Tomado de: http://www.diariodecuba.com/cuba/1517079629_36948.html

El 28 de enero de 1939, después de un largo proceso de luchas, mil quinientos delegados de 789 asociaciones obreras, reunidas en La Habana, dejaron constituida la Confederación de Obreros de Cuba.

Con la introducción del salario como forma de pago emergió el sindicalismo en la Cuba colonial, se fortaleció con las libertades contenidas en el Pacto del Zanjón1, tomó fuerza con la Ley General de Asociaciones de 1888 y asumió mayoría de edad con las libertades y derechos refrendados en la Constitución de 19012.

Su avance resulta inexplicable sin las libertades que sirvieron de base a su quehacer. En 1889 se realizó un congreso obrero, el 1 de mayo de 1890 -primer aniversario del Día Internacional de los Trabajadores, sindicatos de La Habana desfilaron por las calles en homenaje a los obreros ejecutados en Chicago y en 1899 se fundó la Liga General de los Trabajadores Cubanos.

Sobre esa legalidad, mediante un amplio movimiento huelguístico entre 1902 y 1914, conquistaron la definición de los días festivos y de duelo, la jornada de 8 horas para trabajadores del Estado, la Ley Arteaga que prohibió el pago en fichas y vales, el cierre de establecimientos comerciales y talleres a las seis de la tarde, y que el presidente de Cuba, Mario García Menocal, creara la “Asociación Cubana para la Protección Legal del Trabajo”, una de cuyas recomendaciones fue la convocatoria del congreso nacional obrero celebrado en agosto de 1914.

Entre 1917 y 1925 las huelgas en reclamo de la disminución de la jornada laboral y el aumento de salarios, desembocó en la fundación de la Central Obrera de La Habana y la celebración de su primer congreso, en la creación de las “Comisiones de Inteligencia Obrera” en los puertos para canalizar los conflictos obrero-patronales, integradas por patronos y obreros con poderes legislativos y ejecutivos, y en la fundación de la Confederación Nacional Obrera de Cuba (CNOC) en 1925: la primera central sindical cubana de carácter nacional.

Entre 1930 y 1933 el aumento del desempleo, la rebaja de salarios y la demora en los pagos generó otra ola de huelgas que obligó al gobierno a decretar el Estado de Emergencia. Los sindicatos, conjuntamente con el Directorio Estudiantil y otras organizaciones respondieron con la huelga general que derrocó a Gerardo Machado en 1933. Le siguieron la huelga de los empleados de la Secretaría de Comunicaciones en 1934 y la huelga general de 1935, con características de levantamiento popular.

La fuerza del sindicalismo hizo que los gobiernos de Grau San Martín3 y de Federico Laredo Brú4 dictaran legislaciones avanzadas: el Decreto 276 de enero de 1934, acorde con lo estipulado por la OIT5 y el Decreto 798 de abril de 1938, hasta hoy la legislación laboral cubana más avanzada.

De esa historia genuina surgió la Confederación de Trabajadores de Cuba en 1939, la segunda central sindical más grande de la región y la incorporación de las victorias obreras en los 27 artículos del Título VI de la Constitución de 1940. Entre ellas:

La regulación de los sueldos mínimos por medio de comisiones de obreros y patronos; la jornada máxima de ocho horas y la semanal de 44 horas de trabajo por 48 de salario; el derecho de sindicación; el derecho de los trabajadores a la huelga y de los patrones al paro; la preponderancia del cubano por nacimiento en el importe total de los sueldos y salarios; y el sometimiento de los conflictos laborales a comisiones de conciliación, integradas por representaciones paritarias de patronos y obreros.

Después de 1940 el sindicato azucarero impuso una cláusula de garantía -conocida como diferencial azucarero- mediante la cual los trabajadores del sector obtuvieron un salario extra del 13,42%; cada Primero de Mayo una manifestación obrera presentaba al Presidente de la República una lista de demandas; los retiros de Plantas Eléctricas, Gastronómico y Artes Gráficas construyeron el edificio de Carlos III que arrendó a la Compañía de Electricidad, el Habana-Hilton y el reparto Gráfico respectivamente, mientras el Palacio de los Trabajadores fue construido con aportes obreros y donativos gubernamentales.

En medio de esos avances, la pugna entre auténticos y comunistas primero y entre auténticos después, afectaron al sindicalismo.

En el V Congreso de la CTC de 1947, que realmente fueron dos: uno auténtico y otro comunista, el segundo fue declarado ilegítimo por el gobierno de Grau San Martín. Mientras las discrepancias entre las dos centrales obreras auténticas terminaron en la sustitución de Ángel Cofiño, Secretario General, por Eusebio Mujal.

Ante el Golpe de Estado de 1952 Mujal, después de convocar a una huelga general, aceptó la oferta del Gobierno, retiró la orden a cambio de conservar los derechos adquiridos por los trabajadores y mantener el status quo de la CTC. Al aumentar las huelgas, Mujal quedó atrapado en el dilema de apoyarlas o no y optó por lo segundo. Batista, a cambio, otorgó algunos beneficios a los trabajadores y ante el llamado a la huelga de abril de 1958 decretó un aumento salarial para disuadir a los trabajadores: el salario mínimo se elevó en la capital a 85 pesos, en otras ciudades a 80 y fuera del perímetro de la ciudad a 75, cuando un peso equivalía a un dólar.

El gobierno revolucionario requería el apoyo del sindicalismo. Aunque el apoyo popular a la huelga del 1 al 5 de enero de 1959 -motivado por las ansias del pueblo de finalizar el derramamiento de sangre- fue usado para tejer una leyenda sobre un supuesto protagonismo obrero. Sin embargo, 17 días después la genuina CTC fue disuelta y sustituida por la Central de Trabajadores de Cuba-Revolucionaria (CTC-R), con una directiva provisional encabezada por David Salvador y Conrado Bécquer, procedentes del Frente Obrero Nacional que se había creado en la Sierra Maestra. En respuesta, se creó el Frente Obrero Humanista (FOH), que aglutinó a 25 de las 33 federaciones de industrias, bajo el lema ¡Ni Washington ni Moscú!.

El conflicto se decidió en el X Congreso de noviembre de 1960, donde David Salvador expresó que: los trabajadores no habían ido a plantear demandas económicas sino a apoyar a la revolución6. Ante esa afirmación, Emilio Máspero, observador del Movimiento Social Cristiano, preguntó: ¿cuál era entonces el proyecto de los trabajadores?, a lo que David respondió: “Lo que diga el Comandante”.

El 22 de noviembre, Fidel propuso un voto de confianza a la candidatura de David Salvador y se procedió a la elección de la directiva en su presencia: un hecho violatorio de la independencia sindical. En la candidatura quedaron fuera a los comunistas y anticomunistas más destacados.

Inmediatamente después el Ministro del Trabajo -investido de facultades- procedió a despedir dirigentes e intervenir sindicatos y federaciones hasta que la mayoría de los dirigentes electos para el X Congreso quedaron excluidos.

En el XI Congreso de la CTC-R, en 1961, se postuló un candidato para cada puesto y la directiva electa fue esencialmente del Partido Socialista Popular, encabezada por Lázaro Peña. Los delegados renunciaron a casi todas las conquistas históricas del sindicalismo cubano. Para el XII Congreso, en 1966, el Partido Comunista eligió la fecha y designó la Comisión Organizadora encabezada por un cuadro de la UJC que sustituyó a Lázaro Peña.

El movimiento obrero quedó bajo control del Partido -refrendado constitucionalmente como “la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado ” y la CTC como su brazo auxiliar. Al desaparecer su autonomía, que es lo mismo que el oxígeno a los seres vivos, el sindicalismo quedó desnaturalizado. Tres hechos son suficientes para demostrarlo:

1- Septiembre de 2010, la CTC apoyó los despidos laborales con un documento que decía: Nuestro Estado no puede ni debe continuar manteniendo empresas, entidades productivas, de servicios y presupuestadas con plantillas infladas, y pérdidas que lastran la economía.

2- Mayo de 2013, el Pleno 93 del Consejo Nacional de la CTC designó a Ulises Guilarte, primer secretario del PCC en la provincia Artemisa, para presidir la Comisión Organizadora, en consecuencia fue el próximo Secretario General de la CTC.

3- Febrero de 2014, durante los preparativos del XX Congreso, el miembro del Buró Político, Salvador Valdés Mesa, planteó que la plataforma económica, política y social de la Revolución quedó definida en los Lineamientos aprobados en el último Congreso del Partido y que al movimiento sindical le corresponde movilizar a los trabajadores para materializar esos acuerdos.

En ninguno de los tres casos hubo mención a la insuficiencia de los salarios, a la libertad sindical, al derecho a la huelga, ni a ninguna de las razones que sustentan la existencia de los sindicatos.
La Habana, 24 de enero de 2018
1 Pacto que puso fin a la Guerra independentista iniciada en 1868, mediante el cual se implementaron en Cuba las libertades de imprenta, reunión y asociación.
2 Libertades de expresión, reunión, movimiento y derecho de dirigir peticiones a las autoridades, entre otras.
3 De septiembre de 1933 a enero de 1934.
4 Federico Laredo Brú, presidente de Cuba de diciembre de 1936 a octubre de 1940.
5 Organización Internacional del Trabajo, agencia especializada de la Organización de las Naciones Unidas.
6 E. CÓRDOVA. Clase trabajadora y movimiento sindical en Cuba. Vol. II. p.69
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Tomado de: http://www.diariodecuba.com/cuba/1515969505_36609.html

Las reformas implementadas en Cuba a partir del año 2008 no resultaron: el voluntarismo, el estatismo, la planificación centralizada y la subordinación a la política y la ideología lo impidieron. La coexistencia de dos monedas lo confirma.

En el año 2011 la unificación monetaria formó parte de Lineamientos aprobados en el VI Congreso del Partido Comunista. En el 2013 se anunció un cronograma para implementarla y se habló de su pronta solución. En el 2016 se dijo que su eliminación era impostergable. En el 2017 se autorizó comprar con pesos cubanos en establecimientos recaudadores de divisas y se pusieron en circulación billetes de 200, 500 y 1000 pesos para facilitar las transacciones. Y en diciembre el Presidente Raúl Castro planteó: “la eliminación de la dualidad monetaria y cambiaria constituye el proceso más determinante para avanzar en la actualización del modelo económico. Sin resolver eso es difícil avanzar correctamente. Y terminó diciendo: Debo reconocer que este asunto nos ha tomado demasiado tiempo y no puede dilatarse más su solución”1.

En este artículo me limito a los antecedentes históricos de la dualidad monetaria, es decir, al antes y al ahora.

