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Hemeroteca de febrero 2008

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El 20 de mayo de 1902, día en que nació la República de Cuba, constituye un episodio de nuestra historia caracterizado por la contraposición entre las virtudes y defectos de nuestra cultura política. Una reflexión acerca de lo ocurrido en la Convención Constituyente que nos dotó de la primera Carta Magna republicana, permite ponderar lo ocurrido antes y después de la República y reevaluar las conductas de los que tomaron tal decisión.

Los delegados, encargados de analizar el apéndice constitucional que refrendaba el derecho de Estados Unidos a intervenir en Cuba, omitía la Isla de Pinos como parte del territorio nacional e imponía la venta o arrendamiento de tierras para bases navales, concluyeron con su aceptación. El hecho los colocó ante las dos opciones posibles: una, rechazar la Enmienda –que tenía fuerza de ley y se imponía en condiciones de ocupación militar–, sin el Ejército Libertador, sin el Partido Revolucionario Cubano, sin Estado ni gobierno propios y con un pueblo agotado y huérfano de instrumentos e instituciones civiles; otra, negociar y dar nacimiento no a la República deseada sino a la posible en aquellas circunstancias.

Los delegados, que no contaban más que con su dignidad y capacidad, lucharon hasta recibir el golpe definitivo: un informe firmado por el Secretario de la Guerra decía que, el Presidente “está obligado a ejecutarlo y ejecutarlo tal como es… no puede cambiarlo ni modificarlo, añadirle o quitarle”, como condición para cesar la ocupación militar. Ante tal coyuntura se optó por lo posible para desde ahí gestar la República soñada, pues ir a la guerra en las condiciones descritas era lo mismo que el suicidio de la naciente nación. El hecho quedó condensado en el testimonio de José N. Ferrer, uno de los delegados a la Constituyente: “Entiendo que ya se ha resistido bastante y que no puede resistirse más. Consideré útil, provechosa y necesaria la oposición a la Ley Platt en tanto que hubo esperanza de que ésta se modificara o retirara por el Congreso americano… Hoy considero dicha oposición inútil, peligrosa e infecunda…”.

Así nació la República, sin independencia absoluta, pero con derechos civiles y políticos incorporados: el hábeas corpus, la libertad de expresión, los derechos de reunión y de asociación, la libertad de movimiento, la libertad de cultos, el derecho de sufragio, la división de poderes y otros que permitieron emerger de la postración económica, recuperar la Isla de Pinos, desembarazarse de la Enmienda Platt en 1934, derrocar a Machado y convocar la Constituyente que dio vida a la avanzada Constitución de 1940. ¿Qué habría sucedido si aquellos hombres hubieran optado por la violencia? Nadie lo sabe, de todas formas la historia es lo que sucedió.

Lo que vino después no se puede atribuir a la decisión de aquellos cubanos, casi todos independentistas. Las causas están en los males raigales de nuestra cultura, a saber, el caudillismo, la violencia, la intolerancia, la exclusión, el uso del poder como patrimonio personal o de grupos y la carencia de ética. Factores que impidieron la confluencia de la gesta emancipadora con el civismo ciudadano y que entorpecieron el completamiento de la nación.

Lo que se avanzó es inseparable de la negociación, los derechos y las libertades, como lo que nos estancó es responsabilidad de nuestros males seculares que hoy se expresan en desesperanza, apatía social, doble moral, escapismo y conductas delictivas; todo un reto para los que aspiramos a una Cuba de dignidad y amor.

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Resultado de las relaciones anormales entre los gobiernos de dos países vecinos –Cuba y Estados Unidos– un acontecimiento sin precedentes, bajo la denominación de “Batalla de Ideas”, invadió el escenario político-cultural cubano no a consecuencia de la reflexión previa sobre la importancia de las ideas, sino como un subproducto del caso del balserito Elián González. La ausencia de la reflexión previa sobre el acontecimiento no impide, sino que hace más necesaria, la reflexión a posteriori. Sobre esa conclusión adelanto algunos criterios sobre lo que considero adolescencias de dicha Batalla.

