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Hemeroteca de junio 2010

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Antonio María Claret (1807-1870), después de desarrollar una destacada labor evangelizadora en Cataluña y Canarias, de participar como cofundador de la Congregación de los Hijos del Inmaculado Corazón de María (misioneros claretianos) y de ser ordenado Obispo, fue enviado a nuestro país para ocupar el Arzobispado de Santiago de Cuba, el cual abarcaba el territorio desde las actuales provincias de Guantánamo hasta Ciego de Ávila, una extensa región donde la labor evangelizadora había dejado mucho que desear debido a la ausencia de obispos durante 18 años.

Para el mejor desarrollo de su misión, Claret elaboró una Carta Pastoral dirigida a la iniciación en la vida cristiana con semejanzas a la actual Doctrina Social de la Iglesia, legitimó miles de matrimonios, fundó la Hermandad de la Instrucción de la Doctrina Cristiana para la evangelización y junto a la madre María Antonia París, fundó también el Inmaculado Corazón de María (claretianas). Su norte fue siempre la dignidad de la persona y la prioridad de los más necesitados como lo demuestran las cajas de ahorro al servicio de obreros y campesinos, la ayuda a las mujeres sin dotes para casarse y a las viudas desamparadas y su atención a la agricultura, sector para el que escribió dos libros referidos a los métodos agrícolas modernos; creó una granja en Camaguey para niños y niñas pobres y elaboró un plan que tendía a convertir a los campesinos en verdaderos propietarios.

Su arribo a Cuba se produjo cuando el comercio de esclavos seguía arrojando miles de africanos sobre nuestras costas. Como en sus manos no estaba la posibilidad de abolir la esclavitud, abogó –siguiendo el ejemplo de San Pablo– por el trato caritativo a los cautivos, por la igualdad entre negros y blancos y por la eliminación de la trata, a la vez que autorizó los matrimonios interraciales y exigió el cumplimiento de las leyes civiles y eclesiásticas que contenían beneficios para los esclavos, como el Bando del Buen Gobierno, el Reglamento de Esclavos y las Leyes Sinodales. El valor ético de su conducta reside en que las autoridades coloniales prohibían a los eclesiásticos criticar la legislación vigente, y la esclavitud era legal, por lo que tuvo que enfrentar más de un proceso en su contra.

Aunque Claret se declaraba apolítico, realmente era partidario del sistema monárquico y contrario a la independencia. Sin embargo, como hombre de Iglesia, esa posición nunca lo apartó de su labor misionera. En su autobiografía escribió: “Jamás me he metido en materias de política; veo y medito la marcha de las cosas, pero no digo ni una palabra”. Aunque él consideraba que la actuación política directa era una impedimenta para el ministerio sacerdotal, lo cierto es que nadie que se preocupe y ocupe de los pobres, los enfermos, los trabajadores y los esclavos, puede considerarse al margen de la política.

La mejor prueba de lo anterior la brindó el mismo Claret con la actitud asumida en el proceso judicial, efectuado en agosto de 1851, que condenó a muerte a Joaquín de Agüero y a otros patriotas camagüeyanos que se alzaron contra la metrópoli. Los consideró patriotas porque, aunque eran partidarios del anexionismo, no se puede ignorar que esa corriente política incluía a todos los que asumían el modelo norteamericano por su carácter democrático y no sólo a los que propugnaban la unión con Estados Unidos con el fin egoísta de preservar la esclavitud.

Ese fue el caso de Joaquín de Agüero, quien se inició en la vida pública aboliendo la esclavitud en sus propiedades, casi dos décadas antes que lo hiciera Carlos Manuel de Céspedes en La Demajagua. La razón estriba en que, como la anexión implicaba previamente la separación de España, los que tenían ideas independentistas podían aceptar la participación en la primera etapa, es decir, en la de la separación. El historiador marxista Sergio Aguirre, en Nacionalidad y nación en el siglo XIX cubano, al referirse a Joaquín de Agüero, Isidoro de Armenteros, Francisco Estrampes y Ramón Pintó, escribió: “Fueron todos, al parecer, anexionistas. Pero, ¿quiénes anduvieron movidos erróneamente por una sana intención democrática?; ¿cuáles fueron hipotecadores de la nacionalidad cubana en aras del interés esclavista?; ¿para quienes fue la independencia el verdadero objetivo? Lógicamente, el mejor parece Agüero. El peor Pintó”. Otro historiador, Oscar Loyola, en Cuba y su historia, reconoce que el anexionismo no fue una corriente unitaria y plantea que Agüero se alzó en defensa de la separación de Cuba de la Metrópoli.

A favor de esos cubanos que lucharon por la separación de España, Claret, que era partidario de la monarquía, pidió clemencia por ellos y solicitó permutar la pena de muerte dictada a cambio de su propia vida: una actitud valiente y ética conforme a los principios cristianos.

En carta al Capitán General de la Isla, el 26 de julio de 1851, escribió: “Ya sabe Vuestra Excelencia que nunca jamás me he metido en asuntos políticos, pero en esta isla se halla tan hermanada la religión con la política, que apenas se puede hablar de la una que no se tope con la otra aunque no se quiera”. Por su recta conducta fue víctima de varios atentados contra su vida, entre ellos el ocurrido en 1856, en la ciudad de Holguín, donde fue herido en la mejilla y en el brazo derecho con una navaja.

En 1857 Claret, al ser designado confesor personal de la Reina Isabel II, abandonó Cuba. Resultado de la revolución liberal de 1868 partió al exilio con la Reina y murió refugiado en una abadía de Francia, el 24 de octubre de 1870. Por su obra el Episcopado de América Latina solicitó al Papa León XIII su beatificación, la causa se introdujo en 1887, fue declarado Venerable en 1890, beatificado en febrero de 1934 y canonizado por el Papa Pío XII, el 7 de mayo de 1950.

Al igual que el obispo Pedro Agustín Morell, quien medió y defendió a los esclavos del Cobre en 1731, San Antonio María Claret, intercedió por la vida de un grupo de patriotas camagüeyanos. Hechos poco conocidos, que son parte de nuestra historia y que encierran muchas enseñanzas para el presente cubano.

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La prensa oficial cubana publicó el pasado 17 de mayo los proyectos de resoluciones elaborados por las comisiones que sesionaron durante el X Congreso de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) y que fueron aprobados en la sesión de clausura, celebrada en el Teatro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Una lectura crítica de esos documentos y del discurso del Ministro de Economía, evidencia una verdad: la solución de la ineficiente agricultura cubana no depende de congresos.

