Tomado de: http://www.diariodecuba.com/cuba/1435098292_15315.html

Los antecedentes

Los revolucionarios que tomaron el poder en 1959 sustituyeron la Constitución de 1940 por la Ley Fundamental del Estado Cubano, el Primer Ministro asumió las facultades del Jefe de Gobierno y el Consejo de Ministros suplantó al Congreso. Se dictaron medidas de beneficio popular que legitimaron el poder adquirido mediante las armas. De forma simultánea se desmontó la sociedad civil y se castraron las libertades cívicas y políticas. El poder se concentró en el líder, la propiedad pasó a manos del Estado, la institucionalidad fue desmontada y desapareció la condición de ciudadano.

La ineficiencia económica fue solapada por las subvenciones soviéticas hasta que el desplome del campo socialista sumergió al país en una profunda crisis. En respuesta el gobierno introdujo algunas reformas coyunturales subordinadas al poder político. Con el triunfo de Hugo Chávez en Venezuela apareció un nuevo padrino y el gobierno cubano, liberado de la presión de la crisis, puso freno a las reformas. Desde ese momento hasta la sustitución del Jefe de la Revolución entre julio de 2006  y febrero de 2008 el deterioro económico determinó el inicio de nuevos cambios bajo la rótula de actualización del modelo.

El fracaso

El traslado de poder entre las mismas fuerzas que lo detentaban desde 1959 determinó que el orden, la profundidad y la velocidad de los cambios quedaran subordinados nuevamente a los intereses políticos. Esa condición inutilizó el Plan Mínimo de Reformas expuesto por el general Raúl Castro dirigido a lograr una agricultura fuerte y eficiente, sustituir importaciones, aumentar las exportaciones, atraer inversiones, detener las ilegalidades, frenar la corrupción, desinflar las plantillas laborales e impulsar el trabajo por cuenta propia.

La subordinación se institucionalizó en la Primera Conferencia del Partido Comunista de Cuba efectuada en el año 2012. En ella se revitalizó la línea planteada por Fidel Castro, cuando en el Congreso de Cultura en 1961 preguntó: ¿Cuáles son los derechos de los escritores y de los artistas revolucionarios o no revolucionarios? Y se respondió así mismo: Dentro de la Revolución: todo; contra la Revolución ningún derecho… Y esto no sería ninguna ley de excepción para los artistas y para los escritores. Este es un principio general para todos los ciudadanos. Como no era difícil predecir, en ausencia de democracia, el cambio de forma para conservar el contenido no dio el resultado esperado: la eficiencia para conservar el poder no pudo transferirse a la economía.

Tres años después de comenzar la actualización del modelo el declive ha continuado: la producción agropecuaria es deficiente; los planes de azúcar se incumplen; la disminución de importaciones y el incremento de las exportaciones son asignaturas pendientes; las inversiones extranjeras no logran la magnitud esperada; la relación entre salario y costo de la vida empeora; las ilegalidades continúan su inexorable rumbo y las limitaciones impuestas al  trabajo por cuenta propia y a las “cooperativas”  han impedido el despegue de esos sectores.

El traslado del poder

Por razones biológicas, la generación que tomó el poder en 1959 abandonará la escena política en los próximos tres años. La misma se enfrenta a la necesidad de legitimar a sus sustitutos por vías diferentes a las que ellos se legitimaron. Para ello tiene que reformar el Estado, incluyendo la Constitución y la Ley electoral, ante lo cual se alzan dos grandes obstáculos simultáneos: el fracaso en la actualización del modelo y el restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos.

El primer obstáculo es el estancamiento económico. Una situación muy diferente al momento en que asumieron el poder en 1959, cuando los almacenes confiscados permitieron legitimar el poder adquirido por las armas repartiendo lo antes producido. A ello se une el éxodo creciente, la corrupción incontrolada y el aumento del descontento ciudadano, todo lo cual impide que el traspaso de poder se realice en condiciones de prosperidad.

En segundo obstáculo está en la nueva política de la Casa Blanca hacia Cuba. El paquete de medidas  anunciado el 17 de diciembre de 2014 tendrá un impacto en el empoderamiento de los cubanos, que es el factor más débil para los cambios en la Cuba de hoy. En la marcha de ese proceso el concepto del “enemigo externo” se irá eclipsando, por lo que  la contradicción externa, que desempeñó un papel tan útil para conservar el poder, será ocupado gradualmente por la contradicción entre pueblo y gobierno cubanos, lo que complica el traspaso de poder.

Si a esos dos grandes se añade que el gobierno es responsable de todo lo ocurrido –bueno o malo– en más de medio siglo, que en ese tiempo la nomenclatura ha contraído intereses, que entre ella existen divergencias en cuanto al alcance de las reformas,  que su edad promedio conspira con la vitalidad necesaria para emprender cambios profundos, y que durante décadas pudieron gobernar sin oposición; la conclusión es que el gobierno no está preparado para el contradictorio propósito de hacer las reformas que el país requiere, restablecer las relaciones con Estados Unidos y conservar el poder. En esa contradicción, que seguirá marcando el ritmo del proceso en el corto plazo está, desde mi punto de vista, la explicación del zigzagueo:

El 17 de diciembre de 2014 el presidente cubano planteó al gobierno estadounidense adoptar medidas mutuas para mejorar el clima bilateral y avanzar hacia la normalización de los vínculos entre los dos  países. (Un paso adelante). El 28 de enero de 2015, en la III Cumbre de la CELAC, planteó cuatro exigencias y dijo: Si estos problemas no se resuelven, este acercamiento diplomático entre Cuba y Estados Unidos no tendría sentido. (Un paso atrás). El 11 de abril, en la VII Cumbre de las Américas, rebajó las exigencias y dijo que los obstáculos principales para abrir las embajadas eran la retirada de Cuba de la lista de los países patrocinadores del terrorismo y el otorgamiento de facilidades bancarias para las gestiones de la sección de intereses en Washington. (Un paso adelante). Aunque el 12 de mayo, al despedir al presidente francés François Hollande, declaró que una vez que Cuba salga definitivamente de la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, podremos nombrar embajadores, los días 20 y 21 de mayo, en la tercera ronda de conversaciones, la delegación cubana se atrincheró en la interpretación de la Convención de Viena sobre los límites, la forma y la conducta que deben tener los diplomáticos norteamericanos. (Un paso atrás).

La posición norteamericana no podía ser sorpresa. Antes de partir hacia la Cumbre de Panamá, Barack Obama dijo: Nuestra nueva política hacia Cuba también facilitará un enlace más grande con el pueblo cubano incluido un aumento del flujo de recursos e información al pueblo cubano – y esto ya está mostrando resultados. Hemos visto un aumento en el contacto entre el pueblo de Cuba y Estados Unidos y el entusiasmo del pueblo cubano hacia estos cambios demuestra que vamos por el camino correcto. En la Cumbre expresó: La sociedad civil es la consciencia de nuestros países. Es el catalizador del cambio. Es la razón por la que las naciones fuertes no les temen a los ciudadanos activos. Las naciones fuertes aceptan, apoyan y empoderan a los ciudadanos activos… Y cuando nos asociamos con una sociedad civil, es porque creemos que nuestra relación debe ser con gobiernos y con las personas a las que representan. De igual forma se manifestó en la reunión que sostuvo con representantes de la sociedad civil de América Latina y en el encuentro personal con Raúl Castro.

Por su parte la jefa de la delegación estadounidense, Roberta Jacobson, antes de  la tercera ronda de negociaciones, dijo en la audiencia ante el Comité de Relaciones del Senado que, la relación que la Sección de Intereses estadounidense en La Habana mantiene “con la más amplia gama” de cubanos “aumentará una vez que se establezcan relaciones diplomáticas con Cuba”.

Es decir, si a pesar de esas declaraciones se avanzó hasta la retirada de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo y las facilidades otorgadas para las actividades bancarias en Washington, carece de sentido prorrogar la apertura de las embajadas por cualquier “interpretación” de la Convención de Viena.

Al término de la tercera ronda de conversaciones se puso de manifiesto la diferencia entre las dos delegaciones. En la conferencia de prensa a la pregunta acerca de una cuarta ronda de negociaciones, Josefina Vidal respondió que se ha avanzado pero que quedaban temas pendientes por discutir próximamente. Mientras Roberta Jacobson dijo más o menos, que para ese tema no era necesaria otra reunión. Su posición fue que los diplomáticos se comportarían como lo hacen en regímenes similares al cubano donde sus diplomáticos tienen permisos de viaje que oscilan “entre las 24 horas y los 10 días”.

Los peligros del zigzagueo

El gobierno de Cuba, por las razones expuestas, decidió introducir cambios demasiado tarde. Por esa causa la interrelación entre estancamiento económico, insuficiencia salarial, corrupción generalizada, descontento y éxodo creciente resultan incompatibles con la lentitud de  los cambios.

Si esa marcha lenta se aprecia por el poder como una garantía de su estabilidad, para la sociedad cubana no lo es. La insistencia en conservar el poder y la demora para iniciar las transformaciones han conducido a una situación extremadamente compleja, en condiciones internas y externas que se necesita de voluntad política para actuar en correspondencia con la gravedad del caso.

De no actuar en consecuencia con ese escenario, el resultado podría ser fatal porque una salida abrupta, por cualquier causa que se pudiera producir, conduciría a una situación en la que no habrá traspaso tranquilo y en la que todos, sin excepción, resultarían perdedores. De ocurrir, la responsabilidad recaerá en los que aún detentan el poder.

Las relaciones con Estados Unidos -el hecho político más significativo para Cuba desde la revolución de 1959- ha generado una oportunidad que no se debe desaprovechar. Es  útil al gobierno cubano, ya que le proporciona una salida “decorosa”; es útil a los intereses estadounidenses, por sus propios intereses; pero sobre todo es a los cubanos, porque es un contexto favorable para el empoderamiento y su reconversión en ciudadanos.

Tomado de: http://www.diariodecuba.com/cuba/1434096222_15108.html

La construcción de cooperativas no agropecuarias marcha mal. Así se reconoció en la última reunión del Consejo de Ministros de Cuba el pasado 29 de mayo.

El proceso constructivo siguió más o menos el siguiente curso. En abril de 2011 los Lineamientos de la Política Económica y Social, aprobados por el VI Congreso del Partido Comunista, definieron todo lo relativo a la construcción de las cooperativas. En diciembre de 2012 entró en vigor el Decreto-Ley 305, para regular la constitución, funcionamiento y extinción de esas asociaciones. Y en junio de 2014 se decidió que los establecimientos estatales de servicios gastronómicos, personales y técnicos pasaran a formas de gestión privada.

El 29 de mayo de 2015, en la citada reunión del Consejo de Ministros, se informó que “el procedimiento para construir las cooperativas ha incorporado una carga burocrática que genera dispersión y demoras, que han surgido dificultades en el acceso a los suministros, que ha existido una tendencia al incremento de los precios de los productos y servicios que ofertan las cooperativas”. Por lo cual se arribó a la conclusión de lentificar el proceso para “rectificar errores antes de generalizar los experimentos”.

