El Blog de Dimas

(Publicado en el Diario de Cuba el lunes 16 de enero de 2012: http://www.diariodecuba.com/cuba/9112-reforma-universitaria-sin-autonomía)

En ocasión del 50 aniversario de la Reforma Universitaria promulgada en enero de 1962, el diario Granma publicó el lunes 9 de enero de 2012 un artículo de Armando Hart Dávalos  titulado Universidad y Sociedad, en el cual se plantea que: “tras el triunfo de la Revolución era imprescindible la Reforma Universitaria para poder hacer realidad la articulación definitiva de la universidad con el pueblo y con la nueva realidad socioeconómica nacional…”.

En el artículo se omite lo más significativo: la historia que condujo a la pérdida de la Autonomía Universitaria como nervio de la sociedad civil. Tal simplificación de los antecedentes  le permite a Hart conferirle a la reforma de 1962 un carácter definitivo, tal como si los procesos sociales tuvieran un punto de remate.

José Ortega y Gasset, en Misión de la Universidad y otros ensayos afines, sentenció:”El hombre pertenece consustancialmente a una generación y toda generación se instala no en cualquier parte, sino muy precisamente sobre la anterior. Esto significa que es forzoso vivir a la altura de los tiempos y muy especialmente a la altura de las ideas del tiempo”.

Entre el siglo XIX y principios del XX, el padre José Agustín Caballero,  Tomás Romay Chacón, Félix Varela, José de la Luz y Caballero, José Martí y Enrique José Varona, entre muchos otros, realizaron ingentes esfuerzos por situarse a la educación a  la altura de sus tiempos. De ello se deduce que la reforma de la enseñanza es un proceso continuo que no admite “carácter definitivo” y que de esa continuidad emergió la Autonomía Universitaria como necesidad ineludible de la modernidad.

En la República, Carlos de la Torre, en el discurso de toma de posesión del cargo de Rector de la Universidad de La Habana en 1921, esbozó un programa para reformar la universidad y lograr la Autonomía Universitaria, que para él consistía: “en autorizar a la Universidad a manejarse en todos sus asuntos con absoluta independencia, menos en lo relativo al manejo de sus fondos”. Al año siguiente el Rector de la Universidad de Buenos Aires, José Arces, impartió una conferencia acerca de “la evolución de las universidades argentinas”, en la cual explicó el proceso iniciado con el Manifiesto de Córdoba de 1918, que dio lugar a una reforma universitaria cuyo eje central era la autonomía y la intervención del estudiantado en el gobierno universitario.

En ese contexto un grupo de estudiantes cubanos publicaron un manifiesto en el que llamaban a constituir una asociación estudiantil, la que fue fundada en diciembre de 1922 con el nombre de Federación de Estudiantes Universitarios (FEU). Seguidamente, el 10 de enero de 1923, la naciente federación publicó el Documento Programa de la Reforma Universitaria en Cuba, en el que se solicitaba “La personalidad jurídica de la Universidad y su autonomía en asuntos económicos y docentes”. Para solucionar la situación, Enrique José Varona propuso crear una comisión integrada por profesores y alumnos para estudiar el proyecto, lo que al ser aceptado condujo a la constitución de la Comisión Mixta, integrada por el Rector, profesores y miembros de la FEU y reconocida por decreto Presidencial
Analizado el proyecto por la Comisión Mixta, el Rector, el Directorio, profesores y alumnos, se dirigieron hasta el palacio Presidencial y entregaron al presidente, Alfredo Zayas, las bases del proyecto de ley para la Autonomía Universitaria. Zayas, ante la fuerza del movimiento reformista, reconoció legalmente a la FEU y autorizó la creación de la Asamblea Universitaria, compuesta por profesores, graduados y estudiantes. El avance reformista desembocó, en octubre de 1923, en el Primer Congreso Nacional de Estudiantes, que exigió la derogación de la Enmienda Platt y acordó crear la Universidad Popular José Martí, para abrir las puertas del alto centro docente a los obreros.

Durante el gobierno de Gerardo Machado se disolvió la Asamblea Universitaria y se ilegalizó a la FEU, pero la lucha continuó. Finalmente el 10 de septiembre de 1933, después de la caída de Machado, el Gobierno de los Cien Días encabezado por Ramón Grau San Martín emitió el Decreto Ley 2059 de octubre de 1933, que puso en vigor la Autonomía Universitaria. Posteriormente, al fracasar la huelga de marzo de 1935, la Universidad fue tomada militarmente y el gobierno dejó sin efecto la autonomía.
En 1939, bajo la presidencia de Federico Laredo Bru, se restableció la Autonomía Universitaria y se convocó a la Asamblea Constituyente que aprobó y redactó la Carta Magna de 1940, la cual, en su artículo 53, refrendó el carácter constitucional de la Autonomía Universitaria de la siguiente forma: “La Universidad de La Habana es autónoma y estará gobernada de acuerdo con sus Estatutos y con la Ley a que los mismos deban atemperarse”. Gracias a ella en el recinto docente se pudieron formar las fuerzas  que enfrentarían el Golpe Militar de 1952, a pesar de que Fulgencio Batista echó por tierra la peligrosa Autonomía Universitaria con la derogación de la Constitución del 40.

En enero de 1959, en lugar de la promesa de restablecer la Constitución de 1940, como rezaba en La Historia me Absolverá, ésta fue reformada, sin consulta popular, para conferir al Primer Ministro las facultades de Jefe de Gobierno y al Consejo de Ministros las funciones del Congreso; una modificación similar a la que había hecho Batista con los Estatutos que sustituyeron la Constitución después del Golpe de Estado de 1952. Acto seguido se procedió al desmontaje de la sociedad civil y de todos sus instrumentos, incluyendo la Autonomía Universitaria.

Para ello se creó el Consejo Superior de Universidades, formado por profesores y estudiantes de los tres centros universitarios del país y representantes del Gobierno. Dicho Consejo elaboró el proyecto de Reforma Universitaria presentada el 10 de enero de 1962. Ese mismo año, el dirigente comunista cubano, Carlos Rafael Rodríguez, en un artículo publicado en la prensa, planteó que la nueva Universidad sería regida conjuntamente por profesores y alumnos, pero aclaró: “en la medida en que la revolución universitaria es obra de una verdadera revolución y que el socialismo preside las transformaciones, no es posible pensar en los profesores y los estudiantes como dos grupos antagónicos… Un profesor de conciencia revolucionaria, orientado por el marxismo leninismo y militante de esa ideología durante años (se refería a Juan Marinello), no necesitará de la presencia vigilante de los estudiantes junto a él en el gobierno de la Universidad, porque tendrá la madurez suficiente para enfocar los problemas de la educación superior con un criterio certero”.

De esa forma, la Autonomía Universitaria, sin haber sido derogada legalmente, de hecho dejó de existir. Desde ese momento la Universidad, una de las fuentes más importantes de cambios sociales en nuestra historia, quedó inutilizada para esos fines. Una de sus peores consecuencias radicó en que bajo ese control, el Estado enarboló la consigna de la Universidad para los revolucionarios, que se materializó en la separación de cientos de estudiantes y profesores que no compartían la ideología del sistema.

El resultado no podía ser otro. Ante la intención de darle carácter definitivo a un proceso cambiante, la Universidad, con la pérdida de la Autonomía, dejó de ser nervio de la sociedad civil. Por ello, los cambios que se están efectuando en la economía tienen que ser complementados con cambios en la libertades y los derechos, entre los cuales la Autonomía Universitaria es una necesidad insoslayable para poner la Universidad a la altura de los tiempos.

(Publicado en el Diario de Cuba el viernes 7 de enero de 2012: http://www.diariodecuba.com/derechos-humanos/8964-del-indulto-la-amnistia)
En la clausura del VIII Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el 23 de diciembre de 2011, el general Raúl Castro anunció que “en un gesto humanitario y soberano”, el Consejo de Estado de la República de Cuba había acordado indultar a más de 2 900 cubanos y extranjeros sancionados. A pesar de lo positivo que resulta que 2 900 compatriotas salgan de prisión a convivir nuevamente con sus familiares, este indulto, como el resto de las medidas que el gobierno cubano ha venido disponiendo en los últimos tiempos, está signado por lo insuficiente, tardío y limitado.

Si el socialismo cubano es un sistema humanitario y de justicia social, como declara el gobierno,  habría que aceptar que las liberaciones de presos realizadas por los gobiernos de Cuba anteriores a 1959, tanto en la colonia como en la república, fueron tan  o más humanitarias que el actual indulto, y que en muchas oportunidades aquellas liberaciones se  acompañaron de otras medidas liberadoras que desempeñaron un importante papel en los cambios sociales posteriores a su promulgación.

El indulto es una medida mediante la cual de forma excepcional el jefe de Estado perdona total o parcialmente una pena o la sustituye por otra más benigna. Es, por tanto,  un favor concedido donde el recluso se considera culpable, pero la “magnanimidad” del Jefe de Estado permite perdonarlo. Sin embargo, en nuestra historia política ha sido más común la amnistía, que a diferencia del indulto, significa la extinción de la responsabilidad penal, es decir, implica el olvido legal del delito cometido, sea real o supuesto. En ese sentido es suficiente citar cuatro de esos ejemplos:

En 1861, el gobierno español decretó una amnistía que permitió el retorno a Cuba de condenados por razones políticas, entre ellos el médico Antonio de Castro, quien organizó el cuerpo irregular masónico que estructuró la rebelión independentista iniciada en octubre de  1868. Ejemplos de lo anterior fueron los patriotas bayameses Francisco Francisco Vicente Aguilera, Perucho Figueredo, Francisco Maceo Osorio, y Carlos Manuel de Céspedes, todos masones y el alzamiento de Las Clavellinas en Puerto Príncipe, donde de 72 de  los 76 participantes eran miembros de la logia Tínima, entre ellos Ignacio Agramonte.

En 1878, gracias a la amnistía decretada por España en cumplimiento del Pacto del Zanjón numerosos exiliados pudieron regresar a Cuba. Baste mencionar a cuatro de ellos: José Martí, Juan Gualberto Gómez, Antonio Maceo y Calixto García. Esa amnistía se complementó con otras medidas liberadoras dispuestas entre 1879 y 1886, como fueron la libertades de imprenta, de reunión y de asociación refrendadas por el artículo 13 de la Constitución Española, lo que permitió la existencia legal de órganos de prensa, asociaciones económicas, culturales, fraternales, educacionales, sindicales y políticas que participaron en la preparación de la Guerra de Independencia de 1895.

En 1937, el entonces presidente de la república, el coronel de la Guerra de Independencia Federico Laredo Bru, antes de convocar la asamblea constituyente de 1940, con el fin de restablecer el orden constitucional que había sido interrumpido desde 1928 dictó una amnistía política que benefició a más de 3 000 prisioneros, gracias a la cual los exiliados pudieron regresar a Cuba, se conformaron nuevas agrupaciones políticas, entre las cuales estaba el partido Unión Revolucionaria Comunista (1937) y su legalización en 1939 y se creó un escenario conciliatorio del cual emergió la flamante Constitución de 1940.

