El Blog de Dimas

 

Por Dimas Castellanos

Culminada la Guerra Grande sin lograr la independencia de España ni la abolición de la esclavitud, la implementación del primer artículo del Pacto del Zanjón puso en vigor un conjunto de leyes similares a las existentes en Puerto Rico. Gracias a esas medidas las libertades de prensa, de asociación y de reunión, entre otras, permitieron el surgimiento de diversas publicaciones, organizaciones e instituciones que generaron un debate público acerca de los problemas de la Isla, lo que sentó los cimientos para el reinicio de la lucha por la independencia en 1895.

En ese contexto de permisibilidad, Juan Gualberto Gómez inició y ganó un proceso jurídico contra las autoridades coloniales, gracias al cual los cubanos podían sostener y discutir públicamente las ideas independentistas, con la condición de que no se incitara a la rebelión. Baste mencionar la Revista Cubana, dirigida por Enrique José Varona, donde Juan Gualberto, desde la sección “Crónica política,” sostuvo durante dos años una viva discusión acerca de los sucesos de actualidad. Posteriormente, durante la República, se multiplicaron los medios de comunicación. En 1930 las emisoras radiales alcanzaban la cifra de 61, una cantidad proporcionalmente superior a las de Nueva York; mientras los radioaficionados construyeron infinidad de pequeñas emisoras para trasmitir programas alternos. Esos datos ubicaron a Cuba en cuarto lugar en estaciones de radio, después de Estados Unidos, Canadá y Rusia. Y en octubre de 1950, casi inmediatamente después de los Estados Unidos, se inauguró en Cuba Unión Radio Televisión Canal 4, –la tercera planta televisiva de América Latina–, seguida ese mismo año del canal 6.

Así, de forma intermitente, desde la colonia hasta la República, el debate de ideas en tertulias, asociaciones, instituciones y en la prensa –escrita, radial y televisiva–, alcanzó una magnitud tal que hace imposible explicar ningún acontecimiento de nuestra historia política sin tener presente el papel del debate de ideas y de la libertad de prensa. Una prueba de ello la brindó el Dr. Fidel Castro en su alegato La historia me absolverá, cuando expresó:

“Os voy a referir una historia. Había una vez una república. Tenía su constitución, sus leyes, sus libertades; Presidente, Congreso, tribunales; todo el mundo podía reunirse, asociarse, hablar y escribir con entera libertad. El gobierno no satisfacía al pueblo, pero el pueblo podía cambiarlo… Existía una opinión pública respetada y acatada y todos los problemas de interés colectivo eran discutidos libremente. Había partidos políticos, horas doctrinales de radio, programas polémicos de televisión, actos públicos…”.
 
Con esos antecedentes cualquier acción encaminada a eliminar el debate público en Cuba es un acto contra la historia, contra el desarrollo del país y contra la dignidad de sus ciudadanos. Por tanto, todos los cubanos, intelectuales o no, revolucionarios o no; tienen el derecho de pensar, expresar y difundir libremente sus ideas, es decir, de participar como sujetos activos en los problemas que atañen a su nación.

Ninguna razón coyuntural ni ningún conflicto exterior, como es el caso del diferendo entre el gobierno de Cuba y de los Estados Unidos, puede usarse como argumento para descalificar la institución del debate público por la sencilla razón de que ninguna sociedad puede hacerlo sin neutralizar las fuerzas imprescindibles para el cambio y por tanto, sin conducir la sociedad al estancamiento. Tratar de hacer creer que toda idea nueva o diferente proviene del imperialismo es un acto de ofensa a la inteligencia y al alto nivel cultural y profesional alcanzado por los cubanos. Se trata sencillamente, parafraseando a Pedro Luís Ferrer, de un intento infructuoso y extremadamente perjudicial de construir un paraíso perfecto con una sola verdad y un único pensamiento.

Si los cubanos recibieron con grandes esperanzas el reconocimiento del actual Presidente del Consejo de Estado de Cuba acerca de que, del intercambio profundo de opiniones divergentes salen las mejores soluciones; esos mismos cubanos reciben ahora como un cubo de agua fría el intento de deslegitimar el debate, impedir el acceso de los cubanos a sitios Web donde se emiten criterios diferentes a los del gobierno y calificar cualquier pensamiento diverso como intento del imperialismo “para mover las aguas de su molino”, cuando en realidad son manifestaciones dirigidas a mover las aguas frescas de nuestro país que, por ausencia del debate de ideas, están estancadas. Es doloroso y triste para un pueblo tener que añorar las menguadas libertades –hoy desaparecidas– que se alcanzaron hace más de un siglo.

La Habana, 22 de junio de 2008
 

Debido al acelerado aumento de los precios de los productos del agro y la improductividad de ese sector en Cuba, el Presidente del Consejo de Estado calificó la producción agrícola como asunto de máxima seguridad nacional. En respuesta se han creado en todo el país las delegaciones municipales de la Agricultura.

