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Tomado de: http://www.diariodecuba.com/cuba/1402046716_8917.html

Durante cuatro años consecutivos, el mismo tiempo que tiene de creado el Grupo Empresarial de la Agroindustria Azucarera (AZCUBA), no se ha podido cumplir la cifra planificada de azúcar crudo.

En los primeros meses de la presente zafra –iniciada en noviembre de 2013– la prensa oficial se concentró especialmente en las cifras del pelotón de centrales que marchaban a la vanguardia. Por la  información publicada parecía que por fin, después de tantos años de incumplimientos, la meta planificada se haría realidad. Así también lo veía AZCUBA cuando apresuradamente la calificó como la mejor cosecha de la década.

A mediados de mayo, según la agencia de prensa EFE, el líder del sindicato del sector, José Pérez, había dicho que la producción de azúcar de esta campaña había crecido en más de 40.000 toneladas respecto a la precedente. Como las cifras aisladas resultan insuficientes para comprender lo que está ocurriendo, busqué los datos de la cosecha anterior y acudí a la calculadora. Como la zafra precedente, según AZCUBA, fue de 1 600 000 toneladas, 40 000 representan un aumento del 2,5%.

En las postrimerías de mayo, el diario Granma del día 29, publicó El azúcar y su tendencia a la mejoría, un artículo del periodista Juan Varela, cuyo título parecía destinado a suavizar el fracaso. Según el autor había suficiente materia prima pero la humedad, la ausencia de frío y las lluvias impidieron el cumplimiento. Hasta esa fecha de 13 provincias solo cinco habían cumplido el plan, y una sexta, Holguín, estaba próxima a cumplirlo. Mientras que de 48 ingenios que participan en la molienda, 24 cumplieron, 11 luchaban por cumplir y 13 ya habían terminado sin lograrlo.

El artículo citado dice que “Sobre Ciego de Avila, Cienfuegos, Sancti Spiritus, Guantánamo y Santiago de Cuba, los cinco territorios cumplidores, descansa el 3% de incremento sobre la campaña anterior”. Y más adelante agrega “A su vez la nación totalizaba el 87% del azúcar crudo contemplado en el plan y sigue en la batalla para aproximarse al 90%”. Como tampoco los por cientos separados de las cifras que representan permiten comprender, nuevamente tomé la calculadora. Resulta que el 87% del plan es igual a 1 566 000 toneladas, es decir 34 mil toneladas menos que la zafra anterior. De igual forma, si lograban llegar al 90% –al que se querían aproximar–, entonces el monto sería de 1 620 000 toneladas, un 0,11% por encima del plan anterior y no el 3% de incremento como decía más arriba.
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El 30 de mayo, con el título Voluntad en pie, otro periodista de Granma trató el tema de la zafra en la provincia Holguín –el territorio que según Juan Varela estaba próximo a cumplir– se perdieron 41 días por lluvias. El artículo constituye una clara manifestación de ineficiencia, pues la larga experiencia como productores del dulce dice que, por razones climáticas las zafras en Cuba no pueden pasar del mes de abril, debido al efecto negativo del calor y las lluvias en el rendimiento agrícola en industrial. Resulta que este año, ya entrados en el mes de junio, varios centrales seguían moliendo. El articulista narra la odisea de hombres y maquinarias tratando de apartar el fango de los caminos para trasladar la materia prima, que ya cortada esperaba sobre los medios de transporte para llegar a su destino, con la consiguiente merma. Un esfuerzo tan descomunal como irracional e improductivo, dirigido a tratar de llegar al 90% de cumplimiento del plan.

El Granma del lunes 2 de junio publicó Tropiezo azucarero en Matanzas, en el que el periodista Ventura de Jesús, comenta que esta provincia incumple por tercer año consecutivo. Se quedó con 30 000 toneladas de azúcar por debajo del plan; un incumplimiento mayor que en la pasada cosecha. Dos de los cuatro ingenios de la provincia, que tuvieron que detener las máquinas a mitad de campaña, incumplieron en 28 500 toneladas y el mayor de la provincia, el Mario Muñoz, tampoco cumplió el plan de crudo. Sólo el Jesús Rabí alcanzó su compromiso productivo y aportó 1 515 toneladas extra plan. Las causas del desastre son las mismas de siempre.

Por último, el 2 de junio, en el noticiero estelar de la televisión cubana, un funcionario de AZCUBA, cuyo nombre no logré retener, dijo que este año se había crecido en un 4% respecto a la zafra anterior, lo que significan 64 mil toneladas.

Todas esas cifras, además de contradictorias, tratan de llamar la atención hacia la comparación del resultado con la zafra precedente (2012-2013), cuando lo que corresponde si se quiere ser consecuente con que el sistema de planificación socialista continuará siendo la vía principal para la dirección de la economía nacional, es compararlo con lo planificado para la presente cosecha (2013-2014), que 1, 800 000 toneladas.

Entonces, desde esta óptica, si se produce 1 620 000 toneladas según la información de Juan Varela, se habrían dejado de producir 180 000 toneladas, un incumplimiento del 10%. Si la producción fue de 1 640 000 como informó el líder del sindicato del sector, se dejaron de producir 160 000 toneladas, que representa un incumplimiento del 8,9%. Y si la producción fue de 1 664 000 toneladas según el funcionario de AZCUBA, significa que se dejaron de producir 136 000 toneladas, un 7,56% por debajo de la meta.

Cualquiera que sea la cifra ninguna se acerca al 18% de crecimiento sobre la cosecha precedente, como se contemplaba en el plan. El hecho de mirar hacia el vaso medio lleno o medio vacío no puede ocultar el fracaso. En lugar de la mejor zafra de la década la presente ha sido la peor, pues apenas sobrepasa la del año pasado, a pesar de estar moliendo en el mes de junio en medio de aguaceros, fango y calor.

Si por los fracasos en 14 años un General sustituyó al ministro que dirigía el Ministerio del Azúcar, y tanto el General como el Ministerio fueron sustituidos por AZCUBA, en  correspondencia con esa lógica la próxima noticia podría ser la nueva institución o los nuevos funcionarios que encabezarán la producción azucarera, bajo un titular más o menos así: Ahora si vamos a construir…, perdón, Ahora si vamos a producir el azúcar planificado. Aunque lo que requiere el país es profundizar los cambios hasta reformar la estructura de la propiedad sobre los medios de producción y elevar los salarios hasta ponerlos en correspondencia con el costo de la vida y liberar todas las trabas que siguen lastrando la producción de azúcar; única forma de despertar el interés de los trabajadores y que la industria azucarera aporte significativamente al crecimiento del Producto Interno Bruto.

Tomado de: hhttp://www.diariodecuba.com/cuba/1400539490_8650.html

José Martí se propuso fundar un pueblo nuevo y de sincera democracia, capaz de vencer, por el orden del trabajo real y el equilibrio de las fuerzas sociales, los peligros de la libertad repentina en una sociedad compuesta para la esclavitud. Con ese fin fundó un partido y organizó la guerra que habría de gestarla, de modo que en la conquista de la independencia fueran –según sus palabras– los gérmenes de ese pueblo nuevo, pues, en la hora de la victoria sólo fructifican las semillas que se siembran en la hora de la guerra. Su concepción de la  república era igualdad de derecho de todo el nacido en Cuba, espacio de libertad para la expresión del pensamiento, economía diversificada en manos de muchos pequeños propietarios, para que cada cubano fuera hombre político enteramente libre.

La guerra no terminó con la victoria sino con la ocupación del país por Estados Unidos. La República tendría que esperar por el resultado de la Asamblea Constituyente, encargada de redactar la Ley Fundamental y definir las relaciones con el país ocupante. Los asambleístas  cubanos tuvieron que decidir entre el rechazo o la aceptación de un apéndice constitucional, conocido como Enmienda Platt, que refrendaba el derecho de Estados Unidos a intervenir en Cuba, omitía la Isla de Pinos del territorio nacional e imponía la venta o arrendamiento de tierras para bases navales.

