En el pasado mes de mayo las Naciones Unidas dieron un nuevo e importante paso, al sustituir la comisión encargada del tema de los derechos humanos desde 1947, por un nuevo órgano que asumirá a partir de junio esas funciones.

Los derechos humanos, resultantes de la milenaria historia de la humanidad, les corresponden a todas las personas por el sencillo hecho de pertenecer a la especie humana. No son, por tanto, una gracia que pueda o no ser concedida por ningún individuo, institución o gobierno. Son universales, interdependientes e indivisibles y -como tales- no se pueden priorizar o implementar unos en detrimento de otros. Los derechos económico-sociales constituyen un aspecto primario y determinante, los sociales y culturales son la base de la realización y del pleno disfrute, mientras los civiles y políticos conforman los cimientos del ciudadano, la sociedad civil y la soberanía. Todos participan, desde ámbitos diferentes, en el desarrollo individual y social, la felicidad y la dignidad.

La composición de la comisión y la politización del tema fueron factores ajenos a la esencia de los derechos humanos que impidieron cumplir a cabalidad los objetivos por y para los cuales aquella había surgido. Tales factores polarizaron lamentablemente las posiciones de las naciones miembros y se reflejaron de manera perniciosa en el establecimiento de sanciones selectivas y discriminatorias -con independencia de la justicia de estas-, que afectaron la imagen y credibilidad de dicho órgano.

Respecto a la composición de sus miembros, el principal obstáculo estribó en que eran elegibles tanto los que respetaban como los que violaban esos derechos. Por su parte, el diseño político del gobierno norteamericano estuvo encaminado en dicha comisión a provocar cambios dentro de Cuba. Dado que los conflictos entre los estados desmovilizan los conflictos al interior de estos, al proponer y/o patrocinar proyectos de resolución acusatorios al gobierno de la isla, la posición norteamericana restó valor al carácter constructivo necesario en un tema tan vital y otorgó argumentos para solapar el deplorable estado de los derechos en el país.

Sin embargo, como los derechos humanos preceden y trascienden a la política, la despolitización del tema resulta decisiva en las funciones que habrá de desempeñar el recién electo consejo. Integrado por 47 gobiernos comprometidos ante sus pueblos y la comunidad internacional, está llamado a erradicar -con el rigor y eficacia acorde a sus funciones- las limitaciones que condicionaron la desaparición de la antigua comisión.

El diferendo Cuba-Estados Unidos condicionó que los cubanos, inmersos en la “lucha” cotidiana por la subsistencia, no establecieran ninguna relación positiva entre los debates en Ginebra y el mejoramiento de su situación. Ninguna decisión tomada en ese foro ha significado algún cambio al interior del país. En Cuba, el desconocimiento ciudadano de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la no firma por el gobierno de los pactos y otros instrumentos en vigor, sitúa al país por debajo de las normas de democracia que se han ido consolidando en otras partes del mundo.

El gobierno cubano cuya convicción, vocación y tentación democráticas resultan desalentadoras en términos prácticos debe emprender un esfuerzo al interior del país para cumplir esa responsabilidad y desterrar el escepticismo, si es que sus intenciones no pasan de la simple retórica. Se imponen medidas conformes al compromiso contraído, pues el justo reclamo mundial por un cambio dentro de las Naciones Unidas es inseparable de la renovación de los países.

El éxito del recién creado Consejo de Derechos Humanos dependerá del compromiso y voluntad de aquellos que asumen, al integrarlo, una enorme responsabilidad frente a sus ciudadanos y al mundo. Marchar en esa dirección sería no sólo una gran noticia para los cubanos, sino también un fundamento para el desarrollo social, el crecimiento como pueblo y la dignidad de la persona humana, como reza en el preámbulo de la constitución vigente.

El gobierno cubano, miembro del Consejo, tiene ahora el compromiso y la oportunidad de impulsar reformas internas como: amnistía general para los prisioneros políticos y de conciencia; mejoramiento de las condiciones de vida en las cárceles; promoción, divulgación y debate ciudadano acerca de los derechos humanos; aceptación de la revisión y monitoreo periódicos y de oficio por parte de los órganos legítimos y competentes; permisión del diálogo cívico para fomentar nuevos estilos de convivencia social, cultural y política; erradicación del hostigamiento y los actos de repudio contra los activistas pro democracia y de derechos humanos, y adhesión al Pacto de Derechos Civiles y Políticos y al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Los derechos humanos deben y tienen que ser una incorporación cultural en cuya conformación gobernantes y gobernados deben asumir su cuota de responsabilidad. En ello radicará su carácter definitorio, irreversible y permanente que se proyectará en la construcción de esa Cuba deseable, plena de libertad, pluralidad y bienestar. Consenso asume su compromiso.