Hemeroteca de noviembre 2010

(Publicado en www.diariodecuba.com el 26 de noviembre de 2010)

Foto de Orlando Luis Pardo

Foto de Orlando Luis Pardo

La convocatoria al VI Congreso del Partido Comunista de Cuba demuestra que el inmovilismo retrocede. Su lugar es ocupado por un nuevo escenario caracterizado porque el sujeto que encabeza los cambios es el mismo que tiene el poder hace más de medio siglo. Al ser pasado y presente, el Gobierno cubano, aunque trate de disimularlo, carga con la responsabilidad de lo bueno y lo malo ocurrido en ese medio siglo, lo que le impide enfrentar los problemas actuales como pudieron hacerlo cuando asumieron el poder en 1959. Esa característica es vital para comprender el por qué del carácter limitado, sinuoso y contradictorio de las actuales reformas.

Sin alcanzar los propósitos trazados en el congreso anterior y violados los estatutos que norman su celebración cada cinco años, el próximo evento tendrá lugar en un contexto en que el modelo vigente –inviable por su propia naturaleza– está definitivamente agotado, como lo evidencia el Proyecto de Lineamientos de la Política Económica y Social que se discutirá en el máximo cónclave partidista el venidero mes de abril.

El Proyecto contiene elementos que comparados con lo que hasta ahora existe podría resultar positivo. Entre otros aspectos reconoce la necesidad de la descentralización de un modelo altamente centralizado; plantea darle mayor autonomía a las empresas sobre el control de los recursos materiales y financieros que manejan; basa el control de la gestión empresarial principalmente en mecanismos económico-financieros; brinda independencia para la aprobación de sus plantillas de cargos; suspende la intervención de los Consejos de la Administración Provinciales y Municipales en la gestión empresarial; plantea prestar servicios bancarios, incluyendo el otorgamiento de créditos al sector de la economía no estatal; y recomienda fórmulas flexibles para la permuta, compra, venta y arriendo de viviendas, entre otras cosas. Al mismo tiempo, el documento está cargado de contradicciones, ausencias y limitaciones que impedirán la obtención de resultados satisfactorios, como los siguientes:

1- La alternancia en el poder, además de un síntoma de salud política, constituye una exigencia del desarrollo, pues los cambios sociales siempre requieren de actores con nuevos enfoques. Ese hecho resulta determinante para cualquier análisis del presente y futuro de Cuba, pues los cambios que la sociedad cubana demanda implican la negación de lo que ahora existe, lo que implica negarse a sí mismo y para eso se necesita una alta dosis demasiado alta de voluntad política. Si a ello se unen los intereses contraídos, es evidente que la no circulación del poder político constituye un mecanismo de freno.

2- El reconocimiento de la existencia de “baja eficiencia, descapitalización de la base productiva y la infraestructura, envejecimiento y estancamiento en el crecimiento poblacional”; así la aceptación de que los experimentos más recientes como la sustitución de comedores y transportes obreros por otras modalidades y los arrendamientos de barberías, peluquerías y taxis a los empleados de esas actividades han sido insuficientes se contradice al insistir en que la política económica en la nueva etapa se corresponderá con el principio de que “sólo el socialismo es capaz de vencer las dificultades y preservar las conquistas de la Revolución”, que el sistema de planificación socialista continuará siendo la vía principal para la dirección de la economía nacional y que “primará la planificación y no el mercado”. Si los fracasos y la crisis actual se produjeron con el actual modelo socialista, plantearse que sólo con él se podrán vencer las dificultades, es lo mismo que anunciar por adelantado sus resultados negativos. El descalabro actual obliga a reconocer que el modelo fue mal aplicado o en su lugar que no servía. El primer caso implica la responsabilidad de los que lo aplicaron; el segundo, la necesidad de su sustitución. En ambos saltan a la vista los errores del gobierno anterior, que es el mismo gobierno de ahora.

3- La negativa a reconocer el papel que le corresponde a la propiedad privada constituye uno de los más grandes obstáculos para la eficiencia económica. Durante muchos años en Cuba se intentó solucionar ese problema por todas las vías, menos por la reforma de la propiedad. En ese esfuerzo llegamos a tener en la región más técnicos, tractores, riego y fertilizantes por hectárea que el resto de los países, sin hablar de los llamamientos a la conciencia y las campañas ideológicas. A pesar de ello, la productividad alcanzada fue inferior. ¿Por qué? porque el reconocimiento de la función social de la propiedad es atribuible a todas sus formas, incluyendo la privada, y ese reconocimiento implica el derecho de los cubanos a ser propietarios y empresarios. Sin embargo, los Lineamientos plantean que no se permitirá la concentración de la propiedad en personas jurídicas o naturales. Esa conducta constituye una camisa de fuerza que mantiene la economía sometida a la ideología, y por tanto condenada a la ineficiencia.