Después de tres meses de encendidos debates, la Asamblea Constituyente concluyó con la aprobación de la Enmienda Platt. La decisión, aparentemente contraria a las razones por las que habían luchado, nos colocan frente a las dos opciones posibles: Una, votar en contra, lo que implicaba la ocupación indefinida y en consecuencia la necesidad de reiniciar la  guerra, con el ejército libertador desmovilizado, el partido disuelto, la nación sin cristalizar, el pueblo agotado y el país sumido en la desolación y la ruina. Otra, votar a favor, y desde la República posible avanzar hacia la República martiana, opción que se impuso después de tres meses de debates, hasta que los delegados recibieron un golpe definitivo: una respuesta firmada por el secretario de la Guerra donde se decía que el Presidente “está obligado a ejecutarlo, y ejecutarlo tal como es […] no puede cambiarlo ni modificarlo, añadirle o quitarle”, como condición para cesar la ocupación militar.

La mayoría optó por lo posible en aquellas condiciones, lo contrario hubiera sido un acto suicida ante la superioridad del ocupante. El testimonio de José N. Ferrer revela nítidamente la situación: “Entiendo que ya se ha resistido bastante y que no puede resistirse más. Consideré útil, provechosa y necesaria la oposición a la Ley Platt en tanto que hubo esperanza de que ésta se modificara o retirara por el Congreso americano… Hoy considero dicha oposición inútil, peligrosa e infecunda…”

Después de casi cuatro siglos de colonia y tres años de ocupación extranjera, la bandera tricolor comenzó a flotar en sustitución de la enseña norteamericana, anunciando el nacimiento de la República, sin independencia absoluta pero con derechos civiles y políticos incorporados en el texto constitucional: el hábeas corpus, la libertad de expresión, los derechos de reunión y de asociación, la libertad de movimiento, la libertad de cultos, el derecho de sufragio y la división de poderes.  Tales derechos no fueron suficientes para erradicar todos los males heredados en los 57 años de República, pero permitieron que  Cuba emergiera de la postración económica, que en 1925 se recuperara la Isla de Pinos a través del Tratado Hay-Quesada, que en 1933 se derrocara la dictadura de Gerardo Machado, que en 1934 nos desembarazáramos de la Enmienda Platt, que en 1937 se dictara la legislación laboral más avanzada que Cuba ha tenido hasta hoy, que se convocara la Constituyente que dio vida a la avanzada Constitución de 1940. Esa es la historia, lo demás es lo que pudo o no suceder.

Por esos resultados antes de 1959, junto al 28 de enero, al 10 de octubre, al 24 de febrero y al 7 de diciembre, el 20 de mayo ocupaba un lugar entre esas cinco efemérides, símbolos de las luchas por la independencia, de amor a la Patria y de respeto por los que la hicieron posible. Ese día, el generalísimo Máximo Gómez, al izar la enseña nacional en el Palacio de los Capitanes Generales, expresó: Creo que hemos llegado. Y realmente habíamos llegado, pero solo al punto de inicio. Lo que el General no podía sospechar que 112 años después aún no hemos llegado. Por eso, mucho más útil que juzgar a los que tomaron aquella decisión sería cuestionarse por qué hoy la Republica diseñada por Martí sigue pendiente de realización y asumir la parte de responsabilidad que a cada uno nos corresponde.

Si lo que se avanzó en los años republicanos –mucho o poco– es inseparable de los derechos y libertades refrendados en las constituciones de 1901 y de 1940, lo que hemos retrocedido está estrechamente relacionado con la ausencia de esos derechos y libertades, que constituyen los cimientos sobre los que descansa el reconocimiento, respeto y observancia de las garantías jurídicas para la participación, para edificar una sociedad democrática y un Estado de derecho. Las razones sobran.

Después de 55 años de anunciado el fin de todos los males, la mayoría de los grandes problemas nacionales continúan pendientes y se han generado otros. La estructura deformada de nuestra economía continúa; la ineficiencia en la agricultura ha sido tal que en nuestra principal industria hemos retrocedido a las producciones de principios del pasado siglo; no ha podido establecer una adecuada correspondencia entre nivel de vida de la población y su nivel de instrucción; el salario se desnaturalizó y perdió la correspondencia con el costo de la vida; la creciente brecha de desigualdades no ha podido detenerse; la corrupción se generalizó hasta devenir cultura; los trabajadores carecen de verdaderos sindicatos que los representen y tienen que contratar su fuerza de trabajo mediante agencias estatales; los cubanos carecen del elemental derecho de participar como inversionistas en el país que los vio nacer; hemos involucionado desde un país que se caracterizó por la introducción casi inmediata de los adelantos científico-técnicos hasta no tener libre acceso a  Interne en la época de la información y las comunicaciones. En fin, porque sin democratización no hay desarrollo.

Cuba necesita de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución, que refleje la época en que vivimos, que incorpore el contenido de los pactos internacionales de derechos humanos, que refrende la desaparecida condición de ciudadano, que incluya todas las formas de propiedad y todas las ideas políticas, para que desde la soberanía popular emerja un nuevo consenso y los cubanos determinen libremente el sistema político que desean. Esa urgente necesidad está en total correspondencia con la concepción de la  república martiana: igualdad de derecho de todo el nacido en Cuba espacio de libertad para la expresión del pensamiento, economía diversificada en manos de muchos pequeños propietarios, para que cada cubano fuera hombre político enteramente libre. El día que lo logremos le diremos al generalísimo: ahora si hemos llegado.

Tomado de: http://www.diariodecuba.com/cuba/1400318525_8616.html

El 17 de mayo de 1946 fue asesinado el campesino Niceto Pérez García. En homenaje a él y a todos los que murieron en la lucha contra el desalojo y el latifundismo se eligió ese día para firmar la Ley de Reforma Agraria en 1959. El aniversario de aquel acontecimiento invita al análisis del porqué la agricultura cubana, 55 años después, muestra un estado tan deplorable.

El latifundismo en Cuba tenía una historia secular. Emergió en la colonia con la entrega de tierras a los colonizadores,  luego, debido al  crecimiento de pequeñas y medianas propiedades esas grandes extensiones de tierra sufrieron un proceso de fragmentación que se aceleró con el crecimiento de la industria azucarera. La  demanda de caña de los modernos centrales generó una competencia que arruinó a los pequeños ingenios y separó a los hacendados dueños de las máquinas de los colonos dueños de la tierra. Entonces, a principios del siglo XX, los grandes centrales desarrollaron un proceso de adquisición de tierras que convirtió a muchos propietarios en arrendatarios –el censo de 1945-46 arrojó que el 69,5% de las fincas no eran trabajadas por sus dueños.

Ese proceso de concentración se acompañó del desalojo de miles de pequeños agricultores, a la vez que el predominio de la producción azucarera, favorecida por múltiples factores, impidió el desarrollo de otras producciones y creó una economía dependiente de las oscilaciones del precio del azúcar en el mercado internacional.

Aunque durante la república hubo varios intentos por resolver esa situación, las medidas implantadas fueron insuficientes y la legislación, aunque avanzada, fue burlada por los grandes intereses. La deformación sufrida demandaba de una reforma agraria dirigida a: 1- Entregar la propiedad de las tierras a los desposeídos que la trabajaban; 2- Diversificar la producción agropecuaria; y 3- Convertir la agricultura en la base económica para el desarrollo del país. Tres aspectos complejos e interrelacionados para cuya solución se requería tener en cuenta la experiencia universal, respetar las leyes que rigen los fenómenos económicos y sociales y atemperar los cambios a la realidad cubana.

En 1953, en el alegato La historia me absolverá, Fidel Castro planteó conceder la propiedad de la tierra a todos que ocupasen parcelas de hasta cinco caballerías. En 1958, con ese propósito, la Comandancia del Ejército Rebelde dictó la Ley 3. Y el 17 de mayo de 1959 se promulgó la Ley de Reforma Agraria que limitó la gran propiedad y entregó títulos de propiedad a unas cien mil familias. Pero de forma paralela se inició la concentración del poder en manos del líder, la propiedad en manos del Estado y la pérdida de las libertades ciudadanas, con lo cual el voluntarismo, convertido en método de dirección, condujo al actual estancamiento económico.

