A propósito de la II Conferencia del Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba (GIRSC) celebrado en mayo de 2006 en la sede del Parlamento Europeo en Madrid, el socialista Ramón Jáuregui pidió al gobierno de su país que no fomentara ni estimulara la inversión en lo que llamó “la tramoya de Castro”. Al referirse a las empresas españolas que operan en Cuba, el también diputado del PSOE atinó al centro de la diana cuando expresó que en el régimen cubano no existe reconocimiento de los sindicatos, no hay negociación colectiva y se efectúa una "fraudulenta subcontratación en el seno de las mismas empresas, de una empresa cubana que es la que realiza las relaciones laborales" , al tiempo que llamaba la atención sobre la responsabilidad social de dichas empresas al fomentar una situación que sostiene una realidad desventajosa para los trabajadores cubanos y perpetúa al régimen en el poder. Un año después, nada ha cambiado.

Sin embargo, el señor Jáuregui tenía mucha razón. Ciertamente, no resulta difícil inferir que la inyección de capital de las empresas extranjeras constituye un apoyo efectivo a los dramáticos equilibrios de la economía del gobierno de la Isla y es conocido que los cubanos que laboran en estas empresas españolas no tienen derechos laborales de ningún tipo. A fin de cuentas, los intereses de estos empresarios son puramente gananciales y no les preocupa la situación real de sus empleados tercermundistas. El gobierno cubano, por su parte, utiliza en su beneficio los intereses capitalistas mientras pregona hipócritamente supuestas prácticas socialistas a favor de los nacionales.

El tema es doblemente escabroso por cuanto los representantes cubanos de la ultraderecha en Miami han insistido frecuentemente sobre la inconveniencia de las inversiones europeas (fundamentalmente españolas) en la Isla. Claro que las motivaciones de los argumentos de Miami son bien diferentes de los del socialista Jáuregui, toda vez que ese sector del exilio siempre ha tenido entre sus estrategias la de estrangular económicamente al régimen para provocar una crisis social interna que dé al traste con el sistema. Sin embargo, además de no ser éste un proyecto muy realista, trae consigo el peligro de desatar una ola de violencia al interior de Cuba que no favorecería a ninguno de los actores y perjudicaría fundamentalmente a la población. Es así que el aislamiento económico del régimen puede coadyuvar a precipitar su derrota, pero a un costo demasiado alto para los cubanos de la Isla.

Desde hace ya varios años, el Estado cubano, a pesar de promoverse a sí mismo como políticamente independiente, exhibe una economía frágil y casi absolutamente dependiente del capital extranjero. Las remesas familiares que reciben muchos cubanos, con el absurdo y exagerado gravamen que se les aplica, junto a las empresas de capital extranjero que operan en el país y al petróleo venezolano, son hoy imprescindibles para el sostenimiento del gobierno. Sin embargo, y a pesar de esto, lejos de suspenderse las inversiones extranjeras en la Isla, deberían crearse mecanismos que ejerzan presiones sobre el gobierno para fomentar la participación por parte de los cubanos en la economía del país o, al menos, hacer respetar los derechos de los trabajadores que contratan esas empresas.

Pero no solo es en el territorio cubano donde se verifican estas “extorsiones legalizadas” a los trabajadores nacionales empleados por empresas extranjeras. Existen otras fuentes de obtención de capital que resultan menos visibles y cuyo costo social resulta verdaderamente abrumador: los contratos de mano de obra cubana en el extranjero. Y ya que de empresas españolas fundamentalmente se trata este comentario, vale referirnos -a manera de ilustración- a aquellas navieras ibéricas en las que laboran marinos cubanos cuyos subcontratos son comparables a los que aplicaban los dueños de esclavos en la colonia. Por absurdo que parezca en este siglo XXI, centenares de cubanos firman contratos laborales con navieras españolas y permanecen durante largas campañas fuera del país, devengando salarios tan misérrimos que harían sonrojar a un galeote.

