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Hemeroteca de noviembre 2008

3-apariencia.JPGLos recientes fenómenos atmosféricos que azotaron a Cuba, aunque  agudizaron el desabastecimiento de productos agrícolas no constituyen la causa de ese fenómeno. La misma radica en la prolongada y profunda crisis en que se encuentra inmersa la sociedad cubana.

La toma de conciencia por parte de las autoridades, acerca de la insuficiencia en la producción agropecuaria, quedó manifestada el 26 de julio de 2007 en Camaguey cuando el General de Ejército Raúl Castro planteó la imperiosa necesidad de producir aquí –donde sobra tierra y las lluvias de los dos últimos años han sido generosas– los alimentos que se compran en el mercado internacional a precios crecientes. Luego, durante la clausura del VI Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, en abril de 2008, calificó la producción de alimentos como asunto de máxima seguridad nacional; y el 11 de julio, al volver sobre el tema, expresó enfáticamente: ¡Hay que virarse para la tierra! ¡Hay que hacerla producir!

Mucho antes de los recientes huracanes se conocía que aproximadamente la mitad de las tierras del país permanecían ociosas, muchas de ellas infectadas por el marabú; y que los campesinos privados y las cooperativas, con sólo el 35% de las tierras cultivables, aportaban más del 60% de los productos del campo. La comprensión de tan crítica situación –no atribuible al enemigo externo– quedó condensada en una expresión que creó expectativas y esperanzas en muchos cubanos: introducir los cambios estructurales y de conceptos que resulten necesarios.

Del dicho al hecho hay un gran trecho, dice uno de esos refranes cargados de sabiduría popular. Está fehacientemente demostrado, antes y ahora, en Cuba y en el resto del planeta, que cuando a la economía se le priva de su autonomía, se subordina al voluntarismo y se ignoran sus leyes, la misma queda condenada al estancamiento y la involución. Por ello, entre la toma de conciencia, las declaraciones y la solución, se interpone la introducción de mecanismos de mercado, la autonomía de los productores, la elevación de los salarios en correspondencia con el costo de la vida y el derecho de los que hacen producir la tierra a poseerla en propiedad. Mecanismos sin los cuales es imposible la identificación, el arraigo, la cultura de pertenencia de los ciudadanos y el interés por los resultados productivos.

La no implementación de esas medidas, por razones ajenas a las necesidades de la población, ha conducido a un estado de desinterés generalizado y al aumento de la lucha, pues una gran parte de los ciudadanos, desposeídos e impedidos de recibir en dependencia de sus aportes y/o de ser propietarios, han optado por subsistir mediante ilegalidades, engaños, robos, mendicidad y apropiación de la propiedad estatal, con el consiguiente perjuicio productivo y el deterioro ético.

La injustificada demora en introducir los cambios estructurales que la agricultura demanda, explica el por qué la economía cubana, además de no haber recuperado el nivel que tenía antes de 1989, tiene que comprar azúcar en el mercado exterior, pues la otrora potente industria azucarera produce ahora menos que hace un siglo atrás.

En ese estado de deterioro, de indefinición y de crisis profunda, los fenómenos atmosféricos tropicales Fay, Hanna, Gustav e Ike, al dañar aproximadamente al 30% de los cultivos, empeoraron la insostenible situación existente, pero no constituyen la verdadera y principal causa del actual desabastecimiento agropecuario; el cual radica, antes y ahora, en el sostenimiento de un modelo irracional e improductivo.

Es cierto que a lo largo de nuestra historia, ningún gobierno –con independencia de que el actual sea corresponsable de lo que sucede– enfrentó condiciones tan difíciles como las actuales: incapacidad económica, insuficiencia de los salarios, indisciplina laboral, desinterés de los trabajadores, desesperanza generalizada y creciente deterioro ético. Precisamente por esas razones la voluntad para emprender los cambios tenía que imponerse por sobre cualquier razón política, ideológica, o de otro orden.