Las palabras del Ministro Mariano Murillo Jorge, parecen ser la guía de los proyectos aprobados por los delegados al Congreso, pues, en línea general, las resoluciones aprobadas responden a la “proyección de la economía hasta el año 2015”, presentada por el Ministro: reducir las importaciones de alimentos y materias primas para la alimentación animal; aumentar la producción de arroz, frijoles, maíz, leche, cárnicos, café y otros renglones; así como desarrollar la base nacional de alimentación animal para sustituir los cientos de millones de dólares que se invierten en comprar fuera lo que se puede producir dentro del país; lineamientos que constituyen el contenido esencial de los 37 proyectos elaborados por la Comisión No. 1: Producción y Economía.

En ellos se recomiendan a los ministerios del Estado continuar potenciando la producción de arroz, diseñar un programa de no menos de 100 mil hectáreas anuales para producir frijol y garbanzo, así como otros programas similares dedicados al maíz, a la soya, a las viandas, las hortalizas y las frutas. Potenciar un programa de la micro y minindustria, perfeccionar el programa de desarrollo del ganado vacuno, aumentar la producción de carne de cerdo sin incrementar las importaciones de pienso; potenciar el programa de équidos para crear nuevos patios de cría mular y de equino, desarrollar un trabajo con todos los poseedores de ganado mayor para que ceben y vendan sus propios animales directamente a los mataderos y desarrollar un movimiento popular para la producción de huevos sin importar alimentos.

También se plantea extender la experiencia de la agricultura urbana a las zonas suburbanas e incorporar las cooperativas a esos planes; no permitir a ninguna cooperativa cortar área de caña que no estén planificadas para moler, dejar sembrado el 100% del balance de área de caña en el 2011 y alcanzar para el próximo Congreso el mínimo de 54 toneladas por hectárea. Apoyar los programas de recuperación y desarrollo del café y del cacao, exigir a cada cooperativa el cumplimiento del programa forestal aprobado hasta el año 2015, aprobar un programa de desarrollo tabacalero en las provincias orientales, incrementar la producción de abonos orgánicos, y solicitar a las familias que tengan las posibilidades de producir arroz, frijol, grasa, huevos, leche y café, que hagan dejación de esos productos que se distribuyen por la canasta básica a precios subsidiados, así como tomar medidas para que todos aseguren sus patrimonios y evitar que el Estado sea el que asuma los daños y perjuicios.

En fin, lo primero que salta a la vista en el concluido Congreso es la falta de autonomía de la ANAP para discutir y acordar proyectos a partir de los intereses de sus asociados. Por ejemplo, un problema tan vital para la producción agropecuaria y tan arraigado en el campesinado, como es la estructura actual de la propiedad agraria brilló por su ausencia.
Resulta que durante décadas el Estado cubano ha demostrado fehacientemente su incapacidad para producir. Basta recordar que la producción de azúcar, el principal producto del agro cubano a través de su historia, en 1903, recién salida Cuba de la Guerra de Independencia y de la tea incendiaria, produjo 1 millón de toneladas, el monto que hoy casi constituye un sueño. Un descalabro que obliga a comprar azúcar en otros países para poder cumplir los compromisos exteriores. Y una de las causas, sino la principal, de esa incapacidad radica en la estructura de la propiedad que concentra la mayor parte y las mejores tierras en manos del Estado.

Sin embargo, los sectores privados y cooperativos, a pesar de la falta de autonomía, producen con menos tierra la mayor parte de los productos agrícolas. Sumando las 920 mil hectáreas entregadas con la Ley 259, el sector cooperativo-campesino dispone del 41 por ciento de la superficie agrícola; sin embargo, aporta cerca del 70% del valor de la producción agropecuaria; sin tener en cuenta que de las 920 mil hectáreas entregadas, alrededor de la mitad permanecen ociosas o insuficientemente explotadas, bien por falta de experiencias o bien porque los usufructuarios carecen de lo más elemental para ponerlas en explotación. Por su parte el Estado, con casi el 60% de las tierras, apenas produce un 30%. A pesar de ese dato tan aplastante el Estado se abroga el derecho de conservar la mayor parte de la tierra en sus manos y entregar a los verdaderos productores solo pequeñas parcelas en calidad de usufructo.

Como resultado, Cuba, un país con tradición agrícola y con un clima favorable se ha visto obligada a importar un por ciento creciente de lo que consume, pues a pesar de todas las medidas, el decrecimiento no ha podido detenerse y nada indica que se pueda lograr con los acuerdos del Congreso de la ANAP, pues parece ser que como ese tema no estaba en el discurso rector del Ministro de Economía, se decidió no abordarlo. Todo ello indica la importancia vital que tiene la autonomía para cualquier asociación, para no tener que discutir temas por encargo.

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El 28 de junio de 1844, entre las múltiples víctimas de la horrible represión racista conocida como Conspiración de la Escalera se encontraba Gabriel de la Concepción Valdés (Plácido). Su culpa no estaba en haber participado en actividades subversivas contra la metrópoli sino en su condición de hombre libre, mulato, con talento e ideas liberales; una combinación extremadamente peligrosa en un momento tan convulso como el denominado año del cuero.

Las causas del fusilamiento de Plácido nos remiten al sector de negros y mulatos libres que apareció en la sociología insular desde el mismo siglo XVI. Hijos de peninsulares con esclavas, esclavos abnegados o delatores, esclavos fugados y esclavos que compraron la libertad por dinero, fueron algunas de las vías de formación de ese sector. Desde la producción agrícola hasta las artes, negros y mulatos libres constituían la base de la economía en el siglo XIX. Gracias a su esfuerzo y talento lograron adquirir pequeñas propiedades y cierta preeminencia cultural, que les permitió una determinada participación e interacción social con los blancos.

Este sector libre, con marcados rasgos de cubanía, estableció una estrecha relación de solidaridad y de identidad cultural con los esclavos. Unos y otros se fueron acriollando y sintiéndose cubanos en un proceso de identificación que tenía por base lo que Ramiro Guerra denomina doble ansia de libertad civil e igualdad social de parte del esclavo y del negro libre. Todo ello cimentado por la organización de los cabildos y reforzado por el establecimiento, desde el XVII, de los Batallones de Pardos y Morenos Leales.

El crecimiento acelerado de la esclavitud en el siglo XIX marcó su punto más alto entre 1840 y 1845. Un caso particular fue la provincia de Matanzas, donde el número de ingenios sobrepasó la cifra de 300 y donde el aumento de los maltratos generaron una cadena de sublevaciones que se extendió desde el ingenio la Conchita en 1839 hasta la Conspiración de la Escalera en 1844. Acontecimientos que prácticamente abarcaron todas las dotaciones de esclavos de la zona poniendo en peligro los intereses económicos de hacendados criollos, comerciantes peninsulares y del gobierno metropolitano.