Un artículo titulado ¿La espada alejandrina del campo criollo?, aparecido en Juventud Rebelde el 1 de junio de 2008 dice que: “Mientras seguimos con preocupaciones las continuas alzas del precio de los alimentos a escala mundial, en los campos cubanos se busca desatar los nudos que han amarrado sus producciones”. Sin embargo el artículo apunta más al aumento de los controles que a la liberalización de los nudos existentes.

La delegada de Güira de Melena declaró que cuentan con especialista integrales “para cuando hagamos un control estatal puedan verificar e inspeccionar las distintas áreas”. En este municipio se comenzó a asignar a los productores todo el combustible que necesitan. Ahora, según la delegada “tenemos la obligación de ver si ese agricultor está empleando el petróleo en lo que realmente debe utilizarlo”. 2- El delegado de Guantánamo dice que ahora cuenta con una estructura idónea para acercarse a la base y “ejercer el control donde antes no podía hacerse. Según el Subdelegado de ese mismo municipio, las delegaciones están bien concebidas pero hay que dotarlas de los recursos mínimos imprescindibles –transporte y combustible– para llegar al campo, “de lo contrario nos desgastaremos en llevar y pedir informes sin una verdadera identificación con los problemas”. En Guantánamo –dice el artículo– “se requiere que la delegación ejerza control y fiscalización sobre los mecanismos del sistema empresarial de la Agricultura, que revise su funcionamiento desde que inicia la cosecha hasta el destino de esas producciones”. 3- El Delegado de Ciego de Ávila plantea que el “compromiso de que la empresa le otorgue al campesino los recursos mediante contrato, y que las producciones se controlen mediante los insumos asignados, es muy importante”.

Situar la toma de decisiones más cerca de la base productiva es sin dudas positivo, pues le brinda más agilidad en la solución de los trámites, mayor eficacia productiva y promueve el desarrollo de la iniciativa local. Sin embargo, los excesivos controles desde el Estado papá a los productores niños actúa en dirección contraria a esas ventajas. Entregarle combustible y transporte a se inicia la siembra hasta que la comercialización de los productos; entregar petróleo para después tener que controlar en qué y cuánto se gasta; significa que los productores siguen siendo objetos pasivos sin capacidad para decidir, mientras el Estado mantiene, ahora más cerca de la base, una estructura supervisora que constituye el verdadero sujeto de la toma de decisiones. Así, los nudos, en vez de desatarse, se están corriendo hacia la base, lo que obstaculizará el propósito de aumentar la producción de alimentos, pues la causa principal de la crisis de la agricultura cubana: la falta de autonomía, de libertad y de derechos de los productores, continúa.

La experiencia de la ola de inspectores en los últimos años ha demostrado su fracaso. Ni cambios frecuentes de los inspectores de los lugares que visitan, ni la supervisión y depuración sistemática de los mismos, ni la formación de más y más inspectores simples o integrales, ni la creación de cuerpos de inspectores para inspeccionar a otros inspectores ha repercutido en la eficiencia productiva; al contrario, medio del desequilibrio existente entre el salario y el costo de la vida muchos de nuestros fiscalizadores convirtieron las inspecciones en una vía fácil para mejorar su canasta familiar. La sociedad cubana, altamente calificada y emprendedora, no requiere de paternalidad sino de autonomía de los productores, de derecho de propiedad y salarios en correspondencia con el costo de la vida.

Si se quiere eficiencia en la producción de alimentos hay que proceder, cuanto antes, a la transformación de los ociosos latifundios estatales en grandes, pequeñas o medianas empresas e incentivar a sus dueños, privados o colectivos, con imposiciones fiscales bajas y flexibles. Recodemos aquella afirmación de José Martí: “El mejor ciudadano es el que cultiva una extensión mayor de tierra”; pero por supuesto, primero tiene que poseerla. Ahí debería radicar la principal función de la nueva institución agrícola.

La Habana, 7 de junio de 2008

 

Por Dimas Castellanos

 

El pasado 28 de abril, en el discurso de clausura del VI Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, el Presidente del Consejo de Estado declaró que: “La producción de alimentos debe constituir una tarea principal para los dirigentes del Partido”, tarea que calificó como “asunto de máxima seguridad nacional”.

 

A lo largo de nuestra historia ningún gobierno enfrentó un propósito de esa magnitud en tan difíciles condiciones: incapacidad económica, insuficiencia de los salarios, indisciplina laboral, desinterés de los trabajadores por el resultado productivo, desesperanza generalizada y creciente deterioro ético, en un contexto caracterizado por el aumento de los precios de los alimentos en el mercado internacional. Un resultado de un sistema político totalitario, basado en el voluntarismo y una economía prisionera de la ideología. Una prueba de ello consiste en que durante varios años, en vez de trabajar para sustituir importaciones, se dedicaron millones y millones de dólares para comprar alimentos en los Estados Unidos, una cifra que pudo emplearse para la conversión de nuestra agricultura en fuente de empleo y desarrollo sostenible.