En 1955, Fulgencio Batista después de las elecciones fraudulentas de 1954, al retomar posesión, restableció la Constitución de 1940 que él mismo había violado y otorgó una amnistía a los prisioneros políticos, entre ellos a los asaltantes al Cuartel Moncada, quienes en junio de 1955 fundaron el Movimiento del 26 de Julio, tomaron el poder y son gobierno hasta el día de hoy.

Esos cuatro ejemplos evidencian la relación existente en Cuba entre amnistía y cambio social y ponen de manifiesto la limitación del presente indulto al menos por dos indiscutibles razones: 1- porque el número de excarcelados apenas favorece al 5% de la población penal del país, entre ellos,  mujeres, enfermos, mayores de 60 años de edad y algunos condenados por delitos contra la Seguridad del Estado que ya han cumplido una parte importante de la pena impuesta y 2- por que el perdón no altera el estado actual de la sociedad cubana requerida de cambios, deja en pie las medidas que permitieron los encarcelamientos y no reconoce la responsabilidad del Estado en tan alta población penal.

Por la información brindada la abrumadora mayoría de los excarcelados guardaban prisión por delitos comunes. En este sentido el indulto es injusto, porque al liberado se le sigue considerando culpable, desconociendo con ello la corresponsabilidad del Estado cubano en las causas que convirtieron en Cuba el robo y el hurto en conducta cotidiana; porque la insuficiencia de los salarios y las jubilaciones para sobrevivir fomentan el delito como necesidad para la subsistencia y porque las múltiples limitaciones impuestas a los cubanos  inducen al delito. Por ello una responsabilidad compartida ameritaba una medida de mayor alcance numérico, un reconocimiento autocrítico y su acompañamiento con otros derechos y libertades ciudadanas, para que cada vez menos cubanos incrementen la población penal.

De igual forma, en cuanto a los pocos prisioneros políticos incluidos en los indultados,  el Estado cubano tiene una buena parte de la responsabilidad por convertir en delito el ejercicio de los derechos fundamentales que estaban refrendados en la Constitución de 1940. Entre ellos el derecho a desfilar y formar organizaciones políticas contrarias al régimen, la autonomía de la Universidad de la Habana, la declaración de punible a todo acto de prohibición o limitación del ciudadano a participar en la vida política de la nación y el reconocimiento de la legitimidad de oponer resistencia para la protección de los derechos individuales. En fin, que la insuficiencia del actual indulto obliga a transitar hacia la amnistía y hacia la democratización de Cuba.

En la clausura del VIII Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el 23 de diciembre de 2011, el general Raúl Castro anunció que “en un gesto humanitario y soberano”, el Consejo de Estado de la República de Cuba había acordado indultar a más de 2 900 cubanos y extranjeros sancionados. A pesar de lo positivo que resulta que 2 900 compatriotas salgan de prisión a convivir nuevamente con sus familiares, este indulto, como el resto de las medidas que el gobierno cubano ha venido disponiendo en los últimos tiempos, está signado por lo insuficiente, tardío y limitado.

Si el socialismo cubano es un sistema humanitario y de justicia social, como declara el gobierno,  habría que aceptar que las liberaciones de presos realizadas por los gobiernos de Cuba anteriores a 1959, tanto en la colonia como en la república, fueron tan  o más humanitarias que el actual indulto, y que en muchas oportunidades aquellas liberaciones se  acompañaron de otras medidas liberadoras que desempeñaron un importante papel en los cambios sociales posteriores a su promulgación.

El indulto es una medida mediante la cual de forma excepcional el jefe de Estado perdona total o parcialmente una pena o la sustituye por otra más benigna. Es, por tanto,  un favor concedido donde el recluso se considera culpable, pero la “magnanimidad” del Jefe de Estado permite perdonarlo. Sin embargo, en nuestra historia política ha sido más común la amnistía, que a diferencia del indulto, significa la extinción de la responsabilidad penal, es decir, implica el olvido legal del delito cometido, sea real o supuesto. En ese sentido es suficiente citar cuatro de esos ejemplos:

En 1861, el gobierno español decretó una amnistía que permitió el retorno a Cuba de condenados por razones políticas, entre ellos el médico Antonio de Castro, quien organizó el cuerpo irregular masónico que estructuró la rebelión independentista iniciada en octubre de  1868. Ejemplos de lo anterior fueron los patriotas bayameses Francisco Francisco Vicente Aguilera, Perucho Figueredo, Francisco Maceo Osorio, y Carlos Manuel de Céspedes, todos masones y el alzamiento de Las Clavellinas en Puerto Príncipe, donde de 72 de  los 76 participantes eran miembros de la logia Tínima, entre ellos Ignacio Agramonte.

En 1878, gracias a la amnistía decretada por España en cumplimiento del Pacto del Zanjón numerosos exiliados pudieron regresar a Cuba. Baste mencionar a cuatro de ellos: José Martí, Juan Gualberto Gómez, Antonio Maceo y Calixto García. Esa amnistía se complementó con otras medidas liberadoras dispuestas entre 1879 y 1886, como fueron la libertades de imprenta, de reunión y de asociación refrendadas por el artículo 13 de la Constitución Española, lo que permitió la existencia legal de órganos de prensa, asociaciones económicas, culturales, fraternales, educacionales, sindicales y políticas que participaron en la preparación de la Guerra de Independencia de 1895.

En 1937, el entonces presidente de la república, el coronel de la Guerra de Independencia Federico Laredo Bru, antes de convocar la asamblea constituyente de 1940, con el fin de restablecer el orden constitucional que había sido interrumpido desde 1928 dictó una amnistía política que benefició a más de 3 000 prisioneros, gracias a la cual los exiliados pudieron regresar a Cuba, se conformaron nuevas agrupaciones políticas, entre las cuales estaba el partido Unión Revolucionaria Comunista (1937) y su legalización en 1939 y se creó un escenario conciliatorio del cual emergió la flamante Constitución de 1940.

En 1955, Fulgencio Batista después de las elecciones fraudulentas de 1954, al retomar posesión, restableció la Constitución de 1940 que él mismo había violado y otorgó una amnistía a los prisioneros políticos, entre ellos a los asaltantes al Cuartel Moncada, quienes en junio de 1955 fundaron el Movimiento del 26 de Julio, tomaron el poder y son gobierno hasta el día de hoy.

Esos cuatro ejemplos evidencian la relación existente en Cuba entre amnistía y cambio social y ponen de manifiesto la limitación del presente indulto al menos por dos indiscutibles razones: 1- porque el número de excarcelados apenas favorece al 5% de la población penal del país, entre ellos,  mujeres, enfermos, mayores de 60 años de edad y algunos condenados por delitos contra la Seguridad del Estado que ya han cumplido una parte importante de la pena impuesta y 2- por que el perdón no altera el estado actual de la sociedad cubana requerida de cambios, deja en pie las medidas que permitieron los encarcelamientos y no reconoce la responsabilidad del Estado en tan alta población penal.

Por la información brindada la abrumadora mayoría de los excarcelados guardaban prisión por delitos comunes. En este sentido el indulto es injusto, porque al liberado se le sigue considerando culpable, desconociendo con ello la corresponsabilidad del Estado cubano en las causas que convirtieron en Cuba el robo y el hurto en conducta cotidiana; porque la insuficiencia de los salarios y las jubilaciones para sobrevivir fomentan el delito como necesidad para la subsistencia y porque las múltiples limitaciones impuestas a los cubanos  inducen al delito. Por ello una responsabilidad compartida ameritaba una medida de mayor alcance numérico, un reconocimiento autocrítico y su acompañamiento con otros derechos y libertades ciudadanas, para que cada vez menos cubanos incrementen la población penal.

De igual forma, en cuanto a los pocos prisioneros políticos incluidos en los indultados,  el Estado cubano tiene una buena parte de la responsabilidad por convertir en delito el ejercicio de los derechos fundamentales que estaban refrendados en la Constitución de 1940. Entre ellos el derecho a desfilar y formar organizaciones políticas contrarias al régimen, la autonomía de la Universidad de la Habana, la declaración de punible a todo acto de prohibición o limitación del ciudadano a participar en la vida política de la nación y el reconocimiento de la legitimidad de oponer resistencia para la protección de los derechos individuales. En fin, que la insuficiencia del actual indulto obliga a transitar hacia la amnistía y hacia la democratización de Cuba.

Publicado en el Diario de Cuba el miércoles 23 de diciembre de 2011  ( www.ddcuba.com/opinion/8265-de-regreso-al-punto-de-partida )

Todas las sociedades requieren cambios. Cuba, atrapada en el pasado durante medio siglo, requiere no sólo cambios, sino grandes cambios. En los últimos tres años el Gobierno ha dictado algunas medidas importantes, pero  esa importancia no radica en su alcance -bastante limitado por cierto- sino en la necesidad gubernamental de emprender transformaciones y en la ruptura del inmovilismo que caracterizó las últimas décadas.

Lo paradógico es que las recientes medidas constituyen simultáneamente una marcha atrás y a la vez un avance. Una marcha atrás porque después de un camino equivocado en el que se transitó contra la lógica de la historia, caminamos ahora hacia la Cuba de 1958.  Un avance, porque ante el tiempo perdido la salida de la crisis pasa por el regreso al punto de partida, para desde allí corregir el rumbo. El hecho concreto es que, la Cuba del 58 con sus desajustes e injusticias estaba en mejores condiciones que la Cuba de hoy para emprender un proyecto de cambios. De ahí que el regreso constituye un avance que permitirá retomar un rumbo que nunca se debió perder. Veamos algunas de las medidas dictadas desde el año 2008.

1- El Decreto Ley 259 de 2008, que dispone la entrega de tierras en usufructo constituye un retroceso respecto a la primera y segunda ley de reforma agraria, dictadas en 1959 y 1963 respectivamente. Estas dos leyes, al liquidar el monopolio latifundista de la tierra, pudieron haber sido la base para la formación de una clase media nacional y de una economía diversificada. Sin embargo, el giro hacia el totalitarismo malogró esas  posibilidades. La casi totalidad de las tierras volvieron a convertirse en un gran latifundio estatal. Entonces, cuando resultado de la mala administración y de la pérdida de interés de los productores esas tierras fueron cubiertas por las malezas y el marabú, y cuando el país tiene que comprar en el exterior el 80% de lo que consumimos, el Gobierno se vio obligado a dictar el decreto mencionado, mediante el cual se entrega 1 caballería de tierra en usufructo; disposición que habrá que  modificar hasta homologarla con la Segunda Ley de Reforma Agraria de 1963, que entregó hasta 5 caballerías en propiedad.

2- La reforma laboral, regulada por el Decreto Ley 276 de septiembre de 2010 constituye el reconocimiento del fracaso de la política de “pleno empleo”, mediante la cual se mantuvieron infladas las plantillas laborales con el fin de exhibir ante el mundo la “superioridad” del sistema cubano, en contra de toda lógica económica. Ahora este decreto deja sin empleo a más de un millón de trabajadores, que representa el  20% de la fuerza laboral cubana, una cifra muy superior al 1,7% declarado en el año 2009 y también al desempleo que existía antes de 1959.