Antes

En el período comprendido entre 1878 y 1895 se produjeron dos hechos a tener en cuenta: Uno.- La concentración de la industria azucarera y la exportación de más del 90% del azúcar a Estados Unidos2. Eso permitió al gobierno de ese país imponerle a España el Bill Mc Kinley, un tratado de reciprocidad comercial que permitía la entrada libre de materias primas cubanas al mercado norteamericano, entre ellas el azúcar, de la cual provenían 94 de cada 100 pesos que ingresaban a la Isla. Dos.- La alta presencia de inversiones estadounidenses en la estructura de la propiedad agraria, los centrales azucareros y la minería. Ambos hechos, al cesar la dominación española, facilitaron la introducción del dólar en Cuba como patrón monetario.

Hasta el año 1914 en Cuba continuaron circulando el centén español y el luís francés, pero los pagos oficiales se hacían según el tipo de cambio establecido por el dólar. Para disminuir la dependencia respecto al mismo, en octubre de ese año, el gobierno del general Mario García Menocal, creó el Sistema Monetario Nacional, cuya primera expresión fue la “Ley de Defensa Económica” que dio nacimiento a la moneda nacional sustentada en el patrón oro, con el mismo peso y ley que el dólar estadounidense.

Aunque surgió subordinado al dólar que poseía fuerza liberatoria, con la Ley de Defensa Económica el peso comenzó a imponerse.

En 1924 todavía el 86 por ciento de la moneda circulante eran dólares. En 1934 una aguda depreciación obligó a devaluar el peso, que continuó haciendo la función de medida de valor, pero la de medio de circulación fue asumida por los “pesos de plata” y los “certificados de plata”, con fuerza liberatoria ilimitada a partir de 19353. En 1939 se fundó el Fondo de Estabilización de la Moneda y en 1948 se creó el Banco Nacional de Cuba, que sustituyó el peso plata por los billetes del Banco Nacional con curso legal, forzoso y fuerza liberatoria ilimitada.

En La unificación monetaria de 19144, Elías Amor resume lo resultados con pocas palabras: La introducción del Sistema Monetario Nacional creó un sistema solvente, moderno y bien construido, que permitió a la moneda nacional devenir reserva de valor, sobre cuya base se desplegaron las transacciones y las operaciones comerciales y financieras que permitieron un notable dinamismo y crecimiento de la economía en la República.

Ahora

Los revolucionarios que arribaron al poder en 1959, imbuidos de una alta dosis de subjetivismo y ajenos a las leyes que rigen los fenómenos económicos y las finanzas, se plantearon erradicar las relaciones mercantiles y el dinero. Nacionalizaron la banca nacional y extranjera, y depositaron esa responsabilidad en manos de personas “fieles”. Un ejemplo fue el caso del economista Felipe Pazos Roque -fundador y primer presidente del Banco Nacional de Cuba en 1948- quien opuesto al Golpe de Estado de 1952 renunció a esa responsabilidad. Pazos, quien participó en la lucha cívica contra el gobierno de Fulgencio Batista, en 1959 fue designado nuevamente en esa responsabilidad, pero sus ideas no calificaban como “fieles”. Unos meses más tarde fue sustituido por el comandante Ernesto Guevara.

Ochenta años después del nacimiento del peso cubano, con una economía deficiente pero solapada por las subvenciones soviéticas basadas en razones ideológicas y geopolíticas, al derrumbarse el socialismo en Europa Oriental, Cuba quedó sumergida en una profunda crisis bautizada con el eufemismo de “Período Especial en Tiempos de Paz”, que entre 1990 y 1994 contrajo el Producto Interno Bruto (PIB) en 34,8%.

El Gobierno se limitó a implementar medidas para subsistir sin cambiar. Después de 35 años de revolución y de confrontación con Estados Unidos decidió introducir, por segunda vez en la historia de Cuba, la moneda del “enemigo”.

Para borrar la imagen negativa del billete verde se creó el CUC, un peso convertible al que se le otorgó un valor similar al dólar, pero sin el correspondiente respaldo. Se le impuso un impuesto al dólar del 10%, se revaluó el CUC con relación al mismo en un 8% y finalmente se retomó el valor de uno por uno, pero se mantuvo el impuesto del 10% al dólar. En resumen, Cuba cuenta con la peculiaridad de tener dos monedas sin base en el oro ni en el PIB para ser realmente convertibles.

La dualidad monetaria amplió las diferencias sociales y aumentó la pérdida del poco valor que ya tenía el peso cubano. Su efecto se manifestó en la inflación de los precios en el mercado negro, en menguados salarios y pensiones, desestimuló a la producción, menguó la productividad. y perdió o disminuyó sus funciones como medida de valor, instrumento de adquisición de bienes, medio de atesoramiento, instrumento de liberación de deudas y medio de pago.

La unificación monetaria se alza junto a la restitución de las libertades ciudadanas como una necesidad ineludible e inaplazable en condiciones complejas, especialmente porque el sujeto de la unificación, el Gobierno, es el mismo que introdujo la dualidad y hasta ahora no ha demostrado la voluntad política para efectuar un autoanálisis crítico y emprender el único camino posible. El hecho es que sesenta años de poder lo hacen responsable de lo bueno y de lo malo.

El peso cubano carece de respaldo en los bienes y servicios creados para recuperar sus funciones y equipararse a otras monedas en las finanzas internacionales. La unificación monetaria por sí sola no resolverá la crisis. La solución requiere eficiencia y aumento de la producción, lo que a su vez es imposible sin grandes inversiones. La extranjera porque la dualidad es un obstáculo; la nacional porque el poder la niega.

Se impone un proyecto, encabezado por el gobierno actual o por el que lo sustituya, que incorpore la descentralización de la economía, restituya los derechos y libertades ciudadanas, permita la formación de una clase media y destrabe los obstáculos que frenan la producción y la productividad; nada de lo cual es posible desde la estatización y la economía planificada subordinada a los intereses del poder.

 

1 Discurso de Raúl Castro en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Granma, viernes 22 de diciembre de 2017, pp.3-4.
2 Ya en 1896 Cuba exportaba a Estados Unidos el 96,86% de la producción de azúcar y sólo el 2,38% a España. Tomado de: Eduardo Torres-Cuevas y Oscar Loyola Vega. Historia de Cuba 1492-1898. La Habana, Editorial Pueblo y Educación, 2001, p. 298.
3 Antonio Ruiz Cruz y Diana J, Molina Tarasiouk: “Evolución histórica del sistema monetario cubano” en Observatorio de la Economía Latinoamericana, Nº 117, 2009. Texto completo en http//www.eumed.net/cursecon/ecolat/cu/2009/rcmt2.htm
4 Elías Amor Bravo. La unificación monetaria de 1914, otros tiempos, sin duda mejores, junio de 2013.

Tomado de: https://www.google.cz/search?q=Revista+Convivencia+no.+60&client=firefox-b&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiA7972zM3YAhWCDewKHfNXD7AQsAQINA&biw=1366&bih=656

 

El impacto de las libertades fundamentales en el desarrollo de la sociedad es de tal magnitud y trascendencia que resulta imposible comprender el avance, estancamiento o retroceso de un pueblo sin tenerlo en cuenta.

Aprovechando el 10 aniversario de Convivencia, el presente trabajo se ocupa de un tema central en el perfil de nuestra revista: la relación causal entre la pérdida de las libertades fundamentales y la crisis en que Cuba está inmersa.

Introducción

La libertad -inherente a la persona humana- emana de la conciencia interior. Ese origen le permite al hombre ser libre en la medida que se empeñe en serlo, pues ella, la libertad, otorga un poder extraordinario cuyo ejercicio deviene factor de crecimiento humano y condición del desarrollo personal y social.

Desde que los hombres lograron establecer la relación existente entre conciencia y libertad, ésta ha venido desempeñando un papel creciente en la evolución de la humanidad. Gracias a esa relación, aunque la persona sea sometida a limitaciones o prohibiciones por fuerzas exteriores, el sustrato interno de la libertad le permite pensar y ser libre en tales condiciones.

Ignacio Agramonte (1841-1873), en la defensa de su tesis de Licenciatura en Derecho en 1866, titulada Sobre las libertades individuales, sintetizó magistralmente esa relación en las siguientes palabras: Al derecho de pensar libremente le corresponde la libertad de examen, de duda, de opinión, como fases o direcciones de aquel. Por fortuna, éstas, a diferencia de la libertad de hablar y obrar, no están sometidas a coacción directa y se podrá obligar a uno a callar, a permanecer inmóvil, acaso a decir que es justo lo que es altamente injusto. ¿Pero cómo se le podrá impedir que dude de lo que se le dice? ¿Cómo que examine las acciones de los demás, lo que se trata de inculcar como verdad, todo, en fin, y que sobre ello formule su opinión?

Ese juicio contiene el fundamento del por qué la libertad constituye un derecho trascendental e inherente a la persona; una condición tal, que todo intento de suprimirla o limitarla, además de constituir un atentado contra la humanidad, ha estado, está y estará condenada al fracaso.

“Renunciar a su libertad -decía Rousseau- es renunciar a su condición de hombre, a los derechos de la humanidad y aun a sus deberes… Semejante renuncia es incompatible con la naturaleza del hombre: despojarse de la libertad es despojarse de moralidad”.

Las libertades fundamentales, es decir, las de conciencia, información, expresión, reunión, asociación, sufragio y habeas corpus, constituyen la base de la comunicación, del intercambio de opiniones, de concertación de conductas y de toma de decisiones.

La experiencia histórica demuestra que la máxima expresión de la libertad es posible sólo allí, donde las libertades fundamentales se institucionalizan en un Estado de Derecho.

La historia constitucional de los derechos fundamentales, cuyo punto de partida se sitúa en la Carta Magna que los nobles ingleses impusieron a Juan Sin Tierra (1215), tuvo momentos cumbres en la Declaración de Independencia de las trece colonias de Norteamérica (1776) y en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa (1789). Tomó cuerpo en la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) e irrumpió en el Derecho Internacional con los pactos de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobados por la Organización de las Naciones Unidas (1976).

En Cuba la historia constitucional de las libertades tuvo su germen en el Proyecto de Gobierno Autonómico del padre José Agustín Caballero (1811); asumió cuerpo en las constituciones mambisas del siglo XIX y en las constituciones republicanas de la primera mitad del siglo XX, cuya más alta expresión fue la Carta Magna de 1940.

En esa trayectoria, en cumplimiento del Pacto del Zanjón (1878), con el que finalizó la Guerra de los Diez Años, se implantaron en Cuba las leyes de imprenta, reunión y asociación, refrendadas en el artículo 13 de la Constitución Española, bajo las cuales nació la sociedad civil cubana: un abanico de asociaciones, espacios y medios que reflejan la pluralidad y la diferencia.

La sociedad civil, escuela permanente de civilidad y ética, constituye un sólido eslabón de vínculo de los ciudadanos con la nación, la cultura, la historia y el desarrollo, cuya existencia y funcionamiento requiere de la institucionalización de los derechos humanos.