Con décadas de atraso y en medio de los efectos de los huracanes se pusieron en vigor el Decreto Ley 259 y el Decreto 282 para la entrega de tierras ociosas en usufructo. Dos instrumentos legales que padecen del mismo defecto de la política anterior. Resulta que a la vez que se reconoce la incapacidad del Estado para hacer producir la tierra –en los últimos nueve años el área cultivable se redujo en una tercera parte–, la nueva legislación impide que los productores, capaces de hacerla producir, puedan ser propietarios; mientras el Estado, responsable de la insuficiencia productiva, conserva el derecho a la propiedad.

Las otras medidas consisten en los ya conocidos controles, precios impuestos al margen del mercado, inspecciones y decomisos contra productores y vendedores. Medidas que pueden lograr otros objetivos, menos el que necesita nuestra agricultura que es precisamente la autonomía, las libertades y los derechos de los trabajadores del campo.

Como la causa de la insuficiencia agropecuaria radica en las razones señaladas, la anunciada recuperación, de tener éxito, podría hacer regresar al país hasta el momento en que se encontraba antes del paso de los últimos huracanes, es decir hasta la insuficiencia productiva, pero no a producir lo necesario para satisfacer las demandas de los cubanos y a reducir los precios de los productos del agro.

Lo anterior demuestra que tanto el conocimiento de las causas como de la necesidad de los cambios, si no se acompañan con la correspondiente voluntad política para su ejecución, todo queda en declaraciones. Faltó y sigue faltando lo principal, la democratización de las relaciones económicas y el fomento de los espacios, derechos y libertades para que, paralelos al Estado, los productores puedan participar como sujetos interesados en los resultados de la gestión económica.

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Según datos preliminares la tormenta tropical Fay, y los huracanes Hanna, Gustav e Ike, derribaron o dañaron más de 500 mil viviendas, una de las mayores carencias de los cubanos. En cualquier análisis de esa tragedia de origen natural tiene que incluirse, obligatoriamente, la influencia de otros factores de orden social.

El problema habitacional antes de 1959

El déficit habitacional no lo creó la revolución. En la República, de 1902 a 1959, el Estado participó muy poco en la construcción directa de viviendas. La mayor responsabilidad recayó en los ciudadanos y en las empresas constructoras. La participación popular, aunque con determinadas limitaciones, era posible porque los precios tanto de las viviendas construidas como de los materiales para su construcción no superaban la relación costo-ingreso. Por ejemplo, en 1949 el costo de una vivienda de mampostería, placa, piso de mosaicos o de terrazo, con 2 cuartos, baño intercalado, sala, comedor, cocina, portal y patio alrededor, como las que -mediante la lotería nacional- sorteaba entre sus suscriptores la Revista Resumen, estaban evaluadas en 4 mil pesos.

En la década del 50 del pasado siglo –exceptuando algunas zonas de la capital del país– con 5-6 mil pesos se podía adquirir o construir, incluyendo el precio del solar, una vivienda con las características antes descritas. En pueblos como Bayamo o Guira de Melena, si la vivienda era de madera, techo de tejas, piso de cemento, 1 baño y 1 cuarto se podía alcanzar hasta con 1000 pesos. Con esos precios un trabajador que contara con un ingreso mensual entre 80 y 100 pesos, podía obtener una casa de madera aproximadamente con el salario de un año, y con el de seis años, una de mampostería. Hasta esa fecha, sin desconocer las carencias y dificultades de la época, el trabajador que decidía construir un inmueble contaba con diversas opciones de arrendamiento, compra y construcción. Las familias tenían la posibilidad de arrendar un apartamento, que en dependencia de la calidad, lugar de ubicación y tamaño, podían pagar con el 10% del salario (en algunos lugares de la capital y otras grandes ciudades podía ser mayor). Por ejemplo mis padres (tabaquero él y conserje de escuela ella) alquilaron en 1940 una casa pequeña en el municipio de Jiguaní, mi lugar de nacimiento; luego, alquilaron otra de mampostería en el centro del pueblo. En 1949 se trasladaron a la ciudad de Bayamo, donde compraron por 800 pesos una casa de madera, techo de zinc, dos cuartos, sala, comedor y un pequeño patio; luego rentaron otra, cerca del centro de la ciudad, por 20 pesos mensuales y a su vez, alquilaron la suya por 12 pesos.

