Hemeroteca de febrero 2010

 

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Si aceptamos que la sociedad civil es un sistema interrelacionado de asociaciones, espacios públicos, derechos y libertades que constituyen la base del intercambio de opiniones, de concertación de conductas y de toma de decisiones de los ciudadanos en asuntos políticos, económicos, sociales o culturales, sin más autorización que las que emanan de las leyes, entonces en Cuba no existe esa institución y en la actualidad, más allá de los irrealizables sueños totalitarios, es imposible avanzar en ningún ámbito social en ausencia de la sociedad civil..

 

Por qué Cuba, un país occidental, donde a pesar de las indiscutibles injusticias sociales existentes, se había avanzado en materia de derechos cívicos y políticos hasta conformar y poner en vigor en 1940 una Carta Magna para la época, que sirvió de sustento a todas las luchas cívicas y políticas, incluyendo a los revolucionarios que tomaron el poder en 1959, carece de tan vital institución.

 

La sociedad civil cubana tuvo sus raíces en los reclamos que la naciente oligarquía criolla habanera de la primera mitad del siglo XVIII hiciera a través de su ideólogo José Martín Arrate, quien impugnó, desde fuera del poder, el lugar que su clase social ocupaba dentro de la sociedad colonial; en la labor del padre Varela desde la Cátedra de Constitución del Seminario San Carlos, a la que llamó cátedra de la libertad, de los derechos del hombre; en José Antonio Saco, que desde la Revista Bimestre Cubana generó un debate forjador de conciencia cívica; en Domingo Delmonte quien, al prohibirse la revista, encontró en las tertulias la forma de continuar esa labor sin permiso de las autoridades coloniales; y en José de la Luz y Caballero quien se consagró a la educación cívica como premisa de los cambios sociales.

 

Fue al culminar la Guerra de los Diez Años que, resultado del conjunto de libertades que España concedió con el Pacto del Zanjón, la sociedad civil tuvo sus primeras manifestaciones legales. Las libertades de prensa, reunión y asociación permitieron el surgimiento de periódicos, partidos políticos y asociaciones, gracias a lo cual, a pesar de la prohibición de enarbolar las ideas independentistas, se fue creando un entramado cívico que se reflejó en el inicio de la Guerra de Independencia de 1895.

 

Con el nacimiento de la República en 1902, la sociedad civil cubana se expandió por todo el país y por todos los sectores sociales. Un creciente número de asociaciones y medios de prensa escrita, radial y televisiva participaron en influyeron en todos los asuntos nacionales. A pesar de ese crecimiento entre la segunda mitad del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, la sociedad civil no alcanzó la madurez suficiente para impedir el giro del proceso revolucionario de 1959 hacia el totalitarismo.

 

En enero de 1959 la Constitución de 1940, que debía ser restablecida, fue transformada sin consulta popular, para conferir al Primer Ministro las facultades de Jefe de Gobierno y al recién creado Consejo de Ministros, las funciones del Congreso; mientras los mandatos de gobernadores, alcaldes y concejales fueron extinguidos, los órganos judiciales disueltos y los magistrados y jueces separados de sus cargos. En Febrero de ese año, días después que Fidel ocupó el premierato, se introdujo la siguiente modificación constitucional: “Corresponderá al Primer Ministro dirigir la política general del Gobierno, despachar con el Presidente de la República los asuntos administrativos, y acompañado de los ministros, los propios de los respectivos departamentos”.

 

Una vez que fueron sustituidos los reformistas y conservadores del gobierno por revolucionarios, la crisis entre el Primer Ministro y el Presidente condicionó la renuncia del segundo. Desde ese momento el Primer Ministro contó con un Presidente y un gabinete bajo su control y con plena autoridad para juzgar, legislar y gobernar. En el mismo 1959, desaparecidos los partidos tradicionales, las organizaciones revolucionarias iniciaron un proceso de unión que culminó en 1965 con la fundación del Partido Comunista de Cuba.