 

Con independencia de que la producción de alimentos se considere “tarea principal para los dirigentes del Partido”, la realidad demanda transformaciones profundas en el sistema salarial y en la estructura de la propiedad agraria para poder promover el interés de los trabajadores, pues en el estado actual los cubanos no quieren trabajar por un salario ajeno al costo de la vida. 

En ese sentido es bueno tener presente dos razones: 1- Que el trabajo es tanto fuente de riqueza como de propiedad. La sensación de pertenencia que ejercen tanto el derecho que tiene cada persona sobre sí mismo como el instinto de apropiación sobre las cosas, es mucho menor que la sensación de propiedad que genera el trabajo sobre los productos creados, por la sencilla razón de que lo producido es resultado de las fuerzas físicas y espirituales del productor; y 2- Tal como el desarrollo individual y el social se condicionan mutuamente, la propiedad privada y la social se complementan, por lo que el problema no radica en la elección de una u otra forma de propiedad, sino en la capacidad y voluntad para determinar en cada época, lugar y condiciones, cuál o cuáles de las formas resultan más ventajosas. Ambas razones vinculan la institución de la propiedad con el interés productivo y la convierten en fundamento del orden social. 

Si se asume lo anterior, entonces el reto de

la Cuba de hoy radica en convertir la propiedad y los salarios en palancas del desarrollo económico. Una estructura en la que de un lado, convivan y cohabiten sus variadas formas con sus propias dinámicas: la propiedad privada, mixta, y cooperativa, la autogestión o los consejos de trabajadores en las empresas; la propiedad municipal y las entidades económicas controladas por el Estado; y de otro lado, la redistribución se rija por el principio de cada cual según su capacidad a cada cual según su trabajo. Se trata de una combinación que sitúa las decisiones básicas en el lugar donde éstas deben realizarse y que es compatible con las ideas de participación creativa y plena de los trabajadores.  

Sería, además, la solución de un problema histórico; pues en Cuba los latifundios coloniales devinieron latifundios republicanos y finalmente latifundios socialistas, estos últimos caracterizados por la propiedad de nadie y el desinterés de todos, donde los ciudadanos, desposeídos e impedidos por ley de ser propietarios y de recibir en dependencia de sus aportes han tenido que acudir a las ilegalidades, entre ellas a la apropiación individual de la supuesta propiedad de todo el pueblo.

 

Se impone pues, si se quiere eficiencia en la producción de alimentos, suspender todas las regulaciones encaminadas a impedir la formación de una clase media rural y en su lugar proceder a la transformación de los ociosos latifundios estatales en grandes, pequeñas o medianas empresas e incentivar a sus dueños, privados o colectivos, con imposiciones fiscales bajas y flexibles. Dos medidas que repercutirían favorablemente sobre el propósito de aumentar la producción de alimentos, generarían una mayor oferta, variedad y calidad de productos agrícolas y la consiguiente disminución de los elevados precios actuales. 

A esas medidas debe unirse la institucionalización del contenido de los pactos de derechos humanos recientemente firmados por el gobierno cubano, lo que generaría un cambio significativo en la situación actual. “Quien quiera nación viva –decía José Martí– ayude a establecer las cosas de su patria de manera que cada hombre pueda labrarse en un trabajo activo y aplicable una situación personal independiente”. Y ese establecimiento pasa por la implementación y protección de los derechos y libertades que sirven de fundamento a la dignidad de la persona humana. 

La Habana. 6 de mayo de 2007 

 

 

 

 

 

Dimas Castellanos

Al concluir el VI Pleno del Partido Comunista de Cuba (PCC), el pasado 28 de abril, Raúl Castro planteó la necesidad de “afianzar el papel del Partido como vanguardia organizada de la nación cubana”, para situarse en mejores condiciones ante los futuros retos; lo que indica que la decisión de cambiar todo lo que deba ser cambiado incluye al partido gobernante.

El propósito de afianzarse como “vanguardia organizada” puede significar que se permitirá la existencia de otros partidos políticos; o que el PCC permitirá la existencia de diversas tendencias dentro del mismo; o que continuará siendo como hasta ahora el único partido permitido, pero que en cualquiera de las tres variantes el PCC se afianzará como vanguardia. Sin embargo, en cualquiera de las variantes el PCC tendrá que tener en cuenta lo siguiente:

1- La relación entre dignidad humana y asociación. Dignidad significa que las personas actúen según lo que le dicte su conciencia interior, y si esa conciencia le dicta al ciudadano pertenecer a una agrupación política diferente al PCC, ninguna fuerza exterior podrá impedirlo sin actuar contra el derecho de libre asociación.

2- Las ideas y prácticas de la modernidad, emergidas en la Europa del siglo XVI y afianzadas con las revoluciones burguesas del siglo XVIII, al unir el ideario del humanismo y la justicia con los principios de la democracia y la soberanía del pueblo, echaron los cimientos de la conciencia jurídica y la cultura política modernas y que trascendieron los intereses de la burguesía para encarnarse como imperativos morales y jurídicos de toda la humanidad. Ideas y prácticas que se plasmaron tanto en la constitución mambisa de la Yaya como en las constituciones republicanas.