4- La decisión de “actualizar el modelo” como otras decisiones que afectan a todos los cubanos, se han tomado por la élite del poder sin participación ciudadana, pues la inexistencia de las libertades y los derechos que lo permitan impide cualquier resultado positivo. Desde la libertad de expresión –requisito para el debate– hasta el acceso libre a Internet, pasando por las libertades de reunión, asociación y movimiento, constituyen una condición insoslayable del desarrollo moderno, pues sin ellos, en la era de la información, es impensable cualquier resultado positivo. En nuestro caso, además, significa un desperdicio injustificable contar con un pueblo de alta instrucción y negarle esos derechos inalienables. En fin, que el cubano no es tratado como un fin, sino como un medio para conservar un modelo ineficiente y agotado, donde el hombre es un ente subordinado al Estado y por tanto contrario a la dignidad humana. Así, el tema de los derechos humanos, por el que pasa cualquier tentativa de mejorar la situación en Cuba, constituye la principal carencia del Proyecto de Lineamientos.

5- La ausencia del carácter integral de los cambios ante una crisis estructural que afecta todas las esferas sociales y a cada uno de sus componentes es otra de las limitaciones del Proyecto de Lineamientos. Los problemas que en un tiempo podían limitarse a la economía, hoy abarcan la esfera espiritual. El tiempo en que se podían introducir cambios parciales en una u otra esfera se agotó y el de los cambios integrales está también a punto de agotarse, lo que demuestra una ignorancia total del papel del tiempo en los procesos sociales.
.
6- Los Lineamientos plantean “Buscar alternativas de fuentes de financiamiento para detener el proceso de descapitalización de la industria y la infraestructura productiva del país”. Sin embargo esa posibilidad se niega a los cubanos, cuyos familiares en el exterior constituyen una fuente nada despreciable de financiamiento. En su lugar se plantea, de forma excluyente, “continuar propiciando la participación del capital extranjero”. De tal manera se pretende mantener el modelo socialista con la ayuda de las finanzas capitalistas, es decir, necesitamos el capitalismo para salvar el “socialismo” sin la participación del cubano como sujeto.

Esos seis factores, entre otros, convierten el propósito en simples enunciados: poner : en explotación las tierras todavía ociosas, recuperar la capacidad exportadora en rubros, recuperar y potenciar los mercados de exportación de los mariscos (langostas y camarones), lograr una explotación racional de los recursos pesqueros de la plataforma e incrementar los niveles productivos y la eficiencia; aumentar de forma gradual la producción de azúcar y derivados de la caña, lograr que la entrega de tierras en usufructo propicie que los resultados productivos se asemejen a los actuales del sector cooperativo y campesino.

El valor principal de los Lineamientos consiste en el reconocimiento de la necesidad de cambios y en que sus limitaciones y contradicciones, al anular los objetivos propuestos, generarán nuevas contradicciones que obligarán a la profundización de las reformas, en un contexto desfavorable para dar marcha atrás.

(Publicado en www.diariodecuba.com el 19 de noviembre de 2010)

Catherine Ashton, Alta Representante de la UE de Política Exterior y Seguridad.

Catherine Ashton, Alta Representante de la UE de Política Exterior y Seguridad.

El 25 de octubre de 2010, casi cuatro meses después de iniciada la excarcelación de prisioneros políticos en Cuba, el Consejo de la Unión Europea (UE) consideró insuficientes los pasos dados por La Habana y decidió mantener la Posición Común. En su lugar se le otorgó un mandato de negociación a la Comisión Europea para explorar, dentro del marco del diálogo crítico, nuevas formas que estimulen a la contraparte cubana a profundizar el camino iniciado.

La Posición Común adoptada en 1996 –cuando los países miembros de la UE tenían relaciones bilaterales con Cuba– fue reafirmada en el 2005. En ella se plantea que el objetivo de sus relaciones con Cuba “es alentar un proceso de transición a una democracia pluralista y al respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, así como una recuperación sostenible y la mejora de las condiciones de vida del pueblo cubano”.

A pesar de la oposición del gobierno cubano a dicha medida, los acontecimientos ocurridos en la Isla entre febrero y julio de 2010 provocaron un giro que lo condujo al compromiso de liberar a todos los prisioneros políticos de la causa de los 75. Poco tiempo antes de esta decisión, el propio gobierno había reconocido la ineficiencia de la economía cubana, calificado la producción de alimentos como problema de seguridad nacional y anunciado una reforma bautizada como actualización del modelo. La relación entre esos acontecimientos radica en que la reforma requiere de fuentes externas de financiamiento y el acceso a las mismas pasa por los reclamos de democratización de sus poseedores, entre ellos la UE.