La respuesta represiva involucró a más de cuatro mil personas. De ellas 78 condenadas a muerte, casi 600 enviadas a prisión, más de 400 deportadas y unos 300 muertos por maltratos físicos durante el proceso. La represión la dirigió el Capitán General Leopoldo O’Donnell simultáneamente contra negros y mulatos libres y contra los intelectuales blancos que se oponían a la trata de esclavos. El objetivo era decapitar el incontrolable movimiento abolicionista, en un momento en que el sector integrado por negros y mulatos libres, además de registrar avances en la economía, representaban el 58% de los habitantes de la Isla, y cuando aún se mantenía fresco el recuerdo de la sangrienta rebelión de los esclavos en Haití.

La libertad que se manifestó en Hispanoamérica como insurrección armada, en Cuba tuvo su expresión desde la cultura. La definición de lo cubano iniciada en la lírica por el neoclasicismo con Manuel de Zequeira y Manuel Justo de Rubalcava, sirvió de tránsito y fundamento al romanticismo de José María Heredia y de Gertrudis Gómez de Avellaneda, destacando desde la flora y la fauna la tipicidad insular y la conciencia diferenciadora de lo español. En ese proceso, Plácido, cuyas dotes poéticas se manifestaron desde edad temprana, junto a Cirilo Villaverde, Félix Tanco, Ramón de Palma, Anselmo Suárez y Romero, José Jacinto Milanés y Domingo del Monte conformaron, desde diferentes ángulos de nuestra cultura, una pléyade de románticos forjadores del proceso de cubanización.

Hijo de mulato con una bailarina española, debido a su situación económica Plácido se vio obligado, paralelo a la poesía, a ejercer de carpintero, dibujante, tipógrafo, peinetero y platero. Fue un poeta espontáneo, fácil versificador y de alta sensibilidad. Juramento, A un pajarillo, La muerte de Gesler y la décima ¡Habaneros, libertad!, su célebre romance Jicotencal, La flor de la caña, La flor del café y sus versos escritos antes de morir: Despedida a mi madre, Adios a mi lira y Plegaria a Dios, este último declamado mientras caminaba hacia el cadalso para ser ejecutado, son suficientes para demostrar la presencia del criollismo y el siboneyismo, su calidad poética y su pensamiento libertario.

Francisco Calcagno, en “Poetas de Color” nos dice que Plácido “no canta sino a Cuba y si alguna vez su fantasía sale de ella es para cubanizar, por decirlo así, todo lo que pinta”. Por esa cubanía que llevaba dentro, por su arraigo a la tierra natal que lo llevó a denegar ofertas como la que le hiciera José María Heredia en 1836 para viajar al extranjero, por su aporte a la conformación de la identidad nacional y por el valor con que enfrentó su suerte, Gabriel de la Concepción Valdés, El Bardo del Yumurí tiene reservado un espacio en el panteón de la cultura cubana.

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Una de las funciones de la mediación en los conflictos es lograr un cambio de imágenes y actitudes que por sí mismos las partes no pueden alcanzar, principalmente cuando la posición de los adversarios, o de uno de ellos, es opuesta a cualquier solución que no sea absolutamente a su favor; de ahí que el mediador, entre los muchos requisitos y características que debe tener, tiene que ser aceptado por los contendientes.

A Cuba, como ocurrió en otros países colonizados de América, fueron traídos oriundos del continente africano para utilizarlos como mano de obra esclava. Esos seres humanos, sin contactos con su tierra de origen ni posibilidad de regreso a ella, fueron sometidos a jornadas de trabajo insoportables y a los más crueles tratos físicos. La primera y más prolongada respuesta a esa deplorable situación fue la rebelión. A la violencia respondieron con la violencia, generándose una desgarradora historia de dolor y muerte que duró varios siglos y que marcó el proceso de formación de la nación cubana.

Uno de esos episodios de rebeldía tuvo lugar en Santiago del Prado –un pueblo formado alrededor de las minas de cobre de esa localidad santiaguera, conocida popularmente por el santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre– donde la historia de Cuba registra la primera rebelión masiva de esclavos. Los antecedentes de ese acontecimiento datan del año 1677, cuando las autoridades coloniales, al disponer el desalojo de los trabajadores negros que allí vivían, provocaron su alzamiento en las montañas vecinas del lugar. El 24 de julio de 1731, medio siglo después del primer alzamiento, la dotación de los esclavos del Rey de España –una condición que daba a ese núcleo características particulares– se negó a cumplir con las disposiciones del Gobernador de Santiago de Cuba, el coronel Pedro Jiménez, y se alzó nuevamente en armas para reclamar sus derechos.

Al obispo Pedro Agustín Morell de Santa Cruz y de Lora, la personalidad más brillante, abarcadora, profunda e interesante de la Iglesia católica durante los primeros siglos de la historia cubana, y el más importante estudioso de la sociedad criolla del siglo XVIII, el más destacado investigador de sus bases y de la evolución institucional e ideológica del país, por ser quien lega las obras más acabadas de su época , le tocó actuar como mediador entre el Gobernador, quien quería reducir a los rebeldes por medio de las armas, y los esclavos alzados, que estaban dispuestos a defender sus reclamos hasta las últimas consecuencias, mientras que el obispo Morell se empeñó en lograr una solución sin sangre y aceptable para ambas partes.

Su labor de mediador tuvo mayor relevancia porque entre los obstáculos estaba no sólo medio siglo de conflictos entre esclavos y esclavistas, sino también el hecho de que la Iglesia en Cuba, como en el resto de la América hispánica, estaba subordinada al Estado; una dependencia que tuvo su origen en el fracaso de la represión contra el cristianismo, iniciada con la crucifixión de Jesús y continuada por los emperadores romanos hasta el siglo IV, hasta que las autoridades comprendieron que la supervivencia del imperio dependía más del influjo del cristianismo que de su imposible exterminio. Con el cambio de política, puesta en práctica por el emperador Constantino el Grande, la Iglesia conquistó la libertad, adquirió el carácter de religión legal y asumió dimensión universal, a cambio de quedar subordinada al trono imperial.

En 1486 el Papa Inocencio VII otorgó mediante una bula pontificia el Real Patronato  a los reyes de España sobre el reino de Granada. Con ese antecedente, cuando se puso a la orden del día la evangelización de los aborígenes americanos, el Papa Alejandro VI, en respuesta a la solicitud de los reyes españoles, les concedió en 1501 la prerrogativa otorgada antes a Granada, mediante la cual se le transfirieron a la Corona un conjunto de derechos y responsabilidades que autorizaban a los monarcas a fundar iglesias, delimitar geográficamente las diócesis, presentar las mitras y beneficios eclesiásticos, percibir diezmos y escoger misioneros para enviar al Nuevo Mundo. Aunque en 1646 se otorgó independencia e inmunidad al clero, respecto a las autoridades civiles, la Iglesia siguió siendo dependiente de la Corona; una dependencia que se acentuó en la segunda mitad del siglo XVIII –precisamente en el período en que ocurrió la sublevación de los esclavos del Cobre– con varias disposiciones reales que supeditaron las más altas autoridades eclesiásticas de la Isla a las autoridades locales. Debido a ello los Obispos y otros representantes de la Iglesia que habían gozado de una relativa independencia, debían prestar juramento de fidelidad al Estado y a su derecho patronal .

