Hemeroteca de junio 2008

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Por Dimas Castellanos

Culminada la Guerra Grande sin lograr la independencia de España ni la abolición de la esclavitud, la implementación del primer artículo del Pacto del Zanjón puso en vigor un conjunto de leyes similares a las existentes en Puerto Rico. Gracias a esas medidas las libertades de prensa, de asociación y de reunión, entre otras, permitieron el surgimiento de diversas publicaciones, organizaciones e instituciones que generaron un debate público acerca de los problemas de la Isla, lo que sentó los cimientos para el reinicio de la lucha por la independencia en 1895.

En ese contexto de permisibilidad, Juan Gualberto Gómez inició y ganó un proceso jurídico contra las autoridades coloniales, gracias al cual los cubanos podían sostener y discutir públicamente las ideas independentistas, con la condición de que no se incitara a la rebelión. Baste mencionar la Revista Cubana, dirigida por Enrique José Varona, donde Juan Gualberto, desde la sección “Crónica política,” sostuvo durante dos años una viva discusión acerca de los sucesos de actualidad. Posteriormente, durante la República, se multiplicaron los medios de comunicación. En 1930 las emisoras radiales alcanzaban la cifra de 61, una cantidad proporcionalmente superior a las de Nueva York; mientras los radioaficionados construyeron infinidad de pequeñas emisoras para trasmitir programas alternos. Esos datos ubicaron a Cuba en cuarto lugar en estaciones de radio, después de Estados Unidos, Canadá y Rusia. Y en octubre de 1950, casi inmediatamente después de los Estados Unidos, se inauguró en Cuba Unión Radio Televisión Canal 4, –la tercera planta televisiva de América Latina–, seguida ese mismo año del canal 6.

Así, de forma intermitente, desde la colonia hasta la República, el debate de ideas en tertulias, asociaciones, instituciones y en la prensa –escrita, radial y televisiva–, alcanzó una magnitud tal que hace imposible explicar ningún acontecimiento de nuestra historia política sin tener presente el papel del debate de ideas y de la libertad de prensa. Una prueba de ello la brindó el Dr. Fidel Castro en su alegato La historia me absolverá, cuando expresó:

“Os voy a referir una historia. Había una vez una república. Tenía su constitución, sus leyes, sus libertades; Presidente, Congreso, tribunales; todo el mundo podía reunirse, asociarse, hablar y escribir con entera libertad. El gobierno no satisfacía al pueblo, pero el pueblo podía cambiarlo… Existía una opinión pública respetada y acatada y todos los problemas de interés colectivo eran discutidos libremente. Había partidos políticos, horas doctrinales de radio, programas polémicos de televisión, actos públicos…”.
 
Con esos antecedentes cualquier acción encaminada a eliminar el debate público en Cuba es un acto contra la historia, contra el desarrollo del país y contra la dignidad de sus ciudadanos. Por tanto, todos los cubanos, intelectuales o no, revolucionarios o no; tienen el derecho de pensar, expresar y difundir libremente sus ideas, es decir, de participar como sujetos activos en los problemas que atañen a su nación.

Ninguna razón coyuntural ni ningún conflicto exterior, como es el caso del diferendo entre el gobierno de Cuba y de los Estados Unidos, puede usarse como argumento para descalificar la institución del debate público por la sencilla razón de que ninguna sociedad puede hacerlo sin neutralizar las fuerzas imprescindibles para el cambio y por tanto, sin conducir la sociedad al estancamiento. Tratar de hacer creer que toda idea nueva o diferente proviene del imperialismo es un acto de ofensa a la inteligencia y al alto nivel cultural y profesional alcanzado por los cubanos. Se trata sencillamente, parafraseando a Pedro Luís Ferrer, de un intento infructuoso y extremadamente perjudicial de construir un paraíso perfecto con una sola verdad y un único pensamiento.

Si los cubanos recibieron con grandes esperanzas el reconocimiento del actual Presidente del Consejo de Estado de Cuba acerca de que, del intercambio profundo de opiniones divergentes salen las mejores soluciones; esos mismos cubanos reciben ahora como un cubo de agua fría el intento de deslegitimar el debate, impedir el acceso de los cubanos a sitios Web donde se emiten criterios diferentes a los del gobierno y calificar cualquier pensamiento diverso como intento del imperialismo “para mover las aguas de su molino”, cuando en realidad son manifestaciones dirigidas a mover las aguas frescas de nuestro país que, por ausencia del debate de ideas, están estancadas. Es doloroso y triste para un pueblo tener que añorar las menguadas libertades –hoy desaparecidas– que se alcanzaron hace más de un siglo.