Tanto la sociedad civil como el Estado son órganos del cuerpo social. La existencia de ambos no es indiscutible, lo discutible son sus funciones y áreas de competencia,

En Cuba la sociedad civil alcanzó su mayor desarrollo a mediados del siglo XX, como la describió Fidel Castro al referirse a la situación de Cuba antes del Golpe de Estado de 1952: “Os voy a referir una historia. Había una vez una república. Tenía su constitución, sus leyes, sus libertades; Presidente, Congreso, tribunales; todo el mundo podía reunirse, asociarse, hablar y escribir con entera libertad. El gobierno no satisfacía al pueblo, pero el pueblo podía cambiarlo… Existía una opinión pública respetada y acatada y todos los problemas de interés colectivo eran discutidos libremente. Había partidos políticos, horas doctrinales de radio, programas polémicos de televisión, actos públicos…”.

La pregunta lógica que emana de la historia de las libertades en Cuba es: ¿cómo resultó posible que después del avance descrito en materia de derechos y libertades, Cuba retrocediera a una situación inferior a la que alcanzó después de la Paz del Zanjón?

El sistema totalitario cubano

Si su causa más inmediata está en la revolución de 1959, su génesis, está en determinadas características de nuestro devenir como pueblo que coadyuvaron a la instauración de un modelo ajeno a nuestra historia y a la naturaleza humana. Entre esas características sobresale la interrelación entre las cuatro siguientes:

La idiosincrasia, resultado de la mezcla de diversas etnias y culturas que arribaron a Cuba con los europeas y africanos. Unos que vinieron a enriquecerse para regresar, otros que fueron traídos como esclavos. Ni unos ni otros con la intención de arraigarse en la Isla. A ello, explicaba Fernando Ortiz, se debe la debilidad psicológica del carácter cubano, la impulsividad, característica de esa índole psicológica, que nos lleva con frecuencia a actuaciones intensas, pero rápidas, precipitadas, impremeditadas y violentas… Hombres, economías, culturas y anhelos, todo aquí se sintió foráneo, provisional, cambiado, “aves de paso” sobre el país, a su costa, a su contra y a su malgrado.

La violencia, que arribó a nuestras costas con los guerreros peninsulares, tomó sus primeras víctimas entre los aborígenes, asumió formas horribles en las plantaciones azucareras de donde brotó la fuga, el cimarronaje, el palenque y las rebeliones. Estuvo presente en los ataques de corsarios, en el bandolerismo que azotó nuestros campos, en las conspiraciones y guerras independentistas. Se manifestó en golpes de Estado, sublevaciones, pandillas gansteriles, asaltos armados y actos de terrorismo antes y después de 1959. Hechos que convirtieron la violencia en cultura política.

La ética utilitaria, conducta de raíces coloniales y esclavistas –variante criolla de la filosofía del utilitarismo del siglo XVIII- que encontró en Cuba un terreno tan fértil como nuestros suelos para la caña de azúcar. Esa ética sustentó al individualismo egoísta y la vida fácil, tomó cuerpo en la corrupción, el juego, la vagancia y la violación de todo lo establecido hasta devenir conducta generalizada. La concepción del hombre como medio y no como fin, como objeto y no como sujeto, la prioridad que la oligarquía criollo-cubana atribuyó a las cajas de azúcar y de café, el uso del poder para beneficio personal o de grupo, las reelecciones presidenciales, los golpes de Estado y el empleo generalizado de la violencia física y verbal, son manifestaciones de la ética utilitaria que marcó nuestra matriz de pueblo,

La exclusión, que atraviesa la historia de Cuba de principio a fin: Félix de Arrate y Acosta (1701-1764) reclamaba la equiparación de derechos para los de su clase respecto a los peninsulares, a la vez que excluía a los negros y a blancos que no habían logrado amasar fortuna; Francisco de Arango y Parreño (1765-1837), defendía las libertades y derechos para su clase y la esclavitud para la mitad de la población de la Isla. Y José Antonio Saco y López (1797-1879), quien en su concepto de pueblo no incluía a los oriundos de África ni a sus descendientes.

Ante la ruptura constitucional provocada por el Golpe de Estado de 1952 surgieron dos respuestas: una armada y la otra cívica. La primera se hizo pública el 26 de julio de 1953 con el asalto al cuartel Moncada, encabezada por Fidel Castro. La segunda tomó cuerpo en enero de 1954 con el Movimiento de Resistencia Cívica, encabezado por José Miró Cardona. Después de las elecciones fraudulentas de 1954, Fulgencio Batista restableció la Constitución de 1940 y otorgó amnistía a los prisioneros políticos, entre ellos a los asaltantes del Moncada, quienes en junio de 1955 fundaron el Movimiento del 26 de Julio (M-26-7) para continuar la lucha por la vía armada.

La oposición de Fulgencio Batista a una salida negociada hizo fracasar los esfuerzos civilistas. Se impuso la violencia: movimientos armados, atentados, conspiraciones militares, asaltos a cuarteles y al palacio presidencial; acontecimientos en los que se destacó el movimiento encabezado por Fidel Castro, quien desembarcó en Cuba en diciembre de 1956 y después de dos años de guerra de guerrillas y sabotajes, alcanzó el triunfo sobre el Ejército profesional el 31 de diciembre de 1958.

En 1959, la revolución triunfante, devenida fuente de derechos, sin consulta popular, sustituyó la Constitución de 1940 por la Ley Fundamental del Estado Cubano; unos estatutos que rigieron hasta la promulgación de la Constitución de 1976 que refrendó la existencia de un solo partido político: el Comunista, como fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado.

Un sistema ajeno a la naturaleza humana

Una revolución que se proponga liberar a los hombres sin plantear, paralelamente, la necesidad de generar un espacio público que permita el ejercicio de la libertad, sólo puede llevar a la liberación de los individuos de una dependencia para conducirlos a otra, quizás más férrea que la anterior. Esas palabras de Hanna Arendt se corroboraron con el proceso revolucionario cubano de 1959. Se trata de una tesis de un valor tan universal que asume carácter de generalidad filosófica. La misma, tan sencilla como compleja, consiste en que todo proyecto social que conciba a la persona humana como medio y no como fin, además del daño antropológico que produce está condenado al fracaso.

En enero de 1959 el Presidente Provisional, Manuel Urrutia Lleó hizo pública la designación de Fidel Castro como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. En el Consejo de Ministros, integrado conjuntamente por figuras procedentes de las luchas armada y cívica, José Miró Cardona ocupó el cargo de Primer Ministro. En febrero, al sustituirse la Constitución de 1940 por la ley Fundamental del Estado Cubano, al Primer Ministro se le confirieron las facultades de Jefe de Gobierno y al recién creado Consejo de Ministros las funciones del Congreso. Unos días después Fidel Castro sustituyó a José Miró Cardona, con lo cual los cargos de Primer Ministro y Comandante en Jefe quedaron depositados en la misma persona.

La Revolución a la vez que implementó un conjunto de medidas de beneficio popular, desechó la cultura institucional, política y económica existente y procedió a “resolver” de forma inmediata los problemas heredados por un camino inviable: la concentración del poder y de la propiedad, y el secuestro de las libertades ciudadanas.

El filósofo y ensayista español, José Ortega y Gasset, alertaba que los mayores peligros que hoy amenazan a la civilización son la estatificación de la vida, el Intervencionismo del Estado, la absorción de toda espontaneidad social por el Estado; es decir, la anulación de la espontaneidad histórica, que en definitiva sostiene, nutre y empuja los destinos humanos, lo que se resume en la tesis de Benito Mussolini: Todo por el Estado; nada contra el Estado”

Ese proceso -en el que la sociedad civil fue barrida y su lugar ocupado por las asociaciones creadas como auxiliares del poder- no se puede comprender al margen del diferendo entre el Gobierno cubano y las administraciones norteamericanas. El diferendo fue utilizado en nombre de la soberanía popular para solapar las contradicciones entre Estado y sociedad y disimular la inviabilidad de un modelo ineficiente, pero ante todo para secuestrar las libertades ciudadanas. Decía Rousseau que: “Aun admitiendo que el hombre pudiera enajenar su libertad, no puede enajenar la de sus hijos, nacidos hombres y libres. Su libertad les pertenece, sin que nadie tenga derecho a disponer de ella”

La duración de ese modelo ha sido tan prolongada que la gran mayoría de los cubanos vivos no conocieron otra opción que el socialismo totalitario, donde la política, la economía, la cultura y la sociedad quedaron monopolizadas por el Estado, el Estado por un Partido y el Partido por una élite bajo el mando de un Comandante en Jefe: Un modelo que si ayer satisfizo a una buena parte de nuestros abuelos, hoy no satisface a sus hijos, mucho menos a los nietos y biznietos.

Una posible salida

A pesar de contar con tan rica fuente de pensamiento, los acontecimientos posteriores a 1952 condujeron al pasado; un retroceso inexplicable si se ignora la importancia de la formación ética y cívica de los cubanos, para lo cual, de entre muchos pensadores que se preocuparon y ocuparon de esa deficiencias, cito a los seis siguientes:

Félix Varela y Morales (1778-1853), el primer cubano que comprendió la necesidad de cambios en la forma de pensar, al asumir la dirección de la Cátedra de Constitución en el seminario San Carlos introdujo la ética en los estudios sociales y políticos como portadora del principio de la igualdad de todos los seres humanos y fundamento de los derechos sobre los cuales se erigen la dignidad y la participación ciudadana.

José de la Luz y Caballero (1800-1862), quien entendió la política como proceso y se pronunció contra la inmediatez. Desde esa visión estableció una relación entre educación, política e independencia y concibió el arte de la educación como premisa de los cambios sociales. Su mayor énfasis recaía en la convicción de que la libertad era el alma del cuerpo social, sin más freno que la razón y la virtud.

José Julián Martí Pérez (1853-1995), el más alto pensador político del siglo XIX cubano, se trazó la misión de conducir el inconcluso proceso independentista. Para ello estableció una relación eslabonada entre partido, guerra y república, donde esta última era forma y estación de destino; a diferencia de la guerra y del partido concebidos como eslabones mediadores para arribar a ella. En su visionario artículo, La futura esclavitud, dijo más o menos lo siguiente: si los pobres se habitúan a pedirlo todo al Estado, dejarán de hacer esfuerzo por su subsistencia y que como las necesidades públicas vendrían a ser satisfechas por el Estado, los funcionarios adquirirían una influencia enorme y de “ser esclavo de los capitalistas iría a ser esclavo de los funcionarios.. Pensamientos que remató con aquel ideal tan lejano aún: yo quiero que la ley primera de nuestra república sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre.