El hombre, considerado como centro y como fin de la historia y no como medio es un principio ético que debe presidir todas las relaciones sociales. Ese principio, que parte del reconocimiento de la igualdad de los hombres como seres humanos, constituye el principal fundamento para la realización de la dignidad plena del hombre, lo cual comienza por el reconocimiento del individuo-ciudadano como sujeto de los cambios sociales.

Cualquier acción colectiva, si sus fines son el mejoramiento de la vida material y espiritual de los hombres –única razón que justifica las grandes movilizaciones humanas– debe tener en cuenta el principio ético que sitúa la primacía del ser humano como base de la participación. Lo que significa propiciar la participación en su elaboración en condiciones de libertad e igualdad previa a la ejecución. Con mucha más razón, cuando las acciones involucran a toda una nación, se impone la legitimación de las ideas mediante el consenso; mecanismo democrático del cual emergen –en un arduo proceso de intercambios de concepciones y puntos de vistas diferentes– las ideas representativas de la diversidad de intereses que conforman una nación.

Ignorar esa máxima, conciente o inconscientemente, es mover a “masas” humanas convertidas en objeto de ideas de otro, bien sea un individuo, un grupo o una élite de poder. Una de las incoherencias que introduce en la ciudadanía la ausencia de ese consenso, se expresa en la incoherencia en las manifestaciones públicas o privadas; eso que conocemos como doble moral. El otro problema radica en que, el intercambio de ideas requiere de espacios permitidos y adecuados para que las partes actuantes desplieguen los argumentos y contrargumentos; único modo civilizado y donde las únicas armas aceptables son las de la razón y el convencimiento. Escenario plural ausente en nuestra realidad.

La batalla es un concepto militar que designa el combate entre dos ejércitos, donde casi siempre el fin de cada uno es destruir al otro. En el campo de las ideas no se trata de destruir, sino de construir consensos, buscar verdades, encontrar respuestas adecuadas, objetivas, de progreso, donde incluso las ideas erróneas tienen también su función. El término que designa ese tipo de actividad social es el de Debate de ideas; concepto que parte de la libertad de expresión, de la igualdad de oportunidades, de escenarios accesibles a todos y respeto al diferente, ese otro que también es un ser humano.

Un auténtico debate de ideas debe comenzar por los requisitos más elementales como el acceso libre a la información, que en esta época implica acceso a Internet, espacios libres para el debate, la conformación gradual de una cultura democrática de respeto al diferente, libertad de expresión y posibilidades de participación en igualdad de condiciones. Requisitos precedidos por el reconocimiento ético del ser humano como lo primario, para que las ideas resultantes del Debate de ideas se transformen en fuerza material de los cambios sociales en bien de todos.

 

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En el año 2003, para los cubanos educados en y acostumbrados a la idea de que sin azúcar no hay país, resultó traumático conocer la decisión de cerrar 71 de los 156 centrales azucareros existentes y redistribuir el 60% de las tierras destinadas a las plantaciones de caña para otros cultivos. Dos años después, se conoció que se cerrarían nuevamente otros 40 de los 85 ingenios sobrevivientes y retirarían de la producción otro 33% de las plantaciones de caña. Es decir, la mayoría de los ingenios desaparecen de nuestra geografía.

Cuba –que por sus condiciones naturales y el tesón de los productores se convirtió en la primera productora y exportadora mundial del dulce– comenzó un declive en el sector azucarero desde los años 90 del pasado siglo. Las causas: ineficiencia industrial, poca disponibilidad de caña, bajos rendimientos por caballería y un elevado costo de producción por tonelada, al punto que no pudo rebasar en esa década los 3,8 millones de toneladas de promedio, un monto que había sido alcanzado 70 años antes.

