El Blog de Dimas

Entrevista realizada por Ernesto Santana Zaldívar a Dimas Castellanos, publicada los días 26 y 29 de abril de 2013 en: http://www.cubanet.org/articulos/oposicion-politica-y-negociaciones-en-la-cuba-actual-i/

Primera parte:

Aunque todavía de un modo tímido, en los últimos tiempos ha comenzado a escucharse la palabra “negociación” en algunas enunciaciones de la oposición política cubana. A pesar de que se puedan tener diversas opiniones sobre ella, una negociación es, de modo general, un proceso en el cual una o dos partes tratan de hallar una solución satisfactoria para un problema que las involucra, y su índole puede ser sindical, financiera, militar, mercantil, política, etc.

El experto norteamericano en el tema Herb Cohen cree que “todo es negociable”, y define como negociación “un campo de conocimiento y acción cuyo objetivo es ganarse la anuencia o el favor de las personas de las que usted desea obtener algo”. Supone, además, que los tres factores primordiales de una negociación son el poder, la información y el tiempo.

Con el propósito de lograr un acercamiento, desde una perspectiva histórica cubana, a un tema tan complejo, pero que tanta importancia ha tenido para determinar cambios políticos fundamentales en muchos países y épocas, conversamos con el sociólogo e historiador Dimas Castellanos, conocido también por su periodismo independiente en la revista digital Consenso, en Diario de Cuba y en otros medios.

Cubanet: ¿Considera usted que todavía no existe en Cuba una fuerza que obligue al gobierno a negociar?
Dimas Castellanos: Primero, este no es el caso de un movimiento armado que ocupó una región del país sobre la que ya el gobierno no tiene el control, como ocurre en Colombia. Lo otro que puede obligar al gobierno a negociar es que la oposición tenga tal influencia sobre un sector de la población que pueda crearles dificultades a las autoridades. En Cuba hay un gran descontento ciudadano, que se manifiesta, por ejemplo, en las elecciones. Prácticamente el quince por ciento de los votantes no fue o anuló sus boletas, pero lo hizo de manera espontánea, por una toma de conciencia individual. Nadie debe creer que eso responde a un partido u otro de la oposición que tiene determinado poder de convocatoria. Por tanto, el gobierno no tiene por qué ni con quién negociar, y por otra parte la oposición no tiene suficiente fuerza para impedir que el gobierno haga lo que quiera hacer.

Cubanet: ¿Cuál, según usted, es el motivo de esta situación?

Dimas Castellanos: En Cuba, siempre hubo fuerzas que en algún momento obligaron al poder a determinadas cosas. Esas fuerzas no existen hoy. Cuando el gobierno revolucionario tomó el poder, lo primero que hizo fue desmantelar todo el entramado de institucionalidad que había, principalmente la institucionalidad cívica, y así desaparecieron todas las organizaciones ciudadanas que había aquí desde el final de la Guerra de los Diez Años. Resulta admirable la sociedad civil que irrumpió con vigor en la República, como demuestran las huelgas de aprendices y albañiles en 1901 y 1902, que se extendieron a otros sectores. Hacia 1910, el gobierno se ve obligado a dictar varias medidas legislativas favorables a la clase obrera, como la jornada de ocho horas para los trabajadores públicos, el pago en dinero y no en fichas y vales (como se hacía antes), los días festivos. Todo eso lo logró el movimiento obrero porque tenía una fuerza real y podía, por ejemplo, paralizar los ingenios azucareros o el transporte. Los cubanos de ahora no somos peores que aquellos, sino que no tenemos sindicatos ni otras organizaciones civiles capaces de jugar ese papel.

Cubanet: ¿Entonces, resulta imprescindible, ante todo, montar de nuevo ese entramado?

Dimas Castellanos: Es difícil comprender que esta es una batalla a largo plazo. Y hay que correr con reservas y aprovechar todos los espacios y todos los resquicios, ayudando a la formación cívica de los ciudadanos. Muchos opositores quieren un cambio para Cuba, igual que yo, que también formo parte de esa oposición, pero trato de ser lo más realista posible. El gobierno a veces se ve obligado a dar algún paso, más por razones exteriores que por la presión desde el interior de Cuba. Después de más de cincuenta años, se da el lujo de hacer reformas desde el mismo poder, y por eso pueden condicionar el ritmo y la dirección que toman. Hacen un cambio en un sentido, después lo regresan un poco, vuelven a avanzar, y juegan con eso, pero no hay ninguna fuerza interna capaz de evitarlo. El gobierno va a negociar cuando haya una fuerza que lo obligue a negociar, y esa fuerza hay que formarla a largo plazo.

Cubanet: ¿Comparte la opinión de muchos historiadores cubanos en el sentido de que la Protesta de Baraguá representa un hito en nuestra historia como método de negociación sin comprometer la dignidad?
Dimas Castellanos: Lamento que al Pacto del Zanjón no se le reconozca el mérito histórico que tiene y que exclusivamente se ensalce la Protesta de Baraguá, porque se desmovilizaron las tropas mambisas a cambio de que España permitiera en Cuba un régimen muy parecido al que existía en la propia España o en Puerto Rico. Las leyes de la metrópoli empezaron a regir aquí a partir del Pacto del Zanjón, y vinieron las libertades de expresión, de asociación, reunión, entre otros beneficios. A pesar de todas las limitaciones que se mantenían, allí nació la sociedad civil cubana y se crearon los primeros partidos políticos. Creció el movimiento sindical, los periódicos se diseminaron, surgieron organizaciones de todo tipo —políticas, fraternales, sindicales— que empezaron a cobrar un enorme peso en la sociedad. Era tal ese peso que después no se puede comprender el inicio de la guerra de 1895 sin la labor que hizo esa sociedad civil en plena colonia. Esa fue una etapa, en cuanto a libertades, muy superior a la que existe actualmente.

Debido a lógicos imperativos de brevedad que impone el medio, y a al mismo tiempo, por el interés y por la sustanciosa extensión de las respuestas de Dimas Castellanos, hemos preferido dividir esta entrevista en dos partes, la segunda de las cuales estará a disposición de los lectores en una próxima edición.

Segunda parte:

En sus primeras respuestas para esta entrevista en dos partes, Dimas Castellanos explicaba las razones por las cuales, según su parecer, el movimiento de oposición pacífica en Cuba no está aún en condiciones de obligar al gobierno a sentarse ante una mesa de negociaciones. También argumentaba su criterio a partir de ejemplos de notables eventos negociadores que tuvieron lugar a lo largo de nuestra historia. Justo por este aspecto retomamos el tema.

Cubanet: ¿Cómo evalúa usted el papel jugado por la sociedad civil cubana, en lo que a negociación se refiere, en la época republicana, desde sus inicios hasta 1958?
Dimas Castellanos: La negociación jugó un papel de evidente importancia. La Constitución de 1901 es un ejemplo. El gobierno interventor norteamericano permitió que se formara una Asamblea Constituyente y creó las condiciones para ella, pero, como tenía la fuerza de la ocupación, hizo que se incorporara la Enmienda Platt para garantizar su poder sobre el país. Las fuerzas cubanas más progresistas se opusieron enérgicamente a la Enmienda e incluso viajaron a Estados Unidos, mas no lograron sino unos pequeños cambios. Aunque durante la revolución se condena a quienes firmaron la Enmienda Platt, la verdad es que solo había dos opciones: o firmar ese apéndice a la Constitución o Estados Unidos mantenía su control militar sobre el país. Y no había ya mambises, ni Partido Revolucionario Cubano, ni economía, con un pueblo, además, cansado de guerras. Las mentes más lúcidas vieron que podían perderlo todo y aceptaron la Enmienda —pese a que fuera una ofensa, una humillación — como una táctica, para después desmontarla poco a poco, como hicieron. En 1934 se abrogó por fin la Enmienda Platt. Y todo fue mediante la negociación.

Cubanet: ¿Y en cuanto a la Constitución de 1940?

Dimas Castellanos: Fue una clase magistral de negociación en la que participaron desde los comunistas hasta la más extrema derecha. Se logró una Constitución que daba el equilibrio, aunque quizás, en mi opinión, era superior a la potencialidad cívica del pueblo cubano. Por eso es que después nuestra tradición militarista logra imponerse. No había una tradición cívica fuerte, sino más bien una tradición caudillista, que se demuestra en los gobiernos desde 1902 hasta la caída de Machado en 1933. Entre ese año y 1940 hubo un proceso muy convulso. A partir de 1937 se logra calmar un poco la situación y por fin se regresa a un ejercicio democrático que culmina con la Constitución del 40. Batista gana limpiamente las elecciones presidenciales. Luego Grau lo derrota en el 44 con los Aunténticos, que ganan de nuevo en el 48 con Prío, y en el 52 parecía seguro que triunfaría el Partido Ortodoxo, que no era más que un desprendimiento del Partido Auténtico, y cuyo argumento principal era la corrupción política y administrativa que había. Curiosamente, esa corrupción no afectaba a la sociedad, porque, a pesar de que en civismo no estábamos a la altura, el nivel moral del pueblo cubano era muy elevado. Después del golpe de Estado de 1952, los que querían derribar a Batista se dividieron en dos tendencias: por un lado, las fuerzas cívicas (el Colegio de Abogados, el Colegio Médico, el Club de Leones, el Club de Rotarios, etc.), y, por otro, los que optaron por la lucha armada.

Cubanet: Ya sabemos cuál fue la tendencia ganadora. Lo que no se conoce suficientemente, sobre todo por parte de la población cubana, es qué ocurrió después con la capacidad negociadora de nuestra sociedad civil.
Dimas Castellanos: La revolución se convirtió en fuente de poder, sin ningún compromiso con lo que existía antes y lo barrió todo. En realidad, la revolución se había hecho con el apoyo de solo una parte de la población (la lucha fue de unos pocos miles de hombres en una población de seis millones de habitantes), fundamentalmente los campesinos, pero el respaldo masivo ocurrió después y el gobierno revolucionario actuó con habilidad. Conclusión: se desarmó a la sociedad civil cubana, desaparecieron todos los movimientos autónomos (de campesinos, de estudiantes, de mujeres, de trabajadores, etc.). Los sindicatos fueron intervenidos en enero de 1959. Muchos de los que no estaban de acuerdo con ese rumbo pensaron que, si Fidel Castro había tomado el poder por las armas, se le podía derrocar también por las armas, pero toda resistencia violenta fue derrotada.

Cubanet: ¿Cuándo podría decirse que despertó al fin la sociedad civil cubana, luego del largo letargo impuesto por la revolución?