Es notable la forma en que el obispo Morell, en tan desfavorables condiciones, asumió el papel de mediador. Se reunió con las partes por separado, analizó las causas del conflicto y al comprenderlas se puso de lado de los esclavos, a los que defendió ante la autoridad real. En el informe elevado al rey sobre la sublevación de los mineros, fechado el 26 de agosto de 1731, Morell demostró que el origen del conflicto provenía del rigor con que los habían tratado. Se habían violado todas las normas establecidas que afectaban los días festivos y la atención a sus familias; violaciones que incluso, perjudicaban a los negros libres. En dicho informe, el Obispo escribió: que los esclavos tenían un delirio que se limitaba a decir que eran libres y que la Real Cédula en que eso constaba la habían ocultado los regidores de Cuba. Y agregó que: a lo corto del entendimiento de los rebeldes se añadía el ansia de su libertad .

Por medio del diálogo los alzados fueron llevados al convencimiento de regresar al pueblo hasta que se logró la pacificación a cambio de suspender las medidas que habían provocado el alzamiento. Setenta años después de la mediación de Morell, esta vez dirigidos por el padre Alejandro Ascanio, los trabajadores, negros y mulatos esclavos del Cobre obtuvieron su libertad por Real Cédula –ocho décadas antes de la abolición de la esclavitud en Cuba–, la cual fue leída ante la Patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre, el 19 de mayo de 1801. Una experiencia válida para lo que ahora está ocurriendo en Cuba relativo a la aclamada liberación de los prisioneros políticos.

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La Academia de la Blogosfera Alternativa Cubana acaba de efectuar su primera graduación. El pasado jueves 8 de abril, en horas de la tarde, 32 egresados recibieron sus títulos acreditativos en la sede de esa institución, radicada en La Habana.

A diferencia de las graduaciones tradicionales, los diplomas de los ciber-periodistas fueron entregados unos a otros por los propios egresados; un detalle que refleja la horizontalidad en la que se desarrolló el curso, durante los cinco meses comprendidos entre octubre de 2009 y marzo de 2010, período en que profesores y alumnos aprendieron mutuamente en los debates e intercambios de ideas, experiencias e informaciones. Otro dato interesante es que los cinco profesores también eran alumnos de la Academia.

Además de las materias impartidas –Gestión de Proyectos en Word Press, Ética y Derecho aplicado al periodismo, Redacción y Técnica Periodística, Cultura Cubana y Fotografía– a lo largo del curso varios especialitas impartieron conferencias sobre la economía cubana, la ética, la religión y otros temas que completaron la formación del alumnado. El primer resultado, que es además el principal objetivo de La Academia, consiste en que todos los alumnos ya poseen su blog o lo tienen en proceso de creación.

El colectivo de egresados, integrado por 12 mujeres y 20 hombres, con un rango de edad comprendido entre los 16 y los 70 años, unido a las diferencias políticas, religiosas y ocupacionales, refleja un grado de diversidad que, parafraseando a Don Fernando Ortiz, podría calificarse de ciber-ajiaco.

Si la graduación de la Academia se hubiera producido en Suiza o en Haití, el hecho no poseería la menor importancia ni tendría rango de noticia. Sin embargo, el que se haya producido en Cuba, un país carente de las libertades cívicas, para fomentar una institución de esas características, sin el control del Estado, le brinda otra connotación.

Iniciativa de la joven bloguera cubana Yoani Sánchez, la Academia es, entre otras cosas, un resultado de la decisión de participar en los problemas de la nación. Conscientes de que la sociedad civil y el Estado son dos elementos de la misma sociedad, que cada uno tiene sus funciones, y que la eliminación de la espontaneidad social por el Estado significa la anulación de la participación ciudadana. Tanto Yoani como el resto del colectivo decidieron pasar por encima de la absurda decisión de que en Cuba todo tiene que ser iniciativa del Gobierno o patrocinado por éste. El esfuerzo desplegado se convirtió en realidad para coadyuvar a que nuestro país no continúe moviéndose en dirección contraria al progreso social.

Ahora, para que tan vital iniciativa se convierta en fuerza de cambio, tiene que devenir aspiración de otros, pues se trata de una acción cultural que se inicia por el uso de la libertad de expresión, una manifestación de la dignidad humana que constituye una garantía del resto de las libertades. Y eso es precisamente el pequeño aporte hecho por la Academia de la Blogosfera Alternativa.

Los egresados, con los conocimientos adquiridos, están en condiciones de –como dice el diploma de graduación– abrir y mantener un blog atendiendo a sus intereses y tendencia, y además generalizar la experiencia, pues la graduación ocurre en un contexto donde el debate de ideas se está imponiendo. Ese espacio público es tan vital que a pesar de las restricciones, no ha sido posible ignorarlo. Cuando el Partido Comunista convocó en 1990 al IV Congreso con un llamado al debate, más de tres millones de ciudadanos se manifestaron, lo que obligó a dar marcha atrás en el intento. A principios del 2007, la polémica que se inició entre algunos intelectuales generó acaloradas discusiones que demostraron su imperiosa necesidad. Unos meses más tarde, cuando se llamó a debatir el discurso pronunciado del Presidente del Consejo de Estado el 26 de julio de 2007 en Camagüey, del mismo surgió un abultado paquete de reclamos ciudadanos. Esa tendencia se reflejó posteriormente en los planteamientos de los estudiantes de la UCI, en la Escuela Nacional de Arte, en sectores de la intelectualidad, en críticas de los propios simpatizantes del poder, incluyendo a figuras conocidas de la izquierda cubana y, aunque de forma tímida, en la prensa oficial.

Era natural que así fuera, de forma intermitente desde la colonia hasta la República, en tertulias, asociaciones, instituciones y en la prensa, el debate alcanzó una magnitud tal que es imposible explicar ningún acontecimiento de nuestra historia sin tenerlo en cuenta. Baste recordar como a partir del Pacto del Zanjón en 1878, España concedió a Cuba las libertades de prensa, de asociación y de reunión, gracias a lo cual surgieron publicaciones y asociaciones que generaron el debate público acerca de los problemas de la Isla. En ese contexto, Juan Gualberto Gómez inició y ganó un proceso jurídico contra las autoridades coloniales, gracias al cual los cubanos pudieron sostener y discutir públicamente las ideas independentistas con la condición de que no se incitara a la rebelión.

