• Es necesario abolir las medidas que discriminan a los cubanos en su propio país, como son las limitaciones a hospedarse en un hotel, obtener un contrato para un teléfono celular o tener acceso a Internet en todas las instalaciones que ofrecen ese servicio de forma comercial.
• Sería saludable que cuando se hagan las elecciones a diputados a la Asamblea Nacional, los electores, además de conocer la biografía del candidato, pudieran saber cómo piensan éstos, en relación a determinados temas y si tienen un programa que proponer.

Me pregunto otra vez: ¿Es delictivo y por lo tanto sancionable difundir semejantes opiniones? Y me pregunto también, si la ley Helms-Burton sólo podría aplicarse en toda su extensión (devolución de propiedades, etc.) luego de que se haya derrocado la revolución, lo cual, según tengo entendido, sólo sería posible tras el exterminio del último cubano, ¿de qué manera puede la difusión de opiniones de este tipo favorecer dicha aplicación?

Crimen y castigo

Otro aspecto de la cuestión es el concepto mismo de “penalización”. En la práctica cubana actual existen diferentes variables para penalizar un hecho más allá de las que aparecen en el código penal. Por ejemplo cuando una persona, en virtud de sus opiniones políticas no es aceptada en determinados puestos de trabajo, o cuando se ejerce coacción directa o indirecta sobre ella porque tiene o difunde opiniones políticas discrepantes. Esto último se realiza a veces con visitas al domicilio de la persona, para persuadirlo cortésmente de que deje de emitir o publicar sus opiniones divergentes, o mediante los conocidos actos de repudio, ejecutados por organizaciones de masas o políticas, bajo la protección o con la anuencia de las autoridades policiales.

Nadie aceptaría, o al menos le parecería surrealista, el hecho de que sin previo aviso se presentara a su casa, por ejemplo, un funcionario del Instituto Cubano de Radio y Televisión a manifestarle su preocupación porque se han recibido informes de que en su familia nadie ve la telenovela cubana, o que un funcionario de la gastronomía le visite para indicarle que no es correcto que sólo tome refresco de limón. Sin embargo a nadie le sorprendería, aunque podría asustarle, que un oficial de la Seguridad del Estado vestido de civil y previa presentación del carné que lo acredita, vaya a verlo a su centro de trabajo o a su domicilio para informarle que ellos están al tanto de todos sus movimientos y que no ven con buenos ojos las reuniones que usted sostiene con otras personas, las opiniones que emite en público o los textos que escribe en la prensa (probablemente extranjera).

No es necesario que la visita se haga en plena madrugada y tumbando la puerta a culatazos (aunque sin duda resultaría más criticable), para definir este tipo de acciones como típicamente represivas. Suele ocurrir que la persona que muestra su carné es un hombre joven, correctamente vestido, de modales educados, que no alza la voz ni manotea y es poseedor de un elevado nivel cultural. ¡Hasta da gusto hablar con él! Pero esa persona no va a entrevistarse con la otra a título personal, sino obedeciendo una orden de su jefe inmediato superior, en virtud de una operación diseñada por una institución policial. Se trata a todas luces de un hecho represivo y se hace con la deliberada intención institucional de impedirle o dificultarle hacer a un ciudadano lo que se afirma que la ley no prohíbe explícitamente: Expresar discrepancias políticas.

¿Acaso será necesario argumentar mucho para demostrar que los mítines de repudio en los que quienes participan no tienen muchas veces ni la más remota idea de lo que hacen los repudiados, en los que se insulta, se empuja, se golpea, se escupe, constituyen verdaderos castigos, penalizaciones, contra acciones que en más de un caso nadie ha declarado punibles?

Salvar un capital que se desperdicia.

La peor consecuencia de estas anomalías no es precisamente la violación de un derecho humano individual, sino algo mucho peor; que la nación (la patria si se prefiere), pierde la saludable oportunidad de que sus hijos tengan la absoluta seguridad de que gozan de toda la libertad, para sugerir soluciones alternativas a los problemas.

El día que en este país se anuncie con toda claridad que ha sido despenalizada la discrepancia política seremos testigos de un hecho trascendental. De numerosas gavetas saldrán proyectos económicos, políticos, sociales, culturales y de diversa índole que han permanecido ocultos por temor a ser malinterpretados. Proyectos que no habrán sido elaborados por diletantes, ni por personas que pretenden ganar méritos con alguna potencia extranjera, sino por gente seria, profesional, honesta, inteligente e informada, pero que por ser respetuosa de la ley y amante de su familia no han querido exponerse a sufrir las penalizaciones aquí mencionadas.

No quiere esto decir que quienes hasta ahora se hayan arriesgado a dar la cara, y de hecho han padecido esas y otra penalizaciones por hacer propuestas alternativas, sean personas irresponsables, a los que no les importa ir presos y dejar a la familia en bancarrota, ni que sean teóricos improvisados que no saben lo que dicen, mucho menos que sean agentes del imperialismo. (continúa...) >>

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