En respuesta al retroceso, en el año 2001, el titular del ramo pronosticó una recuperación azucarera que alcanzaría la cifra de 6,0 millones de toneladas. Se comenzó entonces a hablar de una nueva arquitectura del azúcar, de reconversión y del redimensionamiento de la industria azucarera. Conceptos que, en el 2002, tomaron cuerpo en la Tarea que lleva el nombre del sabio cubano Álvaro Reynoso –quien realizó en el siglo XIX un análisis integral de todas las operaciones relacionadas con el cultivo y cosecha de la gramínea– y que consiste en un paquete de medidas encaminadas a la eficiencia, en particular a lograr un rendimiento mínimo de 54 toneladas de caña por hectárea.

La zafra del 2002-2003, la primera después de iniciarse la reestructuración, alcanzó 2,2 millones de toneladas; la de 2003-2004 aumentó hasta 2,52 millones para caer en la siguiente cosecha -según la Agencia de Noticias Reuters- alrededor de 1,3 millones de toneladas: la peor cosecha azucarera en los últimos 100 años. Luego, sin informar que la Tarea Álvaro Reynoso fracasó y cuando se pronosticaba que el consumo azucarero aventajaría a la producción mundial y que los precios del dulce podrían alcanzar niveles de hasta 11-12 centavos por libra, se planteó el cierre de los 40 ingenios mencionados. Exactamente lo contrario de lo que hicieron los hacendados cubanos que aprovecharon el alza de los precios en 1793 para convertir a Cuba en la primera productora mundial de ese producto.

¿Por qué se cierran los ingenios a pesar de las ventajas de la caña de azúcar como materia prima renovable, de poseer condiciones envidiables para su producción, de ser el mayor empleador, el principal rubro de exportación y de haber constituido el motor de la economía de la Isla desde la época colonial? ¿Por qué otro país azucarero de la misma región como Brasil en ese mismo período elevó su producción hasta convertirse en el mayor productor y exportador mundial del rubro? ¿No tendrá relación el declive con la propiedad estatal absoluta?

El derecho a la propiedad, tiene su origen en el derecho natural y primario de cada hombre sobre su propia persona y que se extiende hasta los productos del trabajo, lo que convierte al acto productivo en fuente de apropiación y en factor de desarrollo. Entonces, si el problema radica en la forma de propiedad, de lo que se trata es de determinar cuál o cuáles son las más ventajosas en determinada época, lugar y condiciones. Pues las formas no pueden validarse por razones ajenas a su capacidad para generar bienes e intereses. Por tanto conservar cualquiera de ellas, una vez que ha perdido esa capacidad, significa convertirla en lo que es ahora: freno de la producción y del desarrollo social.

El cierre de los ingenios, que en Cuba afecta a todos, debió ser sometido a consideración de todos, especialmente de los llamados “verdaderos dueños”: los trabajadores azucareros. En segundo lugar, cualquier intento serio de reanimación de ese sector pasa por la transformación de los mecanismos que impiden a los cubanos ser propietarios, poder invertir en su propio país y vivir de su salario, sin lo cual es imposible revertir el declive que ha convertido a la otrora productora mundial en importadora de azúcar.

 

 

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Una gigantesca y eficiente red de productos y servicios, al margen de la ley, funciona a lo largo y ancho del territorio nacional. La oferta de artículos originales o adulterados abarca, desde una aguja de coser hasta un detective privado; desde una linda caribeña hasta una consulta astrológica, desde una reparación de calzado hasta la construcción de mansiones; desde la prensa hasta un documento oficial. A falta de locales propios la red emplea los del Estado, donde comercializan o prestan sus servicios, lo que originó el vocablo Estaticular, que significa gastos del Estado y utilidades del particular. La fuente principal de abastecimiento es el robo, con la consiguiente corrupción. Los verbos escapar, luchar y resolver, designan acciones para adquirir lo necesario “adicional”.