Dimas Castellanos: A fines de los 80 y principios de los 90 empezaron a surgir organizaciones opositoras, partidos políticos pero con mucha debilidad, a causa de la represión del gobierno, en primer lugar, y porque mucha gente del pueblo sigue identificada con el poder a pesar del fracaso, porque la mentalidad no cambia tan rápido. También por el monopolio que mantiene el gobierno sobre los medios de información. Dice sobre la oposición lo que quiere y es difícil desmentirlo internamente. Así logra aislarla y convertirla en marginal. Desde mi punto de vista, los partidos políticos que se crearon en los 90 están hoy desgastados. Eso duele mucho y a nadie le gusta que se lo digan, pero yo mismo vengo de uno de esos partidos, la Corriente Socialista Democrática, que desapareció. Pero empieza a gestarse una especie de protosociedad civil y hay movimientos con un trabajo muy estable, aunque no se hable mucho de ellos, como es el caso de Dagoberto Valdés, en Pinar del Río, que tiene el método de avanzar pasito a pasito y durante años ha insistido con la fuerza de lo pequeño, con una base teórica para el cambio, un pensamiento político acumulado que habrá que usar en algún momento. Pero sigue el problema del caudillismo, que desde siempre hemos padecido.

Cubanet: ¿Y en cuanto a las condiciones actuales para el reforzamiento de la capacidad negociadora de la oposición?

Dimas Castellanos: Ahora el gobierno está agotado y el modelo ha demostrado ser inviable. Con faltas de libertades no puede haber desarrollo de nada, desde la economía hasta el deporte. Todo está dañado y los gobernantes no quieren caer en el suicidio de promover reformas que les corten el camino y los lleven a ser procesados judicialmente. Para avanzar en la economía y salir del desastre, el gobierno sabe que tiene que conectarse de nuevo con el mundo desarrollado, sobre todo Europa Occidental y Estados Unidos, que basan la relación en el respeto a los derechos humanos, por eso es que ha empezado a hacer pequeñas concesiones. De todos modos, ese mundo desarrollado considera que todavía son insuficientes las reformas. Por eso es que el gobierno va a tener que hacer más cambios.

Cubanet: ¿Cree entonces que a partir de las nuevas circunstancias y de las nuevas oleadas de opositores se estén creando ya las condiciones para un posible negociador?

Dimas Castellanos: Pese a todo, el momento de la negociación llegará, aunque no en una situación como la actual. El ejemplo está en excarcelación de los presos políticos, donde no hubo negociación entre el gobierno y la oposición. Aunque muchos criticaron a la Iglesia, me parece que no había otro camino y que con la Iglesia salió fortalecida la sociedad civil, de la que forma parte. Aunque la Iglesia logró satisfacer también algunas de sus propias demandas, en realidad no pienso que sea porque tenga intereses comunes con el gobierno, sino por una táctica momentánea. Estratégicamente, el gobierno y la Iglesia no van en la misma dirección. Ahora hay 400 mil cuentapropistas que no dependen del Estado. Sin embargo, ¿qué trabajo hace la oposición entre esos trabajadores? Ellos no piensan en los derechos humanos, sino en sus necesidades más elementales. Lo que quieren es mayor liberación económica. Esos 400 mil cuentapropistas son un área en la que tenemos que trabajar. Debemos crear muchos más espacios, pequeñas escuelas de historia de Cuba, cursos de política, enseñanzas sobre lo que es una Constitución, sobre los derechos, porque la gente poco a poco se irá acercando. En la oposición no se le da toda la importancia que tiene a la formación cívica. No se puede luchar por un cambio si la gente no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. El día en que la oposición pueda decir que el quince por ciento de la población que no asiste a las elecciones está a su favor, será una minoría contra el ochenta y cinco por ciento restante, pero representará una gran fuerza porque estará estructurada y entonces sería realista ver la posibilidad de negociaciones.

En eso es en lo que hay que trabajar. Si miramos la historia de Cuba, vemos que siempre hemos estado cambiando y, sin embargo, ahora estamos más atrasados en derechos humanos que en 1878, porque hemos tenido cambios para retroceder en libertades ciudadanas. La revolución del 1959 parecía lo más grandioso, pero caímos en una trampa y terminamos peor que antes. Por eso nuestro trabajo tiene que ser desde la base y con paciencia.

Publicado en la segunda edición de Cuadernos de Pensamiento Plural. Número dos, año i, invierno 2012.

Los pueblos no pueden vivir sin historia. En el 160 aniversario del natalicio de José Martí –figura cumbre del pensamiento político cubano–, sus ideas, en vez de emplearse para la solución de los graves problemas que aquejan a la sociedad cubana, se siguen manipulando con el objetivo de validar un modelo social fracasado con el que se intentó aumentar la producción, ignorando tanto las leyes que rigen la economía como los derechos y libertades más elementales.

El intento tuvo su debut el 19 de febrero de 1959, cuando unos días después de asumir el cargo de Primer Ministro, en un típico arranque de voluntarismo, Fidel Castro aseguró que: “aumentaría notablemente la producción agrícola, se duplicaría la capacidad de consumo de la población campesina y Cuba borraría su pavorosa cifra de desempleo crónico, logrando para el pueblo un nivel de vida superior al de cualquier otra nación”1. Sin embargo, el desmontaje de la sociedad civil, la suspensión de las libertades ciudadanas y el proceso de estatización, condujeron al estancamiento y al aislamiento externo; al descontento ciudadano y la desesperanza; a la apatía, la corrupción generalizada y al éxodo masivo.

En ese proceso, desde los primeros años de poder revolucionario, coexistieron dos vías para la dirección de la economía socialista: una, el Cálculo Económico, donde las empresas subordinadas a un plan estatal gozaban de determinada independencia, autofinanciamiento y el empleo priorizado de los estímulos materiales sobre los morales; la otra, el Sistema de Financiamiento Presupuestario, caracterizado por una mayor centralización, una alta carga subjetiva y el uso de los estímulos morales por encima de los materiales. Durante décadas esas dos vías se alternaron con un voluntarismo exacerbado. Lo ocurrido se puede sintetizar en los siguientes seis momentos

1- Entre 1962 y 1965 se introdujo el sistema de Cálculo Económico en las empresas agropecuarias, aunque de forma incompleta, pues el autofinanciamiento, uno de sus principios cardinales no se aplicó, razón por la cual las empresas tenían que recurrir al gasto público. En este período, el Jefe de la Revolución, ignorando la planificación, destinó grandes recursos para desarrollar sus propias ideas, como ocurrió con la Agrupación Básica del Cauto, un proyecto agropecuario conformado por territorios de varios municipios orientales con su centro en la ciudad de Bayamo.

2- En 1967 se impusieron los criterios de mayor racionalidad. Se introdujo el Sistema Presupuestario de Financiamiento pero con restricciones, bajo la denominación de Nuevo Sistema de Registro Económico. Con su introducción desapareció el Ministerio de Hacienda, el presupuesto del Estado, los mecanismos de cobros y pagos, y las escalas salariales. Para la formación del “hombre nuevo” se introdujo un horario laboral basado en la conciencia y el uso extremo de los estímulos morales. Una de sus expresiones fue el frustrado intento de convertir a Isla de Pinos en el primer territorio comunista de Cuba. Luego, con la Ofensiva Revolucionaria en 1968, se eliminaron los últimos 56,000 pequeños establecimientos de comercio y servicio que habían logrado sobrevivir al proceso estatizador. El clímax de este período fue el desquiciado intento de producir 10 millones de toneladas de azúcar, que dislocó toda la economía. Los errores de esa etapa fueron reconocidos en el informe al Primer Congreso del PCC en 1975, donde Fidel Castro dijo que se había tomado la decisión menos correcta, que fue inventar un nuevo procedimiento… quisimos establecer nuestros propios métodos, un Nuevo Sistema de Registro Económico precedido por la erradicación de las categorías mercantiles y la supresión de pagos y cobros entre las empresas del Estado2.

3- En 1972 Cuba fue admitida en el Consejo de Ayuda Económica y en 1975 se acordó introducir el Sistema de Dirección y Planificación de la Economía (SDPE), en el cual se combinaron la planificación directiva, la verticalidad administrativa y la negación del mercado. El SPDE resultó un fracaso anunciado, pues la experiencia soviética ya había demostrado que la eficiencia dentro de una economía planificada exige la descentralización y la introducción de mecanismos de mercado. En este período, el intento más atrevido fue la apertura del Mercado Libre Campesino (MLC) que al entrar en funcionamiento en 1980, permitió a los pequeños agricultores –una vez cumplidos los compromisos con el Estado– vender los sobrantes a precios de oferta y demanda y contratar fuerza de trabajo, además de introducirse el trabajo por cuenta propia en 48 actividades.

En 1986, debido a la influencia de la Perestroika en la URSS el experimento reformista fue interrumpido. En el afán por desconocer las leyes económicas, el líder cubano planteó: en la esfera de la producción tenemos que utilizar los instrumentos económicos como medios auxiliares del trabajo político y revolucionario. Desde esa óptica sustituyó a la Junta Central de Planificación y a sus dirigentes por el Grupo de Apoyo, los MLC fueron cerrados y sustituidos con las empresas agrícolas estatales, se recentralizaron las decisiones económicas, se inició el Proceso de Rectificación de Errores y Tendencias Negativas y con el argumento de la aparición de fenómenos negativos que atentaban contra “el proceso de construcción del socialismo”, se regresó a la entrega de subsidios a las ineficientes empresas estatales. En el contexto de esa contrarreforma emergió aquella consigna de  Ahora sí vamos a construir el Socialismo. Posteriormente, con el derrumbe de la Unión Soviética la pérdida de los subsidios que durante 30 años se habían otorgado a Cuba, combinado con la contrarreforma interna, provocaron una caída abrupta del Producto Interno Bruto.