El incumplimiento del plazo dado por el Gobierno a la Iglesia Católica para la liberación de los encarcelados en la primavera de 2003 demuestra que las autoridades cubanas siguen aferradas a su vocación totalitaria. En ese complejo contexto la Comisión Europea tiene la misión de buscar alguna fórmula que permita completar la liberación y emprender nuevas medidas. La decisión final, sea cual fuese, tendrá que considerar algunos aspectos que resultan cruciales para –desde la Posición Común o desde las relaciones bilaterales– coadyuvar a la democratización de Cuba:

- Tres características del momento actual. Una, el Gobierno cubano es el mismo que debutó en 1959, por lo que además de contraer intereses que está dispuesto a defender, es responsable de todo lo bueno y lo malo ocurrido en ese medio siglo. Dos, a pesar de ser casi el único dueño de los medios de producción y de la inexistencia de una sociedad civil autónoma refrendada jurídicamente, al ignorar el papel del tiempo en los cambios sociales perdió la oportunidad de emprender reformas limitadas a una esfera social específica como la economía, y decidir el punto de inicio, la velocidad, la profundidad y la dirección de las mismas, lo que le hubieran permitido introducir cambios parciales sin oposición de intereses particulares. Tres, como resultado de la demora, unido al carácter estructural de la crisis y al descontento ciudadano, los cambios tienen que ser integrales.

- La ausencia de una verdadera voluntad política. El gobierno revolucionario, en su afán de imponer la propiedad estatal de forma absoluta, al eliminar la pequeña y la mediana propiedad que ofertaban producciones y servicios que el Estado nunca logró suplir, generó el desinterés por los productores, lo que unido a la no correspondencia de los salarios con el costo de la vida, dio paso a la ineficiencia económica. Sin embargo, el control totalitario sobre la sociedad, reforzado por la casi total ausencia de una sociedad civil independiente y por la solidaridad ideológica de la Unión Soviética primero y de Venezuela después, a pesar del galopante deterioro, el Gobierno logró conservar un sistema agotado, obsoleto e inviable durante décadas hasta desembocar en una profunda crisis estructural.

- Carácter limitado y contradictorio de las medidas en proceso de implementación. Además de permanecer en prisión los que se niegan a ser desterrados después de venceser el plazo dado por el gobierno, al no realizarse cambios en la legislación vigente, las cárceles pueden ser rellenadas con nuevos prisioneros por las mismas causas de los que ahora salen, a lo que se une la inexistencia de derechos humanos y libertades cívicas que impiden el resurgimiento de una sociedad civil autónoma. En fin, que la mentalidad antidemocrática y totalitaria no ha variado. La reforma laboral, consecuencia de una errada política de “pleno empleo” que se impuso contra toda lógica económica, comenzó su aplicación después de aprobarse el pluriempleo y de aumentar el tiempo necesario para la jubilación; dos medidas que suponen la necesidad de mano de obra, cuando realmente sobra el 20% de la que está empleada. La ampliación del Trabajo por Cuenta Propia, que con pocas excepciones se limita a la legalización de actividades que funcionaban al margen de la ley, viene acompañada de altas tasas impositivas en un país donde no existe ninguna cultura fiscal. Además, de carecer de un mercado mayorista, de préstamos bancarios y del elemental derecho de asociación independiente.

Tales medidas no podrán suplir la incapacidad productiva del Estado ya que se ignora la necesidad de las pequeñas y medianas empresas, la formación de un empresariado nacional y el pago de salarios en correspondencia con el costo de la vida. Pero lo peor de todo es que esas transformaciones se están aplicando a una sociedad desarmada de derechos, libertades e instituciones cívicas para su defensa.

Lo interesante del actual escenario consiste en que, a diferencia de épocas anteriores, la decisión de cambiar emergió de la necesidad del propio gobierno, lo que hace mucho más difícil dar marcha atrás, en un contexto en que la comunidad internacional está atenta al estado de las libertades cívicas en Cuba y el descontento ciudadano crece de forma acelerada. Sin embargo, por las características contradictorias de la situación socio-política en Cuba, el proceso de cambios aunque zigzagueante, será irreversible. En ese sentido, tanto para los agentes externos como para los internos, el camino hacia la democracia dependerá del diálogo crítico, el cual debe erigirse en punto de partida, concepto esencial, principio rector y estrategia permanente.

Para que los cambios proyectados tengan un efecto positivo, además de completarse la liberación de los prisioneros políticos, tienen que ratificarse el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales –en vigencia desde 1976 en otras naciones y firmados por el Gobierno cubano desde febrero de 2008–, así como la adecuación de las leyes internas con esos documentos. Por tanto en la agenda de diálogo crítico con el gobierno cubano no puede faltar la exigencia de su ratificación.

La Habana, 7 de noviembre de 2010

copia-shu6

(Publicado el viernes 12 de noviembre de 2010 en el número tres de la revista digital Voces, en el sitio www.vocescubanas.com/voces)

La crisis cubana continúa profundizándose. Las ataduras ideológicas, los intereses creados y la vocación totalitaria se alzan como obstáculo ante las transformaciones que la sociedad requiere, a ello se añaden la incomprensión del papel del tiempo en los procesos sociales, el errado camino para fomentar una economía eficiente y una evidente falta de voluntad política. Por todo ello, los cambios que en un momento eran factibles de realizar en una esfera particular hoy resultan imposibles, pues la profundidad de la crisis y su carácter estructural demandan una reforma integral. La economía cubana, cuyo nudo gordiano radica en las relaciones de propiedad, constituye una prueba de esa necesidad.