La Habana, 22 de junio de 2008
 

Debido al acelerado aumento de los precios de los productos del agro y la improductividad de ese sector en Cuba, el Presidente del Consejo de Estado calificó la producción agrícola como asunto de máxima seguridad nacional. En respuesta se han creado en todo el país las delegaciones municipales de la Agricultura.

Un artículo titulado ¿La espada alejandrina del campo criollo?, aparecido en Juventud Rebelde el 1 de junio de 2008 dice que: “Mientras seguimos con preocupaciones las continuas alzas del precio de los alimentos a escala mundial, en los campos cubanos se busca desatar los nudos que han amarrado sus producciones”. Sin embargo el artículo apunta más al aumento de los controles que a la liberalización de los nudos existentes.

La delegada de Güira de Melena declaró que cuentan con especialista integrales “para cuando hagamos un control estatal puedan verificar e inspeccionar las distintas áreas”. En este municipio se comenzó a asignar a los productores todo el combustible que necesitan. Ahora, según la delegada “tenemos la obligación de ver si ese agricultor está empleando el petróleo en lo que realmente debe utilizarlo”. 2- El delegado de Guantánamo dice que ahora cuenta con una estructura idónea para acercarse a la base y “ejercer el control donde antes no podía hacerse. Según el Subdelegado de ese mismo municipio, las delegaciones están bien concebidas pero hay que dotarlas de los recursos mínimos imprescindibles –transporte y combustible– para llegar al campo, “de lo contrario nos desgastaremos en llevar y pedir informes sin una verdadera identificación con los problemas”. En Guantánamo –dice el artículo– “se requiere que la delegación ejerza control y fiscalización sobre los mecanismos del sistema empresarial de la Agricultura, que revise su funcionamiento desde que inicia la cosecha hasta el destino de esas producciones”. 3- El Delegado de Ciego de Ávila plantea que el “compromiso de que la empresa le otorgue al campesino los recursos mediante contrato, y que las producciones se controlen mediante los insumos asignados, es muy importante”.

Situar la toma de decisiones más cerca de la base productiva es sin dudas positivo, pues le brinda más agilidad en la solución de los trámites, mayor eficacia productiva y promueve el desarrollo de la iniciativa local. Sin embargo, los excesivos controles desde el Estado papá a los productores niños actúa en dirección contraria a esas ventajas. Entregarle combustible y transporte a se inicia la siembra hasta que la comercialización de los productos; entregar petróleo para después tener que controlar en qué y cuánto se gasta; significa que los productores siguen siendo objetos pasivos sin capacidad para decidir, mientras el Estado mantiene, ahora más cerca de la base, una estructura supervisora que constituye el verdadero sujeto de la toma de decisiones. Así, los nudos, en vez de desatarse, se están corriendo hacia la base, lo que obstaculizará el propósito de aumentar la producción de alimentos, pues la causa principal de la crisis de la agricultura cubana: la falta de autonomía, de libertad y de derechos de los productores, continúa.

La experiencia de la ola de inspectores en los últimos años ha demostrado su fracaso. Ni cambios frecuentes de los inspectores de los lugares que visitan, ni la supervisión y depuración sistemática de los mismos, ni la formación de más y más inspectores simples o integrales, ni la creación de cuerpos de inspectores para inspeccionar a otros inspectores ha repercutido en la eficiencia productiva; al contrario, medio del desequilibrio existente entre el salario y el costo de la vida muchos de nuestros fiscalizadores convirtieron las inspecciones en una vía fácil para mejorar su canasta familiar. La sociedad cubana, altamente calificada y emprendedora, no requiere de paternalidad sino de autonomía de los productores, de derecho de propiedad y salarios en correspondencia con el costo de la vida.

Si se quiere eficiencia en la producción de alimentos hay que proceder, cuanto antes, a la transformación de los ociosos latifundios estatales en grandes, pequeñas o medianas empresas e incentivar a sus dueños, privados o colectivos, con imposiciones fiscales bajas y flexibles. Recodemos aquella afirmación de José Martí: “El mejor ciudadano es el que cultiva una extensión mayor de tierra”; pero por supuesto, primero tiene que poseerla. Ahí debería radicar la principal función de la nueva institución agrícola.

La Habana, 7 de junio de 2008

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