4- El fracaso anterior generó una profunda crisis, bautizada por el gobierno como Periodo Especial. En respuesta, entre 1995 y 2003 se introdujo un paquete de reformas que permitieron la venta de comida en las casas y de alimentos, bebidas y helados en las calles, la existencia de la actividad artesanal y de pequeños talleres, la inversión extranjera, la reapertura de los MLC (ahora Mercados Agropecuarios) y la apertura del mercado de productos industriales, se legalizó la libre circulación del dólar, se descentralizó el comercio exterior, se abrieron zonas francas y se crearon las UBPC (supuestas cooperativas formadas por el Estado). En este período se mantuvo la aplicación, con carácter selectivo, del Sistema de Perfeccionamiento Empresarial en las empresas militares, en las que desde algunos años antes se venía experimentando

5- En el 2004, a pesar de que las reformas del período anterior arrojaron resultados importantes, las mismas fueron paralizadas para regresar una vez más a la centralización y la limitación del papel de mercado. La llamada Batalla de Ideas, impulsada por Fidel Castro, se adoptó como método para luchar contra la corrupción administrativa, el desvío de recursos estatales y el enriquecimiento ilícito; males del modelo que se achacaron al  mercado. En consecuencia se limitó la entrega de nuevas licencias, se aumentaron los impuestos y se reconsideró la inversión extranjera. Este giro estuvo asociado al incremento de las relaciones con Venezuela, país suministrador de petróleo a precios preferenciales y hacia el cual se exportaban servicios. La magnitud de ese intercambio, que sustituyó los subsidios soviéticos, desplazó de los primeros lugares al azúcar, al níquel y al sector manufacturero.

6- El inicio del período actual coincidió con el traspaso del poder del Primer Secretario del PCC, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministro y Comandante en Jefe Fidel Castro a manos del General de Ejército Raúl Castro. En ausencia de fuerzas cívicas alternativas con capacidad para influir en el curso de los acontecimientos, el traspaso se produjo entre los mismos sujetos del poder, lo que determinó el carácter, el orden, la profundidad, la dirección y la velocidad de los cambios. Raúl Castro, en un escenario nacional e internacional extremadamente complejo, abrió una etapa de conjeturas, aspiraciones y esperanzas.

Con el fin de impregnarle racionalidad al modelo, pero desconociendo el papel que le corresponde al mercado, a las relaciones de propiedad y a las libertades individuales, Raúl Castro comenzó por el desmontaje de los métodos y planes cargados de voluntarismo que formaban parte de la Batalla de Ideas y anunció la introducción de cambios estructurales y de conceptos, condensados en un plan mínimo de reformas: 1- Lograr una agricultura fuerte y eficiente para garantizar la alimentación de la población y sustituir importaciones. 2- Hacer que las personas sientan la necesidad de trabajar para vivir. 3- Rechazar firmemente las ilegalidades y otras manifestaciones de corrupción. 4- Desinflar las plantillas laborales, cuyas plazas innecesarias sobrepasaban el millón de trabajadores y 5- impulsar el trabajo por cuenta propia para asimilar la fuerza de trabajo excedente.

La ley más importante de ese plan mínimo fue la entrega de tierras ociosas en usufructo; una medida insuficiente y contradictoria, pues luego de reconocer la incapacidad del Estado para producir y de considerar la producción de alimentos como problema de máxima seguridad nacional, se decidió conservar la propiedad estatal y reducir los productores a simples usufructuarios. De todas formas, esos cambios (tardíos, escasos y limitados)  rompieron con décadas de inmovilismo.

El intento reformista fue entorpecido por una especie de dualidad de poderes, manifestada en el compromiso del nuevo mandatario de consultar las decisiones más importantes a su hermano y en la oposición de éste a los cambios. El punto más crítico de esa dualidad se produjo a mediados del año 2011, cuando Fidel Castro reapareció repetidas veces en público hasta  el 7 de agosto, cuando en una sesión extraordinaria de la ANPP expuso sus preocupaciones por la “inminente” guerra nuclear. En esa oportunidad, refiriéndose al presidente Barack Obama, quien supuestamente ordenaría el inicio del holocausto, dijo que: Tal vez no daría la orden si lo persuadimos. En contraposición, el 1 de agosto de 2011, en la sesión ordinaria de la ANPP, Raúl Castro anunció la generalización del trabajo por cuenta propia, incluyendo la contratación de mano de obra, algo inédito en Cuba; y el 13 de agosto, día del cumpleaños de Fidel, se anunció la próxima liberación de otros seis prisioneros políticos.

Los contenidos del programa mínimo –vaciados en los Lineamientos de la Política Económica y Social– aprobado en el VI Congreso del PCC quedaron acotados por el sistema de planificación socialista y la empresa estatal como vías principales para la dirección de la economía. Además de esa limitación, las  contradicciones e incoherencias se pusieron de manifiesto en las 15 conferencias provinciales del PCC celebradas post congreso. En ellas el Segundo Secretario, José Ramón Machado Ventura, reiteró ideas como las siguientes: “El Partido no administra, eso es bueno, pero no puede perder el control sobre sus militantes, independientemente del cargo que ocupen”; “Tenemos que conocer de antemano qué va a sembrar y cosechar cada productor”;  “Hay que exigirle a los que no hacen producir la tierra”. Planteamientos dirigidos a mantener la economía subordinada al Partido y al Estado. Finalmente, entre el 11 y el 18 de junio de 2012, aparecieron en la prensa oficial ocho pequeños textos de Fidel Castro, nebulosos y ajenos a la realidad nacional, que marcaron el fin de la dualidad de poderes, por lo que ahora y no antes se puede hablar del gobierno de Raúl Castro.

En julio de 2012, en la clausura del IX Período Ordinario de Sesiones de la ANPP, el presidente del Consejo de Estado volvió sobre los planteamientos realizados en el informe al VI Congreso; unos días después, en Guantánamo, retomó el tema de la disposición a mejorar las relaciones con Estados Unidos y el 30 de julio encabezó la marcha por el Día de los Mártires en Santiago de Cuba, lo que confirmaba el inicio real de su poder.

El balance de los últimos años de gobierno arroja los siguientes resultados:

1- La producción agropecuaria cayó en el año 2010 en 4,2%; en el 2011 el PIB creció menos de lo previsto; la importación de alimentos aumentó de 1,5 miles de millones en 2010 a 1,7 millones en 2011; las ventas disminuyeron en 19,4% respecto a 2010 y los precios al detalle se incrementaron en 19,8%; mientras el salario medio mensual nominal aumentó sólo en 2,2%, lo que empeoró la situación de los trabajadores. Las zafras azucareras continuaron con producciones similares a la de principios del siglo XX, incluyendo la zafra 2011-2012, que programada para producir 1 450 000 toneladas de azúcar, ni alcanzó la meta ni terminó en tiempo.

2- Las actividades delictivas crecieron, como lo demuestra la cantidad de procesos judiciales celebrados y en marcha, al punto que la corrupción, junto a la ineficiencia de la producción, constituyen problemas de seguridad nacional.

3- Las limitaciones impuestas al trabajo por cuenta propia impidieron que este sector absorbiera la cantidad esperada de trabajadores estatales. De unos 400 mil cuentapropistas más de 330 000 carecían de vínculo laboral o eran jubilados, por lo que realmente se absorbió menos el 17% de los trabajadores estatales.

Entre las múltiples causas de los fracasos está el intento de superar una crisis de carácter estructural con medidas parciales; la ausencia de voluntad política para permitir la coexistencia de diversas formas de propiedad, la formación de una clase media y cambiar el insatisfactorio estado de los derechos y libertades ciudadanas. Seguidamente la Primera Conferencia del PCC, celebrada en enero de 2012, volvió a eludir esos aspectos básicos. Más reciente, la enfermedad del presidente Hugo Chávez ha puesto en peligro los enormes subsidios que se reciben de Venezuela, por lo que las autoridades tendrán que introducir  un mayor dinamismo, profundidad  e integralidad a los cambios; pues pasé lo que pasé en Venezuela, sin Chávez nada volverá a ser como antes.

En ese sentido las medidas más recientes: la creación de cooperativas no agropecuarias con mayor autonomía que las anteriores; la nueva política migratoria, que flexibiliza las absurdas prohibiciones a la libertad de movimiento; la rebaja de de las tarifas de la telefonía celular, que aumentarán las comunicaciones; el considerable aumento de las emisiones de Telesur –en vivo–, que debilita la desinformación monopólica de los medios oficiales; la incorporación en la televisión cubana de informaciones acerca del deporte profesional como el baloncesto y la pelota, algo que estuvo prohibido hasta ahora; y la información sobre el inicio de las pruebas de ejecución del cable de fibra óptica con el fin de normalizar esa vía de comunicación, que rompió el prologado silencio gubernamental al respecto. La coincidencia temporal de esas y otras disposiciones parecen responder a los acontecimientos que se desencadenarán con la inminente salida del poder del presidente Hugo Chávez y en consecuencia, la necesidad de mejorar las relaciones con Estados Unidos y la Unión Europea.

Aunque los pasos mencionados apuntan en la dirección del cambio, hasta que los contenidos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de los pactos de Derechos Civiles y Políticos y Derechos Económicos, Sociales y Culturales no sean incorporados como sustento legal de las libertades ciudadanas, no se podrá hablar propiamente de una verdadera voluntad política de cambios.

La vigencia del pensamiento martiano

¿Existe o no alguna relación entre, las ideas de José Martí acerca del Partido, de las libertades y la democracia, de la participación de los cubanos en la política, de la pequeña y mediana propiedad, de un lado;  y de otro lado, el estado actual de la sociedad cubana?

Después de analizar las causas del fracaso de la Guerra de los Diez años, Martí concibió el Partido revolucionario (PRC) como instrumento organizador, controlador y creador de conciencia para gestar la Patria y conformar la República, de modo que en la conquista de la independencia inmediata estuvieran los gérmenes de la independencia definitiva3. El 1 de abril de 1893, en Nueva York, expresó: “La grandeza es esa del Partido Revolucionario: que para fundar una república, ha empezado con la república. Su fuerza es esa: que en la obra de todos, da derecho a todos. Es una idea lo que hay que llevar a Cuba: no una persona…”4. Y en las Bases del PRC lo definió así: El partido “no se propone perpetuar en la República Cubana, con formas nuevas o alteraciones más aparentes que esenciales, el espíritu autoritario y la composición burocrática de la colonia, sino fundar en el ejercicio franco y cordial de las capacidades legítimas del hombre, un pueblo nuevo y de sincera democracia, capaz de vencer, por el orden del trabajo real y el equilibrio de las fuerzas sociales, los peligros de la libertad repentina en una sociedad compuesta para la esclavitud”5.