3- La exclusión política, un mal presente a lo largo de nuestra historia ha desconocido que los partidos políticos, en todos los lugares y épocas, se integran por una parte de la población, mientras la sociedad –el todo– antecede y rebasa a los partidos. Así ocurrió cuando las ideas de la independencia, ausentes en los partidos de la Cuba de fines del siglo XIX, condujo a José Martí a la fundación del Partido Revolucionario Cubano; cuando Diego Vicente Tejera, para representar los intereses de los trabajadores, ausentes en los partidos liberales y conservadores de la época, fundó en 1899 el Partido Socialista Cubano; o cuando Eduardo Chibás decidió, en 1948, fundar el Partido Ortodoxo porque el Auténtico no satisfacía a una parte de sus integrantes.

4- La ocurrencia de acontecimientos que demuestran la existencia de un sector de la ciudadanía inconforme con la situación del país que dirige el PCC: el éxodo masivo; las manifestaciones de agosto de 1994; la apatía ante los llamados a la eficiencia económica; y el aumento de las abstenciones, boletas invalidadas y el voto selectivo en los comicios de enero de 2008, entre otros.

5 El Pacto de Derechos Civiles y Políticos vigente desde 1976 y recientemente firmado por el gobierno cubano, reconoce en su artículo 22 el derecho de libre asociación, lo que implica que los ciudadanos cubanos podrán asociarse en un partido diferente al PCC, lo que obliga a poner la legislación cubana en correspondencia con el contenido del Pacto firmado o en su lugar, demostrar las razones para que un partido impida la existencia de otro.

6- Históricamente para implantar el monopartidismo, los regímenes totalitarios tuvieron que destruir violentamente los demás partidos políticos o reducirlos a la condición de organizaciones burocráticas subordinadas, dando lugar al modelo más perfecto y terminado de régimen totalitario, y con él, al estancamiento y al fracaso.

Por las razones anteriores, cuando un partido niega a priori la existencia de otros partidos se está negando a sí mismo. Por eso, el propósito de “afianzar el papel del Partido como vanguardia organizada de la nación cubana” tiene que acompañarse del derecho de asociación, para que entonces, en presencia de otros partidos y por la superioridad de sus ideas y proyectos, el comunista pueda demostrar que puede convertirse en esa vanguardia.

Para Martí, el Partido revolucionario Cubano tenía, como medio, un objetivo definido y acotado en el tiempo: aunar voluntades y dirigir la guerra para fundar la República, no para dominar y prohibir la existencia de partidos diferentes después del triunfo.

El próximo Congreso del PCC podría ser un buen momento para anunciar la eliminación, en nuestro texto constitucional, del artículo 5 que refrenda el papel dirigente del PCC, y en su lugar plasmar el reconocimiento del pluripartidismo como necesidad del desarrollo social. Con ello el PCC estaría dando un paso trascendental al crear las condiciones mínimas en que puedan trabajar cooperadamente todas las fuerzas dispuestas a participar en la solución de la actual crisis, en la renovación de la sociedad cubana y en la definición de su destino; si es que somos capaces de retomar el rumbo perdido de la doctrina martiana.

El 20 de mayo de 1902, día en que nació la República de Cuba, constituye un episodio de nuestra historia caracterizado por la contraposición entre las virtudes y defectos de nuestra cultura política. Una reflexión acerca de lo ocurrido en la Convención Constituyente que nos dotó de la primera Carta Magna republicana, permite ponderar lo ocurrido antes y después de la República y reevaluar las conductas de los que tomaron tal decisión.

Los delegados, encargados de analizar el apéndice constitucional que refrendaba el derecho de Estados Unidos a intervenir en Cuba, omitía la Isla de Pinos como parte del territorio nacional e imponía la venta o arrendamiento de tierras para bases navales, concluyeron con su aceptación. El hecho los colocó ante las dos opciones posibles: una, rechazar la Enmienda –que tenía fuerza de ley y se imponía en condiciones de ocupación militar–, sin el Ejército Libertador, sin el Partido Revolucionario Cubano, sin Estado ni gobierno propios y con un pueblo agotado y huérfano de instrumentos e instituciones civiles; otra, negociar y dar nacimiento no a la República deseada sino a la posible en aquellas circunstancias.

Los delegados, que no contaban más que con su dignidad y capacidad, lucharon hasta recibir el golpe definitivo: un informe firmado por el Secretario de la Guerra decía que, el Presidente “está obligado a ejecutarlo y ejecutarlo tal como es… no puede cambiarlo ni modificarlo, añadirle o quitarle”, como condición para cesar la ocupación militar. Ante tal coyuntura se optó por lo posible para desde ahí gestar la República soñada, pues ir a la guerra en las condiciones descritas era lo mismo que el suicidio de la naciente nación. El hecho quedó condensado en el testimonio de José N. Ferrer, uno de los delegados a la Constituyente: “Entiendo que ya se ha resistido bastante y que no puede resistirse más. Consideré útil, provechosa y necesaria la oposición a la Ley Platt en tanto que hubo esperanza de que ésta se modificara o retirara por el Congreso americano… Hoy considero dicha oposición inútil, peligrosa e infecunda…”.

