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Tomado de Diatrio de Cuba: http://www.diariodecuba.com/cuba/1409641160_10207.html

Rodolfo Jiménez, un funcionario de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), publicó el pasado lunes 25 de agosto un artículo en el semanario Trabajadores titulado Un trabajador como los demás. En el que devela la ausencia de libertad sindical en Cuba. Me limitaré a comentar el primero de  sus párrafos, donde dice que:

La atención a los trabajadores en las distintas formas de gestión no estatal constituye un reto para el sindicalismo cubano, tal como se ratificó en el XX Congreso de la CTC.  En ese sentido, es imprescindible acercarnos más a ellos, identificar sus complejidades y dificultades para con vencerlos de la importancia de la sindicalización.

Jiménez, para no desentonar con el lenguaje oficial, al referirse al trabajo privado emplea el eufemismo de gestión no estatal. Luego, al considerar tal gestión como un fenómeno extraño y accidental, lo califica de reto para el sindicalismo cubano, el cual según su criterio consiste en la atención a dichos trabajadores.

En su condición de funcionario de la CTC, Jiménez debería saber que el sindicalismo no se organiza por decisión externa, sino que surge en el momento y lugar en que los trabajadores deciden asociarse para la defensa de sus intereses. Decisión que no requiere de ningún agente externo que se les acerque para identificar sus complejidades y dificultades y convencerlos de la importancia de la sindicalización.

Cuando Jiménez habla de acercarnos está reconociendo que la CTC está lejos, en lo cual lleva razón. Esa distancia fue adquirida durante el proceso de estatización y pérdida de las libertades fundamentales que ocurrió a partir de 1959, en el que la CTC dejó de ser autónoma para cumplir el encargo del naciente Estado totalitario de atender a los trabajadores devenidos estatales, al punto que el concepto de trabajador privado desapareció del escenario laboral. Tan distante y ajena quedó la CTC de los intereses del trabajador que Jiménez plantea acercarse a ellos.

Ese acercamiento pudiera parecer un aporte de Jiménez a la teoría sindical que podría condensarse en la siguiente tesis: el sindicalismo no surge de necesidades internas de los trabajadores sino de un agente externo lleno de buenas intenciones que se acerca a ellos, identifica sus complejidades y les muestra el camino que deben seguir. Pero como no se trata de ningún aporte, entonces hay que recordarle a Jiménez algunos antecedentes del sindicalismo, donde el acercamiento carece de sentido.

El movimiento sindical, resultado de las contradicciones entre obreros y patronos, nació en los albores del capitalismo. Los bajos salarios y las extensas jornadas de trabajo que afectaban a los trabajadores y sus familias generaron acciones de protestas. Esas acciones comenzaron por destruir las máquinas a las que consideraban culpables de su situación, hasta que  la comprensión de que la causa de su situación estaba en las relaciones de producción. A partir de entonces comenzaron a asociarse  para luchar por aumentos salariales y disminuir la jornada laboral.

Antes y ahora, cuando ese proceso tiene lugar en trabajadores no sindicalizados, lo que ocurría y sigue ocurriendo es que el asociacionismo nace al margen de la Ley o de acuerdo con ella, en dependencia de que el derecho de libre asociación esté o no refrendado en la legislación. Así surgieron los diversos tipos de asociaciones sindicales, en el mundo y también en Cuba y de ellas emergieron las federaciones y confederaciones, como la Asociación Internacional de Trabajadores creada en Londres en 1864 o la Liga General de los Trabajadores Cubanos en 1899.

En Cuba las primeras manifestaciones del sindicalismo ocurrieron a partir de 1865 con las huelgas de la industria del tabaco y la fundación de los primeros periódicos obreros. En 1878, ese movimiento,  surgido ilegalmente, estaba presente en todas las ciudades de importancia hasta su reconocimiento oficial con la Ley General de Asociaciones de 1888. Ese sindicalismo, surgido espontáneamente sin necesidad de ningún factor extra-sindical, sufrió un brusco giro a partir de la subordinación a los partidos políticos; un fenómeno que tomó fuerza en Cuba a partir de la influencia de la Revolución de Octubre de 1917, cuyo líder, Vladimir Ilich Lenin, sostenía la idea los sindicatos eran importantes eslabones y palancas para vincular al Partido con los trabajadores. No resultó casual que  la Confederación Nacional Obrera de Cuba (CNOC) y el Partido Comunista se fundaran en el mismo año de 1925.

La CNOC desapareció para dar paso a la Confederación de Trabajadores de Cuba (CTC) en 1939, la que su V Congreso celebrado en 1947, sufrió las contradicciones entre auténticos y comunistas por el control del movimiento sindical. Pero el golpe definitivo llegó el 22 de enero de 1959, cuando la CTC fue disuelta y sustituida por la CTC-Revolucionaria, con lo cual se desnaturalizó el sindicalismo. En el X Congreso de noviembre de 1959 se expresó que los trabajadores no habían ido al Congreso a plantear demandas económicas sino a apoyar a la revolución1. Luego, durante el XI Congreso de noviembre de 1961 se renunció oficialmente a casi todas las conquistas obtenidas por el movimiento sindical. Así la combativa CTC quedó bajo control del Estado y transformada en su brazo auxiliar.

La desnaturalización fue un Golpe a la historia del sindicalismo cubano; una negación de los principios establecidos desde 1919 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT); del Convenio 87 de esa institución sobre la Libertad Sindical, que  estipula el derecho que tiene toda persona de fundar sindicatos y asociarse en ellos para la defensa de sus intereses, el cual fue firmado y ratificado por Cuba; del artículo 69 de la Constitución de 1940, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, de la cual Cuba es signataria; de los pactos internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobados por las  Naciones Unidas en 1966, ambos firmados pero no ratificados por el Gobierno de Cuba.

Lo grave del caso cubano es que la desnaturalización está refrendada en la Constitución vigente, que define al Partido Comunista como “la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado”. En consecuencia, la reciente Ley 118 Código del Trabajo en su artículo 13 declara que los trabajadores tienen el derecho de asociarse voluntariamente y constituir organizaciones sindicales, de conformidad con los principios unitarios fundacionales, Pero resulta que esta Ley, como las demás, está subordinada a la Constitución que niega ese derecho, por lo que dicho artículo es pura formalidad.

Para demostrar la desnaturalización basta recordar que en septiembre de 2010 la CTC, sin mencionar los graves problemas de los trabajadores como es la insuficiencia del salario, apoyó los despidos laborales con un documento que decía: Nuestro Estado no puede ni debe continuar manteniendo empresas, entidades productivas, de servicios y presupuestadas con plantillas infladas, y pérdidas que lastran la economía.

El título del artículo de Jiménez Un trabajador como los demás devela la misión encargada a la CTC de impedir que surjan sindicatos independientes en Cuba, para que los trabajadores privados tengan que aceptar la condición a que están sometidos los trabajadores estatales.

1 David Salvador, designado Secretario General

Resumen de la ponencia presentada por Dimas Castellanos en la XXIV Conferencia Anual de la Asociación para el Estudios de la Economía Cubana (ASCE), celebrada en Miami del  31 de julio al 2 de agosto de 2014.

Introducción

Los diversos intentos gubernamentales por sacar a Cuba de la crisis en que se encuentra han fracasado. Entre las múltiples causas del fracaso sobresale la ausencia de las libertades fundamentales de la persona humana. Aunque el proyecto ZEDM constituye un intento similar a los anteriores y ser una nueva fuente de ingresos para el Gobierno, también podría devenir factor dinamizador de la economía y la sociedad.

Las libertades fundamentales

La libertad –propiedad congénita y derecho trascendental de los seres humanos– ha desempeñado un papel vital en la evolución de la humanidad, pero su plena expresión se ha manifestado sólo en los Estados de Derecho donde la misma ha sido refrendada. Los conceptos de libertad, responsabilidad, derechos y deberes conforman un subsistema en el cual la libertad constituye su núcleo y en el que se sustenta la participación social y la dignidad humana.

La persona para ser responsable de sus actos primero tiene que ser libre, de forma similar no se puede exigir deberes a quien está privado de derechos. En Cuba la pérdida de valores, la apatía social y el desarraigo, que han conducido al estado actual de estancamiento tienen su causa primera y esencial en la pérdida de dichas libertades y de su sujeto portador: el ciudadano.

La historia constitucional de los derechos humanos a escala universal avanzó en el pasado siglo hasta los pactos internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con carácter vinculante. Ese avance sufrió un giro negativo en Cuba con la Constitución de 1976, que subordinó los derechos fundamentales a un partido político y devino mecanismo de freno social al ser declarada irrevocable en el año 2002.