También se podía construir mediante las instituciones crediticias para inmuebles. Por ejemplo Previsora Latinoamericana, con la garantía de que el interesado tuviera un salario de unos 100 pesos, brindaba el préstamo correspondiente para ser amortizado en un número de años, con un 20% de interés. Algunas como la FHA, que realizaba las operaciones bancarias con el Banco Pujol, construía viviendas para trabajadores y clase media en repartos residenciales como Fontanar, Alta Habana y Aldabó, a precios que dependían de las medidas y comodidades del inmueble. Otras muchas como Alfa, Compañía de Capitalización y Fomento, S.A. y la Compañía de Capitalización y Ahorro, S.A. hacían las mismas funciones con diferentes facilidades. Los que tenían mayor solvencia procedían directamente a la compra.

De tal forma que el Estado, con algunas excepciones, no participaba directamente en la construcción de viviendas, al punto de no existir una institución estatal especializada para esos fines. La solución del déficit debió enfrentarse después de 1959 mediante el perfeccionamiento de los mecanismos ya existentes y probados; no mediante su eliminación y sustitución por el Estado omnipotente, como se procedió.

El problema habitacional después de 1959

Desde el Estado, se crearon instituciones para la vivienda y se procedió a la “solución” del problema. En enero de 1959 se creó el Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda para emplear los fondos de la Lotería Nacional en la solución del mal; el 6 de marzo Fidel Castro planteó eximir de impuestos durante 10 años a todo el que construya una casa para vivirla él; cuatro días después se dictó la Ley sobre la rebaja de alquileres, para favorecer a los sectores de menores ingresos y en abril se aprobaba la Ley 218 sobre la venta forzada de solares yermos. En 1960 se creó la Dirección de Viviendas Campesinas para la construcción en zonas rurales y se aprobó la Ley de Reforma Urbana donde se reconocía la posesión de la vivienda como derecho imprescindible e inalienable del ser humano. También se procedió a la elaboración de planes constructivos. Desde esa voluntad estatal, instituciones e instrumentos legales, comenzó lo que en el argot revolucionario se designó como “batalla por la vivienda”, cuyo fin era satisfacer un crecimiento demográfico que demandaba decenas de miles de viviendas anuales.

El primer plan (1960-1970) consistió en la construcción de 32 mil apartamentos anuales, pero el promedio alcanzado no rebasó las 11 mil. La incapacidad estatal para enfrentar por sí sólo el complejo problema, condujo a la idea de la “participación popular”. Con ese fin se decidió involucrar a los ciudadanos necesitados. En 1971 se crearon las microbrigadas –pequeñas unidades integradas por 33 trabajadores de  empresas estatales, que pasaban permanentemente a construir un edificio y seguían cobrando sus salarios por el centro de trabajo–. Las viviendas terminadas, propiedad del Estado, se entregaban en usufructo a los seleccionados de acuerdo a sus méritos y necesidades. Con ese concepto se emprendió el segundo plan (1971-1980), elevado ahora a 38 mil viviendas por año, sin embargo, el promedio alcanzado no superó las 17 mil.

Ante el fracaso, el creciente déficit y el crecimiento de la población, se elaboró el tercer plan para construir 100 mil viviendas anuales a partir de 1981, pero la tozuda realidad no permitió sobrepasar la cifra de algo más de 40 mil por año. Posteriormente, a partir de 1995, momento en que se logró edificar más de 40 mil, la cifra comenzó a descender año por año hasta que en el 2005 se llegó al punto más bajo: 7 300 casas en los primeros siete meses.
 
En ese momento crítico se anunció el cuarto plan. Un informe presentado por el Secretario Ejecutivo del Consejo de Ministros a la Asamblea Nacional del Poder Popular, anunciaba que, debido al “mejoramiento de las posibilidades financieras del país” se iban a “construir y terminar no menos de 100 mil viviendas nuevas por año a partir del 2006” (segundo plan de 100 mil) y el concepto de la microbrigrada fue sustituido por el trabajo de la familia que habitaría el inmueble. Así, el precepto legal de que no haya familia sin una vivienda se sustituyó, al margen y contrario a la ley, por un principio ideológico y excluyente: aunque se trate de una familia sin vivienda, se requiere de una “destacada conducta social y revolucionaria”.