Así nació la República, sin independencia absoluta, pero con derechos civiles y políticos incorporados: el hábeas corpus, la libertad de expresión, los derechos de reunión y de asociación, la libertad de movimiento, la libertad de cultos, el derecho de sufragio, la división de poderes y otros que permitieron emerger de la postración económica, recuperar la Isla de Pinos, desembarazarse de la Enmienda Platt en 1934, derrocar a Machado y convocar la Constituyente que dio vida a la avanzada Constitución de 1940. ¿Qué habría sucedido si aquellos hombres hubieran optado por la violencia? Nadie lo sabe, de todas formas la historia es lo que sucedió.

Lo que vino después no se puede atribuir a la decisión de aquellos cubanos, casi todos independentistas. Las causas están en los males raigales de nuestra cultura, a saber, el caudillismo, la violencia, la intolerancia, la exclusión, el uso del poder como patrimonio personal o de grupos y la carencia de ética. Factores que impidieron la confluencia de la gesta emancipadora con el civismo ciudadano y que entorpecieron el completamiento de la nación.

Lo que se avanzó es inseparable de la negociación, los derechos y las libertades, como lo que nos estancó es responsabilidad de nuestros males seculares que hoy se expresan en desesperanza, apatía social, doble moral, escapismo y conductas delictivas; todo un reto para los que aspiramos a una Cuba de dignidad y amor.

Resultado de las relaciones anormales entre los gobiernos de dos países vecinos –Cuba y Estados Unidos– un acontecimiento sin precedentes, bajo la denominación de “Batalla de Ideas”, invadió el escenario político-cultural cubano no a consecuencia de la reflexión previa sobre la importancia de las ideas, sino como un subproducto del caso del balserito Elián González. La ausencia de la reflexión previa sobre el acontecimiento no impide, sino que hace más necesaria, la reflexión a posteriori. Sobre esa conclusión adelanto algunos criterios sobre lo que considero adolescencias de dicha Batalla.

El hombre, considerado como centro y como fin de la historia y no como medio es un principio ético que debe presidir todas las relaciones sociales. Ese principio, que parte del reconocimiento de la igualdad de los hombres como seres humanos, constituye el principal fundamento para la realización de la dignidad plena del hombre, lo cual comienza por el reconocimiento del individuo-ciudadano como sujeto de los cambios sociales.

Cualquier acción colectiva, si sus fines son el mejoramiento de la vida material y espiritual de los hombres –única razón que justifica las grandes movilizaciones humanas– debe tener en cuenta el principio ético que sitúa la primacía del ser humano como base de la participación. Lo que significa propiciar la participación en su elaboración en condiciones de libertad e igualdad previa a la ejecución. Con mucha más razón, cuando las acciones involucran a toda una nación, se impone la legitimación de las ideas mediante el consenso; mecanismo democrático del cual emergen –en un arduo proceso de intercambios de concepciones y puntos de vistas diferentes– las ideas representativas de la diversidad de intereses que conforman una nación.

Ignorar esa máxima, conciente o inconscientemente, es mover a “masas” humanas convertidas en objeto de ideas de otro, bien sea un individuo, un grupo o una élite de poder. Una de las incoherencias que introduce en la ciudadanía la ausencia de ese consenso, se expresa en la incoherencia en las manifestaciones públicas o privadas; eso que conocemos como doble moral. El otro problema radica en que, el intercambio de ideas requiere de espacios permitidos y adecuados para que las partes actuantes desplieguen los argumentos y contrargumentos; único modo civilizado y donde las únicas armas aceptables son las de la razón y el convencimiento. Escenario plural ausente en nuestra realidad.

La batalla es un concepto militar que designa el combate entre dos ejércitos, donde casi siempre el fin de cada uno es destruir al otro. En el campo de las ideas no se trata de destruir, sino de construir consensos, buscar verdades, encontrar respuestas adecuadas, objetivas, de progreso, donde incluso las ideas erróneas tienen también su función. El término que designa ese tipo de actividad social es el de Debate de ideas; concepto que parte de la libertad de expresión, de la igualdad de oportunidades, de escenarios accesibles a todos y respeto al diferente, ese otro que también es un ser humano.

Un auténtico debate de ideas debe comenzar por los requisitos más elementales como el acceso libre a la información, que en esta época implica acceso a Internet, espacios libres para el debate, la conformación gradual de una cultura democrática de respeto al diferente, libertad de expresión y posibilidades de participación en igualdad de condiciones. Requisitos precedidos por el reconocimiento ético del ser humano como lo primario, para que las ideas resultantes del Debate de ideas se transformen en fuerza material de los cambios sociales en bien de todos.

