Hemeroteca de mayo 2010

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Después de siete difíciles años, los justos reclamos de las Damas de Blanco parecen aproximarse a una solución. Con la mediación de la Iglesia Católica parece que pudiera comenzar el movimiento de los reclusos hacia cárceles cercanas a sus lugares de residencia y de los enfermos hacia diferentes hospitales; una medida que tendrá que ser complementada con la liberación, inmediata o gradual, de todos los recluidos por causas políticas, de lo cuales 55 están reconocidos como Prisioneros de Conciencia por Amnistía Internacional. De concretarse esa operación, además de cerrar el paso a soluciones violentas, se abriría la posibilidad de otros cambios que tendrán que realizarse en zona de peligro, o usando el lenguaje futbolístico, en tiempo de descuento, pues el prolongado período con que contó el Gobierno para emprender transformaciones, está agotado.

En una pequeña reflexión que escribí a principios del mes de mayo, titulada La confrontación ¿una estrategia? expresé en uno de sus párrafos: A pesar de la resistencia gubernamental, la relevancia de las libertades cívicas obligará, tarde o temprano, a cambiar la política interior y desde ella proyectar las relaciones exteriores basadas en el diálogo como principio rector y estrategia permanente. Entonces, habrá que comenzar por excarcelar a todos los prisioneros políticos, ratificar los pactos de derechos humanos, acoplar la legislación a esos pactos y abrir un debate nacional sobre los problemas que nos aquejan, para que los cubanos puedan participar como sujetos en los destinos de su nación. Es, sencillamente, un problema de tiempo.

El presente año se inauguró con una cadena de acontecimientos –prohibición a un eurodiputado español para entrar a territorio cubano; la muerte del prisionero político Orlando Zapata Tamayo; la sustitución de varias figuras del gobierno; informaciones acerca de la creciente corrupción; la realización de la zafra azucarera más pobre de los últimos 100 años; la condena internacional al gobierno cubano por la represión, especialmente la empleada contra las Damas de Blanco; y la huelga del opositor Guillermo Fariñas– que unidos al agotamiento del modelo, al estancamiento de la nación, al descontento ciudadano, al aumento de manifestaciones cívicas y al aislamiento internacional, conforman un cuadro que ha obligado al gobierno a tomar en consideración lo que hasta ahora había logrado rehuir.

Una característica de los sistemas cerrados es detenerse en el tiempo, lo que se manifiesta en la carencia de proyectos. Como el Gobierno ha ejercido el poder en ausencia de otras fuerzas políticas, pudo determinar qué medidas aplicar, cuándo introducirlas y hasta dónde. Sin embargo, esta decisión gubernamental de colocar en su agenda el tema de los presos políticos demuestra el fracaso ocasionado tanto por la violación de los derechos humanos al interior del país como la confrontación en las relaciones exteriores. Un resultado que puede sintetizarse a partir de la tesis de Lenin acerca de la Revolución Social: Los de abajo no quieren, los de arriba no pueden y los de afuera no consienten. En ese contexto, la elección del tema de los prisioneros políticos evidencia que ya el Gobierno no en condiciones de decidir cuál debe ser el punto de partida.

Los derechos humanos ocupan el primer lugar entre las múltiples causas de la actual crisis, por lo que cualquier intento de solución tiene que comenzar por ese punto, y dentro de él por la liberación de los prisioneros políticos. En ese sentido no se puede confundir la liberación de los prisioneros políticos, que es un efecto de la violación sistemática de los derechos humanos, con la solución de la crisis; sino que su liberación no puede ser sino el punto de partida para abordar los cambios que el país demanda. Precisamente los continuos fracasos del Gobierno en los intentos de soluciones parciales, han demostrado la imposibilidad de éxito si no se acometen transformaciones en todos los elementos del sistema, es decir, cambios estructurales, cuyo punto de partida, repito, son los derechos humanos.

Por las razones anteriores la inminente liberación constituye un giro en la política interior que tendrá repercusión en las maltrechas relaciones internacionales y que podría abrir las puertas de la colaboración internacional. La eliminación de la Posición Común de la Unión Europea, el ingreso de Cuba a los acuerdos de Cotonú, el acceso a fuentes de financiamiento y la normalización de las relaciones con Estados Unidos, se pondrían a la orden del día, pero sobre todo constituirían pasos a favor de los propios cubanos, víctimas de la política de confrontación. Sin embargo, no se puede olvidar que Cuba llegó a recibir más ayuda que toda América Latina en su conjunto y que la misma fue dilapidada por la subjetividad y la inviabilidad del modelo. Por tanto, la ayuda exterior, tan necesaria, resulta insuficiente si no se acompaña de cambios al interior.

