino de consensos. De un lado hay sectores que no son afines al gobierno, con una incapacidad enorme para reconocerle su legitimidad y dialogar con el mismo. De otro lado, un funcionariado oficial que, en muchos casos, recela de todo cambio e intenta asfixiar el debate. Algo lamentable porque vivimos el tiempo preciso para contribuir mancomunadamente a la búsqueda de una Cuba donde quepamos, definitivamente, todos.

8. En tal sentido, destacó que un acuerdo generalizado sobre los principios que deben fundamentar la sociedad cubana y de los medios para realizarlos, diseñado de manera compartida por toda la población, pudiera aportar el entusiasmo nacional para dedicarnos a cincelar un desempeño comunitario, fundado en la fraternidad y en la diversidad. En este punto recordó que los obispos cubanos, en la Carta Pastoral El amor todo lo espera, propusieron un diálogo entre cubanos franco, amistoso y libre, no para ajustar cuentas y depurar responsabilidades, ni para reducir al silencio al adversario y reivindicar el pasado, sino para dejarse interpelar; un diálogo no tanto para averiguar los por qué, como los para qué, porque todo por qué descubre siempre una culpa y todo para qué trae consigo una esperanza. Un consenso que podría conducirnos también a una importante y necesaria reforma del texto constitucional.

9. Planteó la importancia de la familia para la formación de las personas y las naciones, la que en su condición de célula fundamental de la sociedad, requiere asegurarle todos los derechos que demanda y apoyarla intensamente para que logre un desempeño responsable de los mismos.

10. Al referirse al ámbito de la política, que tradicionalmente posee un influjo sustancial en la conducta social e institucional del país, dedujo la necesidad de perfilar un entramado institucional público a través del cual cada ciudadano pueda donarse fraternalmente para procurar la libertad y la igualdad suya y la de los demás, lo que denominó como democracia de consensos.

11. Se refirió a la gestión del sistema de tribunales, el que debe ganar relevancia en relación con el resto de las instituciones públicas y ofrecer un trato altamente profesional, dado su carácter de garante de la justicia. En cuanto a la Asamblea Nacional, planteó que ha de procurarse que la candidatura para diputados pueda ser el resultado de un proceso auténtico en el seno de organizaciones sociales que se consideren estructuras de sectores del pueblo, para relacionarse con el resto de la sociedad y el Estado. En ese sentido expresó: lo que sí puedo decir es que en lo adelante esto debe implicar que la población pueda elegir directamente al primer mandatario, así como revocarlo de su cargo, lo cual resultaría un ensanchamiento de la libertad y la igualdad.

12. Para cerrar planteó que el actual presidente, Raúl Castro, tiene la misión histórica de facilitar este proceso, pero también comprendo, dijo, que le queda poco tiempo para la envergadura de la empresa.

Al finalizar su exposición, clara y precisa, Veiga fue premiado por un auditorio atento con una de las más prolongadas ovaciones que se haya escuchado en este recinto académico.

(Publicado en el número 20 de la revista digital Convivencia, marzo-abril de 2011)

1-politica-mercadoComo las sociedades son complejos sistemas de elementos interrelacionados, cuando son sacudidas por crisis de carácter estructural con daños en todos sus componentes, es imposible de remediar con cambios limitados a un aspecto del sistema, como es el caso de la economía; en su lugar se impone un enfoque integral.  Entre los elementos que por su influencia resultan imprescindibles tener en cuenta están la Política y los partidos políticos, el Estado, el Mercado y la Sociedad Civil, a los cuales me referiré brevemente.

Política y partidos políticos

Las relaciones que los diversos grupos sociales establecen en la producción y apropiación, en dependencia de la posición que ocupan respecto a la propiedad sobre los medios empleados para producir, pueden servir tanto para acelerar como para frenar el desarrollo. Las ideas políticas, una de las formas en que esas relaciones materiales se reflejan en gobernantes y gobernados, constituyen un importante instrumento para los cambios. Dichas ideas toman cuerpo en los partidos políticos –que en un Estado de derecho constituyen expresión del pluralismo e instrumento para la participación de determinados grupos en la política–, pero también hacen acto de presencia en el Estado, en las relaciones entre Estado y sociedad, y entre los diferentes Estados.

Mediante la política cada grupo social trata de obtener el mayor provecho y de ejercer su dominio sobre el conjunto de la sociedad, para lo cual tiene que lograr que ese dominio sea aceptado como legítimo por el resto de los grupos sin el empleo de la fuerza, por esa razón, la política se define también como el arte de hacer posible lo necesario, sin acudir a la guerra, la cual, según Klausewitz1, es su continuación.

