Para todos los cubanos que amamos la libertad y la democracia, tanto los que habitamos en la Isla como aquellos compatriotas residentes allende los mares, una vez que hayamos superado este presente sombrío y de incertidumbres, queda claro que la erección de robustas instituciones que garanticen la existencia del Estado de derecho constituye la tarea inicial para lograr esa república que nuestro Apóstol calificara de “con todos y para el bien de todos.”

Pensar en instituciones es imaginar en primer término la promulgación de una Carta Magna que rija los destinos de la patria. Somos una nación privilegiada en cuanto a la tradición constitucional. Aun sin haber emergido al concierto internacional con un gobierno propio que administrara los destinos de toda la geografía insular, ya nuestros bravos mambises redactaron en el poblado de Guáimaro, en 1869, una constitución para la República en Armas. Un texto de hondo contenido liberal que favorecía los valores republicanos y advertía contra la aparición de caudillos que sustituyeran la tiranía colonial española por otra no menos despiadada de factura vernácula. Tan así fue, que en un arribo de paroxismo, no faltan las opiniones acerca de que los cubanos de la época no alcanzaron la unidad de acción debido a un exceso de democracia. Entonces cómo no concebir que los cubanos estemos deseosos de despojarnos de otra constitución que en la práctica conculca las libertades y los derechos individuales. Y los vulnera porque, después de reconocer algunos de ellos en las páginas iniciales del documento, los vuelve tabla rasa al declarar seguidamente que ninguno puede ser esgrimido en contra de los intereses de la Revolución omnímoda. Un juicio de valor que le resta espacio al discernimiento objetivo para caer de bruces en el manto de la subjetividad que alienta todo tipo de arbitrariedades. Aspiramos a una constitución, por otra parte, que suprima esa anomalía jurídica que refrenda el carácter inamovible del actual sistema político, económico y social que padecemos. No es posible aceptar que el discurso oficial la emprenda contra las visiones teleológicas de la monarquía constitucional prusiana de Hegel, o el fin de la Historia de Fukuyama, y pretenda sentar las bases de la perpetuidad de la versión más procaz del socialismo marxista.

Clamamos por la abrogación del inciso constitucional que autoriza a determinado partido político a asumir la representación de la nación cubana. En su lugar instaurar el libre juego de las agrupaciones políticas, todas con idénticas posibilidades de acceder a los medios de difusión y de ser elegidos sus miembros para cualquier cargo público. ¡Que nunca más deba levantarse una voz en Cuba, entre recelos e incomprensiones, para reconocer con amargura que alguien haya confundido los sagrados valores de la Patria con los estrechos intereses de un partido! Debemos oponernos igualmente a esa torcida interpretación histórica que dice encontrar las raíces del presente unipartidismo en la creación martiana del Partido Revolucionario Cubano. Nuestro héroe nacional fundó un partido para la beligerancia de una guerra que estimaba breve y necesaria; nunca para que se entronizara en el pedestal de la República.

Semejante intento de justificar el presente mediante la adecuación del pasado, no solo constituye un atentado a la hechología histórica en aras de privilegiar sobremanera a la exégesis de esa ciencia social. Es, asimismo, un daño a las nuevas generaciones y a aquellas personas no muy duchas en el acontecer histórico, muchas de las cuales, lamentablemente, ya identifican la figura del Apóstol con las miserias de una realidad que detestan. Aún en el ámbito académico, una cosa es responsabilizar a Martí con la tradición revolucionaria en detrimento del desarrollo evolucionista de la Isla, y otra muy distinta es atribuir a su proyecto de república -esa que alertó no fundarla de la misma manera que se mandaba un campamento--- presupuestos ajenos a los fines de la democracia liberal. No debemos caer en la ingenuidad de abandonar a Martí, pues así se lo estaríamos obsequiando en bandeja de plata al totalitarismo.

Las nuevas instituciones que Cuba reclama serán, a no dudarlo, palancas que liberarán las energías de todas las fuerzas productivas del país. La actual exorbitante maquinaria estatal debe ceder parte de su espacio a la iniciativa privada. Pero no solo a una creciente inversión extranjera que nos integre a los mercados internacionales y posibilite ponernos en contacto con los beneficios del libre comercio, sino también que desmantele el bloqueo interno que obstaculiza el bregar de los nacionales por crear pequeñas y medianas empresas. Cada día somos testigos de la eficiencia que acompaña al sentido de pertenencia de los trabajadores por cuenta propia -sorteando las arbitrariedades de los inspectores estatales, los altos impuestos, la dificultad para adquirir insumos productivos y la no disimulada intención gubernamental de eliminarlos poco a poco--- frente a la desidia de los dueños sin rostros de la supuesta propiedad social.

Queremos un Estado, en cuanto a su relación con la economía, que sea árbitro antes que protagonista; que propicie la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley para el despliegue de sus capacidades; que practique una política fiscal inteligente y moderada, capaz de proteger a los más necesitados, pero que no inhiba la inversión productiva de las empresas; que no pretenda, desde los mecanismos de la burocracia, erigirse en juez absoluto de la formación de precios, la fijación de salarios y la asignación de recursos desconociendo los señalamientos que emite el mercado. Queremos un Estado, en fin, que conciba el tamaño de su participación en los asuntos de la economía tomando en cuenta la coyuntura del momento, y no obedeciendo a los lineamientos de una ideología determinada.>>