Respecto a la libertad y la democracia, otras de nuestras carencias actuales, planteó: “cerrémosle el paso a la república que no venga preparada por medios dignos del decoro del hombre, para el bien y la prosperidad de todos los cubanos!…6  En 1891, dijo: “Por que si en las cosas de mi patria me fuera dado preferir un bien a todos los demás, un bien fundamental que de todos los del país fuera base y principio, y sin el que los demás bienes serían falaces e inseguros, ese sería el bien que prefiriera: yo quiero que la ley primera de nuestra república sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre” 7. El 10 de Octubre de 1889, en Nueva York, expresó: “Todo lo de la patria es propiedad común, y objeto libre e inalienable de la acción y el pensamiento de todo el que haya nacido en Cuba. La patria es dicha de todos, y dolor de todos, y cielo para todos, y no feudo ni capellanía de nadie, y las cosas públicas en que un grupo o partido de cubanos ponga las manos con el mismo derecho indiscutible con que nosotros las ponemos, no son suyas sólo, y de privilegiada propiedad, por virtud sutil y contraria a la naturaleza, sino tan nuestras como suyas…”8.  Y en carta a José Dolores Poyo, de diciembre de 1891, dijo: “Es mi sueño que cada cubano sea hombre político enteramente libre”9

En cuanto a la participación de los cubanos como sujetos políticos, el 17 de febrero de 1892 expresó: “… les enseñaré aquellos talleres donde los hombres, poniendo la vida real de margen a los libros, practican la política, que es el estudio de los intereses públicos, en el trabajo que la sanea y la modera y en la verdad que le pone pie firme”10. Y en el tercer aniversario del PRC volvió sobre ese tema: “… Un pueblo no es la voluntad de un hombre solo, por pura que ella sea, ni el empeño pueril de realizar en una agrupación humana el ideal candoroso de un espíritu celeste, ciego graduado de la universidad bamboleante de las nubes… Un pueblo es composición de muchas voluntades, viles o puras, francas o torvas, impedidas por la timidez o precipitadas por la ignorancia”11.

Acerca de un tema tan vital por su función social como es el de la propiedad, José Martí decía; Es rica una nación que cuenta muchos pequeños propietarios. No es rico el pueblo donde hay algunos hombres ricos, sino aquel donde cada uno tiene un poco de riqueza. En economía política y en buen gobierno, distribuir es hacer venturosos12.

Conclusiones

El pensamiento martiano conserva su vigencia no sólo porque se adelantó a su época o porque definió conceptos que han resistido la prueba del tiempo, sino también, porque en materia de derechos y libertades Cuba ha retrocedido al siglo XIX en que a Martí le tocó vivir.

Martí concebía la República como estación de destino, a diferencia del  Partido, concebido como necesidad táctica de una estrategia mayor y no para representar a una clase social, no con fines electoreros, no para dominar y prohibir la existencia de partidos diferentes, no para anular la participación popular, no para declarar que la calle y la universidad pertenecen a los revolucionario, mucho menos para reprimir a los que con todo derecho piensan diferente.

Para Martí la república moderna debía ser inclusiva por naturaleza, estado de igualdad de derecho de todo el que haya nacido en Cuba, espacio de libertad para la expresión del pensamiento y para el bien y la prosperidad de todos; una república para que cada cubano pudiera ser hombre político enteramente libre. Por tan elevados propósitos soñó, pensó, luchó y murió, para que la primera Ley de la República fuera la dignidad plena del hombre.

Por todo ello, una vez fracasado el modelo de socialismo totalitario, el pensamiento martiano que es historia y actualidad, constituye un punto de referencia válido, que sin  calcarlo, debemos emplearlo para superar el estancamiento en que estamos sumidos. Ese sería el mejor y más elogioso homenaje en este y en los sucesivos aniversarios.

“Sin un sindicato fuerte no habrá economía”, afirmó Salvador Valdés Mesa, vicepresidente del Consejo de Estado y miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba (PCC) en el recién concluido Pleno del Sindicato Nacional de Trabajadores Azucareros. Un planteamiento que expresa nítidamente la visión de los sindicatos como instrumentos del Estado y no como una asociación para defender los intereses de los trabajadores.

Valdés Mesa, sustituido la semana anterior del cargo de secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), en las últimas dos décadas fue primer secretario del PCC del municipio y de la provincia Camagüey, secretario general del Sindicato Agropecuario y Forestales y Ministro del Trabajo y Seguridad Social.

Al ser liberado del cargo al frente de la organización obrera, Machado Ventura, segundo secretario del PCC, explicó que la responsabilidad de Salvador Valdés como vicepresidente del país era incompatible con la dirección de la CTC, “pero dada la importancia y significado de contar con un movimiento obrero fuerte y consolidado”, él continuaría atendiendo esa labor desde su nueva función. En su lugar, Carmen Rosa López Rodríguez, segunda secretaria, estará al frente de la Central de Trabajadores hasta la celebración del XX Congreso que tendrá lugar en el mes de noviembre.

La salida de Valdés Mesa de la CTC parece responder al recambio de los dirigentes de las llamadas organizaciones políticas y de masas. Carlos Rafael Miranda Martínez, Félix González Vigo, Yuniasky Crespo Vaquero y Teresa María Amarelle Boué, sustituyeron hace apenas unos meses a los que ocupaban esas responsabilidades en los CDR, la ANAP, la UJC y la FMC. Los cuatro integraron el Consejo de Estado el pasado 24 de Febrero, cuando Valdés Mesa fue designado vicepresidente de ese órgano. Lo anterior demuestra la ausencia de autonomía del movimiento obrero en Cuba, sin la cual puede ser que no halla economía fuerte, pero lo seguro es que no habrá sindicatos fuertes.

Desarrollo y caída de los sindicatos cubanos

Una mirada sucinta a la historia de ese movimiento devela el proceso que condujo a su desnaturalización. Emergido en la segunda mitad el siglo XIX durante el proceso de sustitución de la mano de obra esclava por la asalariada, el sindicalismo cubano tuvo sus primeras manifestaciones con las huelgas en la industria del tabaco y la fundación de los primeros periódicos obreros; se extendió en pleno colonialismo con la entrada en vigor de la Ley General de Asociaciones en 1888; y apoyado en las libertades y derechos reconocidos en la Carta Magna de 1901, recogió sus primeros frutos en la primera década del siglo XX con la aprobación de los días festivos y de duelo, la jornada de ocho horas para trabajadores del Estado, la prohibición del pago en fichas y vales, y el cierre de establecimientos comerciales y talleres a las seis de la tarde, entre otras.

Su fortalecimiento se manifestó en la conformación de la Confederación Nacional Obrera de Cuba en 1925; en la huelga que derribó el régimen de Gerardo Machado en 1933; en la legislación obrera de 1938, que garantizó derechos de los trabajadores como el salario mínimo y las pensiones por causa de muerte que asumieron carácter constitucional; y en el nacimiento de la CTC en 1939. Todo lo anterior convirtió al sindicalismo en un factor importante de la sociedad civil cubana.

Sin embargo, la subordinación de las asociaciones sindicales a los partidos políticos que comenzó en 1925, se agudizó en la década del 40 con la pugna entre auténticos y comunistas por el control del movimiento obrero y en 1952, cuando Eusebio Mujal, entonces secretario general del movimiento obrero después de ordenar la huelga general contra el golpe de Estado de ese año, terminó aceptando una oferta de Fulgencio Batista a cambio de conservar los derechos adquiridos por la CTC.

Finalmente, en 1959 se recibió el golpe más fuerte: la CTC fue disuelta y sustituida por la (CTC-R). En noviembre de ese año, en el X Congreso, el secretario general David Salvador Manso expresó que los trabajadores no habían ido al Congreso a plantear demandas económicas sino a apoyar a la revolución. El XI Congreso celebrado en noviembre de 1961 confirmó la perdida de autonomía cuando los delegados renunciaron a casi todas las conquistas históricas del movimiento obrero: los nueve días de licencia por enfermedad, el bono suplementario de navidad, la jornada semanal de 44 x 48 horas, el derecho de huelga y el incremento del 9.09%, entre otros. A partir de ese momento, la CTC devino auxiliar del gobierno.

Los intereses estatales

La independencia de los sindicatos respecto a cualquier institución extrasindical constituye una premisa vital para la defensa de sus propios intereses. Sus funciones, al quedar bajo el control del Estado, dejaron de emanar de las necesidades e intereses de los trabajadores, lo que condujo a su desnaturalización. La dependencia se refrendó en la Constitución de 1976, en la cual no se recogieron los resultados alcanzados por el movimiento sindical desde su creación.

Una viva expresión de la perdida de autonomía fue el pronunciamiento de la CTC acerca de las medidas dictadas por el Gobierno para desinflar las plantillas laborales y brindarle mayor cobertura al trabajo por cuenta propia. En el documento denominado “Pronunciación de la Central de Trabajadores de Cuba”, emitido en el mes de septiembre de 2010, se plantea que “Nuestro Estado no pude ni debe continuar manteniendo empresas, entidades productivas, de servicios y presupuestadas con plantillas infladas, y pérdidas que lastran la economía, resultan contraproducentes, generan malos hábitos y deforman la conducta de los trabajadores. Es necesario elevar la producción y la calidad de los servicios, reducir los abultados gastos sociales y eliminar gratuidades indebidas, subsidios excesivos, el estudio como fuente de empleo y la jubilación anticipada. El éxito del proceso que ahora se inicia dependerá del aseguramiento político que desde el movimiento sindical y bajo la dirección del Partido los dirigentes sindicales demos previamente a las acciones que se deben emprender…”

El texto citado confirma la pérdida de la independencia de la CTC, sin la cual es imposible la existencia de un verdadero sindicalismo. En el documento citado están plasmados los intereses del Estado, mientras no se dice nada de los ingentes problemas de los trabajadores, en primer lugar, de la insuficiencia de los salarios actuales para vivir.

Republicado

El Clásico, resultado de un reclamo y del acuerdo entre los directivos de la Federación Internacional de Béisbol y de las Grandes Ligas, es un campeonato mundial resultado de la fusión de peloteros amateurs y profesionales, en la que los atletas sin cobrar por participar ni defender intereses específicos, entregan a los aficionados del mundo, especialmente a los de sus países de origen, un espectáculo apasionado de la mayor calidad.

En la primera versión del Clásico (2006), Cuba, el equipo que más ponches recibió, que más carreras le hicieron y de mayor descontrol en el pitcheo, ocupó el segundo lugar. En la segunda versión (2009), aunque fue superior en ofensiva, pitcheo y defensa, pasó al quinto lugar. En la tercera versión (2013), el mentor cubano al concluir los choques preparatorios expresó que su equipo estaba en la mejor forma deportiva y que su mayor satisfacción era ver a los muchachos con sed de victoria. Ganaremos el Clásico. “A eso vinimos, no a otra cosa”, dijo enfáticamente. Sin embargo, a pesar de contar con uno de los mejores equipos que han representado a la Isla, no pudo mejorar la quinta posición. La lección es clara: la pelota cubana está en retroceso respecto al resto del mundo.