La moral, conjunto de normas de conductas admitidas socialmente, si bien tiene como componente absoluto la idea de la igualdad humana, las condiciones sociales en cada época y lugar la convierten en relativa. La moral del sobreviviente, -herencia de frustraciones, expresada en acciones concretas e inmediatas- permeó la conducta de las mayorías a lo largo de nuestra historia, la cual se agudizó a partir de la segunda mitad del siglo XX con la ola de expropiaciones que comenzó por los grandes propietarios y no se detuvo hasta convertir al último puesto de fritas en “propiedad de todo el pueblo”. A ello se unió la monopolización de la política, el desmontaje de la sociedad civil, la precariedad de los derechos civiles y políticos, el deterioro de los salarios y jubilaciones en relación con el costo de la vida al punto que el trabajo dejó de ser la fuente principal de ingresos.

¿Cuál es el dilema de la familia cubana si el trabajo dejó de ser la fuente principal de ingresos? La respuesta es sobrevivir. Al poco valor del trabajo, las actividades alternativas. A la imposibilidad de tener empresas, la vía estaticular. A la ausencia de sociedad civil, la vida sumergida. Al pago en dólares, la lucha por el billete verde. Al desabastecimiento, el robo al Estado, -que en definitiva es “de todo el pueblo”- . Al cierre de todas las posibilidades, el escape hacia las fauces del enemigo. Si además esas conductas son aceptadas socialmente y cada familia de una u otra forma convive con ellas y las comparte, entonces predomina una moral negativa que sirve para sobrevivir, pero no para edificar nada positivo; un hecho a tener en cuenta para cualquier proyección social.

La larga duración y consolidación de esas conductas amenazan al futuro. 40 años nos separan de la conclusión del proceso de estatización y desaparición de la civilidad y casi dos décadas de la caída del Muro de Berlín. Demasiado tiempo para tan grave mal.

La salida de esa situación problemática demanda de una transformación estructural profunda que abarque desde la economía hasta la moral capaz de generar un cambio en la motivación y la actitud emprendedora de la ciudadanía como camino de soluciones materiales y recuperación moral. En fin, un programa integral a partir de la libertad, participación, espacios y oportunidades para todos.

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Viaje al centro de la tierra, de Marianela Martín González y Dora Pérez Sáez, publicado el 16 de diciembre de 2007 en Juventud Rebelde, constituye una señal de la pérdida de terreno que comienza a sufrir el inmovilismo en Cuba.

El intento de desarrollo económico desde el monopolio estatal de la propiedad, un elemento característico del socialismo totalitario, terminó en el camino de las reformas. En Rusia, en los ex-países socialistas de Europa del Este, en China y en Vietnam. En Cuba, el monopolio de la propiedad, al igual que en el resto de los países socialistas, condujo a un estancamiento económico que intentó paliarse con reformas coyunturales que, al situar en primer plano los intereses del poder, terminaron en una contrarreforma dirigida a impedir la formación de una clase media.

El denominador común en los casos mencionados radica, entre otros factores, en la imposibilidad de aumentar la producción y la productividad sin la introducción de mecanismos de mercado, la autonomía de los productores, el derecho de propiedad y la correspondencia de los salarios con el costo de la vida.

En sintonía con el resurgimiento del debate convocado para analizar el discurso de Raúl Castro en julio de 2007 –cuya médula radica en la declaración de cambiar todo lo que deba ser cambiado– en la prensa oficial han ido apareciendo tenues manifestaciones de críticas a la ineficiente gestión estatal. En ese contexto algunos planteamientos realizados por campesinos, dirigentes y especialistas recogidos en Viaje al centro de la tierra, merecen ser comentados:

· La conversión de tierras estatales en Unidades Básicas de Producción Cooperativas (UBPC) en 1993 no respondió a un proyecto de socialización sino a la crisis de la economía. Por esa razón surgieron endeudadas y con limitaciones para el empleo del poco dinero disponible.