La emergencia del periodismo ciudadano, caracterizado por el empleo de las nuevas tecnologías y la participación social en la producción e intercambio de información, sin tener que someterse al Estado, a las instituciones o a las políticas editoriales, explica por qué lo que comenzó por un destello débil se está convirtiendo en una eclosión de la blogósfera cubana; pues el periodismo alternativo, independiente, ciudadano y participativo, cumple con los requisitos del periodismo tradicional e incorpora otros que son sólo posibles con las nuevas tecnologías, en el contexto de un mundo globalizado.

Romper el monopolio de la información, aportar y diseminar una visión crítico-transformadora y nuevos principios, recuperar las libertades fundamentales, conformar una opinión pública y propiciar la participación ciudadana en calidad de sujeto de los cambios, son algunos de los gigantescos retos de hoy.

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El 10 abril de 1869, seis meses después del inicio de la Guerra de los Diez Años, tuvo lugar el primer acontecimientos jurídico fundacional de la futura República de Cuba: la Constitución de Guáimaro. El levantamiento insurreccional iniciado en la Demajagua, fue seguido por los patriotas camagüeyanos en las Clavellinas. Esos eventos no respondían a un centro único y tenían concepciones diferentes en cuanto a la forma de dirigir la lucha. Según Hortensia Pichardo: Camagüey no quería someterse al mando de Céspedes que consideraba dictatorial. Céspedes entendía que su autoridad debía ser acatada, por haber sido el primero en el pronunciamiento. La necesidad de la unidad condujo a la asamblea efectuada el 10 de abril de 1869, en la que se produjo un arduo debate, del cual emergió el primer texto legislativo que entró en vigor en los territorios ocupados por las fuerzas insurgentes.

Las ideas de libertad, enarboladas por el movimiento revolucionario, tenían como sustento el pensamiento libertario contenido en textos precedentes como la Carta Magna (1215), el Acta de Hábeas Corpus (1674) y la Declaración de Derechos (1689), los tres de Inglaterra; pero esencialmente en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos (1776) y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789), de Francia, donde lo imperecedero de los anteriores estaba presente.

Esos textos se reflejaron en el Proyecto de Gobierno Autonómico para Cuba del padre José Agustín Caballero (1811), en el que se argumenta la necesidad de crear una Asamblea de Diputados del Pueblo con poder para dictar leyes y un Poder Ejecutivo formado por un representante del Monarca, acompañado de un Consejo que le daría un carácter colegiado al Gobierno; el Proyecto de Constitución para la Isla de Cuba (1812,) del abogado bayamés Joaquín Infante, sustentado en las ideas de la independencia, un documento que contemplaba la división de poderes y en el que se plantea la observancia de los derechos y deberes sociales dirigidos a la igualdad, a la libertad de opinión, a la propiedad y a la seguridad, y recoge la libertad de opinión; el Proyecto de Instrucción para el Gobierno Autonómico Económico y Político de las Provincias de Ultramar (1823), elaborado por el presbítero Félix Varela, el que además de contemplar la división de poderes, consideraba perjudicial la puesta en vigor de libertades y derechos políticos exclusivamente para los blancos criollos, en consecuencia Varela preparó el primer proyecto para la abolición de la esclavitud en Cuba.

La Constitución de Guáimaro, estructurada en 29 artículos, refrendó la división clásica de poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El primero, depositado en una Cámara con poderes para nombrar al Presidente y al General en Jefe; el segundo, en el Presidente de la República en Armas; y un Poder Judicial independiente. Según se estableció la Cámara no podía atacar las libertades de culto, imprenta, reunión pacífica, enseñanza y petición, ni derecho alguno inalienable del pueblo.

La comprensión de esta constitución obliga a tener en cuenta la labor de la masonería en Cuba. Vicente Castro de Castro dirigió la creación de la Logia del Gran Oriente por todo el territorio del país, entre ellas Estrella Tropical, en Bayamo; Tínima, en Camaguey; a Logia de Trinidad en Las Villas, también las de Jiguaní, de Manzanillo y de otras localidades. Las directivas de estas logias se convirtieron en los comités revolucionarios que encabezaron los alzamientos antes señalados. Esa red de logias fue precisamente una de las principales vías por las que penetraron en Cuba las ideas acerca del republicanismo y la división de poderes, de la soberanía popular y la libertad de la persona, de las libertades individuales como la de expresión, reunión y asociación, la libertad religiosa, la separación de la Iglesia y el Estado, y la justicia social.

Otro dato importante es la estrecha relación entre lo individual y lo social, entre lo interno y lo público; pues las libertades legisladas son normas exteriores de obligatorio cumplimiento que están interconectadas con la libertad interior, que es su fuente. Esto lo comprendió Ignacio Agramonte, una de las figuras principales en el debate y la conformación de la Constitución de Guáimaro y miembro de la Logia Tínima. En la defensa de su tesis de Licenciado en Derecho expresó: Al derecho de pensar libremente le corresponde la libertad de examen, de duda, de opinión, como fases o direcciones de aquel. Por fortuna, éstas, a diferencia de la libertad de hablar y obrar, no están sometidas a coacción directa y se podrá obligar a uno a callar, a permanecer inmóvil, acaso a decir que es justo lo que es altamente injusto. ¿Pero cómo se le podrá impedir que dude de lo que se le dice? ¿Cómo que examine las acciones de los demás, lo que se trata de inculcar como verdad, todo, en fin, y que sobre ello formule su opinión?

Desde la Constitución de Guáimaro, pasando por la de Jimaguayú (1895), la Yaya (1897), y las constituciones de de 1901 y de 1940, predominaron las ideas democráticas refrendadas en la división de poderes y en las libertades fundamentales. Esas libertades quedaron también refrendadas en las constituciones revolucionarias de 1976, y las modificaciones de 1992 y 2002, pero ahora subordinadas al Partido Comunista. Libertades que se pueden ejercer para un solo fin: la construcción del socialismo y el comunismo, son por tanto, libertades para los comunistas hasta tanto dejen de pensar como tales. Lo peor radica, en negar las libertades al resto de los ciudadanos que piensan diferente y refrendar ese estado antinatural en la Constitución con carácter irrevocable. Es decir, el pueblo, supuesto soberano, no podrá transformar un sistema que los que están por nacer no han elegido.

Qué pena con José Martí, quien eligió como fecha simbólica para fundar el Partido Revolucionario Cubano, el aniversario de la Constitución de Guáimaro en abril de 1892, para así, resaltar la esencia democrática del Partido y de sus fines. Siglo y medio después del gesto emancipador iniciado en La Demajagua, en el 151 aniversario de nuestra primera Carta Magna, Cuba posiblemente sea el único país de Occidente que puede exhibir como “logro” en materia jurídica el haber regresado un poco más allá del punto de partida de su historia constitucional republicana.