3- El Trabajo por Cuenta Propia, incluyendo las últimas modificaciones introducidas por el Decreto Ley 284 de septiembre de 2011, aumentó de 178 a 181 las actividades permitidas, incluyendo la flexibilización para la contratación de mano de obra en algunas de las actividades. Un listado de permisibilidades, que en buena medida se reduce a legalizar lo que ya existía, mientras ignora el fomento de pequeñas y medianas empresas. Si la ampliación del trabajo por cuenta propia tiene como objetivo brindar empleo a una parte del millón y medio de trabajadores que estàn siendo despedidos y generar producciones y servicios que el Estado es incapaz de crear, entonces habrá que anular ese listado y en su lugar definir solamente las pocas actividades que no se permiten. De lo demás se ocupará la iniciativa ciudadana que ha dado sobradas muestras de su potencialidad, mucho más en un país como Cuba de tan alta instrucción. Por tanto  el presente decreto tendrá que volver a ser modificado hasta aproximarse a lo que existió hasta 1968, cuando el Gobierno, con la Ofensiva Revolucionaria,  trató de eliminar todo vestigio de propiedad privada.

4- En el año 2011 se dispuso el Decreto Ley 292, que estableció las regulaciones para la transmisión de la propiedad de vehículos por compra-venta o donación entre cubanos que viven en la isla y extranjeros residentes permanentes o temporales. También el Decreto Ley 288, similar al anterior, que permite la compra-venta o donación de inmuebles. Otra medida reciente está dirigida al arrendamiento de barberías y peluquerías, aunque los inmuebles continuarán como propiedad del Estado. Todas estas disposiciones legales quedan por debajo de lo que existía en esos ámbitos antes de 1959, cuando los autos, las viviendas, las barberías, las peluquerías y cientos de miles de establecimientos de producción y servicios eran propiedad de los ciudadanos y podían disponer de ella libremente.

A lo anterior hay que añadir la corrupción generalizada que resultó del camino equivocado. Al eliminarse la pequeña propiedad y las verdaderas cooperativas, las empresas estatales devinieron estaticulares1, provocando el surgimiento de una inmensa red sumergida de producciones y servicios que, al no poder contar con suministros de materias primas, herramientas y piezas de repuestos, generaron el hurto generalizado, conocido en el argot popular como escapar, luchar y resolver, que designan las acciones para sobrevivir. Una anormalidad potenciada por la insuficiencia de los salarios, que ha convertido a la corrupción -que hasta 1958 se limitaba esencialmente a la esfera político-administrativa- en la moral de sobrevivencia que hoy predomina.
Sin embargo, ese regreso al pasado constituye un avance en relación al presente. Retrocederemos hasta el punto donde se torció el rumbo, para ver si desde allí y a pesar del retraso y del daño antropológico ocasionado, podemos enrumbarnos nuevamente. Una posibilidad que depende de la profundización de las medidas para acercarnos lo más posible al punto de partida. Pero depende también de la creaación de la construcción de una estructura social que garantice la participación de los cubanos en las decisiones y de una concepción de la propiedad en la que convivan y cohabiten sus variadas formas, pues la propiedad, sea individual, familiar, cooperativa o estatal, tiene la función social de movilizar las potencialidades e iniciativas de las personas para producir.

En fin, se requiere, una vez situados en la arrancada, la reconversión de los cubanos en ciudadanos.

Publicado en  el Diario de Cuba (www.ddcuba.com) el 10 de noviembre de 2011

Entró en vigor el nuevo Decreto-Ley de la Vivienda, un reconocimiento, hasta ahora negado, del derecho de propiedad.

Este jueves 10 de noviembre entró en vigor el Decreto-Ley 288 sobre la legalización de la venta de viviendas. Complementado con seis resoluciones ministeriales, dicho decreto modifica de forma significativa lo legislado en esta materia desde la década del 60 del pasado siglo.

Con las nuevas disposiciones los cubanos, propietarios formales de inmuebles, devienen propietarios reales. Ahora pueden no sólo permutar, sino también donar, adjudicar o vender su casa a otros cubanos residentes en Cuba, con permiso de residencia en el exterior o a extranjeros residentes de forma permanente en el país. Para hacer uso de este derecho se exige que el inmueble esté inscripto en el Registro de Propiedad, una declaración sobre la licitud de los fondos y el pago de un impuesto del 4% por la transacción. El precio del inmueble lo declaran las partes, siempre que no sea inferior al valor actualizado de la misma. Y las transacciones se harán en pesos cubanos a través del Banco Nacional.

Ahora las viviendas, propiedad de cubanos que salgan definitivamente del país, seguirán siendo confiscadas, pero el Estado tramitará la propiedad a los copropietarios o a sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad, de forma gratuita. Es decir a los cónyuges, hijos, padres, abuelos, hermanos, sobrinos, tíos y primos o las personas que con el consentimiento del propietario han residido durante cinco años o más años en el inmueble.

Una valoración del alcance del nuevo Decreto-Ley exige tener en cuenta sus antecedentes.

Durante años el crecimiento de la población, el envejecimiento del fondo habitacional, el deterioro por falta de mantenimiento, los crecientes derrumbes y el bajo ritmo de las construcciones, conformaron una peliaguda situación. El modelo cubano, más útil para distribuir que para producir, se enfrascó en resolver el problema soslayando la participación ciudadana como sujeto.

Con ese propósito se inició una “batalla por la vivienda” que terminó en rotundo fracaso. De 1960 a 1970 se intentó, producir 32.000 apartamentos anuales, pero el promedio no rebasó los 11.000. De 1970 a 1980 de un plan de 38.000, apenas se alcanzaron los 17.000. En la década de 1980, el plan se elevó a 100.000 viviendas anuales, pero el promedio no superó las 40.000. Solo en la década de 1990 se sobrepasaron las 40 mil, para luego retroceder. En septiembre de 2005, el secretario del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros anunció otro plan de 100.000 viviendas nuevas por año, que también sucumbió.

Cuando el déficit habitacional generó un desenfreno de ocupaciones y construcciones ilegales, el gobierno giró el énfasis de los planes constructivos al control del desorden generalizado. La Ley No. 48 —Ley General de la Vivienda— promulgada en diciembre de 1984 autorizó la transferencia de la propiedad a los usufructuarios onerosos y ocupantes legítimos y permitió la legalización de las que se construyeron fuera de la ley. Esa medida convirtió en propietarios formales a unas 750 mil familias, pero su alcance se limitó a legalizar lo existente y poner fin al descontrol. Las ilegalidades, sin embargo, continuaron su marcha.

Cuatro años después, en diciembre de 1988, se emitió una nueva Ley General de la Vivienda. En uno de sus por cuantos se aclaraba que la propiedad personal de la vivienda debía entenderse como el derecho de disfrute de la misma por el propietario y su familia, sin que pueda convertirse en un mecanismo de enriquecimiento ni de explotación. Es decir, se prohibía a los dueños vender su inmueble. Esta Ley tampoco pudo evitar el mercado negro de compraventa y construcciones.

En julio del 2000 se emitió el Decreto-Ley 211 que autorizaba las inspecciones físicas a los inmuebles, exigía aprobación institucional para permutar y otorgaba el derecho a funcionarios estatales para determinar sobre la legitimidad de la propiedad, menoscabando el derecho reconocido en la Ley General de 1988. En esa misma dirección, en febrero del 2001, se aprobó un nuevo Decreto-Ley que eliminó definitivamente la compraventa entre particulares y otorgó a las entidades municipales de la Vivienda el derecho de confiscación. Así el cuadro quedaba cerrado.

La reciente disposición, al reconocer el derecho del propietario y eliminar las autorizaciones previas de las direcciones municipales de la Vivienda, constituye un reconocimiento de lo absurdo de las leyes anteriores. Su limitación radica en que está dirigida a la esfera de la circulación: se puede cambiar de dueño, pero no se edifican nuevas viviendas. Si uno de los objetivos de la reciente normativa es “contribuir a la solución del problema habitacional”, entonces el derecho a la propiedad tiene que ser complementado con medidas dirigidas a la construcción y reparación.

Según cifras oficiales en el año 2010 había un déficit de unas 600 mil viviendas, más de la mitad de las existentes en mal estado y el 85% necesitadas de reparación. Sin embargo, la realidad indica que las cifras son mayores.
Entre los años 2001 y 2005 cuatro huracanes: Michelle (2001), Charley e Iván (2004) y Dennis (2005) ocasionaron graves daños habitacionales. Luego, en el 2008, alrededor de medio millón de viviendas fueron dañadas o derribadas totalmente por los fenómenos atmosféricos Fay, Hanna, Gustav e Ike. Teniendo en cuenta los incumplimientos de los planes constructivos, el crecimiento poblacional y los constantes derrumbes, un cálculo conservador arroja un déficit aproximado de un millón de viviendas en una población de algo más de 11 millones. Como el actual crecimiento demográfico demanda unas 50 mil nuevas casas anuales, se requiere de varias décadas edificando unas 100 mil cada año para resolver el problema el crítico problema habitacional.

La solución del problema exige incluir la participación de los ciudadanos de forma paralela al Estado y la creación de pequeñas y medianas empresas —privadas o cooperativas— de materiales de construcción, de reparaciones, de venta de materiales, de transporte y de financiamiento alternativo. Se requiere además de estudios multidisciplinarios. En fin, la participación conjunta de Estado y Sociedad.

En esa problemática, el Decreto-Ley 288 no es sino el primer paso. Importante porque va a generar un cambio de mentalidad en los cubanos y porque es un reconocimiento, hasta ahora negado, del derecho de propiedad. Eso sí, solo se trata de un primer paso.

Publicado en el Diario de Cuba (www.ddcuba.com) el 10 de octubre de 2011

En materia de libertades y derechos, la situación actual es idéntica o peor a la que desembocó en la Guerra de los Diez Años.
 
Para cualquier sociedad resultará frustrante que su historia, en lugar de marchar hacia el progreso, retroceda a pasos agigantados: es el caso de la sociedad cubana, cuya situación en materia de libertades y derechos es idéntica o inferior a la que desembocó en la Guerra de los Diez Años.

A mediados del siglo XIX cubano, cuando las contradicciones entre colonia y metrópoli parecían acercarse a una solución reformista, los hechos tomaron otro camino. La Junta de Información, convocada por el Ministro de Ultramar con participación de comisionados cubanos para esbozar un proyecto de reforma colonial, fracasó. En lugar del reclamo insular de disminuir la contribución fiscal a un 6%, se impuso un impuesto del 10% que afectó los intereses de los hacendados isleños, en particular a los de la región centro oriental.