A diferencia de la vida animal, los seres humanos dotados de la capacidad cognitiva y de comunicación propia de su especie, no comienzan de cero sino que cada generación se apoya en la cultura acumulada. Durante de miles de años la economía, que surgió a la par con el género humano, fue atesorando experiencias y conformando las normas que regulan su funcionamiento. Gracias a la cultura, el hombre de hoy tiene muy poco en común con sus antepasados, mientras el chimpancé, el animal de mayor similitud con los humanos, vive y hace lo mismo que hace cientos de miles de años.

Mucho antes de que la psicología deviniera ciencia y describiera el papel del interés en las actividades humanas, las relaciones económicas habían demostrado que éste constituye una poderosa fuente de motivación, sin la cual es imposible obtener avances productivos de forma sostenida. Cuando un sistema político altera arbitrariamente esa realidad, la terquedad de las leyes económicas conduce a resultados como el de la crisis estructural en que nos encontramos. La ideología es un fenómeno más reciente. Surgió precisamente gracias al desarrollo alcanzado por las relaciones económicas, en especial por las de propiedad. La misma interactúa con la economía y puede servir tanto de acelerador como de freno, en dependencia de la comprensión que los sujetos tengan de sus leyes y funciones. Es injustificable que en pleno siglo XXI, en medio de la globalización y de la sociedad de la información, los gobernantes cubanos aferrados a una ideología, se comporten como las especies animales, repitiendo lo que la humanidad ha demostrado a lo largo de su existencia y ha acumulado y organizado en bancos de datos informativos puestos a su disposición.

La propiedad privada emergió de las primeras formas de vida comunitaria, se extendió con la esclavitud, cambió de forma con el feudalismo, volvió a mutar con el sistema capitalista, y en los pocos espacios que el socialismo totalitario le ha permitido subsistir ha demostrado ser una forma altamente eficiente para el desarrollo económico. Lo que ha cambiado con el tiempo y seguirá cambiando es la proporción en que se redistribuye lo producido, es decir, lo referido a la justicia social, que emana de la redistribución pero que no depende sólo del producto global creado, sino también de otros factores como las diferencias naturales de las personas, la disposición y aptitudes, del capital invertido y de la tecnología. El producto del trabajo, por tanto, no le puede corresponder íntegramente al productor, que sin dudas es un factor esencial pero no el único que interviene y hace posible la redistribución. Si la propiedad privada ha sido empleada para la explotación de unos hombres por otros, la solución no está en abolirla sino en perfeccionar la forma de redistribución del producto del trabajo.

La violación de ese principio desnaturaliza la economía y la convierte en prisionera de la ideología, que es lo mismo que condenarla a muerte, como lo evidencian los disímiles proyectos de socialismo basados en la imposición artificial de la propiedad del Estado. En la Unión Soviética terminó en un rotundo fracaso. En China condujo al hambre generalizada hasta que emprendieron las reformas que la han convertido en uno de los motores de la economía mundial. En Vietnam, el sistema de economía planificada sumió al país en la miseria hasta que iniciaron la Renovación Vietnamita, con la cual se logró un aumento sostenido de la producción y la productividad hasta ocupar mundialmente el segundo lugar en la exportación de arroz, por lo que Estados Unidos dejó de oponerse a la concesión de créditos, suspendió el embargo y estableció relaciones diplomáticas. Corea del Norte no califica, pues se trata de un socialismo feudal-esclavista en fase final. Y Cuba ha logrado sobrevivir gracias a la subvención solidaria proveniente de alianzas ideológicas.

A la propiedad sobre la tierra o sobre los medios de producción hay que agregar el conocimiento. La revolución tecnológica en la información y la comunicación está transformando la sociedad industrial en sociedad de la información y la economía industrial en economía informacional. Esos cambios se interponen en el intento totalitario de someter el derecho universal a la educación y la información a la ideología. La Universidad no puede ser solo para los revolucionarios y la información no puede estar supeditada a los intereses ideológicos del Estado.

El Presidente cubano ha reconocido que en nueve años el área cultivable del país se redujo en una tercera parte; que sin que las personas sientan la necesidad de trabajar para vivir… jamás estimularemos el amor por el trabajo; que sin la conformación de un firme y sistemático rechazo social a las ilegalidades y diversas manifestaciones de corrupción, seguirán, no pocos, enriquecidos a costa del sudor de la mayoría; que si mantenemos plantillas infladas en casi todos los ámbitos del quehacer nacional y pagamos salarios sin vínculo con los resultados, no podemos esperar que los precios detengan su acenso constante, deteriorando la capacidad adquisitiva del pueblo.