Las leyes agrarias de 1959 y 1963 concentraron en manos del Estado más tierras que todos los latifundios confiscados, lo que impidió solucionar un problema donde, de un lado el hombre es el principal instrumento de transformación y de otro lado, la propiedad y/o la apropiación de los productos del trabajo resulta determinante. Por ello la estatización casi absoluta condujo a la ineficiencia generalizada.

A causa del desinterés de los trabajadores agrícolas enormes extensiones de tierras se infectaron de marabú y se generalizó el desabastecimiento de productos agropecuarios. En respuesta se tomó la decisión de crear las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) en 1993. Con ese fin las áreas estatales improductivas, en vez de entregarla en propiedad, se otorgaron en usufructo a los trabajadores y el Reglamento original no le reconoció personalidad jurídica. La actividad productiva y económica de estas “cooperativas” quedó integrada a los planes estatales de producción, mientras la comercialización de sus productos era realizada por la Empresa Estatal de Acopio. Esas y otras limitaciones explican los pésimos resultados obtenidos.

Sin voluntad política para tomar el rumbo que la realidad demandaba, quince años después de las UBPC se dictó el Decreto-Ley 259, mediante el cual se entregaron en usufructo parcelas de 1 hasta 3 caballerías de tierra infectadas de marabú. En diciembre de 2012 el Decreto-Ley 259 fue derogado y sustituido por el Decreto-Ley 300, que flexibilizó algunas de las limitaciones pero sin variar la decisión de mantener el control monopólico de la propiedad estatal. Ante el nuevo fracaso, en enero de 2014, se promulgó el Decreto-Ley 311 que modificó al 300, pero con la misma voluntad política. El resultado final ha sido que después de  entregadas 1 millón 500 mil hectáreas de tierras ociosas, de los 6, 3 millones de hectáreas con que cuenta el país, el retroceso no se ha podido detener y la  necesidad de producir en Cuba los alimentos que se compran a precios elevados en el exterior continúa en lista de espera.

Esos resultados obligan, quiérase o no, ha poner a la orden del día una nueva reforma dirigida a eliminar los latifundios estatales, convertir a los actuales usufructuarios en propietarios y transformar el resto de la propiedad estatal en propiedad privada y en grandes empresas cooperativas.

Las Cooperativas constituyen una manifestación del carácter social del hombre, cuya versión moderna emergió en el siglo XIX con la fundación, en Inglaterra, De los Probos Pioneros de Rochdale, una sociedad para el suministro de artículos de primera necesidad. Esa experiencia generalizada condujo en 1895 al  congreso internacional en Londres, donde se creó la Alianza Cooperativa Internacional. Esta institución definió el concepto de cooperativa, aceptado universalmente como una asociación autónoma de personas que se unen voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales por medio de una empresa de propiedad conjunta, con una estructura democrática.

En Cuba la su primera manifestación fue la Comunidad de Regantes del Valle de Güines (1884) y en los años 50 del pasado siglo el Banco Nacional para el Fomento Agrícola e Industrial de Cuba, creó tres cooperativas de crédito rural que tenían préstamos vigentes por más de 13 millones de pesos. Por diversas razones, entre ellas el bajo por ciento de propietarios rurales, en Cuba la ideas de las cooperativas agropecuarias no tuvieron auge. Después de la revolución el cooperativismo reapareció como manifestación del voluntarismo. En marzo de 1960 se crearon las “cooperativas” cañeras en las tierras que antes pertenecían a los ingenios azucareros, las que en breve tiempo fueron transformadas en propiedad estatal, mientras el verdadero cooperativismo quedó limitado a unas pocas asociaciones formadas por campesinos privados.

Por todo lo anterior, la Ley de Reforma Agraria se presenta a un nuevo aniversario con muy poco que celebrar. Cuba, país de añeja tradición agrícola ha sufrido un declive productivo, incluso en cultivos en los que se destacó desde la época colonial, como el azúcar, el café y el ganado bovino. La causa fundamental de ese declive está en la propiedad estatal, bautizada como propiedad de todo el pueblo, que se traduce en propiedad de nadie y desinterés de todos, lo que explica la prolongada cosecha de fracasos y ha demostrado en la práctica la función vital de la estructura de la propiedad. No proceder a una nueva reforma agraria es subordinar los problemas de la nación cubana a intereses ajenos a los cubanos o a preceptos ideológicos sin futuro.

Tomado de: http://www.diariodecuba.com/cuba/1399332797_8125.html

El plan de azúcar de 2014 no se cumplirá. La ineficiencia resultante del proceso de estatización se manifestó en un retroceso sostenido de la producción azucarera. En el año 2001 no se pudo rebasar los 3,5 millones de toneladas (inferior a la zafra de 1919).  Como si la causa del resultado estuviera en la organización y disciplina se designó un General al frente del Ministerio del Azúcar (MINAZ) y se implementaron varias medidas, entre ellas una dirigida a lograr 54 toneladas de caña por cada hectárea, cifra inferior a los indicadores de la FAO y la otra a extraer 11 toneladas de azúcar por cada 100 de caña. El declive, cuya causa está más allá de las órdenes militares, continuó su inexorable marcha atrás. En 2010 retrocedió hasta 1,1 millón, cifra inferior a la alcanzada en 1895.

Ante el fracaso, pero sin detenerse en las verdaderas causas, se sustituyó al MINAZ y al General por el Grupo Empresarial de la Agroindustria Azucarera (AZCUBA), el cual proyectó un  crecimiento productivo anual del 15 por ciento hasta el año 2016. La zafra de 2011 quedó por debajo de 1,3 millones de toneladas; la del 2012 se sembró suficiente caña y se contó con la casi totalidad de los recursos contratados, pero nuevamente ni se cumplió un plan de 1, 45 millones de toneladas ni se terminó en la fecha planificada; en la de 2013 AZCUBA se planteó producir 1,7 millones de toneladas, pero no pudo rebasar 1, 6 millones, una cantidad que se fabricó en 1957 con los centrales Morón, Delicias y Manatí. .

El cambios de dirigentes, la Reestructuración de la Industria Azucarera, la Tarea Álvaro Reynoso, el cierre de unas 100 fábricas de azúcar, la redistribución para otros cultivos de un alto por ciento de las plantaciones de caña, la sustitución del MINAZ por AZCUBA y un abultado paquete de medidas económicas, no lograron elevar la cantidad de caña por hectárea ni el  rendimiento industrial. Al comenzar la zafra de 2014, en el mes de noviembre, AZCUBA anunció que sería la mejor de la última década. Según el pronóstico se produciría 1,8 millones de toneladas, es decir, 200 mil por encima de la zafra anterior

Ante el fantasma de los incumplimientos, el segundo Secretario del Partido Comunista, José Machado Ventura, apeló a los llamamientos. Realizó varios recorridos por ingenios y provincias llamando a extender el tiempo de molienda y a sembrar más caña, pues según sus palabras la principal limitación está en la caña insuficiente y los bajos rendimientos agrícolas, pues es inconcebible que hoy se cosechen campos de menos de 18 toneladas de caña por hectárea, lo cual es apreciable aun en muchas entidades del ramo a lo largo del país.

A pesar del hermetismo de la prensa oficial se supo que a fines de diciembre el Central Ecuador, de Ciego de Ávila, estuvo parado 30 horas por roturas en una de sus cuchillas; que los centrales tuneros Majibacoa, Amancio Rodríguez y Antonio Guiteras reportaban atrasos y que el Héctor Molina, de Mayabeque, a pesar de una costosa reparación confrontaba los mismos problemas de zafras anteriores; el 17 de marzo, Juan Varela Pérez publicó en Granma La zafra aún está a tiempo, donde, basado en el análisis de AZCUBA del día 10 de ese mes, dio a conocer, que el monto producido hasta esa fecha era inferior a lo planificado.