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Sí los prisioneros políticos fueron condenados sólo por pensar diferente al Gobierno y actuar en consecuencia, lo que hay es que liberarlos. Se trata de un criterio generalizado en algunos sectores de la sociedad cubana, que ya incluye a figuras como el cantautor Silvio Rodríguez, quien declaró que las condenas impuestas a esos ciudadanos fueron excesivas y que debían estar libres. En ese contexto ha surgido la interrogante: ¿Si lo más lógico y sencillo es dejarlos en libertad, cuál es la razón de la mediación?

Resulta que esa lógica es insuficiente para desentrañar un conflicto político, que aunque tiene un componente ético es irreducible a ese aspecto. Surgido de la coexistencia de intereses e identidades contrapuestos, el caso de los prisioneros cubanos tiene sus raíces en el intento de eliminar la pluralidad de nuestra sociedad. La necesidad de la mediación radica en el papel que la misma puede realizar mediante el cambio de imágenes y actitudes de las partes, de tal forma que les permitan moverse hacia una perspectiva de diálogo. La mediación, aunque pone su acento en el presente y el futuro, requiere tener en cuenta las causas que originaron el conflicto, cuya raíz está precisamente en el ámbito de la política, entendiendo por ésta una esfera que trasciende al Estado, como lo demuestra la existencia y participación de la sociedad civil en el mundo contemporáneo.

En Cuba se instauró un régimen, en 1959, que por causas que no son objeto de este análisis, evolucionó hacia el totalitarismo. El proceso de desmantelamiento de la sociedad civil y de los espacios públicos tuvo su culminación en 1968 con la Ofensiva Revolucionaria, la cual liquidó de un solo golpe las decenas de miles de pequeños establecimientos particulares que aún producían y prestaban servicios. Al quedar monopolizada la política por el Estado, el Estado por un solo Partido, y el Partido por una élite iluminada, quedaron echados los cimientos del totalitarismo.

La anulación de la espontaneidad social, que sostiene y nutre los destinos humanos, condujo al país en dirección contraria al proyecto luminoso; pues cuando el Estado goza de todo el poder sobre la sociedad civil, impide a los ciudadanos ser sujetos políticos y convierte en enemigos de la “patria” a todo el que cuestione su validez. A partir de ese criterio, la relación del Estado con los que disienten deja de ser política para devenir policial, contra los enemigos del orden. Un resultado que puede ser definido de cualquier forma, menos de democrático, pues la democracia implica la existencia de las libertades y derechos ciudadanos perdidos en ese proceso.

Desde ese “logro”, es decir, desde el desmantelamiento de la sociedad civil, se proyectó la construcción del futuro luminoso que ofertaba la ideología del poder, desde la cual, los intereses individuales y de grupo cederían su lugar a un proyecto común, donde el individuo sería sustituido por la masa, hasta que el “logro” se transformó en fracasos, desde la economía hasta el deterioro espiritual. Un hecho que, aunque reconocido por el propio Gobierno, no ha sido hasta ahora acompañado de la voluntad política para proceder a las transformaciones, que tienen que incluir el renacimiento de la sociedad civil autónoma. De ahí que la liberación de los presos, de producirse, sólo puede ser el punto de partida. Pensar de otra forma es desconocer las causas que nos han conducido al punto de estancamiento y retroceso en que nos encontramos.

El trato como enemigo a los que piensan de otra forma es resultado de considerar a la humanidad –diversa y plural– como una entidad reducible a una organización social particular. La supuesta superioridad de tal organización consiste en la creencia de que la misma se sustenta en una verdad trascendente que puede explicarlo todo. Si el gobierno ha decidido hacer algunas variaciones en relación a los prisioneros políticos y desde ese cambio intentar “actualizar” el modelo causante de la crisis, tiene que aceptar que otros ciudadanos, con otras ideas distintas, gocen de ese mismo derecho para proponer modelos alternativos. La mediación debe coadyuvar a comprender esa verdad: la existencia de la oposición es una condición necesaria para la consolidación de un régimen democrático. Por ello, si después de la liberación de los actuales presos, se sigue considerando malvados a los que piensan y actúan diferente y se mantiene la legislación que permite condenarlos, estaremos de regreso a la raíz del problema, ante lo cual, la labor de la mediación quedaría reducida a la liberación de los presos de turno.

La esencia detrás de todo este asunto consiste en que la política no sólo es resultado del carácter social de los hombres, sino también de su pluralidad. Al perderse el consenso por el desconocimiento tácito del derecho del otro, la mediación como camino al diálogo y a la negociación, es la mejor, sino la única forma de restablecer el consenso perdido; un reestablecimiento que por razones éticas, jurídicas y políticas presupone el reconocimiento de la pluralidad. El chantaje consistente en ¡por aquí o nos hundimos!, ha demostrado su ineficacia e inadmisibilidad. La represión política del Estado, por peligrosa y severa que sea, resulta no sólo ineficaz en lo que se propone, sino además, degradante para los que la ejercen.

Por todo lo anterior la liberación, inmediata o gradual de todos los recluidos por causas políticas, aunque resuelve un serio problema, no va a la raíz. A la vez se requieren de condiciones para la libertad. De no ser así, simplemente se generaría una nueva modalidad de dominación que nuestra sufrida historia ya no resistiría. Para que eso no ocurra, la libertad exige la existencia legalizada de espacios públicos, en el que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos políticos de forma independiente: ese es el reto y la salida.

Si el gobierno, aunque de forma tardía y con extrema lentitud, decide marchar en esa dirección para resolver no sólo el problema de los prisioneros actuales, sino también el futuro de la sociedad cubana, se anotaría un tanto a su favor. Y si la Iglesia, como mediadora en la solución inmediata del problema de los prisioneros políticos, logra que las partes: Estado y Sociedad, avancen de la mediación al diálogo y de éste a las negociaciones, tendrá el correspondiente reconocimiento de los ciudadanos cubanos y del mundo. Lo contrario sería un desastre para todos.

13-si-la-discrepancia1

Teniendo en cuenta tanto las palabras del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba acerca de fomentar la discusión franca y no ver en la discrepancia un problema, sino la fuente de las mejores soluciones, así como su anterior afirmación de que habrá que introducir los cambios estructurales y de conceptos que resulten necesarios, expreso, como socialista democrático, mi opinión en relación con algunos de sus planteamientos del pasado 4 de abril, en la clausura del IX Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas. Me refiero a los cuatro aspectos siguientes:

1- Sin una agricultura fuerte y eficiente… no podemos aspirar a sostener y elevar la alimentación de la población, que tanto depende todavía de importar productos que pueden cultivarse en Cuba. 2- Sin que las personas sientan la necesidad de trabajar para vivir… jamás estimularemos el amor por el trabajo, ni solucionaremos la falta crónica de constructores, obreros agrícolas e industriales, maestros, policías y otros oficios indispensables que poco a poco van desapareciendo. 3- Sin la conformación de un firme y sistemático rechazo social a las ilegalidades y diversas manifestaciones de corrupción, seguirán, no pocos, enriquecidos a costa del sudor de la mayoría. 4- Si mantenemos plantillas infladas en casi todos los ámbitos del quehacer nacional (se calcula que el exceso de plazas sobrepasa el millón de personas) y pagamos salarios sin vínculo con los resultados, elevando la masa de dinero en circulación, no podemos esperar que los precios detengan su acenso constante, deteriorando la capacidad adquisitiva del pueblo.

