Revista Digital Consenso
Número 8 de 2007


La agricultura cubana: cambiar todo lo que debe ser cambiado
Dimas Castellanos


El discurso pronunciado por el General de Ejército Raúl Castro el pasado 26 de julio en Camaguey, cerró con una cita de las palabras de Fidel el primero de mayo del 2000:

“Revolución es sentido del momento histórico; es cambiar todo lo que debe ser cambiado; es igualdad y libertad plenas; es ser tratados y tratar a los demás como seres humanos...”.
Hermosas palabras sobre los valores éticos, la dignidad humana y el reconocimiento -al menos verbal- de la necesidad del cambio, palabras que, según Raúl, siempre debemos tener presente para aplicarlas diaria y creadoramente en nuestro trabajo.

Cada proceso biológico o social tiene su propio tiempo; el de iniciar los cambios en la agricultura está en su límite. En su discurso el Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros reconoció deficiencias, errores y actitudes burocráticas o indolentes y afirmó que el Partido y el Gobierno vienen estudiando con profundidad estos y otros complejos y difíciles problemas, que requieren de un enfoque integral y a la vez diferenciado en cada lugar concreto. Si las palabras anteriores se acompañan con la voluntad política y las medidas correspondientes, entonces estaremos realmente iniciando las transformaciones que nuestra agricultura reclama a gritos.

En su discurso, Raúl afirmó que la decisión, fundamentalmente de los Estados Unidos, de transformar en combustible el maíz, la soya y otros alimentos, ha disparado sus precios y los de productos que dependen directamente de ellos, como los cárnicos y la leche. De ahí la importancia de producir estos últimos en Cuba donde sobra tierra y las lluvias de los dos últimos años han sido generosas. Sin embargo, reconoció que los campos están infectados de marabú.1 La decisión de producir más para reducir importaciones de productos cultivables en Cuba obliga a hacer más eficiente el uso de la tierra. Para ello, aseguró, habrá que introducir los cambios estructurales y de conceptos que resulten necesarios, aunque no especificó si los mismos incluirán la estructura de la propiedad agraria.

Como casi todas las tierras son de propiedad estatal, se supone que el aumento de la producción agrícola se realice fundamentalmente en esas tierras, pero las mismas, como expresara al diario Granma2 el delegado de la Agricultura en Villa Clara: “del área dedicada a ganadería en la provincia el 65% está infectada de marabú-aroma, y de ellas no pocas están improductivas”, cuadro que se repite en casi todas las tierras estatales del país. Sin embargo, resulta curioso que en las tierras que poseen los campesinos privados el marabú está ausente. De esa realidad surge la interrogante ¿Por qué el marabú se manifiesta de forma diferente en una u otra forma de propiedad?

Las palabras de Raúl Castro –que parecen anunciar la prioridad de su plan para la agricultura– constituyen un reconocimiento de los profundos males en ese sector. Sin embargo, aún no se han planteado, al menos públicamente, las causas que han engendrado el estado actual de la agricultura cubana. En ese sentido y aceptando la definición de que “Revolución es sentido del momento histórico; es cambiar todo lo que debe ser cambiado; es igualdad y libertad plenas”, expongo como cubano libre, mis criterios acerca de lo que no puede dejarse sin cambiar.

Los intentos de solución de cualquier crisis comienzan por reconocer sus causas. Si a la economía se le priva de su necesaria autonomía, subordinada a la política, basada en el voluntarismo y el subjetivismo y ajena a las leyes que la rigen, está condenada al estancamiento y la involución. Ese ha sido y es el caso de Cuba. En ese orden de cosas, la primera gran carencia de la agricultura cubana, reconocida ya por casi todos, es la falta de la autonomía que demanda su naturaleza. Se impone pues, emprender transformaciones estructurales dirigidas a la democratización de las relaciones económicas, con independencia de cualquier interés partidista o ideológico; transformaciones que deben comenzar por la promulgación de leyes, la creación de espacios y la institucionalización de derechos y libertades para que, paralelos al Estado, los empresarios emergentes y trabajadores del campo puedan participar como sujetos activos e interesados en los resultados de la gestión económica. Sin esas medidas básicas es posible que se pueda resistir 50 años más, pero será imposible salir de la crisis en que está sumida nuestra maltrecha economía.