El 23 de abril, el periodista Ortelio González, publicó en Granma Deudas con el primero… donde dio a conocer que el central Primero de Enero había sobrepasado el plan en casi 4 mil toneladas. Y añadió: “Hoy sienten que cumplieron el compromiso con el segundo secretario del Comité Central del Partido quien, en uno de los recorridos, los conminó a producir la mayor cantidad de azúcar posible”. Es decir, el compromiso con el llamamiento demostró su eficacia. Sin embargo, tres después, el 26 de abril, Juan Varela, basado en datos de AZCUBA, informó “que por lluvia, roturas en los equipos de corte y la organización, el país no ha alcanzado la cifra de azúcar planificada para la fecha”. Y citó a las provincias Artemisa, Granma, Holguín y Santiago de Cuba entre las atrasadas.

Empleando la misma lógica de Ortelio González para el cumplimiento en el Primero de Enero, hay que aceptar como un hecho que si la gran mayoría de los centrales no han cumplido sus planes es porque los trabajadores azucareros no responden al llamamiento del dirigente partidista, por lo que el plan de 2014 también se incumplirá. Y con el fracaso de este último recurso, es decir, el del llamamiento, parece que todo se agotó.

Una mirada hacia los múltiples obstáculos para el crecimiento de la producción azucarera, apunta como determinante el crónico bajo rendimiento agrícola, un fenómeno que emergió desde 1961 desde la eliminación del colonato. Surgido en la segunda mitad del siglo XIX como resultado de la competencia entre ingenios, donde los más pequeños se arruinaron, emergió la figura del colono, que desposeído de ingenio propio entregaba su caña al ingenio vecino por una parte del dulce. De ahí en lo adelante la caña para el gran central quedó garantizada por los colonos y de las contradicciones entre estos y los hacendados emergió la necesidad de asociarse para su defensa.

La historia de las asociaciones de Colonos, que tuvo su primer episodio a fines del siglo XIX, desembocó en enero de 1934 en la formación de la Asociación Nacional de Colonos de Cuba. Esta asociación garantizó toda la caña necesaria para producir hasta más de siete millones de toneladas, como ocurrió en 1952, sin que ningún funcionario político o administrativo tuviera que hacer llamamientos ni indicar a los productores lo que tenían que hacer.

En diciembre de 1960, en una reunión en la que la Asociación de Colonos se negó a participar, el líder de la revolución adelantó la idea de crear una sola asociación nacional de agricultores: “Es Necesario –dijo– que los pequeños agricultores, en vez de ser cañeros, tabacaleros, etc., sean sencillamente agricultores y organicemos una gran Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. En enero de 1961 todas las organizaciones de empleadores y las asociaciones campesinas fueron sustituidas en por la Asociación Nacional de Colonos; la que en el mes de mayo de ese año pasó a denominarse Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), pero el papel del colonato en el abastecimiento de caña a los centrales nunca pudo ser suplido por la ANAP, creada por y subordinada al partido gobernante, lo que se refleja en los actuales rendimientos de caña por hectárea.

Publicado el 28 de abril de 2014 en Curazao 24, año 2, No. 6, revista socio-cultural de la red de bibliotecas cívicas Reinaldo Bragado Bretaña

En el discurso de clausura del IX Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), el pasado mes de marzo, el Segundo Secretario del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, dijo: Si genial, oportuna y verdaderamente reivindicadora fue la idea de Fidel, líder histórico de nuestra revolución, al crear el 23 de agosto de 1960 la FMC, también lo fue su acertada decisión de poner al frente de la naciente organización femenina a la compañera Vilma Espín Guillois.

Para demostrar que esa subordinación no ha variado, expresó: Cuando clausuramos el VIII Congreso en marzo de 2009, expusimos la necesidad de promover cambios en el contenido, los métodos de trabajo y las prácticas de la organización, con el objetivo de impulsar en todo lo posible el trabajo de la FMC. Y agregó: La celebración del VI Congreso del Partido y la Primera Conferencia Nacional en abril de 2011 y enero de 2012 respectivamente, ratificaron que estábamos obligados por las circunstancias a repensar todo lo que en materia de trabajo político e ideológico veníamos haciendo hasta ese momento. Estas realidades nos dicen y cada vez con más fuerza, que la dirección principal debe encaminarse a una labor superior, para educar y concientizar directamente a la gran masa de mujeres.

Más adelante, al referirse al decrecimiento poblacional, planteó: lo cierto es que los nacimientos son pocos, por mantenerse desde apelamos a la comprensión de la FMC, en su capacidad para explicar este complejo tema a las mujeres, obviamente imprescindible para elevarlos los indicadores de natalidad.

Los párrafos citados no dejan lugar a dudas. La FMC no surgió a iniciativa de las mujeres y las tareas desde su creación hasta hoy les asignadas por el Partido Comunista, como puede verse con el llamamiento a elevar los indicadores de natalidad, una misión imposible de cumplir, pues la causa de la disminución de los nacimientos está en el empeoramiento de las condiciones de vida que han obligado a las cubanas a aplazar sus proyectos reproductivos ante la falta de perspectivas.

Desde el punto de vista natural las féminas han demostrado capacidades en todos ámbitos sociales. Salvo las diferencias propias de género, el hombre no posee ningún atributo de origen divino o natural que justifique la superioridad del hombre sobre la mujer. Sin embargo, desde la antigua Roma la mujer careció de control sobre su persona y sus pertenencias, durante la edad media estuvieron excluidos del derecho a la herencia, mientras en la actualidad persiste la tendencia a reproducir esas desigualdades.

La historia demuestra que en la lucha por la igualdad, resulta determinante la iniciativa y decisión de las propias mujeres para definir sus objetivos y prioridades. Precisamente de esa necesidad surgió el movimiento feminista en la Europa de fines del siglo XVIII, el cual tocó tierra cubana al siglo siguiente, cuando algunas mujeres comenzaron a apartarse del comportamiento prescrito por la tradición machista-patriarcal, refrendada en el Código Civil Español.

En ese siglo XIX, Mercedes Santa Cruz y Montalvo (Condesa de Merlín) reflejó en su obra literaria los sentimientos femeninos, su raíz nacional y las perspectivas de la mujer. Gertrudis Gómez de Avellaneda, la mayor escritora cubana de ese siglo, editó el Álbum cubano de lo bueno y de lo bello, en el que alentaba a las mujeres a cuestionarse el dominio masculino. Ana Betancourt de Mora defendió en la Asamblea Constituyente de Guáimaro la emancipación femenina. María Luisa Dolz desafió los valores tradicionales que se enseñaban a las mujeres y asoció la reforma educativa al nacionalismo y al feminismo. Edelmira Guerra de Dauva, ayudó a formular el manifiesto revolucionario del 19 de marzo de 1897, cuyo artículo 4 rezaba: Queremos que las mujeres puedan ejercer sus derechos naturales a través del voto a la mujer soltera o viuda mayor de veinticinco años, divorciada por causa justa. No debemos olvidar que el Guerra de Independencia una mujer obtuvo el grado de general (Magdalena Peña Redonda y Doley), tres el de coronel y más de veinte el de capitán1. Sin embargo, ninguna fémina bajó de la Sierra Maestra con el grado de Comandante.

En la República las feministas multiplicaron las acciones y asociaciones, celebraron congresos, hicieron peticiones a los políticos, establecieron coaliciones con diversos grupos activistas en poder de los hombres, se manifestaron en las calles, se dirigieron al público a través de la prensa radial y escrita, fundaron clínicas de obstetricia y escuelas nocturnas para mujeres, desarrollaron programas de salud y establecieron contactos con grupos feministas en el extranjero.

Resultado de esas luchas en 1918 se aprobó la Ley del divorcio; en 1919 las cubanas ya habían alcanzado el mismo nivel de alfabetización que los hombres; en los años 20 proporcionalmente se graduaban tantas mujeres en Cuba como en las universidades norteamericanas; en 1934 lograron que el Gobierno encabezado por Ramón Grau San Martín decretara el derecho de la mujer al voto; en 1939, previo a la Asamblea Constituyente convocaron al Tercer Congreso Nacional de Mujeres, y en una de las resoluciones aprobadas, exigieron una garantía constitucional para la igualdad de derechos de la mujer. Finalmente, en la Asamblea Constituyente de 1939, en la que participaron dos feministas: Alicia Hernández de la Barca y Esperanza Sánchez Mastrapa, se aprobó el artículo 97 de la Constitución de 1940, el cual estableció para todos los ciudadanos cubanos, como derecho, deber y función, el sufragio universal, igualitario y secreto.