Si la voluntad del Gobierno cubano se redujera a la liberación de los prisioneros políticos, sería como regresar a 1968, cuando la Ofensiva Revolucionaria, que al liquidar los restos de independencia económica de los ciudadanos dio el tiro de gracia a la sociedad civil cubana, Por esa razón, si la liberación de los prisioneros, por positiva que pueda ser, no se acompaña con la implementación y respeto a los derechos y libertades –fundamento jurídico de la participación ciudadana en los asuntos de la nación– y sin cambiar la legislación vigente que permitió el encarcelamiento, el Gobierno quedaría en total libertad para volver a encarcelar a sus opositores por los mismos motivos. Además, el mismo gobierno, fortalecido con la colaboración internacional, se atribuiría el derecho de emplear esos recursos para la actualización del modelo que condujo al país a la profunda crisis en que se encuentra.

La absorción de la espontaneidad social por el Estado al anular la participación ciudadana que sostiene y nutre los destinos humanos, conduce en dirección contraria al progreso social. Ambos, sociedad civil y Estado, son componentes de un mismo sujeto. De lo que se trata es de delimitar las funciones que le corresponden a cada uno. La sociedad civil –instituida legalmente en Cuba como resultado del Pacto del Zanjón en 1878– es un espacio de interrelación y convivencia de la diversidad de intereses, que por su autonomía constituye un valioso instrumento para la participación ciudadana. Cuando el Estado goza de todo el poder sobre la sociedad civil, impide a los ciudadanos ser sujetos políticos, pues el monopolio de este genera normas vinculantes que le permiten convertir en enemigo de la Patria a todo el que cuestione su validez. Por tanto, junto al intento de los comunistas por actualizar su modelo, intento que considero válido, tiene que existir también la posibilidad de que otros actores sociales puedan proponer modelos alternativos. De ahí la importancia de luchar por la derogación de las leyes que penalizan la participación política ciudadana independiente.

De cómo se conjuguen las necesidades, intereses y contradicciones, la liberación de los prisioneros políticos podría conducir a otros acontecimientos de gran significación para la nación cubana. Todo depende, de un lado, de la voluntad del gobierno; de otro, de la capacidad de las fuerzas alternativas para lograr el renacimiento de la sociedad civil y formar conciencia cívica en los cubanos, así como del apoyo internacional que ese proceso reciba del exterior.

En Cuba, como ha ocurrido en todas partes y épocas a través de la historia, habrá cambios. La oportunidad de este momento radica en que la política de confrontación utilizada ayer para conservar el poder, hoy está definitivamente agotada. De ahí que el giro de esa política hacia otra más sensata tiene que acompañarse con el restablecimiento de los puentes derribados, lo que comienza por la ratificación de los pactos de derechos humanos firmados por el Gobierno de Cuba en el año 2008, desde el cual la libertad de expresión y el periodismo alternativo, independiente, ciudadano y participativo, tienen por delante un inestimable papel para influir en la dirección de los cambios, ya que entre los muchos retos, la generación de la opinión pública ocupa un lugar destacado.

10-un-himno-a-la-dignidad
Martí: el ojo del canario, un filme esperado por los aficionados al séptimo arte, fue exhibido en la sala Charles Chapín de La Habana durante la primera semana del mes de abril. Se trata de un largometraje de ficción-realidad, estructurado en cuatro capítulos que se introducen en el mundo interior y en la formación del carácter que condicionó la trascendencia histórica de José Martí. De su creación se ocupó un colectivo del más alto nivel, encabezado por Fernando Pérez, director y guionista; Raúl Pérez Ureta (Premio Nacional de Cine 2010), fotografía; Erick Grass, dirección artística; Edesio Alejandro, banda sonora; y la interpretación de los papeles principales a cargo de Broselianda Hernández (Leonor Pérez) y Rolando Brito (Mariano Martí), y la actuación de los jóvenes Damián Rodríguez y Daniel Romero (Martí) y Eugenio Torroella y Fernando López (Fermín). La crítica especializada se está ocupando ya y tendrá que ocuparse por mucho tiempo de esta sugerente cinta, razón por la cual me limitaré a comentar acerca de las características de su director, la figura de Martí y el mensaje que contiene.

-Fernando Pérez Valdés, el cineasta cubano más destacado de la década de los noventa del pasado siglo y Premio Nacional de Cine 2007, es además de generador, efecto del cine. De niño quedó atrapado en las redes del celuloide gracias al impacto que le causó El puente sobre el río Kwai (1957), un filme que narra la construcción de un puente de ferrocarril por prisioneros de guerra, en el cual se destacan las diferencias culturales y las similitudes de sentimientos entre cautivos y captores. Impulsado por esa impresión ingresó al ICAIC, donde recorrió un largo camino: asistente de producción y de dirección, Noticiero ICAIC y paralelamente por sus estudios universitarios. En ese proceso recibió la influencia de cineastas cubanos como Tomás Gutiérrez Alea, Santiago Álvarez, Manuel Octavio Gómez, Manuel Herrera, Sergio Giral y José Massip entre otros, y de foráneos como Andrzej Wajda, director de Cenizas y diamantes (1958) y Paisaje después de la batalla (1970); de Bernardo Bertolucci, autor de Antes de la revolución (1964) y El conformista (1970); y de Alfred Hitchcock, el maestro del suspenso, autor de El jardín de la alegría (1925), y de exitosas series televisivas.

