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Hemeroteca de junio 2009

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“Si Cuba es un país eminentemente agrícola, si su población es en gran parte campesina, si la ciudad depende del campo, si el campo hizo la independencia, si la grandeza y prosperidad de nuestra nación depende de un campesinado saludable y vigoroso que ame y sepa cultivar la tierra, de un Estado que lo proteja y lo oriente ¿Cómo es posible que continúe este estado de cosas?

Esas palabras –pronunciadas por Fidel Castro en el juicio por el Asalto al cuartel Moncada– fueron el argumento empleado para emprender cambios en la agricultura cubana. De las cinco leyes revolucionarias que se proclamarían, una vez tomado el cuartel, la segunda “concedía la propiedad inembargable e intransferible de la tierra a todos los colonos, subcolonos, arrendatarios, aparceros y precaristas que ocupasen parcelas de cinco o menos caballerías de tierra”. El proyecto tomó cuerpo en mayo de 1959 con la Primera Ley de Reforma Agraria. Sin embargo, resultado de un giro no anunciado, el 40,2% de la tierra se convirtió en grandes unidades estatales donde la mayoría de los colonos, subcolonos, arrendatarios, aparceros y precaristas, en vez de pasar a ser propietarios, fueron convertidos en asalariados de nuevo tipo, es decir del Estado. Luego, con la Segunda Ley de Reforma Agraria (octubre de 1963), las tierras estatales aumentaron hasta el 70%. Así el proceso de diversificación esbozado en La Historia me Absolverá devino concentración en manos del Estado de un volumen de tierras superior a la de los grandes latifundios que se propuso erradicar.

Resultado de la desaparición de la mayoría de los productores privados, de la insuficiencia del salario en relación con el costo de la vida y de la restricción de las libertades cívicas, el interés de los productores declinó hasta convertir a Cuba en uno de los países con más bajos rendimientos agrícolas, a pesar de haber contado con inmensos recursos materiales para producir y de contar todavía con una gigantesca red de centros de estudios, de investigaciones y un elevadísimo número de profesionales de alto nivel.

La dependencia de las importaciones de productos procedentes del agro y el aumento sostenido de sus precios en el mercado internacional, fueron tratados en el discurso pronunciado por el General Raúl Castro el 26 de julio de 2007 en Camaguey. En esa oportunidad, aunque no se abordaron todas las causas, al menos se reconocieron los efectos y se pronunció aquella frase que llenó de optimismo a los cubanos: introducir los cambios estructurales y de conceptos que resulten necesarios.

El hecho es que, separados por medio siglo de la Primera Ley de Reforma Agraria, los males de la agricultura permanecen. El propio director del diario Granma, Lázaro Barredo, publicó el viernes 15 de mayo el artículo Miremos hacia la tierra y no hacia el barco importado, en el que bosqueja un cuadro que más o menos se pude resumir así:

Importar más de lo que se exporta, unido a la incapacidad para producir sobretensiona nuestra vida cotidiana. Se puede hacer mucho más si se modifican conceptos, métodos de dirección, sistemas de pago y estimulación y se acaba con la rutina. ¿Cómo hacerlo si no acabamos de aplicar los conceptos que el compañero Fidel ha recomendado? Si queremos la revolución de los rendimientos es preciso incorporar a los productores la idea de que se come todos los días, y por ello hay que sembrar todos los días y no por campaña. Contamos con innovaciones que pueden revolucionar la producción agrícola pero nuestros productores no son capaces de instrumentarlas. Hemos desarrollado una ciencia de Primer Mundo y, sin embargo, tenemos en los rendimientos una agricultura de Cuarto Mundo, porque nos habituamos al barco con los productos importados a partir de la confianza de que la Revolución hará siempre lo imposible por garantizar la alimentación del pueblo.

Un bosquejo en el que, si de eficiencia agrícola se trata, brillan por su ausencia aspectos ineludibles como la economía subordinada a la política, la relación entre salario y costo de la vida, el tema de la propiedad sobre la tierra y las libertades cívicas.