· La necesidad de “ofrecerle a la gente que habita el campo condiciones para que viva” constituye un reconocimiento de las insuficiencias que van desde los salarios hasta la ausencia de libertades para producir.

· La necesidad de la “autonomía territorial”, es un planteamiento que apunta contra el centralismo burocrático que ha asfixiado a la economía agrícola durante décadas.

· El reconocimiento de que los sectores cooperativo y campesino con el 35% de la tierra cultivable del país aportan más del 60% de la producción; mientras las UBPC, junto con las granjas estatales, dueñas del 65% de las tierras, sólo contribuyen con un 35%, se une a la afirmación de que las UBPC constituyen el peor rostro de las entidades visitadas durante las entrevistas.

· La confirmación de que Cuba, nación agrícola por excelencia, mantiene el 50 por ciento de sus tierras ociosas, deficientemente explotadas y/o infectadas de marabú, razón por la cual hay que destinar miles de millones de dólares para importar alimentos.

· Algunos entrevistados expresaron que al campesino no le importa si el suelo es o no suyo, que lo importante es que lo dejen producir tranquilo o que “el sentido de pertenencia es imprescindible para todo, mucho más para atender la tierra”. Sobre el tema, el propio Lugo Fonte, presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, reconoce la imperiosa necesidad de comenzar a distribuir más tierras, en un proceso “inteligente” para, según él, evitar la “explotación del hombre por el hombre”, pero introduce la disposición de permitir trabajadores contratados.

· En relación a la comercialización, el reconocimiento de que se pierde el 30% de la producción, entre otros factores, porque no hay envases, camiones o neumáticos. A lo que se suma la ineficiencia del monopolio encargado de la compra, transportación, venta y pago a los agricultores.

Si lo primero para iniciar las transformaciones en nuestra maltrecha economía agrícola es el conocimiento de las causas, los reconocimientos citados parecen apartarse del hábito de culpar al “enemigo” o de críticar a otros países por producir alimentos para combustibles. En su lugar se pone luz sobre las causas internas que señalan al obsoleto e inviable modelo de control absoluto del Estado. Entonces, si existe un paquete de reclamos populares surgido del debate promovido a raíz del planteamiento del General Raúl Castro de cambiar todo lo que deba ser cambiado, lo que resta es la voluntad política y las correspondientes medidas para iniciar las transformaciones que la agricultura cubana está demandado a gritos. ¡Ojalá el viaje acabe de producirse!

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La seguridad en el triunfo de los partidarios del Sí, en el referendo recién efectuado en Venezuela, demostró ser pura ilusión política.. Unas horas antes del referendo el propio Chávez, explotando el maniqueísmo nacionalista expresó “el que vote por el Sí está votando por Chávez, el que vote por el No, vota por Bush”. Los electores, por su parte, no votaron por Bush, pero tampoco por Chávez, lo hicieron por la democracia.

La voluntad soberana del pueblo –como expresara la Presidenta del Consejo Electoral Nacional– se impuso con el No. Una clara señal de rechazo. El efecto, contrario a sus sueños, significa que al perder, Chávez está obligado a convocar nuevas elecciones.

De cerca de 15 millones de electores, menos del 28% lo hizo por el Sí, casi un 29% por el No, mientras el abstencionismo fue de un 44,11%. Lo más significativo –reconocido por Chávez– radica en que unos tres millones de electores, que el pasado año le dieron el voto en la elección presidencial, esta vez no le apoyaron. Como Chávez llamó a votar por él y por su socialismo, el resultado no puede ser interpretado sino como un rechazo a él y a su socialismo feudal, donde el jefe del Estado, con poderes absolutos y derecho indefinido a la reelección, pueda decidir el destino de los nacidos y los por nacer.