Veamos brevemente algunos de los acontecimientos decisivos.
El 15 de septiembre de 1868 la monarquía hispana fue sustituida por un gobierno provisional, el cual siguió negando a la Isla las libertades que reclamaba para la península. La confluencia del aumento de los impuestos, las faltas de libertades y el creciente sentimiento nacional, unidos a varios factores externos desfavorables a España, pusieron la insurrección independentista a la orden del día, la cual se estructuró desde la logia Gran Oriente de Cuba y Las Antillas (GOCA)*, un cuerpo irregular masónico que devino centro de discusión e investigación de asuntos sociales y políticos.
El 10 de octubre de 1868, el movimiento independentista comenzado en Oriente se extendió en corto tiempo hasta el centro del país. La necesidad de coordinar los esfuerzos de los grupos sublevados condujo a la convocatoria de la Asamblea de Guáimaro, el 10 de abril de 1869, en la que se promulgó la primera Constitución cubana de carácter eminentemente democrático, basada en la división de poderes. Sin embargo, diez años después del inicio de aquella proeza cívico-militar, las contradicciones entre los jefes militares, entre éstos y el presidente de la República y entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, unidos al caudillismo y al regionalismo, dieron al traste con el patriótico esfuerzo.
El 14 de noviembre de 1876, cuando el general Máximo Gómez tuvo que abandonar el mando de la invasión hacia Occidente —la operación más importante de esa guerra— la iniciativa estratégica, tanto en lo militar como en lo político, pasó a manos de España. La política de pacificación puesta en vigor cayó en terreno abonado. En septiembre de 1877 tropas holguineras se erigieron en cantón independiente, uno de los regimientos de Jiguaní se presentó al enemigo y en octubre, el presidente Estrada Palma cayó prisionero. Unos días después, representantes de la Cámara entraron en conversación con las fuerzas españolas. Y finalmente, el Comité del Centro, encargado de las negociaciones de paz, firmó el 10 de febrero de 1878 el documento que puso fin al proyecto independentista; una guerra que como expresó José Martí, “no nos la quitó nadie de la mano, sino que la dejamos caer nosotros mismos”.
Así, la Guerra de los Diez Años llegó a su fin, con excepción de las fuerzas al mando de Antonio Maceo, que escenificaron la Protesta de Baraguá para expresar la inconformidad con la culminación de una contienda que no pudo alcanzar los objetivos que perseguía, hecho que sirvió de sustento a próximos intentos independentistas.
Desde el punto de vista histórico, el resultado de aquel enorme esfuerzo no puede medirse solamente por el hecho de no haber alcanzado ninguno de sus objetivos básicos, sino también por el estado actual de la sociedad cubana, separada por casi siglo y medio del Grito de Yara, el 10 de octubre de 1868.
Antes y ahora
En aquel momento, a cambio de la independencia y de la abolición de la esclavitud, entre 1879 y 1886 se aprobaron y pusieron en vigor la Ley de Imprenta, la Ley de Reuniones y la Ley de Asociaciones, refrendadas en la constitución española. Gracias a ella se crearon órganos de prensa, asociaciones económicas, culturales, fraternales, educacionales, de socorros mutuos e instrucción y recreo, sindicatos y los primeros partidos políticos de Cuba. Gracias a la amnistía contemplada en el Pacto y a la permisibilidad para que los exiliados regresaran a Cuba, José Martí, Juan Gualberto Gómez y Antonio Maceo pudieron pisar nuevamente tierra cubana.
El resultado habla por sí solo: cuando llegó a Cuba Gerardo Castellanos, enviado por Martí para preparar el nuevo alzamiento, ya existía en la Isla un movimiento organizado en varias provincias.
Actualmente, en pleno siglo XXI, aquellas libertades limitadas, pero que favorecieron la continuidad de la lucha por la independencia, están ausentes. Aún peor. Cada año, al arribar al 10 de octubre, la prensa oficial, en merecido homenaje,  recuerda el alzamiento con actos, artículos y discursos, a la vez que se ocupa meticulosamente de perseguir toda manifestación cívica de libertad, como lo demuestran las constantes acciones represivas y la enorme cifra de opositores pacíficos detenidos.
¿Qué aportó todo aquel inmenso esfuerzo por la independencia, la libertad y la dignidad de los cubanos al presente que vivimos? ¿Cómo es posible que un pueblo que derramó su sangre y sufrió en nombre de la libertad se encuentre hoy en tal estado?
 

 * Torres-Cuevas, Eduardo y Oscar Loyola Vega. Historia de Cuba 1492-1898, Formación y liberación de la nación. La Habana, Editorial Pueblo y Educación, 2001, p.210

(Publicado en el número nueve de la revista digital Voces el viernes 29 de julio de 2011, en el sitio vocescubanas.com)

Los acuerdos del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), al igual que los emanados de sus cinco congresos precedentes, han demostrando no sólo su incapacidad para resolver los graves problemas de la sociedad cubana, sino incluso para hacer cumplir los lineamientos aprobados.

La separación de las funciones partidistas de las estatales, una de las líneas básicas trazadas en el Congreso y de las cuales depende el resto de los proyectos aprobados, parece ser irrealizable. La mentalidad de los cuadros político-administrativos, ajustada a una prolongada dirección totalitaria se muestra incapaz de cumplir sus propios acuerdos. Después de haber reconocido los errores cometidos, de acordar cambiar los métodos y de separar las funciones políticas de las administrativas, las 15 asambleas provinciales del PCC, celebradas post congreso, parecen que fueron destinadas a negar lo asumido, pues en cada una de ellas sobresalió el llamado a “cambiar la mentalidad”, pero haciendo lo mismo que antes. Las asambleas  se concentraron en un llamado a sus miembros a cambiar de palabra y conservar de hecho los métodos anteriores: “El Partido tiene que ver en cada lugar qué le toca a cada quien, con nombres y apellidos; “Tenemos que conocer de antemano qué va a sembrar y cosechar cada productor”; o “Hay que exigirle a los que no hacen producir la tierra”, fueron algunos de esos planteamientos, cuyo efecto real no puede ser otro que frenar el interés de los productores y mantenerlos atados a las trabas que les impiden producir con eficiencia.

Sin embargo, la exclusión, un mal que tiene mucho que ver con el deprimente estado de la sociedad cubana, se mantiene. Las libertades ciudadanas sin las cuales no puede resolverse ninguno de los problemas que nos aquejan, continúan ausentes. Y todo indica que los que detentan el poder de la nave no tienen prisa por enmendar ese rumbo, como lo demostraron las mencionadas asambleas provinciales del PCC.

Una de las disímiles consecuencias de esa conducta radica en que además del retroceso y el estancamiento sufridos, Cuba se ha situado al margen de los procesos que se están produciendo en el orbe, lo que nos aleja más de la realidad contemporánea, en una época en que se están desarrollando acontecimientos en diferentes puntos del orbe que apuntan hacia una mayor participación ciudadana. Un proceso objetivo, universal, indetenible y complejo que requiere ser enfrentado con formas de pensar y actuar que permitan el acoplamiento de cada país a las exigencias de la época.

En fin, que se sigue careciendo de lo más vital: la conversión de los cubanos en ciudadanos, en sujetos activos de los cambios, pues la implementación de los derechos humanos, punto de partida para ese objetivo, no acaba de ocupar un lugar en la agenda gubernamental. Esa realidad indica la imperiosa necesidad de un cambio en la mentalidad, en primer lugar en las concepciones política, esfera relacionada con la toma de decisiones, con la relación entre personas con intereses comunes y con las actividades públicas que deciden la suerte de la nación.

En materia política resulta un desperdicio y una contradicción contar con valiosísimos aportes de diferentes pensadores cubanos y no  extraer de ellos todo lo útil que encierran para la actualidad. Resulta aún más contradictorio que en el Informe Central al VI Congreso del PCC se mencionaran figuras fundacionales de la cultura y la política cubanas como José Martí, el Padre Félix Varela y José de la Luz y Caballero sin tener en cuenta integralmente sus ideas, aportes y definiciones en temas tan cruciales como la libertad, la democracia, la inclusión y la participación cívica. En ese sentido, en el número ocho de Voces, dediqué un artículo al mayor político del siglo XIX, a José Martí, bajo el título Cuba: sinrazones del partido único. En esta oportunidad lo dedico al primero de ellos en orden lógico e histórico, al Padre Varela, porque fue el primero que se ocupó de la necesidad de los cambios en la forma de pensar, porque parafraseando al historiador Eduardo-Torres Cuevas, nos resulta necesario e imprescindible, porque, salvando las distancias temporales, sus enseñanzas en materia política conservan plena vigencia.

Félix Francisco José María de la Concepción Varela y Morales (1778-1853), nació en La Habana y murió en San Agustín de la Florida. Estudió en el Seminario San Carlos y en la Real y Pontificia Universidad de San Gerónimo de La Habana. En 1810 fue ordenado diácono1 y en 1811 sacerdote. En el Seminario conoció a José Agustín Caballero, quien ejerció una influencia significativa en relación a la escolástica y a la autonomía. En el Seminario ejerció las cátedras de Latinidad, de Filosofía y de Constitución. Fue el primero que habló en Cuba de patria incluyendo todo el territorio nacional; el primero en fundamentar la necesidad de la independencia de España; el primero que elaboró un proyecto para la abolición de la esclavitud en Cuba; el primero que le trazó un rumbo propio al pensamiento cubano y se empeñó en enseñarnos a pensar; y también el primero que introdujo la ética en los estudios científicos, sociales y políticos. Por todo ello José de la Luz y Caballero lo definió como nuestro verdadero civilizador y José Martí lo llamó patriota entero.

Cada época y cada generación tienen su misión histórica. Si a los criollo-habaneros de mediados del siglo XVII, encabezados por Félix Arrate, les tocó inaugurar la política insular reclamando la igualdad ante los peninsulares; y los criollo-cubanos de la segunda de ese mismo siglo, con Francisco de Arango y Parreño al frente se propusieron convertir a Cuba en la primera productora de azúcar y café en Edmundo, y lo lograron; a la generación de principios del siglo XIX –en la que se inscribe el Padre Varela– les tocó el impacto de las revoluciones burguesas que marcaron un cambio de época en la historia de la humanidad. Por tanto, al igual que las dos generaciones precedentes –y las que le sucedieron– enfrentaron la adecuación de las formas de pensamiento a los nuevos retos impuestos por la época.

Varela nació en el apogeo del tránsito del feudalismo al capitalismo, en la época en que se implantó en Estados Unidos un sistema constitucional republicano; en la época del estallido de la Revolución Francesa, que globalizó la ideología de las revoluciones burguesas; en la época de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y de las constituciones francesas de fines del siglo XVII; en el momento de la muerte del monarca ilustrado Carlos III, con lo que se clausuró el esplendor del Despotismo. Un contexto que impuso la necesidad de una política diferente a la seguida por Arrate o por Arango y Parreño.

En 1801, de regreso a Cuba después de casi 13 años viviendo con su familia en La Florida,  Varela matriculó en el seminario San Carlos, cuando comenzaba a gestarse en La Habana un movimiento cultural de corte liberal estimulado por el Obispo Espada, quien, al igual que ocurrió más tarde con Rafael María de Mendive, respecto a José Martí, le facilitó libros de su propia biblioteca y lo introdujo en las tertulias en las que se discutía  acerca de las ideas filosóficas, políticas, jurídicas, artísticas o científicas, emanadas de los eventos históricos mencionados.

