La sociedad cubana, con casi 50 años de régimen totalitario, enfrenta el futuro con graves y crecientes problemas de carácter económico, social, político, demográfico y medioambiental, sin soslayar colosales daños a los valores espirituales, quizás el efecto más negativo. El posible cese de Fidel Castro, por motivos de salud, como árbitro absoluto del destino de Cuba, acrecienta la incertidumbre, máxime cuando es apreciable el deterioro del crédito político de los gobernantes, tanto tiempo disfrutado.

Los peligros de que la sociedad pueda derivar hacia un proceso de desestabilización son reales. La población está cada vez más decepcionada por un modelo de desarrollo económico, social y político que ha conducido a una crisis generalizada e interminable. Oficialmente es reconocido que la corrupción alcanza niveles impresionantes, mientras la indisciplina social y laboral se extiende. Fenómenos alimentados por la miseria e injustas diferencias sociales ajenas a la laboriosidad y talento de los ciudadanos, en un país donde el salario promedio mensual es equivalente a 16 dólares US. Por ello no debe sorprender la impresionante población penal existente, la mayor de Iberoamérica y una de las más grandes del planeta en relación con la totalidad de los habitantes.

En sectores determinantes como la salud pública y la educación, donde se lograron avances después de 1959, debidos en gran parte a la subvención extranjera y logros alcanzados por anteriores generaciones, se observan significativos retrocesos con clara tendencia a profundizarse debido a factores como la exportación masiva de profesionales. Asimismo, el discreto crecimiento económico que pudiera estarse obteniendo, en contradicción con los delirantes indicadores oficiales, depende estrechamente de factores externos, en particular la subvención venezolana, creándose así una alarmante dependencia.

Las consecuencias son la alta indisciplina laboral y social, la creciente corrupción ya señaladas, el fraccionamiento de la familia, con el décimo lugar mundial en divorcios; un descenso de la natalidad del 70%, factor determinante del alto envejecimiento poblacional; frustración y desesperación resultantes entre 1971 a 2004 en muertes por causa de suicidios y agresiones auto infligidas con un índice promedio de 18.8 casos por 100 000 habitantes, uno de los más elevados del mundo.

No obstante, Cuba cuenta con reservas humanas y morales internas y externas para salir de la crisis de forma gradual, y reconstruir la sociedad. El movimiento hacia la democracia y una economía de mercado deberá aplicar un programa de medidas con etapas que tenga entre sus metas la preservación de los avances logrados en sectores como salud, educación y seguridad social, hoy en franco deterioro. El objetivo central será desbloquear paulatinamente las fuerzas productivas mediante la liberación de los precios, los salarios y la contratación de los trabajadores. Deberá evitarse cualquier política dolorosa, ocasionadora de traumas a la sociedad.

En una primera etapa, se requerirá priorizar la reestructuración agraria. Se deberá buscar la explotación racional y productiva de la tierra cultivable -en un gran porcentaje baldía o subutilizada- por cooperativas independientes y particulares mediante el arriendo con opción de compra, venta o entrega en usufructo según las condiciones de los terrenos o la conveniencia social. A los propietarios se les eliminaría la tutela estatal, para que sean libres de realizar las actividades preferidas, poner precios a sus productos, venderlos en lugar y momento de su elección, y comprar los insumos, equipos, etc., donde les resulte más conveniente. Sería permitida la creación de empresas intermediarias con o sin la intervención estatal.

Estas medidas propiciarían fuentes de trabajo, la reducción sustancial de las importaciones de alimentos, excedentes para la exportación y, con el incremento de la producción a mediano plazo, surgirían mayores beneficios fiscales, además de contribuir a eliminar las enormes subvenciones existentes. Se reorientarían los inmensos financiamientos otorgados actualmente a ineficientes empresas estatales, convirtiéndolos en créditos destinados a campesinos y cooperativistas. Esto coadyuvaría a la paulatina erradicación del racionamiento a la población, que subvenciona a personas no necesitadas, aumentándose la ayuda a quienes verdaderamente lo requieren; paralelamente sería eliminada una costosa burocracia, fuente de corrupción y desigualdades.

En esta etapa sería deseable también la privatización o cooperativización de las pequeñas y medianas empresas industriales, comerciales y de servicios actualmente administradas por el estado, ya sea vendiéndolas a particulares o mediante la libre formación de cooperativas. Con ello, a la vez de utilizarse eficientemente sus potencialidades, se liberaría el presupuesto nacional de seguir financiando muchos establecimientos probadamente incontrolables centralizadamente; eliminándose así un factor de estimulación a la corrupción y la degradación moral generado por esta anormal situación.

Por otra parte, sería recomendable establecer una política de privatización de las viviendas, asignándolas a los residentes, actualmente usufructuarios onerosos. Los nuevos propietarios podrían utilizar estos inmuebles como garantías de préstamos para financiar la creación de microempresas, y pequeñas y medianas empresas (PYMES). El desarrollo del autoempleo, las microempresas y las PYMES en adición a ser fuentes de empleo y riquezas, aportan flexibilidad a la estructura productiva nacional, haciéndola más sensible y adaptable a los cambios del mercado en un mundo muy interconectado, competitivo y dinámico.

Los beneficios de estas reformas serían múltiples, edificándose las bases para posteriores transformaciones. La creación de nuevas fuentes de empleo coadyuvaría a la racionalización, sin propiciar desempleo, de personal en fábricas e instituciones estatales, sobrecargadas de trabajadores innecesarios, lo cual contribuiría al reordenamiento laboral indispensable para una racional organización del trabajo y consecuentemente el incremento de la productividad, la eficiencia y el salario real. Las funciones estatales quedarían reducidas, facilitando una gestión administrativa con un significativo ahorro de recursos.

El incremento productivo permitiría el desarrollo de un sólido sistema monetario y financiero, y la eliminación de la nefasta dualidad monetaria, con el peso cubano como única moneda de circulación legal. Estarían creadas las bases para una segunda etapa de reformas, destinadas a la privatización de la gran industria, la banca y el comercio exterior, manteniéndose determinadas esferas en propiedad pública según la conveniencia social, de acuerdo con los principios contemplados en la Constitución de 1940.>>