Como consecuencia de esa definición, las personas que no asistían a las marchas combatientes, aunque fueran honestas, trabajadoras y modelo de familia, al no calificar como revolucionarias, quedan excluidas del maravilloso plan. Resulta que los sectores más marginados, entre los que se encuentran una mayoría de negros, que por su condición social no son los más propensos a participar en las actividades que dan el crédito de “revolucionarios”, lo que al aumentar su marginalidad, se reproduce el pernicioso ciclo de discriminación que se originó en la colonia.

De todas formas el “novedoso” plan se volvió a incumplir en el 2006. Entonces las autoridades optaron por una forma más “viable”: bajar la altura de la varilla. Así la ansiada meta de100 mil se redujo a algo más de 70 mil para el año 2007, el cual también fue incumplido, por lo que se decidió hacerlo “más viable todavía” y para el 2008 se bajó otra vez la varilla hasta 50 mil; plan que amenazaba una vez más con incumplirse; pues el 31 de mayo de ese año, en la segunda jornada de trabajo de la Comisión de Industria y las Construcciones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Víctor Ramírez Ruiz, presidente del Instituto Nacional de la Vivienda, explicó que en los primeros cuatro meses se terminaron 13 981 viviendas, que representaban el 28 por ciento del total que deberá ejecutarse.

En esa desfavorable situación, Fay, Hanna, Gustav e Ike, al dañar más de 500 mil viviendas, han dejado a miles de familias ante un Estado que ya no tiene respuesta para esa magnitud de la tragedia. Como Cuba está afectada por una crisis estructural, el daño en la vivienda, como elemento del sistema, afectará a toda la estructura. Eso se está reflejando en ausencias al trabajo, en mayor desesperanza, en manifestaciones de inconformidad y en un mayor descreimiento, todo lo cual profundizará la crisis existente.

¿Por qué fracasaron los planes constructivos?

Antes de la revolución el déficit acumulado tenía entre sus causas la cantidad de familias con ingresos bajos y la poca participación directa del Estado en la construcción de viviendas. Después de la revolución, el fracaso del primer plan se debió a la incapacidad estatal para enfrentar por sí sólo el complejo problema habitacional. El segundo y tercer planes, se debieron a la falta de autonomía de los ciudadanos, lo cual no pudo suplirse con las microbrigadas controladas por el Estado. El del cuarto plan –segundo de 100 mil viviendas– por dedicarse los constructores profesionales a las obras priorizadas de la Batalla de Ideas y descargar la responsabilidad principal de la construcción en la familia, desposeída de derechos, de libertades, de medios, de mercados de materiales de construcción a precios asequibles y de los hábitos de responsabilidad, perdidos por la excesiva tutoría estatal.

Algunos resultados de la crisis habitacional

El problema de la vivienda –en una sociedad donde el trabajo dejó de ser la fuente principal de ingresos y la conducta moral quedó atrapada por la sobrevivencia– encontró una salida en las ocupaciones y construcciones de viviendas no autorizadas. Desde ese momento se desaceleró el ritmo constructivo y el énfasis estatal giró desde la preocupación por construir a la promulgación de leyes y regulaciones para controlar el creciente desorden.

En diciembre de 1984 se promulgó la ley 48 “Ley General de la Vivienda”, que autorizó la “transferencia de la propiedad” a la cubana, es decir, propiedad sin derecho, pues ninguno de los supuestos propietarios puede vender, arrendar, permutar, traspasar, o alojar en su inmueble libremente a quien considere, lo que influye en el descuido y el deterioro de los inmuebles. En 1988 se aprobó la ley vigente, encaminada a reordenar las regulaciones anteriores para “propiciar la solución del déficit habitacional” y fortalecer el control estatal sobre las operaciones alrededor de la vivienda. En diciembre de 1995 se creó una nueva institución para controlar el desenfreno: el Grupo Nacional, integrado, entre otros organismos, por los institutos de la Vivienda y de Planificación Física y los ministerios de Justicia y del Interior. Sin embargo, ninguna de esas medidas pudo resolver las ilegalidades. En julio del 2000 se aprobó el Decreto-ley 211 que prevé inspecciones físicas a los inmuebles y que exige una imprescindible autorización institucional para permutar, y autoriza a funcionarios estatales para determinar sobre la propiedad de la persona, menoscabando así el derecho de propiedad reconocido en las leyes anteriores. Luego, en febrero del 2001, se aprobó otro Decreto ley para el control de las contravenciones. De acuerdo a esta última medida el Instituto de la Vivienda no sólo monopoliza, sino que elimina definitivamente la compraventa entre particulares y otorga a las entidades municipales de la Vivienda el derecho de confiscación. En fin, control y represión, pero no solución al problema de la vivienda.