Cuando la economía, en este caso la agrícola, carece de autonomía y queda subordinada a fines políticos, se estanca y retrocede. Por lo tanto, en la búsqueda de eficiencia, quiérase o no, hay que emprender transformaciones estructurales dirigidas a la democratización de las relaciones económicas, para que los empresarios emergentes y los trabajadores del campo puedan participar como verdaderos sujetos interesados en los resultados de la gestión económica.
 
La no correspondencia entre salario y costo de la vida constituye otro obstáculo a resolver. Tan cierto es que sólo de puede distribuir lo que se produce como que los cubanos se niegan a trabajar por un salario simbólico. La gravedad de este aspecto se refleja en que el salario, desde que dejó de ser la fuente principal de ingresos, ha acarreado nefastas consecuencias para la economía, para las relaciones sociales y para la vida espiritual. Un problema irresoluble desde los métodos de ordeno y mando.

Las limitaciones a la propiedad constituyen un obstáculo para el interés por los resultados productivos, para la identificación, para el arraigo y para la cultura de pertenencia de los ciudadanos, al punto que con la propiedad de todo el pueblo, los cubanos prefieren subsistir apropiándose de dicha propiedad, con los consiguientes perjuicios productivos y éticos. Un problema tan vital para la nación no escapó a pensadores ilustres como el Obispo Espada; José Antonio Saco; Francisco de Frías, Conde de Pozos Dulces, Enrique José Varona y José Martí –quien condensó la idea de la propiedad agraria en una sola frase–:“Es rica una nación que cuenta muchos pequeños propietarios”.

Por último, y no por ello menos importante, está la imperiosa necesidad de implementar los derechos económicos, civiles y políticos contenidos en los pactos de derechos humanos, firmados por Cuba pero no ratificados hasta ahora, sin los cuales será imposible enfrentar la crisis en la producción de alimentos.

Los factores mencionados convergen en el interés de los trabajadores en la producción y la productividad del trabajo, un ámbito en el cual la autonomía, la remuneración, la propiedad y los derechos, constituyen factores de participación ciudadana. Sin embargo, la única medida importante dictada para resolver la crisis en la agricultura ha sido el Decreto Ley 259 de julio de 2008, el cual nació condenado al fracaso por ignorar las causas mencionadas y limitarse a la entrega de tierras ociosas y en usufructo a los campesinos que trabajan con eficiencia mientras el Estado ineficiente conserva el derecho a la propiedad.

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El 17 de abril del presente año, en la V Cumbre Extraordinaria del ALBA, el Presidente del Consejo de Estado de Cuba, General Raúl Castro, expresó: Le hemos mandado a decir al gobierno norteamericano en privado y en público que ahí están los derechos cuando ellos quieran discutirlos todos: derechos humanos, libertad de prensa, presos políticos, todo, todo, todo lo que quieran discutir, pero en igualdad de condiciones, sin la más mínima sombra a nuestra soberanía y sin la más mínima violación al derecho de la autodeterminación del pueblo cubano.

El concepto de soberanía surgió del seno del liberalismo político ante la necesidad de fundamentar la autoridad de los nacientes estados nacionales en Europa. El principio del contrato social y del consentimiento de los gobernados, parte sustancial de dicha filosofía, sirvió de fundamento a las revoluciones burguesas de los siglos XVII y XVIII; acontecimientos que según Fidel Castro: abrieron el proceso de liberación de las colonias españolas en América, cuyo último eslabón fue Cuba.

