La Enmienda Platt, el apéndice impuesto a la Constitución de 1901, guarda una estrecha relación con los profundos males de la Cuba de hoy. Consecuencia de la correlación de fuerzas y de los intereses geopolíticos de las potencias de la época, la declaración de guerra de Estados Unidos contra España cambió el curso de los acontecimientos. Las tres décadas de insurrección iniciadas en 1868 culminaron, primero con la ocupación norteamericana y después con la injerencia permanente en nuestros asuntos internos.

Antecedentes

La raíz de la Enmienda Platt se puede ubicar en 1805, cuando Thomas Jefferson 1 notificó a Inglaterra que, en caso de guerra con España, los Estados Unidos se apoderarían de Cuba por necesidades estratégicas; decisión que fue recogida en 1823 en la política de la fruta madura, la cual John Quincy Adams2 , resumió así: “… Pero hay leyes de gravitación política como las hay de gravitación física y así como una fruta separada de su árbol por la fuerza del viento, no puede aunque quiera, dejar de caer en el suelo, así Cuba, una vez separada de España y rota la conexión artificial que la liga con ella, es incapaz de sostenerse por sí sola, tiene que gravitar necesariamente hacia la Unión Norteamericana…”. Posteriormente esa política se convirtió en la Doctrina Monroe 3, cuyo autor, en una nota a su ministro en Madrid, le expresó: “Estas islas por su posición local son apéndices naturales del continente norteamericano, y una de ellas, la isla de Cuba, casi a la vista de nuestras costas, ha venido a ser, por una multitud de razones, de trascendental importancia para los intereses políticos y comerciales de nuestra Unión”4

Después, en 1896, Cleveland 5 dijo textualmente en un mensaje presidencial: “… Cuando se haya demostrado la imposibilidad por parte de España de dominar la insurrección, y se haya manifiesto que su soberanía en la isla está prácticamente extinguida… habrá llegado entonces el momento de considerar si nuestras obligaciones a la soberanía de España, han de ceder el paso a otras obligaciones más altas, que escasamente no será posible dejar de reconocer y de cumplir.” 6

La política de Cleveland se materializó con William Mc Kinley 7, en el momento en que Cuba se había convertido en colonia económica de Estados Unidos, se había producido el asesinato del jefe del gobierno español Antonio Cánovas del Castillo y se había vencido el plazo concedido por el gobierno norteamericano para otorgar la autonomía a la Isla. En esas condiciones, ya demasiado tarde, España cedió la autonomía y sustituyó al sanguinario general Weyler; una decisión que generó los disturbios por los que se envió el acorazado Maine a La Habana y cuya explosión fue el motivo inmediato del ultimátum de Mc Kinley a España y de la solicitud de autorización al Congreso para “asegurar” el fin de la guerra.

Con ese objetivo el Senado aprobó un proyecto que declaraba: “que el pueblo de Cuba era y de derecho debía ser libre e independiente y que los Estados Unidos reconocían la República de Cuba como gobierno legal y verdadero de la Isla”. Ese proyecto, modificado por la Cámara de Representantes, omitió lo referido al “reconocimiento de la República de Cuba” y se convirtió en la famosa Resolución Conjunta, del 20 de abril de 1898, en la que se expresaba que Estados Unidos no tenía “intención ni deseo de ejercitar en Cuba soberanía, jurisdicción o dominio”. Cinco días después se declaró la guerra contra España 8.

En su mensaje del 5 de diciembre de 1899 Mc Kinley dijo: “La nueva Cuba, que ha de surgir de las cenizas del pasado tiene que estar necesariamente ligada a nosotros por vínculos de especial intimidad y fuerza… lo cierto es que los futuros destinos de Cuba, en cierta forma y manera legítimas, están irrevocablemente unidos a los nuestros…” 9.

Derrotada España y firmado el acuerdo de París, los ocupantes convocaron al pueblo de Cuba a elecciones generales para designar los delegados a la Asamblea Constituyente. En la apertura, el gobernador militar de la Isla señaló los deberes de los delegados elegidos: “Será vuestro deber, en primer término, redactar y adoptar una constitución para Cuba y, una vez terminada ésta, formular cuáles deben ser, a vuestro juicio, las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos”.

En febrero de 1901, cuando la Asamblea terminó sus labores y se firmó el texto definitivo, se creó la Comisión para formular las relaciones que debían establecerse entre los dos países, la cual recibió de parte de las autoridades norteamericanas, las estipulaciones que deberían tener en cuenta. Una vez consideradas las estipulaciones, los delegados consideraron que algunas de ellas eran inaceptables, porque vulneraban la independencia y soberanía de Cuba. Terminada la labor, el 26 de febrero se le comunicó dicho acuerdo al general Wood, acuerdo que fue rechazado por el gobierno norteamericano.

Al tiempo que esto ocurría en Cuba, el Congreso norteamericano discutía una enmienda a un proyecto de ley que concedía créditos para mantener al ejército estadounidense durante el año fiscal. El texto, calcado de las recomendaciones que el Secretario de Estado había enviado al gobernador militar de Cuba, decía que: “los Estados Unidos bajo ningún concepto, permitirán que ninguna otra potencia extranjera, excepto España, adquiriese jamás posesión de Cuba”10 . La enmienda, presentada por el senador Orville H. Platt, fue aprobada, firmada por el presidente de Estados Unidos y entregada a Convención Constituyente para su incorporación a la naciente constitución cubana, con lo cual quedaba anulada la Resolución Conjunta, que reconocía el derecho del pueblo cubano a ser libre e independiente. En marzo la Convención recibió el texto de la Enmienda Platt en su carácter de ley, reinició las deliberaciones y el 12 de abril dejó definida su oposición a la Enmienda y se envió una comisión a Washington11 para explicar las razones, cuyo único resultado fue la inalterable decisión de Estados Unidos de incorporar la Enmienda como apéndice de la Constitución.