En Cuba los derechos fundamentales se institucionalizaron básicamente resultado de los acuerdos que condujeron a la Paz del Zanjón en 1878 y de las asambleas constituyentes de 1901 y 1940. Esta última reconoció la formación de organizaciones políticas contrarias al régimen, la resistencia para la protección de los derechos individuales, la propiedad privada en su más amplio concepto de función social y dedicó 27 artículos a los derechos laborales. Con esa Constitución, durante 12 años, los presidentes del país fueron elegidos democráticamente, la economía creció, dos terceras partes de los centrales azucareros pasaron a manos nacionales, la conversión en oro de la moneda depositada en las arcas la situó entre las principales del mundo y Cuba devino uno de los tres países de América Latina con mayor estándar de vida. Sin embargo, las injusticias sociales, la violencia y la corrupción político-administrativa se impusieron hasta que con la interrupción del orden constitucional en 1952 la solución violenta se impuso hasta el triunfo revolucionario de 1959.

La Revolución convertida en fuente de derecho sustituyó la Constitución de 1940 por La Ley Fundamental del Estado Cubano, las facultades de Jefe de Gobierno pasaron al Primer Ministro y el Consejo de Ministros se adjudicó las funciones del Congreso. Se inició así la concentración del poder en manos del líder, la concentración de la propiedad en manos del Estado y la pérdida de las libertades ciudadanas, una trilogía causante de la crisis actual. Ese proceso, ocurrido en el contexto de la Guerra Fría y del diferendo entre el Gobierno cubano y las administraciones estadounidenses, permitió ocultar la ineficiencia del sistema, solapar las contradicciones entre Estado y sociedad, desmontar la sociedad civil, desterrar el concepto de ciudadano y eludir cualquier compromiso internacional respeto a los derechos humanos.

El efecto de la pérdida de las libertades en la economía

A causa de la pérdida de las libertades se impuso el voluntarismo y se ignoraron las leyes que rigen los procesos económicos. Miles de cubanos con experiencia y formación profesional huyeron del país, otros fueron sustituidos por administradores y jefes sin conocimientos ni conciencia de propietarios. Mientras el fortalecimiento de las relaciones con la Unión Soviética y el ingreso de Cuba al Consejo de Ayuda Mutua Económica permitieron solapar el desastre al  interior del país.

La pérdida de las subvenciones soviéticas y consiguientemente la agudización de la crisis obligó al Gobierno a introducir un paquete de medidas para atenuar los efectos: la circulación del dólar y con ella la dualidad monetaria; las remesas del exterior; los mercados libres campesinos; el turismo; las tiendas recaudadoras de divisas, el trabajo privado y la apertura a la inversión extranjera, incluyendo tres zonas francas. Cuando esas medidas comenzaron a gestar una clase media el Gobierno optó por frenarlas. La contramarcha convirtió al estancamiento económico en retroceso, al punto que 25 años después no se ha podido recuperar el nivel de 1989. Un ejemplo contundente es la pérdida de relación entre salario y costo de la vida, que propició y continúa propiciando, entre otros males, actividades ilícitas para sobrevivir, desesperanza generalizada, éxodo masivo y decrecimiento demográfico, cuatro nefastos resultados que obstaculizan cualquier proyecto de reformas.

En julio de 2007 el General Raúl Castro planteó la necesidad de introducir los cambios estructurales y de conceptos que fuesen necesarios y la disposición a normalizar las relaciones con Estados Unidos en un plano de igualdad. En febrero de 2008 esbozó un plan mínimo de reformas, aprobado en el Sexto Congreso del PCC en 2011 con el rótulo de Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución. Sin embargo, la Primera Conferencia del PCC, celebrada en 2012, demostró la falta de voluntad política para realizar las reformas anunciadas. En ella se revitalizaron las palabras de Fidel Castro en el Congreso de Cultura en 1961, Dentro de la Revolución: todo; contra la Revolución ningún derecho…

Transcurridos seis años la agricultura “fuerte y eficiente” sigue siendo una aspiración; el descenso de la producción azucarera ha continuado hasta la zafra de 2013-2014; las  ilegalidades y otras formas de corrupción se han convertido en normas de conducta; mientras el empeoramiento de la vida, el descontento y la desesperanza marchan a un ritmo superior a los cambios. Entre las causas de ese resultado está la negativa a implementar una reforma estructural que entregue la tierra en propiedad a los que la trabajan, convierta las grandes extensiones en verdaderas cooperativas y se restituyan las libertades fundamentales.

A pesar de las restricciones impuestas las reformas están generando el embrión de una clase media, mientras los factores internos y externos que permitieron conservar el poder sin cambiar se agotaron. El Jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, en el Consejo de Ministros de mayo de 2013, reconoció  que las medidas que durante décadas se han puesto en práctica en la forma de gestionar la tierra no han conducido al necesario aumento de la producción. Y en junio de 2014, culpó a los trabajadores agrícolas del no crecimiento del Producto Interno Bruto.

El proyecto de la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM)

Ubicada a 50 km al Oeste de La Habana, la ZEDM abarca una superficie de 45 km2 que se expandirán hasta 465,4 km2. El puerto tiene una profundidad de casi 11 metros que se llevará hasta los 18 metros en la bahía y en el canal de acceso, mientras la dársena tiene un  radio de 500 metros que permite virajes a los buques de 360 grados. El muelle será de 2 400 metros y un patio de contenedores que llegará hasta 128 hectáreas.

El proyecto contará con una zona para el almacenamiento de contenedores, una base logística para las empresas extranjeras que realizan prospección petrolera y una zona franca industrial y agrícola para producir bienes de alto valor agregado.

Concluida la obra tendrá capacidad para recibir barcos de 200.000 toneladas y podrá mover alrededor de 822.000 contenedores anuales de 20 pies, lo que duplica la capacidad que tenía el puerto de La Habana. Colateralmente, la liberación del puerto capitalino permitirá su conversión en un polo de atracción turística.

La importancia del proyecto ZEDM radica en que está ubicado en una vía marítima vital para las cadenas de suministros intercontinentales por la que circula alrededor del 60 por ciento del valor del comercio internacional. Ese flujo creciente de mercancías resulta imposible de satisfacer con la capacidad de los actuales buques, lo que será resuelto con la ampliación del Canal panameño para el cruce de los modernos megabuques. Y aunque una parte de ellos conectará directamente los puertos asiáticos y norteamericanos, la magnitud del flujo mercantil requiere de varios megapuertos para  traspasar la carga, reordenar su contenido, agregarle valor a nivel local y reenviarla a su destino, lo que tendrá un impacto en el Caribe con la transformación de algunos puertos en megapuertos.

La ZEDM, por su ubicación geográfica podría tener un impacto similar al que tuvo la ocupación de La Habana por Inglaterra y la ruina de Haití. La primera eliminó los monopolios del tabaco y del comercio internacional y Cuba completó su entrada a la civilización occidental. La segunda convirtió la Isla en la primera productora y exportadora mundial de azúcar y de café. Ambas experiencias demuestran la importancia de aprovechar las oportunidades que la historia ofrece. La diferencia consiste en que en la oligarquía criollo-cubana coincidían la demanda de la época, los intereses y la voluntad política, muy diferente a lo que ocurre con el Gobierno actual.

El proyecto –similar a la de las zonas francas que impulsó el gobierno de China en los años 70– tal y como ha sido concebido pretende convertirse en una nueva fuente de ingresos para conservar el poder. Pero su fracaso, asegurado de antemano, podría derivar en factor dinamizador de la economía y de la sociedad. En China predominó la propiedad estatal hasta que la dinámica del proceso condujo a la transformación de la estructura de la propiedad, una posibilidad que el Gobierno cubano teme debido a las diferencias históricas y culturales entre los dos países.

La conversión de esa posibilidad en realidad no radica esencialmente en la viabilidad del proyecto, ni en la profundidad actual de la bahía, ni en la competencia con otros puertos similares de la región; sino en la introducción de cambios estructurales que contemplen el papel de las libertades fundamentales en el desarrollo social.

Obstáculos que impedirán su realización a corto plazo

1- El embargo norteamericano limita a países, navieras e inversionistas. 2- Las confiscaciones y nacionalizaciones realizadas entre 1959 y 1968, el cierre al capital foráneo hasta el derrumbe del campo socialista, la falta de garantías y los procesos judiciales contra algunos inversionistas que provocaron la retirada de unas 200 empresas mixtas a partir del año 2002. 3- La Ley 118 de Inversiones Extranjeras ofrece mayores atractivos que la precedente, pero prohíbe la participación de cubanos residentes en la Isla, carece de una definición clara respecto a los cubanos residentes en el exterior y prohíbe la contratación libre de los trabajadores, mientras los conflictos jurídicos se dirimen en tribunales carentes de independencia. 4-  La dualidad monetaria, que constituye una de las exigencias de los potenciales inversionistas. 5-. La poca credibilidad del Gobierno cubano para cumplir con los compromisos internacionales en materia financiera. 6- El riesgo ante una economía estancada y subsidiada. 7- La falta de preparación de los “empresarios cubanos”, que constituye una dificultad adicional para realizar los necesarios estudios de factibilidad y mercado de forma ágil y eficiente ante  las solicitudes que los potenciales inversionistas. 8- Los pocos resultados de la campaña de promoción, que comenzó desde noviembre año 2013 con la inauguración de la Oficina Reguladora de la ZEDM, que ha incluido varias giras por el exterior y ha utilizado cuantos eventos internacionales se han realizado en La Habana con ese fin, incluyendo la presencia de los mandatarios de la región en la Segunda Cumbre de la CELAC en enero de 2014.