Por su supremacía respecto al resto de las formas ideológicas de la conciencia, la política tiene un gran impacto en la vida y en el destino de las personas y de los pueblos, por lo que Lenin2 la consideraba expresión concentrada de la economía. Por su dinámica interna, la política, surgida de las relaciones entre clases y partidos, ha evolucionado hasta devenir esfera de participación social a escala global, la que al rebasar la estructura clasista-partidista se ha convertido en necesidad ineludible para la participación popular. De ahí la importancia que asume la sociedad civil, la cual incluye a los actuales movimientos y redes sociales en los diversos lugares del planeta. El mejor ejemplo, con independencia del rumbo que puedan tomar, son los cambios que se están produciendo actualmente en el Norte de África; mientras en Cuba, la ausencia del ciudadano como sujeto político constituye una, si no la principal causa de la actual crisis.

Una de las manifestaciones de la interrelación entre todos los fenómenos sociales consiste en que los avances científicos, tecnológicos, económicos y culturales, cuando no tienen su correspondiente reflejo en la justicia social, la democratización y las libertades ciudadanas, conducen a las crisis, cuya salida obliga al restablecimiento de la correspondencia perdida, la cual pasa por la democratización de la sociedad.

En diciembre de 2007, el Segundo Secretario del Partido Comunista de Cuba, expresó: tenemos un solo partido, pero tenemos que convertirnos en el partido más democrático que exista. Como etimológicamente partido significa parte, tal propósito se torna irrealizable, ya que la democratización que demanda la sociedad cubana no puede supeditarse a los intereses de una parte, por la sencilla razón de que la diversidad social es imposible de encuadrar en un partido limitado por una ideología. Por tanto, democratizar la sociedad, que es lo que Cuba necesita, implica que cada persona o grupo tenga el derecho de asociarse libremente, como manifestación de su dignidad, de su libertad y de sus intereses. Entonces, como la solución no radica en la democratización del partido, sino de toda la sociedad, se impone la necesidad de sustituir el artículo cinco de la actual Constitución por el reconocimiento del pluripartidismo.

Los comicios para elegir Delegados a las Asambleas Provinciales y Diputados a la Asamblea Nacional, celebrados en enero de 2008, constituyen una prueba de esa necesidad. A pesar de la campaña desplegada a favor del voto unido, éste decreció, mientras la suma de las abstenciones, las boletas invalidadas y el voto selectivo, alcanzó la cifra de 1, 370 725 electores, el 16,13% del total, una clara señal de la existencia de un sector inconforme que tarde o temprano reclamará un espacio político.

Aunque el pluripartidismo no está incluido en los Lineamientos que se discutirán en el venidero congreso del Partido Comunista, la irreducible diversidad y el agotamiento del modelo vigente lo han puesto a la orden del día, pues no existe ningún argumento válido para impugnarlo. Carece de todo fundamento plantear que José Martí fundó un solo partido, pues también otros, como los autonomistas, fundaron el suyo. Martí concibió al Partido Revolucionario Cubano como institución organizadora, controladora y creadora de conciencia para dirigir la guerra que habría de traer la República; no para dominar y prohibir la existencia de partidos diferentes después del triunfo, no para trabajar por el predominio, actual o venidero de clase alguna; sino por la agrupación, conforme métodos democráticos, de todas las fuerzas vivas de la patria; por la hermandad y acción común de los cubanos residentes en la Isla y en el extranjero.

Por lo anterior, la política no puede marginarse de los cambios que se están implementando en Cuba, pues su impacto en la vida social, al afectar a todos, requiere de la participación de todos. Desde esa visión veamos algunas de las influencias de la política en el Estado, el mercado y la sociedad civil.

El Estado

Desde las ciudades Estado en la antigua Grecia hasta los estados multinacionales, se estableció una delimitación entre gobernantes y gobernados que caracteriza a todas las sociedades políticas. En ellas, cuando la soberanía reside en el pueblo, sus miembros son ciudadanos; cuando reside en una persona, son súbditos. Entre sus funciones están el establecimiento de relaciones con otros territorios y la preservación del orden interno.

En determinadas condiciones el Estado sustituye y controla la vida de los ciudadanos. En los casos en que ese control asume carácter totalitario, casi siempre existe un partido hegemónico que limita o anula la libertad en beneficio de un supuesto orden colectivo, donde la persona, al quedar sometida a su voluntad, sufre una merma considerable de la dignidad humana, lo que convierte a los Estados-partidos en una institución contraria al progreso; mientras en los Estados democráticos la soberanía reside en la voluntad del pueblo, quien pone en manos del gobierno la atención de determinadas esferas y funciones.