Después de su fracasado golpe de Estado de 1992, el Teniente Coronel Hugo Chávez se propuso arribar al poder por la vía cívica. Con un mensaje nacionalista y populista ganó las elecciones de 1998. Aprovechando la victoria, ordenó un referendo para conformar una Asamblea y redactar una nueva Constitución que contemplara la reelección, la cual fue aprobada y respaldada por el voto popular. Al ser reelegido para un nuevo mandato de seis años, Chávez anunció una profunda transformación de las estructuras económicas y sociales del país y solicitó de la Asamblea Nacional poderes especiales que les fueron concedidos. Ello provocó huelgas, motines militares y manifestaciones que desembocaron en el fallido golpe de Estado de abril de 2002 y en la paralización de la industria del petróleo, hasta que el gobierno controló la situación y despidió a miles de trabajadores que participaron en el movimiento.

El 15 de agosto de 2004, al ser ratificado en el poder por un referendo revocatorio, Chávez convocó una asamblea constituyente para reformar la Carta Magna, con lo cual reforzó su poder presidencial, eliminó el Senado, vació el poder legislativo en la unicameral Asamblea Nacional y estableció un mayor control estatal sobre los medios de comunicación y alcanzó una concentración de poder comparable con la de la dictadura del general Juan Vicente Gómez entre 1908 y 1935. En el 2006 Chávez ganó nuevamente las elecciones presidenciales y ahora, con ese poder acumulado se lanzó a su meta final: convertirse en dictador constitucional por vida.

El chavismo demostró ser una fuerza popular, pero no una fuerza integradora de la nación. La política moderna tiene que ser representativa del abanico de intereses. Lo contrario, el voluntarismo, el subjetivismo y la corrupción que conllevan esos métodos generaron, en una sociedad que no pudo ser desposeída de sus derechos e instituciones cívicas, la inconformidad que se manifestó por el No y por la abstención.

Una reflexión serena de lo ocurrido nos dice, entre otras cosas que: 1- El arribo al poder no significa sino un reto para iniciar cambios estructurales para transformar los siglos de atraso acumulados. 2- El mejoramiento de los aspectos vitales de la población menos favorecida tiene que acompañarse de un proceso de democratización y libertades. 3- El intento de reforma constitucional no podía ignorar el 35-40% de los venezolanos que continuadamente votaron contra el presidente. 4- El efecto adverso de la ruptura con el General Baduel y el desconocimiento de la fuerza de las universidades. 5- Los resultados desfavorables de la política internacional previos al referendo.

La sociedad civil –instrumento imprescindible para la participación popular, paralelo y autónoma respecto al Estado– ha demostrado nuevamente su efectividad. Gracias a ella, el intento de instaurar una “dictadura constitucional” para gobernar la nación bajo una hegemonía personal o de un grupo en detrimento de otros, ha sido frustrado. La política moderna, como arte de conjugar elementos e intereses, requiere del consenso, del diálogo, de los compromisos. Lo demás, aunque sea usando el recuerdo de Bolívar para legitimar sueños irrealizables, culmina, más temprano que tarde, en lo que culminó.

“Tenemos un solo Partido, pero tenemos que convertirnos en el Partido más democrático que exista”, expresó en Santiago de Cuba el Segundo Secretario del Partido Comunista de Cuba, General de Ejército Raúl Castro, el 24 de diciembre de 2007. La noticia, largamente esperada por los miembros del único partido político que existe en Cuba –cuyo último congreso se realizó hace ya una década– trasciende los límites partidistas para penetrar en la impostergable democratización de la sociedad.

El problema radica en que la solución de la crisis estructural de la Isla es imposible sin realizar cambios que propicien la participación de todos los ciudadanos. La exclusión de una parte de la sociedad, un mal repetitivo desde que comenzó la formación de la nacionalidad y la nación cubanas, continúa presente. Los partidos políticos, aunque se trate del PCC, están integrados por un sector de la población que asume su ideología. Pero la sociedad, que antecede y rebasa a los partidos, es el todo, mientras éstos son sólo una parte de la misma. Por tan elemental razón, la elevada disposición de convertirse en el partido más democrático –aunque lleve implícito el reconocimiento de que hasta ahora no lo era– al dejar fuera a la mayoría de los cubanos que cuentan con ideas, preparación y el legítimo derecho a la participación, pone en dudas su efectividad.