A pesar de algunas ventajas comparativas como la calificación profesional y el nivel de la industria biotecnológica y farmacéutica, esos ocho obstáculos colocan el proyecto en desventaja respecto a otros puertos del Caribe. Por tanto, en la forma en que ha sido concebida, la ZEDM no logrará su objetivo en el corto plazo. Sin embargo, en el mediano largo plazo los obstáculos disminuirán considerablemente por una sencilla razón: tanto el embargo norteamericano como el gobierno de Cuba son temporales y la ubicación geográfica de Mariel, como fenómeno natural, es permanente, mientras el aumento del transporte marítimo por contendedores a través de esa vía transoceánica, y otras que puedan construirse en un futuro, adquirirá mayor relevancia con el tiempo.

Conclusiones

El estancamiento económico, su profundización y el fracaso de las reformas tienen como denominador común las restricciones impuestas a las libertades fundamentales de la persona humana; lo que a su vez guarda relación con que el sujeto de las reformas es el mismo que generó el fracaso y ha subordinado las necesidades de la nación a las responsabilidades e intereses contraídos en 55 años de poder ininterrumpidos.

El contexto actual impide dar marcha atrás pero aún permite acomodar el ritmo a los intereses del Gobierno. Sin embargo, en contra de su voluntad política, los fracasos obligarán una y otra vez a reformar las reformas.

La ZEDM,  por su ubicación geográfica constituye una gran oportunidad para dinamizar la economía del país, pero  la subordinación de ese objetivo a la conservación del modelo lo impedirá en el corto plazo.

El dilema consiste en salvar el modelo o salvar la nación. Como el modelo es insalvable, el Gobierno actual o el venidero podrían verse obligados a permutar la salvación del modelo por la conservación de algunos de sus intereses. En ese caso la ZDEM serviría de fundamento para un compromiso histórico con el poder a cambio de la democratización de Cuba.

Ese  compromiso histórico, a pesar de tratarse de un paso extremadamente difícil por nuestra cultura política de “intransigencias”, de “todo o nada” y de “machete o revólver por medio”, es el menor de los males. El mismo invertiría la contradicción entre primero suspender el Embargo o democratizar a Cuba y sentaría las bases para la normalización de las relaciones con Estados Unidos, que por su cercanía y por ser la mayor potencia económica del mundo, permitiría aprovechar esa ventaja comparativa e implicaría la ratificación de los pactos de derechos humanos que el Gobierno cubano firmó y que no ha ratificado hasta hoy por temor a su carácter vinculante.

Ese compromiso de democratización, que implica  perdón y reconciliación, crearía los fundamentos para  la conversión del cubano en ciudadano; un reto tan complejo y difícil como ineludible para la salida de la actual crisis estructural. Con él se crearían los fundamentos para lograr la conversión del cubano en ciudadano, en sujeto activo, para que pueda participar efectivamente en todos los asuntos de su interés, incluyendo las definiciones nacionales.

Tomado de: http://www.diariodecuba.com/cuba/1408478466_10039.html

“Trabajadores con zapatos nuevos” fue el título elegido por Vivian Bustamante para un artículo publicado el lunes 4 de agosto en el semanario Trabajadores. Ella plantea que la Ley 116 Código de Trabajo, antes de su aprobación por la Asamblea Nacional del Poder Popular, fue sometida a una detallada “revisión” de la cual resultó la reforma de más de 100 artículos. Un breve comentario a cinco de los 194 artículos que comprende dicha legislación es suficiente para comprender que tales zapatos son una falsa ilusión.

En el artículo 2, en su primer inciso, dedicado a los principios fundamentales reza: el trabajo es un derecho y un deber social del ciudadano y los ingresos que por él se obtienen son la vía fundamental para contribuir al desarrollo de la sociedad y a la satisfacción de sus necesidades personales y familiares.

Comentario: Esa declaración es absolutamente falsa. El ingreso que en Cuba se obtiene del trabajo, además de insuficiente para sobrevivir, constituye un obstáculo para el desarrollo de la sociedad.

En el artículo 12 el Estado reconoce y estimula a las organizaciones sindicales que agrupan en su seno a los trabajadores de los diferentes sectores y ramas de la economía y representan sus derechos e intereses específicos, con independencia de la naturaleza o características de su relación de trabajo.

Comentario: Resulta que la única organización sindical permitida en Cuba es la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), por lo que este enunciado se reduce a que el Estado reconoce y estimula sólo a las organizaciones que integran la CTC, mientras niega el reconocimiento a cualquier otra asociación que pudiera surgir haciendo uso del derecho de libre sindicalización.

El artículo 13 formula que los trabajadores tienen el derecho de asociarse voluntariamente y constituir organizaciones sindicales, de conformidad con los principios unitarios fundacionales, sus estatutos y reglamentos, los que se discuten y aprueban democráticamente y actúan con apego a la ley.

Comentario: Aunque fuera pura formalidad, la Ley 49 Código de Trabajo, que estuvo vigente desde 1985 declaraba que: Todos los trabajadores, tanto manuales como intelectuales tienen el derecho, sin necesidad de autorización previa, de asociarse voluntariamente y constituir organizaciones sindicales”. Ese enunciado se conservó de forma similar en el Anteproyecto de la presente Ley. Sin embargo, después de la “detallada revisión” se omitió la frase sin necesidad de autorización previa, por lo que el derecho de asociarse quedó acotado a una autorización extra-sindical, con lo cual la posibilidad de libre asociación quedó anulada, constituye un retroceso respecto a la Ley precedente y una negación del Convenio 87 sobre la libertad sindical adoptado por la Organización Internacional de Trabajadores (OIT) en 1948 y del cual Cuba es firmante, estipula que todo miembro de la organización, para el cual esté en vigor el presente Convenio, está obligado a poner en práctica las disposiciones siguientes: “Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes”.

El artículo 15 enumera, entre las funciones de las organizaciones sindicales, las  siguientes: educar a sus afiliados en el deber de realizar su trabajo con la eficiencia, calidad y productividad requeridas, cumplir las normas de conducta y disciplina, respetar y cumplir las leyes, así como cuidar de los recursos y medios que utilizan en el desempeño de su labor.

Comentario: esas funciones responden a los intereses de las empresas del Estado, por tanto no tienen por qué aparecer en el Código del Trabajo. Su presencia revela la subordinación del movimiento sindical al Estado, quien le atribuye al sindicato tareas como auxiliar suyo.

En el artículo 113 se plantea que el salario mínimo del país, así como el nivel general de los salarios se aprueban por el Consejo de Ministros, atendiendo al desarrollo económico-social alcanzado, oído el parecer de las organizaciones sindicales correspondientes.

Comentario: Una cosa es “oír el parecer” y otra muy distinta es “participar en la decisión”. Lo primero no implica la obligación de tener en cuenta a los sindicatos. Por tanto, los trabajadores quedan excluidos de participar en la conformación de algo tan significativo para sus vidas. Por esa razón, el salario mínimo, cuyo monto debe ser suficiente para satisfacer las necesidades básicas de un jefe de familia, tiene que establecerse como acuerdo entre trabajadores y empleadores. Sin embargo, el Estado cubano, en su condición de empleador, actúa como juez y parte, mientras los sindicatos, tienen la función de auxiliar del Partido y el Estado.

Los cinco artículos comentados constituyen una violación de los convenios de la OIT y un retroceso respecto a la historia de la legislación obrera cubana.

Los principios de la OIT estuvieron presentes en Cuba desde el Gobierno de los Cien Días que en 1933 encabezó Ramón Grau San Martín, momento en que se legalizó el derecho de asociación sindical. Y la Constitución de 1940, en su artículo 61 declaraba: “La Ley establecerá la manera de regular periódicamente los salarios o sueldos mínimos por medio de comisiones paritarias para cada rama del trabajo”; el artículo 71 refrendaba “el derecho de los trabajadores a la huelga y el de los patronos al paro” y el artículo 84 rezaba que: “Los problemas que se deriven de las relaciones entre el capital y el trabajo se someterán a comisiones de conciliación, integradas por representaciones paritarias de patronos y obreros”. Posteriormente el Decreto 3315 de 1941 creó un procedimiento conciliatorio para conocer de los conflictos entre patronos y obreros. Con ese fin se constituía una comisión conciliatoria de carácter paritario y si su gestión fracasaba las partes se sometían a un arbitraje cuyas sentencias se inscribían como normas colectivas de trabajo en el Registro de Pactos y Convenios del Ministerio del Trabajo.

Contrario a esa historia, el artículo cinco de la Constitución vigente define al Partido Comunista como la “la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado”; el artículo siete declara que “El Estado socialista cubano reconoce y estimula a las organizaciones de masas y sociales, surgidas en el proceso histórico de las luchas de nuestro pueblo; el artículo 53 “reconoce a los ciudadanos libertad de palabra y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista”: y el artículo 62 declara que: “Ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo.