Este breve recuento de las medidas legales referidas al complejo problema de la vivienda en los últimos 42 años marca un camino fracasado que va del intento de suplir el déficit habitacional de antes de 1959 hasta el férreo control estatal sobre la ciudadanía en todo lo relacionado con el problema habitacional. Un camino que ha conducido al avanzado deterioro del fondo habitacional por falta de mantenimiento; a los continuos derrumbes parciales y totales, sobre todo en épocas de lluvias y huracanes; al renacimiento y crecimiento de los barrios marginales, a la construcción de inmuebles sin condiciones para vivir decorosamente y sin calidad para resistir los fenómenos naturales que nos azotan cada año. Ello ha conformado un cuadro que se ha venido agudizando en el tiempo, generalizándose en el espacio y devenido tragedia nacional con el efecto de los últimos eventos atmosféricos, lo que ha confirmado la imposibilidad de que el Estado pueda en ningún país del mundo, mucho menos desde una concepción totalitaria, resolver el grave problema habitacional.

Factores para una posible solución

Es necesaria la realización de estudios multidisciplinarios que, junto a los factores físicos y económicos, abarquen los psicológicos, sociológicos y demográficos. Por la magnitud del problema y la cantidad de factores a integrar, –económicos, sociales, ambientales, arquitectónicos, urbanísticos, y sobre todo la participación activa de los ciudadanos– la vivienda necesita de un nuevo organismo rector con rango de ministerio. El Instituto de la Vivienda, el Ministerio de la Construcción o el Instituto de Planificación Física, se relacionan y complementan, pero no absorben toda su complejidad. A ese organismo central hay que agregar: un banco especializado; una industria de materiales; una política de precios y una de financiación, para la cual hay que explorar nuevas fuentes.

El Estado cubano, como cualquier otro, debe y tiene que participar en la solución de la vivienda, Su función, en este sentido, sigue siendo determinante, que no es lo mismo que excluyente. Con su participación, mediante el control, los créditos bancarios, la venta de materiales de construcción y la permisibilidad para la creación de pequeñas empresas constructoras –privadas o cooperativas– habría desatado una fuerza autónoma y paralela al Estado en la construcción de inmuebles y habría creado una nueva e importante fuente de trabajo. Se ignoró que las viviendas la empezaron a construir los hombres y sus familias antes del surgimiento del Estado.

Al menos cuatro razones justifican y exigen la presencia estatal: 1- Porque la vivienda satisface una necesidad básica pero es muy onerosa, requiere por ello de un largo período de construcción y por tanto de fuentes de financiamiento; 2- Porque hay componentes de la construcción como el cemento y la madera, por sólo citar dos, que dependen de grandes empresas bajo su control; 3- Porque se necesitan grandes mercados abastecedores de materiales constructivos; y 4- Porque no se puede permitir libremente la construcción. La edificación y el urbanismo exigen normas tecnológicas de habitabilidad, de diseño urbano, de sistemas sanitarios, energéticos, viales y de comunicación, entre otros.

A su vez, la participación ciudadana se fundamenta en el enfoque humanista que sitúa la vivienda como una necesidad básica subordinada a un fin, que es el hombre. Para ello lo primero es situar al ser humano en primer plano, definir la función social de la vivienda, e instituir los derechos y los espacios para su participación, al margen de criterios políticos, ideológicos o de cualquier otro tipo, a través de pequeñas y medianas empresas privadas o cooperativas de producción de materiales de construcción, como son los bloques de hormigón o los ladrillos, la reparación, la venta de materiales, y en todo el proceso que va desde las inversiones hasta la mano de obra de los necesitados.