Causas de la derrota

Ubicada en el grupo de mayor facilidad de acceso, en la primera ronda la selección cubana dispuso de Brasil, le ganó a la República Popular China y derrotó a Japón. En la segunda ronda, cayó frente a Holanda, noqueó a Taipei y sucumbió nuevamente frente a los naranjas. A pesar de los abanderamientos y los llamados ideológicos a combatir con honor y dignidad, Cuba demostró no estar en condiciones de ganar un Clásico. En su lugar, Dominicana y Puerto Rico avanzaron hasta la final. Con un juego integral: pitcheo, bateo, defensa y combatividad de sus jugadores, esas dos pequeñas islas caribeñas, sin la omnipresencia del Estado, dejaron bien lejos a la mayor de las Antillas. Como expresara el periodista deportivo Rafael Arzuaga, Cuba ocupó el lugar que merece.

Entre las causas de la derrota se han mencionado, entre otros factores, los siguientes: ausencia de un lanzador que se eche el equipo encima; incapacidad para competir bajo la presión de un campeonato corto; necesidad de insertarse en ligas foráneas donde se juegue con mayor intensidad; baja preparación en la Serie Nacional; carencia en la  preparación del atleta desde las edades escolares y juveniles; carencia de equipos deportivos a precios accesibles; necesidad de cambiar la espectacularidad por la eficiencia en la dirección del béisbol cubano; técnicos calificados, que por razones conocidas prefieren entrenar en el extranjero; ausencia de una Liga de Desarrollo o Campeonato de Segunda Categoría; la mezcla del deporte con asuntos extradeportivos; y desterrar la idea de que en ganar o perder se va la vida.

Junto a esos señalamientos hay al menos otro que merece mayor atención, me refiero a la pelota profesional. De los 16 equipos participantes, Cuba es el único que no permite a sus peloteros jugar en ligas profesionales, lo que impide a figuras como Aroldis Chapman, Kendry Morales, Yadel Martí o Yoennis Céspedes, por solo citar cuatro de ellos, que puedan competir por su país, mientras en esta versión del Clásico tomaron parte más de 150 peloteros de ligas profesionales, de ellos 115 de Grandes Ligas.

A ello hay que añadir que antes de 1959 se radiaban y televisaban los juegos de Grandes Ligas, mientras los peloteros cubanos que jugaban fuera del patio traían sus experiencias, en incluso practicaban con los menores de sus barrios, a los que veíamos como seres superiores. Todavía conservo fresca en la memoria haber jugado en Bayamo con figuras como Yiqui De Souza, cuando apenas tenía 12 años de edad. Esos y otras facilidades permitían reproducir, desde cada barrio, la cultura beisbolera que habían traído de Estados Unidos los jóvenes cubanos que estudiaban en un país  que contó con clubes organizados desde 1842 y donde el profesionalismo debutó desde 1869.

La derrota del deporte estatal

En Cuba, aunque el primer partido oficial se sitúa en Palmar de Junco en diciembre de 1874, se ha conocido que siete años antes se efectuó un juego de béisbol entre jóvenes del Comercio Habanero con un grupo norteamericano1. La acogida a la pelota fue tal, que en la segunda mitad del siglo XIX había unos 200 equipos y que alrededor de 1888 se fundara la primera Liga Cubana de Béisbol. Así, junto a las guerras de independencia, los discursos políticos, el baile y la música, la pelota formó parte del proceso de conformación de nuestra identidad nacional y política y devino práctica sociocultural de la mayor importancia, lo que explica hechos como los siguientes: 1- los tabaqueros cubanos en Cayo Hueso y Tampa fundaron ese pasatiempo en el sur de La Florida y 2- como afirma Roberto González, muchos cubanos “recordaban con más precisión la cronología del béisbol a lo largo del siglo que los hitos de la historia nacional”2.

A fines del siglo XIX, con la ocupación de la Isla, selecciones de peloteros cubanos recorrieron la costa este de los Estados Unidos brindando juegos de exhibición contra los equipos locales, en los que obtuvieron más victorias que derrotas, incluyendo topes contra los mejores teams profesionales, pero no fue hasta los años 40 del siglo XX que en Cuba se impuso el béisbol rentado. En el Gran Stadium del Cerro se fundó la Liga Cubana de Base-Ball profesional con cuatro equipos: Habana, Almendares, Cienfuegos y Marianao, a los cuales se unieron otros. Todos contaban con sus respectivos clubes, patrocinados por organizaciones de la sociedad civil.

A mediados de los años 50, en la Triple A, irrumpieron los Cubans Sugar’s Kings, equipo con peloteros cubanos y de otros países caribeños que permitía a los amateur entrar a las Grandes Ligas. El profesionalismo se impuso como necesidad, servía para que hombres humildes garantizaran su vida y la de sus familias.

En el verano de 1959, los Cubans Sugar’s Kings ganaron la llamada Pequeña Serie Mundial, frente al equipo de Minnesota-Saint Paul en el Stadium del Cerro, en presencia de Fidel Castro. Finalmente  en 1961, después que Almendares y Cienfuegos disputaron el juego final de esa temporada, se creó el INDER, se abolió la pelota profesional y se prohibió a los peloteros cubanos viajar a Estados Unidos. Sin embargo, después de esa fecha hubo más estrellas profesionales que nunca, con hazañas superiores a las precedentes, a los que se les  llamó desertores por los que concebían la nación como la extensión de un Ejército bajo el mando de un Comandante en Jefe.

Rectificar

La relación entre política y deporte no era novedad. Peloteros cubanos  participaron en la lucha por la independencia, estuvo presente en el discurso modernizador del  autonomismo y presidentes como Gerardo Machado y Fulgencio Batista la utilizaron. Fiel a esa tradición, después de 1959, Fidel Castro se convirtió en el jefe de Estado que más intervino en la pelota, con la diferencia de que ahora se trataba de un proyecto totalizador: el deporte pasó de la sociedad civil al Estado. Sin embargo, se conservó el “profesionalismo revolucionario”, si entendemos por ese término, al que juega a cambio de un salario.

Con considerables fondos del Estado Cuba estableció una supremacía en las competencias amateurs centroamericanas, panamericanas y mundiales que perduró durante décadas, lo que se calificó como la victoria de la pelota libre sobre la pelota esclava. Otro tanto comenzó cuando aparecieron los choques con equipos profesionales, declive manifestado en los Clásicos, que con participación conjunta de amateurs y profesionales, ha situado a Cuba ante la única salida, la de rectificar, un camino que comienza por excluir de la pelota los factores extradeportivos y devolver a la sociedad civil el papel que le corresponde en esa materia.

1 Tembrás Arcia, Rudens. El béisbol es patrimonio espiritual de la nación. Trabajadores, lunes 26 de marzo 2012. Entrevista a Félix Julio Alfonso, historiador y antropólogo cubano.
2 González Echevarría, Roberto. La gloria de Cuba. Historia del béisbol en la Isla. Madrid, Editorial Colibrí, 1999, p.579.

Por razones que desconozco desaparecieron del blog varios artículos que ahora repongo. Entre ellos el III Clásico de pelota y ¿Hay sindicatos en Cuba?, publicados el 26 de marzo y el 4 de abril de 2013 respectivamente en el Diario de Cuba. Pido disculpa a los lectores por las molestias que pueda haber ocasionado.

Dimas Castellanos

Según los resultados oficiales de las “elecciones” celebradas el domingo 3 de febrero del presente año, 1 249 832 cubanos –el 14,22% del total de electores–, en una clara manifestación de rechazó al sistema electoral cubano, no asistió a las urnas o anuló las boletas.

El número de personas con esa conducta venía creciendo desde los comicios precedentes. En el año 2003 la suma de esas dos categorías (los que no asistieron a las urnas y los que anularon las boletas) fue de 506 453 personas para el 6,09% del total de electores; mientras en el año 2008 fue de 657 119 para un 7,73%; mientras en los recientes comicios de 2013 se elevó hasta 1 249 832 cubanos, el 14,22% del total de electores, casi el doble de los comicios precedentes.

Lo más significativo de ese salto fue la cifra de los  que decidieron no asistir a las urnas. En el año 2003 se abstuvieron 193 306 para un 2,35% de los electores. En el año 2008 fueron 264 212 para un 3,11%; mientras que en 2013 la cifra aumentó a 790 551, para un 9.12%, casi tres veces más que en el año 2008.

No asistir a las urnas –en una sociedad carente de derechos cívicos y políticos, bajo un control estatal casi absoluto sobre las personas y con un sólo partido refrendado constitucionalmente–  constituye la opción más atrevida.

En Cuba, donde la única posibilidad es confirmar los Candidatos elegidos por las Comisiones de Candidaturas, las cuales se  integran por dirigentes de las organizaciones de masas subordinadas por sus propios estatutos al Partido Comunista, no asistir a las urnas es la prueba de que el Gobierno perdió el consenso; por tanto, los resultados encierran una profunda lección y constituyen un mensaje que las autoridades Cubanas deberían tener en cuenta. Ignorarlo es marchar hacia la ingobernabilidad manifiesta.

La razón, detrás de los resultados, consiste en que las Comisiones de Candidaturas son las que realmente eligen a los Diputados que conforman la Asamblea Nacional del Poder Popular, los que después eligen al Consejo de Estado, al Presidente del Consejo de Estado y de Ministros, y éste último designa a los integrantes del Consejo de Ministros. Por tanto, la Asamblea Nacional y el Gobierno son el resultado de la potestad de las Comisiones de Candidaturas; lo que explica que muchos cubanos decidan no asistir a las urnas, al punto que ya representan casi el 15% de los cubanos con derecho al voto; cifra casi tres veces mayor que los miembros del Partido Comunista. Es además una prueba de que las llamadas elecciones en Cuba son ajenas a las difíciles condiciones de vida de miles y miles de cubanos que o viven al margen de la Ley o  abandonan el país.

Ante una crisis estructural profunda, como la que atraviesa Cuba, los resultados electorales confirman la imposibilidad de limitar los cambios a determinados aspectos de la sociedad. Por ello, a pesar de la persistencia gubernamental en ignorar el tema del pluripartidismo, la realidad se ha encargado de situarlo en primer plano. Los datos electorales confirman que existe un sector de la sociedad inconforme que está reclamando un espacio político. Son cubanos que carecen de los derechos para asociarse legalmente y participar en los destinos de la nación. ¿Cómo justificar la existencia de un solo partido cuando casi el 15% de los electores no responden a su llamado?

