Desde el pasado 9 de junio, en que se hizo pública la convocatoria oficial al Noveno Período Ordinario de Sesiones de la Sexta Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que tendrá lugar el próximo día 29 en el Palacio de las Convenciones de La Habana, muchos cubanos hemos estado esperando conocer la agenda de trabajo que deberá estar sometida a debate en este cónclave.

Las expectativas están ampliamente justificadas, pues desde el 31 de julio de 2006 una proclama firmada por el Presidente de la Nación informaba del traspaso temporal de poderes a un reducido grupo de dirigentes del país, quienes se encargarían de los asuntos del gobierno durante el tiempo que éste se recuperaba de serias afectaciones de la salud. En la propia proclama quedaba igualmente expresada la solicitud del presidente de postergar los festejos por su 80 cumpleaños hasta el día 2 de diciembre de 2006. Esto suponía de manera implícita que para esa fecha ya estaría en condiciones de asumir nuevamente sus funciones al frente del gobierno. Sin embargo, más de seis meses después de ese plazo -y tras varias complejas operaciones-, el presidente cubano no solo permanece en estado de convalecencia, sino que a punto de cumplirse el primer año de su retiro temporal no se ha publicado ninguna otra proclama o declaración oficial ratificando o sustituyendo a los designados por él para cumplir las funciones de gobierno.

Era, pues, de esperarse que este tema fuera de capital importancia en la amplia agenda de trabajo de este nuevo período de sesiones –el segundo desde el traspaso temporal de poderes- que finalmente, con fecha 21 de junio de 2007, se dio a conocer por los medios oficiales cubanos. En los puntos a tratar se encuentra el análisis de la marcha de los programas priorizados, algunos aspectos relacionados con los planes económicos y sociales a corto, mediano y largo plazo, pero ninguna de las ocho comisiones constituidas tiene como objeto de análisis la situación actual de la dirección del país, la renovación o ratificación de los actuales responsables del gobierno o las capacidades reales del Presidente para retomar sus funciones habituales al frente del mismo.

Las interrogantes del pueblo son: ¿se mantendrá Fidel Castro como Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros?, ¿se constituirá indefinidamente como Jefe de Estado en retiro parcial a la espera de una recuperación de su salud? Finalmente, ¿el pueblo está representado por el Comité Central o por la Asamblea Nacional? ¿Hasta qué punto resulta legítima la designación manifiesta en la proclama del 31 de julio y realizada por decisión única y personal del Presidente y cómo queda establecido el tiempo de su validez? Los cubanos tienen todo el derecho de conocer las respuestas a las numerosas interrogantes en torno a la situación actual del gobierno, así como a participar en la toma de decisiones al respecto. Por otra parte, el complejo panorama político que se desarrolla hoy en el mundo y las dificultades que enfrenta la sociedad cubana actual convierten este tema en un requerimiento de particular importancia.

Consenso alienta la esperanza de que al menos durante las conclusiones de este nuevo período de sesiones, el Presidente de la Asamblea Nacional rinda al pueblo los informes pertinentes en torno a este importante asunto. Cuba es un país que a lo largo de los últimos 48 años ha estado dirigido de forma personal por una figura de indudable poder simbólico para el pueblo: si el gobernante de casi medio siglo deberá asumir nuevas funciones como consecuencia del resquebrajamiento de su salud, o si definitivamente deberá elegirse un nuevo Presidente, siguiendo los pasos establecidos en la Constitución vigente, es justamente en la Asamblea Nacional donde deberían aclararse estas interrogantes. Le corresponde a ese órgano de poder establecer los plazos para el proceso eleccionario correspondiente y determinar quiénes serán los nuevos responsables del gobierno.

El carácter provisional de la sustitución de funciones fue uno de los aspectos que con más insistencia se planteó en la proclama del 31 de julio de 2006. La Asamblea no puede ni debe actuar como si ese detalle no hubiera sido mencionado y lo menos que puede hacer es ponerle coto a la provisionalidad y retornar a la normalidad institucional.

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Revista Digital Consenso