Con ese bagaje Fernando inició una rica producción de documentales que van desde Crónica de una victoria (1975), codirigido con el desaparecido Jesús Díaz, hasta Omara (1983), para de ahí saltar al cine de ficción con su opera prima, Clandestinos (1987), seguida de Hello Hemingway (1990), Madagascar (1994), La Vida es Silbar (1998), Suite Habana (2003) y Madrigal (2006). Filmes –todos, multipremiados dentro y fuera de nuestras fronteras– en los cuales La Habana, los jóvenes, las mujeres, la condición humana, la liberación interior, la verdad y el amor, constituyen un denominador común. Ahora, siguiendo al pionero de la cinematografía Georges Méliès, quien al pasar del mundo mágico de la fantasía al de la historia con El caso Dreyfus (1899), descubrió que el cine es una nueva forma de ver, interpretar y transformar la realidad. Con la nueva cinta, Fernando ha puesto en evidencia las potencialidades de la crítica cinematográfica para promover la reflexión acerca de los problemas sociales que nos atañen, en primer lugar entre los artistas e intelectuales como estetas del cambio, críticos de nuestras insuficiencias y fuentes de conexión con nuestras tradiciones y el saber universal.

-José Julián Martí Pérez, hijo de un militar y un ama de casa, ambos de limitada instrucción, devino político, historiador, literato, orador, maestro y periodista. Una transformación originada por su inteligencia innata, el amor de la madre, la rectitud del padre y sus relaciones con el director de la Escuela de Varones de La Habana, Don Rafael María de Mendive, quien lo puso en contacto con lo más valioso del torrente de ideas políticas y culturales de dentro y fuera de la colonia. Su obra grande comenzó por el análisis crítico de los errores cometidos por los cubanos en la Guerra de los Diez Años, para conformar un proyecto de república moderna, basada en la dignidad plena del hombre. Martí estableció una relación genética entre partido, guerra, independencia y república, guiado por la máxima de que en la hora de la victoria sólo fructifican las semillas que se siembran en la hora de la guerra, por lo que se preocupó y ocupó de que en la contienda bélica fueran los gérmenes de una verdadera independencia y de una república concebida como igualdad de derecho de todo el nacido en Cuba y espacio de libertad para la expresión del pensamiento.

Martí, sustentado en la dignidad del ser humano como principio rector, puso todo su empeño en lograr un cambio en la mentalidad de los jefes militares. Por esa razón se separó del Plan Gómez-Maceo y escribió al generalísimo: ¡que pena me da tener que decir estas cosas a un hombre a quien creo sincero y bueno, y en quien existen cualidades notables para llegar a ser verdaderamente grande– Pero hay algo que está por encima de toda la simpatía personal que Ud. Pueda inspirarme, y hasta de toda razón de oportunidad aparente: y es mi determinación de no contribuir en un ápice, por amor ciego a una idea en que me está yendo la vida, a traer a mi tierra a un régimen de despotismo personal, que sería más vergonzoso y funesto que el despotismo político que ahora soporta, y más grave y difícil de desarraigar, porque vendría excusado por algunas virtudes, embellecido por la idea encarnada en él, y legitimado por el triunfo.

Una aspiración que condensó así: Los hombres han de vivir en el goce pacífico, natural e inevitable de la libertad, como viven en el goce del aire y de la luz. Ese Martí, consagrado, lo presenta la cinta de Fernando durante el proceso de formación de su personalidad. El Martí que publicó su primer artículo político en el Diablo Cojuelo; el que al día siguiente del ataque de los Voluntarios al Teatro de Villanueva publicó el poema dramático Abdala; el que enarboló la defensa de la libertad de expresión en la Escuela de Mendive; el que, junto a Fermín Valdés Domínguez, redactó la carta a su condiscípulo Carlos de Castro y de Castro: ¿Has soñado tú alguna vez con la gloria de los apóstatas? ¿Sabes tú cómo se castigaba en la antigüedad la apostasía? Esperamos que un discípulo del Sr. Rafael María de Mendive no ha de dejar sin contestación esta carta. En el proceso judicial, la respuesta fue firme y viril: Yo fui el único que la escribí; por lo que fue condenado a seis años de prisión con trabajo forzado.