Mientras se insista en soslayar las verdaderas causas del por qué marcha mal el proceso, las medidas resultantes no tendrán efecto sobre los males.

Las cooperativas son una manifestación del carácter social del hombre y por tanto antiquísimas, pero su experiencia moderna data de mediados del siglo XIX. En 1895, cuando esa forma de asociación se extendió por el mundo, en Londres se creó la Alianza Cooperativa Internacional (ACI). Un siglo después, con las experiencias acumuladas, la ACI definió un conjunto de valores que constituyen los principios del cooperativismo actual, entre los cuales sobresalen: el carácter voluntario de la adhesión; la participación económica y la gestión democrática por parte de los asociados; y la autonomía e independencia.

Como esos fueron básicamente los principios que establecieron los tejedores del pueblo de Rochdale, en Inglaterra, quienes en 1844 se asociaron para el suministro de artículos de primera necesidad, a los mismos de les conoce como principios de Rochdale.

Una cooperativa, por tanto, es una asociación voluntaria y autónoma de personas que se unen para realizar una aspiración común mediante una empresa, donde cada socio es un dueño y tiene un voto, cuenta con una estructura democrática para tomar las decisiones y realizan un reparto equitativo y proporcional de las utilidades. La comparación de esos principios —suficientes para calificar a cualquier asociación como cooperativa—  con la construcción de cooperativas en Cuba arroja lo siguiente:

1)  Las cooperativas cubanas se crean a partir de un Decreto-Ley emitido por el Consejo de Estado, con el fin declarado de, en primer lugar, contribuir al desarrollo económico y social sostenible de la nación.  Es decir, se crean por voluntad del Estado, no de los “asociados”.

2) El Decreto-Ley establece que el órgano, organismo y entidad nacional que autorice la constitución de las cooperativas es responsable directo del control y evaluación de su funcionamiento. Es decir, a la ausencia de la asociación voluntaria se une la subordinación a las instituciones estatales, que son sus verdaderos autores. Por tanto los “asociados” carecen de autonomía e independencia para fusionarse, extinguirse, dividirse o modificarse sin previa aprobación de los autores.

3) El Decreto-Ley establece el período de tiempo en que los “asociados” pueden contratar trabajadores asalariados, define las actividades y tareas que no puedan asumir los “socios” en determinado período de tiempo; mientras el reglamento que rige las cooperativas es emitido por el Consejo de Ministros.

4)  Las cooperativas se crean en los lugares que el Estado decide, como lo expresó el jefe de la Comisión Permanente para la Implementación de los Lineamientos: las  mismas “se ocupan de los segmentos del mercado que no resultan competitivos para la empresa estatal”.

5)  El Estado conserva la propiedad sobre los medios fundamentales de producción, por lo que los “asociados” son arrendatarios, no dueños.

Si las cooperativas no surgen de la unión voluntaria de los socios; si se crean dónde y cuándo decide el Estado; si carecen de autonomía; si los asociados no son dueños; y si su reglamento lo emite el Consejo de Ministros, tales asociaciones no califican como cooperativas, más bien son asociaciones de usufructuarios dependientes de las necesidades e intereses del Estado.

Del breve análisis precedente brotan al menos tres conclusiones:

1)    La principal causa de los resultados negativos radica en la ausencia de las libertades para que los cubanos decidan  para qué, cuándo y cómo asociarse.

2)    Las cooperativas no se construyen, sino que surgen de las necesidades, intereses y voluntad de los propietarios.

3)    Se conforman de acuerdo a los principios establecidos por la ACI, allí y cuando los asociados lo decidan.

Lo ocurrido con las cooperativas no agropecuarias es una copia de que hace décadas viene ocurriendo con las cooperativas agropecuarias, surgidas también de esa vocación constructora del Estado cubano. Las Cooperativas de Créditos y Servicios sin personalidad jurídica en 1960; las Cooperativas Cañeras, creadas en ese mismo año por decisión del Gobierno y luego convertidas en propiedad del Estado; según palabras del propio líder de la revolución, porque “aquellas cooperativas no tenían realmente una base histórica, puesto que las cooperativas se forman realmente con los campesinos propietarios de tierra”. Las Cooperativas de Producción Agropecuaria en 1976. Y las Unidades Básicas de Producción Cooperativas en 1993. Todas con los magros resultados harto conocidos.

Una prueba contundente de ese falso cooperativismo agropecuario fue el reporte publicado en el diario Granma del viernes 25 de enero de 2013, acerca de la decisión de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños  (ANAP)de sustituir o liberar de sus funciones a 632 presidentes de cooperativas agrícolas.

Si realmente el objetivo de las cooperativas, como reza el Decreto-Ley 305, consiste en contribuir al desarrollo económico y social sostenible de la nación, entonces la salida está, de un lado, en no continuar intentado utilizar esas asociaciones para ocultar la incapacidad del Estado, mantener la propiedad sobre los medios de producción y conservar un enorme aparato burocrático para su control; y de otro lado, renunciar a la construcción de las cooperativas y en su lugar aceptar los principios de la ACI y entregar (vender) los medios de producción a los asociados, para que Cuba pueda contar con un verdadero cooperativismo.

Tomado de: http://www.diariodecuba.com/cuba/1432467135_14758.html

La meta era alcanzar los resultados obtenidos en 1912. El incumplimiento no es noticia, tampoco las causas.

En la clausura del XI Congreso de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), el 17 de mayo, el segundo secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC), al referirse al plan de azúcar, dijo: “Vamos a hacer casi 300.000 toneladas más que el año pasado, pero no cumplimos”.

El incumplimiento no es noticia. Ha ocurrido año tras año después del impacto negativo que tuvo el voluntarismo y la estatización en la economía del país. En el caso del azúcar la producción disminuyó de 8,2 millones de toneladas en 1989 hasta 1,1 millón de toneladas en la zafra 2009-2010, una cantidad que se producía en 1904.

Las medidas implementadas para detener el declive, a la vez que atacaron la improductividad y la desorganización, soslayaron las causas fundamentales. En 2001, año en que se produjo menos azúcar que en 1919, se designó a un General al frente del Ministerio del Azúcar y se implementaron medidas dirigidas a lograr 54 toneladas de caña por cada hectárea, extraer 11 toneladas de azúcar por cada 100 de caña y cerrar las fábricas “ineficientes”. Sin embargo, el tozudo declive  continuó su marcha. Entonces, se sustituyó al General, se creó el Grupo Empresarial de la Agroindustria Azucarera (AZCUBA) y se proyectó un  crecimiento productivo anual del 15% hasta 2016; pero de nuevo se ignoraron las causas esenciales.

Ante el incumplimiento de las zafras de 2011, 2012 y 2013, AZCUBA, después de tomar las medidas correspondientes, anunció que la siguiente, la  de 2013-2014, sería la mejor zafra de la última década. Se planificaron 1,8 millones de toneladas,  200.000 por encima de la zafra anterior, que había sido de 1,6 millones. Con ese propósito Machado Ventura, segundo secretario del PCC, recorrió una buena parte de los centrales azucareros apelando a la conciencia para sembrar más y mejor, pues según sus palabras “la principal limitación estaba en la caña insuficiente y en los bajos rendimientos agrícolas”. A pesar de todo, “lamejor zafra de la última década” penosamente sobrepasó la precedente, a pesar de que los centrales se mantuvieron activos hasta el mes de junio, cuando el rendimiento de azúcar en la caña merma considerablemente y las lluvias paralizan la cosecha.

Una vez más, sin introducir a fondo lo que la industria azucarera demanda o implementando medidas limitadas por la concepción totalitaria, se lanzó la nueva meta para la zafra 2014-2015. Se llegará a los 2 millones de toneladas, 400.000 por encima de la zafra precedente; cifra producida en Cuba en 1912.

A juzgar por la prensa oficial, las reparaciones comenzaron en julio y a fines de noviembre el 80% de los centrales habían concluido esa labor; los recursos llegaron al país a tiempo; se incorporaron otros dos centrales azucareros; se indujo mayor acumulación de sacarosa en la caña con el madurador sintético Fitomas-M en más de 100.000 hectáreas; se diseñó una estrategia tecnológica para hacer viable y sostenible la zafra en condiciones de humedad; se trabajó en la reconstrucción y alistamiento de los más de 3.400 remolques existentes; se destinaron 15 millones de dólares para comprar equipos destinados a recuperar sistemas de riegos y caminos; más del 90% de la cosecha se haría de forma mecanizada; y se incrementaría al 50% el tiro directo de la materia prima al basculador.

Según el presidente de AZCUBA, con esas medidas se garantizarían las cinco estrategias fundamentales de la presente zafra: 1- rescatar la eficiencia agroindustrial; 2- organizar el sistema de cosecha y transporte; 3- aprovechar la capacidad potencial; 4- garantizar la calidad e inocuidad del azúcar; y 5- trabajar con el capital humano. En consecuencia se planificó crecer en un 23% en la producción de azúcar, aprovechar la capacidad potencial por encima del 70% y lograr un rendimiento cañero no inferior a 43 toneladas por hectáreas.

Como de costumbre, para darle un toque distintivo, el segundo secretario del PCC reinició el recorrido por las provincias.

En el mes de diciembre elogió la zafra en el central Boris Luis Santa Coloma, de Madruga, donde confirmó la calidad en las inversiones y reparaciones. El 25 de diciembre departió en Cienfuegos con directivos y trabajadores de los centrales Antonio Sánchez, 14 de julio y Ciudad Caracas, donde apreció un buen comportamiento en la recta inicial de la campaña. Recorrió áreas cañeras y centrales de Villa Clara y visitó al coloso Uruguay en Sancti Spiritus. En Ciego de Ávila conversó con los directivos de los centrales Ciro Redondo,  Primero de Enero y Enrique Varona. Y en Camagüey hizo lo mismo con los ingenios Batalla de las Guásimas, Argentina y Brasil.

En enero revisó la zafra en los cinco centrales y las áreas cañeras de la provincia Granma. En Santiago de Cuba visitó el América Libre, el Julio Antonio Mella y el Dos Ríos, donde reiteró la necesidad de contar con más caña para garantizar el crecimiento sostenido. Estuvo en Holguín y en Mayabeque, donde exigió transformar los resultados, en especial el negativo comportamiento del Héctor Molina, donde según sus palabras “ha prevalecido la incapacidad para buscar soluciones a los problemas técnicos presentados”,y reconoció la buena marcha del Boris Luis Santa Coloma, de Madruga, y al Manuel Fajardo, de Quivicán.