Ni el Estado sólo, ni la sociedad sin el apoyo estatal. De lo contrario, como ha sucedido en Cuba, el Estado, omnipotente, lo promueve todo y con ello paraliza las potencialidades ciudadanas al atar las capacidades del pueblo, lo que constituye un crimen contranatura y conduce al desastre en el que estamos inmersos. Cuba demanda una nueva política habitacional cuyo eje central debe ser la combinación armónica entre justicia social, intereses individuales y sociales, libertad y posibilidad de participación; en fin, Estado y Sociedad conjuntamente.

La Habana, 15 de septiembre de 2008
 

por Dimas Castellanos

Introducción

Resultado de un largo proceso de convergencia entre avance tecnológico y democratización de la información y las comunicaciones emergió en los países más desarrollados la sociedad de la información: última y más profunda etapa de la evolución social, caracterizada por la conversión de la información en materia prima obligada de toda actividad humana. En la Declaración de Principios de la Cumbre Mundial sobre la sociedad de la información , se define la comunicación como un proceso social fundamental, una necesidad humana básica y el fundamento de toda organización social. Partiendo de esa tesis, el propósito de esta ponencia es demostrar que el surgimiento del periodismo ciudadano, como forma de comunicación, responde al volumen de información alcanzado y a las exigencias del desarrollo social en la época de la sociedad de la información.

A lo largo de la historia, el crecimiento del volumen de información que los seres humanos fueron adquiriendo de sí mismos y del medio natural, al alcanzar determinada medida entró una y otra vez en contradicción con las formas de comunicación existentes, hasta ser desplazadas éstas por nuevas formas, en correspondencia con el nivel alcanzado y con las exigencias de la actividad humana. Efecto de esa lucha entre forma y contenido de la información, la humanidad transitó desde las manifestaciones prelingüísticas, pasando por el lenguaje articulado, hasta la invención de la escritura, repercutiendo en constantes avances del conocimiento hasta el surgimiento de los  rudimentos científicos que, gracias a la imprenta y al libro impreso, confluyeron en el nacimiento de la ciencia moderna.

Una cadena de descubrimientos e invenciones, cada vez más complejos, fueron democratizando el uso de la información, otorgándole a ésta un progresivo carácter masivo y convirtiéndola en necesidad insoslayable para la actividad de millones de personas en todo el mundo.

Origen del periodismo

Aunque el periodismo, entendido como recogida, evaluación y transmisión de noticias surgió de forma casi paralela a la invención de la escritura, la primera publicación periodística conocida –el Acta Diurna, una hoja informativa que por orden de Julio César se colocaba diariamente en el Foro de la antigua ciudad de Roma– no apareció hasta el siglo I a.C.; mientras el primer periódico impreso, con bloques de madera tallados no vio la luz en China hasta los siglos VII y VIII d.C. Luego, en el siglo XV, la reinvención de la imprenta en Europa con tipos metálicos móviles, permitió la distribución de noticias de forma más rápida y fácil, generando una red de informadores encargados de poner al tanto de los hechos más relevantes ocurridos. Así, en algunas ciudades de Europa comenzaron a venderse hojas informativas que informaban de los acontecimientos ocurridos en otros lugares. En Venecia, por ejemplo, se vendían notas informativas manuscritas al precio de una gazzetta , de donde procede la denominación genérica de las notas informativas en el resto del mundo y después, de los títulos de destacados periódicos. Con esos adelantos la prensa escrita comenzó a desempeñar un rol cada vez más decisivo en los procesos histórico-sociales.

La prensa escrita

La importancia y la ventaja de contar con información rápida de los hechos que ocurrían dentro y fuera de las fronteras no pasó desapercibido para los Estados, los cuales asumieron en muchos lugares el monopolio de la información periodística como factor de poder. Sin embargo, desde el inicio del siglo XVIII la demanda creciente de información para las múltiples actividades humanas requería de una mayor socialización, una exigencia de la práctica social que obligó a los Estados a ir levantando el monopolio establecido sobre los medios de comunicación escritos, para permitir que los particulares participaran en la edición de la prensa escrita de forma paralela al Estado. El Daily Courant de Inglaterra, primer periódico diario (1702), el francés Le Journal de París (1777), el estadounidense Pennsylvania Evening Post and Daily Advertiser (1783), el inglés The Times (1785);y en nuestra región la Gaceta de México (1722), la Gaceta de Lima (1743) y el Papel Periódico de La Habana (1790), son algunos ejemplos de lo anterior. La influencia ejercida por estos periódicos demostró a los políticos y a los Estados la importancia del periodismo impreso para moldear la opinión pública a su favor. Como resultado, se diversificaron cada vez más los medios de prensa escritos a la vez que tomaba fuerza la lucha por la libertad de prensa.