Enrique José Varona (1849-1933) En Mis consejos, escrito en 1930, se quejaba de que la República había entrado en crisis, porque gran número de ciudadanos han creído que podían desentenderse de los asuntos públicos. Este egoísmo –decía– cuesta muy caro. Tan caro, que hemos podido perderlo todo. Convencido de esas deficiencias comprendió que había que aprender de otro modo y a ello se dedicó, a la enseñanza para formar ciudadanos.

Fernando Ortiz Fernández (1881-1969) en La crisis política cubana: sus causas y sus remedios (1919), destacó nuestras limitaciones: la falta de preparación histórica del pueblo cubano para el ejercicio de los derechos políticos; la incultura en los dirigidos que les impide apreciar en su justo valor a los hombres públicos; la cultura deficiente en las clases directoras, que impide refrenar sus egoísmos y hacerlos compaginables con los máximos intereses de la nación; la desintegración de los diversos elementos sociales en razas y nacionalidades, de intereses no fundidos en un ideal supremo nacional.

Y Jorge Mañach Robato (1898-1961), al referirse a las desavenencias permanentes entre cubanos, dijo: Cada persona tiene su pequeña aspiración, su pequeño ideal, su pequeño programa; pero falta la aspiración, el ideal, el programa de todos; aquella suprema fraternidad de espíritus que es la característica de las civilizaciones más cultas. Y añadió, el individualismo inhíbito en nuestra raza hace a cada uno quijote de su propia aventura. Los esfuerzos de cooperación generosa se malogran invariablemente. Los leaders desinteresados no surgen. En los claustros, en los gremios intelectuales, en las academias, en los grupos, la rencilla cunde como la yerba mala por los trigales de donde esperamos el pan del espíritu. Todo es un quítate tú para ponerme yo.

Del análisis realizado resulta un conjunto de enseñanzas útiles para cualquier proyecto dirigido a superar la situación en que la sociedad cubana está sumida. Me refiero al camino para transitar hacia a una sociedad menos imperfecta que la actual.

El análisis realizado devela un conjunto de enseñanzas útiles para cualquier proyecto dirigido a superar la situación en que la sociedad cubana está sumida. Me refiero al camino para transitar hacia a una sociedad menos imperfecta que la actual. Y demuestra que la primera y más importante labor radica en la formación del ciudadano, de virtudes cívicas, aquella tarea que el padre Félix Varela inició hace casi dos siglos, que siempre fue conducta de minorías y que aún hoy es asignatura pendiente. Se impone su formación para aprender a vivir en libertad y una educación en la responsabilidad social.

Lo más importante de las enseñanzas anteriores es que la participación pública responsable en los destinos del país requiere la existencia del ciudadano, un concepto inexistente en el mapa político cubano actual.

Las libertades fundamentales tienen que ser reincorporadas. Su implementación, aunque se inicie de forma gradual, su carácter indivisible se impondrá por una sencilla razón: si los derechos civiles y políticos constituyen la base para participar en la vida pública, los derechos económicos, sociales y culturales son determinantes para el funcionamiento de la sociedad y los derechos colectivos de toda la humanidad son necesarios para conservar la vida y el planeta. Cada una de esas generaciones de derechos garantiza un aspecto particular y las tres en su conjunto constituyen el sostén del reconocimiento, respeto y observancia de las garantías jurídicas para su ejercicio.

Si aceptamos que el grado de evolución de un sistema social depende del grado de evolución de sus habitantes, tenemos que aceptar, nos guste o no, que los cubanos, como personas, hemos cambiado muy poco y en algunos aspectos hemos retrocedido. Se impone, pues, cambios en la persona. Por todo ello, parafraseando el concepto de acción afirmativa, en Cuba se impone una acción educativa, en cuya ausencia habrá cambios, como los hubo siempre, pero no los cambios que la sociedad requiere.

Por tanto, esa posible y necesaria salida de la crisis actual pasa porque cada cubano ocupe y haga uso de la cuota política que le corresponde. Para ello, el restablecimiento gradual de los derechos fundamentales de la persona humana debe acompañarse de un programa de formación ciudadana que sirva de fundamento a los cambios al interior de la persona, sin los cual las reformas en la economía y la política tendrán muy poco valor, como lo han tenido los que se implementaron tanto durante la República hasta 1958 y los que se implementaron después de la revolución de 1959.

 

Tomado de: http://www.diariodecuba.com/cultura/1514393985_36233.html

Hace 139 años, el primero de enero de 1879, el músico Miguel Faílde y Pérez estrenó en el liceo de Matanzas una genuina expresión de creatividad rítmica y sonora que inauguró un nuevo tipo de baile, genuinamente cubano, con el danzón Las Alturas de Simpson.

Los habitantes de la mayor de las Antillas, sin una herencia musical aborigen pero ungidos con la gracia de la transculturación, desarrollaron una elevada capacidad musical expresada en aspectos melódicos, rítmicos, instrumentales y formales, que devenida criolla y después cubana, hizo de la música popular y el baile -conjuntamente con la pelota y las guerras de independencia- uno de los factores socio-culturales definidores de nuestra nacionalidad.

En el siglo XVI Cuba tuvo músicos altamente calificados como el mestizo Miguel de Velázquez. En el XVIII clásicos de primera línea como Esteban Salas; En el XIX Manuel Saumell, considerado padre del nacionalismo musical cubano, quien compuso una obra en la que cantaban indios y negros, e Ignacio Cervantes, un creador considerado el músico más importante del siglo XIX. Contó además, con una manifestación sonora como los sones orientales, tocados y cantados durante más de dos siglos por los conjuntos típicos de Santiago de Cuba. Ejemplos destacados que explican la creatividad de nuestra música, de la cual brotaron los más importantes géneros populares de la época, entre ellos nuestro danzón, nacido de las contradanzas criollas.

A mediados del siglo XIX existía en Cuba un proto-danzón, baile coreográfico formado por varias parejas provistas de arcos y ramos de flores que los negros de Matanzas ejecutaban a viva voz. A esa manifestación bailable Miguel Faílde le adjuntó una música para sustituir el canto vivo de los bailarines que vio la luz en junio de 1877, cuando dio a conocer sus primeros cuatro danzones, uno de los cuales fue Las alturas de Simpson.

El vinculo del danzón con las contradanzas de Manuel Saumell se observa en su introducción de dieciséis compases, en la segunda parte donde el clarinete trabaja casi siempre sobre el cinquillo1, en la parte de violín que hace de adagio2 y en el cierre. Mientras su vínculo con las tradiciones africanas se manifiesta en el uso abundante y deliberado del cinquillo salido de la mano de los negros franceses de Santiago de Cuba de la percusión. La Contradanza que había dominado dominó la escena musical fue superada por el danzón.

Como la composición es el principal acto creativo en música y algo nuevo respecto a lo antes producido, al añadirle una asociación de ritmos de tango a los movimientos coreográficos de la danza, se le considera el padre del danzón cubano, que desde su estreno hasta la segunda década del siglo XX ocupó la preferencia de los bailadores cubanos y traspasó las fronteras geográficas para arraigarse en países como México, Venezuela y Perú, a la vez que se nutrió de todos los elementos musicales existentes sin importar su origen.

El danzón es un baile romántico de parejas, donde hombre y mujer fundidos en una unidad diferenciada se tocaban el cuerpo y movían las caderas de una manera sinuosa. Al chocar y romper con los estereotipos de la época, fue considerado un baile escandaloso e indecente, no obstante se impuso. El danzón enunciado por Saumell -dice Alejo Carpentier- quedó consagrado como nuevo tipo de baile por Faílde. Predominó durante más de 40 años y coadyuvó al proceso de conformación de la nacionalidad y la nación, ya que cubanos de diferentes orígenes étnicos y clases sociales se relacionaron en el baile.

No hubo acontecimiento, durante ese lapso de tiempo que no fuese festejado con el danzón: el advenimiento de la República en 1902; gracias a la radio en 1922 se bailó a 461 kilómetros de la capital, en Ciego de Ávila; se compusieron danzones patrióticos como Martí no debió de morir, sobre la primera guerra mundial o con temas de ópera y de zarzuelas famosas.

Junto a la contradanza y la danza, el danzón constituyó la base del primer prototipo de agrupación instrumental popular: la orquesta típica o de viento. Esa orquesta típica fue sustituida por la charanga y en el siglo XX de la charanga francesa, que introdujo el piano.

A partir de la segunda mitad del siglo XX el auge del son y del Fox Trots de los negros norteamericanos, conjuntamente con la elevada creatividad de los músicos cubanos el danzón perdió terreno. Sin embargo, el danzón, como género musical, llegó para quedarse. En 1910 José Urfé le introdujo nuevos elementos rítmicos del son oriental en el Bombín de Barreto, que junto a la invención de la radio y la grabación eléctrica en el fonógrafo, condujeron a su recuperación, Con la orquesta de Arcaño3 y sus Maravillas surgió el danzón de nuevo ritmo, donde la flauta se inspira a placer con gran virtuosismo, se cambia la rítmica en el timbal y el güiro, se introduce la tumbadora en la charanga, se amplían las cuerdas, la armonía y la melodía devienen más complejas y cesa el predominio del piano como instrumento solista único. Luego, con las interpretaciones de Barbarito Diez4 y la Orquesta típica de Antonio María Romeu. El danzón influyó en el origen de otros bailes cubanos populares como el chachachá, el mambo y la pachanga. Y en 1991 elevó su popularidad mundial con la cinta cinematográfica Danzón, de la directora mexicana María Novaro.

Por convertirse en nuestro baile nacional, por su aporte a la conformación de la cubanía, por su presencia en otros géneros musicales que le sucedieron, por su fuerza interior para renovarse permanentemente, el primero de enero es día de homenaje al danzón y a todas las glorias de nuestra música bailable, desde Saumell hasta los creadores contemporáneos que han mantenido viva esa musicalidad que nos distingue en el mundo.

La Habana, 26 de diciembre de 2017
1 Cinquillo, grupo de valoración especial constituido por cinco notas musicales que pueden equivaler a seis o a cuatro de la misma especie.
2 Adagio, indicación de tempo o movimiento de una pieza musical, más lento que el andante.

3 Antonio Arcaño, monarca del danzón, introdujo la tumbadora para reforzar la sección rítmica en la charanga. Alcanzó el record de 404 contratos en un año. Falleció en 1994 a los 83 años de edad.
4 Bárbaro Diez Junco (Barbarito), cantante de danzones y boleros. Solista en la orquesta de Antonio María Romeu. Conocido como “La Voz de Oro del Danzón”. Después de la muerte de Romeu asumió la dirección de la orquesta y la llamó “Barbarito Diez y su orquesta” hasta los años ochenta. Murió el 6 de mayo de 1995.

 

 

2

 

1

 

Tomado de: http://www.diariodecuba.com/cuba/1514637570_35650.html

 

El próximo primero de enero, junto al año dieciocho del siglo XXI, los cubanos arribaremos a los 59 años del triunfo de la Revolución.