Sin embargo, la respuesta se ha limitado a la promulgación del Decreto Ley 259 sobre la entrega en usufructo de tierras –que el Estado fue incapaz de hacer producir– a los campesinos capaces de hacerlo; la reforma laboral que dejará sin empleos a más de un millón de trabajadores; y un listado de naturaleza feudal, de actividades por cuenta propia que prácticamente se limita a cobrar impuestos “sobre los ingresos personales, sobre las ventas, los servicios públicos, y por la utilización de la fuerza de trabajo, además de contribuir a la Seguridad Social”, con una carga de regulaciones y limitaciones que impiden al cuentapropismo desempeñar un papel importante en la producción y los servicios. En cambio, nada se dice del derecho de asociación de estos trabajadores que entran a un escenario sin organizaciones independientes del Estado que los representen y mucho menos de fomentar pequeñas y medianas empresas. Para estimular el crecimiento de ese sector, en vez de tratar de evitar la formación de un empresariado nacional, habría que añadir una política caracterizada por bajos impuestos fiscales y créditos bancarios, creación de un comercio mayorista, implementación de los derechos de asociación y de acceso libre a la información, lo que implica la implementación de los derechos humanos, base de la dignidad de la persona. Sólo así se puede convertir al cubano en sujeto interesado por los cambios.

La concepción integral de la propiedad es el camino para el desarrollo económico sostenido y sostenible y para la formación de un empresariado nacional. En Cuba, pensadores y políticos de todas las épocas se preocuparon por el fomento generalizado de la pequeña y mediana propiedad. Basta citar al Obispo Juan José Díaz de Espada, a José Antonio Saco, Francisco de Frías, Enrique José Varona, Julio Sanguily y Manuel Horta Duque1, y por supuesto, entre ellos a José Martí, quien consideraba que es rica una nación que cuenta muchos pequeños propietarios2. Ellos y otros argumentaron la importancia de fomentar una economía diversificada de pequeños productores agrícolas y la formación de una clase media nacional.

Si el fin de cualquier modelo social es el ser humano, las relaciones económicas y dentro de ellas las de propiedad, constituyen un medio subordinado a ese fin. Por tanto, en cualquiera de sus formas, la propiedad tiene una función social que consiste en incentivar el desarrollo de la economía para la vida humana. La disyuntiva no radica en la elección de una u otra forma, sino en la capacidad para considerar, en determinada época, lugar y condiciones, cuál o cuáles de las formas es más ventajosa para el desarrollo, lo que hace de la institución de la propiedad un fundamento del orden social.

Todos coincidimos en que Cuba necesita de una economía eficiente, pero ese propósito resulta inviable si los productores están vedados de ser propietarios, de recibir un salario para satisfacer las necesidades más elementales, de tener acceso libre a Internet y gozar de derechos tan elementales como la libertad de asociación para la defensa de sus intereses. Se impone convertir la propiedad y los salarios en palancas del desarrollo económico, y la única garantía de lograrlo está en la implementación de los derechos humanos.

La ratificación de los pactos de derechos humanos firmados en el año 2008 y la adecuación de la legislación interna en consonancia con esos documentos constituyen premisas insoslayables para salir de la crisis actual. En este sentido hay que volver la vista a la Constitución de 1901, que reconoció las libertades de expresión, de palabra o escrita, por medio de la imprenta o por cualquier otro procedimiento; los derechos de reunión y de asociación y la libertad de movimiento para entrar y salir del país. También a la Constitución de 1940 que, con la anuencia de los comunistas participantes de la Constituyente, agregó a la de 1901 la declaración de punible a todo acto de prohibición o limitación del ciudadano a participar en la vida política de la nación y la existencia y legitimidad de la propiedad privada en su más alto concepto de función social.

Para ello basta que el Gobierno, propietario de casi todos los medios de producción, asuma la voluntad política necesaria, sitúe al ciudadano en primer lugar y proceda a desatar el nudo gordiano de las relaciones de propiedad, conjuntamente con cambios integrales, para que de la profundización de las actuales reformas renazcan las pequeñas y medianas empresas, la diversidad de formas de propiedad y la conformación de una clase media nacional.
1 Manuel Horta Duque (1896-1964), catedrático y jurista que elaboró un proyecto de reforma agraria que defendió en la Constituyente de 1940.
2 MARTÍ, JOSÉ. Obras Completas, T.7 La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1991, p.134

(Publicado el 27 de septiembre en el número 2 de la revista digital Voces, de octubre de 2010, en el sitio www.vocescubanas.com/voces)

El pronunciamiento de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), acerca de las medidas dictadas por el Gobierno para desinflar las plantillas laborales y brindarle mayor cobertura al trabajo por cuenta propia, publicadas en el diario del Partido Comunistael 13 de septiembre de 2010, constituye un buen motivo para debatir acerca de la dependencia del sindicalismo cubano respecto al Estado.