En el caso de Cuba, el movimiento revolucionario que asumió el poder en 1959, desconoció la diversidad e impuso una organización centralizada bajo la tutela del Estado, que condujo gradualmente a la pérdida del consenso establecido. La causa radicó en que los cambios temporales, al asumirse y declararse como definitivos, abrieron el camino hacia el totalitarismo y consiguientemente a la conversión del Estado en referente único. Las consecuencias son claras: en Europa del Este al derrumbe, en el Medio Oriente a la deposición de gobernantes anclados en el poder durante décadas, en Cuba a la crisis en la que estamos inmersos.

El mercado

La división social del trabajo presupone una actividad diversificada y especializada que implica la necesidad del intercambio, de la cual emergió y se desarrolló la producción mercantil hasta alcanzar el desarrollo que ostenta en nuestros días. La propiedad sobre los medios de producción constituye la base de las relaciones económicas y por tanto del mercado, la forma que ésta asuma ejerce una influencia tanto en la producción como en el mercado, porque la misma implica un determinado modo de apropiación de los frutos del trabajo sin el cual se pierden el interés, la posibilidad y el sentido de los resultados. El mercado, por tanto, es una forma de relación social donde diversas personas con necesidades, dinero, productos y servicios, se encuentran para el intercambio. En ese sentido el mercado, aunque es un resultado de la producción, deviene elemento activo al propiciar que la producción y los servicios se conviertan en consumo y se originen nuevas demandas.

Cuando el mercado se ensancha estimula la producción y cuando se limita lo frena. En este aspecto la política trazada por el Estado es determinante para obtener uno u otro resultado. La libre concurrencia de productores y consumidores es un factor decisivo para el crecimiento de la producción, para la diversificación de los productos y para la calidad de los mismos. De igual forma, como lo demuestra la historia en todas partes y en todas las épocas, cuando el Estado suprime esa libertad como ocurrió en Cuba al eliminar el interés de las personas por el resultado, repercute en la cantidad, calidad y diversidad de la producción, hasta terminar en la caricatura que son hoy los productos sin calidad llamados “de población”, nuestras antiguas tiendas por departamento y las bodegas de barrios. La causa de ese retroceso está clara: la economía, al permanecer prisionera de la política, se desnaturaliza, involuciona y deviene factor de pobreza material y espiritual.

El libre comercio, una antiquísima actividad humana, al ser impedido o reprimido por la política del Partido-Estado, genera el mercado negro, el aumento de los precios, el crecimiento del número de vigilantes e inspectores y la corrupción, lo que demuestra los estrechísimos vínculos entre política, partidos políticos y Estado con el mercado.

Sin embargo, el Partido Comunista, a la vez que ha reconocido los errores cometidos en la dirección económica, que es un paso importante, atado a la ideología ha decidido que la planificación y no el libre mercado será el rasgo distintivo de la economía. Lo que obligará, ante los fracasos que vaticina esa decisión, volver sobre el problema y decidir entre la economía centralizada, economía de mercado regulada por el mecanismo de los precios libres o economía social de mercado, donde en bien de la justicia social se limite el dominio de los monopolios a la vez que se conserva el mercado como lugar de libre concurrencia y factor de desarrollo, pues los precios determinados central y burocráticamente, al carecer de flexibilidad impiden obtener información acerca de la escasez o abundancia de los productos, acerca de quien es más eficaz, así como de quién produce con mayor calidad y con menores precios; ¿por qué?, por el carácter pasivo que el modelo cubano impone al consumidor para influir en la determinación de la cantidad y calidad de lo que se debe producir. Esa razón exige de  cambios en la actual política para que todos los cubanos puedan participar en la decisión de la forma más conveniente y adaptada a nuestras condiciones.

La historia de la humanidad y la de Cuba evidencian la necesidad de extender la democracia a las relaciones económicas. Ello implica la creación del ciudadano económico, un ente activo con derechos para la posesión de bienes y la participación efectiva en la toma de decisiones y en las utilidades. Por tanto, la mejor gestión no es sólo aquella que más contribuye al crecimiento de la economía, sino la que además, logra la mejor participación ciudadana como base de la distribución de la riqueza producida. Como el sistema de economía más eficaz es aquel que permite la participación ciudadana, el crecimiento sostenido y el aumento del nivel de vida; se impone la desregulación de la vida económica, la institución de las diversas formas de propiedad y la competencia entre ellas.