Al concluir la llamada zafra chica el 31 de diciembre, en la que molieron 42 de los 50 centrales, se pudo apreciar una situación mejor que el año anterior en el plan de azúcar y el rendimiento industrial. Todo indicaba que estaba garantizado el crecimiento planificado para la presente contienda. Sin embargo, la caña dejada de moler, el tiempo industrial perdido y las deficiencias en la cosecha y el transporte, hicieron su reaparición. Al finalizar enero ya se habían acumulado cinco días de atraso por concepto de molida. Al finalizar febrero se había molido solo el 91% de la caña planificada. El lunes 23 de marzo, la periodista Ana Margarita González escribió en el semanario Trabajadores que, debido fundamentalmente a las roturas, la  norma potencial se aprovecha al 68% y el tiempo perdido es alto (6,93%). El incumplimiento en la tercera semana de marzo ya era de 8%.

Ante el fracaso se acudió nuevamente al tan recurrido como fracasado recurso del llamamiento. Teniendo en cuenta que en la primera semana de abril la producción estaba al 77,2%, el sindicato del ramo y AZCUBA convocaron a los trabajadores, técnicos y directivos a una jornada especial por el cumplimiento del plan. El llamamiento, denominado “¡Por un abril de victorias!”, decía: “Los azucareros tenemos el compromiso de cumplir el plan de producción asignado a cada empresa y central. La victoria de la zafra se decide con los resultados que alcancemos durante este mes”.

A pesar de ello, el 23 de abril el plan de producción ya tenía 9% de atraso respecto al cronograma. El ritmo, como es característico para esa fecha, comenzó a disminuir. De 14 centrales que cumplieron sus compromisos tres terminaron sin cumplir sus planes. Finalmente el 17 de mayo, José Machado Ventura, dijo: “Vamos a hacer casi 300 000 toneladas más que el año pasado, pero no cumplimos”.

Si la ineficiencia agrícola e industrial emergieron precisamente del monopolio estatal de la propiedad, de la eliminación del colonato  (institución que desde el siglo XIX garantizó la caña necesaria sin que ningún funcionario político tuviera que hacer llamamientos ni indicar a los productores lo que tenían que hacer), de los salarios insuficientes y de la pérdida de interés de los productores; los fracasos, antes y durante los 25 años que van de 1989 a 2014, constituyen una prueba de la ineludible del fracaso del sistema de planificación de la economía, de la necesidad de reformar la estructura de la propiedad, de elevar los salarios en correspondencia con el costo de la vida y de liberar todas las trabas burocráticas que impiden el despegue. Una decisión que constituye la única forma de despertar el interés de los trabajadores para que la industria azucarera, antes principal rubro de producción y exportación, pueda influir en el crecimiento del Producto Interno Bruto y reflejarse en el bienestar de los cubanos.

tomado de: http://www.diariodecuba.com/cuba/1429776653_14162.html

Las elecciones de Delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular, celebradas el domingo 19 de abril en Cuba, en el marco del restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos, pusieron de manifiesto la necesidad impostergable de extender las reformas a la esfera de la política.

Por vez primera cerca de 1 millón de electores, el 11,70% del total registrado, no asistió a las urnas. Si a los ausentes se suman los más de 700 mil que invalidaron sus boletas, la cifra de los inconformes se eleva a 1 millón 700 mil cubanos, lo que sobrepasa el 20% del total de electores.

En el año 2003 la suma de las abstenciones y la boletas invalidadas fue del 6,09%; en el año 2008 aumentó a 7,73%; en 2013 alcanzó el 14,22%, casi el doble de los comicios precedentes y en esta oportunidad superó el 20%. Ese crecimiento sostenido constituye una clara señal de cambio en la conducta de los cubanos que las autoridades no deberían ignorar.

Las causas son harto evidentes. Ante el impacto negativo de una crisis estructural generada por un modelo inviable, manifestado en la insuficiencia de los salarios, la corrupción generalizada y el éxodo masivo, los cubanos –conscientes que los Delegados electos carecen del más elemental poder para cambiar esa situación–, a pesar del riesgo que se corre en condiciones de partido único, monopolio de la información y carencia de las libertades fundamentales, han optado por no asistir a las urnas o en su lugar tachar, anular, garabatear o entregarlas en blanco, incluyendo decenas de miles que depositan su voto en la última hora como forma de castigo. Se sabe, además, que por cada uno que se atreve hay otros que van perdiendo el miedo que aún los paraliza. Por eso, al argumento de que es el pueblo el que postula, hay que añadir que también es el pueblo el que se ausenta o invalida las boletas.

Las autoridades, en vez de continuar aferrados al pasado o de cambiar “sin prisa pero sin pausa”, deberían hacer una lectura crítica de esas cifras y aceptar la necesidad de extender los cambios a la política, comenzando por una verdadera Ley electoral que permita elegir directamente entre candidatos con diferentes opciones. Se trata de dar cumplimiento al compromiso anunciado aquel ocho de enero de 1959, cuando el líder de la revolución, aseguró que habría elecciones en el “más breve plazo de tiempo posible”. Sin embargo esa brevedad demoró nada menos que 17 años, cuando  en julio de 1976 se promulgó la primera Ley electoral, después de la revolución, pero cargada de limitaciones hasta su derogación en 1992, año en que se promulgó la Ley 72, que regula los actuales comicios.

Según esta Ley el voto directo está limitado a las elecciones de Delegados para las Asambleas Municipales del Poder Popular.  De ahí en adelante, las candidaturas para las asambleas provinciales y nacional, y las de Presidente, Vicepresidentes, Secretario y demás miembros del Consejo de Estado, son conformadas por las Comisiones de Candidaturas (artículo 67), las cuales la integran los dirigentes nacionales de las llamadas organizaciones de masas (artículo 68), todos miembros del único partido permitido por la Constitución.

Según la Ley, los delegados electos directamente por el pueblo no pueden exceder el 50% del total de candidatos. La otra mitad es nominada por las Comisiones de Candidaturas, la cual tiene potestad para incluir a personas no electas por el voto directo (artículos 77 y 86), lo que anula la soberanía popular.

En su famosa obra El Contrato Social, Juan Jacobo Rousseau expuso la tesis siguiente: de la unión de las personas para defender y proteger sus bienes emana una voluntad general que convierte a los contratantes en un cuerpo colectivo político. Al ejercicio de esa voluntad general, devenida poder, se le denomina soberanía y al pueblo que la ejerce, soberano.

Si las elecciones son una manifestación de la soberanía popular, entonces el sistema electoral cubano es una negación de la misma, como se ha manifestado en las elecciones recién concluidas. Se impone, por tanto, una nueva Ley que responda a los intereses de los cubanos y no solamente a la conservación del poder.

El pasado mes de febrero, durante la celebración del X Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, se anunció una nueva Ley Electoral que regirá las elecciones generales del 2018. Se puede inferir que la misma limitará el tiempo para desempeñar los principales cargos del Estado y establecerá el máximo de edad para ocupar dichas responsabilidades. Pero esos cambios son insuficientes. La nueva Ley debe nacer de una consulta popular para que la misma nazca de un consenso y dejé atrás la imposición de leyes sin tener en cuenta los intereses del pueblo.

El millón 700 mil cubanos que rechazaron el sistema electoral tiene derecho a elegir otras opciones. Hace algunos años un opositor –en dos oportunidades consecutivas–  se postuló en el municipio Plaza y sólo logró el voto suyo y el de su esposa. Sin embargo, en estas elecciones el informático Yuniel López de Arroyo Naranjo y el abogado y periodista independiente Hildebrando Chaviano de Plaza, se presentaron a los comicios como opositores. Ambos fueron elegidos en asambleas para ser candidatos. El primero obtuvo 233 sufragios y el segundo 189. Es decir, a los que se abstienen e invalidan las boletas se unen ahora los que abiertamente votan por opositores, a pesar de las campañas difamatorias en su contra.

Como la nación es una comunidad de personas diversas pero iguales en dignidad que busca un bien común, hay que reconocer que el multipartidismo es una expresión de esa diversidad. De ahí la necesaria restitución de las libertades políticas para que los cubanos comiencen a desempeñar el papel activo que les corresponde en los destinos de Cuba.

 

Publicado en la página de Opinión del diario “El Comercio”, Lima, Perú, el 16 de abril de 2015

El 17 de diciembre de 2014 los presidentes de Cuba y Estados Unidos anunciaron la decisión de restablecer las relaciones diplomáticas: el hecho de mayor trascendencia política en el último medio siglo cubano.

Los revolucionarios que tomaron el poder sustituyeron la Constitución vigente con unos estatutos, el Primer Ministro designado asumió las facultades del  Jefe de Gobierno depuesto y el Consejo de Ministros sustituyó al Congreso. Se incumplió la promesa de convocar a elecciones, el poder político se concentró en el líder, la propiedad pasó a manos del Estado y la institucionalidad fue desmontada.

En respuesta a la nacionalización de sus propiedades en Cuba en 1961 el gobierno de Estados Unidos rompió las relaciones diplomáticas y tomó cuerpo  la confrontación que se mantuvo durante las administraciones norteamericanas que van de Dwight D. Eisenhower a Barack Obama.

Como los conflictos externos tienden a desmovilizar los conflictos internos, el Gobierno cubano utilizó el diferendo para inmovilizar a la sociedad, solapar las ineficiencias y eludir cualquier compromiso con los derechos humanos. Sin embargo, la eficacia para conservar el poder resultó intransferible a la economía.

Raúl Castro, al ser designado Presidente del Consejo de Estado en el año 2008, esbozó un plan mínimo de reformas. Sin embargo, la Primera Conferencia del PCC, efectuada en 2012, revitalizó la política expuesta por Fidel Castro en1961, cuando en el Congreso de Cultura preguntó: ¿Cuáles son los derechos de los escritores y de los artistas revolucionarios o no revolucionarios? Y se respondió así mismo: Dentro de la Revolución: todo; contra la Revolución ningún derecho… Y esto no sería ninguna ley de excepción para los artistas y para los escritores. Este es un principio general para todos los ciudadanos.

Las reformas, debido a su carácter tardío, limitado y contradictorio, no arrojaron el resultado esperado. La insuficiencia de los salarios, la corrupción generalizada, el descontento del pueblo y el éxodo creciente, caracterizan a un  escenario agudizado por la inminente pérdida de las subvenciones venezolanas. A pesar de ello, los  factores que hicieron posible el inmovilismo fidelista fueron removidos por las reformas. En ausencia de una sociedad civil autónoma, se está gestando un consenso silencioso por el cambio.

El fracasó del fidelismo y del embargo han desembocado en el esquema clásico de los conflictos que toman el camino de la guerra para, después de grandes pérdidas humanas y materiales, arribar a la mesa de negociaciones.

Aunque el propósito del gobierno cubano sea obligar a Estados Unidos a suspender el embargo sin democratizar al país, las medidas estadounidenses no responden a ese propósito. Obama no exige el restablecimiento previo de la democracia, pero lo coloca en una posición incómoda ante su pueblo y ante la comunidad internacional con medidas dirigidas al empoderamiento ciudadano  como los permisos generales de viaje, el aumento del monto de las remesas o el mayor acceso a las comunicaciones.