 

Igual suerte corrieron el resto de las asociaciones que existían antes de 1959. El diverso movimiento juvenil desapareció para dar paso a la Unión de Jóvenes Comunistas; las asociaciones femeninas se convirtieron en la Federación de Mujeres Cubanas; las asociaciones de estudiantes universitarios en la FEU, las de nivel preuniversitario en la Unión de Estudiantes Secundarios; el movimiento obrero pasó a ser controlado por el Partido Comunista; la Asociación de Hacendados de Cuba, la Asociación de Colonos de Cuba, la de Cosecheros de Tabaco y la Asociación Nacional Campesina desaparecieron para dar lugar a la Asociación Nacional de Colonos, la que luego pasó a denominarse Asociación Nacional de Agricultores Pequeños; la Autonomía Universitaria, refrendada en la Constitución de 1940 desapareció con la Reforma Universitaria de 1962

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La prensa, cuya historia se remonta a 1790 con el Papel Periódico de La Habana, contó con múltiples órganos de prensa durante la República: Alerta, Noticias de Hoy, El País, Excélsior, La Calle, Prensa Libre, Diario de La Marina, El Mundo, Social, Bohemia, Carteles y Vanidades, entre otros devino en los actuales órganos oficiales. De igual forma la red radial que ubicó a Cuba en cuarto lugar en estaciones de radio a nivel mundial y la televisión, inaugurada casi inmediatamente después de los Estados Unidos, pasaron a ser monopolio del Estado.

 

El tiro de gracia se produjo en marzo de 1968 cuando la “ofensiva revolucionaria” barrió los “últimos vestigios del capitalismo”. Esta vez los perjudicados no fueron las empresas extranjeras ni la burguesía sino todo aquel que tenía un medio de vida independiente: bodegas, barberías, cafetería, reparadoras de calzado y puestos de venta de fritas fueron barridos del escenario cubano.

 

El argumento principal que el gobierno ha esgrimido para la sostener la ausencia de libertades ha sido el conflicto con los gobiernos de Estados Unidos, con un saldo negativo para la sociedad cubana atrapada en medio del conflicto. La elección del demócrata Barack Obama, con una plataforma de cambios que incluye una nueva política hacia Cuba, representa un contundente golpe al inmovilismo, cuyo principal sostén ha sido y sigue siendo la amenaza exterior.

 

A pesar del cuadro descrito, como ningún sistema social es eterno, en Cuba habrá cambios. Los cubanos no tenemos opción: se inicia el movimiento desde ese estado, con esas precariedades y con el cubano de hoy, o se renuncia a ser nación.

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En materia de derechos ciudadanos, el Gobierno cubano insiste no sólo en permanecer anclado en el pasado, sino en retroceder. En fecha reciente el Ministro de Educación Superior emitió un documento para el Reordenamiento del Trabajo Político-Ideológico en las Universidades que, entre otros tópicos, la declarada Universidad para todos devendrá nuevamente en Universidad sólo para los revolucionarios.

Los derechos civiles y políticos, como las libertades de conciencia, palabra, prensa, reunión, asociación y derecho de sufragio, constituyen la base de la comunicación, del intercambio de opiniones, de concertación de conductas, de la toma de decisiones y de la formación de asociaciones, mediante las que se expresan los intereses individuales o de grupos y que constituyen la garantía de la participación ciudadana en la vida pública y en las principales definiciones de la nación.
 
La decisión no sólo constituye la negación del precepto martiano que reza: Con todos y para el bien de todos. También niega nuestra historia constitucional, por ejemplo: los derechos individuales reconocidos en la primera constitución mambisa de 1869 como las libertades de culto, imprenta, reunión pacífica y enseñanza; los recogidos en la constitución republicana de 1901 -libertades de expresión, de palabra o escrita, por medio de la imprenta o por cualquier otro procedimiento-; los derechos de reunión y de asociación “para todos los fines lícitos”, la libertad de movimiento para entrar y salir del país; y finalmente los derechos refrendados en la Constitución de 1940, que amplió los de la anterior constitución con el derecho a desfilar y formar organizaciones políticas contrarias al régimen, la declaración de punible a todo acto de prohibición o limitación del ciudadano a participar en la vida política de la nación, la legitimidad de oponer resistencia para la protección de los derechos individuales y la autonomía de la Universidad de la Habana, entre otros. Un conjunto de derechos y libertades que hicieron de esta Constitución un modelo de legislación democrática para la época en todo el continente.