Como las ideologías suponen que pueden explicarlo todo sin tener en cuenta las experiencias, una vez definidos los propósitos comienzan las dificultades para su ejecución. Según el Presidente cubano, hay que romper dogmas y asumir con firmeza y confianza la actualización, ya en marcha, de nuestro modelo económico. Una afirmación que contiene una insoluble contradicción, pues la supervivencia del socialismo en Cuba es imposible mediante la actualización del modelo que ha generado la crisis. El Estado y la sociedad civil son dos elementos del mismo sistema y si el Estado anula a la sociedad civil, como ha ocurrido en Cuba, impide a los ciudadanos ser sujetos políticos, ya que el concepto de política es más amplio que el de Estado, y el monopolio de este último en todas las esferas genera normas vinculantes que convierten en enemigo al que cuestione su validez. Esa realidad está en la raíz de las dificultades en que estamos inmersos. Por tanto, si esto es cierto, la salida hay que buscarla en la sustitución del modelo totalitario por otro de carácter democrático y participativo. Insistir en lo anterior es anunciar, de antemano, un nuevo fracaso.

Es necesario renunciar a los esquemas preestablecidos. La democracia tiene que ver con la soberanía del pueblo, y los recientes planteamientos del Gobierno presuponen que los ciudadanos asumen sus valores. Desde esa presunción se realizó la Ofensiva Revolucionaria, que liquidó todos los vestigios de independencia económica de los ciudadanos en 1968; el proceso de rectificación de errores y tendencias negativas de 1986; las tímidas reformas iniciadas en los primeros años de la década del 90 del pasado siglo, las medidas de contrarreforma a partir de 1995-96; las mil batallas perdidas contra la corrupción; las medidas sobre la agricultura anunciadas en julio de 2007 y el plan mínimo presentado en febrero de 2008, del cual lo más significativo ha sido el Decreto Ley 259 para la entrega de tierras en usufructo, un proyecto que nació fracasado por la insistencia de conservar la tierra en como propiedad del Estado incapaz, mientras los campesinos capaces quedan impedidos de ser propietarios; y ahora, dos años después, se comienza el arrendamiento de barberías y peluquerías, y algún que otro pequeño experimento, medidas aisladas y limitadas que podrían tener efectividad si formaran parte de un programa de cambios estructurales.

La experiencia de los últimos 42 años ha demostrado que ninguna de esas medidas permitió resolver lo que se propuso, por dos razones: una, la complejidad social en cualquier país impide la centralización absoluta; y dos, la ausencia de las libertades ciudadanas hace imposible su actualización, pues el socialismo, en cualquiera de sus variantes, lo único que no puede hacer es negar la idea de la democracia socialista, sin la cual es imposible resolver ninguno de los propósitos anunciados; más bien ha conducido al país a un estado de deterioro que va desde la economía hasta la moral y ha generado rechazo hacia el concepto de socialismo.

Llegados a este punto, que se ha agravado por haber carecido de una política de cuadros –hecho reconocido en el discurso del 4 de abril–, ningún proyecto nuevo puede salir de un grupo de personas, sean o no expertos en la materia, ni tampoco de un partido político, pues el partido, como lo indica su significado, es sólo una parte de la sociedad. Se impone la participación del todo, y ese todo es el pueblo cubano, sin exclusiones políticas, ideológicas o de cualquier otro tipo. Un pueblo preparado que tiene todo el derecho a participar en la definición de su nación. En fin, que es y será imposible salir del estado actual de estancamiento y retroceso sin la disposición de abandonar la esencia totalitaria del sistema, de tal forma que los cubanos puedan gozar de libertades y derechos fundamentales como los de opinión, reunión, asociación, acceso a Internet, salir y entrar libremente al país, ser propietarios y percibir un salario en correspondencia con el costo de la vida. Libertades y derechos imposibles de implementar desde el actual modelo. Por tanto, la salida de la crisis tiene que resultar de la participación ciudadana, lo que implica el debate público para definir un rumbo consensuado.

Por último, el propósito de actualizar el modelo ocurre en un contexto internacional desfavorable para esos fines. La comunidad internacional comienza a mostrar cada vez mayor atención al estado de las libertades cívicas en Cuba, lo que limita aún más la capacidad del gobierno para las relaciones internacionales y para los apoyos económicos necesarios. Ante tal situación, lo indicado sería proceder a los cambios internos para demostrarle al “enemigo”, pero sobre todo a los cubanos, la voluntad, la capacidad y la confianza en el pueblo. Es decir, responder a la campaña exterior con el debate interno.

No se trata de ceder al “chantaje”, sino a las necesidades de Cuba. Este camino, diferente a la disyuntiva de “conceder o desaparecer”, consiste en “cambiar a favor del pueblo”, única forma de legitimar la permanencia, lo que permitiría no sólo exhibir como mérito haber resistido durante medio siglo, sino también y sobre todo, solucionar las necesidades internas del país. Tarde o temprano Cuba tendrá que emprender reformas estructurales profundas, el problema radica en que los procesos tienen su tiempo y el momento para iniciar los cambios, si no está agotado, está en sus límites.

15-la-confrontacion

Aunque la política externa dimana de la interna, las relaciones conflictivas entre Cuba y Estados Unidos invirtieron esa relación. En 1959 el gobierno cubano se autodefinió así: Entre las dos ideologías o posiciones políticas y económicas que se están discutiendo en el mundo, nosotros tenemos una posición propia. Sin embargo, las medidas dictadas, al afectar los intereses norteamericanos, generaron el giro hacia el totalitarismo, uno de cuyos resultados fue la eliminación de la sociedad civil y la violación de los derechos humanos. En ese contexto, los países miembros de la Unión Europea (UE) que mantenían relaciones bilaterales con Cuba, asumieron en 1996 la Posición Común con el fin de alentar la democratización y el respeto de las libertades fundamentales, lo cual se reflejó en el reconocimiento público de la oposición cubana.

Ese reconocimiento aumentó las tensiones hasta el 2003, año en que Cuba solicitó integrarse a los acuerdos de Cotonú –relaciones de cooperación entre la UE y los países de África, Caribe y Pacífico– que implican el compromiso de promover y proteger las libertades fundamentales y los derechos humanos. Sin embargo, en ese mismo año, a causa del encarcelamiento de 75 opositores pacíficos y el fusilamiento de tres jóvenes que intentaron capturar una lancha para escapar del país, el Consejo de la UE reafirmó la validez de la Posición Común. Finalmente, desde octubre de 2008, cuando se logró reanudar la cooperación sin condicionamiento alguno, el gobierno español se propuso derogarla; pero en enero de 2010, apenas España ocupó la presidencia de la UE, se prohibió la entrada a Cuba del eurodiputado español Luis Yáñez y al mes siguiente el prisionero político Orlando Zapata murió un una prolongada huelga de hambre, dos sucesos que echaron por tierra el propósito español.