Según el filósofo político y liberal Juan Jacobo Rousseau, autor de El Contrato Social, los hombres unen sus fuerzas con el fin de hacerlas obrar de conformidad. De esa fuerza común surge una forma de asociación para defender y proteger la persona y los bienes de cada asociado y por la cual cada uno, uniéndose a todos, no obedece sino a sí mismo y permanece tan libre como antes. Tal asociación convierte a los contratantes en una persona pública, que hoy toma el nombre de República o Cuerpo Político

Como la soberanía es el ejercicio de la voluntad general, el soberano, que es el cuerpo colectivo, no puede ser representado sino por él mismo, pues el poder se trasmite, pero no la voluntad. Ese poder, dirigido por la voluntad general, toma el nombre de soberanía. Por esa razón el que dicta las leyes no debe tener ningún derecho legislativo, y el mismo pueblo, aunque quiera, no puede despojarse de un derecho que es inalienable, porque según el pacto fundamental, sólo la voluntad general puede obligar a los particulares y nunca puede asegurarse que una voluntad particular esté conforme con aquélla, sino después someterla al sufragio libre del pueblo, es decir, del soberano.

En el cuerpo político se distinguen la voluntad y la fuerza: una el Poder Legislativo; la otra el Poder Ejecutivo. Esta es la razón del gobierno en el Estado, un “cuerpo intermediario establecido entre los súbditos y el soberano para su mutua comunicación, encargado de la ejecución de las leyes y del mantenimiento de la libertad tanto civil como política”. Por ello no “es bueno que el que hace las leyes las ejecute, ni que el cuerpo del pueblo distraiga su atención de las miras generales para dirigirla hacia los objetos particulares”. Como vemos, según Rousseau, la soberanía es el ejercicio de la voluntad general, es decir, la voluntad de todas las personas que se asocian para formar un cuerpo político el cual designa un gobierno para la ejecución de esa voluntad general.

 En esta filosofía –expresó Fidel Castro en La Historia me absolverá– se alimentó nuestro pensamiento político y constitucional que fue desarrollándose desde la primera Constitución de Guáimaro hasta la de 1940. Pasemos una breve hojeada a esa historia:

Los levantamientos armados en Yara, Las Clavellinas y Manicaragua (1868-1869) generaron discrepancias respecto a la forma de gobierno. Para conseguir la unidad se convocó la Asamblea de Guáimaro en abril de 1869, de la cual emergió nuestra primera constitución mambisa. Allí, en consecuencia con la teoría formulada por Carlos-Luis de Montesquieu –escritor y jurista, autor de El Espíritu de las Leyes– se procedió a la separación de poderes: el Legislativo en la Cámara de Representantes, el Ejecutivo en el Presidente y el Judicial quedó aplazado hasta que se dictase una ley especial. Mientras de los tipos de gobierno se eligió el republicano, en el que el pueblo entero o una parte de él, tiene el poder soberano. En la Constitución de Jimaguayú (septiembre de 1895), los delegados designaron un Consejo de Gobierno compuesto por un Presidente, un vicepresidente y cuatro Secretarios de Estado con facultades para legislar. El Poder ejecutivo, depositado en el Presidente y el Poder judicial eran independientes. En la Constitución de la Yaya (octubre de 1897), se procedió de forma similar a Jimaguayú.

En la Constitución de 1901, el primer artículo quedó redactado así: “El pueblo de Cuba se constituye en Estado independiente y soberano, y adopta, como forma de gobierno, la republicana”. Mientras el 43 dice: “La soberanía reside en el pueblo de Cuba, y de éste dimanan todos los Poderes Públicos”. En la Constitución de 1940 el artículo 1 reza: “Cuba es un Estado independiente y soberano organizado como república unitaria y democrática, para el disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana” y el artículo 2 dice: “La soberanía reside en el pueblo y de éste último dimanan todos los poderes públicos”.

