El pasado miércoles 5 de julio de 2006, los secretarios de Estado y de Comercio del gobierno de los Estados Unidos presentaron al presidente de ese país el “Informe de la Comisión de Asistencia a una Cuba Libre”, en el cual trabajaron más de 100 funcionarios de 17 agencias y departamentos federales estadounidenses; un texto supuestamente dirigido a traer la democracia a Cuba. Esta Comisión, creada en 2003 para elaborar un plan estratégico encaminado a promover una transición en la Isla, tiene desde 2005 como coordinador para tales efectos a Caleb McCarry.

El nuevo informe presentado por la Comisión al presidente norteamericano, recomienda crear un "Fondo para un Futuro Democrático en Cuba", que asciende a 80 millones de dólares a emplear durante los próximos dos años, y 20 millones de dólares anuales más tras ese periodo. A ello se añaden 36 millones 100 mil dólares de fondos federales aprobados el pasado mes de junio por la Cámara de Representantes para Radio y Televisión Martí. A diferencia del primer informe, realizado por la Comisión, éste incluye un anexo clasificado “por razones de seguridad nacional”.

La política norteamericana, en su afán de pautar la democratización de Cuba desde intereses ajenos, insiste en el error; ofende a la mayoría de los cubanos al desconocer nuestra capacidad para determinarnos y elaborar nuestros propios proyectos; alimenta el discurso que justifica la represión al interior del país; solapa las contradicciones internas entre gobierno y sociedad, contribuyendo así al inmovilismo; ataca la soberanía nacional y el virtual ejercicio de la soberanía popular, una arrogancia que potencia la pérdida de autoestima ciudadana; actúa contra el derecho internacional y carece de valores éticos. Que el pueblo cubano hoy no posea voz, no significa que ésta deba y pueda ser suplida por actores ajenos. Cuba no es objeto: es, desea y tiene la capacidad de ser sujeto de su historia. Como consecuencia, los cubanos estamos doblemente amenazados en nuestra seguridad ciudadana y colectiva: por la arrogancia totalitaria del gobierno cubano y por la arrogancia hegemónica de los Estados Unidos.

Cuba necesita cambios democráticos que conduzcan a la participación ciudadana en la solución de los graves problemas que la aquejan. El gobierno cubano, con su persistente negativa a reconocer y dar espacios a las referencias y opciones que integran nuestra diversidad y pluralidad social, pavimenta el camino a la histórica ingerencia política de los Estados Unidos hacia nuestro país. Por su parte, el gobierno norteamericano, en su insistencia en dirigir la democratización de Cuba, ofrece jugosos argumentos al gobierno cubano para atrincherarse en el inmovilismo, solapando los problemas internos en virtud de una supuesta unidad nacional ante “el peligro externo”. En medio de esos dos polos, la sociedad cubana –carente de derechos, espacios e instituciones verdaderamente autónomas- permanece imposibilitada de ser sujeto activo de su propia historia.

Consenso, espacio democrático de reflexión y debate del pensamiento progresista cubano, no puede permanecer ajeno a ninguna propuesta relacionada con la Cuba que queremos ser. El qué, cómo y cuándo han de producirse los cambios en Cuba y quiénes serán los sujetos activos para su consecución, son cuestiones que sólo los cubanos de dentro y fuera del país pueden y tienen la legitimidad para decidir. La comunidad internacional, incluyendo al gobierno y sociedad norteamericanos, debe apoyar las propuestas y proyectos que dimanen de los propios cubanos y abstenerse de intervenir en nuestros asuntos internos, como mejor contribución a las transformaciones que Cuba requiere.

Consejo de Redacción