Una revolución que se proponga liberar a los hombres sin plantearse la necesidad de los espacios públicos que permitan el ejercicio de la libertad, sólo puede llevar a la liberación de los individuos de una dependencia para conducirlos a otra, quizás más férrea que la anterior1. Ese juicio de Hanna Arendt corrobora el resultado del proceso revolucionario cubano de 1959.

En casi seis décadas -un lapso de tiempo mayor que el duró la República nacida en 1902- el modelo político y económico implantado sumergió a Cuba en la más prolongada y profunda crisis de su historia.

La inviabilidad del modelo mancomunado con la falta de voluntad política para modificarlo hizo que las manifestaciones parciales de crisis, agudizadas en el tiempo, abarcaran uno tras otro todos los componentes de la sociedad cubana.

El filósofo y ensayista español, José Ortega y Gasset, alertaba que los mayores peligros que hoy amenazan a la civilización son la estatificación de la vida, el Intervencionismo del Estado, la absorción de toda espontaneidad social por el Estado; es decir, la anulación de la espontaneidad histórica, que en definitiva sostiene, nutre y empuja los destinos humanos. Ese pensamiento explica la tesis de Benito Mussolini: Todo por el Estado; nada contra el Estado”2

Tanto las sociedades como los modelos son perfectibles. Al confundirlos como punto de remate del desarrollo comienza la marcha hacia su estancamiento y se utiliza una determinada ideología como mecanismo de freno para legitimar al resultado y al liderazgo que lo encabeza con el fin de detener lo indetenible; una expresión de esa ideología es la absurda y repetida afirmación de que Cuba ya cambió en 1959.

La causas principales de la involución sufrida están en el giro hacia el comunismo de la revolución de 1959, en el contexto de la Guerra Fría y el diferendo con Estados Unidos, que sirvieron de telón de fondo para desmantelar la sociedad civil y estatizar la propiedad.

El desmontaje de asociaciones, instituciones y espacios cívicos en Cuba abarcó desde el reemplazo de la Constitución de 1940 por la Ley Fundamental del Estado Cubano3 hasta la llamada “Ofensiva Revolucionaria” de 1968 que liquidó los restos de propiedad privada sobrevivientes, pasando por la eliminación y/o sometimiento de las asociaciones existentes y estatizando los medios de producción y comunicación.

El modelo implantado, ajeno a la naturaleza humana, asumió un control absoluto de la sociedad y creó un sistema centralizado de distribución de bienes y servicios primarios -gratuitos o subvencionados- a cambio de las libertades y derechos.

La existencia y funcionamiento de tal modelo requiere de un aparato productivo eficiente, algo imposible en una sociedad sometida a una ideología y enajenada de la participación política y de la gestión económica, de ahí el gran fracaso.

Con el poder concentrado en el líder, la propiedad en el Estado y la institucionalidad desmontada, se generó una ineficiencia que permaneció solapada hasta la desaparición del padrino del modelo: la Unión Soviética. Después, con el Coronel Hugo Chávez apareció el padrino sustituto, pero la ineficiencia económica continuó su curso y se manifestó en la pérdida de relación entre salario y costo de la vida, el desinterés, el crecimiento de actividades al margen de la ley, la desesperanza y el éxodo masivo.

En ese punto crítico, el General Raúl Castro, al asumir la dirección del Estado inició un paquete de reformas, tardías y limitadas con el fin de lograr una agricultura fuerte y eficiente, sustituir importaciones, atraer inversiones extranjeras, detener las ilegalidades y desinflar las plantillas laborales mediante el trabajo por cuenta propia. Sin embargo, cuando una sociedad sufre daños en todos sus componentes, la sanación resulta imposible con cambios parciales.

Las reformas, convertidas en abril de 2011, en los Lineamientos de la Política Económica y Social, se limitaron a cambios en determinados aspectos de la economía, pero sin reconoce el derecho de los cubanos a ser empresarios en su propio país. Luego, como punto de remate, en la Primera Conferencia del Partido Comunista en enero de 2012, se revitalizó la política expuesta por Fidel Castro en 1961: Dentro de la Revolución: todo; contra la Revolución ningún derecho… Y esto no sería ninguna ley de excepción para los artistas y para los escritores. Este es un principio general para todos los ciudadanos.

El traslado de poder dentro de la misma fuerza que condujo al fracaso determinó el orden, la profundidad, la dirección y la velocidad de los cambios, lo que inutilizó el proyecto y en su lugar quedó demostrado que la eficacia para conservar el poder era intransferible al desarrollo social. Desde entonces el empeoramiento y la desesperanza marchan a un ritmo superior a los cambios.

Hoy el declive continúa: la producción agropecuaria es insuficiente; los planes de azúcar se incumplen; la disminución de importaciones siendo sigue siendo asignatura pendiente; las inversiones extranjeras no logran la magnitud requerida; la relación entre salario y costo de la vida empeora; la corrupción sigue su inexorable rumbo; las limitaciones impuestas al trabajo por cuenta propia y a las “cooperativas” creadas por el Estado han impedido su despegue y él éxodo resulta indetenible.

Cuba necesita de una reforma estructural, desde la economía hasta la espiritualidad. Pero en una sociedad huérfana de libertades, espacios y cultura de derechos, aunque el punto de partida sea la economía porque su solución es más sencilla, la visión de los cambios tiene incluir el restablecimiento de las libertades ciudadanas y la sustitución de la primacía otorgada a la ideología por la primacía del ser humano. Y como el modelo más eficaz es aquel que propicie un crecimiento sostenido y la elevación del nivel de vida de sus habitantes, se impone la institucionalización de las diversas formas de propiedad y la erradicación de las ataduras políticas e ideológicas que lo impiden.

Para ello, el principal obstáculo es que el sujeto de la reforma ha sido el mismo que implantó el modelo causante de la crisis y en la ausencia del ciudadano y de una sociedad civil autónoma. A las elevadas edades de los dirigentes se añaden los intereses contraídos en las casi seis décadas de poder ininterrumpido, lo que los ha conducido a una contradicción insoluble: la incompatibilidad de los cambios con la conservación del modelo, lo que explica la ausencia de voluntad política para sustituirlo.

Las reformas implementadas, para que sean irreversibles tienen que ser reformadas y de forma profunda. Para ello resulta ineludible la restitución de las libertades ciudadanas, la inserción definitiva de los derechos humanos y su incorporación cultural y ética como base de la participación. Para ello, las libertades de conciencia, información, expresión, reunión, asociación, sufragio y habeas corpus, conocidas como libertades fundamentales, constituyen la base de la comunicación, del intercambio de opiniones, de concertación de conductas y de toma de decisiones,

Si de la primera generación de derechos -los civiles y políticos- emerge la diversidad de asociaciones que conforman la sociedad civil; de la segunda generación -los económicos, sociales y culturales, donde se incluye el derecho a la propiedad- depende el funcionamiento, autonomía, vitalidad y desarrollo social; mientras de la -tercera generación -depende la sobrevivencia del planeta y de la especia humana. Las tres y las siguientes generaciones de derechos, conjuntamente, garantizan el valor de la persona y la dignidad humanas, sirven de contención al ejercicio del poder frente a los ciudadanos y fortalecen la participación ciudadana, incluyendo la política.

El rasgo más característico de la sociedad civil –asociaciones, espacios públicos, medios de comunicación y propiedades- es la independencia respecto al Estado- y tiene, entre sus funciones, participar en la política. Estado y Gobierno son pues, un aspecto de la política pero no el todo, pues esta esfera incluye a los ciudadanos, algo que desde antes de nuestra era, Aristóteles4 condensó en la frase: todos somos por naturaleza entes políticos.

Como la especificidad de la política es ser vehículo para transitar de lo deseado a lo posible y de lo posible a lo real, su función rebasa el ámbito del Estado para incluir a la sociedad civil. Ambos, sociedad civil y Estado son componentes del mismo cuerpo: de la sociedad. Por lo tanto su existencia no puede discutirse, lo discutible son las funciones que le corresponden a cada parte. Por esa razón los derechos humanos tienen que ser refrendados en las leyes, sin lo cual es imposible la participación ciudadana de forma efectiva, como Cuba lo ha demostrado.

Los derechos humanos constituye un valioso referente en la lucha de los pueblos y los individuos por su realización, cuyo valor está recogido en la Declaración adoptada en Viena, en junio de 1993, por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, que los califica como universales, indivisibles e interdependientes. De igual forma el ámbito de la política, entendida como relación entre personas o Estados para la colaboración y solución de problemas, no es coto privado de los políticos profesionales, es una actividad natural del ser humano. En ese sentido el Estado y los gobiernos son aspectos de la política, pero no el todo.

De la irrupción de los pueblos en la política emerge la política ciudadana; una forma diferente, pero legítima de participar en el destino de sus comunidades y/o naciones. Con ella la política se convierte en verdadera actividad pública de personas que deciden dejar de ser sólo electores para devenir ciudadanos. Cuando las personas asumen esa responsabilidad aumenta la sensación de que los cambios son posibles, de que nadie en su lugar va a mejorar las cosas, que ellas son parte del problema y de su solución.

El aferramiento a la estatización, la planificación centralizada y la ausencia de libertades constituyen el primer obstáculo para superar la crisis. Por eso la necesidad de reformas en cuba se puede lentificar, pero no detener, porque constituyen una necesidad estructural y vital del país.

Por todo ello, el Gobierno que asumirá la dirección en febrero de 2008, o el que le suceda, si no quiere seguir empujando a la sociedad cubana al abismo y cargar esa responsabilidad histórica, tendrá que ratificar los pactos internacionales de carácter vinculante, que se firmaron desde el año 2008, que están pendientes de ratificación y ajustar la legislación cubana a los mismos, para que de ahí germine la sociedad civil verdadera y el ciudadano, hoy ausentes en Cuba.

La Habana, 20 de diciembre de 2017
1 Schmitt, Carl y Hannah Arendt. Consenso y conflicto; la definición de lo político. Colombia, Editorial de la Universidad de Antioquia, 2002, p. 147
2 José Ortega y Gasset. La rebelión de las masas. El País. Clásicos del siglo XX. Madrid. 2002, p 166
3 Estatutos, sin consulta popular ,que rigieron desde febrero de 1959 hasta la promulgación de la Constitución de 1976.
4 Aristóteles (384-322 a.C.), filósofo destacado de la antigüedad griega que fue alumno de Platón.
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Tomado de: http://www.diariodecuba.com/cuba/1512117833_35652.html

Entre las características de las “elecciones”, celebradas en Cuba el pasado domingo 26 de noviembre para elegir los delegados a las asambleas municipales del poder popular, destacan tres:

La primera:

– El domingo 26 de noviembre, la presidenta de la Comisión Nacional Electoral, Alina Balseiro, informó a la prensa que a las cinco de la tarde, una hora antes del cierre de las urnas, 7 247 590 personas, que representan el 82,05% de los 8 855 213 electores registrados habían ejercido el derecho al voto y calificó a la jornada de éxito del pueblo, de conjunto con las autoridades electorales.”1

– El martes 28 de noviembre, el diario Granma informó que al cerrar los colegios electorales, la cifra de votantes alcanzó los 7 608 404, que representa el 85,94% de los electores empadronados2.

