Por Dimas Castellanos
El pasado 28 de abril, en el discurso de clausura del VI Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, el Presidente del Consejo de Estado declaró que: “La producción de alimentos debe constituir una tarea principal para los dirigentes del Partido”, tarea que calificó como “asunto de máxima seguridad nacional”.
A lo largo de nuestra historia ningún gobierno enfrentó un propósito de esa magnitud en tan difíciles condiciones: incapacidad económica, insuficiencia de los salarios, indisciplina laboral, desinterés de los trabajadores por el resultado productivo, desesperanza generalizada y creciente deterioro ético, en un contexto caracterizado por el aumento de los precios de los alimentos en el mercado internacional. Un resultado de un sistema político totalitario, basado en el voluntarismo y una economía prisionera de la ideología. Una prueba de ello consiste en que durante varios años, en vez de trabajar para sustituir importaciones, se dedicaron millones y millones de dólares para comprar alimentos en los Estados Unidos, una cifra que pudo emplearse para la conversión de nuestra agricultura en fuente de empleo y desarrollo sostenible.
Con independencia de que la producción de alimentos se considere “tarea principal para los dirigentes del Partido”, la realidad demanda transformaciones profundas en el sistema salarial y en la estructura de la propiedad agraria para poder promover el interés de los trabajadores, pues en el estado actual los cubanos no quieren trabajar por un salario ajeno al costo de la vida.
En ese sentido es bueno tener presente dos razones: 1- Que el trabajo es tanto fuente de riqueza como de propiedad. La sensación de pertenencia que ejercen tanto el derecho que tiene cada persona sobre sí mismo como el instinto de apropiación sobre las cosas, es mucho menor que la sensación de propiedad que genera el trabajo sobre los productos creados, por la sencilla razón de que lo producido es resultado de las fuerzas físicas y espirituales del productor; y 2- Tal como el desarrollo individual y el social se condicionan mutuamente, la propiedad privada y la social se complementan, por lo que el problema no radica en la elección de una u otra forma de propiedad, sino en la capacidad y voluntad para determinar en cada época, lugar y condiciones, cuál o cuáles de las formas resultan más ventajosas. Ambas razones vinculan la institución de la propiedad con el interés productivo y la convierten en fundamento del orden social.
Si se asume lo anterior, entonces el reto de
Sería, además, la solución de un problema histórico; pues en Cuba los latifundios coloniales devinieron latifundios republicanos y finalmente latifundios socialistas, estos últimos caracterizados por la propiedad de nadie y el desinterés de todos, donde los ciudadanos, desposeídos e impedidos por ley de ser propietarios y de recibir en dependencia de sus aportes han tenido que acudir a las ilegalidades, entre ellas a la apropiación individual de la supuesta propiedad de todo el pueblo.
Se impone pues, si se quiere eficiencia en la producción de alimentos, suspender todas las regulaciones encaminadas a impedir la formación de una clase media rural y en su lugar proceder a la transformación de los ociosos latifundios estatales en grandes, pequeñas o medianas empresas e incentivar a sus dueños, privados o colectivos, con imposiciones fiscales bajas y flexibles. Dos medidas que repercutirían favorablemente sobre el propósito de aumentar la producción de alimentos, generarían una mayor oferta, variedad y calidad de productos agrícolas y la consiguiente disminución de los elevados precios actuales.
A esas medidas debe unirse la institucionalización del contenido de los pactos de derechos humanos recientemente firmados por el gobierno cubano, lo que generaría un cambio significativo en la situación actual. “Quien quiera nación viva –decía José Martí– ayude a establecer las cosas de su patria de manera que cada hombre pueda labrarse en un trabajo activo y aplicable una situación personal independiente”. Y ese establecimiento pasa por la implementación y protección de los derechos y libertades que sirven de fundamento a la dignidad de la persona humana.

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