-La película se exhibe justamente cuando muchos cubanos han llegado a rechazar al Martí desnaturalizado por el efecto negativo que ha tenido su instrumentación con fines políticos utilitarios y cuando nos sacude una profunda crisis material y espiritual que obliga, junto a la búsqueda de eficiencia económica, proceder a un rearme ético desde las relaciones familiares hasta las públicas; una labor mancomunada en la que el arte está llamado a ocupar los primeros lugares y en la que la dignidad, ese valor interior, esencial e insustituible que posee todo ser humano, tiene que ser rescatado. Martí, el ojo del canario, es eso, un himno que, desde la emotividad llama a la reflexión, al cambio y al rescate de la dignidad. ¡Gracias Fernando!

14-los-comicios

Los comicios para elegir los delegados de circunscripción, realizados el pasado 25 de abril, confirman la existencia de un sector poblacional con criterios diferentes, lo que echa por tierra la ilusoria tesis de la unidad ideológica del pueblo cubano; una realidad que no pudo revertirse con la intensa campaña a favor del voto por la Revolución.

Lo relevancia de ocurrido es mayor porque en Cuba no participan observadores de otros países ni de otros partidos que puedan impugnar los datos. Por ejemplo, el día 25 de abril, una hora antes del cierre de los colegios, 467 851 electores no habían asistido a votar para 5,47% de ausencia, mientras en los datos finales, publicados el 30 de abril, esa cifra descendió a 354 324 para un 4,14%, es decir, que en la última hora asistieron a las urnas 113 527. Un hecho que llama la atención porque las elecciones se celebraron en día no laborable y con una fuerte compulsión a votar temprano. Si después de ese esfuerzo realmente hubo una asistencia tan alta en la última hora, la misma pudiera interpretarse como otra manifestación de inconformidad.

Respecto a los comicios similares anteriores, resulta que el número de cubanos que se atrevieron a no asistir, botar en blanco o anular las boletas, está en aumento. En octubre de 2007 esas tres categorías sumaron 870 688, mientras en abril de 2010 se elevó a 1 083 510; es decir, 212 822 electores más asumieron esa conducta, que representa el 12,65% de los cubanos con derecho al voto. Una realidad que no se puede justificar con posibles errores o desconocimiento, pues estamos en un país de alta instrucción, que además ha recibido una sobredosis de información llamando a votar y explicando la forma de hacerlo. En definitiva, que existe un sector inconforme, el cual carece de los derechos para asociarse, representar sus intereses y participar en los destinos de la nación.

La pluralidad de ideas es un fenómeno lógico, lo es más en una sociedad donde la desesperanza aumenta, la economía retrocede y el desgaste en el modelo político se hace evidente, como lo demuestran las múltiples manifestaciones de conductas cívicas ante los debates promovidos desde el propio gobierno, las manifestaciones callejeras de inconformidad ciudadana o las cada vez más comunes manifestaciones de intelectuales cubanos, residentes en la Isla, que evidencian un consenso acerca de la necesidad del cambio.

Se trata de más de un millón de cubanos que, aunque ahora ausentes de la participación política, están en condiciones de hacerlo, pero carecen de los espacios e instituciones independientes para realizarlo; pues el gobierno cubano no sólo desconoce el articulado de la Declaración Universal de Derechos Humanos, sino que no ha ratificado los pactos de esa materia que imponen a los Estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades; un paso determinante para que los cubanos puedan desempeñar el papel que les corresponde en los destinos de su país.

Los comicios recién celebrados guardan una estrecha relación con la prohibición del pluripartidismo. La declaración de cambiar todo lo que deba ser cambiado, de ser verdadera, no puede excluir ese vital problema. No se trata de convertir al Partido Comunista en el más democrático que exista, sino de brindar ese mismo derecho al resto de los cubanos.

No existe un solo argumento histórico, legal o moral que justifique esa medida. Todos los partidos políticos se integran por una parte de la población, no por toda la sociedad. En nuestra historia, desde que surgieron los primeros partidos legales en la segunda mitad del siglo XIX, paralelo al Partido Liberal se creó el Unión Constitucional; cuando las ideas de la independencia no estaba recogidas en los partidos existentes, José Martí procedió a la fundación del Partido Revolucionario Cubano con esos fines y no para prohibir a los otros; para representar los intereses de los trabajadores, ausentes en los partidos de finales del siglo XIX, Diego Vicente Tejera fundó el Partido Socialista Cubano (primer partido socialista democrático de Cuba); con esos mismos argumentos se integró en 1923 la Agrupación Comunista de La Habana y en agosto de 1925 el Partido Comunista de Cuba; cuando el Partido Autentico dejó de satisfacer las aspiraciones de un sector de su propio partido, Eduardo Chibás fundó en 1948 el Partido Ortodoxo. Todo lo cual demuestra que el pluralismo político, expresión de la diversidad de intereses, aspiraciones y formas de pensamiento, constituye un instrumento fundamental para la participación política de los ciudadanos y por tanto, su existencia es factor del avance social, que no lo excluye, sino que lo implica.