Si en las horas de la mañana acude el mayor flujo de votantes, llama la atención que en la última hora antes del cierre, y con algunos colegios que permanecieron abiertos hasta las siete de la noche, asistieran nada menos que 360 814 cubanos, lo que elevó el por ciento de 82,05 a 85,94.

La segunda:

La no correspondencia de las declaraciones de funcionarios gubernamentales acerca del éxito de los comicios y su calificación de superiores a las elecciones municipales precedentes.

Una ojeada a los datos confirma el carácter del declive sostenido del sistema electoral cubano, como puede verse en la tabla 1:

Año

Total de electores

No votaron

%

En blanco

%

Anula-

das

%

No votaron, en blanco y anuladas

%

21.04.153

8 403 836

850 314

10,12

343 430

4,54

372 351

4,92

1 566 095

18,64

17.11.174

8 855 213

1 246 809

14,06

313 466

4,12

309 662

4,07

1 869 937

21,12

En las elecciones municipales de abril de 2015 la suma de los que no asistieron, los que votaron en blanco y los que anularon las boletas -las tres formas tradicionales de manifestar el descontento en la elecciones cubanas- fue de 1 566 095 cubanos, lo que representa el 18,64 del padrón electoral. Mientras en las elecciones municipales de noviembre de 2017, la suma de esas tres categorías se elevó a 1 869 937 cubanos, para el 21, 2% del padrón electoral.

Si bien es cierto que entre 2015 y 2017 hubo una disminución de 29 964 boletas depositadas en blanco y que las anuladas descendieron en 62 689. La suma de ambas reducciones fue de 92 653 votantes. Sin embargo, los que decidieron no asistir a la cita pasaron de 850 314 en 2015 a 1 246 809 en 2017, una diferencia de 396 495 electores. Ese incremento significa que muchos de los que antes anulaban o depositaban en blanco han pasado a engrosar las filas de los que no asisten, que en las condiciones de Cuba constituye la forma más atrevida de manifestar el descontento.

Lo ocurrido no es nuevo: en las tres elecciones parlamentarias celebradas en los años 2003, 2008 y 2013 la suma de los que no asistieron entregaron en blanco o anularon sus boletas aumentó de 5098 872 (6,13%); a 656 219 (7,72%) y a 1 249 935(14, 42%) respectivamente. Como puede verse en la siguiente tabla, en los catorce años que van de 2003 a 2017 el por ciento se elevó de 6,13 a 21,2.

Año

Total de electores

Total de los que no votaron, en blanco y anuladas

%

20035

8.313.770

509872

6,13

20086

8.495.577

656 219

7,72

20137

8 668 457

1 249 935

14,42

2015

8 403 836

1 566 095

18,64

2017

8 855 213

1 869 937

21,12

El tercero:

Si tenemos en cuenta que las acciones emprendidas contra los opositores que intentaron nominarse como candidatos constituyó una flagrante violación, no sólo de los derechos humanos, sino de la Ley electoral y de la Constitución vigentes, el resultado de las presentes elecciones municipales demuestra fehacientemente que el sistema eleccionario cubano marcha inexorablemente hacia su extinción y que esa marcha no es coyuntural, sino sostenida, progresiva y estructural.

Si esta ha sido la más estrepitosa campaña electoral desarrollada por el gobierno; que toda la prensa radial, escrita y televisiva y los nuevos medios de comunicación dedicaron todos sus espacios a las elecciones, como puede verse en la primera página del diario Granma del viernes 24 de noviembre: Los Comités de Defensa de la revolución han trabajado en la convocatoria a participar en las votaciones; los cederistas han realizado barrio debates, acciones de higienización, engalanamiento y preparación de los colegios electorales: Las mujeres cubanas iremos a las urnas este domingo como respaldo a la continuidad de la Revolución, dijo la Secretaria General de la FMC; Más de 12 000 jóvenes de la federación de Estudiantes de la Enseñanza media y la FEU son colaboradores del proceso electoral; Este 24 de noviembre la juventud cubana convoca a un tuitazo desde las 10:00 a.m. a la 1:00 p.m. bajo las etiquetas #PorCuba y #Cuba en respaldo a las elecciones.

A pesar de que nunca antes se movilizaron todas las asociaciones e instituciones gubernamentales; que se usó hasta el cansancio la imagen de Fidel Castro en el primer aniversario de su muerte para apoyar las elecciones; y que prácticamente todos los dirigentes y funcionarios durante meses han estado llamando a lograr una participación sin precedentes en estas elecciones municipales, el resultado ha sido otro.

Los datos expuestos confirman una vez más lo planteado en Último episodio de este sistema electoral cubano8: estas elecciones, que culminarán el próximo mes de febrero con la elección del nuevo parlamento, serán las últimas con el actual sistema, que agotado, tendrá que dar paso a una nueva ley electoral.

1 Yudy Castro Morales, “Jornada electoral de éxito”. Diario Granma, lunes 27 de enero de 2017, p.4.

2 Yudy Castro Morales, “A segunda vuelta 1 100 circunscripciones” Diario Granma, martes 28 de enero de 2017, p.1.

3 https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_municipales_de_Cuba_de_2015

4 Calculado a partir de los pocos datos de Granma del 28 de noviembre

5 https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_parlamentarias_de_Cuba_de_2003

6 https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_parlamentarias_de_Cuba_de_2008

7 https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_parlamentarias_de_Cuba_de_2013

8 http://www.diariodecuba.com/cuba/1504784989_33794.html

 

Tomado de: http://www.diariodecuba.com/cuba/1510693092_35323.html

 

El pasado 1 de noviembre de 2017 Cuba presentó ante la Asamblea General de la ONU el proyecto titulado “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”.

En su intervención el canciller cubano criticó la política contenida en el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional sobre el fortalecimiento de la Política de Estados Unidos hacia Cuba, emitido el 16 de junio de 2017.

La prohibición de transacciones económicas, comerciales y financieras con empresas cubanas vinculadas con las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior; eliminación de los viajes individuales en la categoría de intercambios pueblo a pueblo; prohibición de viajar a Cuba fuera del marco de las 12 categorías autorizadas; oposición a las acciones que promueven el levantamiento del bloqueo; derogación de la Política de Normalización de las relaciones emitidas por el presidente Obama en octubre de 2016 y condicionamiento de suspensión del bloqueo a cambios dentro de Cuba. De igual forma criticó el traslado de la emisión de visas de La Habana para consulados estadounidenses en terceros países; la advertencia ciudadanos norteamericanos para que eviten visitar a Cuba; la expulsión del personal cubano del Consulado General en Washington y la reducción de su personal en su embajada en La Habana.

Finalmente aseguró que “El bloqueo constituye el mayor obstáculo para el desarrollo económico y social de Cuba”.

En 1992 sólo 59 países votaron a favor de la resolución cubana y en 2016 -con excepción de Estados Unidos e Israel que se abstuvieron- todos votaron a favor, sin que eso afectara en nada el embargo estadounidense, porque las resoluciones de ese órgano constituyen recomendaciones y por tanto no son de obligatorio cumplimiento. Por tanto, al obtenerse el resultado máximo posible en la ONU, ese foro quedó agotado. A partir de ese momento, el ambiente de distensión generado por el restablecimiento de las relaciones diplomáticas recomendaba encaminar la solución mediante las negociaciones bilaterales. Tres hechos a tener en cuenta lo aconsejaban y lo aconsejan:

Las causas internas

Como la reanudación de las relaciones diplomáticas no emergió de la victoria, sino del fracaso de ambos contendientes, cada parte quedaba en la obligación de cambiar para marchar hacia la normalización. Así lo había expresado el general Raúl Castro en conversación sostenida en 1977 con dos senadores norteamericanos: “Nuestras organizaciones son como un puente en tiempo de guerra. No es un puente que se puede construir fácilmente, ni tan rápidamente como fue destruido. Toma tiempo, y si ambos reconstruimos ambas partes del puente, cada cual su propia parte del puente, podremos, darnos la mano, sin ganadores ni perdedores. En esas palabras el mandatario cubano reconoce el carácter bilateral del conflicto y de su solución”1.

Para que esas palabras tomaran cuerpo, la normalización de las relaciones con Estados Unidos tenía y tendrá que acompañarse con el empoderamiento de los cubanos, con la restauración de los derechos y libertades para su participación efectiva en los problemas nacionales. Y esto no es para nada ceder la soberanía a una fuerza exterior, sino darle la participación que le corresponde al pueblo en dicha soberanía.

Se trata de desandar el camino transitado desde que la nacionalización de las propiedades norteamericanas en Cuba condujo a la ruptura de las relaciones diplomáticas y a la promulgación de la Ley del Embargo. En ese contexto confrontacional, el Gobierno cubano desmontó la institucionalidad existente, desarmó la sociedad civil, solapó la ineficiencia y eludió cualquier compromiso con los derechos humanos.

A partir del año 2008 el general Raúl Castro implementó un paquete de medidas cuyo principal resultado fue develar el agotamiento del modelo y la profundidad de la crisis. Por tanto se trata ahora de abandonar el aferramiento a la estatización, a la planificación centralizada y a la ausencia de libertades, que sin desconocer los efectos negativos del embargo, son las principales causas de la crisis en que Cuba se encuentra.

Las relaciones Cuba-Estados Unidos

La política de la administración de Obama brindó una oportunidad de cambio que fue desaprovechada por la parte cubana para remover los obstáculos al interior del país.

Esa política, al no exigir la democratización de Cuba como premisa para restablecer las relaciones, contenía un peligro para la conservación del poder: la contradicción externa se desplazaría gradualmente hacia las contradicciones internas, lo que explica la insoluble contradicción del gobierno cubano: cambiar y al mismo tiempo conservar el poder.

El presidente Barack Obama dictó seis paquetes de modificaciones: el primero amplió los permisos generales de viaje, ofreció facilidades comerciales a empresas privadas cubanas y a pequeños agricultores, acrecentó el monto de las remesas y donativos, expandió las exportaciones comerciales de bienes y servicios desde Estados Unidos, incrementó el acceso de Cuba a las comunicaciones y proporcionó telecomunicaciones comerciales y servicios de internet con precios más bajos.

Esos paquetes de medidas se reflejaron en el aumento de los viajes autorizados a Cuba, la llegada del primer buque de cruceros a puertos cubanos, el reinicio de los vuelos, el inicio de la transportación directa de correo entre los dos países; el establecimiento de acuerdos de varias empresas estadounidenses de telecomunicaciones, facilitó las negociaciones con otros países y reanimó las expectativas y esperanzas de cambio.