Esas medidas implican el empoderamiento gradual del cubano y el resurgimiento de la sociedad civil; a la vez que resulta útil a los intereses estadounidenses y  proporciona una salida “decorosa” al gobierno cubano. La VII Cumbre de las Américas, celebrada recientemente en Panamá marcha en esa dirección a pesar de las fuertes contradicciones.

La peculiaridad del proceso radica en que, en ausencia de una fuerza interior alternativa con capacidad para influir en los cambios, el sujeto de las reformas es el mismo que detenta el poder desde 1959, responsable de todo lo ocurrido en más de medio siglo y con intereses que defender. Ello ha determinado que el alcance, la dirección y el ritmo estén aún subordinados a lo que describió el politólogo Juan Linz como postotalitarismo, es decir, permanencia de la voluntad totalitaria, pero sin fuerzas para lograrlo.

Lo definitivo es que ni el proceso de reformas ni el restablecimiento de relaciones con Estados Unidos se pueden detener. El gobierno puede lentificar los cambios pero no puede ni le conviene evitarlos, lo que conducirá a nuevos cambios en la medida que los cubanos recuperen la condición de ciudadanos.

Tomamdo de:http://www.diariodecuba.com/cuba/1429050328_13994.html

El Partido Revolucionario Cubano (PRC), fundado el 10 de abril de 1892, fue concebido para forjar una república moderna, independiente y democrática. Ese objetivo tuvo su primera manifestación el 10 de abril de 1869 con la Constitución de Guáimaro. Si esa Constitución “fue la piedra angular de la República de Cuba —explicaba el Apóstol—, el Partido Revolucionario es la legión de obreros que procura y hacina los materiales con que ha de darse remate a la obra[1]“.

La Guerra Grande y su continuación, la Guerra Chiquita, no lograron sus propósitos. Con la experiencia adquirida de la política y de los partidos en España y en América, Martí se preguntó ¿qué pasó?, ¿qué está pasando? Y de sus respuestas emanó una teoría política de carácter democrático y participativo, que incluía la institucionalización de la guerra “necesaria” y la creación del instrumento organizador y de formación del ciudadano político para sustituir la espontaneidad y la inmediatez: el PRC. Previo a su fundación, Martí escribió: “De la obra de doce años callada e incesante, salió, saneado por las pruebas, el Partido Revolucionario Cubano[2]“. Y unos días después dijo: De modo “que en la conquista de la independencia de hoy vayan los gérmenes de la independencia definitiva de mañana[3]“.

Los propósitos del PRC, creado bajo la sabia dirección del Apóstol, se fueron a bolina. La ausencia de libertades políticas y económicas y la inexistencia del ciudadano, que caracterizan a la Cuba de hoy, nada tiene que ver con el ideario martiano. Las siguientes citas de José Martí ilustran las afirmaciones anteriores.

En su ideario, el PRC era un eslabón mediador para arribar a la República. No “para dominar y prohibir la existencia de partidos diferentes después del triunfo, no para trabajar por el predominio, actual o venidero de clase alguna; sino por la agrupación, conforme métodos democráticos, de todas las fuerzas vivas de la patria[4]“. Para “fundar un pueblo nuevo y de sincera democracia, capaz de vencer, por el orden del trabajo real y el equilibrio de las fuerzas sociales, los peligros de la libertad repentina en una sociedad compuesta para la esclavitud[5]“. “Es una idea lo que hay que llevar a Cuba —decía: no una persona[6]“. Y en noviembre de 1891 insistió: cerrémosle “el paso a la república que no venga preparada por medios dignos del decoro del hombre, para el bien y la prosperidad de todos los cubanos[7]“.

En el discurso pronunciado el 10 de Octubre de 1889, en Nueva York, el Apóstol expresó: “Todo lo de la patria es propiedad común, y objeto libre e inalienable de la acción y el pensamiento de todo el que haya nacido en Cuba. La patria es dicha de todos, y dolor de todos, y cielo para todos, y no feudo ni capellanía de nadie, y las cosas públicas en que un grupo o partido de cubanos ponga las manos con el mismo derecho indiscutible con que nosotros las ponemos, no son suyas sólo, y de privilegiada propiedad, por virtud sutil y contraria a la naturaleza, sino tan nuestras como suyas”[8] Y en carta a José Dolores Poyo, en diciembre de 1891, escribió: “Es mi sueño que cada cubano sea hombre político enteramente libre[9]“. Definiciones que remató con ese ideal devenido en puro formalismo: “yo quiero que la ley primera de nuestra república sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre”.

El carácter social —la peculiaridad más esencial del hombre— se manifiesta, entre otras cosas, en la diversidad de asociaciones para la participación en los asuntos de su interés. Los partidos son, pues, asociaciones de una parte, no de toda la sociedad. Cualquier intento de sustituir el todo y someterlo a una parte, constituye una violación de la libertad política y un acto contra la dignidad humana, algo absolutamente ajeno a los objetivos del PRC y sin antecedentes en la historia política de Cuba, como podremos ver:

En 1878 se crearon el Partido Unión Constitucional y el Partido Liberal, uno representaba el sentimiento de los españoles, otro el de los cubanos. A finales del siglo XIX el Partido Autonomistacoexistía con el Partido Revolucionario Cubano. En 1899, se creó el Partido Socialista Cubano porque los intereses de los obreros no estaban representados en los demás partidos. En 1925 se fundó el Partido Comunista que coexistía con múltiples partidos de otras tendencias. En 1947 Eduardo Chibás fundó el Partido Ortodoxo porque el Partido Auténtico no satisfacía su proyección:Y Fidel  Castro, que militaba en el Partido Ortodoxo, fundó el Movimiento 26 de Julio porque sus ideas insurreccionales no tenían cabida en los partidos y asociaciones de la época. Ningún líder ni grupo fundó varios partidos a la vez, lo que pone en ridículo el argumento de la inexistencia del multipartidismo porque Martí creó un solo partido. Aceptando la tesis de que después del triunfo, Martí preveía emplear el Partido en la fundación de la República, habría que aceptar también la tesis opuesta de que, por su profundo pensamiento democrático, lo haría en competencia con los partidos existentes, no declarando al suyo como único.

En materia de economía, desde el Obispo Espada, que en 1808 elaboró un proyecto económico basado en una economía diversificada de pequeños productores agrícolas, hasta Francisco de Frías, Conde de Pozos Dulces, quien en 1857 planteó que “Cuba debiera ser por excelencia la patria de la pequeña propiedad y de los cultivos en escala menor”, el problema de la pequeña y mediana propiedad, tan vital para la nación cubana, no escapó a la visión martiana. Basado en la experiencia adquirida en tierras americanas, escribió lo siguiente: “Es rica una nación que cuenta muchos pequeños propietarios. No es rico el pueblo donde hay algunos hombres ricos, sino aquel donde cada uno tiene un poco de riqueza. En economía política y en buen gobierno, distribuir es hacer venturosos[10]“.

Separados por 123 años de la fundación del Partido Revolucionario creado para fundar una república de hombres libres, las libertades fundamentales —conocidas como derechos humanos— constituyen una asignatura pendiente.

Cuba carece de ciudadanos porque el fundamento de su existencia: las libertades fundamentales y la sociedad civil autónoma, están subordinadas constitucionalmente a los objetivos trazados por el Partido Comunista. Precisamente, esa limitación es la causa fundamental del estancamiento y de los retrocesos sufridos. Mientras el diferendo con Estados Unidos fue utilizado por el Gobierno cubano para inmovilizar a la sociedad, solapar las ineficiencias y eludir cualquier compromiso respecto a los derechos humanos.

Fracasados el fidelismo, la política de confrontación, los gobiernos de Cuba y Estados Unidos anunciaron, el 17 de diciembre de 2014, la decisión de restablecer relaciones diplomáticas en un contexto en que ni el proceso de reformas ni el restablecimiento de relaciones con Estados Unidos (aunque se puedan lentificar) se pueden detener.

En el 123 aniversario de la fundación del PRC, José Martí nos invita, especialmente a los que detentan el poder en Cuba, a comparar los objetivos de la república martiana, de la cual se alardea, con la realidad actual, y en consecuencia proceder a despenalizar la diferencia política e instituir el derecho de asociación y el resto de las libertades fundamentales, para que los cubanos puedan desempeñar el papel que les corresponde en los destinos nacionales.


[1] Martí José. Obras Escogidas en tres tomos. T. 3. P.213

[2] Martí José. Obras Escogidas en tres tomos. T. 3. P.86

[3] Martí José. Obras Escogidas en tres tomos. T. 3. P.99

[4] Resoluciones tomadas por la emigración cubana de Tampa y Cayo Hueso en noviembre de 1891. MARTÍ, JOSÉ. Obras Escogidas en tres tomos. TIII, p.23.

[5] MARTÍ, JOSÉ. Obras Escogidas en tres tomos. TIII, p. 26

[6] MARTÍ, JOSÉ. Obras Escogidas en tres tomos. TIII, pp. 9-10

[8] MARTÍ, JOSÉ. Obras Escogidas en tres tomos. TII, p. 367

[9] MARTÍ, JOSÉ.  Obras Escogidas en tres tomos. TIII, pp. 24-25

[10] J. MARTÍ.  O.C. Tomo 7. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1991

mado de: http://www.diariodecuba.com/cuba/1429050328_13994.html

Tomado de: http://www.diariodecuba.com/cuba/1428023329_13742.html
Si por sociedad civil se entiende un conjunto de asociaciones autónomas, espacios públicos, derechos y libertades mediante las cuales los ciudadanos intercambian opiniones, toman decisiones y participan en los asuntos políticos, económicos y sociales de su interés, sin más autorización que las que emanan de las leyes, entonces tenemos que convenir que esa institución existió en Cuba desde la época colonial, se desarrolló durante la República, desapareció después de 1959 y está en proceso de resurgimiento.

La existencia. Desde la primera mitad del siglo XIX figuras ilustres como el padre Félix Varela, quien llamó a la Cátedra de Constitución del Seminario San Carlos cátedra de la libertad, de los derechos del hombre y se empeñó en la formación de virtudes; José Antonio Saco, que desde la Revista Bimestre Cubana generó un debate forjador de conciencia cívica; Domingo Delmonte, quien al clausurarse ese medio y otros espacios encontró en las tertulias la forma de continuar los debates sin permiso de las autoridades; y José de la Luz y Caballero, quien se consagró a la educación cívica como premisa de los cambios sociales, forjaron con su labor el terreno para la participación ciudadana. Sobre ese suelo, en 1878, cuando España en cumplimiento de los acuerdos del Pacto del Zanjón concedió a Cuba las libertades de prensa, reunión y asociación, brotó la sociedad civil cubana: partidos políticos, periódicos, sindicatos, asociaciones de negros, fraternales y de diversa índole.