Unos años después, cuando se promulgó en España la Constitución liberal de 1812, Félix Varela asumió la cátedra de Filosofía del Seminario San Carlos, desde la cual profundizó la crítica a las estructuras de pensamiento, que ya había iniciado el padre José Agustín Caballero contra la Escolástica; una crítica dirigida en primer lugar hacia la liberación del pensamiento. Su Filosofía se caracterizó por la libertad, y al liberarse creó las bases para un camino basado en nuestra realidad, “un modo propio de pensar emanado de los componentes físicos, culturales y  éticos de la emergente y aún no claramente definida cubanidad”2. De ese giro emerge su posición política hacia el poder colonial, conformando lo que pudiera denominarse una proto-politología insular, pues la politología es eso, la ciencia que estudia las relaciones de poder desde el Estado hasta las actuales redes sociales. Ocho años después, resultado de la restitución en España de la Constitución liberal en 1820, se estableció la cátedra de Constitución en el seminario San Carlos, donde Varela, respondiendo a la solicitud y consejo del Obispo Espada, el asumió la nueva institución y en el discurso inaugural expresó: “Y yo llamaría a esta Cátedra, la cátedra de la libertad, de los derechos del hombre, de las garantías nacionales, de la regeneración de la ilustre España, la fuente de virtudes cívicas, la base del gran edificio de nuestra felicidad….”3.

Sus Lecciones de Filosofía, explica Torres Cuevas, estaban integrada por tres cuerpos: 1-la teoría del conocimiento (ideología o estudio de la producción de ideas), 2- la aplicación de esa teoría a la naturaleza del hombre y a la sociedad (ideología aplicada, es decir, la ética y la política), y 3- la física (estudio de la naturaleza generadora de ideas y único campo productor de conocimiento verdadero); pero el centro de su preocupación filosófica, en correspondencia con la ética, lo constituyó el hombre, por eso, además de haber iniciado el camino hacia la independencia de pensamiento, le dio una sólida base ética a las aspiraciones del pueblo cubano, al que consideraba actor de los acontecimientos sociales. Asumió la ética por su carácter primario, elemental y esencial en las relaciones sociales, porque la misma es portadora del principio absoluto de la igualdad de todos los seres humanos y porque constituye el fundamento de los derechos sobre los cuales se erigen la dignidad, la sociedad civil y la participación ciudadana.

Para Varela uno de sus principios políticos básicos era hacer en cada momento lo que en cada momento es posible hacer, y adecuar los medios al fin, lo que explica la evolución de su pensamiento y su accionar práctico. De ahí el orden de los asuntos en que se empeñó: crear un pensamiento propio; formar virtudes cívicas y patrióticas; luchar por la autonomía de la Isla y por la abolición de la esclavitud, para lo cual elaboró un Proyecto de Autonomía para la Isla de Cuba, de carácter liberal y progresista y otro proyecto para la abolición de la esclavitud, en el momento de auge de la plantación azucarera. Proyectos reformista que, sin romper abruptamente con el sistema existente, se proponían, en correspondencia con el momento histórico, lo posible: ampliar los derechos de los nacidos en la Isla sin excluir a los originarios de África; demostrar la necesidad de la independencia y cuando comprendió su inviabilidad momentánea,  entregarse a una labor más dirigida a preparar las mentes que a gestar una conspiración. Desde esa nueva visión dedicó todos sus esfuerzos en enseñar a pensar las necesidades de la isla en términos nacionales. Según Jorge Ibarra4, se produjo por vez primera “en el pensamiento insular la fusión de las aspiraciones nacionales y sociales de las clases y los estratos que constituirían el pueblo/nación de 1868”.

Es a partir de este momento, desde El Habanero5 hasta las Cartas a Elpidio6, se concentró en lo que constituye una rareza en nuestro actuar político: la formación de conciencia y de virtudes en los futuros sujetos del cambio; hombres capaces de pensar sobre la problemática de la nación en formación, lo que explica la frase de Luz y Caballero: Varela fue el que “nos enseñó primero en pensar“ y por ello, decía el Papa Juan Pablo II, en el Aula Magna de la Universidad de La Habana: generó “una escuela de pensamiento, un estilo de convivencia social y una actitud hacia la Patria que deben iluminar, también hoy a los cubanos” y añadió: “Eso lo llevó a creer en la fuerza de lo pequeño, en la eficacia de las semillas de la verdad, en la conveniencia de que los cambios se dieran con la debida gradualidad hacia las grandes y auténticas reformas”7.

Muchos de los tropiezos actuales tienen que ver con la ignorancia de es fuente de conocimientos y virtudes. Por eso, más que mencionar al Padre Varela debería asumírsele en toda su dimensión política y humana, y en consecuencia, como él, considerar al pueblo cubano como ente político y actor de los cambios sociales; como él, partir del valor de la libertad como base del funcionamiento de la sociedad; como él, reconocer que la inclusión de todos es un principio inviolable para la convivencia; como él, aceptar que la absoluta comunidad de bienes es un delirio, pues la naturaleza misma de la sociedad exige las diferencias individuales; como él, aceptar que la igualdad social debe entenderse en términos que todos los individuos estén sujetos a la ley, teniendo unos mismos derechos si proceden de un mismo modo; y como él, tantos otros aspectos que están pendiente en nuestra sociedad; pero sobre todo, porque el Padre Varela, junto al fomento de valores y la forja de virtudes, se empeñó en enseñarnos a pensar, que no es una frase vacía de contenido, sino que  consiste en que la persona, libre de condicionamientos, encuentre primero la verdad que lleva dentro y desde ella, con libertad de espíritu, actúe en consecuencia para promover los cambios sociales; pues, como él mismo expresara de forma enfática: no hay patria sin virtud.  Todo ello hace de Varela no una reliquia pasa pare mencionar en discursos, sino un hombre del presente.

Se infiere, de lo anterior, que las posibles soluciones a los problemas actuales de Cuba, exigen, una nueva forma de pensar, un pensamiento emergido de nuestras propias raíces en estrecha relación con los procesos globales, para producir una nueva calidad, un nuevo pensamiento. El reto está en la transformación de los individuos en ciudadanos, en actores políticos. Una transformación que tiene su punto de partida en los derechos humanos reconocidos universalmente, en particular en los de la primera generación: los derechos civiles y políticos; pues el proceso de formación ciudadana y de conformación de una opinión pública inexistente, requiere actuar desde los principios ético-morales que sitúan al ser humano como fin y no como medio, como nos indicó el Padre Varela.

1 Grado sagrado inmediato anterior al sacerdocio.
2 Torres Cuevas, Eduardo y otros. Obras de Félix Varela. Tomo I, p. XX. La Habana: Editora Política, 1991.
3 C M. DE CÉSPEDES. Señal en la noche, p.84
4 Ibarra Cuesta, Jorge. Varela el precursor, un estudio de época. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 2004.
5 El Habanero, Papel Político, Científico y Literario (1824-1826). Primer periódico cubano puesto en función de la independencia. Sus primeros tres números se publicaron en Filadelfia y los cuatro restantes en Nueva York. La Corona prohibió su introducción en la península e islas adyacentes.
6 Las Cartas a Elpidio, constituyen un sistema de ideas éticas y políticas de máxima utilidad que fueron pensadas para la juventud, a la cual veía como la única dispuesta a entender, asumir y querer la libertad de Cuba. Elpidio, tomado del griego, significa esperanza. Son pues, Cartas a la Esperanza.
7 JUAN PABLO II. Discursos de su santidad en su viaje apostólico a Cuba, p.15

Publicado en el Diario de Cuba (www.ddcuba.com) el viernes 27 de mayo de 2011

Dr. Tomás Romay Chacón

En Cuba, por su historia preñada de hechos violentos, se le presta una atención exagerada a los episodios guerreros en detrimento de otras formas de hacer historia, como la ciencia -forjadora de conocimientos y de cultura- que tanto aportó a la conformación de la nacionalidad, la nación y la patria durante siglos. El 19 de mayo del presente año arribamos al 150 aniversario de la fundación de la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, cuyo nacimiento estuvo condicionado por el desarrollo alcanzado por las fuerzas productivas y por el esfuerzo sostenido y mancomunado de cubanos, que desde diferentes posiciones políticas e ideológicas, unieron sus esfuerzos para el desarrollo de Cuba. En reconocimiento a esos héroes, casi anónimos, mencionaré a nueve de ellos.

Tomás Romay Chacón (1764-1849). Médico de profesión, cofundador del Papel Periódico de La Habana y de la Sociedad Económica de Amigos del País, realizó innumerables contribuciones a la ciencia y a la cultura, pero fue en la medicina donde hizo grandes aportes: en 1794 presentó ante la Junta Ordinaria de la Sociedad Patriótica de Amigos del País –primera reunión científica de médicos cubanos– su Disertación sobre la fiebre maligna llamada vulgarmente Vómito Negro; descubrió e implantó la vacunación contra la viruela; introdujo los estudios de la Anatomía sobre el cadáver, los de Clínica en las salas de los hospitales y llevó a los alumnos a las cabeceras de los enfermos y a la morgue para la práctica de autopsias; y fue uno de los que solicitaron del rey Fernando VII, la necesidad de crear una academia de ciencias en la Isla. Por sus actividades de prevención de enfermedades y por promover el adelanto de la medicina, es considerado “el primer gran higienista cubano” e iniciador del movimiento científico en Cuba. Romay era un hombre de su época y de su clase, defensor del sistema político establecido, admirador de la monarquía española y enemigo intransigente del liberalismo revolucionario; una prueba irrefutable de que se puede ser forjador de la ciencia, de la cultura y de la nacionalidad, con independencia de la filiación política o ideológica.

José Estévez Cantal (1771-1841). Químico y botánico. Alumno de Tomás Romay, fue probablemente el primer cubano que recibió una formación científica en Europa y el  primer botánico de alguna importancia. Entre sus trabajos destaca el catálogo de plantas, iniciado por Baltasar Boldo, considerado como la primera flora de Cuba. Fue el primer químico cubano que se destacó en la búsqueda de variedades de caña y que con la aplicación de esta ciencia logró que se consolidara una nueva rama de la Terapéutica: la Hidrología Médica. Gracias a sus análisis de las Aguas de San Diego –la más famosa de nuestras fuentes minero-medicinales– se pudieron aprovechar sus propiedades curativas. A través de Estévez, la Botánica, la Química y la Mineralogía se introdujeron en la Isla y contribuyeron a vigorizar el ya avanzado movimiento de reformismo cultural y científico.

Esteban Pichardo Tapia (1799–1879). Abogado y Geógrafo, nacido en Santo Domingo. Considerado “el más destacado geógrafo de Cuba”. Su labor geográfica y cartográfica sirvió de base para el mapa de curvas de nivel a escala, confeccionado en 1908 por el Ejército de Ocupación Norteamericano. Su principal obra geográfica fue Caminos de la Isla de Cuba Itinerario. En 1829 entregó el Compendio de Geografía de la Isla de Cuba para su uso en colegios y escuelas secundarias. Además incursionó en la Literatura con un tomo de poesías y el Diccionario casi razonado de vozes cubanas, publicado en1836.