Si esas medidas -incluyendo la Directiva Presidencial de octubre de 2016 dirigida a tratar de hacer irreversible los avances logrados- no arrojaron un mayor resultado es porque faltaron las correspondientes medidas de la parte cubana, la cual se limitó a: permitir a los cubanos hospedarse en hoteles reservados para turistas; comprar computadoras, DVD y líneas de telefonía móvil; vender su casa o su auto; salir del país sin tener que pedir permiso al Estado y permanecer hasta 24 meses en el exterior; y estableció puntos públicos de acceso a wifi. Medidas, que más que avances denotan hasta el punto en que habían retrocedido los derechos en Cuba.

El ejemplo de Vietnam

Como la suspensión del embargo es prerrogativa del Congreso estadounidense y no de la ONU, lo práctico desde la votación en 2016 era introducir cambios internos al estilo de la nación vietnamita.

Sobre ese país Estados Unidos arrojó el triple de bombas que las empleadas durante la Segunda Guerra Mundial; el 15% de la población pereció o resultó herida; el 60% de las aldeas del Sur resultaron destruidas y después de culminar la guerra enfrentó un bloqueo económico y ataques fronterizos. A pesar de ello, después de la victoria la generalización del sistema de economía planificada sumió al país en el hambre y la superinflación hasta que en 1986 se emprendió la “Renovación Vietnamita” bajo el lema de “Reforma económica, estabilidad política”.

En vez de dedicar año tras año a presentar resoluciones en la ONU o a desarrollar campañas ideológicas contra el imperialismo emprendieron un programa sistemático de reformas, basado en la introducción de mecanismos de mercado, autonomía de los productores, derecho de los nacionales a ser empresarios y entrega de tierra a los campesinos que desarrolló la iniciativa, el interés y la responsabilidad de los vietnamitas.

Por sus resultados Estados Unidos suspendió un embargo, en 2008 dedicaron los esfuerzos a salir de la lista de países subdesarrollados, en 2010 se trazaron el objetivo de entrar en el grupo de países de ingreso medio, en 2014 se ubicaron como el 28 exportador más grande del mundo, y en 2016 aprobaron medidas destinadas a convertirse en una nación industrializada.

 

1 Citado por Juana Carrasco en Desbrozando la hiedra paso a paso, Juventud Rebelde, 18 de enero de 2015,

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Tomado de: http://www.diariodecuba.com/cuba/1509484104_35020.html

la Ley de Inversión Extranjera, aprobada en abril de 2014, no ha revelado todo el dinamismo que podía esperarse. En el presente año las firmas extranjeras habrán financiado en tal caso unos 510 millones de dólares. Dudas, temores al fantasma del mercado y sordas resistencias internas se adivinan en la dilatación de las negociaciones y en trabas a los empresarios extranjeros para contratar personal y servicios cubanos. Y termina diciendo que : Sin prosperidad, el socialismo será siempre una utopía.

Esa realidad, planteada por Ariel Terrero en el artículo Amenazas de lentitud, publicado en Granma el 27 de octubre de 2017, requiere la inclusión de otros factores no tratados por la prensa oficial.

Según las autoridades cubanas el país necesita de un crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto (PIB) entre el 5 y el 7% anual. Para lograrlo se requieren tasas de acumulación e inversión de no menos de un 25%, lo que exige de un flujo anual de inversión de entre 2000 y 2500 millones de dólares1. Sin embargo, las restricciones contenidas en el Decreto-Ley 50 de 1982, -en vigencia cuando los subsidios soviéticos permitían mantener una actitud hostil hacia los inversionistas de otras partes del mundo-, y en la Ley 77 de 1995 que conservó, entre otras, la ausencia de garantías y el mal trato a los inversionistas, provocando que de unas 400 empresas mixtas que llegaron a funcionar en el año 2002, la mitad abandonaron el país.

El efecto de la baja inversión foránea se intentó resolver con el Decreto Ley de septiembre de 2013, mediante el cual, soslayando la necesidad de cambios estructurales, se creó la Zona Especial de Desarrollo Mariel, cuya importancia consiste en que al ampliarse el Canal de Panamá que permite el paso de megabuques con capacidad aproximada de 13 mil 600 contenedores, creó la posibilidad de transformar algunos puertos del Caribe en megapuertos. Entre ellos el de Mariel, que al permitir la participación de Cuba en esa cadena de producción y transporte, se convierte en factor dinamizador de la economía y de atracción a la inversión extranjera.

Algo imposible sin la solución previa del diferendo con Estados Unidos.

Los magros resultados obtenidos se intentaron corregir con una nueva Ley de Inversiones Extranjeras, la Ley 118, cuyo nacimiento se manifestó a lo largo del año 2014:

-El 20 de febrero, en el discurso pronunciado en el XX Congreso de la CTC, Raúl Castro dijo: debemos tener en cuenta la imperiosa necesidad de fomentar y atraer la inversión extranjera en interés de dinamizar el desarrollo económico y social del país, propósito en el que avanzamos con la creación de la Zona Especial de Desarrollo de Mariel y en la elaboración de un proyecto de Ley sobre la Inversión Extranjera, que se someterá a la Asamblea Nacional en este mes de marzo.

– El 25 de ese mismo mes, Luis Ignacio Lula da Silva, acompañado del mandatario cubano, recorrió la Terminal de Contenedores de Mariel y al día siguiente impartió una conferencia en el Hotel Nacional, titulada: La experiencia brasilera en la atracción de inversiones, el Estado como inductor, asociado y facilitador a la que asistieron ministros y altos funcionarios cubanos.

El 1 de marzo, en una reunión del Consejo de Ministros, se enumeraron varias deficiencias del proceso inversionista: sobreestimación en la planificación anual, insuficiente control, deficiencias en la contratación, uso inadecuado del contrato como herramienta de trabajo, falta de exigencia ante obras mal ejecutadas, incorrecta gestión en las importaciones, indisciplinas tecnológicas, baja productividad y déficit de constructores.

Las deficiencias enumeradas tienen un factor común: la ausencia del interés de los cubanos. Tanto los fracasos ocurridos como los que están por ocurrir mientras no se proceda a una reforma profunda e integral, tienen y tendrán su causa fundamental en que la persona humana no constituye el objetivo fundamental de dichos proyectos, sino que están concebidos como medios para un fin político e ideológico predeterminado por el poder.

Con esos propósitos y antecedentes, ignorando al cubano como sujeto, se preparó la Ley de Inversiones Extranjeras 118, que a pesar de ser más flexible que las legislaciones precedentes conservó, entre otras las siguientes restricciones:

1- Negación del derecho de los cubanos a participar como inversionistas en su país. Se trata de una prohibición que atenta contra los cubanos que viven en la Isla o radican en el exterior; una decisión ideológica contraria a los derechos más elementales que anula el interés de los cubanos por los resultados de la economía y genera sospechas en los inversionistas. Lo peor es que Cuba es el único país de la región donde sus habitantes, a pesar de contar con sobradas iniciativas y formación profesional, carecen de un derecho tan elemental como participar en calidad de sujetos en las actividades económicas.

2- Prohibición a los cubanos de contratarse libremente como fuerza de trabajo. Una negación de la historia laboral cubana; prueba inequívoca de que los trabajadores cubanos son concebidos como un medio y no como un fin en sí mismo, y que los mismos son alquilados por el Estado en condiciones totalmente desventajosas.

3- Ausencia del principio de libertad sindical. Un principio regulado en el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, del cual Cuba es signataria; contenido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual Cuba fue una de sus promotoras en 1948; además contenida en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (firmados por Cuba pero no ratificados) y refrendado en la Constitución cubana de 1940 y por tanto, ajeno a la historia de lucha del movimiento obrero cubano.

En la presentación del Proyecto de Ley, el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz, dijo que la misma: tiene fuertes implicaciones políticas ya que constituye una actualización profunda del proceso de transformaciones que se desarrolló al inicio de la Revolución para poner los principales medios de producción en manos del Estado Revolucionario. Es decir, según las palabras del ministro, la intención declarada de la Ley es conservar la estatización, una de las causante de la ineficiencia económica.

Detrás de los resultados negativos está la ausencia de las libertades ciudadanas -un factor soslayado por el Gobierno e ignorado por la prensa oficial- sin las cuales será imposible destrabar las fuerzas productivas.

El Ministro de Economía y Planificación Ricardo Cabrisas, en la reunión del parlamento cubano el 27 de diciembre de 2016, planteó que: La inversión extranjera continúa siendo muy baja. Por tanto, para que la inversión extranjera surta el efecto que Cuba necesita hay que ponerla no sólo en correspondencia con las reglas de la economía de mercado, sino en primer lugar, con las libertades y los derechos humanos fundamentales.

Se impone pues, promulgar una nueva Ley o someter la actual a una profunda modificación, en la cual el apellido de “Extranjera” debe desaparecer y convertirse simplemente en Ley de Inversiones. Así, aumentaría el monto de las inversiones, foráneas y nacionales, y las dudas, temores al fantasma del mercado y las sordas resistencias internas que plantea Ariel Terrero en Amenazas de lentitud desaparecerían.

1 Entrevista realizada a Ivonne Vertiz Rolo. Subdirectora general de Inversión Extranjera del MINCEX. Granma, 12 de diciembre de 2014.

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Tomado de: http://www.diariodecuba.com/cuba/1507291725_34447.html

 

Ciclones

Los ciclones se clasifican, de acuerdo a la intensidad de los vientos, en depresión tropical, tormenta tropical y huracanes. Los primeros alcanzan hasta 62 Km/h; la tormenta tropical hasta 117 y los huracanes por encima de los 118 Km/h. A estos últimos la escala Saffir-Simpson los clasifica en cinco categorías: Uno, de 119 a 153 Km/h; Dos, de 154 a 177; Tres, de 178 a 208; Cuatro, de 209 a 251; y Cinco, de 252 Km/h en adelante; pero todas, de la uno a la cinco, cuentan con la suficiente potencialidad destructiva para ocasionar cortes de electricidad, daños a las viviendas, incluso a las bien construidas; derribar grandes árboles y destruir industrias y vías de comunicaciones.

El Huracán Irma de categoría cinco, que azotó a Cuba entre el 7 y el 9 de septiembre pasados, provocó 14 657 derrumbes totales y 16 646 parciales, es decir 31 303 viviendas1, sin contar las decenas y decenas de miles que sufrieron otros daños.