La respuesta que se brinde a la interrogante ¿Y los que no son miembros del PCC tienen derecho a asociarse de forma independiente para participar?, es tan esperada y necesaria como la declarada para los militantes comunistas. Si de lo que se trata es que el PCC sea el representante de toda la sociedad, habría que comenzar por instituir el añejo derecho de asociación, y entonces, en presencia de varios partidos, el comunista tendría la posibilidad de demostrar, además de la disposición, su capacidad para convertirse en el más democrático. La idea de democratizar el partido y de profundizar el socialismo no tiene otra salida que proceder a la democratización general, pues el socialismo sea del siglo XV o del XXI, no podrá ser de otra forma que no sea democrático.

La declaración sobre la democracia en el PCC se produce unos días después de anunciarse la determinación de firmar el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, cuyo artículo 22 reza: “Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses”. Ello obliga a poner nuestra legislación en correspondencia con el contenido del Pacto para eliminar de la misma cualquier impedimento legal para que los cubanos puedan asociarse libremente sobre la base de ideas diferentes a las del partido gobernante.

La comparación con Estados Unidos, donde existen solo dos grande partidos que monopolizan al electorado, carece de sentido, porque en aquel país, no hay nada en la Constitución que los declare vanguardia organizada de la nación ni que limite la existencia de otros partidos. De hecho, en ese país existe el Partido Verde, el Partido Comunista, el Partido Libertario y el Partido Socialista Obrero; además de otros con determinada influencia local o regional. Es decir, el bipartidismo carece de fundamento jurídico.

Es necesario que los ciudadanos y los grupos sociales con sus propios objetivos e intereses, cuenten con un sistema que garantice igual representación en la legislación y la administración del Estado, para lo cual la democratización del PCC constituye un paso importante pero insuficiente.

El desarrollo de la sociedad no excluye la formación de partidos sino que la implica, por ello hay que crear condiciones para la expresión de los diferentes criterios políticos. En ese sentido, el artículo 5 de la Constitución cubana que refrenda el papel dirigente del PCC debe ser sustituido, tarde o temprano, por el reconocimiento del pluripartidismo como necesidad social. Ese derecho constituye una necesidad de la sociedad y será un paso político decisivo para el propio Partido Comunista, al abrir canales para una solución pacífica de las contradicciones existentes.

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El fracaso del modelo económico y el consiguiente estancamiento social en Cuba guardan una estrecha relación con la ausencia o limitación de los derechos ciudadanos. De ahí la relevancia y las expectativas surgidas a partir de la declaración del canciller cubano acerca de la disposición de su gobierno de firmar, junto al Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Por su carácter universal, indivisible e interdependientes, el reconocimiento de los derechos civiles y políticos carece de eficacia si no se acompañan de los derechos económicos, sociales y culturales; un subconjunto de los derechos humanos relacionado con las condiciones de vida de las personas que aparece en los artículos 17 y 22 al 27 de la Declaración Universal y están plasmados en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales puesto en vigor desde 1976 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En el preámbulo de dicho pacto se reconoce la imposibilidad de realizarse el ideal del ser humano liberado del temor y de la miseria a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de los correspondientes derechos.

Por su carácter de obligatorio cumplimiento, la firma del mismo requiere de una clara voluntad política para asumir esa responsabilidad ante su pueblo y ante la comunidad internacional ya que el Estado firmante –en nuestro caso el cubano– se comprometería a adoptar las medidas para lograr la plena efectividad de los derechos reconocidos y a garantizar el ejercicio de los que en dicho Pacto se enuncian, sin discriminación de ninguna índole.