 

 

En el año 2003, para los cubanos educados en y acostumbrados a la idea de que sin azúcar no hay país, resultó traumático conocer la decisión de cerrar 71 de los 156 centrales azucareros existentes y redistribuir el 60% de las tierras destinadas a las plantaciones de caña para otros cultivos. Dos años después, se conoció que se cerrarían nuevamente otros 40 de los 85 ingenios sobrevivientes y retirarían de la producción otro 33% de las plantaciones de caña. Es decir, la mayoría de los ingenios desaparecen de nuestra geografía.

Cuba –que por sus condiciones naturales y el tesón de los productores se convirtió en la primera productora y exportadora mundial del dulce– comenzó un declive en el sector azucarero desde los años 90 del pasado siglo. Las causas: ineficiencia industrial, poca disponibilidad de caña, bajos rendimientos por caballería y un elevado costo de producción por tonelada, al punto que no pudo rebasar en esa década los 3,8 millones de toneladas de promedio, un monto que había sido alcanzado 70 años antes.

En respuesta al retroceso, en el año 2001, el titular del ramo pronosticó una recuperación azucarera que alcanzaría la cifra de 6,0 millones de toneladas. Se comenzó entonces a hablar de una nueva arquitectura del azúcar, de reconversión y del redimensionamiento de la industria azucarera. Conceptos que, en el 2002, tomaron cuerpo en la Tarea que lleva el nombre del sabio cubano Álvaro Reynoso –quien realizó en el siglo XIX un análisis integral de todas las operaciones relacionadas con el cultivo y cosecha de la gramínea– y que consiste en un paquete de medidas encaminadas a la eficiencia, en particular a lograr un rendimiento mínimo de 54 toneladas de caña por hectárea.

La zafra del 2002-2003, la primera después de iniciarse la reestructuración, alcanzó 2,2 millones de toneladas; la de 2003-2004 aumentó hasta 2,52 millones para caer en la siguiente cosecha -según la Agencia de Noticias Reuters- alrededor de 1,3 millones de toneladas: la peor cosecha azucarera en los últimos 100 años. Luego, sin informar que la Tarea Álvaro Reynoso fracasó y cuando se pronosticaba que el consumo azucarero aventajaría a la producción mundial y que los precios del dulce podrían alcanzar niveles de hasta 11-12 centavos por libra, se planteó el cierre de los 40 ingenios mencionados. Exactamente lo contrario de lo que hicieron los hacendados cubanos que aprovecharon el alza de los precios en 1793 para convertir a Cuba en la primera productora mundial de ese producto.

¿Por qué se cierran los ingenios a pesar de las ventajas de la caña de azúcar como materia prima renovable, de poseer condiciones envidiables para su producción, de ser el mayor empleador, el principal rubro de exportación y de haber constituido el motor de la economía de la Isla desde la época colonial? ¿Por qué otro país azucarero de la misma región como Brasil en ese mismo período elevó su producción hasta convertirse en el mayor productor y exportador mundial del rubro? ¿No tendrá relación el declive con la propiedad estatal absoluta?

El derecho a la propiedad, tiene su origen en el derecho natural y primario de cada hombre sobre su propia persona y que se extiende hasta los productos del trabajo, lo que convierte al acto productivo en fuente de apropiación y en factor de desarrollo. Entonces, si el problema radica en la forma de propiedad, de lo que se trata es de determinar cuál o cuáles son las más ventajosas en determinada época, lugar y condiciones. Pues las formas no pueden validarse por razones ajenas a su capacidad para generar bienes e intereses. Por tanto conservar cualquiera de ellas, una vez que ha perdido esa capacidad, significa convertirla en lo que es ahora: freno de la producción y del desarrollo social.

El cierre de los ingenios, que en Cuba afecta a todos, debió ser sometido a consideración de todos, especialmente de los llamados “verdaderos dueños”: los trabajadores azucareros. En segundo lugar, cualquier intento serio de reanimación de ese sector pasa por la transformación de los mecanismos que impiden a los cubanos ser propietarios, poder invertir en su propio país y vivir de su salario, sin lo cual es imposible revertir el declive que ha convertido a la otrora productora mundial en importadora de azúcar.

 

 

Una gigantesca y eficiente red de productos y servicios, al margen de la ley, funciona a lo largo y ancho del territorio nacional. La oferta de artículos originales o adulterados abarca, desde una aguja de coser hasta un detective privado; desde una linda caribeña hasta una consulta astrológica, desde una reparación de calzado hasta la construcción de mansiones; desde la prensa hasta un documento oficial. A falta de locales propios la red emplea los del Estado, donde comercializan o prestan sus servicios, lo que originó el vocablo Estaticular, que significa gastos del Estado y utilidades del particular. La fuente principal de abastecimiento es el robo, con la consiguiente corrupción. Los verbos escapar, luchar y resolver, designan acciones para adquirir lo necesario “adicional”.

