Hemeroteca de enero 2008

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Para los que seguimos todo lo concerniente al tema de la vivienda en Cuba, lo anunciado acerca de que este año en vez de 100 mil sólo se construirán 52 mil viviendas no es noticia.

En 100 mil viviendas, ahora tampoco, un artículo publicado en Consenso el año 2005, realicé un análisis del informe presentado a

la Asamblea Nacional del Poder Popular por el secretario del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, Carlos Lage, donde expresó que, debido al “mejoramiento de las posibilidades financieras del país” se iban a “construir y terminar no menos de 100 000 viviendas nuevas por año a partir del 2006”. Algunos de los argumentos, a partir de los cuales afirmé su seguro incumplimiento, fueron:

  • Desmedida atención a la construcción de viviendas con el concepto de que “el constructor principal sea la propia familia que vivirá el inmueble”, es decir, por “esfuerzo propio” para no afectar en lo más mínimo “las obras de la Batalla de Ideas“, a la cual se dedicarían los constructores profesionales. Es decir, la vivienda, la más vital y generalizada necesidad de los cubanos, no calificaba para ser incorporada como parte de esa Batalla.
  • Ilegalidad de la nueva concepción. La Ley General de

    la Vivienda define a las Microbrigadas como la “vía principal para incrementar el plan de construcción de viviendas”, mientras el nuevo proyecto, sin cambios en la legislación, sitúa en primer lugar a la familia como constructor principal.
  • Carácter excluyente. En su informe Lage planteó que “una destacada conducta social y revolucionaria otorgará absoluta prioridad en el proceso de selección”, como requisito esencial “para seleccionar a quienes asignar viviendas o materiales”. Es decir, primero los revolucionarios, un criterio ideológico, discriminatorio y excluyente. Por lo cual las personas que no asisten a las marchas combatientes, aunque sean honestas, trabajadoras y modelos de familia, al no calificar como revolucionarios, quedaban excluidos del maravilloso plan.
  • Inexistencia de un mercado de materiales de construcción libre y con precios asequibles. En Cuba, donde los elevados costos no guardan relación con los ingresos, se planteaba “establecer nuevos precios y tarifas para todos esos pagos, a partir de los precios de los recursos de importación y de los costos en divisas de la producción nacional, utilizando una tasa de cambio más adecuada a la situación actual…”.
  • Indefinición de la propiedad. Decía Lage en el informe: “En estos momentos el 86% de las familias son propietarios de sus viviendas, porcentaje que se elevará cuando otras 150 000 lo sean en los próximos años…”. La dificultad radica en que los actuales propietarios de un inmueble no pueden venderlo, arrendarlo, permutarlo, traspasarlo, o alojar en él a quien considere. En la parte relativa a las 6 000 viviendas que edificaría el Estado para asignar a profesionales de la Salud que cumplen misiones internacionalistas, informaba que se “pagarán los materiales con sus ahorros en divisas: a su costo, los de producción nacional y por su precio en divisas, los importados”, sin aclarar si el propietario del inmueble será el Estado o los técnicos de

    la Salud, pues en el mismo informe se precisaba que “… es imprescindible preservar la propiedad estatal de las viviendas construidas por el Estado, las cuales serán asignadas en arrendamiento”.

Hasta ahora las deficiencias enumeradas no se han tenido en cuenta para conocer las verdaderas causas del fracaso en el cumplimiento del programa de las 100 mil. La meta, reducida ahora a la mitad, sigue amenazada por una razón esencial: la construcción de viviendas no puede recaer en las familias si estas carecen de las instituciones, medios y derechos que le permitan participar activamente en la solución de un problema tan vital.

Se impone definitivamente situar en primer plano al ser humano y desde ahí definir la función social de la vivienda como fundamento de la participación ciudadana al margen de criterios políticos, ideológicos o de cualquier otro tipo. De obviarse esta realidad será muy difícil alcanzar las 50 000 viviendas anunciadas para el 2008, una meta insuficiente en relación con al abultado déficit acumulado.