Desde entonces la mujer cubana pudo votar en las elecciones de 1940, 1944, 1948, 1952, incluso en las cuestionadas elecciones de 1954 y 1958. Sin embargo, la actual Secretaria General de la FMC, en el programa televisivo Mesa Redonda del 18 de octubre de 2011, expresó que gracias a la revolución de 1959 la mujer cubana pudo hacer uso del derecho al voto.

Por lo anterior, el origen y las funciones de la FMC constituyen una regresión histórica, la cual, para ser corregida, se requiere la institucionalización de las libertades y derechos cívicos y políticos, pero sobre todo, la iniciativa de las propias mujeres para su verdadera emancipación.

Tomamdo de: http://www.diariodecuba.com/cuba/1398063294_8224.html

Según la nueva Ley de Inversiones Extranjeras los trabajadores serán contratados por una entidad empleadora. Si a ello se agrega que la única organización sindical permitida representa los intereses del Estado, estamos ante unas relaciones capitalistas donde los trabajadores no tienen quien los defienda. Aunque esa situación era conocida, la información brindada por la directora general de la oficina reguladora de la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM) no deja de sorprender. Veamos:

Lo primero consiste en que los trabajadores de la ZEDM recibirán el 80 % de los ingresos pactados entre las agencia empleadora y los inversionistas. Lo segundo es que el pago se efectuará en pesos cubanos (CUP), por lo cual para satisfacer casi todas sus necesidades tendrán que convertirlos en pesos convertibles (CUC). Lo tercero radica en que la parte del trabajador equivalente en CUC no se le pagará de acuerdo a la tasa de cambio oficial de 1 x 24, sino con una tasa especial de 1 x10.

Lo primero resulta relativamente bueno, pues hasta ahora los trabajadores cubanos alquilados a empresarios o países nunca recibieron 4/5 partes de lo pactado por sus servicios. Lo segundo es malo. Supongamos lo siguiente: un empresario extranjero paga mil dólares al mes por los servicios de un técnico electricista; la agencia empleadora convierte los dólares en 1000 CUC, de los cuales al técnico electricista le corresponden 800. Con esa suma de dinero, fruto de su trabajo, el técnico podría iniciar una vida decorosa sin necesidad de “luchar“ o“inventar“ para sobrevivir. Lo tercero es lo peor, pues con la tasa especial de 1 CUC  por 10 pesos, los 800 se le convierten en 333 CUC. Al final el  Estado se apropia de las dos terceras partes de los mil dólares recibidos. De tal forma el trabajador resulta perjudicado por el foráneo, pero sobre todo por el nacional.

En este punto para su defensa le quedaría al trabajador lo estipulado en el artículo 27 de la Ley de la Inversiones Extranjeras, el cual plantea que en el proceso inversionista se cumple la legislación laboral y de seguridad social vigente en la República de Cuba. Pero resulta que la legislación laboral, contenida en la Ley del Código de Trabajo, aprobada el 29 de diciembre de 2013, a pesar de constituir un paso atrás en relación a la Ley de las Comisiones de Inteligencia Obrera de 1924 (aprobada para canalizar los conflictos obrero-patronales relacionados con los embarques de azúcar), de todas formas al estar desaparecida, no se puede saber exactamente cuál es su contenido.

La desproporción entre el monto de los salarios y el costo de la vida en Cuba tiene su causa principal en las décadas de socialismo totalitario, especialmente a partir de 1989, cuando el aumento de los precios comenzó a crecer mucho más rápido que los aumentos salariales hasta desembocar en la actual crisis, una de cuyas manifestaciones –la  de mayor impacto negativo– es la insuficiencia salarial. Ese problema es tan preocupante para los trabajadores cubanos, que una entrevista publicada en Granma el 27 de abril, Carmen Rosa López, quien en ese momento se encontraba al frente de la preparación del XX Congreso de la CTC, expresó: en todos los procesos de análisis efectuados este año son recurrentes los planteamientos de los asambleístas respecto al salario. Ello demuestra que los objetivos de los organizadores andaba por un rumbo y la preocupación de los asalariados por otro.

La Constitución de 1940 en su artículo 61 refrendó lo siguiente: La Ley establecerá la manera de regular periódicamente los salarios o sueldos mínimos por medio de comisiones paritarias para cada rama del trabajo; de acuerdo con el nivel de vida y con las peculiaridades de cada región y de cada actividad industrial, comercial o agrícola. Hoy por hoy los trabajadores no sólo no participan en su confección sino que se desconoce cuál es su monto. Por definición el salario mínimo es aquel que delimita la pobreza de lo necesario para subsistir. Desde esa definición la mayoría de los salarios en Cuba, al ser insuficientes para cubrir las necesidades básicas, se encuentran por debajo de lo que debe ser un salario mínimo. Esa anomalía ha obligado a buscar el complemento fuera de la relación salarial –casi siempre al margen de la ley–y obliga a los cubanos al desplazamiento constante de un lugar a otro, de una actividad a otra y de una profesión a otra, sin importar vocación ni formación.

La prensa oficial ha subrayado que se crearán miles de puestos de trabajo con salarios muy superiores al actual promedio mensual de 20 CUC. Sin embargo, la forma de pago informada, que en cualquier región del mundo generaría un movimiento de reclamos sindicales, en el caso de los trabajadores cubanos, desarmados de espacios e instituciones que los defiendan, el descontento se manifiesta en privado, a la vez que se ponen a disposición de la agencia empleadora para mejorar, pues esa repartición, a pesar de lo abusiva y burlesca, le permite recibir un salario superior a la media nacional.

A lo anterior hay que añadir que una de las principales preocupaciones de los inversionistas extranjeros es contar con trabajadores eficientes, para lo cual les conviene que reciban un salario capaz de motivarlos y despertar el interés por los resultados de su actividad. Sin embargo el presente análisis indica que la forma de pago que se empleará puede actuar en contra del objetivo de atraer a los inversionistas foráneos. Para ello se debería cambiar la proporción de una buena y muchas malas, por esta otra: una mala y muchas buenas, pues pedir que todas sean buenas, es pedir peras al olmo.

tomado de: http://www.diariodecuba.com/cuba/1397471255_8130.html

El artículo Ley dentro de mi casa, publicado el miércoles 2 de abril en el diario Granma, reconoce que el desarrollo de la economía cubana requiere de un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) que ha sido imposible lograr con las reformas implementadas. De ese fracaso el articulista deduce la necesidad de inyectar capital foráneo. Sin embargo, las múltiples limitaciones contenidas en la recién aprobada Ley de Inversiones Extranjeras, entre ellas la referida a la libre sindicalización, anulan  dicho propósito.

El proceso recorrido por la libertad sindical en Cuba comenzó en la colonia con la Ley General de Asociaciones de 1888 y continuó en la República con la promulgación de varias legislaciones obreras. Entre ellas destaca la Ley de las Comisiones de Inteligencia Obrera de 1924 para canalizar los conflictos obrero-patronales relacionados con los embarques de azúcar. Pero su máxima expresión fue el Decreto Ley 798 de abril de 1938 cuyo contenido se recogió en la Carta Magna de 1940: el derecho de sindicación a los patronos, empleados privados y obreros, el derecho de los trabajadores a la huelga y el de los patronos al paro, el sistema de contratos colectivos de trabajo y estipuló que los problemas derivados de las relaciones entre el capital y el trabajo serían sometidos a comisiones de conciliación integradas por representaciones de patronos y obreros. Con ella los logros legislativos asumieron rango constitucional.

El principio de libertad sindical –unión de los derechos de libertad y de asociación– consiste en el derecho que tienen trabajadores y patronos para fundar sindicatos sin autorización previa. Ese principio se consagró en la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y se reguló en el Convenio 87 de esa institución. Por su relevancia y naturaleza jurídica, la libertad sindical está incorporada en la Declaración Universal de los Derechos Humano, en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la  Convención Europea de Derechos Humanos. En el caso particular de Cuba alcanzó rango constitucional desde 1940.