Entre los años 2002 y 2004, solamente en la provincia Pinar del Río, los huracanes Isidore, Lili, Charley e Iván, de categorías uno, dos tres y cinco respectivamente, dañaron más de 98 000 inmuebles; en el año 2008 los fenómenos atmosféricos tropicales Fay, Hanna, Gustav e Ike dañaron y derribaron totalmente alrededor de medio millón de viviendas; y en el año 2005, el huracán Dennis, categoría tres, dañó más de 8 000 viviendas en Pilón, Granma; más del 70 por ciento de las viviendas en Casilda, Trinidad; 5 241 viviendas en Santiago de Cuba; más de 25 000 en Granma; unas 400 en Jaruco, Mayabeque; más de 3 200 en Matanzas; 8 200 en Sancti Spiritus y 1 828 viviendas en la capital2.

La magnitud de esos perjuicios es tal, que la suma de las viviendas dañadas sólo por los ciclones mencionados es similar a la cifra del déficit habitacional que la revolución heredó, pues según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el déficit habitacional hasta 1959 era de unas 700 mil viviendas; mientras el ritmo de construcción entre 1946 y 1953, según la tesis de Erich Trefftz3, era de 26 827 como promedio anual, cifra que aumentó entre 1953 y 1958.

En el 1953, el Dr. Fidel Castro planteó que: “Un gobierno revolucionario resolvería el problema de la vivienda rebajando resueltamente el cincuenta por ciento de los alquileres, eximiendo de toda contribución a las casas habitadas por sus propios dueños, triplicando los impuestos sobre las casas alquiladas, demoliendo las infernales cuarterías para levantar en su lugar edificios modernos de muchas plantas y financiando la construcción de viviendas en toda la isla en escala nunca vista bajo el criterio de que si lo ideal en el campo es que cada familia posea su propia parcela, lo ideal en la ciudad es que cada familia viva en su propia casa o apartamento.”4

El 14 de octubre de 1960 mediante la Ley de Reforma Urbana el gobierno revolucionario estableció que: Toda familia tiene derecho a una vivienda decorosa; que El Estado haría efectivo ese derecho en tres etapas, y que en la futura mediata, El Estado con sus propios recursos construirá las viviendas que cederá en usufructo permanente y gratuito a cada familia. En la disposición final de dicha Ley declaró que: En uso del Poder Constituyente que compete al Consejo de Ministros, se declara la presente Ley parte integrante de la Ley fundamental de la República. En consecuencia se otorga a dicha Ley fuerza y jerarquía constitucionales5.

Sin embargo, como promedio anual el primer plan de 1960 a 1970 no pudo rebasar 11 000 viviendas y el segundo plan de 1971 a 1980 a duras penas alcanzó 17 000. De tal forma en los primeros 20 años el ritmo de construcción anual resultó inferior al período 1946-1953, lo que en lugar de aliviar agudizó el déficit habitacional.

Para recuperar el atraso se planteó edificar 100 000 anuales a partir de 1981, pero en la primera década no se pudo superar las 40 000 anuales. Este plan se interrumpió en 1995 con la crisis conocida como “Período Especial”. Entonces, Carlos Lage Dávila, Secretario del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, presentó un informe a la Asamblea Nacional de Poder Popular en el año 2005, en el que aseguró que debido al “mejoramiento de las posibilidades financieras del país” se iban a “construir y terminar no menos de 100 mil viviendas nuevas por año a partir del 2006”, es decir, se iniciaría un segundo plan de cien mil viviendas.

Según la Oficina Nacional de Estadísticas en 2008 se construyeron cerca de 45 000, pero en el año 2013 no se llegó a las 26 000 (cifra inferior al promedio del período 1946-1953, cuando los habitantes de Cuba eran la mitad de los actuales).Es decir, en cinco años la construcción descendió en unas 19 000 viviendas.

Un cálculo conservador de los incumplimientos de los planes y de las viviendas destruidas por los fenómenos atmosféricos arroja un déficit superior a las 700 mil que se calculaban antes de 1959. Cifra que no es mayor gracias a los más de dos millones de cubanos que han abandonado el país desde 1959.

Aceptando que la cifra siga siendo de 700 mil, al ritmo de unas 25 000 anuales se necesitarían 28 años sólo para resolver el déficit. Si a ello se añaden las nuevas necesidades debido al crecimiento demográfico, el envejecimiento del fondo habitacional, la falta de mantenimiento, los crecientes derrumbes, la carestía de los materiales de construcción y el efecto de los fenómenos naturales, entonces se requeriría aproximadamente medio siglo. Estamos pues, ante una tragedia habitacional con sus implicaciones.

La revolución

La Ley de Reforma Urbana de 1960 rezaba que El Estado con sus propios recursos construirá las viviendas que cederá en usufructo permanente y gratuito a cada familia. Luego, la Ley General de la Vivienda de 1984 definió a la Microbrigada como la vía principal para su construcción. Mientras el incumplido plan de Cien Mil descargó la responsabilidad en la familia. Un giro demostrativo de la incapacidad del Estado para afrontar por sí sólo el tema de la vivienda

Un recuento abreviado de los 50 años que nos separan de la Ley de Reforma Urbana de 1960 revela un giro que va de la promesa del Estado de construir y ceder en usufructo permanente y gratuito viviendas decorosas a la construcción de viviendas con tablas de palmas derribadas por los huracanes con techo de tejas de cinc o asbesto cemento, que son candidatas a ser derribadas por los próximos huracanes. Pero revela también la imposibilidad e incapacidad del Estado totalitario para resolver la tragedia habitacional, pues su solución requiere de la acción conjunta de los cubanos dotados de instrumentos básicos como los derechos y las libertades ciudadanas para participar en calidad de sujetos en la solución de un problema tan primario como la vivienda, que es uno de los componentes del desarrollo humano integral.

La Habana, 4 de octubre de 2017.
1 Información del Consejo de Defensa nacional, Granma, viernes 29 de 2017.
2 Semanario Trabajadores, lunes 11 de julio de 2005
3 Erich Trefftz. “Política y propiedad de la vivienda en Cuba, un análisis histórico y comparativo. http://revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI/article/view/558/670.
4 Fidel Castro. La historia me absolverá. Edición anotada. Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana, 2008.
5 José Bell, Delia Luisa López y Tania Caram. Documentos de la revolución Cubana 1960. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2007
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Tomado de: http://www.diariodecuba.com/cuba/1504784989_33794.html

El sistema electoral cubano comprende elecciones generales cada cinco años para diputados a la ANPP y delegados a las provinciales, así como elecciones parciales cada dos años y medio para delegados de circunscripción y de las asambleas municipales.

A lo largo de este mes tendrá lugar la nominación de candidatos correspondientes a un nuevo período electoral y el domingo 22 de octubre se realizarán las elecciones municipales; proceso que culminará en febrero de 2018 con la designación de la nueva Asamblea Nacional y la elección del próximo Gobierno revolucionario.

El artículo cinco de la Constitución define al Partido Comunista como “la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado”, por lo tanto, el sistema electoral está diseñado para garantizar la continuidad del Partido Comunista en el poder. Eso explica, que si bien en las circunscripciones el pueblo nomina y elige directamente, al conformar las asambleas municipales, provinciales y la nacional, que es donde se concentra el verdadero poder, las Comisiones de Candidaturas, conformadas por los dirigentes de las organizaciones de masas -subordinadas constitucionalmente al Partido Comunista- tienen la potestad para incluir en dichas candidaturas al 50% de los candidatos, aunque no hayan sido electos por el pueblo.

En un contexto caracterizado por el retroceso económico, el latente peligro de extinción de los subsidios de Venezuela, el desinterés generalizado, la corrupción devenida moral de supervivencia y una creciente desesperanza, los “comicios” anunciados serán, además de los más difíciles, los últimos con el sistema electoral vigente, que agotado, tendrá que dar paso a una nueva ley electoral. Las razones en las que fundamento esta tesis son las siguientes:

En 1959: 1- Los revolucionarios que arribaron al poder en 1959 se legitimaron por las armas; 2- La economía que encontraron les permitió rebajar precios y redistribuir, lo que le permitió y granjearse el apoyo popular; y 3- Sin resultados económicos, en medio de la Guerra Fría, se han sostenido con los subsidios soviético-venezolanos.

La crisis actual del sistema electoral -reflejo de la crisis del modelo- no es ignorada por el Gobierno. El 23 de febrero de 2015, en el X Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, se anunció que se adoptaría una nueva Ley para las elecciones generales de 2018.Sin embargo, los reveses sufridos por la izquierda “bolivariana” en la región, especialmente la pérdida del parlamento por el chavismo en Venezuela y la apretada victoria en segunda vuelta en Ecuador, parecen haber determinado su postergación. A ello se une que, en las elecciones municipales de abril de 2015 la suma de los cubanos que no asistieron a las urnas y que anularon las boletas alcanzó la suma de 1 700 000 cubanos, es decir, el 20% del electorado.

A esa complejidad se añaden: 1- La presentación de decenas candidatos independientes, que a pesar de no representar un peligro inmediato para la conservación del poder, constituye una señal de la necesidad de cambios y 2- La últimas medidas restrictivas contra el trabajo privado. La reciente Resolución No. 22/2017 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social prohíbe el otorgamiento de nuevas licencias para decenas de actividades que van desde el arrendamiento de viviendas hasta los carretilleros vendedores de productos agrícolas; actividades que el Estado ha sido y es incapaz de realizar. Se trata pues, de un retroceso dirigido a impedir el desarrollo de una clase media nacional independiente que tanto Cuba necesita a fin de conservar el poder.

Lo anterior ha generado una gran preocupación en las autoridades cubanas como lo demuestran los tres hechos siguientes:

– El diario Granma del jueves 13 de julio de 2017 reprodujo las siguientes palabras de Carlos Rafael Miranda Martínez, Coordinador Nacional de los CDR, llamando a una gran batalla. Dijo: “En esta ocasión deben estar en la primera línea de combate para asegurar el éxito del proceso electoral cubano; la gran batalla es lograr que se nominen compañeras y compañeros con un prestigio revolucionario probado, con una trayectoria a favor del barrio y de la comunidad”.

– El presidente cubano, en la clausura de la ANPP, el 14 de julio de 2017, expresó: “No es ocioso destacar la trascendente importancia política que reviste este proceso electoral, que debe constituir un acto de reafirmación revolucionaria por parte de nuestro pueblo, lo que exige una ardua labor de todas las organizaciones e instituciones”.

– Los Comités de Defensa de la Revolución iniciaron los “Barrios debates por el deber Patrio y Antimperialista”, en los que se analiza un boletín de esa asociación con las orientaciones para que sus miembros lleguen listos a las asambleas de nominación.

Por los argumentos enumerados la nueva generación de revolucionarios que asumirá la dirección del gobierno en febrero de 2018 no se ha legitimado por las armas ni por las urnas; 2- Encuentran una economía estancada, en franco retroceso, que les impide repartir; 3- En un contexto internacional sin potencia extranjera dispuesta a subsidiarlos por razones ideológicas; y 4- En medio de un desgaste y un descontento generalizado que conducirá inexorablemente, a una nueva ley electoral.