Hemeroteca de mayo 2008

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Por Dimas Castellanos

 

El pasado 28 de abril, en el discurso de clausura del VI Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, el Presidente del Consejo de Estado declaró que: “La producción de alimentos debe constituir una tarea principal para los dirigentes del Partido”, tarea que calificó como “asunto de máxima seguridad nacional”.

 

A lo largo de nuestra historia ningún gobierno enfrentó un propósito de esa magnitud en tan difíciles condiciones: incapacidad económica, insuficiencia de los salarios, indisciplina laboral, desinterés de los trabajadores por el resultado productivo, desesperanza generalizada y creciente deterioro ético, en un contexto caracterizado por el aumento de los precios de los alimentos en el mercado internacional. Un resultado de un sistema político totalitario, basado en el voluntarismo y una economía prisionera de la ideología. Una prueba de ello consiste en que durante varios años, en vez de trabajar para sustituir importaciones, se dedicaron millones y millones de dólares para comprar alimentos en los Estados Unidos, una cifra que pudo emplearse para la conversión de nuestra agricultura en fuente de empleo y desarrollo sostenible.

 

Con independencia de que la producción de alimentos se considere “tarea principal para los dirigentes del Partido”, la realidad demanda transformaciones profundas en el sistema salarial y en la estructura de la propiedad agraria para poder promover el interés de los trabajadores, pues en el estado actual los cubanos no quieren trabajar por un salario ajeno al costo de la vida. 

En ese sentido es bueno tener presente dos razones: 1- Que el trabajo es tanto fuente de riqueza como de propiedad. La sensación de pertenencia que ejercen tanto el derecho que tiene cada persona sobre sí mismo como el instinto de apropiación sobre las cosas, es mucho menor que la sensación de propiedad que genera el trabajo sobre los productos creados, por la sencilla razón de que lo producido es resultado de las fuerzas físicas y espirituales del productor; y 2- Tal como el desarrollo individual y el social se condicionan mutuamente, la propiedad privada y la social se complementan, por lo que el problema no radica en la elección de una u otra forma de propiedad, sino en la capacidad y voluntad para determinar en cada época, lugar y condiciones, cuál o cuáles de las formas resultan más ventajosas. Ambas razones vinculan la institución de la propiedad con el interés productivo y la convierten en fundamento del orden social. 

Si se asume lo anterior, entonces el reto de

la Cuba de hoy radica en convertir la propiedad y los salarios en palancas del desarrollo económico. Una estructura en la que de un lado, convivan y cohabiten sus variadas formas con sus propias dinámicas: la propiedad privada, mixta, y cooperativa, la autogestión o los consejos de trabajadores en las empresas; la propiedad municipal y las entidades económicas controladas por el Estado; y de otro lado, la redistribución se rija por el principio de cada cual según su capacidad a cada cual según su trabajo. Se trata de una combinación que sitúa las decisiones básicas en el lugar donde éstas deben realizarse y que es compatible con las ideas de participación creativa y plena de los trabajadores.  

Sería, además, la solución de un problema histórico; pues en Cuba los latifundios coloniales devinieron latifundios republicanos y finalmente latifundios socialistas, estos últimos caracterizados por la propiedad de nadie y el desinterés de todos, donde los ciudadanos, desposeídos e impedidos por ley de ser propietarios y de recibir en dependencia de sus aportes han tenido que acudir a las ilegalidades, entre ellas a la apropiación individual de la supuesta propiedad de todo el pueblo.

 

Se impone pues, si se quiere eficiencia en la producción de alimentos, suspender todas las regulaciones encaminadas a impedir la formación de una clase media rural y en su lugar proceder a la transformación de los ociosos latifundios estatales en grandes, pequeñas o medianas empresas e incentivar a sus dueños, privados o colectivos, con imposiciones fiscales bajas y flexibles. Dos medidas que repercutirían favorablemente sobre el propósito de aumentar la producción de alimentos, generarían una mayor oferta, variedad y calidad de productos agrícolas y la consiguiente disminución de los elevados precios actuales. 

A esas medidas debe unirse la institucionalización del contenido de los pactos de derechos humanos recientemente firmados por el gobierno cubano, lo que generaría un cambio significativo en la situación actual. “Quien quiera nación viva –decía José Martí– ayude a establecer las cosas de su patria de manera que cada hombre pueda labrarse en un trabajo activo y aplicable una situación personal independiente”. Y ese establecimiento pasa por la implementación y protección de los derechos y libertades que sirven de fundamento a la dignidad de la persona humana. 