La insuficiencia de los salarios, la no participación en su decisión, la ausencia de libertad sindical y la subordinación constitucional a un partido político constituyen elementos suficientes para calificar a la Ley 116 Código de Trabajo como un gran retroceso, donde los trabajadores quedan reducidos a medios para el cumplimiento de fines ajenos a sus intereses.

En lugar de zapatos nuevos el trabajador cubano ha quedado descalzo y con camisa de fuerza. Un estado que se refleja en el descontento, la desesperanza y el desinterés por la suerte de las reformas gubernamentales, ya que las mismas dependen del apoyo activo de los trabajadores, lo que será imposible hasta tanto el salario recupere sus funciones y el sindicalismo la autonomía que perdió después de 1959.

Tomado de: http://www.diariodecuba.com/cuba/1402046716_8917.html

Durante cuatro años consecutivos, el mismo tiempo que tiene de creado el Grupo Empresarial de la Agroindustria Azucarera (AZCUBA), no se ha podido cumplir la cifra planificada de azúcar crudo.

En los primeros meses de la presente zafra –iniciada en noviembre de 2013– la prensa oficial se concentró especialmente en las cifras del pelotón de centrales que marchaban a la vanguardia. Por la  información publicada parecía que por fin, después de tantos años de incumplimientos, la meta planificada se haría realidad. Así también lo veía AZCUBA cuando apresuradamente la calificó como la mejor cosecha de la década.

A mediados de mayo, según la agencia de prensa EFE, el líder del sindicato del sector, José Pérez, había dicho que la producción de azúcar de esta campaña había crecido en más de 40.000 toneladas respecto a la precedente. Como las cifras aisladas resultan insuficientes para comprender lo que está ocurriendo, busqué los datos de la cosecha anterior y acudí a la calculadora. Como la zafra precedente, según AZCUBA, fue de 1 600 000 toneladas, 40 000 representan un aumento del 2,5%.

En las postrimerías de mayo, el diario Granma del día 29, publicó El azúcar y su tendencia a la mejoría, un artículo del periodista Juan Varela, cuyo título parecía destinado a suavizar el fracaso. Según el autor había suficiente materia prima pero la humedad, la ausencia de frío y las lluvias impidieron el cumplimiento. Hasta esa fecha de 13 provincias solo cinco habían cumplido el plan, y una sexta, Holguín, estaba próxima a cumplirlo. Mientras que de 48 ingenios que participan en la molienda, 24 cumplieron, 11 luchaban por cumplir y 13 ya habían terminado sin lograrlo.

El artículo citado dice que “Sobre Ciego de Avila, Cienfuegos, Sancti Spiritus, Guantánamo y Santiago de Cuba, los cinco territorios cumplidores, descansa el 3% de incremento sobre la campaña anterior”. Y más adelante agrega “A su vez la nación totalizaba el 87% del azúcar crudo contemplado en el plan y sigue en la batalla para aproximarse al 90%”. Como tampoco los por cientos separados de las cifras que representan permiten comprender, nuevamente tomé la calculadora. Resulta que el 87% del plan es igual a 1 566 000 toneladas, es decir 34 mil toneladas menos que la zafra anterior. De igual forma, si lograban llegar al 90% –al que se querían aproximar–, entonces el monto sería de 1 620 000 toneladas, un 0,11% por encima del plan anterior y no el 3% de incremento como decía más arriba.
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El 30 de mayo, con el título Voluntad en pie, otro periodista de Granma trató el tema de la zafra en la provincia Holguín –el territorio que según Juan Varela estaba próximo a cumplir– se perdieron 41 días por lluvias. El artículo constituye una clara manifestación de ineficiencia, pues la larga experiencia como productores del dulce dice que, por razones climáticas las zafras en Cuba no pueden pasar del mes de abril, debido al efecto negativo del calor y las lluvias en el rendimiento agrícola en industrial. Resulta que este año, ya entrados en el mes de junio, varios centrales seguían moliendo. El articulista narra la odisea de hombres y maquinarias tratando de apartar el fango de los caminos para trasladar la materia prima, que ya cortada esperaba sobre los medios de transporte para llegar a su destino, con la consiguiente merma. Un esfuerzo tan descomunal como irracional e improductivo, dirigido a tratar de llegar al 90% de cumplimiento del plan.

El Granma del lunes 2 de junio publicó Tropiezo azucarero en Matanzas, en el que el periodista Ventura de Jesús, comenta que esta provincia incumple por tercer año consecutivo. Se quedó con 30 000 toneladas de azúcar por debajo del plan; un incumplimiento mayor que en la pasada cosecha. Dos de los cuatro ingenios de la provincia, que tuvieron que detener las máquinas a mitad de campaña, incumplieron en 28 500 toneladas y el mayor de la provincia, el Mario Muñoz, tampoco cumplió el plan de crudo. Sólo el Jesús Rabí alcanzó su compromiso productivo y aportó 1 515 toneladas extra plan. Las causas del desastre son las mismas de siempre.

Por último, el 2 de junio, en el noticiero estelar de la televisión cubana, un funcionario de AZCUBA, cuyo nombre no logré retener, dijo que este año se había crecido en un 4% respecto a la zafra anterior, lo que significan 64 mil toneladas.

Todas esas cifras, además de contradictorias, tratan de llamar la atención hacia la comparación del resultado con la zafra precedente (2012-2013), cuando lo que corresponde si se quiere ser consecuente con que el sistema de planificación socialista continuará siendo la vía principal para la dirección de la economía nacional, es compararlo con lo planificado para la presente cosecha (2013-2014), que 1, 800 000 toneladas.

Entonces, desde esta óptica, si se produce 1 620 000 toneladas según la información de Juan Varela, se habrían dejado de producir 180 000 toneladas, un incumplimiento del 10%. Si la producción fue de 1 640 000 como informó el líder del sindicato del sector, se dejaron de producir 160 000 toneladas, que representa un incumplimiento del 8,9%. Y si la producción fue de 1 664 000 toneladas según el funcionario de AZCUBA, significa que se dejaron de producir 136 000 toneladas, un 7,56% por debajo de la meta.

Cualquiera que sea la cifra ninguna se acerca al 18% de crecimiento sobre la cosecha precedente, como se contemplaba en el plan. El hecho de mirar hacia el vaso medio lleno o medio vacío no puede ocultar el fracaso. En lugar de la mejor zafra de la década la presente ha sido la peor, pues apenas sobrepasa la del año pasado, a pesar de estar moliendo en el mes de junio en medio de aguaceros, fango y calor.

Si por los fracasos en 14 años un General sustituyó al ministro que dirigía el Ministerio del Azúcar, y tanto el General como el Ministerio fueron sustituidos por AZCUBA, en  correspondencia con esa lógica la próxima noticia podría ser la nueva institución o los nuevos funcionarios que encabezarán la producción azucarera, bajo un titular más o menos así: Ahora si vamos a construir…, perdón, Ahora si vamos a producir el azúcar planificado. Aunque lo que requiere el país es profundizar los cambios hasta reformar la estructura de la propiedad sobre los medios de producción y elevar los salarios hasta ponerlos en correspondencia con el costo de la vida y liberar todas las trabas que siguen lastrando la producción de azúcar; única forma de despertar el interés de los trabajadores y que la industria azucarera aporte significativamente al crecimiento del Producto Interno Bruto.

Tomado de: hhttp://www.diariodecuba.com/cuba/1400539490_8650.html

José Martí se propuso fundar un pueblo nuevo y de sincera democracia, capaz de vencer, por el orden del trabajo real y el equilibrio de las fuerzas sociales, los peligros de la libertad repentina en una sociedad compuesta para la esclavitud. Con ese fin fundó un partido y organizó la guerra que habría de gestarla, de modo que en la conquista de la independencia fueran –según sus palabras– los gérmenes de ese pueblo nuevo, pues, en la hora de la victoria sólo fructifican las semillas que se siembran en la hora de la guerra. Su concepción de la  república era igualdad de derecho de todo el nacido en Cuba, espacio de libertad para la expresión del pensamiento, economía diversificada en manos de muchos pequeños propietarios, para que cada cubano fuera hombre político enteramente libre.

La guerra no terminó con la victoria sino con la ocupación del país por Estados Unidos. La República tendría que esperar por el resultado de la Asamblea Constituyente, encargada de redactar la Ley Fundamental y definir las relaciones con el país ocupante. Los asambleístas  cubanos tuvieron que decidir entre el rechazo o la aceptación de un apéndice constitucional, conocido como Enmienda Platt, que refrendaba el derecho de Estados Unidos a intervenir en Cuba, omitía la Isla de Pinos del territorio nacional e imponía la venta o arrendamiento de tierras para bases navales.