Las diferentes legislaciones laborales emitidas en Cuba después de 1959 se resumieron en la Ley 49 de Código de Trabajo de 1984, cuyo artículo 3, inciso e) declara que  todo trabajador, acorde con la legislación vigente, tiene derecho a asociarse voluntariamente y constituir sindicatos. Mientras el Artículo 13 reconoce a todos los trabajadores, tanto manuales como intelectuales, tienen el derecho, sin necesidad de autorización previa, de asociarse voluntariamente y constituir organizaciones sindicales. Sin embargo, esos preceptos, en correspondencia con los principios de la OIT y con la historia del derecho laboral cubano, son pura declaración. Los mismos nacieron supeditados al artículo 7 de la Constitución vigente, el cual dispone que el Estado socialista cubano reconoce y estimula a las organizaciones de masas y sociales, surgidas en el proceso histórico de las luchas de nuestro pueblo y por tanto anula el derecho a asociarse voluntariamente y constituir sindicatos como estipula el Código de Trabajo de 1984.

Con el objetivo de actualizar el Código de 1984, entre el 20 de julio y 15 de octubre del 2013 se sometió a consulta un nuevo Anteproyecto que incluye a los trabajadores por cuenta propia pero no autoriza la libertad sindical; no recoge el derecho a huelga como se reconoce en los instrumentos jurídicos de la OIT y se refrendó en la Constitución de 1940; no reconoce el derecho de los trabajadores para negociar directamente el salario con los empleadores extranjeros, lo que implica una doble explotación por la agencia empleadora y por la empresa extranjera. Respecto al salario mínimo lo aprueba el Consejo de  Ministros, en vez de establecerse entre trabajadores, empleadores y gobierno. Por ejemplo la Constitución de 1940, en el artículo 61, planteaba que: La Ley establecerá la manera de regular periódicamente los salarios o sueldos mínimos por medio de comisiones paritarias para cada rama del trabajo; de acuerdo con el nivel de vida y con las peculiaridades de cada región y de cada actividad industrial, comercial o agrícola.

El Anteproyecto mencionado fue discutido en 69 mil 56 asambleas con la participación de 2 millones 802 mil 459 trabajadores. Dos meses después, fue aprobado por los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular y convertido en Ley. Finalmente se creó una comisión de estilo para la redacción final y su publicación en la Gaceta Oficial. Desde ese momento dicho Código constituye un misterio. Lo más sintomático es que en ningún momento del debate de la nueva Ley de Inversiones Extranjeras se mencionó nada relativo a dicho Código ni la CTC ha realizado ninguna reclamación al respecto. Sencillamente se esfumó.

Por tanto el Anteproyecto de Código de Trabajo en materia de derechos sindicales se sitúa de espaldas a lo estipulado por la OIT, de la cual Cuba fue miembro fundador en 1919 y es firmante de 76 de los convenios laborales de esa institución, incluyendo el Convenio 87 sobre la libertad sindical.

En ese estado de indefensión se aprobó la nueva Ley de inversiones, en la que los cubanos no solo están excluidos de participar como inversionistas, sino que como trabajadores carecen del derecho de crear sindicatos independientes y por tanto entran a una relación laboral en total desventaja al no poder contratarse libremente. Una violación tan abusiva que, si existieran verdaderos sindicatos, podría llevarse ante el Comité de Libertad Sindical, creado por la OIT en 1951 para examinar los alegatos sobre violaciones a los derechos de organización de trabajadores y empleadores.

Por lo anterior, tanto el Código de Trabajo de 1984 como su sustituto, el aprobado y esfumado en 2013, representan un retroceso en materia laboral respecto a lo que el movimiento obrero había logrado en sus luchas desde la colonia hasta la primera mitad del siglo pasado.

En esas condiciones, cuando está demostrado el papel que desempeñan los derechos y libertades en la economía y en el desarrollo social en general, la ausencia de libertades tan elementales como la libre sindicalización y la contratación libre de la fuerza de trabajo son obstáculos suficientes para augurar el fracaso en el propósito de atraer miles de millones de dólares para sacar la economía cubana del estancamiento en que se encuentra.

 

Tomado de: http://www.diariodecuba.com/search/node/Dimas%20Castellanos?page=1

Durante el partido de pelota entre los equipos Matanzas y Villaclara, el pasado 18 de febrero, el pitcher villaclareño Freddy Asiel Álvarez propinó dos pelotazos al matancero Yasiel Santoya y después que le conectaron un jonrón golpeó con otro lanzamiento a Víctor V. Mesa, entonces el escenario quedó listo para el desenlace. El matancero Demis Valdés se dirigió hacia el pitcher y en el forcejeo asestó un batazo al rostro del jugador de Villa Clara Ramón Lunar. Dos días después la Dirección Nacional de Béisbol informó la suspensión de Freddy Asiel de la actual Serie Nacional, a Demis Valdés por un año de todo evento oficial, al árbitro Osvaldo de Paula definitivamente del actual torneo, y amonestó al resto de los árbitros, supervisores y comisarios técnicos.

Aunque los hechos de violencia no son noticia en Cuba, al tratarse del fenómeno cultural de mayor alcance y arraigo, lo sucedido provocó un debate generalizado en las calles y los medios de difusión. Por sus implicaciones me referiré a tres aspectos sobre la violencia que considero deben tenerse en cuenta.

1- su naturaleza

La violencia es un acto agresivo ejercido por individuos, grupos o instituciones contra otros o contra sí mismos. Por su forma puede ser verbal, psíquica o física; por el escenario puede ser doméstica o pública, nacional o internacional; por su magnitud abarca desde las formas más simples hasta el más tenebroso acto de terrorismo masivo, pasando por un pelotazo intencional y el correspondiente batazo de respuesta.

Como cada ser humano es portador potencial de violencia, la misma constituye un peligro vital para las relaciones sociales. Ello obliga a fomentar su antídoto: el amor y las virtudes cívicas. Según el escritor ruso León Tolstoi “la vida histórica de la humanidad es una lenta evolución, que eleva al hombre de la manera personal y animal de comprender la vida al modo social de vivirla”. Pero en la sociedad todos los componentes estructurales guardan una estrecha relación y algunos de ellos actúan como freno. El patriota y filósofo indio Mahatma Gandhi decía “la violencia del Estado es mucho más peligrosa que la privada, porque se presenta con el ropaje de acción protectora”, a lo que hay que añadir que en el caso de los estados totalitarios, cuya naturaleza de por sí constituye una fuente de violencia, el amor y las virtudes cívicas asumen mayor importancia.

2- sus antecedentes

Cuba cuenta con una larga tradición de violencia: conquista, luchas abolicionistas, independentistas y anexionistas, el bandolerismo que azotó nuestros campos, ocupaciones extranjeras, guerritas entre cubanos durante la República, incluyendo guerras raciales, golpes de estado, gangsterismo y terrorismo, revolución y contrarrevolución, invasión por Girón, instalación de misiles balísticos y bloqueo naval a la Isla, participación en actividades bélicas en otras regiones del mundo, actos de repudio, uso y abuso de la violencia física y verbal contra los que piensan diferente, extensión de vocablos militares a todas las esferas: batalla por la Alfabetización, por la universalización de la enseñanza, por la salud, por los 10 millones de toneladas de azúcar, hasta desembocar en la batalla de ideas. A lo que se une la intransigencia: el todo o nada con machete o revólver por medio y las disyuntivas libertad o muerte, patria o muerte y socialismo o muerte, con su correspondiente panteón de héroes y mártires.

Esa cultura de violencia, heredada de la historia, enseñada en las escuelas y reforzada por los medios de comunicación, ha impregnado la conducta de niños y adultos desde el hogar y el barrio hasta los lugares públicos, por lo cual lo ocurrido en el estadio Victoria de Girón, de Matanzas, ante 15 mil espectadores y decenas o cientos de miles de televidentes, no es sino una manifestación de un fenómeno general, cuyas causas sobrepasan la responsabilidad de jugadores, árbitros, policías y otras autoridades para incluir la naturaleza del estado totalitario, pues los que propugnan esa cultura, aunque desde el prisma de la ideología intenten separarla en violencia buena y violencia mala, la incapacidad del cerebro humano para deslindarla, hace, que una vez que la misma se asume como cultura, ambas, la “buena” y la “mala”, devengan generadoras de más violencia.