Tanto la milenaria experiencia práctica como la ciencia económica han demostrado el insustituible papel del interés de los trabajadores en el aumento de la producción y la productividad del trabajo, ámbito en el cual la propiedad desempeña un estimable papel. La propensión a la posesión de propiedad es un instinto primario que emana del derecho3 que cada persona tiene de sí mismo por el simple hecho de ser miembro de la especie humana; instinto que se extiende a los productos del trabajo, porque en el acto de creación se materializan las fuerzas físicas y espirituales del autor, generando en él una fuerte tendencia a la posesión de lo producido. A ese “instinto” de apropiación se suma el de ocupación. “Lo que no es de nadie es apropiable”; un instinto que genera la sensación de pertenencia sobre el objeto ocupado.

Lo anterior explica que el derecho milenario de propiedad que los hombres tuvieron sobre las herramientas y utensilios del hogar se extendió en el tiempo a todos los bienes, producidos u ocupados, a los que en la actualidad se incluye el conocimiento. Como la libertad es un atributo tan definidor de lo humano, en su ausencia no hay personas y los bienes, una vez apropiados, brindan libertad, seguridad y estabilidad personal y familiar, y constituyen un factor determinante del interés por los resultados de la producción.

Esa estrecha relación entre interés y propiedad fue señalada tanto por Aristóteles (384-322 a. C.) como por Santo Tomás de Aquino (1225-1274), la propiedad privada es una institución necesaria al hombre por razones puramente prácticas y por tanto se justifica en la medida que sea útil para el bien de los hombres. Mientras que para el inglés John Locke (1632-1704), máximo representante de la doctrina filosófica del empirismo, el planteamiento de que la propiedad es originada por el trabajo4 y de que éste forja el destino del hombre, le permitió elaborar las bases de la teoría liberal sobre el derecho del hombre al fruto de su trabajo.

Si la propiedad consiste en que ciertos bienes, apropiables y apropiados, se someten al dominio exclusivo de particulares y se constituyen en medio personal de desarrollo, la misma se puede definir como el derecho exclusivo de disponer de una reserva de bienes proveniente del trabajo físico o espiritual o heredados de determinado orden social que permite a la persona y/o la familia cierta libertad de acción, seguridad, estabilidad o determinados privilegios.

Entre los factores que determinan el interés de los trabajadores y empresarios por los resultados de la producción, ocupan un lugar central la propiedad sobre los medios de producción y la participación en la distribución de lo producido. Una realidad ausente en las relaciones de propiedad vigentes en Cuba, las cuales bloquean la plena participación ciudadana, –en un país donde precisamente su potencial económico radica en la alta calificación de sus ciudadanos.

Como el desarrollo personal se realiza mediante las relaciones sociales y el avance social depende a su vez de la participación de las personas, ambos se condicionan mutuamente, como también se condicionan las diferentes formas de propiedad. Por ello la disyuntiva es falsa. El problema no radica en la elección entre una u otra forma, sino en determinar cuál o cuáles de ellas resultan más eficaces para el desarrollo personal y colectivo en cada momento y condición concreta. Ello hace de la institución de la propiedad un fundamento del orden social. Ambas formas, la privada y la social en sus disímiles variantes, son instituciones necesarias por razones prácticas, y se justifican en la medida en que son útiles para el bien de los hombres, que por definición ética debe ser siempre lo primario, la propiedad no es sino un medio de coadyuvar al verdadero fin: la persona humana.

Cuando se pierde o se deteriora la relación entre propiedad y apropiación, como ha ocurrido en Cuba con la llamada propiedad de todo el pueblo, que en realidad es propiedad del Estado y desinterés de todos, ocurre que los ciudadanos, desposeídos e impedidos por ley de ser propietarios y/o de recibir en dependencia de sus aportes, en vez de responder a los heroicos llamados productivos ajenos a sus necesidades concretas, prefieren buscar los medios para subsistir a través de ilegalidades, engaños, robos, mendicidad y apropiación de la propiedad de todo el pueblo, con el consiguiente perjuicio productivo y el deterioro ético de los ciudadanos; realidad reconocida ya en el discurso de Raúl Castro.

