"El peso de todas las generaciones muertas –expresó Carlos Marx– oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos”. Los cubanos, como pueblo, hemos sufrido el rigor de esa verdad.

Las correlaciones y confrontaciones políticas de nuestra historia han estado marcadas y lastradas por la violencia, no sólo de los hechos sino también del lenguaje, así como por el predominio del caudillismo y el personalismo sobre las ideas y valores declaradamente asumidos. Alzamientos –incluso sin armas– para dirimir contradicciones políticas y “Gritos” en lugar de Declaraciones para jalonar la independencia, son ejemplo elocuente de los referentes culturales que han caracterizado nuestro devenir histórico.

Aún después de dar al mundo en 1940 la Carta Magna más progresista de su época, en lugar de activar dinámicas legislativas tendientes a complementar la excelencia constitucional, nos diluimos en una espiral de polarizaciones sociales, corruptelas administrativas y sucesivos conatos de violencia gansteril que más de una vez tiñeron de sangre nuestras calles. Estos fenómenos acrecentaron los malestares sociales y sembraron la desconfianza en las estructuras institucionales entonces vigentes.

Durante la década de los 50, en que nuestro desarrollo económico alcanzó su expresión máxima, la injusticia social, unida a las carencias cívicas y democráticas que padecíamos, fueron factores que condicionaron el reforzamiento del mito de la violencia revolucionaria liberadora, de la mano de los guerrilleros de imagen romántica, que derrotaron al régimen de Fulgencio Batista por la violencia.

A la distancia del tiempo es fácil discernir que Batista fue desmontado del carro del poder, no solo por el Ejército Rebelde, sino también por un sistema de opinión pública y propaganda muy bien ensamblado –no olvidar los 20,000 muertos de la revista Bohemia--, que contribuyó a la victoria; por el interés de la clase política y empresarial norteamericana ya que un nuevo gobierno, con ascendencia popular, garantizaría sus proyecciones para Cuba; por la determinación de un ejército regular decidido a no morir en una guerra que creían inútil y por el interés de los poderes económicos nacionales en dar espacios de paz, como garantías al promisorio desarrollo que se presentaba en la Isla.

El espejismo mitológico de la violencia como referente de actuar político, trajo graves consecuencias. En Cuba, los que decidieron enfrentarse a la revolución convertida en poder por esos mismos métodos, no tomaron en cuenta que los espacios de propaganda e información habían sido secuestrados por el nuevo gobierno y eran, junto a las fuerzas armadas, los principales pilares del poder naciente; que los diversos intereses económicos se habían transformado en la economía del poder y que los Estados Unidos con sus práctica política se convertían en el mejor argumento para justificar las radicalizaciones, que polarizaron, dividieron y enlutaron a las familias cubanas.

Nuestra poca tradición y referencias civilistas en las nuevas y complejas condiciones de las décadas del 60 y 70, favoreció que viviéramos experiencias inéditas, como la aplicación inmisericorde de la pena capital, el establecimiento de los pueblos cautivos, las tristemente recordadas Unidades Militares de Ayuda a la Producción (las temidas U.MA.P), o las masivas olas migratorias hacia La Florida, sin que nuestro sufrido pueblo contara con mecanismos legales de impugnación o enfrentamiento ni con la solidaridad internacional, todavía obnubilada por la imagen humanista y mesiánica inicial de la revolución, lo que influyó en que la etapa de mayores desmanes fue la época en que nadie escuchaba.

El agotamiento del ciclo de violencia coincide con la etapa de mayor fortaleza política del régimen cubano y también con el incremento de la preocupación y lucha mundial por los derechos humanos. Estos factores influyen en el surgimiento del incipiente movimiento pro derechos humanos que da lugar a la proliferación de un abanico diverso de asociaciones políticas y cívicas.

El movimiento opositor y de derechos humanos que emerge en las décadas del 80 y 90, a pesar de demostrar un pacifismo con escasos precedentes en nuestro continente, surge marcado en su proyección por esos mismos lastres y carencias de la tradición política cubana, que lo han llevado a promover diseños confrontacionales destinados desmontar el poder existente, sin tener en cuenta la inexistencia de espacios de expresión política y civil del pueblo cubano.

Cuba en los últimos cuarenta y cinco años es, en puridad conceptual, un país ocupado, aunque no por un invasor extranjero sino por un afán de poder totalizador destinado a someter a una nación completa a los extremos rigores del dominio absoluto, con su cuota consiguiente de desprecio por los valores, las tradiciones, los derechos del individuo o del más elemental humanismo.

Los ocupantes borran los espacios y –de ser posible- las referencias, a la vez que suprimen los derechos y, si pueden, la autoestima de los individuos. A la vez, destruyen los sueños y aspiraciones de los sometidos e hipotecan el futuro de los pueblos.

La oposición, rebasando el marco semántico-conceptual y pasando al plano político concreto, implica la existencia de espacios y garantías institucionales legalmente reconocidas, la legitimidad democrática de quien detenta el poder y su voluntad de asumir y respetar derechos universales.>>