La sociedad civil

La sociedad civil surgió en contraposición con el estado feudal, en el cual no existían libertades civiles ni garantías jurídicas para el individuo. Como el objetivo declarado del liberalismo consistía en asegurar la libertad individual, era necesario suprimir el despotismo y la arbitrariedad y sustituirlo por el Estado de Derecho, limitado por el control social con la función de garantizar la libertad del individuo3, es decir, de los propietarios. La sociedad civil se entendió entonces como el espacio limitado a los propietarios para el despliegue de su asociatividad.

En las condiciones contemporáneas, caracterizadas por acelerados avances científico-tecnológicos, económicos y de reclamos de participación popular en la vida pública, la sociedad civil tiene reservado un papel decisivo. Entendiendo por ella la existencia de asociaciones, de espacios públicos, de medios de comunicación y de propiedades, independientes del Estado, que basados en las libertades y derechos refrendados legalmente, permite al ciudadano participar como sujeto activo en el debate y la decisión de los problemas políticos, económicos, sociales y culturales de su interés. Por sus características, la sociedad civil requiere de la existencia de las libertades fundamentales conocidas como Derechos Humanos.

Por su naturaleza, la sociedad civil es asiento de la pluralidad y la diferencia, permanente escuela de civilidad y ética y sólido eslabón de vínculo de los ciudadanos con la nación, la cultura, la historia y el desarrollo. Su rasgo más característico es la independencia respecto al Estado. Para su existencia y funcionamiento efectivo requiere de la institucionalización de los derechos humanos.

Los derechos civiles y políticos: las libertades de conciencia, palabra, prensa, reunión, asociación y el derecho de sufragio, constituyen la base de la comunicación, del intercambio de opiniones, la concertación de conductas, la toma de decisiones, la formación de asociaciones y del multipartidismo.

El concepto de derechos humanos, al ser portador del respeto, la integridad y la dignidad de las personas, constituye un valioso referente en la lucha de los pueblos y de los individuos por el mejoramiento material y espiritual. Los mismos tienen una relación determinante y trascendental con la calidad de vida, la convivencia social y el desarrollo integral. Su contenido se expresa en conceptos y principios encaminados al reconocimiento, respeto y observancia de las garantías jurídicas que propicien la participación, integridad y dignidad de la persona humana, y son universales, indivisibles, sagrados e inalienables.

Los avances obtenidos en materia de derechos humanos a lo largo de la historia, al finalizar la Segunda Guerra Mundial fueron definidos, sintetizados, aprobados y convertidos en Declaración por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 1948, y posteriormente tomaron cuerpo en el Derecho Internacional. Uno de esos documentos entró en vigor entre enero y marzo de 1976: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos de carácter vinculante, es decir, que obligan a los Estados firmantes, más allá de cualquier declaración moral, a trabajar por su cumplimiento.

En Cuba, esos derechos-libertades tienen una larga historia, sus primeras manifestaciones institucionales están en las constituciones mambisas del siglo XIX, irrumpieron en la Constitución de 1901 y se ampliaron en la de 1940, cuando se le añadieron el derecho a desfilar y formar organizaciones políticas contrarias al régimen, la autonomía universitaria, la declaración de punible a todo acto de prohibición o limitación del ciudadano a participar en la vida política de la nación, y el reconocimiento de la legitimidad de la resistencia para la protección de los derechos individuales. Algunos de esos derechos, recogidos formalmente en la constitución de 1976, se pueden utilizar únicamente para los fines señalados por el partido gobernante, lo que indica que la esfera del derecho, estrechamente relacionada con la política, tiene que sufrir reformas para ponernos al día en una materia tan determinante para todos los pueblos y para todos los cubanos.

Lo que he tratado de exponer se limita a llamar la atención acerca de la necesidad de tener en cuenta el enfoque integral para la salida de la crisis cubana; pues la  política, los partidos políticos, el Estado, el Mercado y la Sociedad Civil, junto al derecho y a las libertades ciudadanas, entre otros elementos, conforman un todo inseparable cuya ignorancia conducirá irremediablemente al empeoramiento de los problemas actuales.
La Habana, 28 de febrero de 2011

1 Kart Von Klauewitz (1780-1831), teórico y militar prusiano, autor de la famosa obra “De la guerra”, publicada post-morten en 1832.
2 Vadimir Ilich Lenin, líder de la revolución rusa de 1917
3 J. L. AC ANDA. Sociedad civil y Hegemonía, p.109. La Habana: Centro de Investigación y Desarrollo Juan Marinello, 2002