¿Acaso sería posible pagar todo eso de la cotización mensual de los miembros de esas organizaciones, que ni siquiera alcanza para pagar el salario de los miles de cuadros profesionales dispersos a lo largo y ancho de todo el país, en cada provincia, en cada municipio, que ocupan locales que no pagan alquiler, donde se consume agua y electricidad, donde hay teléfonos y secretarias, autos que derrochan combustible y que incluyen un chofer?

El trabajo político implica desembolsos, hágase desde la oposición o desde el gobierno. Si el partido que está en el poder cuenta a su disposición con las cajas abiertas del erario público para sufragar sus gastos y los que están en la oposición, además de no tener siquiera un reconocimiento legal, tampoco tienen literalmente ni donde caerse muertos, ¿cuál es la recomendación? ¿Dejar hacer al gobierno lo que quiera sin brindar la más mínima resistencia, o limitar las acciones a donde alcance la voz, sin ni siquiera un megáfono para amplificarla?

La única opción a donde son arrinconados los opositores que viven en la isla, para poder ejercer su tendencia política específica, es la de aceptar financiación de quien la ofrezca, a menos que se conformen con ser un “grupúsculo familiar” sin el más mínimo eco en la sociedad. Esto forma parte de la deliberada intención del gobierno de encarecer cualquier alternativa de cambio político en la isla. Esta intención encarecedora va desde una larga serie de consignas numantinas (socialismo o muerte, estamos dispuestos a derramar hasta la última gota de sangre…, primero se hundirá la isla en el mar…) hasta la modificación de la Constitución para decretar la inmovilidad del sistema. Mientras más difícil sea disentir, mejor para el gobierno. Si no son suficientes los obstáculos materiales y legales, si no es suficiente el miedo a ir a la cárcel, ahí están los escrúpulos éticos (¿los prejuicios?) que le impiden a las personas decentes recibir un dinero que los convierte automáticamente en mercenarios del imperialismo.

Lamentablemente el donante más espléndido, resulta ser el más inaceptable, el que impone condiciones más onerosas. Para decirlo en el lenguaje popular, el que nos embarra de mierda hasta las orejas. Porque si algo resulta obvio es que en todos los programas para impulsar la transición democrática en Cuba, propuestos por Estados Unidos, ha habido y hay demasiados elementos ingerencistas, demasiada arrogancia, demasiada manipulación. Resulta sospechoso que la nación que tiene más propiedades que reclamar tras un cambio sea la que lo financie. De esa forma, quienes acepten el dinero para obtener la democracia estarán comprometidos a ser quienes “devuelvan a los monopolios yanquis las riquezas reconquistadas por el pueblo”. Mejor sería si fuera la potente empresa venezolana PDVSA, o los amigos del Frente Polisario, o los actuales dirigentes del MPLA de Angola quienes estuvieran interesados, por puro altruismo, en colaborar con la emergente sociedad civil cubana, pero esos no son sus intereses.

Lo ideal sería que los medios de difusión cubanos no fueran el feudo de un partido, sino un espacio público para todas las tendencias políticas; que del presupuesto del estado se destinara una parte para subvencionar el trabajo de la sociedad civil y el de los partidos políticos debidamente registrados ante la ley. Si el estado, en lugar de distribuir de forma equitativa estos fondos y recursos, tomados de la riqueza que el pueblo trabajador produce, los monopoliza sólo para un partido predilecto, pierde el derecho moral a preguntar de dónde sale el dinero de sus opositores. Mucho menos puede negar a nadie la posibilidad de que se convierta en donante desinteresado o inversionista calculador. El estado debiera proteger, a los ciudadanos que tengan una propuesta política, el derecho a defenderla y a ponerla a competir públicamente en igualdad de condiciones y sin que para hacerlo se vean obligados a venderle el alma al diablo.