Hace muy pocos días, al pasar -después de mucho tiempo- por la esquina habanera de las calles 13 y B, cuál no sería mi asombro y disgusto al comprobar el estado ruinoso en que se encuentra el inmueble que ocupa el Instituto Politécnico Automotriz “José Ramón Rodríguez”, antiguo Colegio La Salle del Vedado. Este lugar guarda para mí especiales recuerdos por las circunstancias coincidentes de que allí, más de un cuarto de siglo atrás, laboraba como profesor un familiar cercano, y ensayaba habitualmente el grupo musical Irakere, lo que hacía posible que en la época en que los encumbrados músicos (Paquito de Rivera, Arturo Sandoval, Jorge Varona, Chucho Valdés y sus compañeros) ganaban su primer premio Granmy, en más de una ocasión yo pudiera ser espectador de excepción de aquellas maravillosas sesiones.

El ver en tal estado de deterioro -una vecina del lugar- asegura que por dentro está peor un edificio de utilidad pública tan conocido y cercano para mí, me movió a la reflexión de lo caros que son a la sociedad los poderes absolutos y extremos. Para nadie es un secreto lo útil y rentable que sería dar sostenido mantenimiento a los inmuebles que cumplen importantes funciones sociales, pero parece que eso aquí no es tan fácil.

De seguro muchas veces hemos pensado que si todos esos edificios que se encuentran en extremo estado de degradación constructiva tuvieran un propietario particular no tendríamos que lamentar el triste espectáculo de una ciudad que se deshace a nuestro paso; pero es más realista imaginar una solución viable en el marco estructural vigente. Si los niveles institucionales (dirección de escuelas, hospitales, centros de servicio y recreación etc.), sectoriales (ministerios y empresas) o los poderes locales (gobiernos municipales o provinciales) contaran con la potestad y los recursos para garantizar el continuo y adecuado mantenimiento constructivo y logístico de las entidades a su cargo, nos evitaríamos el triste e incómodo lastre de los deterioros extremos y los gastos inconmensurables de las reparaciones capitales, sin que esto implique concesiones o “retrocesos” en la dimensión sistémico-estructural establecida.

Está claro que esa perspectiva, lógica y rentable, redundaría en una más racional explotación de esos inmuebles de tanta utilidad social, abaratando considerablemente los costos de mantenimiento y de paso creando conciencia y responsabilidad en los beneficiarios y encargados, que ya no tendrían que asistir inermes y pasivos a la depreciación material de sus centros de trabajo o estudio mientras esperan a que el alto liderazgo los incluya, por fin, en su programa de reparación, inclusión siempre muy tardía, publicitada y costosa.

Es muy posible que, como en muchos otros casos, el mencionado Instituto sea incluido en el programa de reparación capital que impulsa la más alta dirección del país a través de su llamada “Batalla de Ideas”, que no es batalla en tanto elimina al elemento esencial de cualquier confrontación: el adversario, el diferente; tampoco es de ideas porque estas no se guerrean, en todo caso se exponen, se intercambian, se debaten, y si es de manera moderada y respetuosa, mejor.

Estamos ante la expresión extrema de un omnipotente voluntarismo incontestable desprendido de toda sujeción institucional. Así, batalla de ideas puede ser la imposición de una merienda escolar, la reparación de una obra de interés social, la distribución a gusto del poder de utensilios domésticos o la cotidiana y monocorde cantaleta de adoctrinamiento televisivo.

Junto al proceso de reparación se inicia la saga de despilfarro consustancial a la metodología descrita. Después de pagar el costo material e institucional del deterioro extremo hay que pagar el alto precio de la reparación capital, al que se une la dolorosa sangría que significa el desvío (robo y posterior venta) de recursos y materiales de la que no escapa prácticamente ninguna obra de construcción o reparación en la actualidad, sin dejar de contar la bajísima calidad de la ejecución y el terminado de las obras, para luego volver al principio del círculo con el reinicio del deterioro indetenible a causa de la mencionada incapacidad de los responsables directos para garantizar el necesario mantenimiento.

Otro elemento significativo de estos particulares métodos de dirección administrativa es que el ritmo de ejecución de las obras constructivas depende directamente del interés que reporte para las máximas autoridades del país. El ciclo puede ser desenfrenadamente acelerado como en los casos de costosísimo, innecesario y subutilizado Centro de Control Antidoping de La Habana, la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI), gigantesca institución de altos estudios de esta rama, que crece por horas en el lugar antes ocupado por la tristemente célebre base de espionaje radioelectrónico de Lourdes al suroeste de la ciudad, o las obras de remodelación y ampliación de hospital oftalmológico Ramón Pando Ferrer, antigua Liga Contra la Ceguera, destinado a la atención especializada de los pacientes extranjeros que por oleadas arriban al país como parte de un convenio establecido un tiempo atrás con el presidente venezolano Hugo Chávez y más recientemente con otros gobiernos latinoamericanos. Por otra parte, fácilmente podemos encontrar edificios de viviendas cuya terminación tarda más de tres lustros, proyectos de reparación de importantes centros médico-asistenciales que después de varios años de iniciados no tienen para cuando concluir, sin hablar ya de las casi olvidadas obras de reconstrucción del teatro Martí, ese monumento de la cultura nacional que nunca debió dejarse destruir.>>