Según algunos párrafos del documento: “La dirección del Gobierno ha venido trabajando en la elaboración de un conjunto de medidas que garantizan e instrumentan los cambios que resulta necesario e impostergable introducir en la economía y la sociedad…; En correspondencia con el proceso de actualización del modelo económico y las proyecciones de la economía para el período 2011-2015, se prevé en los Lineamientos para el año próximo la reducción de más de 500 000 trabajadores en el sector estatal…; Nuestro Estado no puede ni debe continuar manteniendo empresas, entidades productivas, de servicios y presupuestadas con plantillas infladas, y pérdidas que lastran la economía…; Al sindicato le corresponde actuar en su sector con un alto nivel de exigencia y mantener el control sistemático de la marcha de este proceso, desde que se inicie hasta que concluya, adoptar las medidas que correspondan y mantener informados a sus organismos superiores y a la CTC…”

Tanto los párrafos citados, como los del resto del documento, evidencian la ausencia total de independencia de la CTC. En ellos no aparece ninguna mención a los intereses de los trabajadores que supuestamente representa dicha organización, como son la insuficiencia de los salarios respecto al creciente costo de la vida, las violaciones de convenios de la Organización Internacional del Trabajo que han sido ratificados por el gobierno cubano, y el estado de indefensión de los trabajadores ante las disposiciones administrativas, como es el despido laboral masivo que se está llevando a cabo.

Por el impacto que tendrá la actualización del modelo en los trabajadores se impone la necesidad de comprender el proceso mediante el cual el movimiento obrero fue desnaturalizado.

Los sindicatos cubanos dieron las primeras señales de vida durante la sustitución de la mano de obra esclava por el trabajo asalariado. La creación de la Asociación de Tabaqueros de La Habana, las primeras huelgas y la fundación de periódicos obreros, desde 1865, así lo demuestran. El crecimiento y fortalecimiento de ese movimiento desembocó en la conformación de las grandes centrales obreras del siglo XX, las cuales, apoyadas en las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de 1901, lograron considerables beneficios, especialmente en cuanto a aumentos salariales y disminución de de r la duración de la jornada laboral, a la vez que desempeñaron un importante papel en importantes hechos políticos como fue el derrocamiento del régimen de Gerardo Machado por la huelga general del 5 de agosto de 1933: un acontecimiento sin precedentes en la historia de Cuba.

La pujanza alcanzada por el movimiento obrero se reflejó en hechos como los siguientes: la legislación laboral aprobada en ese período comprendía la existencia legal de los sindicatos, el derecho de huelga, la jornada de ocho horas, el salario mínimo para los azucareros, la estabilidad del empleo, las vacaciones y licencias por enfermedad y maternidad retribuidas, entre otras medidas que se ampliaron y complementaron en abril de 1938 con el Decreto 798: el más importante en la legislación laboral republicana y uno de los más avanzados en el mundo; muchas demandas obreras se convertían en leyes para beneficio de los trabajadores; y 3- la autonomía económica de los sindicatos se reflejo en la adquisición de propiedades, como la construcción del moderno edificio de Carlos III por el Retiro de Plantas Eléctricas y su arrendamiento a la Compañía de Electricidad; la construcción del hotel Habana-Hilton por el sindicato del Retiro Gastronómico y su arrendamiento a la cadena Hilton; y el desarrollo del reparto Gráfico, por el sindicato de Artes Gráficas.

Sin embargo, el germen destructor de ese movimiento, se venía gestando desde 1925. En ese año, casi de forma simultánea, se fundaron la Central Nacional Obrera de Cuba (CNOC) y el Partido Comunista de Cuba. Después, en 1934, con la fundación del Partido Revolucionario Cubano (Auténtico), se inició una pugna con el Partido Comunista por el control del sindicalismo, la cual se agudizó en 1939 con la disolución de la CNOC para dar paso a la fundación de la CTC y en 1944 con la victoria auténtica en las elecciones de ese año, de tal forma que durante la celebración del V Congreso en 1947 –que realmente fueron dos congresos: uno controlado por los auténticos y el otro por los comunistas– una resolución ministerial declaró legítimo al congreso auténtico, en detrimento de los comunistas.

La subordinación se manifestó de forma pronunciada ante el Golpe de Estado del 10 de marzo de 1952. El entonces Secretario General de la CTC, Eusebio Mujal, quien había llamado a la huelga general contra el Golpe, aceptó una oferta del gobierno de Batista a cambio de conservar los derechos adquiridos por la CTC, con lo que se le asestó un duro revés al sindicalismo cubano. En 1953, al resurgir las huelgas obreras, la dirección sindical auténtica quedó atrapada: si las apoyaba entraba en conflicto con el Gobierno, si no las apoyaba perdía al movimiento obrero, y Mujal optó por lo segundo: la alianza con la dictadura.