El desarrolló. Con el nacimiento de la República en 1902, la sociedad civil, extendida por todo el país, participó en las luchas sindicales, campesinas, estudiantiles y en los debates de la intelectualidad sobre los problemas que aquejaban a la nación a través de la prensa escrita, la radio y la televisión. Su importancia fue destacada por Fidel Castro en el juicio por el asalto al Cuartel Moncada en 1953 cuando al referirse a las limitaciones que la sociedad civil sufrió con el Golpe de Estado de 1952 dijo: Había una vez una república. Tenía su Constitución, sus leyes, sus libertades; Presidente, Congreso, Tribunales; todo el mundo podía reunirse, asociarse, hablar y escribir con entera libertad. El gobierno no satisfacía al pueblo, pero el pueblo podía cambiarlo y ya sólo faltaban unos días para hacerlo. Existía una opinión pública respetada y acatada y todos los problemas de interés colectivo eran discutidos libremente. Había partidos políticos, horas doctrinales de radio, programas polémicos de televisión, actos públicos y en el pueblo palpitaba el entusiasmo.

La Desaparición. La revolución de 1959 convertida en fuente de derecho, en vez de restablecer plenamente la Constitución de 1940, la sustituyó sin consulta popular por la Ley Fundamental del Estado Cubano e inició un proceso fatal para la sociedad cubana:  la concentración de poder, la eliminación de la propiedad privada y el desmontaje de la sociedad civil.

Las organizaciones que lucharon contra el gobierno de Fulgencio Batista se fundieron en las Organizaciones Revolucionarias Integradas, las que en 1963 se convirtieron en el Partido Unido de la Revolución y en octubre de 1965 en el Partido Comunista de Cuba. El diverso movimiento juvenil desapareció para dar paso primero a la Asociación de Jóvenes Rebeldes y luego a la Unión de Jóvenes Comunistas. Las asociaciones femeninas de todo tipo se convirtieron en la Federación de Mujeres Cubanas. Las asociaciones de estudiantes universitarios en la FEU y las de nivel preuniversitario en la Unión de Estudiantes Secundarios: El movimiento obrero fue intervenido, mientras la Autonomía Universitaria, que había sido refrendada en el artículo 53 de la Constitución de 19401 desapareció con la Reforma Universitaria de 1962.

Las asociaciones de empleadores corrieron la misma suerte. La Asociación de Hacendados de Cuba, la Asociación de Colonos de Cuba, la de Cosecheros de Tabaco y la Asociación Nacional Campesina fueron sustituidas por la Asociación Nacional de Colonos, la que luego pasó a denominarse Asociación Nacional de Agricultores Pequeños.

La  prensa escrita, radial y televisiva, la enorme red de cines, la producción editorial y las instituciones culturales quedaron limitadas a la frontera establecida desde el poder con la intervención del jefe de la Revolución en el Congreso de Cultura de 1961, cuando preguntó: ¿Cuáles son los derechos de los escritores y de los artistas revolucionarios o no revolucionarios? Y se respondió así mismo: Dentro de la Revolución: todo; contra la Revolución ningún derecho… Y esto no sería ninguna ley de excepción para los artistas y para los escritores. Este es un principio general para todos los ciudadanos.

Las organizaciones que integraron la sociedad  antes de su desmantelamiento no eran subordinadas al Estado ni a los gobiernos de turno. Eran autónomas, condición ineludible sin la cual no habrían podido desempeñar el papel que tuvieron en la República. La subordinación se concretó con la Constitución de 1976. El artículo 5 estipula que el Partido Comunista es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado. En correspondencia, el artículo 53 reconoce la libertad de palabra y de prensa conforme a los fines de la sociedad socialista y el 62 define que ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado socialista.

El resurgimiento emerge del estancamiento y retroceso en la economía, de la generalización de la corrupción causada por la insuficiencia de los salarios, del éxodo creciente de los cubanos y del envejecimiento poblacional debido a la diáspora y a la negativa de las cubanas a parir en esas condiciones, al extremo de situar al país ante la disyuntiva de cambiar o estallar por medio de la violencia. Ello demuestra que la crisis estructural en que Cuba está inmersa tiene su causa fundamental en la ausencia de las libertades fundamentales, en el desmantelamiento de la sociedad civil autónoma y la ausencia del ciudadano.

Sin embargo, en el proceso de normalización de relaciones con Estados Unidos y en víspera de la participación de Cuba por vez primera en la Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en Panamá, el Gobierno cubano en vez de reconocer el papel que paralelo al Estado le corresponde a la sociedad civil autónoma, insiste en demostrar lo obsoleto, absurdo e indemostrable: que cualquier asociación que no responda a los objetivos del Partido Comunista es una creación externa y sus miembros asalariados del enemigo.

En la III Cumbre de la CELAC, en Costa Rica, el 28 de enero de 2015, el presidente cubano, Raúl Castro, planteó que La contraparte estadounidense no debería proponerse relacionarse con la sociedad cubana como si en Cuba no hubiera un gobierno soberano. Un planteamiento retrógrado dirigido a continuar negando la existencia de sectores de la sociedad civil que no están bajo el control del Gobierno. Y en la Novena Cumbre Extraordinaria del ALBA, celebrada el 17 de marzo, reiteró que: La sociedad civil cubana será la voz de los sin voz y desenmascarará a los mercenarios que presentarán allí como sociedad civil de Cuba y a sus patrones.

En correspondencia con esa conducta el Partido y el Estado han movilizado en estos días a cientos de asociaciones oficialistas en el “Foro de la sociedad civil de la VII Cumbre de las Américas”, y en el foro “La Juventud y las Américas que queremos”, así como entre otros eventos, para defender un pasado indefendible, sin comprender ni aceptar que, incluso en esas asociaciones oficialistas –como se evidenció en los eventos mencionados– se escucharon voces plantear que era necesario propiciar el debate y crear sitios donde puedan confrontarse los criterios de la sociedad civil para derivar en una construcción colectiva de los temas del país.

La normalización de las relaciones con Estados Unidos no será suficiente para sacar al país de la crisis si la misma no se acompaña con el restablecimiento de las libertades fundamentales. De lo que no cabe duda es que esas relaciones coadyuvarán al empoderamiento ciudadano y al restablecimiento de la sociedad civil autónoma y de la condición de ciudadano.

1 El artículo 53 reza: “La Universidad de La Habana es autónoma y estará gobernada de acuerdo con sus Estatutos y con la Ley a que los mismos deban atemperarse”
—————

Tomado de: http://www.diariodecuba.com/cuba/1427276832_13593.html

La Sociedad de la Información (SI) es efecto de un proceso de convergencia entre los avances tecnológicos, la democratización de la información y las comunicaciones, que irrumpió alrededor de los ochenta del pasado siglo, con tal fuerza que condujo a las Naciones Unidas a convocar una cumbre mundial de la información, celebrada en la ciudad suiza de Ginebra, en el año 2003. En ella se adoptó una Declaración de Principios y un Plan de Acción, cuyos principales beneficiario son las personas, con formación para el uso inteligente y creativo de las modernas tecnologías, sin lo cual será imposible el progreso social y cultural.

Una de las exigencias de las novedosas tecnologías de la información por su carácter transformador, es la necesaria inmediatez en su introducción. Una peculiaridad que distinguió a Cuba desde la época colonial. La máquina de vapor, patentada 1769 fue introducida en la producción azucarera cubana casi inmediatamente. El ferrocarril, inaugurado en 1825, enlazó las localidades de La Habana y Bejucal en 1837. El telégrafo, que envió el primer mensaje a distancia en 1844, inició su primera línea en Cuba nueve años después. El teléfono, que estrenó su primer servicio en 1877, llegó a Cuba en 1881. El alumbrado eléctrico, que en 1879 era disfrutado solo por algunas ciudades importantes del mundo, en 1889 se utilizaba en La Habana, Cárdenas y Puerto Príncipe y en teatros como Payret y Tacón. El cine, patentado en 1895 fue exhibido en La Habana en 1897. La radio estrenada en 1920 fue inaugurada en 1922 en Cuba. La televisión, casi paralela con Estados unidos, inauguró la primera emisora cubana en 1950. Mientras que Internet, comenzó oficialmente en Cuba en 1996, separado por más de diez años de su explotación en otras latitudes.

El pasado mes de febrero, el primer vicepresidente del Consejo de Estado, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en la clausura del primer Taller Nacional de Informatización y Ciberseguridad, planteó algunas cuestiones acerca de la SI que exigen ser comentadas, debatidas y consensuadas.

1- El acceso a  Internet supone al mismo tiempo desafíos y oportunidades y  constituye una acción necesaria para el desarrollo de la sociedad en las condiciones contemporáneas.

Si la Sociedad de la Información se distingue por el uso generalizado y eficiente de las modernas tecnologías en la época de la globalización, cuando la información ha devenido materia prima de toda actividad y de cada persona, nadie podría negar que la misma,  además de necesaria, contenga desafíos y oportunidades que hay que afrontar. Con esta tesis no puede haber discrepancias.

2- La estrategia a su acceso debe convertirse en un arma fundamental de los revolucionarios para lograr la participación social en la construcción del proyecto de sociedad que queremos, desde un diseño integral del país. Y agregó que la estrategia de uso de esta herramienta… tiene que ser liderada por el Partido y debe involucrar a todas las instituciones y a la sociedad para lograr el más pleno uso de sus potencialidades en función del desarrollo nacional.

Si partimos de que es una necesidad de todos, la estrategia de acceso a Internet no puede convertirse en un arma fundamental de los revolucionarios, sino de todos, pues los revolucionarios son solo una parte. Y el proyecto de sociedad que queremos –si ese queremos incluye a todos– tiene que ser consensuado con todos. Entonces esa estrategia inclusiva no debe ni puede ser liderada por un partido, que como lo indica su acepción, representa una parte, mientras el desarrollo compete a todos, no sólo a los revolucionarios y a los miembros de un partido. Este planteamiento se contradice con otra parte del discurso donde Díaz-Canel dijo, que necesitamos  distinguirnos por una informatización con todos y para el bien de todos.

3- Las regulaciones y normas que rigen el acceso a Internet y su uso, deben ser coherentes con la legislación vigente y alinearse con los principios generales de la Constitución y demás leyes y ajustarse a las cambiantes necesidades del desarrollo social.

Es decir, además de liderada por el Partido y ser arma fundamental de los revolucionarios,  su uso debe ser coherente con la legislación vigente y alinearse con los principios generales de la Constitución y demás leyes. Aquí la contradicción es tan flagrante que resulta inadmisible. Un fenómeno tan moderno y cambiante como la Sociedad de la Información no puede subordinarse a una Constitución que reclama con urgencia una profunda reforma, a menos que el propósito sea que la informatización corra la misma suerte del resto de los proyectos estancados en el país. El planteamiento debe ser en dirección opuesta: los cambios que implica la sociedad de la información nos obliga a reformar una constitución que hace rato no responde a las necesidades del desarrollo, sobre todo lo relativo a derechos y libertades ciudadanas, que constituyen una necesidad insoslayable de la Sociedad de la Información, que en la Constitución vigente están subordinadas a una ideología y a un partido.