3- su negación del deporte

En el deporte, como en ninguna otra manifestación puede existir violencia buena. El fundador de los Juegos Olímpicos Modernos, el barón Pierre de Coubertin, planteaba que “El deporte puede movilizar las pasiones más nobles como las más viles: puede desarrollar tanto el altruismo y el sentimiento del honor como el afán de lucro; puede llegar a ser casi caballeresco o corrupto, viril o brutal. Ahora bien, los sentimientos nobles, el altruismo y el honor, el espíritu caballeresco, la energía viril y la paz son requisitos primordiales de las democracias modernas”. En esos principios descansa el gran valor del deporte y del olimpismo: estar por encima y al margen de todas las divisiones construidas socialmente. Sin embargo, por razones extradeportivas en Cuba viene sucediendo lo contrario como lo demuestran algunos antecedentes del hecho ocurrido.

El mismo Ramón Lunar, que esta vez resultó víctima del batazo, en la presente temporada recibió un pelotazo de pitcher avileño Vladimir García, por lo que el árbitro expulsó del juego. Sin embargo, por esa decisión el árbitro fue separado durante la serie. En una segunda oportunidad el mismo lanzador lo volvió a golpear y éste, bate en mano, avanzó hacia él, por lo que fue expulsado del juego sin que se decretara ninguna medida con Vladimir (todavía estaba fresca la sanción anterior contra el árbitro).

En un juego entre los Orioles de Baltimore y el equipo Cuba, en Estados Unidos, Diego Tintorero, un cubano residente en ese país, salto al terreno para llamar la atención acerca de los derechos humanos en Cuba, por lo que el árbitro Cesar Valdés le propinó una golpiza. Posteriormente, en Edmonton, Canadá, Tintorero volvió a salir al terreno con las mismas intenciones y recibió una paliza a manos de varios jugadores del equipo Cuba, mientras Héctor Rodríguez, desde la locución incitaba a la violencia.

Otros ejemplos son: El campeón olímpico de taekwondo en Sidney 2000 Ángel Valodia Matos, en las Olimpiadas de Beijing 2008, golpeó en la cara al árbitro principal y agredió al juez asistente, por lo que fue expulsado de por vida. Sin embargo, la prensa oficial justificó su conducta: estaba “predispuesto e indignado” por la decisión del árbitro y porque a su entrenador supuestamente “lo habían tratado de comprar”, por lo que “No pudo contenerse”. Una de las consignas de la selección cubana en la II versión del Clásico de Pelota (marzo de 2009), era regresar con el escudo o sobre el escudo. En la Isla de la Juventud, el jugador Michel Enriquez, enfadado con una decisión del árbitro, lo localizo después del juego y bate en mano se hizo justicia por cuenta propia; la agresión le costó una corta suspensión y luego pudo representar a Cuba. En el año 2010 en un juego entre Industriales y Sancti Spiritus, el receptor de Industriales salió bate en mano a golpear al pitcher espirituano, dando lugar a un altercado donde, según se mostró en el video filmado por un aficionado, la policía local agredió a peloteros de industriales. En la temporada 2012-2013, Víctor Mesa lanzó tierra a los ojos de un árbitro, lo sancionaron levemente y el agresor fue designado manager de la selección cubana. Y al final de la Mesa Redonda en que se debatía lo ocurrido en el Victoria de Girón, el legendario Antonio Muñoz, quien esta vez llamó a la cordura, si no mal recuerdo, en los Panamericanos de Caracas corrió bate en mano a un lanzador de República Dominicana.

Podemos preguntar ¿Por qué una vez sí y otras no la decisión arbitral es castigada con sanciones? ¿Esas conductas no desautorizan y generan inseguridad a la hora de tomar una decisión? ¿Por qué actos agresivos clasificados en el Código Penal vigente, no son castigados simultáneamente por los tribunales correspondientes? Entre las razones se encuentra el carácter totalitario del modelo y la inexistencia de un Estado de Derecho. Por eso los análisis y debates tienen que incluir no sólo los efectos, sino también las causas más profundas de la violencia en el deporte y en la sociedad cubana en general.

Tomado de: http://www.diariodecuba.com/cuba/1396391083_7931.html

Con el tiempo en contra, a los múltiples fracasos en los intentos por recuperar la economía nacional se han unido la inminente pérdida de las subvenciones de Venezuela y la escasa disposición del capital extranjero para invertir en la Isla. La conjunción de esos hechos ha obligado al gobierno cubano a introducir nuevos cambios y a sustituir –sin declararlo– el contraproducente slogan “sin prisa pero sin pausa” por el contrario: “con prisa y sin pausa”.

Como el marco legal para la inversión en Cuba es atípico para empresas que operan con economías de mercado, ante el nulo efecto que tuvo el Decreto Ley de septiembre de 2013, mediante el cual se aprobó la Zona Especial de desarrollo Mariel, con el objetivo de atraer la inversión foránea, la necesidad de hacer evidente la disposición al cambio ha conducido, con evidente prisa, a la sustitución de la Ley 77 de Inversiones Extranjeras de 1995 por otra más moderna, flexible y transparente; una decisión que estaba pendiente desde el año 2012 y que por tanto debió tomarse antes de iniciarse la obra del puerto de Mariel y no ahora.

A partir de mediados del presente mes de marzo se efectuaron cinco reuniones regionales en las que participaron diputados de todas las provincias, especialistas, funcionarios de los gobiernos municipales y provinciales, representantes de las consultorías jurídicas internacionales y asesores de empresas. En una carrera maratónica entre el sábado 15 y el miércoles 19 del citado mes, en cada una de esas reuniones el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, explicó la política aprobada por el Consejo de Ministros para la redacción del Anteproyecto; mientras la prensa oficial dedicó grandes espacios a los reportes, comentarios y entrevistas relacionadas con el tema.

La nueva legislación, orientada a la diversificación y ampliación de los mercados de exportación, la sustitución de importaciones, la modernización, la creación de infraestructuras y al cambio de patrones tecnológicos, reforzará las garantías a los inversionistas, permitirá el carácter prioritario de la inversión extranjera en casi todos los sectores de la economía, la creación de una carpeta de inversiones, la bonificaciones impositivas, excepciones totales en determinadas circunstancias y mayor flexibilidad en materia aduanal, sin que el país renuncie a su soberanía ni al socialismo, es decir, sin “concesiones ni retrocesos”.

A pesar de los aspectos positivos, todo indica que las autoridades cubanas, atadas a la mentalidad que predominó durante el último medio siglo, han determinado que el Anteproyecto en “discusión” emerja preñado de limitaciones y contradicciones.

Entre muchas de las limitaciones, uno de los problemas consiste en definir si se brinda o no participación a los cubanos residentes en el exterior; un derecho que nunca se debió prohibir y que por tanto no se trata de algo nuevo, sino de una justa reivindicación. Una segunda parte de este problema consiste en si ese derecho se hará extensible a los cubanos residentes en el país; pues si injusto e injustificado resulta la exclusión de los cubanos, como ha ocurrido hasta ahora, más absurdo y contradictorio resulta que se acepte a los que residen fuera de la Isla y se mantenga la exclusión a los de adentro. Muchos indicios conducen a pensar que ocurrirá lo segundo. Es decir, que la Ley conservará el excluyente apellido de “Extranjera”, con la inclusión de los cubanos residentes en el exterior. De ser así, su título pudiera ser Ley de Inversiones para todos, menos para los cubanos que no optaron por no irse del país.

De ser así, lo anterior convertiría a la nueva Ley en una inaceptable violación de la Constitución vigente, la que en su artículo 14 reza: la economía se basa en la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción. Es decir, ese pueblo, supuesto propietario, queda excluido por razones de ubicación geográfica del derecho de participar en el proceso inversionista de su país, algo ajeno al derecho, a la cultura occidental de la cual somos parte y contrario a la dignidad humana. Además, se trata de una decisión sin previa consulta al supuesto dueño, al soberano, para conocer si está dispuesto a renunciar a ese derecho constitucional y limitarse a servir como mano de obra.