El desarrollo social no excluye sino que implica el multipartidismo como expresión de la natural diversidad de ideas e intereses y como mecanismo para la participación política de los ciudadanos. La nación es una comunidad de personas diversas pero iguales en dignidad, que buscan un bien común para lo cual son imprescindibles los plenos derechos y deberes económicos, cívicos, políticos y culturales. De ahí la necesaria restitución del derecho de asociación y de la despenalización de la diferencia política, para que los cubanos puedan desempeñar el papel activo y determinante que les corresponde en los inminentes cambios.

En El Contrato Social Juan Jacobo Rousseau expuso que: de la unión de las personas para defender y proteger sus bienes emana una voluntad general que convierte a los contratantes en un cuerpo colectivo político. Al ejercicio de esa voluntad general se le denomina soberanía y al sujeto que la ejerce soberano. De acuerdo a ese status el pueblo elige los funcionarios para el ejercicio de la voluntad general y deposita en ellos, de forma temporal, un mandato para la elaboración y ejecución de las leyes, y para el mantenimiento de las libertades ciudadanas. Es decir, que las elecciones constituyen una manifestación de la soberanía popular.

En Cuba, la violación del orden constitucional ocurrido en 1952 dio lugar al movimiento insurreccional que derrocó a la dictadura en 1959. El 8 de enero de ese mes, el líder del movimiento  revolucionario aseguró que se iba a convocar a elecciones en el más breve plazo de tiempo posible y a restituir la Constitución de 1940. Sin embargo, unos días después, sin consulta popular, la Carta Magna fue sustituida por la Ley Fundamental de la República de Cuba. En virtud de esa Ley, que estuvo vigente hasta la promulgación de la Constitución de 1976, el  Consejo de Ministros asumió las funciones del Poder Legislativo y refrendó constitucionalmente la existencia de un solo partido político y desde esa posición excluyente ha venido hasta hoy convocando a unas “elecciones” donde el pueblo no puede elegir directamente al primer mandatario de la República, lo que constituye una franca negación de nuestra herencia histórica.

Ese sistema vigente, que limita el voto directo del pueblo a los delegados de las asambleas municipales, es una de las causas principales de la indiferencia de los que no asisten o invalidan las boletas electorales. Un sistema eficiente para conservar el pode, pero inútil para coadyuvar a los cambios que la sociedad demanda. Todo ello  pone a la orden del día la necesidad de introducir el multipartidismo y realizar los correspondientes cambios en la Constitución.

Publicado en (http://www.convivenciacuba.es/index.php/economa-mainmenu-56/904-la-ubpc-las-17-medidas-y-el-decreto-ley-300-nueva-forma-y-viejo-contenido)

La ineficiencia generalizada en la agricultura condujo al gobierno cubano a dictar nuevas medidas, dirigidas esta vez al cooperativismo y a la entrega de tierras en usufructo. La comprensión del posible resultado de esas disposiciones nos remite al análisis de las causas que condujeron al fracaso sufrido en el intento de elevar la eficiencia de la producción conservando un cooperativismo ilegítimo y el monopolio de la propiedad agraria.

El cooperativismo, manifestación del carácter social del hombre, tuvo su manifestación moderna a mediados del siglo XIX, cuando en Inglaterra algunos tejedores fundaron la sociedad De los Probos Pioneros de Rochdale para el suministro de artículos de primera necesidad. Esa experiencia generalizada en varios países de Europa sufrió un salto cualitativo en 1895, cuando en un congreso internacional, celebrado en Londres, se creó la Alianza Cooperativa Internacional (ACI). Un siglo después, en  el congreso de 1995 realizado en Manchester, la ACI definió el concepto de cooperativa como una asociación autónoma de personas que se unen voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales por medio de una empresa de propiedad conjunta, con una estructura democrática donde cada asociado tiene derecho a un voto, las decisiones se toman por mayoría, y cuentan con una dirección electiva y un reparto equitativo, distributivo y proporcional de los excedentes.

En Cuba, después que España declaró toda la tierra realenga, comenzó una distribución entre los colonizadores que generó grandes latifundios ganaderos, los cuales, debido al nacimiento y avance de la pequeña y mediana propiedad, se fueron dividiendo. Ese proceso de diversificación se aceleró con el crecimiento de la industria azucarera. Ya a fines del siglo XIX la demanda de caña de los grandes centrales azucareros introdujo la competencia, provocando el resurgimiento del latifundismo, ahora azucarero. Como resultado de esas transformaciones el proceso de diversificación de la propiedad iniciado en el siglo XVI giró hacia la concentración y al despojo de cientos de miles de pequeños propietarios, lo que explica el por qué en Cuba, a diferencia de las mayoría de los países, la cooperativización agrícola no fue significativa.

Resultado del proceso, descrito antes de 1959 quedaban en Cuba unos cien mil propietarios de tierra, a los que se unieron otros cien mil que la Revolución les entregó títulos de propiedad con la Primera Ley de Reforma Agraria en 1959, pero en vez de parcelar los grandes latifundios, lo que hubiera creado un campesinado mucho más numeroso, el Gobierno concentró el 40,2% de la propiedad y los trabajadores de esas tierras se convirtieron en trabajadores asalariados del Estado.

La idea del cooperativismo tomó fuerza como resultado del voluntarismo de los dirigentes revolucionarios. En marzo de 1960 se crearon las “cooperativas” cañeras en las tierras que antes pertenecían a los ingenios azucareros, las que en breve tiempo fueron transformadas en propiedad estatal, mientras el verdadero cooperativismo quedó limitado a unas pocas asociaciones formadas por campesinos privados. El líder de la Revolución reconoció que: aquellas cooperativas (se refiere a las cañeras) no tenían realmente una base histórica, puesto que las cooperativas se forman realmente con los campesinos propietarios de tierra. A mi juicio –dijo– íbamos a crear una cooperativa artificial, convirtiendo a los obreros agrícolas en cooperativistas. Desde mi punto de vista, y quizás aplicando aquello de unos versos de Martí, esclavo de la edad y las doctrinas fui partidario de convertir aquellas cooperativas que eran de obreros y no de campesinos, en empresas estatales.

Con la Segunda Ley de Reforma Agraria, en 1963, se  fortaleció el sector estatal que vio aumentado sus propiedades hasta el 70% de las mejores tierras del país, a la vez que se inició un proceso dirigido a disminuir el número de campesinos independientes. Ya desde fines del año 1960, Fidel Castro había expresado: Es necesario que los pequeños agricultores, en vez de ser cañeros, tabacaleros, etc. sean sencillamente agricultores y organicemos una gran Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. En mayo de 1961 se creó la ANAP y en consecuencia se procedió a colectivizar a los 200 mil campesinos propietarios de tierra. Se crearon las asociaciones campesinas, luego las Brigadas de Ayuda Mutua y a continuación las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS), carentes de personalidad jurídica. A partir del año 1975 se impulsó el desarrollo de las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA), formadas por campesinos que unieron sus fincas y demás medios de producción “voluntariamente” como vía para el desarrollo socialista del campo. A fines de 1977 existían 136 CPA y en junio de 1986 su número había aumentado hasta 1369, que representaba el 64% de las tierras campesinas, mientras la propiedad estatal se elevó hasta el 75% del área cultivable del país.

La actividad productiva y económica de estas “cooperativas” quedó integrada a los planes estatales de producción, mientras la comercialización de sus productos era realizada por la Empresa Estatal de Acopio. A pesar de esas trabas algunas cooperativas aumentaron considerablemente sus ingresos, por lo que José Ramírez, entonces Presidente de la ANAP, expresó: En ciertas cooperativas se observa la tendencia a incrementar en forma desproporcionada el reparto de las utilidades, contrariamente a lo estipulado por el Reglamento General. Es decir, la posibilidad de enriquecimiento asustó al Gobierno; asunto que fue discutido en el VI Congreso de la ANAP en mayo de 1982, donde se propuso la aplicación de un impuesto al sector campesino con el fin de dirigir parte de las ganancias a la satisfacción de “necesidades” de tipo social.

Cuando las medidas ajenas a la esencia del cooperativismo fracasaron y cuando estaba demostrado que la concentración de las tierras en manos del Estado había generado el desinterés de los trabajadores agrícolas, enormes extensiones de tierras se habían infectado de marabú y se había generalizado el desabastecimiento de productos agropecuarios; en un contexto caracterizado por la pérdida de los subsidios provenientes de los países socialistas de Europa Oriental, el Gobierno, en 1993, tomó la decisión de crear las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) para convertir en “cooperativas” las áreas estatales improductivas. Con ese fin se entregó la tierra en usufructo a los productores, pero conservando la propiedad estatal. El Reglamento original, que no le reconocía personalidad jurídica a las UBPC –capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones– estipulaba en sus puntos fundacionales el vínculo del productor al área; la capacidad de abastecimiento de las familias integrantes; la correlación entre producción e ingresos; y el desarrollo efectivo de la autonomía de la gestión. El incumplimiento de esos y otros aspectos se reflejó en los pésimos resultados obtenidos.

Actualmente, las 1989 UBPC existentes ocupan más de 170 mil hectáreas, pero el 23% de esas tierras continúan ociosas y solo 540 están en condiciones de sobrevivir. En el año 2010 el 15% de ellas cerró con pérdidas y el 6% no presentó balance económico. Aunque poseen el 27% de la tierra, producen solo el 12% de los granos, viandas y hortalizas y el 17% de la leche, mientras sus pérdidas superan los 200 millones de pesos.

Esa larga cadena de fracasos condujo recientemente al Consejo de Ministros a dictar 17 medidas para solucionar una de sus limitaciones: la dependencia de estas instituciones respecto a las empresas estatales. Sin modificar los principios originarios (que siempre fueron violados por el propio Estado), la Resolución 574 de 13 de agosto de 2012 les reconoce personalidad jurídica; las autoriza a comprar productos y servicios directamente; faculta a la Asamblea de Socios para distribuir un porciento de las utilidades entre sus miembros; posibilita establecer relaciones contractuales directas con las empresas suministradoras de insumos; y los administradores no serán designados por el Estado, sino elegidos por los socios en Asamblea General, pero sin cambiar nada la tenencia de la propiedad, que continúa siendo estatal.