En los 31 artículos que integran el Pacto están contemplados derechos como los siguientes:

Tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado en condiciones que garanticen las libertades fundamentales de la persona humana. Tener condiciones de existencia dignas para los trabajadores y sus familias. A gozar de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias; de igual oportunidad para ser promovido dentro de su trabajo sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad. A fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección para promover y proteger sus intereses económicos y sociales; así como el derecho de esos sindicatos a funcionar sin otras limitaciones que las que prescriba la ley. Gozar del derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada país. Gozar del derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social. Un derecho que en Cuba, debido a la relación negativa entre costo de la vida y salario afecta con más fuerza a los acogidos a jubilación.

También en dicho Pacto se reconoce la libertad de los padres de escoger para sus hijos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. El derecho de toda persona a: participar en la vida cultural; gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones; beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. A la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora; así como el derecho libre a la información para la materialización de los derechos mencionados.

La firma, de realizarse, tiene y debe acompañarse con las medidas para poner la legislación cubana en correspondencia con los compromisos que se contraerían y con la formación de una cultura de derechos humanos. Ello significa, de una parte, divulgar el contenido de la Declaración Universal, de los pactos a firmar y de otros instrumentos, así como promover un debate ciudadano encaminado a conformar una cultura cívica hoy inexistente.

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El pasado 10 de diciembre el canciller cubano hizo pública la disposición de su gobierno de firmar el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Aunque dichos pactos están en vigor desde hace 31 años, la decisión de suscribirlos se produce cuando Cuba ocupa la presidencia del Movimiento de Países No Alineados y ha sido electa para integrar el Consejo de Derechos Humanos. De no hacerlo constituiría una flagrante contradicción con el ejercicio de tales responsabilidades.

La historia constitucional de los derechos y libertades iniciada por los nobles ingleses en 1215, recibió un fuerte impulso con el Acta de Hábeas Corpus de 1674, la Declaración de Derechos inglesa de 1689, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776, la Declaración de Francia de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y asumió una nueva dimensión a partir de 1948, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal, a partir de la cual se vincularon los derechos humanos con el Derecho Internacional y se inició la elaboración de varios instrumentos, entre los cuales se encuentra el Pacto de Derechos Civiles y Políticos .

Según reza en el preámbulo de este Pacto –al cual nos limitaremos en el presente trabajo– los altos ideales de libertad, justicia y paz se fundamentan en el reconocimiento de la dignidad y de los derechos iguales e inalienables inherente a todos los seres humanos y por tanto, el goce de los mismos depende de la creación de las condiciones que permitan su disfrute. En esa dirección la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos. Por ello, la firma del Pacto, cuyo contenido es de carácter obligatorio requiere de la correspondiente voluntad política para asumir los derechos humanos como necesidad vital.

De los aspectos contenidos en sus 53 artículos mencionaré sólo algunos:

Los Estados firmantes “se comprometen a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentran en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción, los derechos reconocidos en el presente pacto”. En correspondencia el Estado firmante se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas que fueren necesarias para hacer efectivos derechos como los siguientes:

Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales y nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Toda persona detenida será informada inmediatamente de las razones de la misma y notificada de la acusación formulada contra ella. Toda persona que se halle legalmente en territorio de un Estado tendrá derecho a circular y escoger libremente su residencia. A salir y entrar libremente de cualquier país, incluso del propio. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, derecho que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole ya sea oral, escrita, artística o por cualquier otro procedimiento. Toda persona tiene derecho de reunión pacífica, de asociarse con otras personas, de fundar sindicatos y afiliarse a ellos.

A pesar de la afirmación del canciller de que esos instrumentos “están ampliamente protegidos por el ordenamiento jurídico cubano”, bastaría contrastar el contenido de los mismos con nuestra realidad para notar la gran brecha existente. Por ello, para que la firma no quede en letra muerta, la legislación cubana tiene que adecuarse al compromiso contraído.