Los contratos que firman los marinos cubanos son, como expresó Jáuregui, fraudulentos. El gobierno cubano, intermediario de esos contratos, recibe aproximadamente el 80% del total que se acuerda, aunque tiene la precaución de justificar en los papeles esta tajada escamoteada, bajo el mentiroso rótulo de “remesa familiar”. Es decir, los documentos reflejan la falacia de que tal descuento se entrega a las familias de los marinos contratados; eso cubre las apariencias, pero no pasa de ahí: las familias jamás reciben dicha “remesa”. Al no permitir a los nacionales la libre contratación, las autoridades cubanas violan uno de los más antiguos derechos laborales de un sector que siempre se caracterizó en Cuba por su fuerza en las conquistas sindicales durante el período republicano.

Fértil de imaginación y tahúr por antonomasia, el gobierno cubano comprendió bien pronto que, después del derrumbe del socialismo de Europa del Este, era impensable el sostenimiento de su formidable flota mercante; pero –en cambio- podía aprovechar las ventajas de explotar la abundante mano de obra de ese sector contratándola en el extranjero. Las navieras extranjeras, por su parte, también apreciaron esta oportunidad dorada para proteger sus bolsillos: ningún marinero del mundo asumiría un contrato tan prolongado y duro por un salario tan ridículo. Y conste que en muchos casos se trata de personal altamente calificado. Es así que los marinos cubanos se consumen trabajando por la mitad o menos de lo que ganaría un marino español por el mismo trabajo y hasta menor calificación. Como si fuera poco, al final de cada campaña, aquellos marinos que cobran sus salarios en dólares encuentran que al llegar a Cuba sufren el mismo gravamen del 20% que se aplica a los cubanos que reciben remesas en la Isla, lo que deprime aún más los supuestos beneficios de su trabajo. Típicamente “cornudos y apaleados”, diría Bocaccio.

No han sido pocos los marinos cubanos que, a fuerza de sentirse explotados, han optado por “desertar” -quizás como única forma de conseguir que sus familias en Cuba reciban realmente sus remesas-, es decir, no regresan y permanecen en el país sede de la empresa que los contrata (en este caso nuestra antigua y bienamada metrópoli); pero entonces deben renunciar a ser contratados por dicha empresa: no es conveniente para los operadores extranjeros quedar mal ante los gobernantes cubanos manteniendo algún vínculo con el ingrato traidor; y –por otra parte- es más rentable solicitar a la “bolsa empleadora” cubana (AGEMARCA) que le envíe un nuevo galeote calificado a tales efectos. Sin embargo, la mayoría de los marinos regresa a Cuba: los lazos familiares resultan muy fuertes aún para personas cuya profesión exige separaciones periódicas de los suyos. Tampoco se trata de una opción; Cuba ya no tiene su otrora gigantesca flota mercante que les brinde trabajo, como tampoco los marinos que aún navegan en los precarios y escasos barcos cubanos –que suelen realizar viajes cortos o de cabotaje- reciben los “beneficios salariales” que ofrecen las navieras extranjeras, así que –a pesar de saberse despojados de la mayor parte de sus salarios y discriminados laboralmente- los “afortunados” que son seleccionados para trabajar en el extranjero procuran mantener ese status laboral.

Para la solución ante tantas violaciones pudiera considerarse también una participación mayor y más efectiva de las autoridades de la Organización Internacional del Trabajo, de la que Cuba es firmante. Si existen los mecanismos de control creados a tales efectos, ¿qué impide que se apliquen? ¿No puede este organismo exigir el cumplimiento de sus principios rectores al gobierno cubano y a las empresas contratadoras? ¿Acaso no están debidamente establecidas las sanciones que deberían aplicarse a los violadores de esos principios? Verdaderamente es inconcebible que en los tiempos actuales se produzcan tamañas infracciones de los derechos de los trabajadores y que los funcionarios de los países desarrollados –receptores laborales y beneficiarios en primera instancia de esa mano de obra barata- sencillamente “miren hacia el otro lado”. No se demuestran las buenas intenciones de algunos de los que desde Europa claman por cambios democráticos en Cuba, si cierran los ojos a una realidad que ya por demasiado tiempo ha esclavizado a una parte significativa de los trabajadores cubanos.