Vinculado con el dinamismo de la actividad humana en todas las esferas, el periodismo recibió la influencia de nuevos eventos de trascendencia entre los siglos XVIII y XIX. Destacan entre ellos: la Revolución Industrial, que iniciada en Inglaterra transformó la economía agrícola tradicional en producción mecanizada a gran escala; la Revolución Francesa, que echó los cimientos de la conciencia jurídica y la cultura política modernas; y la alfabetización en los países occidentales, que puso en capacidad de leer y escribir a millones de personas que devinieron consumidores de información. Esos y otros eventos, unidos a la disminución de los precios de los periódicos, gracias a la invención de técnicas como la del linotipo , permitieron aumentar las publicaciones y sus tiradas para las multitudes de las grandes ciudades. Joseph Pulitzer  y Randolph Hearst  en Estados Unidos ejemplifican la creación de publicaciones destinadas a ese amplio sector poblacional.

A partir del descubrimiento de la electricidad , invenciones como el telégrafo , junto a los tendidos de cable  y el teléfono , propiciaron no sólo el surgimiento de diarios que como el New York Times cubrían con eficacia las cuestiones más destacadas de la actualidad nacional e internacional; sino también el  nacimiento de asociaciones y agencias de prensa. Algunas de ellas, como la norteamericana Associated Press  y la inglesa Reuters , que continúan funcionando en la actualidad.

Del desarrollo de la prensa y de la libertad de expresión emergió el periodismo especializado en la investigación de aspectos de la realidad social, por lo que muchos escritores abandonaron la literatura para dedicarse por completo al periodismo de opinión. Desde mediados del siglo XIX aparecieron diarios que realizaban análisis exhaustivos de los sucesos del momento y de sus consecuencias. Ejemplos de ello fueron el inglés The Times, el español El Imparcial, y en América La Nación, de Buenos Aires y El Siglo, de Montevideo.

Junto a las nuevas tecnologías, el desarrollo del ferrocarril, la reducción del precio de la distribución postal, el crecimiento del número de industriales y comerciantes que necesitaban promocionar sus productos, entre otras razones, estimularon la creación y difusión de publicaciones de temas especializados con la utilización masiva de la ilustración y la fotografía, una técnica que alcanzó gran desarrollo desde mediados del siglo XIX. Así aparecieron en Alemania revistas ilustradas con enormes tiradas que se fueron extendiendo al resto del mundo. De igual forma la fotografía comenzó a utilizarse en la prensa diaria y en los suplementos dominicales. La prensa escrita alcanzaba en ese momento su punto más elevado.

La prensa audiovisual

A principios del siglo XX el creciente volumen de información y las exigencias de su inmediatez obligaron a la prensa escrita a buscar soluciones. Una de las respuestas fueron las ediciones matutina y vespertina. Sin embargo, primero la masificación del cine  –fotografía en movimiento– y luego la invención de la radio  permitieron el tratamiento instantáneo y continuo de las noticias, dando origen a los diarios hablados, los cuales superaron con creces a las ediciones de la mañana y la tarde de la prensa escrita. La importancia de la radio se acrecentó durante la II Guerra Mundial, al llevar a los hogares las noticias, casi de forma instantánea, a millones de radio oyentes en todas partes del mundo. Gracias al cine y a la radio, el periodismo audiovisual asumió una función cada vez más social y miles de nuevos periodistas se incorporaron a la difusión de información, desplazando a la prensa escrita de su lugar cimero. Ese fenómeno se produjo nuevamente a mediados de siglo XX con la aparición de la televisión , la cual unió, a las ventajas de la radio y el cine, el poder de la imagen que era exclusividad de la prensa escrita, con la ventaja que su consumo se podía hacer sin salir del hogar.

