Bajo la consigna de “A nominar al mérito y a la capacidad” se están celebrando en toda Cuba las elecciones a delegados de circunscripción del Poder Popular. Una vez concluida esta etapa donde se incluye la formación de las Asambleas Municipales, se procederá a elegir las Asambleas Provinciales y a los candidatos de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

La importancia de esta primera etapa radica en que de entre los más de 15 mil delegados que salgan elegidos en las circunscripciones, una comisión de candidaturas elegirá aproximadamente la mitad de los integrantes de la Asamblea Nacional, donde están las personas que en algún momento tienen que levantar la mano para aprobar o desaprobar las leyes y para votar por las propuestas que se hagan para los cargos de Presidente y demás miembros del Consejo de Estado.

La convocatoria a tomar al mérito como elemento de primer orden a la hora de nominar a los candidatos resulta de máximo interés para entender a cabalidad este proceso. La palabra mérito encierra un concepto muy específico en la terminología cubana de las últimas décadas. Está acuñado, en ese diccionario no escrito del lenguaje de la revolución cubana, que los méritos son los que sirven para recibir una vivienda, un artículo electrodoméstico, una casa en la playa o un automóvil. De ahí que se use el término meritocracia para designar a esa clase que ha ascendido en la jerarquía partidaria o gubernamental y que se haya instaurado la práctica de hacer méritos, que es todavía la forma de procurar el logro de una pretensión con servicios, diligencias u obsequios adecuados.

El mérito solo se concibe si está debidamente reglamentado por una moral, una ideología o una religión. Cuando en Cuba se dice que hay que nominar al mérito, se está advirtiendo claramente que hay que nominar a aquellos ciudadanos que estén dentro de los parámetros de lo que se considera meritorio para los patrones ideológicos existentes, que son, sin dudas, los patrones ideológicos del Partido Comunista.

Posteriormente, cuando ya se haya decidido quiénes son los candidatos, se colocarán las fotos y las biografías de los propuestos para que los electores voten por uno de ellos. No será posible distinguir cómo piensan las personas nominadas en relación a los problemas de la población, mucho menos si tienen en mente algún programa que proponer; solamente se podrán conocer sus datos personales y aquellos elementos de su vida que lo identifican como una persona digna de confianza. Para decirlo con las palabras de la Ley Electoral en su artículo 171: “Todo elector sólo tomará en cuenta, para determinar a favor de qué candidato depositará su voto, sus condiciones personales, su prestigio, y su capacidad para servir al pueblo.”

De manera que en las asambleas cada cual sabe a lo que debe atenerse. Proponer a una persona que no sea “políticamente correcta” o votar por ella a mano alzada a la vista de todos, puede ser tenido como un acto sumamente comprometedor.

La diversidad a la que se puede aspirar mediante este procedimiento es la que se proclama en las cifras de mujeres y hombres, jóvenes y viejos, obreros, campesinos, estudiantes, intelectuales y militares, pero ese espectro de variedad ocupacional, de sexo o generación no refleja la verdadera complejidad, el laberinto de intereses y tendencias de nuestra sociedad, sino que se presenta como un abanico de un solo color.

Un proceso de esa naturaleza no permite albergar la más mínima esperanza de que las próximas elecciones podrían ser un paso tendiente a introducir en nuestra sociedad los cambios que tanto se necesitan, ni siquiera que el Parlamento sea el foro cívico en el que al fin se discutan los problemas que padecemos y se propongan las soluciones de las que todo el pueblo habla en voz baja.

Mientras se insista en que hay que elegir a los de más mérito, en lugar de a quienes mejor representen los intereses de la población, Cuba seguirá teniendo un Parlamento obediente, con el incalificable expediente de no haber desaprobado ni una sola ley en sus más de 30 años de existencia y con el baldón de haber refrendado de forma nominal, uno a uno y frente a las cámaras de televisión, una modificación a la Constitución de la República mediante la cual los diputados se prohibieron a sí mismos aprobar nada que cambiara el sistema.

Un Parlamento sin tendencias, sin líderes de opinión, apenas sin discusiones, en un país donde están tan polarizadas las opiniones, con cientos de prisioneros políticos y millones de emigrados, en una isla donde tanta gente murmura su inconformidad, un Parlamento así solo puede ser representante del poder y no del pueblo, por muchas innegables acrisoladas virtudes morales, laborales, artísticas, deportivas o científicas que atesoren las biografías de sus integrantes.

Ni el mérito ni la capacidad deben ser las únicas virtudes de nuestros parlamentarios. Por sobre todas las cosas, ese cónclave debe encarnar los diferentes intereses de los ciudadanos; ser todo lo diverso que son nuestros rostros y nuestras voces, para presentarse como la autoridad que examine y califique al gobierno y no como otra polea de transmisión de las orientaciones que se gestan más arriba. Un Parlamento realmente plural, crítico y valiente es lo que necesitamos los cubanos. Mientras mantengamos la forma actual de conformarlo, sólo saldrán de sus reuniones aprobaciones unánimes, aplausos prolongados y grandes ovaciones, pero no las soluciones a nuestros problemas.

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Revista Digital Consenso