EEl tiempo, período durante el cual se suceden las acciones o acontecimientos, es una propiedad del movimiento del universo y como tal un factor objetivo del desarrollo. Su correcta interpretación constituye un problema tanto teórico como práctico. En ese sentido los seres humanos estamos obligados a tenerlo en cuenta no sólo en el mundo físico, sino también en los procesos sociales entre los que se cuenta la política.

El tiempo es relativo a cada proceso específico, pero su carácter objetivo no implica que actúe por sí sólo como factor de desarrollo social. La intervención de la subjetividad humana en la historia permite acelerar o retardar los procesos hasta un límite. Es por esto que resulta de suma importancia determinar el momento preciso en que deben comenzar esos procesos, pues iniciarlos antes o después de forma arbitraria puede conducir a resultados desastrosos. La máxima de que son los hombres quienes hacen la historia no significa que éstos puedan subordinar el tiempo a sus intereses de manera caprichosa.

La historia de nuestra nación demuestra que ciertos procesos de cambios debieron iniciarse en Cuba desde hace décadas. Haber retrasado sus inicios solo ha provocado que los problemas irresueltos se hayan multiplicado. Ahora esos procesos se encuentran en el límite que la objetividad del tiempo permite. Las transformaciones en la economía y en la política son dos ejemplos que están en la lista de espera. El pasado 2 de diciembre, el desfile militar, encabezado por el General Raúl Castro, pareció evidenciar la conversión de la sucesión temporal en permanente; un hecho histórico que ha colocado a la orden del día las transformaciones que la nación viene reclamando y que el contexto regional impone: la democratización, al menos inicialmente, en el campo de la economía como requisito insoslayable para la búsqueda de una posible salida a la crisis en que estamos inmersos.

Los actuales gobernantes asumen una responsabilidad histórica con su pueblo. El cumplimiento o no de la misma depende de la voluntad política que muestren para encarar los cambios. Y el tiempo apremia: el hecho es que si se ignoran los límites del tiempo político para comenzar esos cambios, se corre un riesgo similar al de una mujer que aspira a la maternidad después de los 50 años: disminución de las posibilidades y aumento del riesgo.

El tiempo político en Cuba está en su límite máximo, en zona de peligro, por eso las transformaciones sociales deben iniciarse ahora, no después. El hecho de que el control del poder haya permitido retrasar los cambios durante un período prolongado no significa que los puedan seguir conteniendo. Pasado el límite, todo el control del poder será insuficiente para detener la historia.

Por todo ello, la observancia del tiempo en la política constituye una necesidad insoslayable. La inevitabilidad de los cambios es una realidad; de lo que se trata ahora es de determinar el punto o los puntos de inicio, el ritmo, y el orden en que deberán producirse, pues la eficacia demostrada para conservar el poder no es extrapolable al mejoramiento económico, sin el cual peligran la paz social y el futuro de la nación.

En el contexto regional, donde el gobierno cubano apoya determinados procesos de izquierda, se torna contraproducente negar la validez de esos mismos procesos al interior del país: elecciones libres pluripartidistas, libertad de información, existencia de una clase media y de una genuina sociedad civil, derechos económicos de la ciudadanía, y libertad de movimiento para entrar y salir de sus países. La ausencia de esos derechos y libertades en Cuba -entre otros-, explican por qué nuestro país, a pesar de la preparación profesional de los cubanos, se ha ido trasladando en algunos indicadores a los últimos lugares de la región. Mucho menos sentido tiene, desde ese estado de cosas, lo que se deduce de algunos planteamientos de funcionarios de los gobiernos de Cuba y Venezuela respecto a fundir los dos procesos. Sin negar la importancia de la unidad latinoamericana, la unión de los dos gobiernos y los dos pueblos en una sola patria, es una determinación que sólo los pueblos pueden asumir desde la plena libertad cívica, política, económica y cultural.

Una de las consecuencias del inmovilismo es la duración y magnitud del éxodo masivo que nos empobrece, envejece y descalifica. El también prolongado diferendo entre los gobiernos de Cuba y de los Estados Unidos requiere ser colocado definitivamente en la mesa de negociaciones. Sin embargo, la siempre aplazada solución de este conflicto no es causa suficiente para demorar los cambios al interior de la Isla. La tesis de no cambiar nada hasta que el otro cambie, además de absurda es desatinada, porque conspira contra la nación.

Lo anterior obliga a concentrar el esfuerzo principal en la búsqueda de soluciones a partir de nosotros mismos. Aunque el socorrido diferendo constituye un factor retardatario, lo cierto es que los cambios no pueden esperar por su solución. En definitiva, las decisiones últimas que se tomen en esa materia son responsabilidad única de los cubanos. El Gobierno cuenta con una gran ventaja para iniciar las reformas: es casi el único poseedor de los medios de producción y de información, lo que permite controlar el proceso. La conservación del poder -un objetivo permanente del gobierno- no podrá basarse de manera pura y dura en la inmovilidad eterna, sino en la voluntad de propiciar las transformaciones encaminadas a satisfacer las demandas de los cubanos. Los que detentan el poder tienen la obligación y la responsabilidad de actuar en bien de Cuba antes que el tiempo político sobrepase el límite permisible.