En enero de 1959 al quedar conformado el primer gabinete gubernamental, en lugar de la promesa de restablecer la Constitución de 1940, como reza en La Historia me Absolverá, ésta fue reformada, sin consulta popular, para conferir al Primer Ministro las facultades de Jefe de Gobierno y al Consejo de Ministros las funciones del Congreso; una modificación similar a la que había hecho Batista con los Estatutos que sustituyeron la Constitución después del Golpe de Estado de 1952. Acto seguido se procedió al desmontaje de la sociedad civil y de todos sus instrumentos, incluyendo la autonomía universitaria.

Los antecedentes insulares de la Reforma Universitaria datan de enero de 1923, cuando el estudiantado de la Universidad de La Habana –bajo la influencia del Manifiesto de Córdoba, que los estudiantes argentinos enarbolaron en junio de 1918– demandó la educación superior gratuita y la autonomía universitaria.
 
Aprovechando el conflicto surgido entre estudiantes y profesores por la expulsión de un alumno de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de La Habana se creó el Consejo Superior de Universidades con profesores y estudiantes de los tres centros universitarios del país y representantes del Gobierno. Dicho Consejo acometió el trabajo que concluyó con la Reforma Universitaria presentada el 10 de enero de 1962. Ese mismo año, el dirigente comunista cubano, Carlos Rafael Rodríguez, en un artículo publicado en la prensa, resumió el alcance de la Reforma en tres preguntas: ¿Qué, cómo y quiénes van a estudiar? El qué y el cómo respondían a la nueva situación creada con el arribo de los revolucionarios al poder. En el ¿quiénes? radicaba la esencia del problema. La nueva Universidad, decía él, será regida conjuntamente por profesores y alumnos, donde la participación estudiantil, surgida de las luchas desde los años 30, era casi un requisito, pero, aclaró: “en la medida en que la revolución universitaria es obra de una verdadera revolución y que el socialismo preside las transformaciones, no es posible pensar en los profesores y los estudiantes como dos grupos antagónicos… Un profesor de conciencia revolucionaria, orientado por el marxismo leninismo y militante de esa ideología durante años (se refería a Juan Marinello), no necesitará de la presencia vigilante de los estudiantes junto a él en el gobierno de la Universidad, porque tendrá la madurez suficiente para enfocar los problemas de la educación superior con un criterio certero”.

De esa forma, la Autonomía Universitaria –conquistada durante las luchas estudiantiles en la República, y refrendada en el artículo 53 de la Constitución de 1940, el cual reza: “La Universidad de La Habana es autónoma y estará gobernada de acuerdo con sus Estatutos y con la Ley a que los mismos deban atemperarse”– sin haber sido derogada legalmente, de hecho dejó de existir.

Desde esa época, la Universidad, una de las fuentes más importantes de cambios sociales en nuestra historia, quedó inutilizada para esos fines. Una de sus peores consecuencias radicó en que bajo ese estado de control, el Estado totalitario enarboló la consigna de la Universidad para los revolucionarios, consigna que se materializó en la separación de cientos de estudiantes y profesores que no compartían la ideología del sistema. Sin embargo, con el proceso posterior de universalización de la enseñanza superior, parecía que la Universidad, aunque sin autonomía, sería nuevamente para todos. Ahora, en pleno siglo XXI, en medio de la crisis más profunda de nuestra historia, el Estado cubano, en lugar de restablecer los derechos cívicos, decide retroceder con la declaración de la Universidad para los revolucionarios.