Es más absurdo cuando el Partido Comunista desde hace trece años no celebra sus congresos quinquenales, es decir, el propio partido gobernante y su dirección carecen del mandato que otorga el Congreso, como órgano supremo. Lo que le obliga, en primer lugar, a brindarle legitimidad a sus decisiones y ello requiere de un debate libre, al menos, con su membresía. Por las razones anteriores, la declaración de convertir al Partido Comunista en el más democrático o de afianzar el papel del Partido como vanguardia organizada de la nación cubana, no puede entenderse sino como la aspiración a serlo entre los existentes; pues cuando un partido niega a priori la existencia de otros, se está negando a sí mismo.

Se impone reconocer el derecho de asociación, para que los cubanos sin partido puedan participar como verdaderos sujetos de las decisiones políticas que afectan a todos. En ese sentido, el artículo 5 de la Constitución cubana, que refrenda el papel dirigente del PCC, tiene tendrá que ser sustituido por el pluripartidismo, como necesidad social.

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La juventud, por su dinamismo y potencialidades, ha constituido uno de los sectores más influyentes en la historia de Cuba. En el siglo XIX se destacó en las luchas contra la esclavitud y a favor de la autonomía y la independencia. En la República fue la fuerza principal en la defensa de la soberanía y portadora de las virtudes cívicas ciudadanas, como lo demuestran la Protesta de los 13, el Grupo Minorista, la Revolución del 30, las luchas por la autonomía universitaria y contra el Golpe Militar de 1952. Apegados a la tradición libertaria, los jóvenes encabezaron el movimiento revolucionario que tomó las riendas del poder en 1959 y de forma masiva se sumaron a las nuevas tareas.

Cinco décadas después, en octubre de 2009, la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) inició la preparación de su IX Congreso, con la destitución del Primer Secretario, Julio Martínez, y la designación de Liudmila Álamo en su lugar. El automatismo se refleja no sólo en los rostros de los delegados, sino también en que cada asamblea provincial constituye una copia fiel de la precedente. Encabezadas por José R. Machado Ventura (miembro del Buró Político del PCC) y Liudmila Álamo, en cada una se repitieron los mismos discursos: miles de militantes que han solicitado la baja, otros miles que no son activos, infinidad de organismos de base que no funcionan, un marcado decrecimiento de las filas en el sector productivo, centenares de centros que carecen de estructuras de base y poca disposición para el trabajo, la enseñanza y el estudio.

Tres razones explican el resultado. Una, el giro de la Revolución hacia un régimen totalitario que se propuso satisfacer todas las necesidades sociales desde una voluntad única y el control absoluto del Estado, lo que implicó la eliminación de las libertades ciudadanas. Otra, la verdad indiscutible de que la autonomía es a las organizaciones cívicas como el oxígeno a los organismos vivos. Y la tercera, es que en ese contexto de vacío cívico, mediante la “ingeniería social”, se intentó crear un joven consagrado a la causa revolucionaria a través de la participación dirigida y masiva en el estudio, el trabajo y la defensa: el hombre nuevo; en detrimento de cualquier necesidad, criterio o interés diferente. Veamos como transcurrió el proceso.

En enero de 1959, la Constitución de 1940 en vez de ser restablecida, fue modificada para conferir al Primer Ministro las facultades de Jefe de Gobierno y al Consejo de Ministros las funciones del Congreso, dando inició a un período inconstitucional que duró tres lustros. Seguidamente el Primer Ministro anunció un programa de gobierno que: aumentaría notablemente la producción agrícola, se duplicaría la capacidad de consumo de la población campesina y Cuba borraría su pavorosa cifra de desempleo crónico, logrando para el pueblo un nivel de vida superior al de cualquier otra nación. Para tal propósito se procedió a conformar un sistema unipartidista, y a su imagen y semejanza, una organización juvenil que representara las aspiraciones de todos los jóvenes. Las organizaciones juveniles revolucionarias se integraron en la Asociación de Jóvenes Rebeldes, la que en 1962, en su Primer Congreso, asumió el nombre de UJC; se redefinió el liderazgo de la FEU, y la Autonomía Universitaria, refrendada en el artículo 53 de la Constitución de 1940, desapareció. Con la Unión de Pioneros (abril de 1961) y la Unión de Estudiantes Secundarios (agosto de 1962) se completó el equipo de asociaciones encargadas de incorporar a niños y jóvenes al Gran Proyecto.

La resistencia o indiferencia de miles de jóvenes, manifestadas en la exhibición de creencias, modas o inclinaciones, ajenas al propósito estatal, fue reprimida desde 1965, con el internamiento en las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP) y con la Ley Contra la Vagancia de 1971, que estableció el trabajo obligatorio para los varones mayores de 17 años; acciones donde la UJC desempeñó un papel determinante.