En defensa del liberalismo político y de la división de poderes, Fidel Castro en el alegato citado expresó: Es un principio elemental de derecho público que no existe la constitucionalidad allí donde el Poder Constituyente y el Poder Legislativo residen en el mismo organismo. De acuerdo a esas palabras la Constitución vigente carece de constitucionalidad. Sin embargo, en cuanto al tema de la soberanía, el breve recorrido por las constituciones cubanas demostró que, hasta en la Constitución actual se reconoce que la soberanía reside en el pueblo cubano. El artículo 1 dice: Cuba es un Estado socialista de trabajadores, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos, como república unitaria y democrática, para el disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana”, y el artículo 3: “En la República de Cuba la soberanía reside en el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado”

Por las razones anteriores las palabras del General Raúl Castro en la Cumbre del ALBA pueden cobrar sentido si se aceptan las enseñanzas de nuestra historia constitucional, a saber, que antes y ahora la soberanía reside en el pueblo y por lo tanto a éste, como soberano, debe consultársele sobre un asunto de tanto interés nacional como son las conversaciones encaminadas al restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos: una materia, sin duda alguna, de soberanía popular.

Efecto de la debilidad de la sociedad civil en Cuba, el sujeto inicial de los cambios saldrá de las mismas fuerzas que han detentado el poder en el último medio siglo. Por esa razón objetiva, tanto el punto de inicio como la velocidad de las transformaciones estarán subordinados más a los intereses creados por esa fuerza que a las necesidades del país. Para ello el gobierno cubano cuenta, hasta ahora, con todo lo necesario.

Esa realidad explica la insistencia de las autoridades cubanas, en respuesta a la nueva política estadounidense, de colocar en primer plano la propuesta de canje de los opositores que guardan prisión en la Isla a cambio de los cinco cubanos condenados en Estados Unidos, tal y como si el diferendo entre ambos gobiernos se pudiera reducir a una guerra ordinaria entre dos ejércitos.

Lo insostenible de ese intento radica en que el diferendo, surgido en medio de las contradicciones ideológicas y geopolíticas durante la Guerra Fría, condujo al gobierno cubano para “defenderse del enemigo”, a desmontar la sociedad civil, eliminar los espacios e instrumentos cívicos y subordinar los derechos y libertades a la defensa del proyecto revolucionario. Medidas que resultaron tan eficientes para la “defensa” y la conservación del poder, como dañinas para el desarrollo de Cuba y la satisfacción de las necesidades de los cubanos.

Al finalizar las guerras regulares los contendientes proceden al intercambio de prisioneros, pero en el caso del diferendo, además de no constituir una guerra regular, hay otras razones que lo impiden. En primer lugar, en Estados Unidos existe una división de poderes gracias a la cual el Poder Ejecutivo, que encabeza Barack Obama, no puede determinar en materias fuera de su competencia, como es el caso de los cinco cubanos en cárceles norteamericanas, que corresponde al Poder Judicial. En segundo lugar, y esta es la razón fundamental, el gobierno cubano, para defenderse del “enemigo”, restringió los derechos ciudadanos institucionalizados desde la Constitución de 1901 y ampliados con la de 1940. Por eso, lo que interesa a la sociedad cubana es que el fin del conflicto lleve a la restitución de los derechos restringidos. En ese sentido, las posibles conversaciones son importantes en tanto sean capaces de generar un escenario que conduzca al restablecimiento de dichos derechos. Insistir en el canje sin mencionar un asunto tan vital tiende a solapar la esencia y el alcance que debe tener el fin de la hostilidad. Enarbolar el canje significa subirle la altura de la varilla al presidente norteamericano hasta hacerla insaltable, que es lo mismo que darle una patada a la posible mesa de negociaciones.

A consecuencia de las cinco décadas de conflictos Cuba está prácticamente fuera de tiempo para revertir el daño sufrido: una nación estancada en todos los campos, una generalizada inconformidad ciudadana, una creciente simpatía por las medidas del nuevo presidente de Estados Unidos y un desacuerdo manifiesto con cualquier intento de permanecer atado a la confrontación. Por esas razones, el restablecimiento de los derechos y libertades constituye la principal premisa para salir de la crisis estructural en que Cuba está inmersa y cuya causa fundamental radica, precisamente, en la ausencia de esos derechos y libertades en los cuales se sustenta la dignidad humana y la participación interesada y consciente en los problemas que aquejan a la nación.