Felipe Poey Aloy (1799-1891). Investigador y profesor en Ciencias Naturales. En Francia, donde conoció a Jorge Cuvier, publicó sus primeros estudios entomológicos. En 1838 presentó un proyecto para establecer en La Habana un gabinete de historia natural, que luego pasó a formar parte de la Universidad de La Habana. Estudió el bórer de la caña de azúcar y las plagas de los aguacateros, aportó diversos conocimientos básicos de la biología. Es considerado “el iniciador de la era científica de la historia natural en Cuba” y fue uno de los 30 miembros fundadores de la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales.

Nicolás José Hernández Gutiérrez (1800-1890). Médico cirujano, fundador del Repertorio Médico Habanero, primera revista cubana dedicada exclusivamente a la medicina. Introdujo en Cuba el cloroformo como anestésico quirúrgico. A la muerte de Tomás Romay, Nicolás se convirtió en la figura principal de la comunidad médica habanera. Fue una de las personalidades destacadas en la lucha por fundar la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, en ella ocupó la presidencia para  la que fue reelegido hasta su fallecimiento. Fue designado Rector de la Universidad de La Habana entre 1879 y 1880.

Francisco Frías Jacott, Conde de Pozos Dulces (1809-1877). Agrónomo, divulgador científico y reformador agrario. Autor del Programa de Desarrollo Agropecuario, dirigido a establecer las bases de una identidad nacional agro-tecnológica y agro-científica para el logro de un equilibrio social y económico. Ferviente partidario de la pequeña propiedad, la pequeña industria y el trabajo de la familia campesina. Fue el primer expositor, en la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, de la teoría de Darwin y defensor del Instituto de Investigaciones Químicas, fundado en 1848, así como promotor en 1861 del Instituto Agrónomo Cubano. En 1868 fue  premiado por sus trabajos: “Memoria sobre la industria pecuaria en la Isla de Cuba” y “Si descansa sobre bases científicas la opinión de que la destrucción del reino animal lleva consigo la del vegetal y viceversa”.

Francisco de Albear y Fernández de Lara (1816- 1887). Ingeniero. Entre la reparación del Convento de San Agustín en La Habana –su primera obra–, pasando por la construcción del acueducto Isabel II, se encuentra todo lo destacado en materia constructiva de la época. Su gran obra fue la utilización de las aguas de los manantiales de Vento, para lo cual investigó todo lo relacionado con la calidad y el traslado del líquido hasta los depósitos de Palatino. Para ello demostró la influencia negativa de la luz solar sobre las aguas depositadas; modificó la geología de los terrenos para adaptarlos a la protección del canal; y lo desplazó por debajo del río Almendares. Un proyecto que no se repetiría hasta mediados del siglo XX, cuando se construyó el túnel de la bahía habanera. Por esa obra fue premiado, primero en Filadelfia y luego en París, con Medalla de Oro, mientras la Real Junta de Fomento lo calificó como “el más famoso de los ingenieros cubanos”.

Andrés Poey Aguirre (1825-1919). Meteorólogo. Precursor en Cuba de las investigaciones en ese campo, por lo que se le considera el “verdadero creador de la Meteorología científica en Cuba”. En 1848 elaboró un atlas con 28 mapas litografiados para las escuelas primarias, el primero de su tipo impreso en Cuba. En 1850 creó un observatorio en su casa donde desarrolló investigaciones atmosféricas. En 1855 elaboró un catálogo sobre los huracanes titulado “Tabla Cronológica que comprende 400 huracanes y ciclones que han ocurrido en las Indias Occidentales y el Atlántico del Norte de 1493 a 1855; obra considera fundamental en esta  materia”.

Álvaro Reinoso y Valdés (1829-1888). Químico, fisiólogo, agrónomo y tecnólogo industrial. Sustituyó a José Luís Casaseca en la dirección  del Instituto de Investigaciones Químicas de La Habana, al que convirtió en la Estación Agronómica. En 1862, cuando Cuba ocupaba el primer lugar mundial en la producción de azúcar, se ubicaba en el último en productividad agrícola. A la solución de esa contradicción dedicó Reynoso todo su esfuerzo. En su obra cumbre, Ensayo sobre el cultivo de la caña de azúcar, publicada en 1862, concibió un sistema integral de medidas agrotécnicas para garantizar el cultivo intensivo de la caña de azúcar, para ello analizó íntegramente todas las operaciones relacionadas con el cultivo y cosecha de la gramínea. A Reinoso se le considera “Padre de la Agricultura Científica Cubana”. A pesar de todo el tiempo transcurrido, hoy Cuba  no supera las zafras azucareras de hace un siglo.

Junto a estos nueve héroes de la ciencia cubana, es necesario reconocer los aportes de algunos científicos extranjeros, entre ellos Alejandro Humboldt de Hollwede (1769-1859), José Luís Casaseca Silván (1800-1869) y Ramón de la Sagra Periz (1798-1871). El primero, en muchos aspectos conocía a Cuba mejor que los propios cubanos; el segundo, considerado el “padre de la química cubana”; y el tercero, profesor destacado de Historia Natural, que creó y dirigió el Jardín Botánico y la Institución Agrónoma de La Habana.

La reseña acerca de estos ilustres científicos pone en ridículo el absurdo intento de asociar patria y nación con socialismo y revolución.

Publicado en el Diario de Cuba el martes 13 de julio de 2011 (www.dddcuba.com)

Bajo el rótulo El lugar de la ciudadanía, participación política y República en Cuba, el Centro Cultural Padre Félix Varela fue escenario, el sábado 2 de julio, de una conferencia impartida por el licenciado en Derecho y profesor universitario, Julio César Guanche. La institución, perteneciente a la Arquidiócesis de La Habana, ocupa la edificación en la que hasta el pasado mes de enero se encontraba el Seminario San Carlos y San Ambrosio, donde el padre Félix Varela y Morales ocupó a principios del siglo XIX las cátedras de Filosofía y de Constitución, desde las cuales desarrolló una labor cultural, educativa y cívica, encaminada a la formación del pensamiento y la nacionalidad de los cubanos.

En las palabras inaugurales, el rector del Centro Cultural Yosvany Carvajal, explicó que este nuevo espacio de pensamiento, estudios y debates, iniciará sus funciones académicas en el venidero mes de septiembre y posteriormente se irán incorporando otras funciones docentes y culturales. La conferencia de Julio César Guanche, resultó un ensayo previo a su definitiva inauguración.

Nada más oportuno para la realidad sociopolítica cubana que el tema de la ciudadanía y la participación política. En ese sentido la disertación del joven intelectual cubano comenzó con las palabras pronunciadas por Félix Varela en la inauguración de la Cátedra de Constitución en 1821: Y yo llamaría a esta Cátedra, la cátedra de la libertad, de los derechos del hombre, de las garantías nacionales, de la regeneración de la ilustre España, la fuente de virtudes cívicas, la base del gran edificio de nuestra felicidad, la que por primera vez ha conciliado entre nosotros las leyes con la filosofía… la que contiene al fanático y déspota…”.

Entre otros planteamientos Guanche abordó aspectos sobre la legalidad de la sociedad cubana contemporánea, así como la necesidad de crear y utilizar los espacios, reales o potenciales, para ejercer la ciudadanía a través de claves definidas por Félix Varela. Señaló que a pesar de que las estadísticos exhibidas por las autoridades cubanas, respecto a la alta participación popular en las elecciones, el sistema electoral deja en pie conflictos entre la base institucional y la participación ciudadana y agregó, que los programas de gobierno local, provincial y nacional no resultan definidos a través del proceso electoral. Así, el papel de la ciudadanía y su participación en la política nacional cubana devino eje de un intenso y respetuoso debate entre intelectuales, profesores universitarios, académicos y periodistas presentes, de las más diversas tendencias, acerca de cómo construir poder, confirmar poder, ampliar poder y usar la política para ensanchar las formas de convivencia: un testimonio práctico de la necesidad de someter a debate público temas vitales de nuestra sociedad.

Intervenciones como las de las profesoras de la Universidad de La Habana Berta Álvarez y Maria del Carmen Barcia, acerca de las constituciones cubanas y del concepto de ciudadano, respectivamente, así como la del escritor Víctor Fowler, quien explicó la diferencia entre la formación de ciudadanos y de revolucionarios, demostró lo acertado de la invitación cursada por la dirección de la revista Espacio Laical.

El padre Varela, cuyo nombre preside el Centro Cultural, fue el primero que habló en Cuba de patria con el concepto abarcador de todo el territorio nacional, de pertenencia, de arraigo y de intereses; el que evolucionó desde la autonomía hasta devenir promotor de la independencia; el que se desplazó desde el buen trato a los esclavos hasta la eliminación de la horrorosa trata negrera y la abolición de la esclavitud; el que eligió la educación como camino de la liberación, le trazó un rumbo propio al pensamiento cubano y se empeñó en enseñarnos a pensar; y además, el que introdujo la ética en los estudios científicos, sociales y políticos. Por todo lo que aquel gran pedagogo, que también ocupó la cátedra de Filosofía, José de la Luz y Caballero, lo definió como nuestro verdadero civilizador.

La conferencia y el debate suscitado develaron que la labor iniciada por Varela hace 190 años no sólo está inconclusa, sino pendiente. Precisamente hace apenas dos semanas el Presidente del Consejo de Estado de Cuba, Raúl Castro, expresó en un Consejo ampliado del Consejo de Ministros: Necesitamos discutir y discrepar más a todos los niveles de dirección, pues en la diversidad de criterios están las mejores soluciones a nuestros problemas actuales. Una verdad limitada, pues la diversidad de criterios tiene que extenderse hasta el debate ciudadano.

Se trata, en una sociedad como la cubana, carente de una sociedad civil independiente, de propiciar el diálogo como mecanismo de participación e intercambio de ideas, sin lo cuál ningún proyecto de transformación social puede tener éxito, aunque lo encabece el Partido Comunista. En Cuba, por razones conocidas, la gente está cansada de ser objetos de consignas y discursos. Es necesario que los individuos inmersos en la sobrevivencia se conviertan en público, hasta que las deliberaciones se transformen en fuente para el perfeccionamiento suyo y de la gestión gubernamental. Se impone, pues, abrir las puertas de la política, cuyo punto de partida comienza por el intercambio de ideas entre todos para identificar intereses comunes, para proponer medidas antes de que sean aplicadas o estén en proceso de aplicación.

La política, cuya definición deriva del de polis con el que los antiguos griegos designaban la ciudad, desde su origen se relacionó con las actividades públicas para garantizar el bien común. Es decir, que la política como invento humano comenzó desde que las comunidades comprendieron que su destino estaba sujeto a la toma de decisiones para sobrevivir. La política es eso, una relación entre personas con intereses comunes para la solución de problemas y por tanto antecede y trasciende la división clasista de la sociedad; una actividad natural del ser humano que requiere participar, aprender sobre la marcha, equivocarse, hasta devenir verdaderos ciudadanos.