La falta de autonomía –resultado del período inconstitucional– tomó carácter legal con la Carta Magna de 1976. Su artículo 7 refrendó: En sus actividades, el Estado se apoya en las organizaciones sociales y de masas, las que, además, cumplen directamente las funciones estatales que conforme a la Constitución y la ley convengan en asumir. Junto a ese cambio se introdujo un sistema económico con algunas ranuras por la que podían penetrar el “pernicioso” mercado y las ideas de la autonomía. Diez años después, el inicio de la Perestroika en la Unión Soviética, al representar una amenaza directa al proyecto revolucionario, se sorteó con la Rectificación de Errores y Tendencias Negativas; un programa dirigido a continuar la construcción del socialismo, conservar el sistema unipartidista, rechazar las ideas del mercado y regresar a la movilización de las masas. A pesar de esas medidas, los efectos de la Perestroika se hicieron presentes en el surgimiento de asociaciones juveniles informales en la esfera de la cultura. Esos grupos, como el proyecto Paideia, cuestionaron el sistema de valores establecidos y comenzaron a promover la concertación pública a favor de las iniciativas autónomas. Al pasar la raya de la permisibilidad, el Estado procedió a su desmantelamiento.

Con el Período Especial, la UJC sufrió un fuerte deterioro al tener que criticar las prácticas igualitaristas que el propio Estado había favorecido. Ahora, sin subvenciones, había que explicar y convencer a los jóvenes de la necesidad de introducir elementos del capitalismo, incluyendo las desigualdades, para salvar el socialismo. De esa forma el discurso de 1959, que aseguraba el aumento de la producción y la multiplicación de la capacidad de consumo, terminó en la incapacidad productiva y en la pérdida del monopolio de la distribución. Los efectos no se hicieron esperar, decenas de miles de jóvenes escapaban del país, entre ellos muchos militantes de la UJC que decidieron terminar su conversión en hombres nuevos fuera de las fronteras nacionales.

Las palabras del máximo líder brindan una idea de la profunda crisis. En octubre de 1997, en el Informe Central al V Congreso del Partido, dijo: Creo que más que nunca, más que en ninguna otra época, por ser esta la más difícil, la más dura, se requiere de un trabajo especial con la juventud y en la formación de nuestros jóvenes, porque no puede ser que los que vengan después de esta generación dejen de ser mejores. En diciembre de 1998, en el VII Congreso de la UJC, afirmó: Tenemos que pertrechar de ideas a nuestros cuadros, para que ellos, a su vez, las vayan transmitiendo a toda la juventud y a todo el pueblo. Y en noviembre de 2005, denunció la presencia de la corrupción a todos los niveles, el robo permanente en los centros de trabajo, el declive de la productividad, el relajamiento laboral, la poca convicción revolucionaria y la enajenación masiva de jóvenes del sistema político.

Ante el fracaso del intento de satisfacer todas las necesidades materiales y espirituales desde el Estado, y tener que apelar a los métodos del capitalismo para salvar el proyecto socialista, la UJC, como polea de transmisión, ha demostrado su incapacidad ante una juventud cuyas aspiraciones y necesidades marchan en otra dirección.

8-manifiesto-montecristi
El 25 de marzo de 1895 se firmó la declaración conocida como Manifiesto de Montecristi en la ciudad dominicana de ese nombre. El documento, de carácter programático, firmado por José Martí, en su condición de Delegado del Partido Revolucionario Cubano y por el General en Jefe del Ejército, Máximo Gómez, contiene las ideas y propósitos que caracterizarían al movimiento revolucionario y que guiarían la Guerra de Independencia de 1895. La conmemoración del aniversario constituye una magnífica oportunidad para reflexionar acerca de la relación entre esa declaración y la realidad actual de Cuba.

Si la revolución de 1959 declara ser la continuidad de la guerra por la independencia iniciada en 1868, y a José Martí –analista crítico de los errores que condujeron esa guerra al fracaso y principal organizador de la contienda de 1895– se le adjudica la autoría intelectual del asalto al Cuartel Moncada en 1953, entonces se supone que los propósitos adelantados en aquella declaración serían los principios que guiarían el proceso revolucionario de 1959. Veamos:

El Manifiesto de Montecristi comienza estableciendo el nexo entre las dos guerras del siglo XIX: La revolución de independencia, iniciada en Yara después de preparación gloriosa y cruenta, ha entrado en Cuba en un nuevo período de guerra, en virtud del orden y acuerdos del Partido Revolucionario en el extranjero y en la isla.