A pesar de los aspectos positivos contenidos en el nuevo Reglamento General, los trabajadores de estas asociaciones continúan sin ser propietarios, sino usufructuarios de una propiedad estatal, por lo que no resulta difícil avizorar que estamos ante un nuevo eslabón en la cadena de fracasos, y por tanto ante la necesidad de implementar nuevas reformas, bien por el gobierno actual o bien por el que le suceda, hasta que los integrantes de las UBPC se conviertan en dueños colectivos de la tierra que trabajan y puedan tomar sus determinaciones de forma verdaderamente autónoma.

En esa misma dirección el pasado 9 de diciembre entró en vigor el Decreto-Ley 300, mediante el cual el Consejo de Estado autorizó la entrega de tierras estatales ociosas –una variante de lo que ocurrió en 1993 con la creación de las UBPC– en concepto de usufructo  por tiempo determinado, el cual derogó lo dispuesto en el Decreto-Ley 259, cuyo antecedente fue la clausura de la Asamblea Nacional del Poder Popular del 11 de julio de 2008, cuando el Presidente del Consejo de Estado expresó enfáticamente: ¡Hay que virarse para la tierra! ¡Hay que hacerla producir! Y agregó que muy pronto se dictarían las disposiciones legales para iniciar la entrega en usufructo de tierras ociosas a quienes estén en condiciones de ponerlas a producir de inmediato. Con ese fin, una semana después de sus palabras, se dictó el Decreto-Ley 259, que nació condenado al fracaso por una razón tan sencilla como esencial: una vez reconocida la incapacidad del Estado para hacer producir la tierra y calificada la producción de alimentos como un problema de seguridad nacional, resultaba contraproducente entregar la tierra en usufructo a los productores y conservar la propiedad en manos del Estado. No existe otra justificación, al margen de razones ideológicas, para que el Estado, incapaz, continuara siendo el dueño. El fracaso de este Decreto-Ley explica las razones de su sustitución por el novísimo Decreto-Ley 300.

La nueva normativa retoma la insalvable contradicción consistente en hacer producir la tierra y a la vez evitar la formación de un empresariado nacional. Ese intento en un contexto de crisis interna estructural, agravada por los elevados costos de los alimentos en el mercado mundial, augura un nuevo fracaso. A pesar de que antes, el área entregada de 1 caballería de tierra, se podía extender hasta 3 y ahora es extensible hasta 5 caballerías, y que se eliminó la absurda prohibición para construir en la tierra recibida, el usufructuario para acceder a los insumos y servicios tiene que vincularse de forma obligatoria a las entidades con personalidad jurídica, dígase granjas estatales, CCS, CPA o UBPC.

La  subordinación de las leyes económicas a la ideología del poder, explica tanto la causa del fracaso como el intento de reparar las decisiones anteriores con las recientes medidas. Se trata de cambios de forma que conservan los factores esenciales que han condicionado el atraso en la agricultura cubana, por lo que las nuevas disposiciones no resolverán el aumento de la producción agrícola. Al mismo tiempo, a pesar de las intenciones gubernamentales, su aspecto positivo radica en que, en un lento y tortuoso proceso contra viento y marea, muchos trabajadores del campo se van entrenando como futuros agentes de un empresariado nacional.

Mientras tanto la mayoría de los cubanos sigue mirando desde las gradas los inasequibles precios que impiden llevar los productos del agro a su mesa, mientras el Estado se ve obligado a continuar comprando productos en el exterior que son perfectamente cultivables en nuestros suelos. Así ocurrirá hasta que las formas nuevas sean portadores de un nuevo contenido: libertades y democratización.

Publicado en el Diario de Cuba

(http://www.diariodecuba.com/cuba/1361922940_347.html)

Nuevas resoluciones dictadas por el Ministerio de Economía y Planificación, que  introducen cambios en las relaciones económicas, brindan mayor atención a la reinserción de las formas de gestión no estatales. Las medidas, publicadas en la Gaceta Oficial Extraordinaria, número 4, del  21 de febrero de 2013, autorizan el pago en pesos convertibles (CUC), de personas jurídicas a personas naturales en  determinadas actividades.

Entre las nuevas disposiciones están los servicios de alimentación que ofrecen los trabajadores por cuenta propia, la contratación de servicios de reparaciones menores por las entidades presupuestadas y el sistema de turismo. También se aplicarán en los experimentos que se aprueben como nuevas formas de gestión. Los pagos a los contratados se efectuarán mediante “cheques, tarjetas, pagarés, letras de cambio, cartas de crédito local y otros”. Las cantidades a pagar no estarán limitadas por decisiones administrativas, pues los montos para ejecutarlos tienen que estar aprobados en los presupuestos y planes para el año fiscal de las personas jurídicas.

La información, que con excepción de Corea del Norte no tiene rango de noticia en ninguna parte del mundo, en Cuba, debido al retroceso sufrido en las relaciones económicas, constituye un hecho peculiar, necesario e importante.

1- Es peculiar, porque constituye un paso atrás. En 1959 el Gobierno desató una ofensiva contra la propiedad privada y el derecho económico que comenzó por la nacionalización de las mayores empresas extranjeras, continuó con las nacionales y no se detuvo hasta eliminar las últimas 56 mil pequeñas empresas privadas con la Ofensiva Revolucionaria del año 1968. El resultado de la estatización fue la ineficiencia. La desaparición de los productos y servicios que brindaban los establecimientos clausurados nunca pudieron ser suplidos por el Estado. En su lugar, el interés por los resultados productivos comenzó a decrecer, lo que unido a la insuficiencia de los salarios, obligó a los cubanos  a sobrevivir al margen de la legalidad con el consiguiente deterioro ético. Se trata de un regreso parcial a lo que existía en Cuba antes de 1959, cuando los productos y servicios que ofrecían las pequeñas empresas privadas se pagaban con el peso cubano que tenía paridad con el dólar estadounidense. La diferencia con el pasado radica en que ahora existe una dualidad monetaria: se cobra el salario en pesos cubanos devaluados y se pagan en CUC la gran mayoría de los productos y servicios, lo que significa un regreso de los cubanos al pasado en peores condiciones.

2- Es necesario, porque las limitaciones y contradicciones de las medidas introducidas para salir de la crisis en que el país está sumido, al no arrojar resultados positivos está obligando a enmendarlas y complementarlas. En esa dirección el trabajo por cuenta propia, que no es más que una tenue resurrección de lo que existió antes de 1959, para que desempeñe un papel efectivo en las relaciones económicas, requiere la eliminación de las trabas con que nació. De ahí la necesidad de las recientes medidas y de otras que tendrán que ser promulgadas.

3- Es importante, porque el atraso sufrido ha sido tan grande, que el regreso al pasado representa un paso adelante. La intención de cambios, que se manifestó en 2006 y comenzó a tomar cuerpo a partir de 2008, no ha dado los resultados esperados. Aunque las causas son muchas, entre ellas se destacan dos contradicciones: una, el intento de lograr una economía eficiente y al mismo tiempo conservar el modelo que condujo al país a la crisis; dos, cambiar algunos aspectos de la economía, ignorando el carácter sistémico de los fenómenos sociales. Esas dos contradicciones, en un contexto nacional, regional e internacional desfavorable, con una enorme deuda externa y la posibilidad de perder al menos una parte de los cuantiosos subsidios de Venezuela, la posibilidad de retroceder es nula.

En ese sentido, según un artículo de Yaima Puig Meneses, aparecido en el diario Granma del pasado jueves 21 de febrero, la especialista del Grupo de Políticas Macroeconómicas de la Comisión Permanente para la Implementación y el Desarrollo, Marta García Pino, expresó que no se trata de una medida casual ni aislada, sino que el fortalecimiento del trabajo por cuenta propia de conjunto con la creación de otras formas de gestión no estatal como parte del reordenamiento de la economía que vive el país, hizo necesario modificar los límites establecidos para el pago a personas naturales por parte de las personas jurídicas.

Los pocos resultados obtenidos con las medidas que se han implementado están obligando a reformar las reformas en la propia marcha y complementándolas con nuevas disposiciones, como es el caso de las recientes resoluciones acerca del pago en CUC de personas jurídicas a personas naturales y como seguramente serán otras disposiciones que serán promulgadas. En consecuencia, para avanzar se está imponiendo la necesidad de reintroducir relaciones económicas y formas de propiedad que fueron eliminadas y permanecieron  prohibidas durante décadas.

El resultado de ese proceso es que se están produciendo cambios. No importa si son o no resultados de una  voluntad política, lo importante es que cada paso genera nuevas contradicciones, nuevos escenarios y nuevas posibilidades. Por esa razones el periodismo de opinión está en el deber de señalar la lentitud, limitaciones e incoherencias de los cambios con señalamientos críticos y sugerencias, y a la vez estimular todo lo que marche en la dirección de las transformaciones, hasta que se introduzcan aspectos vitales que permanecen fuera de la agenda gubernamental. Me refiero a las libertades y los derechos ciudadanos, sin los cuales las actuales medidas tampoco arrojarán los resultados que con urgencia Cuba necesita.

Publicado en el Diario de Cuba (http://www.diariodecuba.com/cuba/15257-la-anap-hoy-como-ayer)

Un reporte publicado el viernes 25 de enero de 2013 en el diario Granma, informa que la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) sustituyó o liberó de sus funciones a 632 presidentes de cooperativas agrícolas. El presidente de esa institución, Félix González Viego, declaró en el VIII Pleno del Comité Nacional, que una cooperativa no puede funcionar bien si no lo hacen quienes la dirigen. La noticia es una prueba de que lo que se ha designado en Cuba con el término de cooperativa, son realmente empresas creadas, controladas y dirigidas por el Estado.

Al planteamiento de Gonzáles hay que añadir, que mucho menos puede una cooperativa puede funcionar bien si se ignoran sus principios básicos, definidos así por la ACI1: la cooperativa es una decisión autónoma de personas que se unen voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales por medio de una empresa de propiedad conjunta con una estructura democrática, donde cada asociado tiene derecho a un voto y las decisiones se toman por mayoría, cuentan con una dirección electiva y un reparto equitativo, distributivo y proporcional de los excedentes.

La ausencia de esos principios en el cooperativismo agrícola está relacionada con el desmontaje, después de 1959, del asociacionismo campesino que nació en Cuba a fines del siglo XIX. Entre otras muchas, en 1890, la Asociación de Colonos en las zonas de Manzanillo y Bayamo; en 1913, la Asociación de Agricultores de la Isla de Cuba; en 1937, la celebración del Primer Congreso Nacional Campesino, así como de comités, federaciones y uniones campesinas en todo el país; y en 1941, la celebración del Segundo Congreso Nacional Campesino y la creación de la Asociación Nacional Campesina (ANC) para luchar contra el desalojo, por la propiedad de la tierra, mejores mercados, precios, créditos y rebajas de las rentas, un movimiento en el que perdieron la vida muchos luchadores, entre los que está Niceto Pérez, asesinado el 17 de mayo de 1946.