Tal situación de nuestra economía, al generar empobrecimiento material, cultural y espiritual ha empujado gradualmente a la sociedad hacia formas zoológicas de vida. El reconocimiento de esta cruda realidad interna no significa que el embargo norteamericano, la desaparición del socialismo en Europa del Este o cualquier otra causa externa, no hayan tenido un efecto dañino sobre los resultados económicos; más bien, el reconocimiento apunta a demostrar que la esencia de la crisis radica, ante todo, en la ineficiencia e incapacidad productiva del no-modelo vigente y que por ello, precisamente ahí, en los factores internos, es donde podemos y debemos concentrar los esfuerzos, pues ellos dependen única y exclusivamente de los cubanos, en primer lugar del Estado, que en nuestro país lo posee casi todo, lo que permitiría la democratización de las relaciones económicas sin grandes obstáculos.

A causa de la voluntad estatal de no cambiar, –lo que parece quedar atrás con el planteamiento de introducir los cambios estructurales y de conceptos que resulten necesarios– separados en más de cuatro décadas del inicio del diferendo con los Estados Unidos y a casi 20 años de la desaparición del campo socialista, la economía cubana aún no ha recuperado el nivel que tenía en 1989: los campos están infectados por el marabú; la industria azucarera produce menos que un siglo atrás; importamos azúcar para satisfacer el consumo interno; la deuda externa de miles de millones de dólares aumenta; el déficit comercial es insuperable; la inversión extranjera es insuficiente; el valor de las importaciones supera al de las exportaciones; los salarios no guardan ninguna relación con el costo de la vida; la crisis de la vivienda se agrava; el problema del transporte -una realidad inseparable de la vida de las personas y de la vida en sociedad- permanece en estado crítico; y el decaimiento progresivo de la moral ha conducido a una corrupción generalizada que ha puesto al sistema económico y a su sustento político en posición de jaque mate; problemas todos que dependen esencialmente de nosotros mismos, los cubanos.

En fin, retrocesos productivos, desbalances comerciales, desinterés y desesperanzas, fenómenos negativos que no se manifestaron antes gracias a los enormes subsidios externos y a los préstamos que aún no hemos pagado; recursos que, al cubrir parte del déficit solaparon la ineficiencia del voluntarismo económico.

El tema de la propiedad en Cuba ha constituido uno de los problemas raigales de los conflictos sociales del pasado y de la crisis del presente. En el siglo XVI comenzó un proceso de diversificación de la propiedad rural cubana que alcanzó su punto más alto en la segunda mitad del siglo XIX, momento en que comenzó un proceso inverso, acelerado por la penetración de capital norteamericano que concentró más de la mitad de la tierra cultivable del país. Ante esa realidad la Constitución de 1901 se limitó a proclamar la defensa de la propiedad existente, mientras la de 1940 proscribió el latifundio, limitó a las compañías extranjeras para adquirir tierras y adoptó medidas para revertirlas al cubano; medidas que, por razones que no son objeto del presente análisis, quedaron en el papel como muestra de buenas intenciones. La Revolución de 1959 se replanteó el problema de la tierra, pero por circunstancias que la apartaron de su proyecto originario, el proceso anunciado de diversificación de la propiedad agraria tuvo un giro hacia la concepción totalitaria, que terminó nuevamente concentrando en grandes propiedades estatales un volumen de tierras superior a la de los grandes latifundios que se proponía eliminar.

Así, el problema de la propiedad de la tierra en Cuba constituye un mal endémico que se trasladó de los latifundios coloniales, a los republicanos y de aquí a los del Estado, pero siempre latifundios; y desde la formación de un empresariado nacional hasta su desaparición, impidiendo hasta el presente la diversificación de la propiedad, el interés por los resultados productivos, la identificación, el arraigo y la cultura de pertenencia de los ciudadanos.

Tal situación obliga, en correspondencia con el discurso de Raúl, a reformar todo lo que haya que reformar, lo que implica poner en contacto directo a la ciudadanía con la posibilidad y el derecho tanto a ser propietaria como a recibir un salario justo por la labor desempeñada. Para ello el pueblo cubano está potencialmente preparado y lo ha demostrado su nivel de profesionalidad e inventivas, la eficiencia que exhiben paladares, servicios de transporte, alquiler de viviendas, talleres de producción de bienes materiales y culturales o los diferentes servicios gastronómicos, de reparaciones y ventas que existen y coexisten dentro, al margen o por debajo de las leyes vigentes.