La revolución iniciada en 1868 asumió forma constitucional con la Carta Magna, de carácter eminentemente democrático, aprobada en Guáimaro en abril de 1869. En ella, además de dejar plasmada la clásica división de poderes –El Poder Legislativo depositado en la Cámara de Representantes, el Poder Ejecutivo en el Presidente de la República y un Poder Judicial independiente–, estableció que el Poder Legislativo, donde residía la soberanía, carecía de potestades para atacar las libertades de culto, imprenta, reunión pacífica, enseñanza y petición, ni derecho alguno inalienable del pueblo.

Así, desde su comienzo las guerras de independencia tuvieron un carácter democrático y humanista, una característica que tomó mayor relevancia con el contenido del Manifiesto de Montecristi, como podemos ver en los siguientes cinco párrafos:

La guerra no es el insano triunfo de un partido cubano sobre otro, o la humillación siquiera de un grupo equivocado de cubanos; sino la demostración solemne de la voluntad de un país harto probado en la guerra anterior para lanzarse a la ligera en un conflicto sólo terminable por la victoria o el sepulcro.

La guerra no es contra el español, que, en el seguro de sus hijos y en el acatamiento a la patria que se ganen, podrá gozar respetado, y aun amado, de la libertad que sólo arrollará a los que le salgan, imprevisores, al camino”; y añade: “Los cubanos empezamos la guerra, y los cubanos y los españoles la terminaremos.

Desde sus raíces se ha de constituir la patria con formas viables, y de sí propia nacidas, de modo que un gobierno sin realidad ni sanción no la conduzca a las parcialidades o a la tiranía.
Conocer y fijar la realidad; componer en molde natural la realidad de las ideas que producen o apagan los hechos, y la de los hechos que nacen de las ideas; ordenar la revolución del decoro, el sacrificio y la cultura de modo que no quede el decoro de un solo hombre lastimado, ni el sacrificio parezca inútil a un solo cubano.

Ni es la guerra el suficiente prurito de conquistar a Cuba con el sacrificio tentador, la independencia política, que sin derecho pediría a los cubanos su brazo si con ella no fuese la esperanza de crear una patria más a la libertad del pensamiento, la equidad de las costumbres, y la paz del trabajo.

Como vemos, el Manifiesto expresa claramente un carácter inclusivo que comprende hasta los enemigos que enfrentará en el campo de batalla; una guerra que comienzan los cubanos para darle término los cubanos y españoles conjuntamente, para crear una patria sin parcialidades ni tiranía; aclara que no se trata del insano triunfo de un partido cubano sobre otro, ni de la humillación siquiera de un grupo equivocado de cubanos; sino, que de lo que se trata es de ordenar la revolución del decoro, el sacrificio y la cultura de modo que no quede el decoro de un solo hombre lastimado, ni el sacrificio parezca inútil a un solo cubano; en fin, conquistar la independencia política, y con ella la esperanza de crear una patria más a la libertad del pensamiento, la equidad de las costumbres, y la paz del trabajo.

Sin más comentarios, estos pensamientos contenidos en la declaración realizada hace 115 años nos indican que algo se extravió en el camino de su materialización. El Manifiesto de Montecristi es la expresión del ideal martiano, consistente en la democracia, la libertad y la dignidad de los cubanos. Una intención expresada diáfanamente desde su primer párrafo y que cierra con la firma de Gómez y Martí por la responsabilidad común de su representación; uno en nombre del Ejército, el otro en nombre del Partido, creado para ordenar y auxiliar la guerra; dos instituciones con autonomía que se unen para un fin: dirigir la guerra y conformar la República de todos.

Al conmemorar el nuevo aniversario del Manifiesto de Montecristi, en la Cuba contemporánea no sólo los que pudieran estar equivocados, sino también los que se consideran acertados, recordamos la fecha inmersos en una profunda crisis estructural y en ausencia de la inclusión, de la democracia y de las libertades fundamentales; una realidad que se expresa en que hoy estamos impedidos de la libertad de expresión, del derecho de asociación, de entrar y salir libremente de nuestro país, de ser empresarios, incluso de poder vivir con los ingresos provenientes del trabajo; en fin, lo celebramos sin: crear una patria más a la libertad del pensamiento, la equidad de las costumbres, y la paz del trabajo. Todo ello a pesar de que esos propósitos estaban contenidos en el documento elaborado por el “autor intelectual” del Asalto al Cuartel Moncada.

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Orlando Zapata Tamayo, obrero cubano de 42 años, fue acusado de desacato y condenado a tres años de prisión en diciembre de 2003. Por protestar contra las condiciones de vida dentro de la cárcel fue juzgado en varias oportunidades, hasta que la suma de las condenas sobrepasó los 30 años de prisión. Declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional, Zapata falleció el 23 de febrero de 2010, después de más de 80 días en huelga de hambre. Aunque no es el primer fallecido por esa causa, el hecho obliga a volver la mirada, una vez más, sobre las condiciones de los prisioneros y sobre el deplorable estado de los derechos humanos en Cuba, donde permanecen más de 200 presos políticos por hacer uso de derechos reconocidos internacionalmente, pero limitados o prohibidos en el “país más democrático del mundo”, como es el caso de la libertad de expresión.