El reto está en la transformación de los individuos en ciudadanos, en actores políticos. Una transformación que tiene su punto de partida en los derechos humanos reconocidos universalmente, en particular en los de la primera generación: los derechos civiles y políticos. Ese proceso de formación ciudadana y de conformación de una opinión pública inexistente, requiere actuar desde los principios ético-morales que sitúan al ser humano como fin y no como medio.

Las dificultades para comprender lo que está ocurriendo en Cuba en materia de cambios social consisten en las peculiaridades que caracterizan la actual reforma económica. Resulta que mientras los Lineamientos aprobados en el VI Congreso del Partido Comunista se han comenzado a implementar, el Gobierno se mantiene anclado en otras esferas, sin las cuales resulta imposible obtener los resultados. Esa contradicción, que atraviesa el conjunto de Lineamientos, se manifiesta de forma acentuada en materia de relaciones internacionales.

Por el carácter sistémico de todos los fenómenos sociales, cualquier manifestación de las múltiples contradicciones contenidas en los Lineamientos aprobados será suficiente para conducir al fracaso, si antes no se cambian las reglas del juego. Me referiré a sólo a dos de ellas: 1- la necesidad de financiamiento y 2- el interés de los trabajadores.

La primera, por el grado de deterioro, obsolescencias y destrucción de los medios de producción en los sectores productivos –desde la producción agropecuaria hasta la industria, se requiere de un monto de inversiones que el Estado cubano, por sí sólo, no puede enfrentar.

Sin desconocer la solidaridad ideológica del gobierno venezolano con el de Cuba, los grandes centros emisores de finanzas a nivel mundial, exigen cambios democráticos en la Isla como requisito para brindar el apoyo financiero requerido. Entre ellos la Unión Europea y Estados Unidos.

Lo anterior indica la necesidad de relanzar una política interna en materia de derechos humanos y libertades cívicas dirigidas a mejorar la situación de los cubanos y a la vez, cambiar la imagen exterior en este sentido. Eso fue lo que se logró, de forma parcial, con la liberación de los prisioneros políticos y la aprobación de los Lineamientos. Además de lo insuficiente de esas dos medidas, la decisión de mantener bajo control estricto todas las manifestaciones de disidencia al interior del país, ha conducido a una espiral de represiones cuyo resultado resulta contradictorio con la necesidad de financiamiento externo.

Como conclusión, en el momento más próximo a la suspensión de la Posición Común de la Unión Europea y que la visita de Carter a La Habana indicara el inicio de conversaciones con el vecino del Norte, la política represiva al interior ha alejado nuevamente la posibilidad del financiamiento externo. Como resultado Europa mantiene la posición común y Estados Unidos aplaude los cambios pero los considera insuficientes.

La otra vía de financiamiento, insuficiente por el monto de las necesidades, pero nada despreciable, es la permisibilidad de que los cubanos participen como empresarios en los cambios que se están acometetiendo, para que una parte de las remesas se conviertan en capital. Pero esto requiere de un cambio sustancial en la mentalidad totalitaria de papá Estado, que insiste que los cubanos, de dentro o de fuera, participen solamente en la ejecución de lo que él determina y en la forma que lo considere.

El gobierno quiere tranquilidad interna para los cambios, pero el haber tomado la decisión de implementar cambios de forma tan tardía, hace imposible este deseo. Entonces la disyuntiva consiste en permitir ciertos espacios de opinión, que el país necesita para los propios cambios o insistir en la represión contra todo el que piense de forma diferente.

¿Que va a  ocurrir? Creo que nadie lo puede precisar sin un alto margen de error, pero algunas consideraciones pudieran ayudar a esa predeterminación. En primer lugar, el inmovilismo se rompió y el Gobierno no puede o tiene muy pocas posibilidades de dar marcha atrás por el grado de disconformidad social y por los cambios que se están produciendo, al margen de la voluntad del Estado, tanto en las relaciones internacionales como en las relaciones internas.

Todos los caminos  pasan por la implementación gradual de los derechos humanos, pero para ello hay que situar en segundo plano el interés de conservar el modelo causante del estado actual y jugársela con la historia que lo premiará  o castigará en dependencia de la opción que asuma.

(Publicado el viernes 27 de mayo de 2011 en el sitio: http:www.vocescubanas.com)

Los aspectos comunes que identifican al género humano se acompañan con importantes diferencias que no pueden ignorarse. El carácter social –la peculiaridad más definitoria y esencial del hombre– se manifiesta en la diversidad de asociaciones que éstos crean para la colaboración, promoción y defensa de sus intereses; realidad que tiene su reflejo en el concepto filosófico de unidad en la diferencia.

Como indica la etimología de la palabra, los partidos políticos son asociaciones no de toda la sociedad, sino de una parte de ella; en consecuencia, cualquier intento de convertir una parte en representante del todo, con la diversidad de intereses y concepciones que lo caracteriza, constituye una violación del derecho de igualdad ante la ley y de la libertad política. Por ello todo partido político autodeclarado como fuerza única o superior de la sociedad, para imponerse, ha tenido que violar los derechos civiles y políticos más elementales de los ciudadanos: un acto contra la naturaleza social del género humano, contra la dignidad y consiguientemente contra el progreso social, lo que ha acarreado el fracaso global del monopartidismo a través de la historia.

En 1878, en Cuba se crearon el Partido Unión Constitucional y el Partido Liberal,  uno que representaba el sentimiento de los españoles, el otro el de los cubanos. A finales del siglo XIX, se fundó el Partido Autonomista, de corte reformista, el cual coexistía con el Partido Revolucionario Cubano (PRC) que enarbolaba la independencia. En 1899, Diego Vicente Tejera creó el Partido Socialista Cubano porque los intereses de los obreros no estaban representados en los partidos liberales y conservadores de la época. En 1925, se fundó el Partido Comunista por un grupo de cubanos que asumieron esa ideología. En 1947, Eduardo Chibás fundó el Partido Ortodoxo porque el Partido Auténtico, en el que militaba, no satisfacía a una parte de sus miembros. Fidel Castro, que procedía del Partido Ortodoxo, después del asalto al Cuartel Moncada fundó el Movimiento 26 de Julio, ya que sus ideas insurreccionales no tenían cabida en las asociaciones existentes. Cada líder o grupo social, en dependencia de sus intereses, fundó un solo partido; ninguno se propuso el absurdo de fundar varios a la vez, lo que pone en ridículo el pretexto de que Martí organizó un solo partido para justificar el actual monopartidismo.

El Partido Comunista de Cuba, autoproclamado “fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado”, después de brindar indiscutibles pruebas de incapacidad, como la violación del tiempo señalado en sus propios estatutos para la celebración de los congresos cada cinco años; de incumplir los acuerdos tomados en los congresos anteriores; de carecer de cuadros para el relevo de su dirigencia; cuando se ha visto obligado a iniciar reformas que atentan contra los principios declarados, se propone conservar el monopartidismo que es una de las causas del fracaso sufrido.

Tres hechos recientes demuestran que la declarada intención de cambiar todo lo que deba ser cambiado, no incluye el sistema de partido único. En el Informe al VI Congreso del Partido Comunista, el 16 de abril, se planteó que la Conferencia Nacional, a celebrarse en enero de 2012, tiene entre sus objetivos concretar, “para hoy y siempre”, el contenido del artículo 5 de la Constitución de la República, que refrenda el unipartidismo. Al día siguiente el Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, dijo: “hay que tener en cuenta que este Partido es realmente la organización política de la nación cubana, el heredero legítimo del Partido de Martí”, Pero más elocuente había sido el artículo La idea de un solo Partido es un legado de José Martí, publicado el día 8 de abril en el periódico Granma. Como este último se propone atribuir la autoría del monopartidismo al más brillante político cubano de todos los tiempos, me detendré en las mismas citas de Martí para demostrar la orfandad de los argumentos esgrimidos.

La primera cita es tomada de una carta que Martí dirigió al General Máximo Gómez en julio de 1882: ¿A quien se vuelve Cuba, en el instante definitivo, y ya cercano, de que pierda todas las nuevas esperanzas que el término de la guerra, las promesas de España, y la política de los liberales le han hecho concebir? Se vuelve a todos los que le hayan de una solución fuera de España. Pero si no está en pie, elocuente, erguido, moderado, profundo, un partido revolucionario que inspire, por la cohesión y modestia de su hombres, y la sensatez de sus proyectos, una confianza suficiente para acallar el anhelo del país-¿a quien ha de volverse, sino a los hombres del partido anexionista que surgirán entonces? ¿Cómo evitar que se vayan tras ellos todos los aficionados a una libertad cómoda, que creen que con esa solución salvan a la par su fortuna y su conciencia? Ese es el riesgo grave. Por eso es la hora de ponernos en pie.1

Aquí, como podemos ver, Martí plantea la necesidad no del partido, sino de un partido, para atraer a los que se irían detrás de otro partido, lo que implica la existencia de otros. Él no se plantea sustituir ni eliminar, sino competir. Contradictoriamente el propio artículo de Granma reconoce que “en un momento en que la lucha política se expresaba cada vez más entre partidos políticos perfectamente estructurados y organizados se requería la existencia de un partido que inspirara confianza por sus cualidades: cohesión en las filas, modestia de sus miembros, sensatez en los propósitos.”

La segunda cita fue extraída de la carta a José Dolores Poyo, en noviembre de 1887: En otro tiempo pudo ser nuestra guerra un arrebato heroico o una explosión de sentimiento; pero aleccionados en veinte años de fatiga, (…) no es ya como antes la guerra cubana una simple campaña militar en la que el valor ciego seguía a un jefe afamado, sino un complicadísimo problema político, fácil de resolver si nos damos cuenta de sus diversos elementos y ajustamos a ella nuestra conducta revolucionaria, pero formidable si pretendemos darle solución sin arreglo a sus datos, o desafiándolos. (…)  Y lo que más da que temer la revolución a los mismos que la desean, es el carácter confuso y personal con que hasta ahora se le ha presentado; es la falta de un sistema revolucionario, de fines claramente desinteresados, que aleje del país los miedos que hoy la revolución le inspira, y la reemplace por una merecida confianza en la grandeza y previsión de los ideales que la guerra llevará consigo en la cordialidad de los que la promueven, en el propósito confeso de hacer la guerra para la paz digna y libre, y no para el provecho de los que solo vean en la guerra el adelanto de su poder o de su fortuna.2

Aquí huelgan los comentarios. Martí se refiere claramente a la necesidad de una organización, en este caso de un partido, para no repetir los errores del pasado, pero en ningún momento habla de partido único.