Lo anterior es demostrativo de que la Sociedad de la Información implica, ineludiblemente, el respeto y defensa plena de los derechos humanos, el  reconocimiento de su universalidad, indivisibilidad e interrelación, y el acceso democrático a la infraestructura y los servicios de las tecnologías informativas.

El discurso de Díaz-Canel fue pronunciado  dos décadas después del inicio oficial de Internet y después que, el presidente Barack Obama, entre las medidas dirigidas a empoderar al pueblo cubano planteara que, Cuba tiene una de las tasas más bajas de acceso a internet en el mundo, que el costo de las telecomunicaciones es exorbitantemente alto y que los servicios que se ofrecen son extremadamente limitados, incrementar el  acceso de Cuba a las comunicaciones y su capacidad para comunicarse de manera libre, autorizara la exportación comercial de artículos dirigidos a mejorar la capacidad de los cubanos para comunicarse, incluyendo la venta de dispositivos de comunicaciones y artículos para establecer y actualizar los sistemas relacionados con las mismas.

La demora en su introducción ha estado acompañada  de restricciones para que la información obtenida del ciberespacio se correspondiera con la ética revolucionaria y no afectase a la seguridad del país. En 1996 se emitió el Decreto 2091, cuyo articulado define que la política será trazada priorizando en la conexión las personas jurídicas y las instituciones de mayor relevancia para la vida y el desarrollo del país; que para garantizar el cumplimiento de los principios expuestos en el presente Decreto, el acceso a los servicios de redes informáticas de alcance global tendrá carácter selectivo; y que el acceso directo desde la República de Cuba a la información en redes informáticas de alcance global tendrá que estar autorizado por la Comisión Interministerial que se crea por el Presente Decreto. Luego, en el año 2003, la Resolución No. 1802 resolvió: Disponer que la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba  emplee todos los medios técnicos necesarios que permitan detectar e impedir el acceso al servicio de navegación por Internet, desde líneas telefónicas que operan en moneda nacional no convertible a partir del 1ro de enero del 2004.

La creación de la Sociedad de la Información es incompatible con la prioridad de los revolucionarios, con la subordinación a las ideologías y con una Constitución que refrenda esas restricciones. La contradicción está planteada. Se asumen las exigencias de la modernidad o se corre el riesgo de continuar ensanchando la brecha informativa del país y de los cubanos respecto al mundo.

El uso pleno de las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la información para fomentar una información libre y autónoma, rica y diversificada, plural y temática, interactiva y personalizada, es una necesidad. Especialmente en la época en que la diferencia entre niveles de desarrollo se mide por la cantidad de conexiones a Internet. Sencillamente, la informatización a la vieja usanza tiene que ser desterrada.

1 Decreto No, 209 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros Sobre el Acceso desde La República de Cuba a Redes Informáticas de Alcance Global de 14 de junio de 1996.
2 Resolución No. 180/2003 de fecha 31 de diciembre de 2003, del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones.

Tomado de: http://www.diariodecuba.com/deportes/1425627113_13248.html

El domingo 1 de marzo de 2014, a los 91 años de edad, el cubano Saturnino Orestes Armas Miñoso, una de las glorias del béisbol de todos los tiempos, radicado en Estados Unidos desde la década del 60, expiró su último aliento sin volver a ver la tierra en que nació.

Su trayectoria

En Cuba, después de darse a conocer en el circuito semiprofesional con el equipo del Central España, Miñoso jugó de 1946 a 1960 con los Tigres de Marianao (única novena cubana con arraigo regional debido a que el ayuntamiento la proclamó representante del municipio). En esas 14 temporadas, Miñoso fue elegido Novato del Año en la primera y Jugador Más Valioso en otras dos. De cinco pies diez pulgadas de estatura, 175 libras de peso y poseedor de un potente brazo, jugando el jardín izquierdo y la tercera almohadilla se destacó como bateador, tocador y robador de bases.

En Estados Unidos jugó con los New York Cubans en 1947, equipo que ganó la Serie Mundial de las Ligas Negras. En 1949 debutó en las Ligas Mayores con los Indios de Cleveland —que habían roto la barrera racial en la Liga Americana—, donde fue elegido Novato del Año. Luego estuvo con los Medias Blancas de  Chicago, donde jugó 12 de 17 campañas. En este equipo, al debutar, en su primer turno al bate, saludó a las graderías con un batazo de cuatro esquinas. También jugó con los Cardenales de San Luis y con los Senadores de Washington.

Si en Cuba Miñoso bateó para 280 de promedio, en las Mayores lo hizo para 298. Con los Medias Blancas conectó 135 jonrones y empujó 808 carreras. Estableció el récord de jugar durante cinco décadas. En múltiples temporadas fue líder en hits, dobles, triples, elevados de sacrificio y bases robadas, y fue golpeado por lanzamientos en 192 ocasiones.

Si el norteamericano Jackie Robinson fue el primero en romper la barrera racial, el primer negro cubano y latinoamericano en jugar en Grandes Ligas fue Orestes Miñoso, además de ser el primero en integrar un Todos Estrellas. Participó en siete Juego de las Estrellas y ganó tres Guantes de Oro.

Aunque se le conoció como “El Cometa” o “El Charro”, su apodo predominante fue “Minnie”, el único pelotero cubano al que se le compuso una canción: Cuando Miñoso batea de verdad la bola baila el chachachá….

Por su labor fue exaltado al Salón de la Fama del béisbol cubano de Miami; al Salón de la Fama del Caribe, con sede en República Dominicana; al Salón de la Fama de México y, recientemente, en diciembre de 2014, al rescatado Salón de la Fama del béisbol cubano, que había sido clausurado en 1960 por el Gobierno Revolucionario. Sin embargo, falleció sin ver realizado el sueño de integrar el Salón de la Fama de Cooperstown, en Estados Unidos.

El racismo

El béisbol, aunque nos llegó de Estados Unidos, donde existía un fuerte racismo, en Cuba encontró un escenario diferente. A pesar de que las manifestaciones racistas no habían desaparecido, las guerras de independencia del siglo XIX les propinaron un golpe tan fuerte, que imposibilitaba la separación de negros y blancos en la pelota, como igualmente era imposible separarlos en el disfrute del baile y la música, tres componentes de la identidad nacional que trascienden el color de la piel y la posición económica.

Ese hecho explica, con excepción del circuito amateur, la alta presencia de cubanos negros y mulatos de origen humilde que jugaban junto a los cubanos blancos en  el resto de los circuitos beisboleros del país. En ese sentido, la pelota desempeñó un papel similar al de las guerras de independencia. A su vez, por razones económicas, los jugadores de tez oscura fueron de índole más profesional que los blancos, pues no podían darse el lujo de jugar pelota amateur como entretenimiento.

A partir de la toma del poder por parte de Fidel Castro, la impedimenta de competir libremente debido a la abolición del profesionalismo, la implantación de fuertes restricciones a la emigración y el no poder jugar en los circuitos profesionales, dio lugar a la diáspora de peloteros cubanos, antes y después de promulgarse la Ley de Ajuste. En el caso del legendario Miñoso hay que agregar que —al igual que le ocurrió a otros como Humberto Fernández, que perdió sus propiedades— parte de su fortuna, obtenida en las Grandes Ligas, la invirtió en una casa de apartamentos que le fue confiscada por el Estado revolucionario.

Una de las causas de la subordinación del deporte a la política fue la participación de  militares en la dirección de los organismos deportivos. Esta tendencia mundial, al asociar a los deportistas con los Estados, supuso que los equipos nacionales representaban a sus países del mismo modo que los ejércitos en las guerras.

Cuba, que tenía excelentes resultados en el béisbol, se vio arrastrada por esa corriente. En 1936, cuando se creó el puesto de Comisionado de Pelota Profesional, recayó en el coronel Ignacio Galíndez; y en 1938, cuando se fundó la Dirección General de Deportes (DGND), quedó bajo la dirección del coronel Jaime Mariné. Así, el deporte cubano, a partir de 1960, heredó esa subordinación, en la que el Jefe de la Revolución cubana fue su máximo exponente, al extremo que su papel determinó el destino del deporte en el país. Esa perjudicial política —razón por la cual una figura de la talla de Orestes Miñoso no pudo regresar a su país— tiene que cambiar radicalmente.

Gracias a la iniciativa de un grupo de entusiastas de la pelota cubana, encabezados por el cineasta Ian Padrón, se logró recientemente rescatar el Salón de la Fama del Béisbol cubano y elegir de forma democrática a dos legendarias figuras que residían en Estados Unidos: Orestes Miñoso y Camilo Pascual.

El Minnie no fue invitado oficialmente a la exaltación que tuvo lugar en el estadio Mártires de Barbados el pasado mes de diciembre. Su ausencia privó a la mayor parte de la afición cubana, incluso a los habitantes de su Perico natal, de conocerlo y brindarle un merecido homenaje. Su desaparición física nos ha dejado con ese mal sabor.

La enseñanza de lo ocurrido obliga a las autoridades a invitar a esa otra gloria, Camilo Pascual, quien ya sobrepasó los 81 años de edad y está dispuesto a pisar nuevamente su tierra. Pascual, como pitcher, se destacó en Cuba con los equipos de Marianao y Cienfuegos, y en Estados Unidos con los Senadores de Washington, los Indios de Cleveland, los Mellizos de Minnesota, los Rojos de Cincinnati y los Dodgers de los Ángeles.

Volviendo al Minnie, a quien le correspondía un homenaje no menor al recibido por Benny Moré, el Bárbaro del Ritmo, en el momento de su muerte, la prensa cubana, sobre todo la televisiva, casi lo obvió. Se pasó por alto el acontecimiento de su muerte, para escarnio de nuestro deporte, la cultura y la nación cubana.

En contraste, el presidente norteamericano, Barack Obama, en un discurso pronunciado el mismo domingo en que falleció Miñoso, lo recordó como un ídolo, como hijo ilustre de Chicago. Ojalá este hecho, representativo de lo que no debe ser, sirva para que nunca más ocurra. Ahora nos corresponde pedir perdón a Miñoso.

Tomado de: http://www.diariodecuba.com/cuba/1423676467_12831.html

Tres momentos de nuestra historia política en que la negociación predominó sobre la fuerza.

El discurso de Raúl Castro en la III Cumbre de la CELAC, pronunciado una semana después del inicio de las conversaciones con EEUU, fue de signo contrario a la disposición expresada el 17 de diciembre de 2014 respecto a la normalización de las relaciones entre los dos países.