La libertad de expresión no es una dádiva. La misma –decía Rosa Luxemburgo– no puede nunca ser otra cosa que libertad para pensar de otra manera, y para ese humanista que se llamó Erasmo de Rótterdam, la intolerante tendencia humana de imponer las ideas propias a otros constituía el pecado original de nuestro mundo.
 
En nuestra historia constitucional la libertad de expresión quedó recogido de forma implícita en la Constitución de Jimaguayú (1895), de forma explícita en la de la Yaya (1897), también en las constituciones de 1901 y de 1940. Luego en las constituciones de 1976 y 1992 se declaró punible el uso de ese derecho para fines ajenos a la construcción del socialismo y el comunismo; una limitación que contradice al pensamiento de miles de cubanos que dieron la vida por ese alto ideal: Ignacio Agramonte, en ocasión de su defensa de Tesis en la Universidad de La Habana, expresó: La ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los Gobiernos y José Martí condensó ese derecho en una sola expresión: El respeto a la libertad y el pensamiento ajenos, aún del ente más infeliz, es mi fanatismo: si muero o me matan será por eso.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948 –con una activa participación de la delegación cubana–, reza en su artículo 19: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Un documento que ha inspirado más de 60 instrumentos jurídicos a nivel internacional. Entre ellos: La Convención Europea de Derechos Humanos (1950); los pactos internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos Sociales y Culturales (1966); la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969); la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (1981); la Declaración Sobre Derechos Humanos en el Islam (1990). Luego, en la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos celebrada en junio de 1993 en Viena, 171 países reiteraron la universalidad, indivisibilidad e interdependencia de esos derechos.

Cuando se impone el criterio de un partido –que representa como su nombre lo indica, sólo una parte de la sociedad– entonces la libertad de expresión se somete y se persigue.  Detrás de la muerte de Zapata está esa imposición que niega las palabras del apóstol en la Carta Magna cubana: Yo quiero que la ley primera de nuestra República sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre. Un análisis sereno de lo acontecido, además de la justa indignación, pone a la orden del día lo siguiente:

Primero, el reconocimiento internacional de los derechos humanos como universales, indivisibles, sagrados e inalienables, explica las múltiples protestas de personalidades, instituciones y gobiernos de todo el mundo por la muerte de Orlando Zapata. La condena por parte de Amnistía Internacional, las declaraciones del recién electo presidente de Chile Sebastián Piñera y las palabras del presidente de España, José Luís Rodríguez Zapatero, ambos exigiendo la liberación de todos los presos políticos y el respeto a los derechos humanos, son algunos ejemplos.

Segundo, la muerte de Zapata, el deteriorado estado de salud de varios de los que permanecen encarcelados y el inicio de nuevas huelgas de hambre, demuestra lo impostergable de la liberación de los cubanos que guardan prisión. Las razones sobran: 1- los derechos humanos son patrimonio de la humanidad y por tanto su violación constituye un atentado a la dignidad de la persona; 2- la liberación –aunque haya sido con licencia extrapenal– de 22 de los 75 encarcelados en la primavera de 2003 anula cualquier razón para mantener a otros en prisión por las mismas causas; y 3- sería un importante paso de acoplamiento a las normas de derechos reconocidas internacionalmente y contenidas en la Carta de las Naciones Unidas y en todos los instrumentos de derechos.

Tercero, la recién concluida Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe, celebrada en México el mismo día del fallecimiento de Zapata, acordó proceder a la creación de una comunidad que reunirá a los países de la región con la excepción de Estados Unidos y Canadá. En ella la delegación cubana, representada por el Presidente del Consejo de Estado, planteó que la nueva institución deberá tener respeto por el sistema político de cada país. Sin embargo, el problema no radica en el sistema político sino en la ausencia de los derechos y libertades fundamentales. La presencia de Cuba en esa institución, sin antes variar radicalmente el deplorable estado de los derechos humanos, constituiría una contradicción tan flagrante que sería insostenible, pues la Carta Democrática Interamericana de 2001 de la Organización de Estados Americanos, define que, los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla… que, la democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional. Es inconcebible que cualquier nueva organización regional retroceda en estos aspectos.

Si el gobierno cubano desea integrarse en esa o en cualquiera otra institución regional, deberá marchar por el único camino admisible: el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, una deuda pendiente con el pueblo cubano, cuyo primer paso sería la ratificación de los pactos internacionales que fueron firmados en febrero de 2008 y que están pendientes de ratificación. La palabra clave en la Cuba de hoy, mucho más después del fallecimiento de Orlando Zapata es: DERECHOS HUMANOS.

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