En ese contexto el reconocimiento, tanto por el Presidente como por la Secretaria de Estado norteamericanos del fracaso de la vieja política, y en consecuencia la toma de medidas encaminadas al entendimiento y las negociaciones, constituye un reto para pasar la página de la confrontación: una oportunidad que no debe ni puede ser desaprovechada por ninguna razón, pues si antes, la tesis de no cambiar nada hasta que el otro cambie era absurda, ahora, resulta inadmisible. Por ello la declarada disposición a normalizar las relaciones en un plano de igualdad –expuesta por el General Raúl Castro en agosto de 2006, reiterada en diciembre de ese mismo año y recientemente en la V Cumbre Extraordinaria del ALBA, donde expresó: Le hemos mandado a decir al gobierno norteamericano en privado y en público que ahí están los derechos cuando ellos quieran discutirlos todos: derechos humanos, libertad de prensa, presos políticos, todo, todo, todo lo que quieran discutir, pero en igualdad de condiciones– debería comenzar a materializarse con medidas concretas.

Entre esas primeras medidas debe estar la excarcelación de los prisioneros de conciencia que son cubanos y no norteamericanos capturados en combate. Y sólo ellos deben decidir su lugar de residencia y gozar del derecho de entrar y salir de su país una vez que sean liberados. A lo anterior hay que agregar: Que cualquier otra salida constituiría una violación de las libertades y un atentado a la dignidad humana; que la liberación de algunos prisioneros políticos, aunque haya sido con licencia extrapenal, anula cualquier razón para mantener a otros en prisión por la mima causa; que su excarcelación sería un gran paso en el camino de la necesaria reconciliación nacional y una inequívoca señal de voluntad gubernamental, por encima de intereses ideológicos o políticos; y que sería un importante paso de acoplamiento a las normas de derechos reconocidas internacionalmente y contenidas en la Carta de las Naciones Unidas, lo que legitimaría al gobierno ante una comunidad internacional que ha venido solicitando la liberación de dichos prisioneros.

Pero lo principal es que el Gobierno cubano debe hacer gestos dirigidos a su propio pueblo, entre ellos ratificar e implementar los pactos de derechos humanos que fueron firmados en febrero de 2008, los cuales recogen los altos ideales de libertad, justicia y paz fundamentados en el reconocimiento de la dignidad y de los derechos iguales e inalienables inherentes a todos los seres humanos y dictar las disposiciones legislativas internas para hacer efectivos esos derechos ciudadanos, hoy ausentes en Cuba.

En ese sentido, la normalización de las relaciones con Estados Unidos no puede ser sino el inicio de la democratización de Cuba. Entre esas primeras medidas, en lugar de un canje, debería estar la liberación de los presos por causas políticas, lo cual depende del único poder existente en el país, mucho más ahora que la causa de su encarcelamiento –la amenaza externa– se ha disipado.

Los mandatarios de los países integrantes de la Alternativa Bolivariana para las Américas reunidos el pasado 17 de abril en Cumaná, Venezuela, adoptaron un documento donde se declara la inexistencia de consenso para aprobar el Proyecto de Declaración de la V Cumbre de las Américas que comenzó ese mismo día en Puerto España, Trinidad y Tobago.

La correcta interpretación del tiempo, como propiedad universal del movimiento del universo y factor objetivo del desarrollo social, constituye una necesidad práctica de la que la política no escapa. La ignorancia de esa realidad conduce al intento quimérico de vivir de espaldas a los nuevos tiempos. El ascenso al poder en América Latina de un grupo de gobiernos de izquierda, en especial el de Hugo Chávez, crearon la falsa ilusión de que después de las fracasadas tentativas de acceder al poder mediante movimientos armados, los postulados de la revolución se iban a diseminar por todo la región mediante las victorias electorales. En efecto, los males acumulados y las malas administraciones en estos países prepararon las condiciones para que los partidos de izquierda capitalizaran el electorado a su favor.