La eliminación del embargo, la devolución de la base naval de Guantánamo, el cese de las trasmisiones de Radio y Televisión Martí y la compensación por los daños ocasionados son exigencias que corresponde resolver en el transcurso de las negociaciones y no de forma previa al restablecimiento de las relaciones diplomáticas, donde la contraparte también tiene demandas. Por ello pudo interpretarse como una patada a la mesa de negociaciones.

Por la importancia de un tema tan crucial para el destino de la nación y de todos los cubanos, considero útil dedicar unas cuantas líneas a los principios que sustentan los procesos de negociación y a las enseñanzas que emanan de dichos procesos.

La negociación es una oportunidad para intercambiar promesas y contraer compromisos con el fin de solucionar diferencias. En el caso que nos ocupa, se trata del restablecimiento de las relaciones entre Cuba y EEUU, después del fracaso de más de cinco décadas de confrontación y cuando ambas partes decidieron abandonar la fuerza para entrar en el terreno de la política: un escenario donde se excluye la victoria y se requiere de la disposición de las partes a ceder en algunos aspectos para lograr beneficios en otros.

A partir de ese enunciado, el primer paso consiste en que las partes se sientan obligadas a negociar para solucionar las diferencias que no pudieron resolverse mediante el empleo de la fuerza. De ahí que la negociación se defina como una oportunidad única de comunicación directa para aclarar posturas, políticas y propuestas de cambios.

Para que el proceso negociador arroje resultados positivos, en la etapa preparatoria se anticipan las propuestas para establecer los aspectos y objetivos de la negociación. De tal forma, cuando se va a la mesa de negociación, las intenciones de cada parte ya han sido definidas, y por tanto de antemano queda excluida la búsqueda de la victoria que no se pudo obtener durante la confrontación.

La riqueza de las interpretaciones de hechos pasados le brinda a la historiografía una función facilitadora para el enfoque de los acontecimientos actuales. Basado en este axioma me remito a tres momentos de nuestra historia política en que la negociación predominó sobre el empleo de la fuerza y que encierran enseñanzas de utilidad para el actual proceso de negociación entre Cuba y EEUU.

El Pacto del Zanjón

Después de diez años de guerra que ocasionaron la pérdida de miles de vidas, de sufrimientos y de cuantiosos daños materiales sin lograr la independencia de Cuba ni la abolición de la esclavitud, el 10 de febrero de 1878 se firmó el Pacto del Zanjón entre la mayor parte de las fuerzas insurrectas y el Gobierno de España.

Para el coronel de la Guerra de Independencia e historiador Ramón Roa el fracaso de la guerra radicó en las indisciplinas, motines y sublevaciones que se produjeron desde 1874 hasta el fin de la contienda. En un análisis autocrítico expresó: “acogimos el lema de ‘Independencia o Muerte’; pero sin soñar siquiera que tendríamos que luchar con nosotros mismos: no digo con la inmensa mayoría de los cubanos, que era indiferente, estaba con España, o no atinaba a socorrernos, sino con nosotros mismos”.

El generalísimo Máximo Gómez, argumentó: “se ha tratado de buscar una víctima a quien hacer responsable, mas no se ha procurado estudiar los hechos, conocer el estado del ejército, y los recursos de que podía disponer, el más o menos auxilio… recibido de la emigración y el cómo ha respondido en general el pueblo de Cuba a la llamada de sus libertadores”. Por esas razones planteó que “la responsabilidad se divida entre todos, que la culpa sea del pueblo cubano y no de la minoría heroica”.

En el mismo sentido José Martí, resultado de un estudio crítico de los errores cometidos,  demostró que aquella contienda no la ganó España sino que la perdió Cuba.

El Zanjón fue una manifestación de lo posible en un momento determinado, que llevó a las fuerzas cubanas a pasar de la guerra a la política, es decir, a la negociación. No fue una capitulación, pues a cambio de finalizar la guerra España otorgó a Cuba las mismas condiciones políticas, orgánicas y administrativas que disfrutaba la isla de Puerto Rico. Por su parte, la Protesta de Baraguá, según el historiador Fernando Figueredo Socarrás, se dirigió contra la manera de terminar una guerra que había durado una década sin lograr sus objetivos. Sin embargo, el intento demostró la imposibilidad de continuar la guerra. El cese de los combates y la salida del general Maceo rumbo a Jamaica, en mayo de 1878, demostró la imposibilidad de continuar la guerra en aquellas condiciones.

El Zanjón no fue todo, sino lo posible, y por tanto una decisión acertada. Con el Pacto no se logró la independencia de España ni la abolición de la esclavitud, pero se obtuvieron las libertades de prensa, de asociación y de reunión que, concretadas en publicaciones y asociaciones dentro de la Isla, robustecieron la actividad de los cubanos y prepararon las condiciones para el reinicio de la lucha por la independencia en 1895.

Lo acertado de la decisión lo confirmó la historia posterior: la liberación de los esclavos que tomaron parte en la guerra resultó un golpe de muerte para la institución de la esclavitud, mientras que de las libertades contenidas en las cláusulas del Pacto nació la sociedad civil. Se crearon órganos de prensa, asociaciones económicas, culturales, fraternales, educacionales, de socorros mutuos, de instrucción y de recreo, sindicatos y los primeros partidos políticos de Cuba. En 1879 se aprobó la Ley de Imprenta, en 1880 la Ley de Reuniones y en 1886 la Ley de Asociaciones, refrendadas por el artículo 13 de la Constitución Española.

En el nuevo escenario Juan Gualberto Gómez ganó un proceso jurídico contra las autoridades coloniales, mediante el cual los cubanos, aunque sin incitar a la rebelión, podían discutir públicamente las ideas independentistas. En artículos publicados en La Fraternidad, en La Igualdad y en la Revista Cubana, esta última dirigida por Enrique José Varona, Juan Gualberto Gómez sostuvo una viva discusión acerca de los sucesos de actualidad. De igual forma, el Directorio de las Razas de Color, fundado en 1886, ya en 1892 agrupaba a 75 sociedades de toda la Isla y en ese año celebró una convención en La Habana para discutir sus aspiraciones. Es decir, con independencia de la voluntad del Gobierno español, las libertades concedidas a Cuba fueron empleadas para la preparación y el reinicio de las lucha por la independencia. De ahí la importancia del Pacto del Zanjón en los acontecimientos posteriores a su firma. Los que negociaron aquel acuerdo no fueron a reclamar lo que no pudieron lograr en diez años de guerra, sino, que como verdadero acto político, obtuvieron lo posible en ese momento.

Esa experiencia, emanada de nuestra propia historia, demuestra el valor de las negociaciones cuando se fracasa mediante el empleo de la fuerza: una enseñanza que no debería estar ausente en las actuales conversaciones.

La Convención constituyente de 1901

La declaración de guerra de EEUU a España en 1898 y sus resultados fueron una consecuencia de la correlación de fuerza y de los intereses geopolíticos que se dirimían entre las potencias de la época.

En julio de 1900, con la Isla ocupada por EEUU, el gobernador militar, general Leonardo Wood, convocó a elecciones para designar los delegados a una Asamblea Constituyente. En su apertura Wood indicó a los delegados elegidos: “Será vuestro deber, en primer término, redactar y adoptar una constitución para Cuba y, una vez terminada esta, formular cuáles deben ser, a vuestro juicio, las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos”.

En febrero de 1901, al concluir las sesiones de trabajo de la Asamblea, se firmó el texto definitivo. Seguidamente se creó la comisión para formular las relaciones que debían establecerse entre Cuba y EEUU. Para ese fin los delegados recibieron las estipulaciones que deberían tener en cuenta, pero consideraron que algunas de ellas “vulneraban la independencia y soberanía de Cuba” y, por tanto, eran inaceptables. Al concluir su labor, la decisión —comunicada— al general Wood, fue rechazada por el Gobierno norteamericano.

En el Comité de Asuntos Cubanos, del Senado de Estados Unidos, el senador Orville H. Platt presentó una enmienda  —cuyas raíces estaban en la “política de la fruta madura” de Thomas Jefferson (1805) y en la Doctrina Monroe de John Quincy Adams (1823)—, que fue firmada por el presidente de EEUU y entregada a la Convención Constituyente para su incorporación a la Constitución. En su carácter de ley norteamericana, la Enmienda Platt dejaba sin efecto la Resolución Conjunta del 20 de mayo de 1898, en la que se había reconocido el derecho del pueblo cubano a ser libre e independiente.

Después de varios intentos de los cubanos para no incorporar la enmienda al texto constitucional, una comisión integrada por varios delegados viajó a Washington para explicar su oposición, pero fracasó en el intento. Finalmente, el 5 de junio de 1901 la enmienda fue aprobada por 15 votos contra 14, pero con varias objeciones que los delegados cubanos presentaron en respuesta a las estipulaciones norteamericanas. Sin embargo, ese resultado también fue rechazado por el Gobierno de ocupación. Días más tarde, la Convención recibió un informe firmado por el Secretario de la Guerra, declarando de forma terminante que “siendo un estatuto acordado por el Poder Legislativo, el presidente de los Estados Unidos está obligado a ejecutarlo y ejecutarlo tal como es”. Y agregaba como condición para cesar la ocupación militar que “No puede cambiarlo ni modificarlo, añadirle o quitarle”.. Agotadas todas las posibilidades por parte de los cubanos, se acordó —sin debatirse— por 16 votos contra 11, adicionar el discutido apéndice a la naciente Constitución.

Ni la intervención de EEUU en la guerra ni los resultados de ese acontecimiento dependieron de la voluntad de ninguno de aquellos cubanos que conformaron la Asamblea Constituyente. Aceptando incluso que alguno de ellos pudiera sentir alguna inclinación hacia la anexión, resulta un ejercicio estéril y dañino juzgar la conducta de aquellos cubanos y hacer caer sobre ellos una responsabilidad que no les corresponde. En su lugar, considero de mayor valía analizar las condiciones en que hubo que enfrentar la imposición norteamericana y las consecuencias que implicaba una u otra determinación.

No es objeto de discusión que aquel apéndice constitucional que refrendaba el derecho de otro país a intervenir en Cuba, omitía la Isla de Pinos de los límites del territorio nacional e imponía la venta o arrendamiento de tierras para bases navales, constituía un chantaje y una injerencia. Sin embargo, en condiciones de ocupación, presión y amenazas, los constituyentes tenían solo dos opciones: la violencia o la negociación.

Votar contra la enmienda implicaba la ocupación indefinida, imposibilidad de crear la República, peligro latente de anexión y en consecuencia la necesidad de declarar una nueva guerra contra EEUU. En ese momento Cuba contaba con un pueblo desarmado de instrumentos e instituciones, sin el partido de Martí, con una economía dependiente, sin cristalizar como nación, carente de República, de Estado y de gobierno propios, con el ejército libertador desmovilizado, sin una sociedad civil fuerte, con el agotamiento de las tres guerras precedentes que habían sumido al país en la desolación y la ruina, y con la autoestima debilitada resultado de la frustración y la ocupación militar.