Las autopistas de la información

La presión de las necesidades crecientes de información sobre las formas de comunicación condujo en el siglo XX al surgimiento de las novísimas tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs), especialmente en el campo de la tecnología de los ordenadores desde la aparición de las computadoras digitales en la década de 1940, con las que, mediante la utilización de las redes informáticas y los dispositivos auxiliares, el usuario de un ordenador puede transmitir datos con gran rapidez. Estas tecnologías permiten: que los espectadores asistan en directo a acontecimientos que están teniendo lugar en otras partes del planeta; que los periodistas consulten casi instantáneamente enormes cantidades de información; y que los diarios electrónicos puedan llegar directamente a los terminales de los usuarios sin necesidad de imprentas, transportes o vendedores de prensa. Un ejemplo de lo anterior es la cadena estadounidense Cable News Network (CNN) que emite noticias y reportajes informativos por cable y por satélite las 24 horas del día a todo el mundo.

Con las TICs el periodismo se montó en las autopistas de la información. Muchos periódicos cuentan con una página web. De forma paralela, debido al relativo bajo costo de las comunicaciones y de los ordenadores, el monopolio de las grandes empresas informativas, privadas o estatales, tienen que enfrentar una competencia por parte de grupos, facciones, instituciones, partidos políticos y particulares que ratifican, corrigen, complementan o contradicen sus puntos de vista. Es en ese contexto de democratización de la información que emerge la última forma conocida de prensa: el periodismo ciudadano.

El periodismo ciudadano

El periodismo ciudadano, una nueva etapa de la prensa, nace del perfeccionamiento de las formas de comunicación, que se corresponde con las necesidades de la sociedad de la información, caracterizada por el empleo masivo de las TICs y por la  participación ciudadana (no profesionales) en la producción e intercambio de información sin tener que someterse al Estado, a las instituciones o a las políticas editoriales. Es, por tanto, una nueva forma que asume el periodismo en la sociedad de la información.

Al contener y permitir la realización de otros derechos y libertades, constituye la última y más desarrollada forma de libertad y una valiosa herramienta para promover la participación. La libertad de prensa, la más perfecta de las libertades, asume con el periodismo ciudadano su más alta cota conocida en el desarrollo humano; mientras su ejercicio constituye una expresión de dignidad y de libertad de opinión en el ciberespacio.

Por las razones anteriores el periodismo ciudadano coadyuva a que las personas y la sociedad civil puedan desempeñar el rol de sujetos activos en los procesos sociales y constituye fuerte antídoto contra todo intento totalitario de anular la individualidad.

En Cuba, la represión contra los intentos ciudadanos de hacer uso de la libertad de prensa  cuenta con una historia que va desde la ejecución del joven tipógrafo Eduardo Faccioso, en plena época colonial, hasta las presiones e impedimentos técnicos actuales para que los ciudadanos no puedan acceder a Internet libremente como productores o consumidores de información. Sin embargo, como esta forma de periodismo se realiza desde el ciberespacio, donde el control es imposible en la sociedad de la información, las disímiles formas de represión se tornan inútiles en ese intento.

Conclusiones

El periodismo ciudadano, resultado lógico del desarrollo, constituye una etapa de la evolución del periodismo que se corresponde con las posibilidades tecnológicas, con las necesidades de la práctica social, con el proceso de democratización de la comunicación y  con el gigantesco volumen de información correspondiente a la etapa conocida como sociedad de la información.

Por su carácter democrático y participativo, al propiciar y potenciar la socialización de las ideas, deviene instrumento decisivo para la  participación ciudadana y una insoslayable necesidad del desarrollo social e individual en cualquier parte del mundo.

Con el periodismo ciudadano no desaparecerán sus formas precedentes. La historia de la comunicación demuestra que las nuevas formas, emergidas de las anteriores, constituyen un salto respecto a ellas, las contienen y las superan, pero no las eliminan, sino que conviven en una nueva interrelación. Eso explica que actualmente, paralelo a las autopistas de la información, coexistan la televisión, la radio, el cine, los  periódicos, los libros, las revistas  y convivirán con las nuevas formas de periodismo que seguramente surgirán antes de lo que podemos imaginar.