La Habana. 6 de mayo de 2007 

 

 

 

 

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Dimas Castellanos

Al concluir el VI Pleno del Partido Comunista de Cuba (PCC), el pasado 28 de abril, Raúl Castro planteó la necesidad de “afianzar el papel del Partido como vanguardia organizada de la nación cubana”, para situarse en mejores condiciones ante los futuros retos; lo que indica que la decisión de cambiar todo lo que deba ser cambiado incluye al partido gobernante.

El propósito de afianzarse como “vanguardia organizada” puede significar que se permitirá la existencia de otros partidos políticos; o que el PCC permitirá la existencia de diversas tendencias dentro del mismo; o que continuará siendo como hasta ahora el único partido permitido, pero que en cualquiera de las tres variantes el PCC se afianzará como vanguardia. Sin embargo, en cualquiera de las variantes el PCC tendrá que tener en cuenta lo siguiente:

1- La relación entre dignidad humana y asociación. Dignidad significa que las personas actúen según lo que le dicte su conciencia interior, y si esa conciencia le dicta al ciudadano pertenecer a una agrupación política diferente al PCC, ninguna fuerza exterior podrá impedirlo sin actuar contra el derecho de libre asociación.

2- Las ideas y prácticas de la modernidad, emergidas en la Europa del siglo XVI y afianzadas con las revoluciones burguesas del siglo XVIII, al unir el ideario del humanismo y la justicia con los principios de la democracia y la soberanía del pueblo, echaron los cimientos de la conciencia jurídica y la cultura política modernas y que trascendieron los intereses de la burguesía para encarnarse como imperativos morales y jurídicos de toda la humanidad. Ideas y prácticas que se plasmaron tanto en la constitución mambisa de la Yaya como en las constituciones republicanas.

3- La exclusión política, un mal presente a lo largo de nuestra historia ha desconocido que los partidos políticos, en todos los lugares y épocas, se integran por una parte de la población, mientras la sociedad –el todo– antecede y rebasa a los partidos. Así ocurrió cuando las ideas de la independencia, ausentes en los partidos de la Cuba de fines del siglo XIX, condujo a José Martí a la fundación del Partido Revolucionario Cubano; cuando Diego Vicente Tejera, para representar los intereses de los trabajadores, ausentes en los partidos liberales y conservadores de la época, fundó en 1899 el Partido Socialista Cubano; o cuando Eduardo Chibás decidió, en 1948, fundar el Partido Ortodoxo porque el Auténtico no satisfacía a una parte de sus integrantes.

4- La ocurrencia de acontecimientos que demuestran la existencia de un sector de la ciudadanía inconforme con la situación del país que dirige el PCC: el éxodo masivo; las manifestaciones de agosto de 1994; la apatía ante los llamados a la eficiencia económica; y el aumento de las abstenciones, boletas invalidadas y el voto selectivo en los comicios de enero de 2008, entre otros.

5 El Pacto de Derechos Civiles y Políticos vigente desde 1976 y recientemente firmado por el gobierno cubano, reconoce en su artículo 22 el derecho de libre asociación, lo que implica que los ciudadanos cubanos podrán asociarse en un partido diferente al PCC, lo que obliga a poner la legislación cubana en correspondencia con el contenido del Pacto firmado o en su lugar, demostrar las razones para que un partido impida la existencia de otro.

6- Históricamente para implantar el monopartidismo, los regímenes totalitarios tuvieron que destruir violentamente los demás partidos políticos o reducirlos a la condición de organizaciones burocráticas subordinadas, dando lugar al modelo más perfecto y terminado de régimen totalitario, y con él, al estancamiento y al fracaso.

Por las razones anteriores, cuando un partido niega a priori la existencia de otros partidos se está negando a sí mismo. Por eso, el propósito de “afianzar el papel del Partido como vanguardia organizada de la nación cubana” tiene que acompañarse del derecho de asociación, para que entonces, en presencia de otros partidos y por la superioridad de sus ideas y proyectos, el comunista pueda demostrar que puede convertirse en esa vanguardia.

Para Martí, el Partido revolucionario Cubano tenía, como medio, un objetivo definido y acotado en el tiempo: aunar voluntades y dirigir la guerra para fundar la República, no para dominar y prohibir la existencia de partidos diferentes después del triunfo.

El próximo Congreso del PCC podría ser un buen momento para anunciar la eliminación, en nuestro texto constitucional, del artículo 5 que refrenda el papel dirigente del PCC, y en su lugar plasmar el reconocimiento del pluripartidismo como necesidad del desarrollo social. Con ello el PCC estaría dando un paso trascendental al crear las condiciones mínimas en que puedan trabajar cooperadamente todas las fuerzas dispuestas a participar en la solución de la actual crisis, en la renovación de la sociedad cubana y en la definición de su destino; si es que somos capaces de retomar el rumbo perdido de la doctrina martiana.