Según el enciclopedista francés Juan Jacobo Rousseau, la soberanía es el ejercicio de la voluntad general, un poder que se ejerce en nombre del pueblo, pero en Cuba, a ese soberano, previamente limitados a realizar por cuenta propia un listado de actividades, casi todas de servicio, como carpintero, forrador de botones, desmochador de cocos, carretilleros o vendedores de dulces, cuyo número ronda los 460 mil, se les impida participar como empresarios en pequeñas y medianas empresas.

Como se puede ver, la nueva ley, corrige algunos de los absurdos que han espantado a los inversionistas del suelo cubano, pero a la vez, presenta nuevas contradicciones que lastrarán sus posibles resultados. Si se aprueba en la forma reseñada, la misma será, una vez más, la negación del concepto martiano que falsamente enarbola el gobierno, pues para Martí el concepto de República, era estado de igualdad de derecho de todo el que haya nacido en Cuba; espacio de libertad para la expresión del pensamiento; de muchos pequeños propietarios.

En la realidad, Cuba es el único país de la región donde sus habitantes carecen de un derecho tan elemental como el de participar, en calidad de sujeto en las actividades económicas de su país, a pesar de contar con sobradas iniciativas y formación profesional. Ojalá que, sin pausa, pero con suficiente prisa, se rectifique una arbitrariedad que conducirá a nuevos fracasos, cuando el tiempo para los cambios está agotado y el contexto nacional e internacional les son adversos.

Tomado de: http://www.diariodecuba.com/cuba/1393316098_7318.html

En el alegato La historia me absolverá, en 1953, Fidel Castro abordó uno de los aspectos raigales pendientes de solución en el país: el tema de la propiedad agraria. En esa oportunidad anunció como prioridad de su programa la entrega de tierra en propiedad a todos los que ocupasen parcelas de cinco o menos caballerías1; un proyecto de corte nacionalista y democrático que tuvo un primer episodio en octubre de 1958, cuando en plena etapa insurreccional se dictó una Ley desde la Sierra Maestra. Una vez tomado el poder, en mayo de 1959 y octubre de 1963 se promulgaron dos leyes mediante las cuales se entregaron títulos de propiedad a unos cien mil campesinos, pero el Estado concentró en sus manos el 70% de las tierras cultivables del país.

El nuevo monopolio de la tierra y la eliminación de las instituciones de la sociedad civil relacionadas con la actividad agropecuaria generaron un decrecimiento progresivo de la eficiencia agrícola, mientras alrededor del 40% de las tierra productivas del país devinieron ociosas; una involución que estuvo solapada hasta que Cuba perdió los subsidios procedentes de la Unión Soviética. A partir de entonces el país ha tenido que erogar, de forma creciente millones y millones de dólares para adquirir en el mercado exterior alimentos producibles en Cuba.

Ante la manifiesta deficiencia de la producción agrícola, cinco meses después de ocupar la presidencia del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros, el General Raúl Castro, consciente del deplorable estado de la economía agrícola, expresó enfáticamente: ¡Hay que virarse para la tierra! ¡Hay que hacerla producir! Y agregó, que muy pronto se dictarían las disposiciones legales para iniciar la entrega en usufructo de tierras ociosas a quienes estén en condiciones de ponerlas a producir de inmediato.

Una semana después de su discurso, la Gaceta Oficial de Cuba publicaba el Decreto Ley 259 con ese objetivo. La medida, que por su contenido no podía resolver un problema tan grave, podría haber sido válida si se le hubiera concebido como un primer paso de un largo camino a recorrer, para lo cual se requería de una fuerte voluntad política para encarar el histórico problema de la propiedad agraria en Cuba, agudizado durante el gobierno revolucionario por el fomento del latifundio estatal.

Por su contenido, el Decreto Ley 259 de julio de 2008, dictado desde la óptica totalitaria, evadió la raíz del problema. El mismo se limitó a entregar en usufructo pequeñas parcelas de 1 hasta 3 caballerías de tierra infectadas de marabú, y acompañadas de múltiples prohibiciones como la imposibilidad construir viviendas, almacenes y otras instalaciones y de contratar fuerza de trabajo. Lo absurdo fue que el Decreto-Ley, emitido para atacar una ineficiencia cuya primera causa radica en la incapacidad del Estado para hacer producir la tierra, se limitó a entregar parcelas en calidad de usufructo, es decir, de disfrute de un bien ajeno, mientras el Estado ineficiente se reservó el derecho a conservar la propiedad. Los resultados obtenidos en esas condiciones no se hicieron esperar.

Sin embargo, aunque dicho Decreto-Ley carecía de vitalidad para producir el vuelco que reclamaba el deprimente estado de la economía agrícola, su promulgación contenía de forma implícita, el reconocimiento de la necesidad de cambios. Su falta consistió en ignorar la tenencia de la propiedad en manos de los productores y mantener supeditada las decisiones económicas a la política. Por sus irrisorios resultados, en un zigzagueante proceso sin la voluntad política requerida, en diciembre de 2012 fue derogado y sustituido por el Decreto-Ley 300.

La nueva medida avanzó en algunos aspectos como la permisibilidad para la construcción de viviendas, almacenes y otras instalaciones; brindó determinadas facilidades para la contratación de fuerza de trabajo familiar, trabajadores eventuales y permanentes; y extendió la entrega hasta 5 caballerías, aunque limitada a aquellos que ya poseían en tierras y estuvieran vinculados a entidades con personalidad jurídica: Granja Estatal, Unidades Básicas de Producción Cooperativa y Cooperativa de Producción Agropecuaria.

El Decreto-Ley 300 arrastró la decisión de mantener el control monopólico del Estado sobre la propiedad y la supeditación de los productores. En su artículo 11 reza que los usufructuarios pueden integrarse como trabajadores a una Granja Estatal con personalidad jurídica, o como cooperativista a una Unidad Básica de Producción Cooperativa o a una Cooperativa de Producción Agropecuaria, para lo cual “el usufructuario le cede el derecho de usufructo sobre las tierras y las bienhechurías a la entidad a la cual se integra, la que evalúa la conveniencia o no de que aquel continúe trabajando esas tierras”. Además, el Decreto-Ley 300 conservó otras limitaciones como el acceso a insumos y servicios a los no vinculados a las entidades mencionadas, con una desventaja manifiesta para las personas naturales en cuanto al término de duración del contrato. Tales limitaciones pusieron nuevamente de manifiesto la ausencia de voluntad política y la insalvable contradicción entre hacer producir la tierra y evitar la formación de un empresariado nacional.

Ante el nuevo fracaso, pero atemperados al slogan de “sin prisa pero sin pausa”, en enero de 2014 se hizo público el Decreto-Ley 311, que modifica al 300, para hacer extensivo la entrega de hasta 5 caballerías al sector más productivo del campesinado,  a las personas naturales vinculadas a las Cooperativas de Créditos y Servicio, los cuales fueron excluidos en la anterior legislación. Sin embargo, la entrega depende de que en el municipio solo existan cooperativas de créditos y servicios; y b) las granjas estatales con personalidad jurídica, unidades básicas de producción cooperativa y cooperativas de producción agropecuarias existentes en el municipio estén ubicadas a una distancia superior a cinco (5) kilómetros del área solicitada.

La causa no explícita en la información publicada, consiste en que después de  entregadas 1 millón 500 mil hectáreas de tierras ociosas desde que se dicto el Decreto Ley 259 en el año 2008, además de no haberse reportado un aumento significativo en la producción, aún existe alrededor de 1 millón de hectáreas ociosas de los 6, 3 millones de hectáreas con que cuenta el país. El resultado nos recuerda aquella afirmación martiana: Cuba tiene un potencial enorme y puede ser rica, pero ello es imposible si sus habitantes no pueden ser ricos también.

1 1 caballería equivales a 13,4 hectáreas
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