La tercera, de fecha 30 de abril de 1892, dice: La unidad de pensamiento, que de ningún modo quiere decir la servidumbre de la opinión, es sin duda condición indispensable del éxito de todo programa político, (…). Abrir al desorden el pensamiento del Partido Revolucionario Cubano sería tan funesto como reducir su pensamiento a una unanimidad imposible en un pueblo compuesto de distintos factores, y en la misma naturaleza humana, Si por su pensamiento, y por su acción basada en él, ha de ser eficaz y gloriosísima la campaña del Partido Revolucionario Cubano, es indispensable que, sean cualesquiera las diferencias de fervor o aspiración social, no se vea contradicción alguna, ni reserva enconosa, ni parcialidades mezquinas, ni arrepentimiento de generosidad, en el pensamiento del Partido Revolucionario. El pensamiento se ha de ver en las obras. El hombre ha de escribir con las obras. El hombre sólo cree en las obras. Si inspiramos hoy fe, es porque hacemos todo lo que decimos. Si nuestro poder nuevo y fuerte está en nuestra inesperada unión, nos quitaríamos voluntariamente el poder si le quitásemos a nuestro pensamiento su unidad3”.

En esta cita Martí hace énfasis en la necesidad de la unidad de pensamiento dentro del PRC como condición del éxito, pero aclara que eso sería tan peligroso como reducir su pensamiento a la unanimidad imposible. Y añade algo que bien vale la pena tener en cuenta: El pensamiento se ha de ver en las obras. El hombre ha de escribir con las obras. El hombre sólo cree en las obras. La idea del partido único parece que estaba solo en la mente del autor o los autores del artículo, pues en las citas utilizadas esa pretensión brilla por su ausencia.

Según el artículo, una vez eliminado el poder español e implantada la ocupación militar estadounidense, Estrada Palma dio por concluida la misión del PRC y procedió a su disolución, con lo que mutiló una parte importante del ideario martiano que preveía emplear el Partido no sólo en la guerra contra España, sino también en la fundación de una República  “con todos y para el bien de todos”. En este planteamiento se confunde el fin con los medios, pues el propósito martiano consistía en gestar la República desde la guerra.

En las resoluciones del PRC no aparece nada relativo a su labor después de la victoria, mientras que en sus Bases se define claramente que el PRC se constituye “para lograr con los esfuerzos reunidos de todos los hombres de buena voluntad, la independencia absoluta de la Isla de Cuba, y fomentar y auxiliar la de Puerto Rico”; que no se propone perpetuar en la República Cubana “el espíritu autoritario y la composición burocrática de la colonia, sino fundar en el ejercicio franco y cordial de las capacidades legítimas del hombre, un pueblo nuevo y de sincera democracia, capaz de vencer, por el orden del trabajo real y el equilibrio de las fuerzas sociales, los peligros de la libertad repentina en una sociedad compuesta para la esclavitud”; y que “no tiene por objeto llevar a Cuba una agrupación victoriosa que considere la Isla como su presa y dominio, sino preparar, con cuantos medios eficaces le permita la libertad del extranjero, la guerra que se ha de hacer  para el decoro y bien de todos los cubanos, y entregar a todo el país la patria libre”4.

Martí estableció una relación genética entre Guerra y República, donde la segunda tenía que incubarse desde la primera. Él proyectó la fundación de la República, que en su ideario era forma y estación de destino, a diferencia de la guerra y del partido, concebidos como eslabones mediadores para arribar a ella. Por eso en el discurso Con todos y para el bien de todos, expresó: “… cerrémosle el paso a la república que no venga preparada por medios dignos del decoro del hombre, para el bien y la prosperidad de todos los cubanos”5; y el 5 de diciembre de 1891 escribió a José Dolores Poyo: “Es mi sueño que cada cubano sea hombre político enteramente libre…”6.

Veamos otras ideas esenciales de Martí acerca del PRC.

1- Estando en Nueva York en enero de 1880, Martí presentó un estudio crítico de los errores de la Guerra de los Diez Años en el que incluyó los diversos factores que explicaban el fracaso y en consecuencia señaló sus causas, entre ellas la falta de unidad de los revolucionarios, de donde deduce la necesidad de una organización para forjarla.

2- En julio de 1882, en Carta a Máximo Gómez, esbozó los objetivos del PRC así: “…sólo aspiro a que formando un cuerpo visible y apretado aparezcan unidas por un mismo deseo grave y juicioso de dar a Cuba libertad verdadera y durable todos aquellos hombres abnegados y fuertes, capaces de reprimir su impaciencia en tanto que no tenga modo de remediar en Cuba con una victoria probable los males de una guerra rápida, unánime y grandiosa…” 7. Fiel a esos principios, Martí se separó del Plan Gómez-Maceo en 1884 y escribió al Generalísimo: “…Pero hay algo que está por encima de toda la simpatía personal que usted pueda inspirarme, y hasta de toda razón de oportunidad aparente: y es mi determinación de no contribuir en un ápice, por amor ciego a una idea en que me está yendo la vida, a traer a mi tierra a un régimen de despotismo personal, que sería más vergonzoso y funesto que el despotismo político que ahora soporta…”8.

3- En diciembre de 1887, le advirtió a Máximo Gómez que el país marchaba desordenadamente hacia la guerra y que se carecía de “un plan que lo una y un programa político que lo tranquilice”9. Para eso precisamente funda el PRC, como institución organizadora, controladora y creadora de una conciencia encaminada a sustituir la espontaneidad y la inmediatez.

4- En las Resoluciones de noviembre de 1891 planteó que: “La organización revolucionaria no ha de desconocer las necesidades prácticas derivadas de la constitución e historia del país, ni ha de trabajar directamente por el predominio actual o venidero de clase alguna; sino por la agrupación, conforme a métodos democráticos, de todas las fuerzas vivas de la patria; por la hermandad y acción común de los cubanos residentes en el extranjero; por el respeto y auxilio de las repúblicas del mundo, y por la creación de una república justa y abierta… levantada con todos y para el bien de todos”10.

5- El 17 de febrero de 1892, en Nuestras Ideas, expresó: “Y no es el caso preguntarse si la guerra es apetecible o no, puesto que ninguna alma piadosa la puede apetecer, sino ordenarla de modo que con ella venga la paz republicana, y después de ella no sean justificables ni necesarios los trastornos a que han tenido que acudir…”11.

6- El 10 de abril de ese mismo año, en el acto de fundación del PRC, reiteró que el partido se crea: “de modo que en la conquista de la independencia de hoy vayan los gérmenes de la independencia definitiva de mañana”12 y en abril de 1893 expresó: “La grandeza es esa del Partido Revolucionario: que para fundar una república, ha empezado con la república. Su fuerza es esa: que en la obra de todos, da derecho a todos. Es una idea lo que hay que llevar a Cuba: no una persona”13. Parece ser que el contenido de estas dos citas llevó al autor del artículo publicado en Granma a pensar que se referían a una supuesta labor del PRC después del triunfo.

7- En el Manifiesto de Montecristi, firmado conjuntamente con Máximo Gómez el 25 de marzo de 1895, planteó que la guerra no es “el insano triunfo de un partido cubano sobre otro, o la humillación siquiera de un grupo equivocado de cubanos; sino la demostración solemne de la voluntad de un país harto probado en la guerra anterior para lanzarse a la ligera en un conflicto sólo terminable por la victoria o el sepulcro”14.

Lo común en las citas tomadas del artículo de Granma, y en las que yo añado, es que la fundación del PRC fue concebida como una institución organizadora, controladora y creadora de conciencia, conforme a métodos democráticos, para sustituir la espontaneidad y la inmediatez, fomentar la unidad de los combatientes, sustituir el caudillismo, el personalismo y dirigir la guerra como una necesidad táctica de una estrategia mayor, como un eslabón intermedio para gestar la Patria y conformar la República con todos y para el bien de todos. Sus funciones se delimitaron para que de su seno surgieran los gérmenes de la independencia definitiva, no para representar a una clase social o a los revolucionarios sino a todos los cubanos, no con fines electoreros, no para dominar y prohibir la existencia de partidos diferentes después del triunfo, no para anular la participación popular, no para declarar que la calle y la universidad pertenecen a los revolucionarios, no para encarcelar a los que piensan diferente. Realidades que demuestran que las ideas democráticas y humanistas de Martí son no sólo ajenas sino contrarias a la práctica de partido único.

El carácter antinatural de la conformación del monopartidismo en Cuba consiste en que para su implantación tuvo que eliminar los demás partidos políticos y la variedad de asociaciones existentes, de cuyo proceso emergió un modelo “perfecto” de régimen totalitario, y con él, el estancamiento y el fracaso.

Incluso, aceptando la absurda tesis de que Martí preveía después del triunfo emplear el Partido en la fundación de la República, habría que aceptar también la contratesis de que, por su profundo pensamiento democrático, lo haría en competencia con los partidos existentes, no autodeclarando al suyo como partido único. Tampoco ninguno de los delegados a las asambleas constituyentes de Jimaguayú (1895) y de la Yaya (1897) –entre los cuales había seguidores de las ideas martianas como Fermín Valdés Domínguez y Enrique Loynaz del Castillo–,, propuso incluir algún artículo de esa índole, lo que demuestra la ausencia de tal propósito. Otra prueba contundente consiste en la diferencia de intereses y de composición social que tenían los núcleos revolucionarios en la Florida, en Nueva York y en el interior de Cuba; una  diversidad que Martí convocó para la guerra pero que después de la victoria se manifestaría de forma natural en la variedad de asociaciones y fines.

Por todo lo anterior, el propósito de concretar el papel del Partido Comunista como vanguardia organizada de la nación en la venidera Conferencia Nacional debería, en bien de los cubanos todos y como respeto a José Martí, rectificarse. Y en su lugar despenalizar la diferencia política e instituir el derecho de asociación, para que en presencia de otros partidos, el comunista demuestre o no su potencialidad para autodenominarse vanguardia, pero sobre todo, para que los cubanos devengan ciudadanos y desempeñen el papel activo que les corresponde en los destinos nacionales.

1 MARTÍ, JOSÉ. Obras Escogidas en tres tomos. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 2000. Tomo I, p. 326
2 Martí, José. Obras Completas. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1991. Tomo I, pp211-212
3 Martí, José. Obras Completas. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1991. Tomo I, p.424
4 MARTÍ, JOSÉ. Obras Escogidas en tres tomos. Tomo III, pp.26-27
5 MARTÍ, JOSÉ. Obras Escogidas en tres tomos. Tomo III, pp.9-10
6 MARTÍ, JOSÉ. Obras Escogidas en tres tomos. Tomo III, pp.24-25

7 MARTÍ, JOSÉ. Obras Escogidas en tres tomos. TI, p.325
8 MARTÍ, JOSÉ. Obras Escogidas en tres tomos. TI, p.459
9 MARTÍ, JOSÉ. Obras Escogidas en tres tomos. TII, p.211
10 MARTÍ, JOSÉ. Resoluciones tomadas por la emigración cubana de Tampa y Cayo Hueso en noviembre de 1891. Obras Escogidas en tres tomos. TIII, p.23
11 MARTÍ, JOSÉ.  Obras Escogidas en tres tomos. TIII, p. 65
12 MARTÍ, JOSÉ. Obras Escogidas en tres tomos. TIII, p.99
13 MARTÍ, JOSÉ. Obras Escogidas en tres tomos. TIII, p.192
14 MARTÍ, JOSÉ. Obras Escogidas en tres tomos. TIII, p.511
??