El gobierno que tomó el poder en 1959 necesitaba del apoyo sindical para apuntalar su proyecto, y como la huelga general del 1 al 5 de enero sirvió para consolidarse, fue utilizada para crear una imagen ilusoria del papel que los obreros habían desempeñado durante la lucha insurreccional. A pesar de ello, el 22 de enero de 1959 se produjo el primer golpe contra el sindicalismo. La CTC fue disuelta y sustituida por la CTC con el apellido de Revolucionaria (CTC-R). La resistencia a tal intención no se hizo esperar. Se creó el Frente Obrero Humanista, donde se aglutinaron 25 de las 33 federaciones de industrias bajo el lema ¡Ni Washington ni Moscú!, lo que abrió un periodo de conflictos que fue resuelto en el X Congreso celebrado en noviembre de 1959, donde David Salvador, designado Secretario General de la CTC intervenida, ante la pregunta de un observador del Movimiento Social Cristiano, acerca de cuál era entonces el proyecto de los trabajadores, David respondió firme y lacónicamente: “Lo que diga el Comandante”.

Ante la división, el entonces primer ministro del Gobierno, Fidel Castro, propuso un voto de confianza a la candidatura de David Salvador, dejando fuera a los comunistas y anticomunistas más destacados. Sin embargo, después del Congreso, el Ministro del Trabajo, Augusto Martínez Sánchez, lo que el Gobierno no pudo hacer durante las sesiones del Congreso: Inició un proceso de despidos de dirigentes e intervenciones de sindicatos y federaciones, que no culminó hasta que la mayoría de los dirigentes

Ya en el XI Congreso de la CTC-R celebrado en 1961, no quedaban vestigios del otrora movimiento obrero. Por vez primera se postuló un candidato para cada puesto y los delegados, representando al Gobierno, renunciaron a casi todas las conquistas históricas del sindicalismo cubano: a los nueve días de licencia por enfermedad, al bono suplementario de navidad, a la jornada semanal de 44 horas y al incremento constitucional del 9.09%, entre otros. El golpe de gracia se dio en 1966 durante el XII Congreso (al cual asistí como delegado por Santiago de Cuba) en el cual Lázaro Peña, entonces Secretario General, fue destituido. Así el sindicalismo quedó bajo control del Estado y la CTC se transformó en un apéndice del Partido Comunista para el control de los trabajadores. Los resultados de la subordinación se reflejaron en la Constitución de 1976, en la cual los escasos seis artículos del Capítulo VI dedicados a los derechos de los trabajadores, ignoran casi todo lo alcanzado por el movimiento sindical desde la creación de la CNOC en 1925.

El proceso descrito fue una de las consecuencias de considerar que los pueblos son reducibles a una forma de organización donde las personas funjan como simples ejecutoras, lo cual corrobora la indiscutible tesis de que sin autonomía es imposible la existencia de un verdadero sindicalismo.

En la situación actual, es decir, en ausencia de un verdadero sindicalismo, el Gobierno cubano, después de agotar todas las posibilidades de subsistir sin cambiar, está emprendiendo algunas reformas, bajo el nombre de actualización del modelo, que tendrán un fuerte impacto negativo en los trabajadores por el grado de indefensión en que se encuentran ante el Estado, lo que le permite al Estado decidir por sí solo y limitarse a solicitar el apoyo a los obreros, como lo demuestra el actual Pronunciamiento de la CTC-R.

Si el actual proyecto gubernamental no contempla los derechos y libertades que requiere el sindicalismo, para que los trabajadores puedan transitar de la actual condición de masa a verdaderos sujetos de la gestión económica, es decir, que puedan obtener salarios en correspondencia con el costo de la vida y que la condición de empresario deje de ser un privilegio de los no nacidos en Cuba, el Estado enfrentará un nuevo y rotundo fracaso. No hay alternativas: se restablece el sindicalismo independiente o no habrá actualización del modelo.

(Publicado en www.diariodecuba.com el 5 de noviembre de 2010)

Foto de Orlando Luis Pardo

Foto de Orlando Luis Pardo

Cuba está inmersa en la crisis estructural más profunda de su historia. La salida de la misma requiere del conocimiento de sus causas y de voluntad política para emprender los cambios, en los cuales la participación ciudadana en los asuntos públicos se alza como ineludible necesidad para que los intentos de solución, como ha ocurrido antes, no conduzcan a nuevos retrocesos.

El Gobierno cubano, una vez que agotó todas posibilidades de conservar el “modelo” sin cambiar, ha decidido introducir algunas reformas, que aunque distan mucho de ir a la raíz de los problemas, han resquebrajado el inmovilismo. En el nuevo contexto la formación ciudadana, una carencia histórica de nuestro país, tiene que ocupar un lugar esencial. En ese sentido resulta de interés recordar las enseñanzas de figuras cubanas que se preocuparon y ocuparon por ese déficit tradicional.

En la colonia, el padre Félix Varela comprendió que la formación cívica constituía una premisa para alcanzar la independencia y en consecuencia eligió la educación como camino para la liberación, por eso insistía en que lo primero era empezar a pensar. José de la Luz y Caballero arribó a la conclusión de que, antes de la revolución y la independencia, la educación. Hombres más bien que académicos –decía– es la necesidad de la época. Y José Martí comenzó por un estudio crítico de los errores de la Guerra de 1868 en el que develó factores negativos como la inmediatez, el caudillismo y el egoísmo, estrechamente relacionados con la débil formación cívica.