La institucionalización de una concepción integral de la propiedad en Cuba debe constituir un proceso gradual y complejo de cambios, resultado del consenso. En el orden práctico esa concepción debe incluir la formación de grandes, pequeñas y medianas empresas en la agricultura, la propiedad privada, mixta, y cooperativa -en su doble variante de cooperativas de propietarios y de trabajadores, la autogestión o los consejos de trabajadores en las empresas privadas o de propiedad pública; todo en dependencia del tipo de suelo, de cultivo y del lugar en que se encuentre. También las medidas dirigidas a ese fin tienen que incluir para determinadas áreas y cultivos básicos la inversión de capital extranjero para la introducción de la tecnología y de los recursos necesarios.

La descentralización del poder y la toma de decisiones que impida la hegemonía de la propiedad privada o de la estatal, permite adecuar las distintas formas de propiedad a las diversas actividades económicas; crea condiciones para propiciar la concepción del mercado como un espacio de satisfacción racional de necesidades y deseos; incentiva fórmulas diversas de participación en dependencia de las estructuras y condiciones económicas concretas; induce la inversión y la asignación de recursos hacia esferas de interés social mediante incentivos de mercado que las estimulen; y sitúa las decisiones básicas en el lugar donde éstas deben realizarse como única concepción compatible con las ideas de participación creativa y plena de los trabajadores. Su implementación, previo experimento, requiere de la derogación de todos los instrumentos legales y estructurales que limitan el pleno ejercicio del derecho de propiedad de los campesinos sobre su tierra y demás medios de producción, así como su libre comercialización.

Lo importante no es la rapidez del proceso sino su calidad. Cada trabajador debe estar en la posibilidad y libertad de alcanzar un nivel de vida digno; un derecho y un deber al que todos debemos responder con responsabilidad. Cuba tiene un potencial enorme y puede ser rica, pero ello es imposible si sus habitantes no pueden ser ricos también. De aquí que la concepción acerca de impedir la formación de una clase media en Cuba también sea un freno a las iniciativas económicas y a su eficiencia. Por ello es necesario suspender todas las medidas encaminadas a ese fin, las cuales fueron tomadas por el gobierno cubano ante el surgimiento de ese sector, resultado de las tímidas y limitadas reformas implementadas coyunturalmente a partir de 1993.

Como el tema de la propiedad agrícola afecta a todos y ha constituido un mal irresuelto en nuestra historia, cualquier intento de solución debe ser participativo. Al menos debería comenzarse por convocar a todos aquellos que tengan ideas e intereses a exponerlas libremente, algo como un foro sobre la agricultura de donde pueden emerger ideas que desbordan al pequeño grupo que hasta ahora ha decidido al respecto. Un foro donde los propios interesados se costeen sus gastos de participación para ir borrando la idea de que el Estado es el único que propicia y costea los eventos de su interés.

Si se inicia un proceso en la dirección analizada, entonces, además de palabras hermosas, estaríamos frente al inicio de un proceso de cambios que debe trasladarse de la agricultura a todas las esferas de la economía. Sería la única forma de demostrar la afirmación de que “Revolución es sentido del momento histórico; es cambiar todo lo que debe ser cambiado”.




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1 Planta originaria de África, de la familia de las Mimosáceas de madera muy dura, constituye una plaga que se propaga con facilidad y forma bosques impenetrables que impiden el desarrollo de las siembras y de la ganadería.
2 Guerra contra el marabú del periodista José Antonio Fulgieras publicado en la página 8 del diario Granmael lunes 6 de agosto de 2007.
3 El concepto de derecho aquí se refiere al Derecho natural, que designa el orden justo por sí mismo, que inspira y se sitúa por encima del Derecho positivo. El Derecho natural posee validez y eficacia jurídica por sí mismo, en tanto que la validez del Derecho positivo depende de una norma legal vigente.
4 No todas las propiedades existentes tienen su origen en el trabajo, pues el reparto de bienes naturales entre particulares con miras al bien del conjunto, las propiedades adquiridas por la fuerza en determinados momentos de la historia y las que se adquieren por herencia o donación, son propiedades resultantes de factores ajenos al trabajo.


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Dimas Cecilio Castellanos
Jiguaní, 1943. Licenciado en Ciencias Políticas
Licenciado en Estudios Bíblicos y Teológicos
Miembro del Instituto de Estudios Cubanos
Miembro del Consejo de Redacción de la Revista Digital Consenso


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