La moral, conjunto de normas de conductas admitidas socialmente, si bien tiene como componente absoluto la idea de la igualdad humana, las condiciones sociales en cada época y lugar la convierten en relativa. La moral del sobreviviente, -herencia de frustraciones, expresada en acciones concretas e inmediatas- permeó la conducta de las mayorías a lo largo de nuestra historia, la cual se agudizó a partir de la segunda mitad del siglo XX con la ola de expropiaciones que comenzó por los grandes propietarios y no se detuvo hasta convertir al último puesto de fritas en “propiedad de todo el pueblo”. A ello se unió la monopolización de la política, el desmontaje de la sociedad civil, la precariedad de los derechos civiles y políticos, el deterioro de los salarios y jubilaciones en relación con el costo de la vida al punto que el trabajo dejó de ser la fuente principal de ingresos.

¿Cuál es el dilema de la familia cubana si el trabajo dejó de ser la fuente principal de ingresos? La respuesta es sobrevivir. Al poco valor del trabajo, las actividades alternativas. A la imposibilidad de tener empresas, la vía estaticular. A la ausencia de sociedad civil, la vida sumergida. Al pago en dólares, la lucha por el billete verde. Al desabastecimiento, el robo al Estado, -que en definitiva es “de todo el pueblo”- . Al cierre de todas las posibilidades, el escape hacia las fauces del enemigo. Si además esas conductas son aceptadas socialmente y cada familia de una u otra forma convive con ellas y las comparte, entonces predomina una moral negativa que sirve para sobrevivir, pero no para edificar nada positivo; un hecho a tener en cuenta para cualquier proyección social.

La larga duración y consolidación de esas conductas amenazan al futuro. 40 años nos separan de la conclusión del proceso de estatización y desaparición de la civilidad y casi dos décadas de la caída del Muro de Berlín. Demasiado tiempo para tan grave mal.

La salida de esa situación problemática demanda de una transformación estructural profunda que abarque desde la economía hasta la moral capaz de generar un cambio en la motivación y la actitud emprendedora de la ciudadanía como camino de soluciones materiales y recuperación moral. En fin, un programa integral a partir de la libertad, participación, espacios y oportunidades para todos.

“Tenemos un solo Partido, pero tenemos que convertirnos en el Partido más democrático que exista”, expresó en Santiago de Cuba el Segundo Secretario del Partido Comunista de Cuba, General de Ejército Raúl Castro, el 24 de diciembre de 2007. La noticia, largamente esperada por los miembros del único partido político que existe en Cuba –cuyo último congreso se realizó hace ya una década– trasciende los límites partidistas para penetrar en la impostergable democratización de la sociedad.

El problema radica en que la solución de la crisis estructural de

la Isla es imposible sin realizar cambios que propicien la participación de todos los ciudadanos. La exclusión de una parte de la sociedad, un mal repetitivo desde que comenzó la formación de la nacionalidad y la nación cubanas, continúa presente. Los partidos políticos, aunque se trate del PCC, están integrados por un sector de la población que asume su ideología. Pero la sociedad, que antecede y rebasa a los partidos, es el todo, mientras éstos son sólo una parte de la misma. Por tan elemental razón, la elevada disposición de convertirse en el partido más democrático –aunque lleve implícito el reconocimiento de que hasta ahora no lo era– al dejar fuera a la mayoría de los cubanos que cuentan con ideas, preparación y el legítimo derecho a la participación, pone en dudas su efectividad.

La respuesta que se brinde a la interrogante ¿Y los que no son miembros del PCC tienen derecho a asociarse de forma independiente para participar?, es tan esperada y necesaria como la declarada para los militantes comunistas. Si de lo que se trata es que el PCC sea el representante de toda la sociedad, habría que comenzar por instituir el añejo derecho de asociación, y entonces, en presencia de varios partidos, el comunista tendría la posibilidad de demostrar, además de la disposición, su capacidad para convertirse en el más democrático. La idea de democratizar el partido y de profundizar el socialismo no tiene otra salida que proceder a la democratización general, pues el socialismo sea del siglo XV o del XXI, no podrá ser de otra forma que no sea democrático.

La declaración sobre la democracia en el PCC se produce unos días después de anunciarse la determinación de firmar el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, cuyo artículo 22 reza: “Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses”. Ello obliga a poner nuestra legislación en correspondencia con el contenido del Pacto para eliminar de la misma cualquier impedimento legal para que los cubanos puedan asociarse libremente sobre la base de ideas diferentes a las del partido gobernante.

La comparación con Estados Unidos, donde existen solo dos grande partidos que monopolizan al electorado, carece de sentido, porque en aquel país, no hay nada en

la Constitución que los declare vanguardia organizada de la nación ni que limite la existencia de otros partidos. De hecho, en ese país existe el Partido Verde, el Partido Comunista, el Partido Libertario y el Partido Socialista Obrero; además de otros con determinada influencia local o regional. Es decir, el bipartidismo carece de fundamento jurídico.