Si a la confrontación con Estados Unidos y Europa, se une en América Latina el rechazo al acuerdo de la OEA –que condicionó el reingreso de Cuba a la aceptación de la Carta Democrática Interamericana de 2001, la cual exige el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, más la no ratificación de los pactos de derechos humanos firmados desde 2008, se puede inferir la existencia de una estrategia dirigida a desentenderse de cualquier compromiso que comprometa al gobierno cubano a restablecer la sociedad civil, el respeto a los derechos humanos y la democratización, y en su lugar, estrechar los lazos con instituciones como el ALBA, donde al parecer no existe ese tipo de exigencias.

A pesar de la resistencia gubernamental, la relevancia de las libertades cívicas obligará, tarde o temprano, a cambiar la política interior y desde ella proyectar las relaciones exteriores basadas en el diálogo como principio rector y estrategia permanente. Entonces, habrá que comenzar por excarcelar a todos los prisioneros políticos, ratificar los pactos de derechos humanos, acoplar la legislación a esos pactos y abrir un debate nacional sobre los problemas que nos aquejan, para que los cubanos puedan participar como sujetos en los destinos de su nación. Es, sencillamente, un problema de tiempo.

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Durante la primera mitad del siglo XIX la mayoría de los habitantes de Cuba eran de origen africano, lo que explica  la fuerza e influencia de su cultura, especialmente la musicalidad negro-mulata, distinguida por su inmensa creatividad, extraordinario vigor y cautivadora originalidad. Esa música alcanzó mayor número de ejecutantes y admiradores que la música proveniente de la península ibérica, al punto que sus ritmos, considerados inicialmente por la población blanca como salvajes terminaron por ser incorporados como propios. Uno de los músicos negros que influyó en ese proceso fue sin dudas, Claudio José Brindis de Salas, hijo de otro músico negro del mismo nombre.

A primera vista resulta incompresible que aspectos de la cultura de pueblos sometidos logren convertirse en cultura de los sectores dominantes, pero cuando nos adentramos un poco en la historia y entramos en contacto con figuras  como los Brindis de Salas, padre e hijo, el misterio desaparece. La moraleja consiste, parafraseando a Walterio Carbonell, que sin el conocimiento de las particularidades de las culturas africanas que nos influyeron no es posible comprender el proceso de formación de la nación cubana

Brindis de Salas, padre –hermano de leche del Conde de Casa Bayona, a quien su madre amamantó–, fue famoso en La Habana de mediados del siglo XIX. Brindis se convirtió en uno de los negros más preparados y famosos de la época, cultivó la poesía, fue compositor, director de orquestas populares y músico de los Batallones de Pardos y Mulatos. Durante los acontecimientos de la Conspiración de la Escalera, en 1844, fue detenido y torturado junto a otros miles de negros, expulsado de la Isla y apresado posteriormente por regresar clandestino. Después de quedar en libertad, sin poder recobrar sus pocos bienes incautados, intentó sin éxito recrear su antigua orquesta, hasta morir en extrema pobreza.

Brindis de Salas, hijo, a diferencia de su padre, nació cuando la ilustración había penetrado en la sociedad habanera y contaba ya con una sólida formación cultural. Cuando, según el musicólogo Serafín Ramírez, la música era el encanto de todos, el cultivo del arte se había generalizado y las compañías líricas y concertistas de primer orden visitaban con bastante frecuencia la capital cubana.

Brindis de Salas comenzó los estudios con su padre y continuó luego con Van der Guth, un famoso concertista belga radicado en La Habana a quien llamaban cariñosamente “violín de ataque”, con quien progresó extraordinariamente; pero fue gracias a sus estudios en el Conservatorio de París, con los profesores más famosos de la época, que la unión del talento y las condiciones ideales dieron por resultado a una de las figuras musicales más extraordinarios de nuestro siglo XIX.

Su aptitud musical se hizo evidente desde la edad temprana. A los ocho años compuso una danza titulada La simpatizadora y dos años después debutó en el Liceo de La Habana con gran éxito. Desde el comienzo de sus estudios, y en cada actuación en París, Brindis comenzó una larga carrera de triunfos. Sus dotes naturales, afinadas y enriquecidas con los estudios, le dieron una envidiable maestría en el dominio del instrumento y del auditorio. “Diríase –escribió una de los comentaristas franceses de la época– que una mano oculta arranca al instrumento las más sublimes notas, haciéndolas aparecer como emanadas del cielo.”

Una vez culminado sus estudios triunfó en Italia –país originario del violín–, actuó en el Conservatorio de Milán y en el Teatro Scala; en Berlín se le designó músico de cámara del Emperador. También San Petersburgo, Londres, Portugal y España fueron testigos de su maestría. En Argentina sus admiradores le obsequiaron un auténtico Stradivarius; en México, a pesar de actuar casi simultáneamente con José White –otro violinista negro de Cuba, graduado también en el Conservatorio de París– también triunfó. Venezuela, América Central y La Habana disfrutaron de sus excelencias.

La crítica internacional especializada hizo elogios de su arte y lo bautizó como el Rey de las Octavas y el Paganini cubano. En esos comentarios críticos encontramos expresiones como: talento extraordinario que habla seis o siete lenguas; poseedor de un portamento de arco legítimo y al mismo tiempo de una energía que lleva impresa el ímpetu característico de su raza; acusa un profundo conocimiento; revela una maravillosa espontaneidad en sus creaciones y una audacia en su estilo digna del inmenso talento del artista.

Su fuerte e incontrolable personalidad derivó en nefastas consecuencias para su vida. En Alemania perdió la relación con su esposa y sus tres hijos, que siguiendo la tradición familiar también fueron violinistas y la inconsistencia para mantener la superación generó una evidente declinación de su genio artístico. Así, los excesos de su temperamento exaltado, espoleados por la gloria, socavaron su salud: la tuberculosis y la miseria lo invadieron. Su declive se evidenció en su último concierto realizado en el Teatro Espinel de España.

Los caubanos no podíamos pasar por alto la memoria de tan insigne músico negro, galardonado con la Gran Cruz del Águila Negra, miembro de órdenes españolas, italianas, portuguesas y austriacas; al violinista de cámara del Emperador de Alemania, al que paseó su fama e insolencia por el mundo para regresar a morir en Buenos Aires, escenario de sus antiguos triunfos, en la más extrema soledad y pobreza el 2 de junio de 1911.