En 1960 el líder de la revolución cubana planteó: Es Necesario que los pequeños agricultores, en vez de ser cañeros, tabacaleros, etc., sean sencillamente agricultores y organicemos una gran Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. Con ese propósito algunas organizaciones existentes fueron disueltas o se fundieron en la Asociación Nacional Campesina, la cual en mayo de 1961 se convirtió en la ANAP.
Con el propósito de disminuir el número de campesinos independientes se definió una política dirigida a “cooperativizar” los 200 mil campesinos propietarios existentes (100 mil que existían antes de 1959 y otros 100 mil que recibieron títulos de propiedad con la Primera Ley de Reforma Agraria en 1959). En las bases de la Asociación Nacional Campesina comenzaron a crearse primero las Brigadas de Ayuda Mutua y a partir de 1960, las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) integradas por campesinos que mantuvieron la propiedad de la tierra y los medios de producción, pero sin personalidad jurídica.

En el mismo año de 1960, por decisión del gobierno se crearon las Cooperativas Cañeras en las áreas que habían pertenecido a los ingenios azucareros, pero poco tiempo después fueron transformadas en propiedad del Estado, por lo que el cooperativismo quedó reducido a unas pocas asociaciones integradas por campesinos privados. El propio Fidel Castro reconoció que: aquellas cooperativas no tenían realmente una base histórica, puesto que las cooperativas se forman realmente con los campesinos propietarios de tierra, por lo que se decidió convertirlas en empresas estatales.

A partir de las tesis del I Congreso del PCC en 1975, se impulsó el desarrollo de las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA), formadas por campesinos que unieron sus fincas y demás medios de producción “voluntariamente; proceso en el cual la ANAP se ocupó de convencer a los campesinos para debilitar la resistencia a desprenderse de su tierra e ingresar a las cooperativas. Dieciocho años después, en 1993, ante la ineficiencia de las granjas estatales, en un intento de hacerlas producir se crearon la Unidades Básicas de Producción Cooperativas (UBPC), a las cuales se les entregaron las tierras estatales ociosas en usufructo.

Como puede verse ni las cooperativas cañeras ni las creadas posteriormente nacieron de la unión voluntaria de los asociados, sino de decisiones externas. Su actividad productiva y económica quedó subordinada a los planes del Estado para resolver la demanda de consumo interno de la población, mientras la comercialización de sus productos quedó a cargo de la Empresa Estatal de Acopio. Por tanto, el cooperativismo agrario en Cuba surgió ajeno a la voluntad y necesidad del campesinado y contrario a lo definido por el congreso de la ACI en 1995.

Debido al fracaso de las cooperativas sin autonomía, en agosto de 2012 se dictó un paquete de medidas y un nuevo reglamento general para las UBPC con el objetivo de “liquidar” la dependencia de estas asociaciones respecto a las empresas estatales. En ese documento se dispone que los administradores no serán cuadros designados por el Estado, sino elegidos por los socios en Asamblea General.

A pesar de esa disposición y que el propio Presidente del Consejo de Estado reiteró el 13 de diciembre de 2012 –en la última sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular– la necedidad de romper la colosal barrera sicológica que resulta de una mentalidad arraigada en hábitos y conceptos del pasado, la ANAP, anclada en el tiempo, sustituye a cientos de  presidentes de cooperativas agrícolas y llama, como si estuvieramos en 1961 a concretar sus tres misiones estratégicas en el escenario actual: trabajar desde el funcionamiento interno para la producción de alimentos hacia todos los destinos; defender los principios de la Revolución, situándose con justicia favor de la razón; y la preparación político-ideológica de los campesinos y su alianza con la clase obrera.

Lo anterior constituye una prueba de que, junto a la introducción de nuevas medidas se impone la implementación del derecho de los campesinos a asociarse libremente, lo que es imposible hacerlo mediante una institución que además de haber sido creada desde, por y para los fines del Estado, continúa actuando hoy como ayer.

1 Alianza Cooperativa Internacional elaboró los principios de las cooperativas durante su fundación en 1895 y los enriqueció con la Declaración de Identidad Cooperativa, adoptada en 1995 en su II Asamblea General.

Publicado en http://www.diariodecuba.com/cuba/14406-el-decreto-ley-300-tampoco-hara-producir-la-tierra

Hace apenas unos días –9 de diciembre de 2012– entró en vigor el Decreto-Ley 300, mediante el cual se autoriza la entrega de tierras estatales ociosas en concepto de usufructo. La nueva  medida deroga al Decreto-Ley 259 de julio de 2008, cuyos irrisorios resultados condujo a su derogación por el Consejo de Estado.

A juzgar por los criterios oficiales aparecidos en la prensa, ahora sí se hará producir la tierra. Entre otros, el director jurídico del Ministerio de la Agricultura aseguró que el nuevo Decreto-Ley consolidará el proceso de entrega de tierras ociosas y garantizará la continuidad y sostenibilidad en su explotación; mientras el director del Centro Nacional de Control de la Tierra, del mismo organismo, consideró que su aplicación posibilitará incrementar la producción de alimentos. Esas valoraciones triunfalistas no tienen en cuenta la relación existente del reciente Decreto-Ley con los antecedentes del problema agrario en el país, especialmente con lo relativo a la tenencia de la tierra y su eficiente explotación.

La propiedad agraria en Cuba sufrió un giro considerable en detrimento de los pequeños y medianos productores con las decenas de miles de desalojos ocurridos en el período comprendido entre la terminación de la Guerra de Independencia de 1895 y la gran expansión azucarera de 1918 a 1924. El resultado de ese proceso lo reflejó el censo de 1946, en el cual de 142 385 campesinos que había en el país con 5 o menos caballerías –que representaba el 24% de la tierra cultivable–, sólo 48 000 eran propietarios; mientras el restante 76% de la tierra estaba concentrado en manos de grandes propietarios nacionales y empresas extranjeras. Con esa distribución los grandes propietarios no estaban interesados en la explotación intensiva, mientras los casi cien mil arrendatarios, subarrendatarios, apareceros y precaristas, no estaban dispuestos a hacer producir eficientemente una tierra que no era de su propiedad.

Con la Revolución de 1959 el Estado socialista, monopolizó la propiedad agraria e implantó la planificación centralizada. Esos dos factores, propiedad y planificación, explican que medio siglo después, a pesar de las diversas medidas aplicadas, más de 1/3 de la tierra concentrada en los latifundios estatales permaneció y/o devino ociosa. Después de múltiples fracasos en el intento de hacer producir las tierras del Estado, en el año de 2008 se promulgó el Decreto-Ley 259, mediante el cual se entregaron 1 523 00 hectáreas de esas tierras (una parte considerable de las cuales permanece sin producir). Sin embargo, esa noema jurídica ignoró las principales causas de la ineficiencia productiva y en consecuencia fracaso en el objetivo de elevar la producción agrícola. A pesar de esa experiencia, los Lineamientos de la Política Económica y Social, aprobados por el VI Congreso del Partido Comunista en el año 2011, retomaron la planificación en detrimento del mercado y negaron la entrega de las tierras en propiedad. Es decir, se insiste en la aplicación de un modelo económico, político y social, que no ha funcionado en ninguna parte.

Hay que decir que, aunque el Decreto-Ley 259 carecía de los elementos básicos para producir el vuelco que requería la agricultura, su importancia consistió en el reconocimiento de que algo tenía que cambiar. Sin embargo, ese algo, al soslayar la tenencia de la propiedad en manos de los campesinos y supeditar la economía a la ideología, no podía cumplir el propósito declarado.

El reciente Decreto-Ley 300 constituye un paso de avance en algunos aspectos: 1- antes se podía extender el área entregada desde 1 hasta 3 caballerías de tierra y ahora es extensible hasta 5 caballerías, pero sólo para aquellos que ya poseen tierras y estén vinculados a una Granja Estatal con personalidad jurídica, Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) o Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA); 2- la construcción de viviendas, almacenes y otras instalaciones, antes prohibidas, ahora está permitida; 3- brinda determinadas facilidades para la contratación de fuerza de trabajo por medio de la ayuda familiar, trabajadores agropecuarios eventuales y trabajadores de manera permanente. Sin embargo, el acceso a insumos y servicios depende de que los usufructuarios estén vinculados a las entidades agrícolas con personalidad jurídica; contiene una desventaja manifiesta para las personas naturales en cuanto al término de duración del contrato y a recibir en usufructo planes estatales de la ganadería genética y comercial improductivos. Tales limitaciones se encaminan hacia una insalvable contradicción: hacer producir la tierra y a la vez evitar la formación de un empresariado nacional.

A su vez el Decreto-Ley 300 no oculta la decisión de mantener el control monopólico del Estado sobre la propiedad. En su artículo 11 plantea que los usufructuarios pueden integrarse como trabajadores a una granja estatal con personalidad jurídica, o como cooperativista a una UBPC o a una CPA. En esos casos, “el usufructuario le cede el derecho de usufructo sobre las tierras y las bienhechurías a la entidad a la cual se integra, la que evalúa la conveniencia o no de que aquel continúe trabajando esas tierras”.

Lo más significativo es que el usufructo, entendido como derecho a disfrutar de un bien ajeno, no va a la raíz del problema. El mismo encierra una gran contradicción: las tierras en manos del Estado devienen ociosas, pero el que las hace producir está impedido de acceder a su propiedad.

La subordinación de las leyes económicas a la ideología del poder, explica tanto los fracasos precedentes como el intento de reparar las decisiones anteriores con las recientes medidas. Se trata de cambios de forma que conservan los factores esenciales que han condicionado el atraso en la agricultura.

Su aspecto positivo radica en que, a pesar de las intenciones gubernamentales, en un lento y tortuoso proceso contra viento y marea muchos trabajadores del campo se van entrenando como futuros agentes de un empresariado nacional. En fin que las nuevas medidas al carecer de la profundidad necesaria repiten con alguna que otra modificación, los fracasos precedentes. Esas realidades permiten asegurar que el Decreto-Ley 300 tampoco hará producir la tierra y que mientras eso no cambie, Cuba tendrá que seguir adquiriendo a altísimos precios en el mercado internacional productos perfectamente producibles en el país.