Los hombres portadores del mandato histórico para redactar la Constitución no contaban con más nada que con su compromiso, su dignidad, inteligencia y capacidad para luchar. Y eso fue precisamente lo que hicieron. Después de agotar todas las posibilidades para no aceptar la imposición de la Enmienda Platt, haber elegido la continuación de la guerra significaba el suicidio y el fin de los sueños de nación. Por eso la mayoría voto finalmente por su inclusión.

Los testimonios de dos delegados a la Constituyente son ilustrativos de las razones para la aprobación de la Enmienda Platt. El que dejó José N. Ferrer: “Entiendo que ya se ha resistido bastante y que no puede resistirse más. Consideré útil, provechosa y necesaria la oposición a la Ley Platt en tanto que hubo esperanza de que esta se modificara o retirara por el Congreso americano… Hoy considero dicha oposición inútil, peligrosa e infecunda”. Y el de Manuel Sanguily, uno de los que más batalló contra la imposición y finalmente optó por votar a favor de ella, porque “creía favorecer la constitución de la República de Cuba, y de la personalidad cubana, que de otro modo desaparecería por completo… y sobre todo por tratarse de una imposición de los Estados Unidos, contra la cual toda resistencia sería definitivamente funesta para las aspiraciones de los cubanos”.

Lo contrario hubiera sido un acto suicida ante la superioridad del ocupante. La Enmienda Platt era parte de la Constitución norteamericana y por tanto tenía fuerza de ley para imponerse en condiciones de ocupación militar. El primer y gran mérito de los cubanos de entonces fue que, a pesar de nuestra cultura de violencia y de la predisposición a resolver los conflictos machete por medio, supieron imponer la reflexión serena y optaron por lo más conveniente para la patria. Ese fue un acto de verdadera política, pues qué es esta sino el arte de alcanzar lo posible en cada momento.

El 20 de mayo de 1902 la bandera cubana comenzó a flotar en el Castillo de los Tres Reyes del Morro. Ese día, quiérase o no, se produjo el advenimiento de nuestra República. Los resultados están ahí. Se retiró el ejército de ocupación y se fundó la República, no la que deseamos, pero sí la posible. En 1904 se firmó el Tratado Hay-Quesada que reconocía la soberanía sobre la Isla de Pinos, el cual fue ratificado en 1925. Se desarrollaron así la sociedad civil y las luchas posteriores hasta lograr la abrogación de la Enmienda Platt en 1934. Solo quedó pendiente la Base Naval de Guantánamo, que aunque se implantó en condiciones de ocupación, su permanencia fue firmada por el gobierno elegido en Cuba y el Gobierno norteamericano; un asunto que debe ser negociado.

Como el Pacto del Zanjón, la Asamblea Constituyente de 1901 contiene otra valiosa experiencia en materia de negociación cuando resulta imposible resolver un conflicto mediante la fuerza, por lo cual debe tenerse presente en el actual escenario.

La Convención Constituyente de 1940

El siglo XX cubano se diferenció radicalmente de la Cuba colonial. Los centrales azucareros desplazaron a los pequeños ingenios, el trabajo asalariado ocupó el lugar de la mano de obra esclava, la propiedad estaba en pleno proceso de concentración, la venta de la casi toda la producción azucarera a EEUU creó la dependencia de un solo mercado, y la sociedad civil se extendía por todo el país. Sin embargo, males del pasado, como el empleo de la violencia en la solución de conflictos, continuaron predominando.

Tomás Estrada Palma, elegido presidente de la República en 1902 para un mandato de cuatro años, haciendo uso de la Constitución, se propuso la reelección para un segundo mandato. Para lograrlo utilizó su poder, el fraude y la violencia. En respuesta, sus oponentes protagonizaron en 1906 el alzamiento armado conocido como la Guerrita de Agosto, que condujo a la solicitud de intervención a EEUU.

En 1912, durante la presidencia del mayor general José Miguel Gómez, se produjo el más cruento crimen ocurrido en Cuba: el Partido Independiente de Color, después de agotar las vías legales en la lucha por la igualdad de oportunidades, optó por una insurrección en la que miles de cubanos negros murieron y/o fueron asesinados.

El general Mario García Menocal, vencedor de los sufragios de 1913 decidió reelegirse en 1917. Sus adversarios lo acusaron de fraude y escenificaron el alzamiento armado conocido como La Chambelona, lo que provocó la tercera intervención norteamericana en Cuba.

En los comicios de 1920 fue elegido el abogado Alfredo Zayas y Alfonso. Su controvertido triunfo provocó el envío a Cuba del general Enoch H. Crowder para investigar lo sucedido, dando pie a la injerencia norteamericana en los asuntos nacionales.

El general Gerardo Machado y Morales, que ganó mayoritariamente las elecciones de 1925, aunque impulsó considerablemente el desarrollo económico del país, en el afán de reelegirse promovió una reforma constitucional que sustituyó la Constitución de 1901 por unos Estatutos Constitucionales. Los estudiantes universitarios, junto a otras fuerzas que se opusieron a la prórroga de poderes abrieron un período de lucha. Machado respondió con la represión, hasta que la huelga general de agosto de 1933 lo sacó del poder, dando paso a la Revolución del 30.

Al huir Machado, la presidencia recayó en el jefe del ejército, general Alberto Herrera, quien fue depuesto por una conspiración de los sargentos —entre los cuales estaba Fulgencio Batista y Zaldivar— que conformaron la Junta de los Ocho. La Junta Militar, aliada al Directorio Estudiantil de 1930, validó la participación de los militares en la vida política. Sumner Welles, enviado por EEUU para mediar en el conflicto, negoció el nombramiento del coronel Carlos Manuel de Céspedes como presidente provisional. Se disolvió el Congreso y se derogaron los Estatutos Constitucionales. Mientras tanto, los oficiales destituidos ocuparon el Hotel Nacional, donde fueron atacados y derrotados por la Junta Militar. Otras conspiraciones, como la dirigida por Eleuterio Pedraza, fueron abortadas o derrotadas.

El 4 de septiembre Céspedes fue obligado a renunciar y sustituido por un gobierno de cinco personas (la Pentarquía) dirigido por Ramón Grau San Martín, la cual designó a Batista jefe del ejército y lo ascendió a coronel. Seis días después, un golpe militar disolvió la Pentarquía y nombró a Grau San Martín presidente provisional. El 14 de enero de 1934, otro golpe militar destituyó a Grau San Martín y lo sustituyó por Carlos Hevia. Tres días después, Hevia renunció y la presidencia fue asumida por Manuel Márquez Sterling, quien convocó a una Junta de Sectores Revolucionarios que designó al coronel Carlos Mendieta Montefur como presidente provisional. Mendieta puso en vigor nuevos Estatutos Constitucionales; convocó a elecciones para una asamblea constituyente, que fracasó debido a la huelga de marzo de 1935 y renunció en diciembre de 1935. La presidencia recayó entonces en José A. Barnet hasta la celebración de las elecciones de enero de 1936 —la primera en la que votaron las mujeres—, en las que resultó electo Miguel Mariano Gómez. Por desacuerdos con Batista, Miguel Mariano fue destituido y suplido por el coronel Federico Laredo Bru.

Si la Revolución del 30 revalidó el uso de la fuerza, Laredo Bru se desplazó de la violencia a la política. Introdujo la mediación entre Batista y la oposición, dictó una amnistía política que benefició a más de 3.000 prisioneros, dictó la legislación laboral más avanzada de la era republicana y en 1939 convocó a elecciones para una Asamblea Constituyente.

Después de más de tres décadas de forcejeos por el poder, empleo de la violencia e inestabilidad política, el país encontró su derrotero en la negociación. En la Convención Constituyente —que sesionó del 9 de febrero al 8 de junio de 1940— participaron 76 delegados de nueve partidos políticos en representación de la diversidad de tendencias ideológicas y corrientes políticas. Se agruparon en dos grandes coaliciones: la oposicionista, donde estaban Ramón Grau San Martín y los partidos que emergieron de la Revolución del 30, y la democrática, encabezada por el Partido Liberal, Fulgencio Batista y la Unión Revolucionaria Comunista. El texto se firmó el 1 de julio en Guáimaro, se promulgó el 5 de julio en la escalinata universitaria y entró en vigor el 10 de octubre de 1940.

En las negociaciones, como ocurrió con la Paz de Zanjón y con la Convención Constituyente de 1901, se impuso la capacidad de los cubanos para debatir desde diferentes concepciones y arribar a acuerdos. Al subordinar los intereses personales y de grupo ante los intereses de la nación, comunistas, liberales, conservadores y socialdemócratas, se enfrentaron en polémicas que contienen valiosas enseñanzas para los destinos de la nación cubana.

Basados en la Constitución arribaron a la presidencia, en elecciones democráticas, Fulgencio Batista y Zaldívar, Ramón Grau San Martín y Carlos Prío Socarrás; dos terceras partes de los centrales azucareros pasaron a manos nacionales; Cuba se ubicó entre los tres países de América Latina con mayor estándar de vida; se abolió la pena de muerte; se establecieron protecciones sociales para mujeres, niños y trabajadores. La educación pública se convirtió en un servicio gratuito y obligatorio; se legalizó la formación y existencia de organizaciones y partidos políticos de oposición; se consagró la protección a los derechos individuales; se reconoció la legitimidad de la propiedad privada, a la que exigía una utilidad pública; se generó el crecimiento de la clase media; se reconocieron los avances en materia laboral conquistados por las luchas sindicales.

Por esos y otros contenidos, la Constitución de 1940 fue precursora de constituciones europeas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, como las de Francia en 1946 y 1958, la de Italia en 1947, la de Alemania Federal en 1949 y la de España en 1978.

Con esos resultados parecía que el pensamiento democrático había arraigado en el escenario político y que el país se encaminaba hacia el progreso sostenido. Sin embargo, la violencia se impuso nuevamente. La interrupción del orden constitucional con el golpe de Estado de 1952 abrió las puertas a la violencia que condujo a la revolución de 1959.

Hoy, a 56 años de aquel acontecimiento, inmersos en una crisis estructural, una de cuyas causas radica en la confrontación mantenida con EEUU, el fracaso ha conducido a la decisión de normalizar las relaciones con el vecino del Norte.

En ese proceso, las experiencias que la historiografía permite extraer del Pacto del Zanjón, de la Convención Constituyente de 1901 y de la Constituyente de 1940, merecen mayor atención en el actual proceso de negociación, comenzando por situar los intereses de la nación por encima de los intereses personales, de partidos o ideologías, y terminando por sustituir las inútiles intransigencias por el toma y daca que caracteriza a los procesos de negociación, que no son el lugar para obtener victorias, sino que, como hechos políticos, son para obtener lo posible.