Finalmente, la Enmienda fue aprobada el 5 de junio por la Asamblea Constituyente por 15 votos contra 14, pero con las objeciones que los delegados cubanos presentaron a cada una de las estipulaciones norteamericanas; acuerdo que también fue rechazado por ese gobierno. Días más tarde, la Convención recibió un informe firmado por el Secretario de la Guerra, declarando que: “siendo un estatuto acordado por el Poder Legislativo, el presidente de los Estados Unidos está obligado a ejecutarlo y ejecutarlo tal como es”. Y agregaba como condición para cesar la ocupación militar: “No puede cambiarlo ni modificarlo, añadirle o quitarle”.

Agotadas todas las posibilidades por parte de los cubanos, se acordó sin debatirse, por 16 votos contra 11, adicionar el discutido apéndice a la Constitución. José N. Ferrer, quien en la primera oportunidad votó en contra, explicó su decisión: “Entiendo que ya se ha resistido bastante y que no puede resistirse más. Consideré útil, provechosa y necesaria la oposición a la Ley Platt en tanto que hubo esperanza de que ésta se modificara o retirara por el Congreso americano... Hoy considero dicha oposición inútil, peligrosa e infecunda... Por esto y porque es el único medio para establecer el Gobierno de la República”. Así, la Enmienda Platt, expresión fiel de la Doctrina Monroe, se presentó totalmente desnuda en su contenido anexionista.

Los efectos

La Enmienda Platt, aunque de hecho y de derecho dejó de formar parte de la Constitución cubana, cuando fue vaciada en el Tratado Permanente entre Cuba y Estados Unidos en 1903, su efecto continuó presente en las intervenciones y en la injerencia

En 1906 las tropas norteamericanas desembarcaron en dos oportunidades por el conflicto en torno a la reelección presidencial de Tomás Estrada Palma y aunque se retiraron en 1909, a partir de ese momento se acentuaron las intromisiones en nuestros asuntos internos durante el gobierno de Mario García Menocal, al punto que William E. González, ministro norteamericano, daba a los periódicos cubanos notas y proclamas dirigidas al pueblo amenazando a los liberales alzados, y el general Enoch H. Crowder, enviado especial del presidente de los Estados Unidos, se inmiscuía en todos los asuntos del patio. En 1933, durante el gobierno de Gerardo Machado, el embajador Summer Welles continuó la precedente conducta injerencista. En su mediación, con el fin de apartar a Gerardo Machado del poder, la primera reunión entre delegados del gobierno y de la oposición se celebró en la embajada norteamericana en La Habana.

En agosto de 1934, la necesidad de Estados Unidos de variar su imagen en la región condujo a la política del buen vecino, enunciada por el presidente Franklin D. Roosevelt , lo que unido a la efectividad de la labor diplomática de Cuba, permitió que se firmara el Tratado de Reciprocidad Comercial, con lo cual quedó derogada la Enmienda Platt; permaneciendo pendiente de solución la cláusula referente a la Base Naval de Guantánamo.

Si perjudiciales fueron para los cubanos las injerencias y el daño causado por la pérdida de la fe y de la confianza en el esfuerzo propio; peor ha resultado el efecto de la política de los Estados Unidos después de 1959. En respuesta a las medidas dictadas, especialmente por las confiscaciones de propiedades norteamericanas, surgió un diferendo que se aproxima a medio siglo de duración. Su más reciente capítulo tuvo lugar en octubre de 2004, cuando el presidente estadounidense dio a conocer la creación del “Fondo de libertad para Cuba”. Un diferendo que ha convertido la política estadounidense en asunto interno del gobierno cubano y se ha utilizado eficientemente para solapar los conflictos internos, consolidar el inmovilismo y posponer, una y otra vez, los cambios estructurales que la realidad del país requiere.

¿Por qué? Porque los Estados Unidos son el único Estado de la comunidad internacional que tiene un proyecto para “implantar la democracia en Cuba” y para ello ha destinado fondos federales. Una política que califica como injerencia en los asuntos internos de otro Estado y por tanto ilegítima en el derecho internacional. Si a esa realidad se le añaden las intervenciones, injerencias e intromisiones realizadas desde la imposición de la Enmienda Platt hasta el apoyo brindado al gobierno de Batista, así como la pérdida de autoestima al elaborarse un proyecto extranjero para la democratización de Cuba, desconociendo nuevamente la capacidad de los cubanos para definir su destino –una evidente falta de respeto a nuestra capacidad e inteligencia– no queda duda de la estrecha relación entre esa política y los males de la Cuba de hoy.

Si realmente la actual o la próxima administración norteamericana desean colaborar a la democratización de Cuba, deberían comenzar por reconocer la historia de sus errores políticos para con la Isla, disculparse con el pueblo cubano y proceder a tender puentes para la normalización de las relaciones. Por su parte, las autoridades cubanas deberían, además de la declarada disposición a normalizar las relaciones, expuesta por el General Raúl Castro el 2 de diciembre de 2006, tomar en cuenta el paquete de reclamos presentado por el pueblo de Cuba en las asambleas recién celebradas y comenzar a tomar medidas encaminadas a dotar a los cubanos de los derechos y libertades que permitan encaminar todas las energías, conocimientos e iniciativas de la sociedad para emprender las posibles soluciones a los profundos y complejos problemas que nos aquejan.