Después de tres meses de encendidos debates, la Asamblea Constituyente concluyó con la aprobación de la Enmienda Platt. La decisión, aparentemente contraria a las razones por las que habían luchado, nos colocan frente a las dos opciones posibles: Una, votar en contra, lo que implicaba la ocupación indefinida y en consecuencia la necesidad de reiniciar la  guerra, con el ejército libertador desmovilizado, el partido disuelto, la nación sin cristalizar, el pueblo agotado y el país sumido en la desolación y la ruina. Otra, votar a favor, y desde la República posible avanzar hacia la República martiana, opción que se impuso después de tres meses de debates, hasta que los delegados recibieron un golpe definitivo: una respuesta firmada por el secretario de la Guerra donde se decía que el Presidente “está obligado a ejecutarlo, y ejecutarlo tal como es […] no puede cambiarlo ni modificarlo, añadirle o quitarle”, como condición para cesar la ocupación militar.

La mayoría optó por lo posible en aquellas condiciones, lo contrario hubiera sido un acto suicida ante la superioridad del ocupante. El testimonio de José N. Ferrer revela nítidamente la situación: “Entiendo que ya se ha resistido bastante y que no puede resistirse más. Consideré útil, provechosa y necesaria la oposición a la Ley Platt en tanto que hubo esperanza de que ésta se modificara o retirara por el Congreso americano… Hoy considero dicha oposición inútil, peligrosa e infecunda…”

Después de casi cuatro siglos de colonia y tres años de ocupación extranjera, la bandera tricolor comenzó a flotar en sustitución de la enseña norteamericana, anunciando el nacimiento de la República, sin independencia absoluta pero con derechos civiles y políticos incorporados en el texto constitucional: el hábeas corpus, la libertad de expresión, los derechos de reunión y de asociación, la libertad de movimiento, la libertad de cultos, el derecho de sufragio y la división de poderes.  Tales derechos no fueron suficientes para erradicar todos los males heredados en los 57 años de República, pero permitieron que  Cuba emergiera de la postración económica, que en 1925 se recuperara la Isla de Pinos a través del Tratado Hay-Quesada, que en 1933 se derrocara la dictadura de Gerardo Machado, que en 1934 nos desembarazáramos de la Enmienda Platt, que en 1937 se dictara la legislación laboral más avanzada que Cuba ha tenido hasta hoy, que se convocara la Constituyente que dio vida a la avanzada Constitución de 1940. Esa es la historia, lo demás es lo que pudo o no suceder.

Por esos resultados antes de 1959, junto al 28 de enero, al 10 de octubre, al 24 de febrero y al 7 de diciembre, el 20 de mayo ocupaba un lugar entre esas cinco efemérides, símbolos de las luchas por la independencia, de amor a la Patria y de respeto por los que la hicieron posible. Ese día, el generalísimo Máximo Gómez, al izar la enseña nacional en el Palacio de los Capitanes Generales, expresó: Creo que hemos llegado. Y realmente habíamos llegado, pero solo al punto de inicio. Lo que el General no podía sospechar que 112 años después aún no hemos llegado. Por eso, mucho más útil que juzgar a los que tomaron aquella decisión sería cuestionarse por qué hoy la Republica diseñada por Martí sigue pendiente de realización y asumir la parte de responsabilidad que a cada uno nos corresponde.

Si lo que se avanzó en los años republicanos –mucho o poco– es inseparable de los derechos y libertades refrendados en las constituciones de 1901 y de 1940, lo que hemos retrocedido está estrechamente relacionado con la ausencia de esos derechos y libertades, que constituyen los cimientos sobre los que descansa el reconocimiento, respeto y observancia de las garantías jurídicas para la participación, para edificar una sociedad democrática y un Estado de derecho. Las razones sobran.

Después de 55 años de anunciado el fin de todos los males, la mayoría de los grandes problemas nacionales continúan pendientes y se han generado otros. La estructura deformada de nuestra economía continúa; la ineficiencia en la agricultura ha sido tal que en nuestra principal industria hemos retrocedido a las producciones de principios del pasado siglo; no ha podido establecer una adecuada correspondencia entre nivel de vida de la población y su nivel de instrucción; el salario se desnaturalizó y perdió la correspondencia con el costo de la vida; la creciente brecha de desigualdades no ha podido detenerse; la corrupción se generalizó hasta devenir cultura; los trabajadores carecen de verdaderos sindicatos que los representen y tienen que contratar su fuerza de trabajo mediante agencias estatales; los cubanos carecen del elemental derecho de participar como inversionistas en el país que los vio nacer; hemos involucionado desde un país que se caracterizó por la introducción casi inmediata de los adelantos científico-técnicos hasta no tener libre acceso a  Interne en la época de la información y las comunicaciones. En fin, porque sin democratización no hay desarrollo.

Cuba necesita de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución, que refleje la época en que vivimos, que incorpore el contenido de los pactos internacionales de derechos humanos, que refrende la desaparecida condición de ciudadano, que incluya todas las formas de propiedad y todas las ideas políticas, para que desde la soberanía popular emerja un nuevo consenso y los cubanos determinen libremente el sistema político que desean. Esa urgente necesidad está en total correspondencia con la concepción de la  república martiana: igualdad de derecho de todo el nacido en Cuba espacio de libertad para la expresión del pensamiento, economía diversificada en manos de muchos pequeños propietarios, para que cada cubano fuera hombre político enteramente libre. El día que lo logremos le diremos al generalísimo: ahora si hemos llegado.

Tomado de: http://www.diariodecuba.com/cuba/1400318525_8616.html

El 17 de mayo de 1946 fue asesinado el campesino Niceto Pérez García. En homenaje a él y a todos los que murieron en la lucha contra el desalojo y el latifundismo se eligió ese día para firmar la Ley de Reforma Agraria en 1959. El aniversario de aquel acontecimiento invita al análisis del porqué la agricultura cubana, 55 años después, muestra un estado tan deplorable.

El latifundismo en Cuba tenía una historia secular. Emergió en la colonia con la entrega de tierras a los colonizadores,  luego, debido al  crecimiento de pequeñas y medianas propiedades esas grandes extensiones de tierra sufrieron un proceso de fragmentación que se aceleró con el crecimiento de la industria azucarera. La  demanda de caña de los modernos centrales generó una competencia que arruinó a los pequeños ingenios y separó a los hacendados dueños de las máquinas de los colonos dueños de la tierra. Entonces, a principios del siglo XX, los grandes centrales desarrollaron un proceso de adquisición de tierras que convirtió a muchos propietarios en arrendatarios –el censo de 1945-46 arrojó que el 69,5% de las fincas no eran trabajadas por sus dueños.

Ese proceso de concentración se acompañó del desalojo de miles de pequeños agricultores, a la vez que el predominio de la producción azucarera, favorecida por múltiples factores, impidió el desarrollo de otras producciones y creó una economía dependiente de las oscilaciones del precio del azúcar en el mercado internacional.

Aunque durante la república hubo varios intentos por resolver esa situación, las medidas implantadas fueron insuficientes y la legislación, aunque avanzada, fue burlada por los grandes intereses. La deformación sufrida demandaba de una reforma agraria dirigida a: 1- Entregar la propiedad de las tierras a los desposeídos que la trabajaban; 2- Diversificar la producción agropecuaria; y 3- Convertir la agricultura en la base económica para el desarrollo del país. Tres aspectos complejos e interrelacionados para cuya solución se requería tener en cuenta la experiencia universal, respetar las leyes que rigen los fenómenos económicos y sociales y atemperar los cambios a la realidad cubana.

En 1953, en el alegato La historia me absolverá, Fidel Castro planteó conceder la propiedad de la tierra a todos que ocupasen parcelas de hasta cinco caballerías. En 1958, con ese propósito, la Comandancia del Ejército Rebelde dictó la Ley 3. Y el 17 de mayo de 1959 se promulgó la Ley de Reforma Agraria que limitó la gran propiedad y entregó títulos de propiedad a unas cien mil familias. Pero de forma paralela se inició la concentración del poder en manos del líder, la propiedad en manos del Estado y la pérdida de las libertades ciudadanas, con lo cual el voluntarismo, convertido en método de dirección, condujo al actual estancamiento económico.

Las leyes agrarias de 1959 y 1963 concentraron en manos del Estado más tierras que todos los latifundios confiscados, lo que impidió solucionar un problema donde, de un lado el hombre es el principal instrumento de transformación y de otro lado, la propiedad y/o la apropiación de los productos del trabajo resulta determinante. Por ello la estatización casi absoluta condujo a la ineficiencia generalizada.

A causa del desinterés de los trabajadores agrícolas enormes extensiones de tierras se infectaron de marabú y se generalizó el desabastecimiento de productos agropecuarios. En respuesta se tomó la decisión de crear las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) en 1993. Con ese fin las áreas estatales improductivas, en vez de entregarla en propiedad, se otorgaron en usufructo a los trabajadores y el Reglamento original no le reconoció personalidad jurídica. La actividad productiva y económica de estas “cooperativas” quedó integrada a los planes estatales de producción, mientras la comercialización de sus productos era realizada por la Empresa Estatal de Acopio. Esas y otras limitaciones explican los pésimos resultados obtenidos.