El error de los que así pensaban consiste en la incomprensión de la radical diferencia que existe entre arribar al poder mediante una insurrección y lograr ese mismo fin a través de un proceso electoral. En el primer caso, las revoluciones al actuar como fuentes de derecho garantizan su permanencia en el poder sin tiempo límite; en el segundo caso, aunque se logre instituir la reelección presidencial, gracias a los mecanismos democráticos los gobiernos electos quedan sujetos a la revalidación periódica. En este caso, que es lo que está ocurriendo en la región, los resultados prácticos de la gestión de gobierno tienen que trascender al populismo y a las promesas de futuros luminosos.

De tal forma el retorno a los escenarios cívicos impide, de un lado, cualquier intento de alcanzar el poder por las urnas para derivar hacia el totalitarismo, mientras de otro lado, coloca al gobierno cubano en una posición incomoda para integrarse verdaderamente a la región sin acogerse a esos mismos mecanismos democráticos presentes en el resto de los países latinoamericanos, a los cuales las autoridades cubanas brindan un apoyo que niega a su propia sociedad. Tal contradicción, al hacerse cada vez más flagrante e insostenible, se va reflejando en las relaciones con los propios socios de la izquierda latinoamericana, pues Cuba, detenida en la historia, ha pasado a ser el único país en la región que carece de los derechos civiles y políticos para la participación ciudadana y eso le resta, quiérase o no, legitimidad a cualquier bloque de países.

La recién concluida Cumbre extraordinaria del ALBA es la mejor prueba de la afirmación antes expuesta. En la declaración aprobada por los Jefes de Estado y de gobierno allí reunidos, entre ellos el cubano, se aprobó un documento en el que se declara la inexistencia de consenso para aprobar el Proyecto de Declaración de la V Cumbre de las Américas. En dicho documento, estructurado en 15 puntos, al menos cuatro de ellos son incumplidos por el gobierno cubano.

En el punto 9 se condena “la discriminación de los migrantes en cualquiera de sus formas” y se califica la misma como un “Derecho Humano”; en consecuencia se demanda “una reforma urgente de las políticas migratorias del gobierno de los Estados Unidos”. Sin embargo, en Cuba, uno de sus firmantes, no existe la libertad de movimiento y los ciudadanos para salir de su país tienen que solicitar un permiso al Estado.

En el punto 10, se dice que los “servicios básicos de educación, salud, agua, energía y telecomunicaciones tienen que ser declarados derechos humanos”, pero resulta que en Cuba el acceso a las redes informáticas y las telecomunicaciones está impedido para el ciudadano común.

En el punto 11 se plantea “fortalecer, como único canal legítimo para la discusión y análisis de las agendas bilaterales y multilaterales del Continente, la base del respeto mutuo entre los Estados y los gobiernos, bajo el principio de la no injerencia de un Estado sobre otro y la autodeterminación de los pueblos”. En Cuba el aspecto de la “autodeterminación de los pueblos” es inexistente debido a la prohibición del derecho de asociación, que es uno de los fundamentos para dicho ejercicio.

En el punto 12 se exige “poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero” impuesto por Estados Unidos a Cuba, un reclamo además, de todos los gobiernos de la región. Sin embargo, no se menciona la inflexión producida en la política norteamericana hacia Cuba con el presidente Barack Obama, la cual comenzó a materializarse en hechos concretos: la suspensión de las restricciones a los viajes y a las remesas familiares, unido a la disposición de avanzar en otros temas como el de las telecomunicaciones. Esas medidas constituyen, sin dudas, el inicio de un camino que puede y debe conducir hasta la suspensión del embargo.
Tan excelente oportunidad para pasar la página de la confrontación, entrar al capítulo de las negociaciones y trazar un nuevo rumbo a las relaciones entre Cuba y Estados Unidos no debe perderse. El resultado que se alcance depende ahora en gran medida de hechos recíprocos de parte de Cuba, pero principalmente de los gestos del gobierno a su propio pueblo, que ha quedado rezagado en materia de derechos respecto al resto de la región. Las medidas en ese sentido eliminarían la contradicción actual entre Cuba y los propios países que integran el ALBA.