En la república Enrique José Varona, en Mis consejos, escrito en 1930, se quejaba de que la República había entrado en crisis, porque gran número de ciudadanos han creído que podían desentenderse de los asuntos públicos. Cosme de la Torriente y Peraza, convencido de lo inútil de la violencia para fundar pueblos y conformar naciones, encaminó sus pasos hacia la conciliación y el diálogo como cimientos ético-culturales de la acción política. Gustavo Pittaluga, médico italiano radicado en España, que emigró a Cuba en 1937, en su obra Diálogos del Destino, demostró que la violencia es el signo precursor del destino de Cuba e insistía en que la solución de los conflictos solo se podría alcanzar desde la política y el entendimiento.

Fernando Ortiz, en La crisis política cubana: sus causas y sus remedios (1919) destacó, entre nuestras limitaciones: Falta de preparación histórica del pueblo cubano para el ejercicio de los derechos políticos; debilidad psicológica del carácter cubano, la impulsividad, característica de esa índole psicológica, que nos lleva con frecuencia a actuaciones intensas, pero rápidas, precipitadas, impremeditadas y violentas. Y Jorge Mañach, decía: Cada persona tiene su pequeña aspiración, su pequeño ideal, su pequeño programa; pero falta la aspiración, el ideal, el programa de todos. Y añadía, el individualismo inhíbito en nuestra raza hace a cada uno quijote de su propia aventura. Los esfuerzos de cooperación generosa se malogran invariablemente. Los leaders desinteresados no surgen. Se ansía vagamente un estado mejor; pero no se lucha en cruzada de todos por realizarlo.

Las observaciones citadas nos colocan cara a cara con la falta de preparación del pueblo para el ejercicio de los derechos políticos, lo que ha conducido a la mayoría de los cubanos a desentenderse de los asuntos públicos; un mal del pasado y del presente que constituyen un serio obstáculo para salir de la actual crisis estructural.

Entre el actual contexto y un país democrático media como premisa la formación de una cultura de derechos humanos. Parafraseando el concepto de acción afirmativa, que en otras latitudes define las leyes y proyectos encaminados a la inserción social de sectores tradicionalmente preteridos, en nuestro medio se impone de forma similar una acción educativa, pues, la experiencia indica que los esfuerzos encaminados a la democratización serán nulos si no se cuenta con los sujetos capaces de exigir, promover e impulsar los cambios.

Sin esa cultura, aunque el Gobierno introdujera transformaciones económicas y políticas, y los derechos y libertades sean restablecidos, los ciudadanos nunca estarán en condiciones de asumir las responsabilidades que impone la vida en democracia. No es nada casual que en 1878, en plena colonia, se implementaron libertades cívicas hoy inexistentes. Se impone pues, trabajar en la conformación de una cultura de derecho como cimiento de la nueva Cuba para detener nuestra marcha hacia el pasado.

En La rebelión de las masas, al referirse a las multitudes que se incorporan impetuosamente como sujeto de cambios sociales, decía José Ortega y Gasset: puede, en efecto, ser tránsito a una nueva y sin par organización de la humanidad, pero también puede ser una catástrofe en el destino de lo humano. No hay razón para negar la realidad del progreso, pero es preciso corregir la noción que cree seguro este progreso. Y añadía: Todo, todo, es posible en la historia –lo mismo el progreso triunfal e indefinido que la periódica regresión1.

A pesar de los pocos espacios y las muchas dificultades se puede avanzar por diferentes caminos: el estudio de la Declaración Universal y de los Pactos de derechos humanos que Cuba firmó en el 2008; el debate de ideas en los pequeños círculos que están emergiendo desde el descontento ciudadano, la multiplicación del periodismo ciudadano y de los diferentes gérmenes de sociedad civil autónoma; la impartición de cursos acerca del derecho, de la historia de Cuba; y las proyecciones de filmes y documentales. Esas y otras vías deben fomentarse y multiplicarse para promover el intercambio de análisis y de opiniones. Una acción que en el futuro tendrá que ser incorporada al sistema educativo

El reto es lograr que la conciencia de valores cívicos y la visión integral de los derechos humanos sean conviertan en una incorporación cultural profunda y sólida. Emprender esa labor en un contexto en el predomina la moral de sobrevivencia, la frustración en las mentes, la tendencia al escapismo y la escasa formación humanista, es una misión extremadamente compleja, pero ineludible. Una acción educativa –usando una frase del Apóstol– en la que vayan en ella los gérmenes de la democracia de mañana. Para que ninguna élite política pueda alzarse como representante de lo que denomina “masa”.

1 J. ORTEGA Y GASSET. La rebelión de las masas. El País. Clásicos del siglo XX. Madrid. 2002, pp.119-120.