Sin voluntad política para tomar el rumbo que la realidad demandaba, quince años después de las UBPC se dictó el Decreto-Ley 259, mediante el cual se entregaron en usufructo parcelas de 1 hasta 3 caballerías de tierra infectadas de marabú. En diciembre de 2012 el Decreto-Ley 259 fue derogado y sustituido por el Decreto-Ley 300, que flexibilizó algunas de las limitaciones pero sin variar la decisión de mantener el control monopólico de la propiedad estatal. Ante el nuevo fracaso, en enero de 2014, se promulgó el Decreto-Ley 311 que modificó al 300, pero con la misma voluntad política. El resultado final ha sido que después de  entregadas 1 millón 500 mil hectáreas de tierras ociosas, de los 6, 3 millones de hectáreas con que cuenta el país, el retroceso no se ha podido detener y la  necesidad de producir en Cuba los alimentos que se compran a precios elevados en el exterior continúa en lista de espera.

Esos resultados obligan, quiérase o no, ha poner a la orden del día una nueva reforma dirigida a eliminar los latifundios estatales, convertir a los actuales usufructuarios en propietarios y transformar el resto de la propiedad estatal en propiedad privada y en grandes empresas cooperativas.

Las Cooperativas constituyen una manifestación del carácter social del hombre, cuya versión moderna emergió en el siglo XIX con la fundación, en Inglaterra, De los Probos Pioneros de Rochdale, una sociedad para el suministro de artículos de primera necesidad. Esa experiencia generalizada condujo en 1895 al  congreso internacional en Londres, donde se creó la Alianza Cooperativa Internacional. Esta institución definió el concepto de cooperativa, aceptado universalmente como una asociación autónoma de personas que se unen voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales por medio de una empresa de propiedad conjunta, con una estructura democrática.

En Cuba la su primera manifestación fue la Comunidad de Regantes del Valle de Güines (1884) y en los años 50 del pasado siglo el Banco Nacional para el Fomento Agrícola e Industrial de Cuba, creó tres cooperativas de crédito rural que tenían préstamos vigentes por más de 13 millones de pesos. Por diversas razones, entre ellas el bajo por ciento de propietarios rurales, en Cuba la ideas de las cooperativas agropecuarias no tuvieron auge. Después de la revolución el cooperativismo reapareció como manifestación del voluntarismo. En marzo de 1960 se crearon las “cooperativas” cañeras en las tierras que antes pertenecían a los ingenios azucareros, las que en breve tiempo fueron transformadas en propiedad estatal, mientras el verdadero cooperativismo quedó limitado a unas pocas asociaciones formadas por campesinos privados.

Por todo lo anterior, la Ley de Reforma Agraria se presenta a un nuevo aniversario con muy poco que celebrar. Cuba, país de añeja tradición agrícola ha sufrido un declive productivo, incluso en cultivos en los que se destacó desde la época colonial, como el azúcar, el café y el ganado bovino. La causa fundamental de ese declive está en la propiedad estatal, bautizada como propiedad de todo el pueblo, que se traduce en propiedad de nadie y desinterés de todos, lo que explica la prolongada cosecha de fracasos y ha demostrado en la práctica la función vital de la estructura de la propiedad. No proceder a una nueva reforma agraria es subordinar los problemas de la nación cubana a intereses ajenos a los cubanos o a preceptos ideológicos sin futuro.

Tomado de: http://www.diariodecuba.com/cuba/1399332797_8125.html

El plan de azúcar de 2014 no se cumplirá. La ineficiencia resultante del proceso de estatización se manifestó en un retroceso sostenido de la producción azucarera. En el año 2001 no se pudo rebasar los 3,5 millones de toneladas (inferior a la zafra de 1919).  Como si la causa del resultado estuviera en la organización y disciplina se designó un General al frente del Ministerio del Azúcar (MINAZ) y se implementaron varias medidas, entre ellas una dirigida a lograr 54 toneladas de caña por cada hectárea, cifra inferior a los indicadores de la FAO y la otra a extraer 11 toneladas de azúcar por cada 100 de caña. El declive, cuya causa está más allá de las órdenes militares, continuó su inexorable marcha atrás. En 2010 retrocedió hasta 1,1 millón, cifra inferior a la alcanzada en 1895.

Ante el fracaso, pero sin detenerse en las verdaderas causas, se sustituyó al MINAZ y al General por el Grupo Empresarial de la Agroindustria Azucarera (AZCUBA), el cual proyectó un  crecimiento productivo anual del 15 por ciento hasta el año 2016. La zafra de 2011 quedó por debajo de 1,3 millones de toneladas; la del 2012 se sembró suficiente caña y se contó con la casi totalidad de los recursos contratados, pero nuevamente ni se cumplió un plan de 1, 45 millones de toneladas ni se terminó en la fecha planificada; en la de 2013 AZCUBA se planteó producir 1,7 millones de toneladas, pero no pudo rebasar 1, 6 millones, una cantidad que se fabricó en 1957 con los centrales Morón, Delicias y Manatí. .

El cambios de dirigentes, la Reestructuración de la Industria Azucarera, la Tarea Álvaro Reynoso, el cierre de unas 100 fábricas de azúcar, la redistribución para otros cultivos de un alto por ciento de las plantaciones de caña, la sustitución del MINAZ por AZCUBA y un abultado paquete de medidas económicas, no lograron elevar la cantidad de caña por hectárea ni el  rendimiento industrial. Al comenzar la zafra de 2014, en el mes de noviembre, AZCUBA anunció que sería la mejor de la última década. Según el pronóstico se produciría 1,8 millones de toneladas, es decir, 200 mil por encima de la zafra anterior

Ante el fantasma de los incumplimientos, el segundo Secretario del Partido Comunista, José Machado Ventura, apeló a los llamamientos. Realizó varios recorridos por ingenios y provincias llamando a extender el tiempo de molienda y a sembrar más caña, pues según sus palabras la principal limitación está en la caña insuficiente y los bajos rendimientos agrícolas, pues es inconcebible que hoy se cosechen campos de menos de 18 toneladas de caña por hectárea, lo cual es apreciable aun en muchas entidades del ramo a lo largo del país.

A pesar del hermetismo de la prensa oficial se supo que a fines de diciembre el Central Ecuador, de Ciego de Ávila, estuvo parado 30 horas por roturas en una de sus cuchillas; que los centrales tuneros Majibacoa, Amancio Rodríguez y Antonio Guiteras reportaban atrasos y que el Héctor Molina, de Mayabeque, a pesar de una costosa reparación confrontaba los mismos problemas de zafras anteriores; el 17 de marzo, Juan Varela Pérez publicó en Granma La zafra aún está a tiempo, donde, basado en el análisis de AZCUBA del día 10 de ese mes, dio a conocer, que el monto producido hasta esa fecha era inferior a lo planificado.

El 23 de abril, el periodista Ortelio González, publicó en Granma Deudas con el primero… donde dio a conocer que el central Primero de Enero había sobrepasado el plan en casi 4 mil toneladas. Y añadió: “Hoy sienten que cumplieron el compromiso con el segundo secretario del Comité Central del Partido quien, en uno de los recorridos, los conminó a producir la mayor cantidad de azúcar posible”. Es decir, el compromiso con el llamamiento demostró su eficacia. Sin embargo, tres después, el 26 de abril, Juan Varela, basado en datos de AZCUBA, informó “que por lluvia, roturas en los equipos de corte y la organización, el país no ha alcanzado la cifra de azúcar planificada para la fecha”. Y citó a las provincias Artemisa, Granma, Holguín y Santiago de Cuba entre las atrasadas.

Empleando la misma lógica de Ortelio González para el cumplimiento en el Primero de Enero, hay que aceptar como un hecho que si la gran mayoría de los centrales no han cumplido sus planes es porque los trabajadores azucareros no responden al llamamiento del dirigente partidista, por lo que el plan de 2014 también se incumplirá. Y con el fracaso de este último recurso, es decir, el del llamamiento, parece que todo se agotó.

Una mirada hacia los múltiples obstáculos para el crecimiento de la producción azucarera, apunta como determinante el crónico bajo rendimiento agrícola, un fenómeno que emergió desde 1961 desde la eliminación del colonato. Surgido en la segunda mitad del siglo XIX como resultado de la competencia entre ingenios, donde los más pequeños se arruinaron, emergió la figura del colono, que desposeído de ingenio propio entregaba su caña al ingenio vecino por una parte del dulce. De ahí en lo adelante la caña para el gran central quedó garantizada por los colonos y de las contradicciones entre estos y los hacendados emergió la necesidad de asociarse para su defensa.

La historia de las asociaciones de Colonos, que tuvo su primer episodio a fines del siglo XIX, desembocó en enero de 1934 en la formación de la Asociación Nacional de Colonos de Cuba. Esta asociación garantizó toda la caña necesaria para producir hasta más de siete millones de toneladas, como ocurrió en 1952, sin que ningún funcionario político o administrativo tuviera que hacer llamamientos ni indicar a los productores lo que tenían que hacer.