Es necesario que los ciudadanos y los grupos sociales con sus propios objetivos e intereses, cuenten con un sistema que garantice igual representación en la legislación y la administración del Estado, para lo cual la democratización del PCC constituye un paso importante pero insuficiente.

El desarrollo de la sociedad no excluye la formación de partidos sino que la implica, por ello hay que crear condiciones para la expresión de los diferentes criterios políticos. En ese sentido, el artículo 5 de

la Constitución cubana que refrenda el papel dirigente del PCC debe ser sustituido, tarde o temprano, por el reconocimiento del pluripartidismo como necesidad social. Ese derecho constituye una necesidad de la sociedad y será un paso político decisivo para el propio Partido Comunista, al abrir canales para una solución pacífica de las contradicciones existentes.

 

Viaje al centro de la tierra, de Marianela Martín González y Dora Pérez Sáez, publicado el 16 de diciembre de 2007 en Juventud Rebelde, constituye una señal de la pérdida de terreno que comienza a sufrir el inmovilismo en Cuba.

El intento de desarrollo económico desde el monopolio estatal de la propiedad, un elemento característico del socialismo totalitario, terminó en el camino de las reformas. En Rusia, en los ex-países socialistas de Europa del Este, en China y en Vietnam. En Cuba, el monopolio de la propiedad, al igual que en el resto de los países socialistas, condujo a un estancamiento económico que intentó paliarse con reformas coyunturales que, al situar en primer plano los intereses del poder, terminaron en una contrarreforma dirigida a impedir la formación de una clase media.

El denominador común en los casos mencionados radica, entre otros factores, en la imposibilidad de aumentar la producción y la productividad sin la introducción de mecanismos de mercado, la autonomía de los productores, el derecho de propiedad y la correspondencia de los salarios con el costo de la vida.

En sintonía con el resurgimiento del debate convocado para analizar el discurso de Raúl Castro en julio de 2007 –cuya médula radica en la declaración de cambiar todo lo que deba ser cambiado– en la prensa oficial han ido apareciendo tenues manifestaciones de críticas a la ineficiente gestión estatal. En ese contexto algunos planteamientos realizados por campesinos, dirigentes y especialistas recogidos en Viaje al centro de la tierra, merecen ser comentados:

· La conversión de tierras estatales en Unidades Básicas de Producción Cooperativas (UBPC) en 1993 no respondió a un proyecto de socialización sino a la crisis de la economía. Por esa razón surgieron endeudadas y con limitaciones para el empleo del poco dinero disponible.

· La necesidad de “ofrecerle a la gente que habita el campo condiciones para que viva” constituye un reconocimiento de las insuficiencias que van desde los salarios hasta la ausencia de libertades para producir.

· La necesidad de la “autonomía territorial”, es un planteamiento que apunta contra el centralismo burocrático que ha asfixiado a la economía agrícola durante décadas.

· El reconocimiento de que los sectores cooperativo y campesino con el 35% de la tierra cultivable del país aportan más del 60% de la producción; mientras las UBPC, junto con las granjas estatales, dueñas del 65% de las tierras, sólo contribuyen con un 35%, se une a la afirmación de que las UBPC constituyen el peor rostro de las entidades visitadas durante las entrevistas.

· La confirmación de que Cuba, nación agrícola por excelencia, mantiene el 50 por ciento de sus tierras ociosas, deficientemente explotadas y/o infectadas de marabú, razón por la cual hay que destinar miles de millones de dólares para importar alimentos.

· Algunos entrevistados expresaron que al campesino no le importa si el suelo es o no suyo, que lo importante es que lo dejen producir tranquilo o que “el sentido de pertenencia es imprescindible para todo, mucho más para atender la tierra”. Sobre el tema, el propio Lugo Fonte, presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, reconoce la imperiosa necesidad de comenzar a distribuir más tierras, en un proceso “inteligente” para, según él, evitar la “explotación del hombre por el hombre”, pero introduce la disposición de permitir trabajadores contratados.

· En relación a la comercialización, el reconocimiento de que se pierde el 30% de la producción, entre otros factores, porque no hay envases, camiones o neumáticos. A lo que se suma la ineficiencia del monopolio encargado de la compra, transportación, venta y pago a los agricultores.

Si lo primero para iniciar las transformaciones en nuestra maltrecha economía agrícola es el conocimiento de las causas, los reconocimientos citados parecen apartarse del hábito de culpar al “enemigo” o de críticar a otros países por producir alimentos para combustibles. En su lugar se pone luz sobre las causas internas que señalan al obsoleto e inviable modelo de control absoluto del Estado. Entonces, si existe un paquete de reclamos populares surgido del debate promovido a raíz del planteamiento del General Raúl Castro de cambiar todo lo que deba ser cambiado, lo que resta es la voluntad política y las correspondientes medidas para iniciar las transformaciones que la agricultura cubana está demandado a gritos. ¡Ojalá el viaje acabe de producirse!