En diciembre de 1960, en una reunión en la que la Asociación de Colonos se negó a participar, el líder de la revolución adelantó la idea de crear una sola asociación nacional de agricultores: “Es Necesario –dijo– que los pequeños agricultores, en vez de ser cañeros, tabacaleros, etc., sean sencillamente agricultores y organicemos una gran Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. En enero de 1961 todas las organizaciones de empleadores y las asociaciones campesinas fueron sustituidas en por la Asociación Nacional de Colonos; la que en el mes de mayo de ese año pasó a denominarse Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), pero el papel del colonato en el abastecimiento de caña a los centrales nunca pudo ser suplido por la ANAP, creada por y subordinada al partido gobernante, lo que se refleja en los actuales rendimientos de caña por hectárea.

Publicado el 28 de abril de 2014 en Curazao 24, año 2, No. 6, revista socio-cultural de la red de bibliotecas cívicas Reinaldo Bragado Bretaña

En el discurso de clausura del IX Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), el pasado mes de marzo, el Segundo Secretario del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, dijo: Si genial, oportuna y verdaderamente reivindicadora fue la idea de Fidel, líder histórico de nuestra revolución, al crear el 23 de agosto de 1960 la FMC, también lo fue su acertada decisión de poner al frente de la naciente organización femenina a la compañera Vilma Espín Guillois.

Para demostrar que esa subordinación no ha variado, expresó: Cuando clausuramos el VIII Congreso en marzo de 2009, expusimos la necesidad de promover cambios en el contenido, los métodos de trabajo y las prácticas de la organización, con el objetivo de impulsar en todo lo posible el trabajo de la FMC. Y agregó: La celebración del VI Congreso del Partido y la Primera Conferencia Nacional en abril de 2011 y enero de 2012 respectivamente, ratificaron que estábamos obligados por las circunstancias a repensar todo lo que en materia de trabajo político e ideológico veníamos haciendo hasta ese momento. Estas realidades nos dicen y cada vez con más fuerza, que la dirección principal debe encaminarse a una labor superior, para educar y concientizar directamente a la gran masa de mujeres.

Más adelante, al referirse al decrecimiento poblacional, planteó: lo cierto es que los nacimientos son pocos, por mantenerse desde apelamos a la comprensión de la FMC, en su capacidad para explicar este complejo tema a las mujeres, obviamente imprescindible para elevarlos los indicadores de natalidad.

Los párrafos citados no dejan lugar a dudas. La FMC no surgió a iniciativa de las mujeres y las tareas desde su creación hasta hoy les asignadas por el Partido Comunista, como puede verse con el llamamiento a elevar los indicadores de natalidad, una misión imposible de cumplir, pues la causa de la disminución de los nacimientos está en el empeoramiento de las condiciones de vida que han obligado a las cubanas a aplazar sus proyectos reproductivos ante la falta de perspectivas.

Desde el punto de vista natural las féminas han demostrado capacidades en todos ámbitos sociales. Salvo las diferencias propias de género, el hombre no posee ningún atributo de origen divino o natural que justifique la superioridad del hombre sobre la mujer. Sin embargo, desde la antigua Roma la mujer careció de control sobre su persona y sus pertenencias, durante la edad media estuvieron excluidos del derecho a la herencia, mientras en la actualidad persiste la tendencia a reproducir esas desigualdades.

La historia demuestra que en la lucha por la igualdad, resulta determinante la iniciativa y decisión de las propias mujeres para definir sus objetivos y prioridades. Precisamente de esa necesidad surgió el movimiento feminista en la Europa de fines del siglo XVIII, el cual tocó tierra cubana al siglo siguiente, cuando algunas mujeres comenzaron a apartarse del comportamiento prescrito por la tradición machista-patriarcal, refrendada en el Código Civil Español.

En ese siglo XIX, Mercedes Santa Cruz y Montalvo (Condesa de Merlín) reflejó en su obra literaria los sentimientos femeninos, su raíz nacional y las perspectivas de la mujer. Gertrudis Gómez de Avellaneda, la mayor escritora cubana de ese siglo, editó el Álbum cubano de lo bueno y de lo bello, en el que alentaba a las mujeres a cuestionarse el dominio masculino. Ana Betancourt de Mora defendió en la Asamblea Constituyente de Guáimaro la emancipación femenina. María Luisa Dolz desafió los valores tradicionales que se enseñaban a las mujeres y asoció la reforma educativa al nacionalismo y al feminismo. Edelmira Guerra de Dauva, ayudó a formular el manifiesto revolucionario del 19 de marzo de 1897, cuyo artículo 4 rezaba: Queremos que las mujeres puedan ejercer sus derechos naturales a través del voto a la mujer soltera o viuda mayor de veinticinco años, divorciada por causa justa. No debemos olvidar que el Guerra de Independencia una mujer obtuvo el grado de general (Magdalena Peña Redonda y Doley), tres el de coronel y más de veinte el de capitán1. Sin embargo, ninguna fémina bajó de la Sierra Maestra con el grado de Comandante.

En la República las feministas multiplicaron las acciones y asociaciones, celebraron congresos, hicieron peticiones a los políticos, establecieron coaliciones con diversos grupos activistas en poder de los hombres, se manifestaron en las calles, se dirigieron al público a través de la prensa radial y escrita, fundaron clínicas de obstetricia y escuelas nocturnas para mujeres, desarrollaron programas de salud y establecieron contactos con grupos feministas en el extranjero.

Resultado de esas luchas en 1918 se aprobó la Ley del divorcio; en 1919 las cubanas ya habían alcanzado el mismo nivel de alfabetización que los hombres; en los años 20 proporcionalmente se graduaban tantas mujeres en Cuba como en las universidades norteamericanas; en 1934 lograron que el Gobierno encabezado por Ramón Grau San Martín decretara el derecho de la mujer al voto; en 1939, previo a la Asamblea Constituyente convocaron al Tercer Congreso Nacional de Mujeres, y en una de las resoluciones aprobadas, exigieron una garantía constitucional para la igualdad de derechos de la mujer. Finalmente, en la Asamblea Constituyente de 1939, en la que participaron dos feministas: Alicia Hernández de la Barca y Esperanza Sánchez Mastrapa, se aprobó el artículo 97 de la Constitución de 1940, el cual estableció para todos los ciudadanos cubanos, como derecho, deber y función, el sufragio universal, igualitario y secreto.

Desde entonces la mujer cubana pudo votar en las elecciones de 1940, 1944, 1948, 1952, incluso en las cuestionadas elecciones de 1954 y 1958. Sin embargo, la actual Secretaria General de la FMC, en el programa televisivo Mesa Redonda del 18 de octubre de 2011, expresó que gracias a la revolución de 1959 la mujer cubana pudo hacer uso del derecho al voto.

Por lo anterior, el origen y las funciones de la FMC constituyen una regresión histórica, la cual, para ser corregida, se requiere la institucionalización de las libertades y derechos cívicos y políticos, pero sobre todo, la iniciativa de las propias mujeres para su verdadera emancipación.

Tomamdo de: http://www.diariodecuba.com/cuba/1398063294_8224.html

Según la nueva Ley de Inversiones Extranjeras los trabajadores serán contratados por una entidad empleadora. Si a ello se agrega que la única organización sindical permitida representa los intereses del Estado, estamos ante unas relaciones capitalistas donde los trabajadores no tienen quien los defienda. Aunque esa situación era conocida, la información brindada por la directora general de la oficina reguladora de la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM) no deja de sorprender. Veamos:

Lo primero consiste en que los trabajadores de la ZEDM recibirán el 80 % de los ingresos pactados entre las agencia empleadora y los inversionistas. Lo segundo es que el pago se efectuará en pesos cubanos (CUP), por lo cual para satisfacer casi todas sus necesidades tendrán que convertirlos en pesos convertibles (CUC). Lo tercero radica en que la parte del trabajador equivalente en CUC no se le pagará de acuerdo a la tasa de cambio oficial de 1 x 24, sino con una tasa especial de 1 x10.

Lo primero resulta relativamente bueno, pues hasta ahora los trabajadores cubanos alquilados a empresarios o países nunca recibieron 4/5 partes de lo pactado por sus servicios. Lo segundo es malo. Supongamos lo siguiente: un empresario extranjero paga mil dólares al mes por los servicios de un técnico electricista; la agencia empleadora convierte los dólares en 1000 CUC, de los cuales al técnico electricista le corresponden 800. Con esa suma de dinero, fruto de su trabajo, el técnico podría iniciar una vida decorosa sin necesidad de “luchar“ o“inventar“ para sobrevivir. Lo tercero es lo peor, pues con la tasa especial de 1 CUC  por 10 pesos, los 800 se le convierten en 333 CUC. Al final el  Estado se apropia de las dos terceras partes de los mil dólares recibidos. De tal forma el trabajador resulta perjudicado por el foráneo, pero sobre todo por el nacional.

En este punto para su defensa le quedaría al trabajador lo estipulado en el artículo 27 de la Ley de la Inversiones Extranjeras, el cual plantea que en el proceso inversionista se cumple la legislación laboral y de seguridad social vigente en la República de Cuba. Pero resulta que la legislación laboral, contenida en la Ley del Código de Trabajo, aprobada el 29 de diciembre de 2013, a pesar de constituir un paso atrás en relación a la Ley de las Comisiones de Inteligencia Obrera de 1924 (aprobada para canalizar los conflictos obrero-patronales relacionados con los embarques de azúcar), de todas formas al estar desaparecida, no se puede saber exactamente cuál es su contenido.

La desproporción entre el monto de los salarios y el costo de la vida en Cuba tiene su causa principal en las décadas de socialismo totalitario, especialmente a partir de 1989, cuando el aumento de los precios comenzó a crecer mucho más rápido que los aumentos salariales hasta desembocar en la actual crisis, una de cuyas manifestaciones –la  de mayor impacto negativo– es la insuficiencia salarial. Ese problema es tan preocupante para los trabajadores cubanos, que una entrevista publicada en Granma el 27 de abril, Carmen Rosa López, quien en ese momento se encontraba al frente de la preparación del XX Congreso de la CTC, expresó: en todos los procesos de análisis efectuados este año son recurrentes los planteamientos de los asambleístas respecto al salario. Ello demuestra que los objetivos de los organizadores andaba por un rumbo y la preocupación de los asalariados por otro.

La Constitución de 1940 en su artículo 61 refrendó lo siguiente: La Ley establecerá la manera de regular periódicamente los salarios o sueldos mínimos por medio de comisiones paritarias para cada rama del trabajo; de acuerdo con el nivel de vida y con las peculiaridades de cada región y de cada actividad industrial, comercial o agrícola. Hoy por hoy los trabajadores no sólo no participan en su confección sino que se desconoce cuál es su monto. Por definición el salario mínimo es aquel que delimita la pobreza de lo necesario para subsistir. Desde esa definición la mayoría de los salarios en Cuba, al ser insuficientes para cubrir las necesidades básicas, se encuentran por debajo de lo que debe ser un salario mínimo. Esa anomalía ha obligado a buscar el complemento fuera de la relación salarial –casi siempre al margen de la ley–y obliga a los cubanos al desplazamiento constante de un lugar a otro, de una actividad a otra y de una profesión a otra, sin importar vocación ni formación.

La prensa oficial ha subrayado que se crearán miles de puestos de trabajo con salarios muy superiores al actual promedio mensual de 20 CUC. Sin embargo, la forma de pago informada, que en cualquier región del mundo generaría un movimiento de reclamos sindicales, en el caso de los trabajadores cubanos, desarmados de espacios e instituciones que los defiendan, el descontento se manifiesta en privado, a la vez que se ponen a disposición de la agencia empleadora para mejorar, pues esa repartición, a pesar de lo abusiva y burlesca, le permite recibir un salario superior a la media nacional.

A lo anterior hay que añadir que una de las principales preocupaciones de los inversionistas extranjeros es contar con trabajadores eficientes, para lo cual les conviene que reciban un salario capaz de motivarlos y despertar el interés por los resultados de su actividad. Sin embargo el presente análisis indica que la forma de pago que se empleará puede actuar en contra del objetivo de atraer a los inversionistas foráneos. Para ello se debería cambiar la proporción de una buena y muchas malas, por esta otra: una mala y muchas buenas, pues pedir que todas sean buenas, es pedir peras al olmo.

tomado de: http://www.diariodecuba.com/cuba/1397471255_8130.html

El artículo Ley dentro de mi casa, publicado el miércoles 2 de abril en el diario Granma, reconoce que el desarrollo de la economía cubana requiere de un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) que ha sido imposible lograr con las reformas implementadas. De ese fracaso el articulista deduce la necesidad de inyectar capital foráneo. Sin embargo, las múltiples limitaciones contenidas en la recién aprobada Ley de Inversiones Extranjeras, entre ellas la referida a la libre sindicalización, anulan  dicho propósito.

El proceso recorrido por la libertad sindical en Cuba comenzó en la colonia con la Ley General de Asociaciones de 1888 y continuó en la República con la promulgación de varias legislaciones obreras. Entre ellas destaca la Ley de las Comisiones de Inteligencia Obrera de 1924 para canalizar los conflictos obrero-patronales relacionados con los embarques de azúcar. Pero su máxima expresión fue el Decreto Ley 798 de abril de 1938 cuyo contenido se recogió en la Carta Magna de 1940: el derecho de sindicación a los patronos, empleados privados y obreros, el derecho de los trabajadores a la huelga y el de los patronos al paro, el sistema de contratos colectivos de trabajo y estipuló que los problemas derivados de las relaciones entre el capital y el trabajo serían sometidos a comisiones de conciliación integradas por representaciones de patronos y obreros. Con ella los logros legislativos asumieron rango constitucional.

El principio de libertad sindical –unión de los derechos de libertad y de asociación– consiste en el derecho que tienen trabajadores y patronos para fundar sindicatos sin autorización previa. Ese principio se consagró en la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y se reguló en el Convenio 87 de esa institución. Por su relevancia y naturaleza jurídica, la libertad sindical está incorporada en la Declaración Universal de los Derechos Humano, en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la  Convención Europea de Derechos Humanos. En el caso particular de Cuba alcanzó rango constitucional desde 1940.

Las diferentes legislaciones laborales emitidas en Cuba después de 1959 se resumieron en la Ley 49 de Código de Trabajo de 1984, cuyo artículo 3, inciso e) declara que  todo trabajador, acorde con la legislación vigente, tiene derecho a asociarse voluntariamente y constituir sindicatos. Mientras el Artículo 13 reconoce a todos los trabajadores, tanto manuales como intelectuales, tienen el derecho, sin necesidad de autorización previa, de asociarse voluntariamente y constituir organizaciones sindicales. Sin embargo, esos preceptos, en correspondencia con los principios de la OIT y con la historia del derecho laboral cubano, son pura declaración. Los mismos nacieron supeditados al artículo 7 de la Constitución vigente, el cual dispone que el Estado socialista cubano reconoce y estimula a las organizaciones de masas y sociales, surgidas en el proceso histórico de las luchas de nuestro pueblo y por tanto anula el derecho a asociarse voluntariamente y constituir sindicatos como estipula el Código de Trabajo de 1984.

Con el objetivo de actualizar el Código de 1984, entre el 20 de julio y 15 de octubre del 2013 se sometió a consulta un nuevo Anteproyecto que incluye a los trabajadores por cuenta propia pero no autoriza la libertad sindical; no recoge el derecho a huelga como se reconoce en los instrumentos jurídicos de la OIT y se refrendó en la Constitución de 1940; no reconoce el derecho de los trabajadores para negociar directamente el salario con los empleadores extranjeros, lo que implica una doble explotación por la agencia empleadora y por la empresa extranjera. Respecto al salario mínimo lo aprueba el Consejo de  Ministros, en vez de establecerse entre trabajadores, empleadores y gobierno. Por ejemplo la Constitución de 1940, en el artículo 61, planteaba que: La Ley establecerá la manera de regular periódicamente los salarios o sueldos mínimos por medio de comisiones paritarias para cada rama del trabajo; de acuerdo con el nivel de vida y con las peculiaridades de cada región y de cada actividad industrial, comercial o agrícola.

El Anteproyecto mencionado fue discutido en 69 mil 56 asambleas con la participación de 2 millones 802 mil 459 trabajadores. Dos meses después, fue aprobado por los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular y convertido en Ley. Finalmente se creó una comisión de estilo para la redacción final y su publicación en la Gaceta Oficial. Desde ese momento dicho Código constituye un misterio. Lo más sintomático es que en ningún momento del debate de la nueva Ley de Inversiones Extranjeras se mencionó nada relativo a dicho Código ni la CTC ha realizado ninguna reclamación al respecto. Sencillamente se esfumó.

Por tanto el Anteproyecto de Código de Trabajo en materia de derechos sindicales se sitúa de espaldas a lo estipulado por la OIT, de la cual Cuba fue miembro fundador en 1919 y es firmante de 76 de los convenios laborales de esa institución, incluyendo el Convenio 87 sobre la libertad sindical.

En ese estado de indefensión se aprobó la nueva Ley de inversiones, en la que los cubanos no solo están excluidos de participar como inversionistas, sino que como trabajadores carecen del derecho de crear sindicatos independientes y por tanto entran a una relación laboral en total desventaja al no poder contratarse libremente. Una violación tan abusiva que, si existieran verdaderos sindicatos, podría llevarse ante el Comité de Libertad Sindical, creado por la OIT en 1951 para examinar los alegatos sobre violaciones a los derechos de organización de trabajadores y empleadores.

Por lo anterior, tanto el Código de Trabajo de 1984 como su sustituto, el aprobado y esfumado en 2013, representan un retroceso en materia laboral respecto a lo que el movimiento obrero había logrado en sus luchas desde la colonia hasta la primera mitad del siglo pasado.

En esas condiciones, cuando está demostrado el papel que desempeñan los derechos y libertades en la economía y en el desarrollo social en general, la ausencia de libertades tan elementales como la libre sindicalización y la contratación libre de la fuerza de trabajo son obstáculos suficientes para augurar el fracaso en el propósito de atraer miles de millones de dólares para sacar la economía cubana del estancamiento en que se encuentra.